Control de arrendamientos

El sector público nacional continúa acrecentando su participación en la economía en la medida que sugiere la discusión y aprobación de normas, reglamentos y leyes que aumentan su control sobre actividades neurálgicas para el desarrollo del país, ello bajo la excusa de la evidencia clara de participación de gobiernos a nivel mundial en el control de éstas, el mismo pretexto que estimuló su intervención en el control de los sectores bursátil, agrícola, hipotecario, telecomunicaciones, entre una larga lista, que de enunciarlos sería insuficiente el espacio.

La nueva propuesta legislativa es la Ley de Control de Arrendamientos de Locales Comerciales próxima a ir de nuevo a discusión en la Asamblea Nacional, la cual surge como complemento de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (sancionada en 2011), ambas elaboradas en pro de restringir los altos márgenes de ganancia de quienes participan en estas actividades, correspondiendo a medidas antiespeculación que sigue aplicando el Gobierno nacional para el control de la inflación.

La ley para controlar los alquileres de los locales comerciales plantea la creación de un nuevo organismo regulador del sector, la conformación de la Dirección Nacional de Arrendamientos Inmobiliarios de Uso Comercial para establecer las rentas "justas" a cobrar por los propietarios de los establecimientos, para garantizar la estabilidad en el sector y evitar la especulación y usura, además estará encargada de revisar los contratos de alquiler, así como la determinación de cualquier otra política en materia de arrendamientos comerciales. El instrumento legal prevé regular el alquiler de los locales ubicados en centros comerciales, quioscos, stand, edificaciones de uso educacional, galpones, estacionamientos y otros locales.

En este contexto, se exacerba el control estatal y se afectará la propiedad privada, aumentando el nivel de centralización de la toma de decisiones y burocratizando las relaciones económicas, con lo cual se desincentiva toda actividad comercial en el país. Efectos inmediatos  a corto plazo, la disminución de la inversión en infraestructura comercial y la caída en la oferta de locales comerciales en alquiler, hasta el momento en que el incentivo que dirija esta actividad sea, como en todo control de precio, la renta establecida de mutuo acuerdo entre los agentes participantes, que de seguro será muy superior al valor fijado por el nuevo ente, generando presión sobre el nivel general de precios.
ALBERTO JOSÉ HURTADO B.
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Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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