La construcción de casas "dignas" que plantea el Gobierno nacional en un lote de terrenos de Empresas Polar en Barquisimeto (Lara) costará casi el doble que un plan de vivienda convencional.
El anuncio de adquisición forzosa de galpones en la Zona Industrial I de la capital crepuscular (2010), para desarrollos habitacionales, quebranta el Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul), al cambiar el uso de parcelas destinadas a actividad industrial. Ese "detalle" presupone una gran inversión económica a fines de adecuar los terrenos para la construcción de un complejo residencial del que todavía no se conoce proyecto.
Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción en Lara, estima que la decisión por parte del Ejecutivo de construir en áreas zonificadas como de uso industrial requerirá más tiempo y mayores recursos económicos, por lo que considera que duplicará también los costos de las unidades habitacionales. Explica que la Zona Industrial I de Barquisimeto contempla un lote de terrenos constituidos desde hace más de 60 años en galpones y empresas dedicadas a la prestación de servicios ubicados al norte de la avenida Libertador de Barquisimeto, y que sustituir las estructuras para la edificación de viviendas implicaría realizar trabajos de demolición y reestructuración que elevarían los costos en casi 80%.
"El Gobierno habla de viviendas de desarrollo social que tienen un costo aproximado de 560.000 bolívares por unidad. Esto en función de las regulaciones que ha impuesto a la compraventa de materiales de construcción y que, en términos generales, no se cumplen. El cambio de uso de esos terrenos acarreará labores de demolición, adecuación y acondicionamiento que podrían colocar el precio en casi 780.000 bolívares", expone.
Mendoza esboza un panorama en el que el Gobierno nacional y local deberán ponerse de acuerdo y hacer grandes esfuerzos para no solo construir, sino hacerlo con calidad. Urbanísticamente, el área carece de las condiciones mínimas para la instalación de un complejo residencial. El reto será entonces proveer a la zona de áreas de esparcimiento, recreación y hacer más accesibles servicios básicos como transporte público, educación, aseo urbano y vialidad."No nos oponemos a la construcción de viviendas de ninguna manera. Pero creemos que no se debe construir solo por hacerlo. Hay que construir con planificación, de acuerdo con observaciones lógicas, pensando en los servicios públicos y en brindar calidad de vida.
No como se está haciendo, a través de decisiones inconsultas", sentencia.ExprópieseEn febrero de 2010 el presidente Hugo Chávez anunció en cadena nacional la expropiación de terrenos pertenecientes a Distribuidora Polar Centroccidental (Dipocosa), que albergan galpones de la empresa cervecera y de Pepsi Venezuela. En total son cinco parcelas que tienen en conjunto una extensión de 7,9 hectáreas y que se hallan en el borde sur de la Zona Industrial I de Barquisimeto.
El mandatario justificó la orden con la idea de que los espacios serían destinados a la construcción de viviendas para "los pobres", y añadió: "Si (la empresa) quiere seguir vendiendo cerveza, que busquen a las afueras y construyan unos galpones, pero ahí donde los tienen ahora hay un plan de vivienda bien bueno. Todavía en Barquisimeto hay muchas personas buscando vivienda, ahí y en toda Venezuela".
El anuncio se materializó dos meses después, el 29 de abril de 2010, cuando se publicó en Gaceta Oficial el decreto que ordenaba la adquisición forzosa de los terrenos. La protesta llegó de parte de los trabajadores, que vieron la medida como una amenaza contra el sustento de más de 2.000 familias larenses. Sin embargo, un episodio sirvió para allanar el camino. La alcaldesa de Barquisimeto, Amalia Sáez (Psuv), firmó el 10 de marzo de 2010 el decreto municipal que declaraba de utilidad pública los predios de Empresas Polar. En declaraciones a VTV mencionó el Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul), que establece el uso industrial de las parcelas. El Pdul fue redactado en 2003 y tiene vigencia de 10 años. El gobernador Henri Falcón ha denunciado que solo puede ser revisado o modificado a través de consulta pública, atendiendo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbano.
La toma de los terrenos no se ha concretado debido a que los trabajadores de Polar y Pepsi Venezuela se han mantenido protestando en defensa de sus empleos. El conflicto pasó entonces a instancias legales cuando se iniciaron las negociaciones.
"Las más caras"
Manuel Cols, ex presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroccidente (Fudeco), afirma que las viviendas, en caso de ser construidas, serán "las más caras" que se hayan levantado en la entidad: "Cambiar el uso a la zona industrial significa reventar toda el área y dotarla de cloacas, alcantarillado, instalaciones de aguas blancas, servicio eléctrico y vialidad. Será un gran esfuerzo para un logro tan pequeño", advierte cotejando el número de viviendas que se pueden construir con el déficit habitacional en Lara, que según cifras de la Cámara Inmobiliaria local alcanza las 250 unidades.
Cols habla con propiedad. Dirigió el ente de planificación, gestión urbana y asesoría técnica más importante de la región por 28 años. Asoma una alternativa como posible solución: "Concentrar" los empeños en rehabilitar la ciudad tomando en cuenta otros espacios en los cuales −asegura− se ubican desde hace meses decenas de familias esperando a que llegue el financiamiento en urbanismos incompletos.
Cita varias parcelas abandonadas en el centro de la ciudad y le agrega más de 300 hectáreas "subutilizadas" al norte, donde ya el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat ha adelantado otros proyectos."Es preferible habilitar otros terrenos. El casco central de la ciudad está en ruinas. Es innegable que hay que darles viviendas a la gente, pero a qué precio. La rentabilidad se viene al suelo con esta propuesta. Sería desperdiciar miles de dólares", argumenta.
Costo social
Las repercusiones de la expropiación no solo arrastran consecuencias económicas. El costo social también lleva implícito la pérdida de 800 empleos directos y más de 2.000 indirectos, de acuerdo con voceros de Polar y Pepsi Venezuela. Representantes sindicales rechazan la medida y acusan al Gobierno de actuar contra la estabilidad de los trabajadores. Richard Prieto, vocero de los empleados de Empresas Polar, asegura que las negociaciones no han dado frutos "porque el Gobierno actúa guiado por un capricho". "Nos extraña mucho la decisión de ocupación. Ellos saben que hay un proceso de arreglo amigable. Nos ha tomado a todos por sorpresa. La empresa ofreció unos terrenos en el este de la ciudad que tienen todas las características para la construcción de viviendas", señala.
Juan Tacoa, vocero de los trabajadores de Pepsi Venezuela, cuestiona que el Gobierno pretenda expropiar los terrenos sin siquiera presentar un proyecto y sin prever que decenas de familias quedarían sin sustento. "Es un atropello contra los trabajadores. Seremos los más afectados en todo esto. Nos encontramos en total incertidumbre. El Estado atenta contra los derechos de los trabajadores porque no dice a dónde iremos". Prieto también se lamenta porque cree que la verdadera intención del Gobierno no es beneficiar al pueblo con viviendas, sino perjudicar a Polar.
Entorno Inteligente
24-04-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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