El 13/2/2011, según nota de prensa que publicó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, anunció el nacimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el objetivo de “solucionar el drama de la vivienda, que sólo es posible en colectivo: una unión nacional del sector privado y público, la banca privada y la pública, los trabajadores, los empresarios honestos, los venezolanos y el mundo: Cuba, Irán, China, Belarús, Rusia, Portugal y Brasil”.
Desde entonces, a diario se leen, y se escuchan, notas de prensa referida a las construcción y entrega de inmuebles por parte del gobierno en varios estados.
Pero en esos anuncios no han sido incluidas unas 800 familias de la zona norte de Anzoátegui que esperan se hagan realidad.
Aseguran estar viviendo un “calvario” para lograr finiquitar el documento de compra-venta de sus respectivos apartamentos, todos ubicados en el municipio Bolívar; y cuyo trámite depende única y exclusivamente, del Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren) de Barcelona.
Los conjuntos residenciales Puntarenas, Valle Alto, La Borracha, Lomas del Samán, Terrazas de Guadalupe, La Montaña y Valle Alto son los nuevos desarrollos privados a los que, desde agosto de 2011, se les paralizó el acto de protocolización y, según los afectados, no se les ha notificado sobre ningún procedemiento administrativo u orden judicial que justifique tal medida.
Se dieron por enterados cuando, “de un día para otro”, dejaron de recibirles los documentos de los inmuebles en el citado registro.
Las obras, ejecutadas con aportes de la banca privada, entre estas una entidad financiera del Gobierno nacional, tenían tiempo en construcción y hay etapas que ya fueron entregadas. De hecho, para cuando se detuvo la formalización de los documentos de compra-venta, según los afectados, en Puntarenas se había protocolizado 50% de los apartamentos (60 unidades unifamiliares) y en La Montaña sólo faltaban siete inmuebles por el trámite.
Larga espera
Estos complejos obtuvieron los permisos de construcción de la Alcaldía de Bolívar así como las factibilidades de los servicios básicos que emiten Hidrocaribe y Corpoelec, es decir, se encuentran aptos para ser habitados.
Todas las torres, de los siete conjuntos residenciales, están vendidas, y las familias que firmaron opción a compra cumplieron con el pago de la inicial. Incluso, hay quienes cuentan con la aprobación del Fondo de Ahorro Habitacional (FAO), Ley de Política Habitacional (LPH) o con el subsidio que otorga la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a sus empleados, para completar el valor de la propiedad privada.
Las familias perjudicadas por esta situación llevan la cuenta del tiempo que han esperado para lograr una solución a su caso. Ocho meses de angustia e incertidumbre, y aunque alegan que mantienen intactas sus esperanzas de tener su casa propia, se les está agotando la paciencia porque no saben a dónde más acudir.
El artículo 82 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.
La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”. Y concluye que “el Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas”.
Sin embargo, para las 800 familias de los desarrollos mencionados, la legislación venezolana no está de su lado, pues argumentan que han acudido a varias instancias y aún no les han dado respuesta al problema planteado.
Su única exigencia, que se traduce en consolidar un sueño, es que les permitan protocolizar sus respectivos apartamentos.
“Nos parece paradójico que si el Estado está hablando de una Gran Misión Vivienda Venezuela, con el fin de ayudar a las familias por el déficit habitacional que tiene el país, a nosotros nos pongan trabas para concretar lo que con mucho sacrificio nos trazamos como meta como es tener una vivienda propia”.
Así se expresó Luis Romero, quien es médico en ejercicio y uno de los 800 perjudicados por esa medida. Él compró un apartamento en Puntarenas.
Dijo que la supuesta causa de la paralización de las protocolizaciones, según se ha comentado, es un presunto fraude con la venta de las tierras donde se hicieron las construcciones.
Al parecer, existe un documento en el que se señala que el lote Fundo Neveri, donde se levantan los desarrollaros, es propiedad de la Nación, toda vez que en la sentencia N° 8 de la Oficina de Registro, folios 47 al 100, del Protocolo Primero, tomo IV, de fecha 26 de noviembre de 1973, el extinto Instituto Agrario Nacional demandó a la sociedad mercantil “Regadíos y Presas, SA” y expropió, por causa de utilidad pública y social, 2.500 de 3.035,46 hectáreas del Fundo Neverí, el cual lo integran las secciones Ojo de Agua, Palito Solo, Putucual, Botalón y sus vegas anexas: Los Burros, La Cruz y Bebedero.
Hasta ahora, las autoridades no han presentado a las constructoras y a los copropietarios, siquiera una orden judicial que ordene al Registro suspender los actos de protocolización que inició en 2011 el Registrador Inmobiliario, Juan Ricardo Guzmán, que a principio de este año fue sustituido por Luis Alberto Barrios Mata, y quien mantuvo la medida de suspensión.
“Sólo queremos que nos entreguen nuestras casas”, manifestó Ana Díaz, quien cuenta con la aprobación del crédito bancario por parte del Banco Bicentenario para completar el pago de un apartamento de tres habitaciones y dos baños en La Borracha.
Díaz tiene que pagar alquiler y le preocupa que su contrato de arrendamiento está por vencer, y ya le advirtieron que aumentarán el canon.
“No es justo que yo esté alquilando un techo, después de hacer un sacrificio para tener el mio propio y que ahora nos pongan trabas”.
Leonardo Ugarte también manifestó estar indignado por no poder disfrutar de su vivienda principal. “Trabajo en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y por esa razón la constructora nos dio un precio preferencial para obtener nuestras casas. No somos familias ricas y como trabajador petrolero le pedimos al Estado que cumpla, porque de cada dólar que entra a Venezuela el 95% lo produce el petróleo. Nos merecemos una vivienda digna y no que nos nieguen este derecho”.
Según Ugarte, en el conjunto residencial La Borracha son muchos los trabajadores de la petrolera estatal que hicieron mucho esfuerzo para reunir su inicial.
“De manos atadas”
El caso fue llevado por los afectados hasta el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
Actualmente es investigado por la Fiscal N° 30 del Ministerio Público con competencia nacional y fue, además, remitido a la dirección general del Ser vicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
Se conoció que el registrador Luis Alberto Barrios Mata remitió el problema a las instancias competentes en búsqueda de una respuesta oficial para no incurrir en algún vicio procesal, y también que solicitó la intervención “con carácter de urgencia” del Registro de Barcelona.
El Tiempo intentó concertar una entrevista con Barrios Mata para hablar sobre el caso, pero la gestión fue infructuosa.
Mientras, el coordinador regional del Indepabis, Arquímedes Barrios, afirmó haber recibido las quejas de las personas que son afectadas por este problema.
Al respecto señaló que tiene información de que el caso fue elevado ante la Vicepresidencia de la República, por lo que espera que haya un pronunciamiento de esa oficina cuanto antes.
Aunque que reconoce que están de “manos atadas”, considera que se debe dar respuesta cuanto antes a esas personas, pues se trata de gente que necesita su casa, y “sobre todo cuando nosotros (el gobierno) estamos trabajando en cumplir la promesa del presidente Chávez con la Misión Vivienda”.
Se preguntó por qué antes se dieron los permisos de construcción, factibilidades de servicios y hasta protocolizaciones y ahora surgen supuestos vicios en la negociación de las tierras.
No es secreto
El caso de las 800 fa- milias afectadas por no poder protocolizar sus apartamentos es conocido por varias autoridades. Según afirmaron, de este problema está al tanto Thaer Hasan, director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
La Fiscalía N° 30 del Mi- nisterio Público con competencia nacional también fue notificada de la situación de los siete desarrollos ejecutados en Fundo Neverí.
A la oficina regional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), ha recibido las quejas de los afectados. Incluso esta dependencia ha establecido mesas de trabajo entre las constructoras y los copropietarios, pero sólo depende del Registro Inmobiliario de Barcelona que se concrete la entrega de la propiedad.
Supuestamente, el pro- blema llegó al Instituto re- gional de la Vivienda, ubicado en Boyacá V, municipio Bolívar, y los afectados habían acordado ir hasta el Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), para solicitar el apoyo de los diputados.
5 constructoras
son las responsables de la construcción de los siete conjuntos residenciales, a las que desde agosto 2011 no les otorgan la protocolización de los inmuebles. Se trata de: Promotor Habitacional 2005 CA, Vinsoca, Constructora Cachicamo, Alfa Treident y Premier Construcciones.
El Tiempo
06-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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