Cientos de personas se inclinan por opciones de arrendamiento más baratas, como las llamadas pensiones, en los sectores populares, a riesgo de no tener los servicios requeridos
Rogelio Enrique Acosta
En Puerto La Cruz cada vez hay más habitaciones para alquilarFoto: Darwins Martínez
Puerto La Cruz.- En los últimos años se ha incrementado el alquiler de habitaciones y anexos en viviendas familiares. Esto lo atribuyen los especialistas inmobiliarios a la carencia de ofertas para alquilar o comprar.
El sector, en el ámbito nacional y regional, ha denunciado una paralización de la figura del alquiler formal como consecuencia de un conjunto de leyes aprobadas por el Gobierno nacional que impide a los propietarios de inmuebles tener seguridad jurídica y garantía de beneficios económicos a la hora de arrendar.
Desde el año 2004, tras una resolución de los mnisterios de Obras Públicas y Comercio, las tasas de arrendamiento en el país han estado congeladas, por lo cual se prohíbe realizar ajustes en el costo de las rentas.
La medida ministerial ha generado una especie de “mercado paralelo”, donde los arrendadores se han visto obligados a aumentar el monto mensual de la renta, por lo que la oferta en este sector disminuyó considerablemente.
La Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, conocida como Ley de Arrendamientos o Ley de Alquileres, que regula los contratos entre propietario e inquilino, las rentas a cobrar, los procesos de desalojo y las ventas de las viviendas que tienen más de 20 años alquiladas, también ha frenado las ofertas.
Como alternativa a la falta de casas para alquilar y comprar, las pensiones, residencias y anexos se han incrementado. No es que ya no existieran, pero en los últimos años su número ha aumentado y se ha convertido en un negocio productivo para grupos familiares en los sectores populares.
Hasta donde alcance
Muchas son las familias que decidieron ampliar o agregar uno o dos niveles más a su propiedad, a fin de hacer divisiones que les permitan alojar hasta a ocho arrendatarios por piso (estudiantes, matrimonios jóvenes, familias con pocos niños). Así se establece una especie de comercio informal del alquiler, apoyado en una necesidad colectiva producto de la escasez de viviendas.
“Es un techo, temporal, pero al menos tienes algo. Pero también puedes pasar años pagando algo que no es tuyo, sin poder reunir lo suficiente para comprar una propia, ni acceder a un crédito hipotecario. Sólo con un golpe de suerte en la lotería o que te metan en la lista de la Misión Vivienda. A uno no le queda más que guapear y tratar de hacer vida en un cuartico. Eso es lo que hay”, dice Yoleidys C., quien desde hace dos años y medio, cuando se vino de Cumaná, vive en una de esas habitaciones en una casa de un barrio de Puerto La Cruz con derecho a cocina, y a lavadora una vez a la semana.
En diferentes comunidades del eje norte de Anzoátegui han surgido improvisados edificios destinados al alquiler de habitaciones de diferentes tamaños, características y servicios, que son pocos o varios dependiendo del precio.
Prueba de ello es la Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz, donde el diseño original de esa urbanización, construida en los noventa, ha sido alterado para dar paso a estas “soluciones” tanto para el bolsillo de los arrendadores como el de los arrendatarios.
Otros barrios donde funciona la oferta inmobiliaria informal son Sierra Maestra, Bello Monte y algunos ubicados en la parte alta del municipio Sotillo, como Las Delicias, Las Charas, Valle Lindo y Valle Verde, de acuerdo con registros del gobierno local. Muchas de estas estructuras siguen copando los terrenos y desafiando las normativas de planeamiento urbano.
En estos sectores populares, el alquiler responde a la necesidad de un techo económico para familias enteras, parejas jóvenes y estudiantes, principalmente universitarios que se mudan de sus ciudades de origen para cursar una carrera o trabajar. Esas construcciones vienen a sustituir a las residencias estudiantiles muy conocidas años atrás que funcionaban en apartamentos y casas de familia.
Y precisamente es esa carencia de recursos es la que empuja a las personas a buscar las ofertas más acordes con su presupuesto, lo cual, en muchos casos, las lleva a estas casas “de familia”, transformadas en grandes residencias y opciones económicas para sueldos mínimos o mesadas estudiantiles.
No queda de otra..
Roselis F., de 23 años, cancela 400 bolívares cada 30 días por una habitación en el sector Bello Monte de Puerto La Cruz. Allí vive desde hace dos años con su esposo y esperan el nacimiento de su primer hijo en enero de 2013. Son cuatro pisos los que tiene la estructura. Ellos habitan en el segundo nivel. Desconocen la antigüedad de la construcción, pero confían en su seguridad. “La casa es muy bonita, está bien ubicada en cuanto al terreno, pero no es una buena zona”, expresa Roselis.
Le preocupa la delincuencia en ese sector, pero admite que los gastos de su embarazo y la comida y las necesidades básicas les dificultan alquilar en otra zona más costosa.
“Yo quisiera mi casa propia o por lo menos una mejor urbanización, pero, por ahora, esto es lo que podemos pagar”. La habitación tiene electricidad, agua y baño independiente, y la pareja le incorporó lo básico: un aire acondicionado, cama y otros enseres que permite el espacio.
Desde otra perspectiva, Rafael Hernández, estudiante de Ingeniería Mecánica en el Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), también conoce esta realidad. Tiene tres años viviendo como arrendatario para cumplir con su meta académica. Habita en una construcción de tres pisos ubicada en el sector Bello Mar de Puerto La Cruz.
“Soy de Tucupita (Delta Amacuro) pero por la carrera me tuve que mudar a Puerto La Cruz y vivir alquilado (...) las clases no me permiten trabajar, así que mis padres son los que pagan mi estadía, que son Bs 1.000 mensuales y yo me ayudo dando clases (dirigidas) de inglés para bachillerato cuando tengo tiempo”.
Eso, sin contar los gastos de alimentación y materiales de estudio que requiere.
“Es un sacrificio económico, por eso resulta más favorable estar en una residencia donde no te saquen los ojos y en este sector no es tan caro”, dice Rafael Hernández.
Quién controla
El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, José Ramón de los Ríos, asegura desconocer la cifra exacta de quienes viven en alquiler en la ciudad porteña, pero sostiene que el mercado ha perdido fuerza tras la promulgación de la Ley de Alquileres, en noviembre de 2011. Según su visión, el instrumento legal ha afectado a todos. “El alquiler ha disminuido, por lo menos en el ámbito oficial, y el negocio se sigue dando de manera informal en las barriadas”.
De acuerdo con el presidente de esa institución, Oreste Rosín, la falta de inmuebles en la entidad es de 140 mil unidades, la cual -explica- sufre un incremento anual de 5 mil casas. “Hay un crecimiento que no se ha logrado solventar porque hay también un rápido aumento de la población”.
Aunque se registre un gran número de construcciones para este tipo de actividad, el experto explica que la proliferación de esos negocios en las comunidades no representa una solución para las familias que esperan adquirir una propiedad, además, de que no ofrecen los servicios necesarios.
Lo legal
Rosín también resalta como aspecto importante el tema legal y sostiene que estos dueños de casas de residencias deben obtener un permiso para estructuras de más de un piso de altura que se ven en los sectores populares y no se sabe cuántos los cumplen.
“Toda construcción con más de un nivel debe llenar unos requisitos que exige la oficina de Planeamiento Urbano de la ciudad donde se ejecute la obra”.
También, dice, deben evaluarse los terrenos donde se levantan estas viviendas, pues -asegura- en diferentes ocasiones el Gobierno nacional ha ordenado evacuar zonas de alto riesgo por fallas de suelo, peligro de deslave, derrumbes o inundaciones.
La arquitecta de Proyectos de la Alcaldía de Sotillo, Laura Berra, informó que este año se han emitido 239 permisos para ese tipo de ampliaciones, de los cuales 10% han sido gestionados bajo la figura de alquiler. “Aunque su uso pueda ser para arrendamiento, la mayoría (215) se registra como vivienda unifamiliar”.
Durante este mismo período, 50 personas fueron multadas por sobrepasar el límite de ampliación establecido por la ordenanza local, señaló.
Indicó que estas multas oscilan entre 20 y 60%, aplicado al valor del excedente construido. “Por ejemplo, si una vivienda cuesta Bs 200 mil y el área que infringe la ley vale Bs 50 mil, entonces deberán pagar el porcentaje con base en este último monto (de Bs 10 mil a 30 mil)”.
Puntualizó que la Ordenanza de Ajuste, Urbanismo y Edificaciones regula, entre otros aspectos, la construcción de residencias de más de un nivel de altura.
El artículo 41 de la normativa -señala Berra- determina un número máximo de tres niveles para una estructura de ese tipo en los sectores populares, y especifica que “la altura máxima de la edificación será una vez y media el ancho de la calle más el retiro de frente”.
Pero el arquitecto Eddy Núñez, quien trabajó en el proyecto “Pensar en Anzoátegui”, presentado por el Colegio de Ingenieros en 2009, muchas de estas construcciones se hacen en terrenos considerados como “no desarrollables”. “Estas casas están incluso en invasiones, sin autorización para habitar y al margen de los servicios públicos básicos”.
El experto insiste, además, en la necesidad de que las comunidades se adapten a las normativas de ordenamiento urbano de cada ciudad, con lo cual -explica- se evitaría el desarrollo descontrolado de la misma, además de “accidentes mayores cuando las estructuras incumplen con principios de la seguridad ciudadana”.
La población sigue creciendo, aun más que la construcción de viviendas, y se aglutina en las zonas más habitadas para restarle capacidad de albergue a la ciudad porteña.
Ley que entraba
El precio del alquiler, llamado canon de arrendamiento, se calculará con una fórmula que aplicará la Superintendencia Nacional de Vivienda (SNV), que tomará en cuenta el valor de reposición del bien, dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. Asimismo, la rentabilidad para el propietario (establecida entre 3 y 5%), la cual podrá ser modificada por razones de interés social.
Los contratos deberán tener duración mínima de un año, y serán renovados por preferencia del inquilino. El cierre del contrato y su renovación deben ser notificados ante la Superintendencia.
Para las personas que tienen más de 20 años alquiladas, la ley establece que tendrán el derecho a ser titulares de la vivienda y la Superintendencia determinará los precios de venta.
La ley permitirá la desocupación cuando el inquilino haya dejado de pagar cuatro cánones, pero si presenta una causa justificada, el propietario no podrá pedir el desalojo.
De algo hay que vivir
La necesidad de sostener una familia y tener un negocio propio llevó a Amelia R. a convertir su casa, ubicada en el sector El Paraíso de Puerto La Cruz, en residencia temporal.
En la planta baja vive con su esposo y sus dos hijos, y en el segundo están las cuatro habitaciones y las áreas comunes de los arrendatarios. “No es mucho el ingreso que obtengo pero al mes es una ayuda, porque con esta situación todos debemos producir”.
A pesar de que la propiedad no está ubicada en un área plana, Amelia sostiene que la seguridad de sus siete inquilinos está garantizada. “No corremos peligro. Es una casa bien construida, por eso no solicitamos ningún permiso”.
Argumenta que si bien en su propiedad no se ofrece igual o mayor calidad que en otros sectores urbanizados, el costo del alquiler es mucho menor.
Las habitaciones con sala de baño tienen un precio mensual de Bs 350, mientras que por las que comparten un solo sanitario se pagan Bs 250. “Son muy económicas porque sé que no es un buen sector para vivir. Sin embargo, es una opción para quienes no pueden pagar más”.
El panorama cambia, por ejemplo, en Sierra Maestra. Allí, en el negocio de una señora que prefirió no identificarse, el monto mensual por cada espacio -tipo estudio- asciende a Bs 1.600 con aire acondicionado, cocina y baño independiente.
Esta propietaria asegura que obtuvo el permiso de la alcaldía porteña para la construcción de cuatro pisos, y ya tiene siete años funcionando en el sector de los alquileres.
En la avenida principal de El Rincón de Puerto La Cruz, Pedro S. cobra 500 bolívares por cada uno de los 12 cuartos distribuidos en los tres pisos. Nunca tramitó el permiso para construir más de un nivel, porque reconoce que el área forma parte de una invasión “y en aquella época, hace más de 20 años, nadie se interesaba por la legalidad de estas casas”.
Improvisados
En diferentes comunidades del eje norte del estado Anzoátegui han surgido improvisados edificios destinados al alquiler de habitaciones de diferentes tamaños, características y servicios que son pocos o varios, dependiendo del precio ofrecido. Prueba de ello es la Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz, donde gran parte del diseño original de la urbanización ha sido modificado.
La arquitecta de Proyectos de la Alcaldía de Sotillo, Laura Berra, informó que este año se han emitido 239 permisos para este tipo de ampliaciones, de los cuales 10% han sido gestionados bajo la figura de alquiler. “Aunque su uso pueda ser para arrendamiento, la mayoría (215) se registra como vivienda unifamiliar”.
El Tiempo
04-11-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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