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jueves, 31 de mayo de 2012
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Dos años esperando ser indemnizado lleva dueño de matadero
Pide anular decreto de expropiación por incumplimiento de obligaciones
Matadero de San Pedro tomado por Guaicaipuro JOEL ARANGUREN
ANDREÍNA GÓMEZ
En dos años y un mes, el mayor accionista de la empresa Matadero San Pedro C.A. nunca fue llamado para el avalúo de la infraestructura, bienes y terrenos cedidos a la Alcaldía de Guaicaipuro por vía de decreto de utilidad pública.
Joaquín Bello Osío, representante de dos sociedades mercantiles que operaban en lo que hoy se conoce como matadero socialista Cacique Guaicaipuro exige a la Cámara de Guaicaipuro anular la expropiación, ejecutada el 7 de abril de 2010, por incumplimiento de obligaciones del Gobierno del alcalde Alirio Mendoza.
El dueño de la empresa desalojada dice que "el Matadero es usado por particulares en iguales condiciones que los legítimos dueños expropiados sin indemnización. La actividad de la Alcaldía se constituye en confiscación, por inejecución del Decreto y negarse a formar la comisión de avalúo para fijar el precio".
La Alcaldía, al recibir los bienes de la empresa que cedió sus derechos en atención al decreto, alegó a los peritos no tener recursos para pagar.
Bello argumenta que la administración del matadero socialista incumple con movilizar el ganado desde y hacia el Matadero San Pedro, según el origen y destino de reses y cerdos beneficiados. Hoy, los trabajadores proponen que les cedan el estacionamiento contiguo para un centro de acopio donde vender hortalizas y flores que se cultivan.
Contemplan instalar un autolavado a la entrada, donde podría hacérsele mantenimiento a camiones que efectúan recolección de desechos de la mancomunidad de aseo. Compradores del Mercado El Paso están cansados de denunciar que no se consigue carne regulada, prometida por el matadero Cacique como primer proveedor de centros populares. "Tampoco hay operativos a cielo abierto con precios solidarios".
El Universal
30-05-2012
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Matadero de San Pedro tomado por Guaicaipuro JOEL ARANGUREN
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En dos años y un mes, el mayor accionista de la empresa Matadero San Pedro C.A. nunca fue llamado para el avalúo de la infraestructura, bienes y terrenos cedidos a la Alcaldía de Guaicaipuro por vía de decreto de utilidad pública.
Joaquín Bello Osío, representante de dos sociedades mercantiles que operaban en lo que hoy se conoce como matadero socialista Cacique Guaicaipuro exige a la Cámara de Guaicaipuro anular la expropiación, ejecutada el 7 de abril de 2010, por incumplimiento de obligaciones del Gobierno del alcalde Alirio Mendoza.
El dueño de la empresa desalojada dice que "el Matadero es usado por particulares en iguales condiciones que los legítimos dueños expropiados sin indemnización. La actividad de la Alcaldía se constituye en confiscación, por inejecución del Decreto y negarse a formar la comisión de avalúo para fijar el precio".
La Alcaldía, al recibir los bienes de la empresa que cedió sus derechos en atención al decreto, alegó a los peritos no tener recursos para pagar.
Bello argumenta que la administración del matadero socialista incumple con movilizar el ganado desde y hacia el Matadero San Pedro, según el origen y destino de reses y cerdos beneficiados. Hoy, los trabajadores proponen que les cedan el estacionamiento contiguo para un centro de acopio donde vender hortalizas y flores que se cultivan.
Contemplan instalar un autolavado a la entrada, donde podría hacérsele mantenimiento a camiones que efectúan recolección de desechos de la mancomunidad de aseo. Compradores del Mercado El Paso están cansados de denunciar que no se consigue carne regulada, prometida por el matadero Cacique como primer proveedor de centros populares. "Tampoco hay operativos a cielo abierto con precios solidarios".
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Deben Bs 75 millones a dueños de tierras expropiadas en Vargas
Red de Ciudadanos Activos hizo censo de la deuda a dueños de 29 terrenos
Gran cantidad de parcelas con vocación turística fueron expropiadas en Playa Grande CRUZ SOJO
NADESKA NORIEGA ÁVILA
La Guaira.- En total unos 29 terrenos privados han sido expropiados en el estado Vargas para el desarrollo de la gran Misión Vivienda Venezuela. Catorce de estos se hallan ubicados en la parroquia Caraballeda (Tanaguarena y Caribe), uno en Maiquetía, uno en Macuto, uno en El Junko y doce en la parroquia Urimare (Playa Grande y Week-End).
Además del uso al que fueron destinados por orden del Gobierno Nacional, los terrenos tienen otro aspecto en común: no han sido cancelados a sus propietarios.
Así lo aseguran voceros de la Red de Ciudadanos Activos de Vargas, organización que se encargó de levantar una especie de censo y de calcular los costos de indemnización que debieron haber sido cancelados, con base en lo establecido en el Decreto Ley de Emergencia para Terrenos y Viviendas promulgado en 2011.
"De acuerdo a nuestra investigación el Estado adeudaría unos 75 millones de bolívares, solo en Vargas, por concepto de terrenos expropiados y también de bienhechurías que fueron derribadas para dar paso a los urbanismos", explica el presidente de la Red, el profesor y dirigente social, Carlos Teixeira, quien advirtió que sale en defensa de muchos propietarios, quienes no alzan la voz por temor a posibles represalias.
Expropiación indebida
Teixeira agrega que los integrantes de la Red de Ciudadanos Activos consideran que la expropiación puede ser una vía válida, si se cumple con la norma establecida y si no se ocasionan perjuicios mayores que beneficios. En este caso, apunta, "lo que hay es una apropiación indebida de terrenos",
Entre los terrenos contabilizados por la Red de Ciudadanos Activos de Vargas destacan las parcelas ubicadas en la avenida principal de Tanaguarena, la manzana ubicada a la entrada de los antiguos hoteles Sheraton y Meliá Caribe, la gran cantidad de parcelas de vocación turística ubicadas en Playa Grande, el estacionamiento del Gran Hotel El Junko y los terrenos y la estructura del restaurante Brasamar.
En el caso de las bienhechurías, los denunciantes cuantifican las oficinas de transporte pesado, negocios, garajes, ventas de repuestos, negocios de cerámica y hasta un autolavado. Todos ubicados en la Meseta de Machado, a la entrada de Playa Grande, cuyos terrenos son propiedad del aeropuerto de Maiquetía y donde ahora se levantan viviendas desarrolladas por la empresa turca Summa.
Daños al aparato productivo
"Lo que nosotros reclamamos es que estas deudas sean canceladas de inmediato, pues se le ha hecho un grave daño al aparato productivo local, se ha sentado un precedente negativo que ahuyenta la inversión local y se han perdido innumerables puestos de empleos", sostiene Teixeira.
Si se trata de una expropiación, el Estado está obligado a cancelar un precio justo y en un tiempo también justo. Y es que no tiene gracia cancelar a precios de 2009 en el año 2015 (seis años de por medio), cuando el valor se haya depreciado.
Uno de los propietarios afectados por la medida y quien prefiere mantenerse en anonimato, indicó que ni en la Procuraduría de Vargas, ni en la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), le han precisado el procedimiento para recibir el pago por su terreno, ubicado en una zona de Tanaguarena, considerado de primera.
"Es injusto que el precio sea establecido por el organismo que luego tendrá que hacer ese pago y por supuesto en los lapsos que les conviene y no en los que establece la ley", continuó reflexionando Carlos Teixeira.
Sin embargo, en la Procuraduría del estado Vargas aseguran que se realizarán las cancelaciones.
"Respetamos el Estado de Derecho. El pago de esos terrenos que estaban baldíos u ociosos está garantizado a los dueños", aseguró Pedro Rodríguez, titular de ese despacho en el Litoral Central.
El Universal
30-05-2012
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La Guaira.- En total unos 29 terrenos privados han sido expropiados en el estado Vargas para el desarrollo de la gran Misión Vivienda Venezuela. Catorce de estos se hallan ubicados en la parroquia Caraballeda (Tanaguarena y Caribe), uno en Maiquetía, uno en Macuto, uno en El Junko y doce en la parroquia Urimare (Playa Grande y Week-End).
Además del uso al que fueron destinados por orden del Gobierno Nacional, los terrenos tienen otro aspecto en común: no han sido cancelados a sus propietarios.
Así lo aseguran voceros de la Red de Ciudadanos Activos de Vargas, organización que se encargó de levantar una especie de censo y de calcular los costos de indemnización que debieron haber sido cancelados, con base en lo establecido en el Decreto Ley de Emergencia para Terrenos y Viviendas promulgado en 2011.
"De acuerdo a nuestra investigación el Estado adeudaría unos 75 millones de bolívares, solo en Vargas, por concepto de terrenos expropiados y también de bienhechurías que fueron derribadas para dar paso a los urbanismos", explica el presidente de la Red, el profesor y dirigente social, Carlos Teixeira, quien advirtió que sale en defensa de muchos propietarios, quienes no alzan la voz por temor a posibles represalias.
Expropiación indebida
Teixeira agrega que los integrantes de la Red de Ciudadanos Activos consideran que la expropiación puede ser una vía válida, si se cumple con la norma establecida y si no se ocasionan perjuicios mayores que beneficios. En este caso, apunta, "lo que hay es una apropiación indebida de terrenos",
Entre los terrenos contabilizados por la Red de Ciudadanos Activos de Vargas destacan las parcelas ubicadas en la avenida principal de Tanaguarena, la manzana ubicada a la entrada de los antiguos hoteles Sheraton y Meliá Caribe, la gran cantidad de parcelas de vocación turística ubicadas en Playa Grande, el estacionamiento del Gran Hotel El Junko y los terrenos y la estructura del restaurante Brasamar.
En el caso de las bienhechurías, los denunciantes cuantifican las oficinas de transporte pesado, negocios, garajes, ventas de repuestos, negocios de cerámica y hasta un autolavado. Todos ubicados en la Meseta de Machado, a la entrada de Playa Grande, cuyos terrenos son propiedad del aeropuerto de Maiquetía y donde ahora se levantan viviendas desarrolladas por la empresa turca Summa.
Daños al aparato productivo
"Lo que nosotros reclamamos es que estas deudas sean canceladas de inmediato, pues se le ha hecho un grave daño al aparato productivo local, se ha sentado un precedente negativo que ahuyenta la inversión local y se han perdido innumerables puestos de empleos", sostiene Teixeira.
Si se trata de una expropiación, el Estado está obligado a cancelar un precio justo y en un tiempo también justo. Y es que no tiene gracia cancelar a precios de 2009 en el año 2015 (seis años de por medio), cuando el valor se haya depreciado.
Uno de los propietarios afectados por la medida y quien prefiere mantenerse en anonimato, indicó que ni en la Procuraduría de Vargas, ni en la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), le han precisado el procedimiento para recibir el pago por su terreno, ubicado en una zona de Tanaguarena, considerado de primera.
"Es injusto que el precio sea establecido por el organismo que luego tendrá que hacer ese pago y por supuesto en los lapsos que les conviene y no en los que establece la ley", continuó reflexionando Carlos Teixeira.
Sin embargo, en la Procuraduría del estado Vargas aseguran que se realizarán las cancelaciones.
"Respetamos el Estado de Derecho. El pago de esos terrenos que estaban baldíos u ociosos está garantizado a los dueños", aseguró Pedro Rodríguez, titular de ese despacho en el Litoral Central.
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Expropiación sin vuelta atrás
A los inquilinos de Catia les dieron dos días para desalojar y evitar robarlos
En la Mueblería La Campagna de Los Magallanes de Catia derrumbaron paredes con mandarrias
JORGE HERNÁNDEZ
"La expropiación, confiscación y todo tipo de toma de galpones va. La directora de la Fundación Caracas, Paola Posani, y el director de la Policía de Caracas, Robinson Navarro, nos obligaron a recoger repuestos, trasladar maquinaria pesada, cableado de seguridad y otras pertenencias para demoler el Galpón 52-E de la calle Panamerican para hacer viviendas", relató Carlos Rubio, propietario de Transporte Rubert 3000.
Luego de que funcionarios de la Sindicatura Municipal, Fundacaracas y Policaracas de la Alcaldía de Libertador rompieron paredes a mandarria en la Mueblería La Campagna de Los Magallanes de Catia, derrumbaran dos santamarías del galpón de Polar en la calle Ecuador e intentaran tomar a la fuerza el galpón Solda Todo de la calle Panamerican, la acción de los vecinos y comerciantes impidió más atropellos en la parroquia Sucre.
La activación vecinal de Catia provocó que los funcionarios de la Sindicatura Municipal otorgara citaciones a propietarios e inquilinos de doce galpones y 13 comercios para que hagan sus "peticiones finales" porque a partir de mañana llegarán nuevamente obreros y contratistas de Fundacaracas (Construcar 21 C.A.) a demoler galpones donde se harán viviendas mil apartamentos para damnificados en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Rubio contó que miembros de la Alcaldía los amenazaron con "robarlos" si llegan a Transporte Rubert 3000 y aún ven materiales y vehículos de carga pesada. "Un amigo nos permitió guardar algunas cosas en Los Teques. Para trasladar camiones con fallas mecánicas requerimos de mayor tiempo. Aquí tenemos 28 camiones".
Rafael Núñez, dueño de los terrenos de la Calle Panamerican (Asociación Blandín), informó que ayer acudieron a la Sindicatura Municipal y allí les informaron que va a "expropiar expeditamente". "No hay vuelta atrás. Ellos nos piden más documentos, pero señalan que no tienen ni la mínima idea de cuándo van a pagar. Solo anuncian que cumplen órdenes del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez. Nosotros no les firmamos nada. Piden avalúo, pero no hay dinero. También nos exigen los contratos de alquiler y estamos evaluando como actuar. Aunque me ponga a pelear expropiarán", resaltó Nuñez.
A pocos metros, en la calle Ecuador de Catia, obreros de Construcar demolían el galpón de Cervecería Polar donde funciona la Distribuidora J.B. Fuentes S.R.L. "Nos dieron solo dos días para desalojar. Los vecinos nos ayudan a guardar el licor, agua y refrescos. Los refrigeradores son más difíciles de transportar. En lo que terminen de demoler el área lateral tumbarán nuestro negocio. Ya se llevaron techos y vigas de metal. En esa área Polar instalaba su oficina de publicidad", dijo Denis Fuentes, afectado.
Mientras, en la calle La Laguna de Catia trece comerciantes fueron amenazados por Policaracas y Fundacaracas para que desalojen ya sus negocios de pintura, mueblería La Campagna, dos fruterías, autolavado La Laguna, dos restaurantes y un taller mecánico, entre otros, donde trabajan 150 personas.
"Te quieren quitar tu casa y tu empleo", indicaban varios avisos en Los Magallanes. Allí los jeepseros, Fuerza Motorizada y vecinos se defienden "de los atropellos de la Alcaldía".
Gaetano Campagna, dueño de la mueblería a la que le derrumbaron paredes, relató que solo dio permiso el 28 de febrero a la Sindicatura para hacer sus estudios de suelo y medir el local, y no para desalojarlos a la fuerza, romper paredes con mandarrias, y tratar de tomar su negocio que data de 1966 (1.800 m2) sin indemnizarlo.
CERVECERÍA POLAR RECHAZA LA DEMOLICIÓN DE SU GALPÓN
Cervecería Polar objeta la demolición del galpón en Catia por parte de Fundacaracas de la Alcaldía Libertador.
A través de una nota de prensa la empresa asegura que la acción es totalmente desproporcionada y violenta, y no solo afecta los derechos de Cervecería Polar, sino a pequeños comerciantes.
Informó Gustavo Grau, asesor legal de la cervecería que "la empresa ejercerá acciones legales en su defensa, pues considera vulnerados sus derechos a la propiedad privada".
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Luego de que funcionarios de la Sindicatura Municipal, Fundacaracas y Policaracas de la Alcaldía de Libertador rompieron paredes a mandarria en la Mueblería La Campagna de Los Magallanes de Catia, derrumbaran dos santamarías del galpón de Polar en la calle Ecuador e intentaran tomar a la fuerza el galpón Solda Todo de la calle Panamerican, la acción de los vecinos y comerciantes impidió más atropellos en la parroquia Sucre.
La activación vecinal de Catia provocó que los funcionarios de la Sindicatura Municipal otorgara citaciones a propietarios e inquilinos de doce galpones y 13 comercios para que hagan sus "peticiones finales" porque a partir de mañana llegarán nuevamente obreros y contratistas de Fundacaracas (Construcar 21 C.A.) a demoler galpones donde se harán viviendas mil apartamentos para damnificados en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Rubio contó que miembros de la Alcaldía los amenazaron con "robarlos" si llegan a Transporte Rubert 3000 y aún ven materiales y vehículos de carga pesada. "Un amigo nos permitió guardar algunas cosas en Los Teques. Para trasladar camiones con fallas mecánicas requerimos de mayor tiempo. Aquí tenemos 28 camiones".
Rafael Núñez, dueño de los terrenos de la Calle Panamerican (Asociación Blandín), informó que ayer acudieron a la Sindicatura Municipal y allí les informaron que va a "expropiar expeditamente". "No hay vuelta atrás. Ellos nos piden más documentos, pero señalan que no tienen ni la mínima idea de cuándo van a pagar. Solo anuncian que cumplen órdenes del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez. Nosotros no les firmamos nada. Piden avalúo, pero no hay dinero. También nos exigen los contratos de alquiler y estamos evaluando como actuar. Aunque me ponga a pelear expropiarán", resaltó Nuñez.
A pocos metros, en la calle Ecuador de Catia, obreros de Construcar demolían el galpón de Cervecería Polar donde funciona la Distribuidora J.B. Fuentes S.R.L. "Nos dieron solo dos días para desalojar. Los vecinos nos ayudan a guardar el licor, agua y refrescos. Los refrigeradores son más difíciles de transportar. En lo que terminen de demoler el área lateral tumbarán nuestro negocio. Ya se llevaron techos y vigas de metal. En esa área Polar instalaba su oficina de publicidad", dijo Denis Fuentes, afectado.
Mientras, en la calle La Laguna de Catia trece comerciantes fueron amenazados por Policaracas y Fundacaracas para que desalojen ya sus negocios de pintura, mueblería La Campagna, dos fruterías, autolavado La Laguna, dos restaurantes y un taller mecánico, entre otros, donde trabajan 150 personas.
"Te quieren quitar tu casa y tu empleo", indicaban varios avisos en Los Magallanes. Allí los jeepseros, Fuerza Motorizada y vecinos se defienden "de los atropellos de la Alcaldía".
Gaetano Campagna, dueño de la mueblería a la que le derrumbaron paredes, relató que solo dio permiso el 28 de febrero a la Sindicatura para hacer sus estudios de suelo y medir el local, y no para desalojarlos a la fuerza, romper paredes con mandarrias, y tratar de tomar su negocio que data de 1966 (1.800 m2) sin indemnizarlo.
CERVECERÍA POLAR RECHAZA LA DEMOLICIÓN DE SU GALPÓN
Cervecería Polar objeta la demolición del galpón en Catia por parte de Fundacaracas de la Alcaldía Libertador.
A través de una nota de prensa la empresa asegura que la acción es totalmente desproporcionada y violenta, y no solo afecta los derechos de Cervecería Polar, sino a pequeños comerciantes.
Informó Gustavo Grau, asesor legal de la cervecería que "la empresa ejercerá acciones legales en su defensa, pues considera vulnerados sus derechos a la propiedad privada".
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30-05-2012
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Admiten que falta de materiales retrasa culminación de casas
Se registran fallas con estructuras metálicas, cemento y agregados
La auditoría que realizó una misión cubana a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela señala que existe retraso en la ejecución de varios desarrollos habitacionales por la falta de materiales.
El informe, que presentó el diputado Julio Borges, señala que 381 desarrollos están afectados y el 49% de esos complejos ha tenido problemas de avance por las fallas con los insumos. Los problemas se registran con estructuras metálicas, cemento, agregados, marcos de puertas y ventanas y premezclado.
Aunque las autoridades han fijado prioridades en la distribución de los insumos de la construcción para la Misión Vivienda, el documento revela que las obras que se realizan en los estados Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Lara, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia no han podido tener una mayor ejecución por la ausencia de materiales.
Además de los insumos, los proyectos han tenido dificultades con los permisos de habitabilidad y urbanismo.
La auditoría agrega que en los complejos que se realizan en nueve estados, el retraso responde al déficit de financiamiento, de manera que los fondos asignados no han sido suficientes.
Metas
Por otra parte, el ministro para la Reconstrucción de la Gran Caracas, Farruco Sesto, aseguró a Unión Radio que la meta de construcción de viviendas de este año de 200.000 casas será superada.
Apuntó que "sumadas a las 146.718 unidades que se concluyeron el año pasado, ya se acumulan 208.768 soluciones en la Gran Misión". Comentó que "estamos seguros, somos muy optimistas de que vamos a sobrepasar con creces la meta de este año". MAH
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Aunque las autoridades han fijado prioridades en la distribución de los insumos de la construcción para la Misión Vivienda, el documento revela que las obras que se realizan en los estados Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Lara, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia no han podido tener una mayor ejecución por la ausencia de materiales.
Además de los insumos, los proyectos han tenido dificultades con los permisos de habitabilidad y urbanismo.
La auditoría agrega que en los complejos que se realizan en nueve estados, el retraso responde al déficit de financiamiento, de manera que los fondos asignados no han sido suficientes.
Metas
Por otra parte, el ministro para la Reconstrucción de la Gran Caracas, Farruco Sesto, aseguró a Unión Radio que la meta de construcción de viviendas de este año de 200.000 casas será superada.
Apuntó que "sumadas a las 146.718 unidades que se concluyeron el año pasado, ya se acumulan 208.768 soluciones en la Gran Misión". Comentó que "estamos seguros, somos muy optimistas de que vamos a sobrepasar con creces la meta de este año". MAH
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Estacionamientos modifican horarios para reducir costos
A partir del 1º de junio prevén aplicar la nueva jornada
Desde el 2005 están controladas las tarifas ENIO PERDOMO/ARCHIVO
ENDER MARCANO
Si al negocio de los estacionamientos se suman siete años de tarifas controladas, una alta inflación como la venezolana y las cargas que implica la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), no es de extrañar que este gremio se haya visto en la necesidad de ajustar sus horarios para reducir los costos que genera la actividad.
El 21 de mayo la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage) decidió reducir el horario de sus establecimientos a partir del 1º de junio, en vista de que no ha habido ajustes en las tarifas, informó Benigno Marcos, presidente de la Asociación.
En el caso de las oficinas se establece que estos estacionamientos trabajarán desde las 7 am hasta las 7 pm, y no laborarán los fines de semana. Mientras que con los comercios se ha estipulado una jornada de trabajo de lunes a viernes, de 8 am a las 8 pm.
"Estamos tratando de reducir los costos para ver hasta dónde llegamos. Mientras los alquileres suben, aumentan los salarios, los tributos, nuestros gastos normales de funcionamiento y el costo de la vida en general, nosotros seguimos con tarifas controladas", comentó Marcos.
El presidente de Anpage agregó que en muchos casos las modificaciones en el horario se han venido dando progresivamente. También se han buscado alternativas que permitan a los estacionamientos mantener el ritmo de operaciones.
Por ejemplo, explicó que en los centros comerciales donde hay locales que terminan labores muy tarde se les ha pedido a estos que cubran con los costos que implica mantener el personal esas horas. Situación similar se presenta con las clínicas cuyos estacionamientos suelen estar abiertos toda la noche.
Marcos añadió que los únicos señalamientos que han recibido de las autoridades es que se están haciendo los estudios, "pero no quedan en nada".
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30-05-2012
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El 21 de mayo la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage) decidió reducir el horario de sus establecimientos a partir del 1º de junio, en vista de que no ha habido ajustes en las tarifas, informó Benigno Marcos, presidente de la Asociación.
En el caso de las oficinas se establece que estos estacionamientos trabajarán desde las 7 am hasta las 7 pm, y no laborarán los fines de semana. Mientras que con los comercios se ha estipulado una jornada de trabajo de lunes a viernes, de 8 am a las 8 pm.
"Estamos tratando de reducir los costos para ver hasta dónde llegamos. Mientras los alquileres suben, aumentan los salarios, los tributos, nuestros gastos normales de funcionamiento y el costo de la vida en general, nosotros seguimos con tarifas controladas", comentó Marcos.
El presidente de Anpage agregó que en muchos casos las modificaciones en el horario se han venido dando progresivamente. También se han buscado alternativas que permitan a los estacionamientos mantener el ritmo de operaciones.
Por ejemplo, explicó que en los centros comerciales donde hay locales que terminan labores muy tarde se les ha pedido a estos que cubran con los costos que implica mantener el personal esas horas. Situación similar se presenta con las clínicas cuyos estacionamientos suelen estar abiertos toda la noche.
Marcos añadió que los únicos señalamientos que han recibido de las autoridades es que se están haciendo los estudios, "pero no quedan en nada".
El Universal
30-05-2012
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Gobierno dejó en la calle a un montón de familias
Los galpones y locales de Catia tomados por funcionarios de la Alcaldía de Libertador el pasado lunes ya comenzaron a cambiar su semblante. Algunos ya perdieron techos, puertas y hasta paredes; mientras otros esperan porque sus antiguos dueños, a quienes les arrebataron las estructuras, desalojen lo que queda adentro. Con rapidez han trabajado los enviados del Gobierno. Es la misma rapidez que demostraron durante la toma, cuando el lunes 28 de mayo llegaron sin previo aviso al lugar y les dijeron a los trabajadores que iban a demoler los locales porque los necesitaban para construir las viviendas "para el pueblo".
Entre las estructuras afectadas se incluyen galpones de la Cervecería Polar y de Cerámicas Sucre.
La expropiación se concreta pasándole por encima a un convenio alcanzado entre vecinos, comerciantes y funcionarios hace cuatro meses, cuando acordaron que habría más conversaciones sobre el destino de la zona, la aplicación del Plan Catia, además de un estudio de terreno para determinar la viabilidad de construir viviendas en esos terrenos. El lunes, no hubo estudio ni diálogo, sino imposición. "Esto es del Gobierno", decían los funcionarios.
La encargada del galpón Cervecería Polar, Carmen Márquez, dijo que las autoridades municipales entraron violentamente al local, rompiendo las rejas.
Dieron plazo de un día para desalojar, luego de lo cual, como ya se observa, comenzarían a desbaratar los galpones.
LOS MÁS AFECTADOS El Gobierno pudiera decir que está beneficiando a miles al desalojar a unos pocos. Sin embargo, esos afectados quedan más que excluidos. Carmen Márquez tiene 16 años trabajando en el galpón de la Polar y ahora está atada de manos porque no tiene un plan B para irse a laborar.
No le pide nada al Ejecutivo, ya que no tiene esperanzas porque ellos no tuvieron piedad para dejar padres de familia en la calle, por eso ya no tiene más que pedir.
Su testimonio contrasta con el del jefe de operaciones de la demolición, Edgar Rodríguez, supervisor de un grupo de obreros que usa la maquinaria para derrumbar la construcción sin titubeos. Él está de acuerdo con la expropiación porque, cree, le dará viviendas a los necesitados.
A TRAICIÓN Para Antonio Ecarri, dirigente político de Caracas, los desalojos arbitrarios son un asalto a la propiedad privada. "Han abusado de la buena fe de los comerciantes", dijo recordando el encuentro sostenido entre vecinos de Catia, Aristóbulo Istúriz y el alcalde Jorge Rodríguez donde hubo el compromiso de estudiar los suelos.
"Los traicionaron y a estas alturas no han hecho los estudios. Pretenden hacer casas que podrán en riesgo a las personas que las habiten; todo por tratar de ganar votos en año electoral, aprovechándose de las necesidades y carencias de la gente que este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver", denunció el también coordinador político de Proyecto Venezuela.
Ecarri anunció que emprenderá acciones legales junto a los afectados, a quienes se les dará apoyo jurídico para resolver el conflicto.
Tal Cual
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Entre las estructuras afectadas se incluyen galpones de la Cervecería Polar y de Cerámicas Sucre.
La expropiación se concreta pasándole por encima a un convenio alcanzado entre vecinos, comerciantes y funcionarios hace cuatro meses, cuando acordaron que habría más conversaciones sobre el destino de la zona, la aplicación del Plan Catia, además de un estudio de terreno para determinar la viabilidad de construir viviendas en esos terrenos. El lunes, no hubo estudio ni diálogo, sino imposición. "Esto es del Gobierno", decían los funcionarios.
La encargada del galpón Cervecería Polar, Carmen Márquez, dijo que las autoridades municipales entraron violentamente al local, rompiendo las rejas.
Dieron plazo de un día para desalojar, luego de lo cual, como ya se observa, comenzarían a desbaratar los galpones.
LOS MÁS AFECTADOS El Gobierno pudiera decir que está beneficiando a miles al desalojar a unos pocos. Sin embargo, esos afectados quedan más que excluidos. Carmen Márquez tiene 16 años trabajando en el galpón de la Polar y ahora está atada de manos porque no tiene un plan B para irse a laborar.
No le pide nada al Ejecutivo, ya que no tiene esperanzas porque ellos no tuvieron piedad para dejar padres de familia en la calle, por eso ya no tiene más que pedir.
Su testimonio contrasta con el del jefe de operaciones de la demolición, Edgar Rodríguez, supervisor de un grupo de obreros que usa la maquinaria para derrumbar la construcción sin titubeos. Él está de acuerdo con la expropiación porque, cree, le dará viviendas a los necesitados.
A TRAICIÓN Para Antonio Ecarri, dirigente político de Caracas, los desalojos arbitrarios son un asalto a la propiedad privada. "Han abusado de la buena fe de los comerciantes", dijo recordando el encuentro sostenido entre vecinos de Catia, Aristóbulo Istúriz y el alcalde Jorge Rodríguez donde hubo el compromiso de estudiar los suelos.
"Los traicionaron y a estas alturas no han hecho los estudios. Pretenden hacer casas que podrán en riesgo a las personas que las habiten; todo por tratar de ganar votos en año electoral, aprovechándose de las necesidades y carencias de la gente que este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver", denunció el también coordinador político de Proyecto Venezuela.
Ecarri anunció que emprenderá acciones legales junto a los afectados, a quienes se les dará apoyo jurídico para resolver el conflicto.
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Tres mil transportistas serán afectados por el BusCaracas
Tres mil transportistas de 11 organizaciones del Bloque Norte−Sur temen quedarse en la calle, tras más de 40 años cubriendo las rutas entre las avenidas Nueva Granada, Universidad y Silencio, una vez que se inicie la operación el sistema de BusCaracas, que recientemente el propio Presidente Chávez lo ofreció para septiembre de este año.
Ayer los transportistas realizaron una asamblea de emergencia para analizar el problema y definir las acciones que se van a tomar en los próximos días, según informó, José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puestos.
"Vienen unos días duros, porque no es posible que después que se firmó un acta compromiso con más de 10 acuerdos entre las autoridades municipales de Libertador y los transportistas, ahora no se cumpla nada y nos han estado mareando", afirmó Montoya.
Recordó que en julio del 2008 el entonces alcalde Freddy Bernal suscribió este acuerdo, que entre otras cosas establecía que se absorbería a 500 transportistas para laborar en este sistema de transporte, y que además se iba financiar un programa de renovación de flota de las organizaciones existentes para implementar las rutas alimentadoras del BusCaracas.
Dijo que todo se quedó en el papel y luego que las obras pasaron a manos de Fontur se realizaron unas mesas de trabajos sin ningún resultado concreto. Nelson García, conductor de la Línea Los Totumos− El Cementerio, quien lleva 43 años trabajando en esta ruta, afirmó que a pesar de que ya anunciaron que pondrán a servicio el BusCaracas "no tenemos seguridad de seguir trabajando porque no han cumplido con los acuerdos". Para hoy tienen previsto una asamblea en Fedetransporte con los ruteros de Caracas donde se anunciaran las acciones de protesta.
MIGDALIS CAÑIZÁLEZ V.
El Universal
30-05-2012
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"Vienen unos días duros, porque no es posible que después que se firmó un acta compromiso con más de 10 acuerdos entre las autoridades municipales de Libertador y los transportistas, ahora no se cumpla nada y nos han estado mareando", afirmó Montoya.
Recordó que en julio del 2008 el entonces alcalde Freddy Bernal suscribió este acuerdo, que entre otras cosas establecía que se absorbería a 500 transportistas para laborar en este sistema de transporte, y que además se iba financiar un programa de renovación de flota de las organizaciones existentes para implementar las rutas alimentadoras del BusCaracas.
Dijo que todo se quedó en el papel y luego que las obras pasaron a manos de Fontur se realizaron unas mesas de trabajos sin ningún resultado concreto. Nelson García, conductor de la Línea Los Totumos− El Cementerio, quien lleva 43 años trabajando en esta ruta, afirmó que a pesar de que ya anunciaron que pondrán a servicio el BusCaracas "no tenemos seguridad de seguir trabajando porque no han cumplido con los acuerdos". Para hoy tienen previsto una asamblea en Fedetransporte con los ruteros de Caracas donde se anunciaran las acciones de protesta.
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Concreteras
La ciudad de Caracas hoy día alberga diez grandes concreteras referidas por los vecinos como contaminantes debido al polvo, ruido y congestionamiento de las vías. Elevan sus voces porque además de constituir una actividad calificada como susceptible de degradar el ambiente, fueron implantadas de forma inconsulta, sin el debido acatamiento de los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución, de los cuales se desprenden muchas leyes vigentes en materia ambiental y de derechos humanos. En el fondo la lucha es por hacer respetar el sagrado derecho humano a la vida.
A pesar que la Ley Penal del Ambiente en su artículo 102 establece que serán penadas con multa y prisión las personas naturales o jurídicas que generen materiales o sustancias peligrosas o que instalen plantas, fábricas o establecimientos que generen o procesen materiales peligrosos, allí están las concreteras, en La Carlota, Santa Eduvigis, Montalbán, avenida Bolívar, La Yaguara, Santa Mónica, La Rinconada y La Limonera, en plena ciudad, sumando una amenaza socioambiental más a las ya existentes en Caracas.
Obliga también la ley a presentar estudios de impacto socioambiental al ministerio del Ambiente, ante la ejecución de una obra de tal magnitud y de tal índole. Los vecinos han solicitado los estudios pero alegan no haber sido tomados en cuenta.
Se quiere llevar esta pelea, a juicio de muchos, de burro contra tigre, al ámbito político argumentando lucha de clases, ricos y pobres, no es la primera vez que surgen estos argumentos, también surgieron cuando se batallaba por el desalojo de Cementos La Vega en su oportunidad.
Las fuentes fijas y móviles de contaminación atmosférica continúan construyendo una deuda socioambiental en el país que los ciudadanos pagamos con cuotas de salud a corto o largo plazo, de acuerdo a la intensidad de la contaminación. Es necesario recordar la contaminación por coque que sufren los ciudadanos en estados como Anzoátegui y Falcón, la dispersión de sus partículas no solo afecta las vías respiratorias, piel y mucosas sino que ha sido reportada hasta la perforación de los techos de casas, dada la agresividad del material contaminante.
En el caso de las concreteras, el derecho a una vivienda digna no debe colidir con el derecho a la vida, ambos derechos humanos pueden conciliarse estableciéndolas en lugares apropiados y dentro de las normas ambientales de seguridad vigentes. Dar salud al pueblo va más allá de ofrecer módulos de servicio y médicos, es garantizar un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, es construir las áreas verdes que necesita nuestra Caracas para llegar a los 10 a 15 m2 de áreas verdes/hab que establece la OMS debe tener una ciudad sana, en vez de los 1,1 m2 de áreas verdes/hab que tiene actualmente.
Tal Cual
30-05-2012
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Obliga también la ley a presentar estudios de impacto socioambiental al ministerio del Ambiente, ante la ejecución de una obra de tal magnitud y de tal índole. Los vecinos han solicitado los estudios pero alegan no haber sido tomados en cuenta.
Se quiere llevar esta pelea, a juicio de muchos, de burro contra tigre, al ámbito político argumentando lucha de clases, ricos y pobres, no es la primera vez que surgen estos argumentos, también surgieron cuando se batallaba por el desalojo de Cementos La Vega en su oportunidad.
Las fuentes fijas y móviles de contaminación atmosférica continúan construyendo una deuda socioambiental en el país que los ciudadanos pagamos con cuotas de salud a corto o largo plazo, de acuerdo a la intensidad de la contaminación. Es necesario recordar la contaminación por coque que sufren los ciudadanos en estados como Anzoátegui y Falcón, la dispersión de sus partículas no solo afecta las vías respiratorias, piel y mucosas sino que ha sido reportada hasta la perforación de los techos de casas, dada la agresividad del material contaminante.
En el caso de las concreteras, el derecho a una vivienda digna no debe colidir con el derecho a la vida, ambos derechos humanos pueden conciliarse estableciéndolas en lugares apropiados y dentro de las normas ambientales de seguridad vigentes. Dar salud al pueblo va más allá de ofrecer módulos de servicio y médicos, es garantizar un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, es construir las áreas verdes que necesita nuestra Caracas para llegar a los 10 a 15 m2 de áreas verdes/hab que establece la OMS debe tener una ciudad sana, en vez de los 1,1 m2 de áreas verdes/hab que tiene actualmente.
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Sembraron 150 árboles en Ave María
Consejos Comunales, en conjunto con representantes del Comité Conservacionista La Semilla del Mañana, plantaron 159 especies ornamentales en la urbanización Ave María, en la Carretera nacional Ocumare−Yare, para incentivar la preservación de los recursos naturales renovables y no renovables.
Luego de la siembra, a la que también asistió el director regional del Ministerio del Ambiente, Edgar Trejo, se entregaron Bs 7 mil 200 al grupo La Semilla del Mañana, que dictará en la subregión talleres ecológicos que incluyen actividades tales como reciclaje, y una utilización sostenible de la tierra.
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Vecinos resteados con comerciantes de Catia
Tras la expropiación de al menos 12 negocios, por parte de la Alcaldía del municipio Libertador, los habitantes de la zona ubicada en la parroquia Sucre, de Caracas, manifestaron su disposición de salir en defensa no solo de la propiedad privada, sino también de su calidad de vida. "La comunidad de Catia esta decidida a evitar que se sigan cometiendo atropellos contra la propiedad privada y la calidad de vida de sus habitantes", manifestó Hector Vizcaya, vocero de la Asamblea de Ciudadanos de la zona.
Esto ante la acción tomada el pasado lunes por funcionarios de la Sindicatura municipal, quienes llegaron con maquinarias y obreros a tomar posesión de al menos 12 comercios a fin de darle continuidad al "Plan Catia".
Y es que, los habitantes de la popular zona ubicada en la parroquia Caraqueña, temen que solo sea el inicio de un "ola de expropiaciones", sino que incluso lleguen a afectar no solo a los negocios sino también a sus viviendas.
En este sentido, rechazaron la forma "arbitraria" como el Gobierno local está actuando para aplicar el mencionado proyecto. "Existe una seria amenaza de que esos terrenos sean destinados a obras,que en lugar de beneficiar perjudiquen a los vecinos", exclamó.
Los involucrados manifestaron que las autoridades del ayuntamiento, no han cumplido con lo acordado en el mes de febrero, cuando tras diversas protestas de calle manifestaron su posición contra la medida.
"En reuniones con el mismo alcalde Jorge Rodríguez y con el diputado Aristóbulo Izturiz, se nos prometió que se establecerían unas mesas de trabajo, para tomar en cuenta la opinión vecinal y nada de esto se cumplió", acotó Vizcaya.
Ante la falta de información acerca del Plan Catia, decidieron organizarse en una Asamblea de Ciudadanos que agrupa a más de 400 vecinos y comerciantes, con el fin de hacer valer sus derechos y evitar que demolición de los locales.
Colapso en los servicios
Otro de los temores de los residentes de las calles Panamerican, Ecuador, Los Flores y Los Magallanes de Catia, es el colapso de los servicios una vez que se ponga en marcha la construcción de viviendas en lugar.
"El sistema de cloacas, agua potable, electricidad y la vialidad no se dan abasto ahora, imagínense cuando se muden más personas al lugar", expresó Diamantino De Sousa, quién habita en la zona desde hace 33 años.
También mencionaron la carencia de estacionamientos como una de las principales problemáticas, situación que ha obligado a las personas a estacionar en la calle, generando más congestión vehicular.
Empleos en riesgo
Advierten que con las expropiación locales comerciales en diversas calles de Catia, se está poniendo en riesgo la estabilidad y el empleo de más de 1.500 personas.
El representante vecinal Héctor Vizcaya, resaltó que entre los negocios perjudicados se encuentran distribuidoras de alimentos, bebidas, repuestos y garajes, entre otras empresas.
"Toda una vida de trabajo"
Como un balde de agua fría le cayó la visita de funcionarios de Policaracas y la sindicatura municipal a Augusto Sciacchaca, propietario de Cerámicas Sucre, uno de los comercios afectados con la medida de expropiación dictada por la Alcaldía de Libertador.
Y es que, el comerciante asegura que guardaba la esperanza de que se llegará a algún acuerdo en las nunca establecidas mesas de negociación. Sin embargo, la actitud tomada por el Gobierno local el pasado lunes disipo cualquier expectativa positiva al respecto.
"La rabia y el dolor es profunda cuando como emprendedor te das cuenta que cuando finalmente estás viendo los frutos de tu negocio, llega alguien a querer arrebatártelo así sin más", exclamó.
Asimismo, calificó de injusta la medida ya que tanto como su negocio así como el del resto de los comerciantes afectados, son "totalmente productivos, no ociosos como quieren hacer creer", dijo.
Piden plazo
Al parecer la decisión "inminente" de convertir sus negocios en complejos habitaciones, propietarios de los comercios afectados por la ejecución del "Plan Catia", piden al Gobierno se les pague adecuadamente el valor de su local, así como se le de un plazo no menor a tres meses para buscar un lugar donde reubicar su actividad comercial.
"Eso no se hace de la noche a la mañana, una mudanza conlleva no solo tiempo sino también dinero que no tenemos porque todo lo hemos invertido aquí", enfatizó Augusto Sciacchaca.
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30-05-2012
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Esto ante la acción tomada el pasado lunes por funcionarios de la Sindicatura municipal, quienes llegaron con maquinarias y obreros a tomar posesión de al menos 12 comercios a fin de darle continuidad al "Plan Catia".
Y es que, los habitantes de la popular zona ubicada en la parroquia Caraqueña, temen que solo sea el inicio de un "ola de expropiaciones", sino que incluso lleguen a afectar no solo a los negocios sino también a sus viviendas.
En este sentido, rechazaron la forma "arbitraria" como el Gobierno local está actuando para aplicar el mencionado proyecto. "Existe una seria amenaza de que esos terrenos sean destinados a obras,que en lugar de beneficiar perjudiquen a los vecinos", exclamó.
Los involucrados manifestaron que las autoridades del ayuntamiento, no han cumplido con lo acordado en el mes de febrero, cuando tras diversas protestas de calle manifestaron su posición contra la medida.
"En reuniones con el mismo alcalde Jorge Rodríguez y con el diputado Aristóbulo Izturiz, se nos prometió que se establecerían unas mesas de trabajo, para tomar en cuenta la opinión vecinal y nada de esto se cumplió", acotó Vizcaya.
Ante la falta de información acerca del Plan Catia, decidieron organizarse en una Asamblea de Ciudadanos que agrupa a más de 400 vecinos y comerciantes, con el fin de hacer valer sus derechos y evitar que demolición de los locales.
Colapso en los servicios
Otro de los temores de los residentes de las calles Panamerican, Ecuador, Los Flores y Los Magallanes de Catia, es el colapso de los servicios una vez que se ponga en marcha la construcción de viviendas en lugar.
"El sistema de cloacas, agua potable, electricidad y la vialidad no se dan abasto ahora, imagínense cuando se muden más personas al lugar", expresó Diamantino De Sousa, quién habita en la zona desde hace 33 años.
También mencionaron la carencia de estacionamientos como una de las principales problemáticas, situación que ha obligado a las personas a estacionar en la calle, generando más congestión vehicular.
Empleos en riesgo
Advierten que con las expropiación locales comerciales en diversas calles de Catia, se está poniendo en riesgo la estabilidad y el empleo de más de 1.500 personas.
El representante vecinal Héctor Vizcaya, resaltó que entre los negocios perjudicados se encuentran distribuidoras de alimentos, bebidas, repuestos y garajes, entre otras empresas.
"Toda una vida de trabajo"
Como un balde de agua fría le cayó la visita de funcionarios de Policaracas y la sindicatura municipal a Augusto Sciacchaca, propietario de Cerámicas Sucre, uno de los comercios afectados con la medida de expropiación dictada por la Alcaldía de Libertador.
Y es que, el comerciante asegura que guardaba la esperanza de que se llegará a algún acuerdo en las nunca establecidas mesas de negociación. Sin embargo, la actitud tomada por el Gobierno local el pasado lunes disipo cualquier expectativa positiva al respecto.
"La rabia y el dolor es profunda cuando como emprendedor te das cuenta que cuando finalmente estás viendo los frutos de tu negocio, llega alguien a querer arrebatártelo así sin más", exclamó.
Asimismo, calificó de injusta la medida ya que tanto como su negocio así como el del resto de los comerciantes afectados, son "totalmente productivos, no ociosos como quieren hacer creer", dijo.
Piden plazo
Al parecer la decisión "inminente" de convertir sus negocios en complejos habitaciones, propietarios de los comercios afectados por la ejecución del "Plan Catia", piden al Gobierno se les pague adecuadamente el valor de su local, así como se le de un plazo no menor a tres meses para buscar un lugar donde reubicar su actividad comercial.
"Eso no se hace de la noche a la mañana, una mudanza conlleva no solo tiempo sino también dinero que no tenemos porque todo lo hemos invertido aquí", enfatizó Augusto Sciacchaca.
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Gobierno asegura haber construido 62.050 viviendas en 2012
AUDIO: Gobierno asegura haber construido 62.050 viviendas en 2012
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Estacionamientos no abrirán los sábados desde el 1° de junio
Laborar los sábados implicaría nuevo turno de trabajo (Créditos: Edixon Gámez)
Erik Barráez Camero.- El presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage), Benigno Luis Marcos, dijo laborar los sábados implica un nuevo turno de trabajo.
A partir del 1° de junio los estacionamientos reducirán su jornada laboral a 12 horas diarias y de lunes a viernes, con el fin de adaptar su estructura de costos y su horario, según lo dispuesto en la nueva Ley del Trabajo.
El sector comercial prestará servicio de 8 am a 8 pm, mientras que el sector de oficinas lo hará en el turno de 7 am a 7 pm.
De acuerdo con Marcos, una de las razones que impulsó la medida fue la falta de respuesta por parte del Ministerio de Comercio, que mantiene las tarifas congeladas desde diciembre de 2005.
El gremio, que cuenta con casi 500 estacionamientos afiliados, denuncia que con los precios vigentes no pueden contratar nuevo personal ni cubrir el aumento salarial.
"Esta no es una medida de presión, sino de subsistencia", alegó Marcos. Asimismo, señaló que la decisión no afectará al sector, ya que les permite reducir gastos de alquiler, salarios, mantenimiento y seguridad.
No obstante, aclaró que la directiva de la organización está consciente del impacto que generará en la actividad comercial y en el tránsito citadino.
La junta acordó el 21 de mayo que la reducción horaria del servicio se hará de forma paulatina "para causar la menor cantidad posible de molestias a los usuarios".
El presidente de Anpage aclaró a ÚN que mantienen conversaciones con clínicas y algunos "sitios especiales" para que mantengan su jornada de 24 horas.
Aumentan Costos de servicios en Caracas
Un estudio realizado por Anpage en 2011 demuestra que la relación costo/tarifa no ha sido equitativa en los últimos años. El alquiler, que representa entre el 40% y 60% del costo total del servicio, tuvo un incremento de 594,06% entre 2001 y 2010.
INPC calculadas según cifras del Banco Central de Venezuela, los salarios tuvieron un alza de 672,66% en el mismo período. Mientras los costos en seguros aumentaron 403,69% y los gastos por impuestos 313%. Los datos no incluyen los ajustes de 2011 y 2012
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A partir del 1° de junio los estacionamientos reducirán su jornada laboral a 12 horas diarias y de lunes a viernes, con el fin de adaptar su estructura de costos y su horario, según lo dispuesto en la nueva Ley del Trabajo.
El sector comercial prestará servicio de 8 am a 8 pm, mientras que el sector de oficinas lo hará en el turno de 7 am a 7 pm.
De acuerdo con Marcos, una de las razones que impulsó la medida fue la falta de respuesta por parte del Ministerio de Comercio, que mantiene las tarifas congeladas desde diciembre de 2005.
El gremio, que cuenta con casi 500 estacionamientos afiliados, denuncia que con los precios vigentes no pueden contratar nuevo personal ni cubrir el aumento salarial.
"Esta no es una medida de presión, sino de subsistencia", alegó Marcos. Asimismo, señaló que la decisión no afectará al sector, ya que les permite reducir gastos de alquiler, salarios, mantenimiento y seguridad.
No obstante, aclaró que la directiva de la organización está consciente del impacto que generará en la actividad comercial y en el tránsito citadino.
La junta acordó el 21 de mayo que la reducción horaria del servicio se hará de forma paulatina "para causar la menor cantidad posible de molestias a los usuarios".
El presidente de Anpage aclaró a ÚN que mantienen conversaciones con clínicas y algunos "sitios especiales" para que mantengan su jornada de 24 horas.
Aumentan Costos de servicios en Caracas
Un estudio realizado por Anpage en 2011 demuestra que la relación costo/tarifa no ha sido equitativa en los últimos años. El alquiler, que representa entre el 40% y 60% del costo total del servicio, tuvo un incremento de 594,06% entre 2001 y 2010.
INPC calculadas según cifras del Banco Central de Venezuela, los salarios tuvieron un alza de 672,66% en el mismo período. Mientras los costos en seguros aumentaron 403,69% y los gastos por impuestos 313%. Los datos no incluyen los ajustes de 2011 y 2012
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Centros comerciales negocian con Gobierno nueva ley de alquileres
La ley espera clasificar los espacios comerciales (Créditos: Jean Paúl Hernández)
Sharay Angulo.- La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) se reunió con la Comisión de Administración y Servicios de la AN
Los negocios ubicados en centros comerciales estarán regulados por la Ley de Control de Arrendamientos de Locales Comerciales que espera debatir la próxima semana la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, para llevarla a plenaria en junio, según adelantó el diputado Tito Oviedo.
El presidente de Cavececo, Alfredo Cohen, informó que el gremio está colaborando con la comisión parlamentaria en la elaboración de esta ley que pretende regular todos los alquileres comerciales, luego de que hace poco más de un mes los invitaron a una reunión para solicitar sus opiniones al respecto.
"En una reunión, a la cual asistimos la directora ejecutiva de Cavececo, Claudia Itriago, y yo, les explicamos el funcionamiento de los centros comerciales. Fue un encuentro muy cordial en el cual los diputados se mostraron muy abiertos, por lo que estamos seguros de que van a tomar en cuenta nuestros aportes", dijo.
El presidente de Cavececo prevé que "la regulación no será igual para todo el mundo y se clasificarán los espacios comerciales".
El promotor recordó que "los centros comerciales son apenas una pequeña minoría dentro del universo que pretende regular esta nueva ley de alquileres".
Quioscos, edificaciones de uso educacional y médico asistencial, galpones, estacionamientos, oficinas y cualquier local comercial también estarán sujetos a la norma, una vez que se promulgue.
El vocero explicó que incluso existen diferencias entre los diversos tipos de centros comerciales que hay en el país, por lo que Cavececo está realizando una clasificación del sector, a petición de la Comisión de Administración y Servicios de la AN. "No es lo mismo un centro comercial de cuatro locales que uno de 200 con estacionamiento interno", dijo.
Aunque el diputado Oviedo informó que la semana que viene se aprobará esta ley, para llevarla a la plenaria, Cohen considera que "el debate no será tan rápido porque el consenso debe ser mayor".
Harán observaciones
A comienzos de marzo de este año, la Comisión de Administración y Servicios informó que inició la revisión y discusión del anteproyecto de ley, cuyo "texto es un complemento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda que fue aprobada en noviembre de 2011".
Cohen adelantó que Cavececo hará observaciones sobre algunos artículos, conjuntamente con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), pero será en dos semanas cuando sus asesores legales terminarán el informe.
Al representante de los centros comerciales le parece "poco lógico que se esté hablando de dos años para revisar los cánones, aunque la inflación esté disminuyendo porque cada año se ajusta la Unidad Tributaria".
El presidente de Cavececo espera que la regulación no afecte la rentabilidad del negocio ni desestimule las inversiones en centros comerciales.
En marzo, Aquiles Martini, presidente de la CIV, advirtió en este diario que "si esta ley de alquileres se parece a la de arrendamientos para viviendas (...) caerán las inversiones en este nicho".
El Mundo
30-05-2012
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Sharay Angulo.- La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) se reunió con la Comisión de Administración y Servicios de la AN
Los negocios ubicados en centros comerciales estarán regulados por la Ley de Control de Arrendamientos de Locales Comerciales que espera debatir la próxima semana la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, para llevarla a plenaria en junio, según adelantó el diputado Tito Oviedo.
El presidente de Cavececo, Alfredo Cohen, informó que el gremio está colaborando con la comisión parlamentaria en la elaboración de esta ley que pretende regular todos los alquileres comerciales, luego de que hace poco más de un mes los invitaron a una reunión para solicitar sus opiniones al respecto.
"En una reunión, a la cual asistimos la directora ejecutiva de Cavececo, Claudia Itriago, y yo, les explicamos el funcionamiento de los centros comerciales. Fue un encuentro muy cordial en el cual los diputados se mostraron muy abiertos, por lo que estamos seguros de que van a tomar en cuenta nuestros aportes", dijo.
El presidente de Cavececo prevé que "la regulación no será igual para todo el mundo y se clasificarán los espacios comerciales".
El promotor recordó que "los centros comerciales son apenas una pequeña minoría dentro del universo que pretende regular esta nueva ley de alquileres".
Quioscos, edificaciones de uso educacional y médico asistencial, galpones, estacionamientos, oficinas y cualquier local comercial también estarán sujetos a la norma, una vez que se promulgue.
El vocero explicó que incluso existen diferencias entre los diversos tipos de centros comerciales que hay en el país, por lo que Cavececo está realizando una clasificación del sector, a petición de la Comisión de Administración y Servicios de la AN. "No es lo mismo un centro comercial de cuatro locales que uno de 200 con estacionamiento interno", dijo.
Aunque el diputado Oviedo informó que la semana que viene se aprobará esta ley, para llevarla a la plenaria, Cohen considera que "el debate no será tan rápido porque el consenso debe ser mayor".
Harán observaciones
A comienzos de marzo de este año, la Comisión de Administración y Servicios informó que inició la revisión y discusión del anteproyecto de ley, cuyo "texto es un complemento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda que fue aprobada en noviembre de 2011".
Cohen adelantó que Cavececo hará observaciones sobre algunos artículos, conjuntamente con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), pero será en dos semanas cuando sus asesores legales terminarán el informe.
Al representante de los centros comerciales le parece "poco lógico que se esté hablando de dos años para revisar los cánones, aunque la inflación esté disminuyendo porque cada año se ajusta la Unidad Tributaria".
El presidente de Cavececo espera que la regulación no afecte la rentabilidad del negocio ni desestimule las inversiones en centros comerciales.
En marzo, Aquiles Martini, presidente de la CIV, advirtió en este diario que "si esta ley de alquileres se parece a la de arrendamientos para viviendas (...) caerán las inversiones en este nicho".
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Regularán alquileres de 500 mil comercios
La Ley de Alquileres de Locales se adapta al modelo socialista
Regularán alquileres de 500 mil comercios
De acuerdo con el anteproyecto de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que actualmente discute la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, los depósitos para los establecimientos arrendados no podrá exceder de tres meses.
Según reza el artículo referido “cuando se constituya depósito en dinero para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, éste no podrá exceder del equivalente a la suma de tres mensualidades del canon de arrendamiento”.
Al respecto Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), explica que la Ley vigente permite hasta cuatro meses, aunque aclara que “lo que se estila comercialmente son tres”.
Por otra parte, el diputado por el Psuv, Algencio Monasterios, integrante de la Comisión de Administración y Servicios, indicó que de acuerdo con la Asociación de Arrendadores de Locales Comerciales existen unos 500 mil locales en condición de arrendamiento comercial, los cuales comenzarían a regirse por esta legislación tras ser sancionada.
“En la Comisión ya hizo la solicitud una asociación que agrupa un grueso número de este sector, se habla de más de 500 mil locales en situación de arrendamiento, ya sea para la actividad comercial, educativa o profesional”, agregó el parlamentario.
El texto expresa que el contrato de alquiler tendrá una duración mínima de dos años, pudiendo el arrendatario manifestar antes de la culminación del año, su voluntad de no continuar con el contrato sin el perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes.
Ante esta posibilidad, Orta considera que el tiempo debería “dejársele a la autonomía de la partes”, pues “si alguien quiere estar en un local provisionalmente por un año no se le debería incidir en eso”.
Según el anteproyecto queda prohibido el subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados al funcionamiento o desarrollo de actividades económicas, comerciales, afines y conexas; realizado sin la autorización expresa y escrita del arrendador, así como el cobro del canon en moneda extranjera, “los contratos se celebrarán en moneda de curso legal nacional”, reza el artículo.
El texto también hace mención a la figura de los peritos tasadores, quienes serán designados por la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, afines y conexos para estimar el valor del bien mueble o inmueble.
La normativa señala que luego de sancionada las personas naturales o jurídicas cuya actividad principal sea gestionar o administrar inmuebles para el arrendamiento, tendrá un lapso de 180 días “hábiles” para registrarse ante la oficina respectiva de la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, afines y conexos de su domicilio.
Panorama
29-05-2012
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Regularán alquileres de 500 mil comercios
De acuerdo con el anteproyecto de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que actualmente discute la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, los depósitos para los establecimientos arrendados no podrá exceder de tres meses.
Según reza el artículo referido “cuando se constituya depósito en dinero para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, éste no podrá exceder del equivalente a la suma de tres mensualidades del canon de arrendamiento”.
Al respecto Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), explica que la Ley vigente permite hasta cuatro meses, aunque aclara que “lo que se estila comercialmente son tres”.
Por otra parte, el diputado por el Psuv, Algencio Monasterios, integrante de la Comisión de Administración y Servicios, indicó que de acuerdo con la Asociación de Arrendadores de Locales Comerciales existen unos 500 mil locales en condición de arrendamiento comercial, los cuales comenzarían a regirse por esta legislación tras ser sancionada.
“En la Comisión ya hizo la solicitud una asociación que agrupa un grueso número de este sector, se habla de más de 500 mil locales en situación de arrendamiento, ya sea para la actividad comercial, educativa o profesional”, agregó el parlamentario.
El texto expresa que el contrato de alquiler tendrá una duración mínima de dos años, pudiendo el arrendatario manifestar antes de la culminación del año, su voluntad de no continuar con el contrato sin el perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes.
Ante esta posibilidad, Orta considera que el tiempo debería “dejársele a la autonomía de la partes”, pues “si alguien quiere estar en un local provisionalmente por un año no se le debería incidir en eso”.
Según el anteproyecto queda prohibido el subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados al funcionamiento o desarrollo de actividades económicas, comerciales, afines y conexas; realizado sin la autorización expresa y escrita del arrendador, así como el cobro del canon en moneda extranjera, “los contratos se celebrarán en moneda de curso legal nacional”, reza el artículo.
El texto también hace mención a la figura de los peritos tasadores, quienes serán designados por la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, afines y conexos para estimar el valor del bien mueble o inmueble.
La normativa señala que luego de sancionada las personas naturales o jurídicas cuya actividad principal sea gestionar o administrar inmuebles para el arrendamiento, tendrá un lapso de 180 días “hábiles” para registrarse ante la oficina respectiva de la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, afines y conexos de su domicilio.
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29-05-2012
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Grave error que Gobierno controle alquiler de locales
Roberto Orta Martínez, considera que se quiere centralizar todo y lo que se ha generado es un caos
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, considera que la intención del Gobierno de controlar los alquileres de los locales comerciales es un grave error porque se quiere centralizando el mercado de alquileres.
"Se está repitiendo el grave error de la Ley de Arrendamientos. Se quiere centralizar todo y lo que se ha generado es un caos que no ha beneficiado ni a propietarios ni a inquilinos", comentó Orta.
Recordó que a seis meses de la aprobación de la Ley de Arrendamientos no se ha fijado el valor de reposición de los alquileres, no existen entes descentralizados que puedan llevar a cabo los trámites que se encuentran colapsados porque todo se lleva a través de una instancia central.
En el caso de la regulación de los locales comerciales, el proyecto plantea que estos deberán pasar por una Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario que fijará los cánones que podrán cobrar los dueños de los establecimientos.
En todo caso, Orta Martínez espera que tengan espacio en la discusión de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que se encuentra en papel de trabajo en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Unión Radio
28-05-2012
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"Se está repitiendo el grave error de la Ley de Arrendamientos. Se quiere centralizar todo y lo que se ha generado es un caos que no ha beneficiado ni a propietarios ni a inquilinos", comentó Orta.
Recordó que a seis meses de la aprobación de la Ley de Arrendamientos no se ha fijado el valor de reposición de los alquileres, no existen entes descentralizados que puedan llevar a cabo los trámites que se encuentran colapsados porque todo se lleva a través de una instancia central.
En el caso de la regulación de los locales comerciales, el proyecto plantea que estos deberán pasar por una Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario que fijará los cánones que podrán cobrar los dueños de los establecimientos.
En todo caso, Orta Martínez espera que tengan espacio en la discusión de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que se encuentra en papel de trabajo en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Unión Radio
28-05-2012
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Apiur pide discutir la ley de arrendamiento comercial
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Poleo, dijo que esperan ser convocados a la redacción de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario, antes que el instrumento sea aprobado.
A su juicio se quiere centralizar las funciones en la Dirección Nacional de Arrendamiento Comercial, que tendría todas las funciones de las alcaldías en el tema. Dijo que de 335 oficinas de inquilinato, se pasó a una por estado, “lo que ha causado un gran caos” y teme que esto pueda pasar en este sector también.
“Nosotros esperamos que se abra la discusión, que seamos convocados, como fuimos en un principio en la Asamblea Nacional, pero a participar en la redacción de la ley, a discutir, que se vean los diferentes enfoques”, en Actualidad de Unión Radio.
Orta Poleo, explicó que no solo se trata de regular los centros comerciales sino las pequeñas oficinas y locales que están en los centros comerciales.
Fuente: Ivette Janzen / http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=111601&tpC.
Informe21
28-05-2012
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A su juicio se quiere centralizar las funciones en la Dirección Nacional de Arrendamiento Comercial, que tendría todas las funciones de las alcaldías en el tema. Dijo que de 335 oficinas de inquilinato, se pasó a una por estado, “lo que ha causado un gran caos” y teme que esto pueda pasar en este sector también.
“Nosotros esperamos que se abra la discusión, que seamos convocados, como fuimos en un principio en la Asamblea Nacional, pero a participar en la redacción de la ley, a discutir, que se vean los diferentes enfoques”, en Actualidad de Unión Radio.
Orta Poleo, explicó que no solo se trata de regular los centros comerciales sino las pequeñas oficinas y locales que están en los centros comerciales.
Fuente: Ivette Janzen / http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=111601&tpC.
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Ley de Arrendamientos de Locales Comerciales va a plenaria en junio
Ley de Arrendamientos de Locales Comerciales va a plenaria en junio
Ha avanzado satisfactoriamente a la fecha, afirmó; hay muchas propuestas para nutrir el instrumento así como diversas denuncias contra arrendadores y arrendadoras que aumentan de forma desmedida el canon de arrendamiento; la normativa también contempla los locales que se arriendan para fines educativos y de salud, explicó el parlamentario a la Asamblea Nacional, en contacto telefónico con ANTV
La Ley de Control de Arrendamientos de Locales Comerciales va a debatirse en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional la próxima semana, cuando quedará lista para ir a plenaria, de acuerdo con las previsiones del diputado Tito Oviedo (PSUV-Bolívar), integrante de dicha instancia legislativa.
Suministró la información este lunes 28 de mayo durante un contacto telefónico con ANTV, en cuyo trascurso explicó que la normativa ha avanzado satisfactoriamente, y recordó que era indispensable darle vida a este instrumento al derogarse la llamada ley Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos) una vez promulgada la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (sancionada en la AN el 10 de noviembre de 2011).
Hay muchas propuestas para nutrir el instrumento así como diversas denuncias contra arrendadores y arrendadoras que aumentan de forma desmedida el canon de arrendamiento, y esta es una variable que redunda en el aumento del índice inflacionario, alegó el parlamentario socialista. Igualmente incluye locales que se arriendan con fines educativos y de salud, expuso.
Luego de que la Ley Control de Arrendamientos de Locales Comerciales quede aprobada en la Comisión Permanente de Administración y Servicios se llevará a plenaria y luego a consulta pública, reiteró Oviedo.
El tratamiento es distinto, aclaró al compararla con la de vivienda, porque este es un bien social; no obstante, no son permisibles los altos márgenes de ganancia, no debe abusarse, no debe haber lugar para la especulación, adujo.
En relación con el canon de arrendamiento, señaló que se están tomando en consideración distintos aspectos, como por ejemplo, locales arrendados para actividades industriales, y si se trata de insumos nacionales o importados. Celebró la creación de la Comisión Nacional para Locales Comerciales contemplada en el instrumento.
Vislumbró que con esta herramienta legal pasará lo mismo que ocurrió con la Ley de Arrendamientos de Viviendas, en cuanto a los ataques de la bancada de la derecha.
ANTV/COP
29-05-2012
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Lunes, 28 de Mayo de 2012
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Ha avanzado satisfactoriamente a la fecha, afirmó; hay muchas propuestas para nutrir el instrumento así como diversas denuncias contra arrendadores y arrendadoras que aumentan de forma desmedida el canon de arrendamiento; la normativa también contempla los locales que se arriendan para fines educativos y de salud, explicó el parlamentario a la Asamblea Nacional, en contacto telefónico con ANTV
La Ley de Control de Arrendamientos de Locales Comerciales va a debatirse en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional la próxima semana, cuando quedará lista para ir a plenaria, de acuerdo con las previsiones del diputado Tito Oviedo (PSUV-Bolívar), integrante de dicha instancia legislativa.
Suministró la información este lunes 28 de mayo durante un contacto telefónico con ANTV, en cuyo trascurso explicó que la normativa ha avanzado satisfactoriamente, y recordó que era indispensable darle vida a este instrumento al derogarse la llamada ley Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos) una vez promulgada la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (sancionada en la AN el 10 de noviembre de 2011).
Hay muchas propuestas para nutrir el instrumento así como diversas denuncias contra arrendadores y arrendadoras que aumentan de forma desmedida el canon de arrendamiento, y esta es una variable que redunda en el aumento del índice inflacionario, alegó el parlamentario socialista. Igualmente incluye locales que se arriendan con fines educativos y de salud, expuso.
Luego de que la Ley Control de Arrendamientos de Locales Comerciales quede aprobada en la Comisión Permanente de Administración y Servicios se llevará a plenaria y luego a consulta pública, reiteró Oviedo.
El tratamiento es distinto, aclaró al compararla con la de vivienda, porque este es un bien social; no obstante, no son permisibles los altos márgenes de ganancia, no debe abusarse, no debe haber lugar para la especulación, adujo.
En relación con el canon de arrendamiento, señaló que se están tomando en consideración distintos aspectos, como por ejemplo, locales arrendados para actividades industriales, y si se trata de insumos nacionales o importados. Celebró la creación de la Comisión Nacional para Locales Comerciales contemplada en el instrumento.
Vislumbró que con esta herramienta legal pasará lo mismo que ocurrió con la Ley de Arrendamientos de Viviendas, en cuanto a los ataques de la bancada de la derecha.
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Ecarri calificó como un “asalto” los desalojos en Catia
ND.- Antonio Ecarri, dirigente de la Unidad en Caracas, rechazó los desalojos arbitrarios a varios comercios en Catia, y calificó la medida como un asalto a la propiedad privada y al libre ejercicio de la actividad económica. “Esto no es más que un asalto por parte del alcalde Jorge Rodríguez y el Gobierno Nacional”, dijo.
A su juicio, “han abusado, como siempre, de la buena fe de los comerciantes; pequeños y medianos emprendedores que viven de esto y han trabajado por años para beneficiar a personas de esas comunidades brindándoles empleos dignos”.
Ecarri, también coordinador general político de Proyecto Venezuela, señaló que la medida se convierte en un nuevo golpe para la gente más humilde.
“Los vecinos de Catia se reunieron en febrero con Jorge Rodríguez, también tuvieron un encuentro con Aristóbulo Istúriz y ellos se comprometieron a hacer los estudios de suelo necesarios para evaluar si realmente existen las condiciones necesarias para levantar ahí viviendas, sin poner en riesgo a los ciudadanos. ¿Cuál fue el verdadero resultado? Los traicionaron, los asaltaron en su buena fe y se metieron en los locales comerciales destruyendo años de trabajo y esfuerzo. Lo peor de todo esto es que a estas alturas no han hecho los estudios serios para construir viviendas y pretenden hacer casas que, sin duda alguna, podrán en riesgo a las personas que las habiten; todo por tratar de ganar votos porque estamos en año electoral, aprovechándose de las necesidades y carencias de la gente que este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver”, señaló, según una nota de prensa.
“Es que aun cuando existieran las condiciones para levantar casas allí, que repetimos: no las hay, la arbitrariedad con la que actuaron es lo que más indigna. Actuaron entre gallos y media noche y dejaron a decenas de familia en blanco”, agregó.
El dirigente comunitario indicó que desde Proyecto Venezuela están muy preocupados por la situación que afecta a más de 100 familias de la parroquia Sucre entre ellos los ubicados en la calle Panamerican, Alta Vista y Los Magallanes de Catia, y anunció que emprenderán acciones legales para darle todo el apoyo jurídico que necesiten para resolver el conflicto. “No están solos en esta lucha. El hecho de que este gobierno irresponsable actúe de manera inconsulta, lesionando a un pueblo indefenso ante las acciones de un estado represor, no significa que los dejaremos a la buena de Dios”.
ND
29-05-2012
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Ecarri, también coordinador general político de Proyecto Venezuela, señaló que la medida se convierte en un nuevo golpe para la gente más humilde.
“Los vecinos de Catia se reunieron en febrero con Jorge Rodríguez, también tuvieron un encuentro con Aristóbulo Istúriz y ellos se comprometieron a hacer los estudios de suelo necesarios para evaluar si realmente existen las condiciones necesarias para levantar ahí viviendas, sin poner en riesgo a los ciudadanos. ¿Cuál fue el verdadero resultado? Los traicionaron, los asaltaron en su buena fe y se metieron en los locales comerciales destruyendo años de trabajo y esfuerzo. Lo peor de todo esto es que a estas alturas no han hecho los estudios serios para construir viviendas y pretenden hacer casas que, sin duda alguna, podrán en riesgo a las personas que las habiten; todo por tratar de ganar votos porque estamos en año electoral, aprovechándose de las necesidades y carencias de la gente que este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver”, señaló, según una nota de prensa.
“Es que aun cuando existieran las condiciones para levantar casas allí, que repetimos: no las hay, la arbitrariedad con la que actuaron es lo que más indigna. Actuaron entre gallos y media noche y dejaron a decenas de familia en blanco”, agregó.
El dirigente comunitario indicó que desde Proyecto Venezuela están muy preocupados por la situación que afecta a más de 100 familias de la parroquia Sucre entre ellos los ubicados en la calle Panamerican, Alta Vista y Los Magallanes de Catia, y anunció que emprenderán acciones legales para darle todo el apoyo jurídico que necesiten para resolver el conflicto. “No están solos en esta lucha. El hecho de que este gobierno irresponsable actúe de manera inconsulta, lesionando a un pueblo indefenso ante las acciones de un estado represor, no significa que los dejaremos a la buena de Dios”.
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Ley de Alquiler de Locales fija multas de hasta Bs 36 mil
Si se incumple norma sobre depósitos la sanción será de Bs 27 mil
El incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial implicará multas de hasta 36.000 bolívares.
La propuesta que prepara la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional señala que el Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Arrendamientos, se encargará de fijar las rentas a cobrar por los propietarios de los locales comerciales y revisará los contratos de alquiler.
El anteproyecto señala que si los propietarios de los inmuebles no cumplen con los artículos previstos con los pagos de los cánones de arrendamiento y realizan cobros indebidos a los arrendatarios tendrán multas que oscilarán entre 300 y 400 Unidades Tributarias (27.000 y 36.000 bolívares).
Para el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con los depósitos, fianzas y goces pacíficos de los inmuebles las sanciones estarán entre 200 y 300 Unidades Tributarias (18.000 y 27.000 bolívares).
Los cobros por exhibiciones de los inmuebles y las violaciones a los artículos sobre las reparaciones tendrán multas de 100 a 200 Unidades Tributarias (9.000 a 18.000 bolívares). MAH
El Universal
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La propuesta que prepara la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional señala que el Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Arrendamientos, se encargará de fijar las rentas a cobrar por los propietarios de los locales comerciales y revisará los contratos de alquiler.
El anteproyecto señala que si los propietarios de los inmuebles no cumplen con los artículos previstos con los pagos de los cánones de arrendamiento y realizan cobros indebidos a los arrendatarios tendrán multas que oscilarán entre 300 y 400 Unidades Tributarias (27.000 y 36.000 bolívares).
Para el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con los depósitos, fianzas y goces pacíficos de los inmuebles las sanciones estarán entre 200 y 300 Unidades Tributarias (18.000 y 27.000 bolívares).
Los cobros por exhibiciones de los inmuebles y las violaciones a los artículos sobre las reparaciones tendrán multas de 100 a 200 Unidades Tributarias (9.000 a 18.000 bolívares). MAH
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Alquileres para vivienda pasan a la historia
Encontrar una casa o apartamento para alquilar pasó a la historia. Buscar es perder el tiempo. La oferta de inmuebles residenciales "es prácticamente inexistente". El más reciente estudio de comportamiento del mercado inmobiliario elaborado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela así lo revela
El mercado medido hasta marzo 2012 revela que la actividad de alquilar de viviendas "es menos de uno por ciento" en todo el territorio nacional. Se muestra que el arrendamiento cayó 45 por ciento entre enero y marzo. En promedio 24,6 por ciento menos que el mismo período 2011.
La causa: la vigencia de la nueva ley de Arrendamiento que este 12 de mayo cumple seis meses y que de entrada impuso a los propietarios de inmuebles destinados al alquiler residencial el valor de arrendamiento, las condiciones para arrendar, la obligación de vender a sus inquilinos así como los precios de esa venta, a cambio de sanciones y hasta expropiaciones de no cumplir las nuevas reglas.
Disfuncional
La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda destacó a mediados de abril que solo cinco mil 700 inquilinos están inscritos en el registro de contratos de alquiler, de los 750 mil que el diputado Diosdado Cabello aseguró existían en Venezuela cuando presentó la ley en 2011.
La cifra no representa ni el uno por ciento del universo inicial. El plazo para que todos los inquilinos y propietarios en relación de arrendamiento se registraran venció el 12 de febrero pasado, por lo que en teoría la relación de alquiler que no se notificó y las que se celebran después de esta fecha están fuera de la ley.
Hasta hoy, la Superintendencia tampoco cumple con la ley pues aún no fija el precio de los cánones de arrendamiento. La Cámara Inmobiliaria destaca que el Banco Central de Venezuela, responsable de establecer el valor de reposición de las viviendas, no ha dado a conocer la escala necesaria para la aplicación de la fórmula que establece los precios, principal objetivo de la norma.
Caída
-1 % es la oferta actual de viviendas para alquilar en el mercado según la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. El último trimestre de 2011 la oferta era de 3 %.
Oferta de Venezuela por zonas
Norte -23 %
Sur -45 %
Este -25 %
Oeste -14%
Centro -16 %
Promedio general: -24,6 %
PIEZAS
Sabías Que…
No se está haciendo
La Superintendencia de Arrendamiento no está fijando los precios de los alquileres como lo establece la nueva ley. El Ministerio de Hábitat y Vivienda usó la tradicional resolución para congelar por seis meses más los alquileres residenciales.
El Análisis
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela
La nueva ley de Arrendamiento es inoperante
"La mayor demostración del fracaso de esta ley es que volvieron a usar una resolución oficial para congelar por seis meses más los alquileres residenciales. Eso quiere decir que la ley es inoperante, no está regulando los alquileres.
Esta ley hay que derogarla porque no sirve, no hay manera de arreglar los entuertos que creó. Al final del camino vemos que no es verdad que esta ley iba a resolver el problema inquilinario.
Esta ley acabó con el mercado inmobiliario. Aún recuerdo cuando se le advirtió a la comisión de la Asamblea Nacional que la redactó que así sería y su respuesta fue que la ley era ideológica y política, que nada tiene que ver con la lógica".
La verdad
30-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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hmedina30@yahoo.es
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El mercado medido hasta marzo 2012 revela que la actividad de alquilar de viviendas "es menos de uno por ciento" en todo el territorio nacional. Se muestra que el arrendamiento cayó 45 por ciento entre enero y marzo. En promedio 24,6 por ciento menos que el mismo período 2011.
La causa: la vigencia de la nueva ley de Arrendamiento que este 12 de mayo cumple seis meses y que de entrada impuso a los propietarios de inmuebles destinados al alquiler residencial el valor de arrendamiento, las condiciones para arrendar, la obligación de vender a sus inquilinos así como los precios de esa venta, a cambio de sanciones y hasta expropiaciones de no cumplir las nuevas reglas.
Disfuncional
La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda destacó a mediados de abril que solo cinco mil 700 inquilinos están inscritos en el registro de contratos de alquiler, de los 750 mil que el diputado Diosdado Cabello aseguró existían en Venezuela cuando presentó la ley en 2011.
La cifra no representa ni el uno por ciento del universo inicial. El plazo para que todos los inquilinos y propietarios en relación de arrendamiento se registraran venció el 12 de febrero pasado, por lo que en teoría la relación de alquiler que no se notificó y las que se celebran después de esta fecha están fuera de la ley.
Hasta hoy, la Superintendencia tampoco cumple con la ley pues aún no fija el precio de los cánones de arrendamiento. La Cámara Inmobiliaria destaca que el Banco Central de Venezuela, responsable de establecer el valor de reposición de las viviendas, no ha dado a conocer la escala necesaria para la aplicación de la fórmula que establece los precios, principal objetivo de la norma.
Caída
-1 % es la oferta actual de viviendas para alquilar en el mercado según la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. El último trimestre de 2011 la oferta era de 3 %.
Oferta de Venezuela por zonas
Norte -23 %
Sur -45 %
Este -25 %
Oeste -14%
Centro -16 %
Promedio general: -24,6 %
PIEZAS
Sabías Que…
No se está haciendo
La Superintendencia de Arrendamiento no está fijando los precios de los alquileres como lo establece la nueva ley. El Ministerio de Hábitat y Vivienda usó la tradicional resolución para congelar por seis meses más los alquileres residenciales.
El Análisis
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela
La nueva ley de Arrendamiento es inoperante
"La mayor demostración del fracaso de esta ley es que volvieron a usar una resolución oficial para congelar por seis meses más los alquileres residenciales. Eso quiere decir que la ley es inoperante, no está regulando los alquileres.
Esta ley hay que derogarla porque no sirve, no hay manera de arreglar los entuertos que creó. Al final del camino vemos que no es verdad que esta ley iba a resolver el problema inquilinario.
Esta ley acabó con el mercado inmobiliario. Aún recuerdo cuando se le advirtió a la comisión de la Asamblea Nacional que la redactó que así sería y su respuesta fue que la ley era ideológica y política, que nada tiene que ver con la lógica".
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Multas de hasta 400 unidades tributarias por sobreprecio en locales
Jessica Velásquez
En el anteproyecto de la de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial a la que tuvo acceso este rotativo, se establece que las sanciones para quienes incumplan con lo determinado en el documento legal partirán desde 100 hasta 400 unidades tributarias; es decir, desde Bs. 9.600 hasta Bs. 38.400.
La Asamblea Nacional trabaja actualmente en el anteproyecto que tiene como fin contribuir con la disminución de la inflación y la eliminación de la especulación. Esta normativa “completaría todo lo relacionado con el alquiler de inmuebles”.
La Comisión de Administración y Servicios, luego de haber recibido “innumerables denuncias”, relacionadas con el incremento exagerado en los cánones de arrendamiento de este sector, “lo que repercute en costos y precios justos de productos y servicios”, presentarán en las próximas semanas la norma que permita “proteger la estabilidad de los ciudadanos”.
Entre las sanciones que dicta la legislación se encuentran el pago de multa para quienes incumplan con la cancelación a través de una cuenta bancaria destinada para el depósito del canon de arrendamiento, así como el cobro indebido del mismo.
De acuerdo con la exposición de motivos y al anteproyecto de la nueva legislación, el objetivo fundamental es regular la situación jurídica aplicable al arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados al funcionamiento o desarrollo de actividades económicas, comerciales, afines y conexas, que sean arrendados con la finalidad de realizar actividades productivas.
El diputado por el Psuv, Elio Serrano, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, explicó que la Ley de Arrendamiento de Viviendas derogó parcialmente la anterior, sin embargo, queda una parte que no se ha culminado que tiene que ver con el arrendamiento distinto a las viviendas, “por eso requerimos hacer un ordenamiento que permita actualizar y derogar la anterior”, indicó.
La normativa se aplicará a locales ubicados en centros comerciales, quioscos, locales tipo stand, edificaciones de uso educacional, edificaciones de uso médico asistencial, galpones, estacionamientos, oficinas, y otros centros comerciales, afines y conexos.
Asimismo, establece la creación de la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, afines y conexas, adscrito al Ministerio de Comercio y cuyas atribuciones serán nombrar, coordinar y dirigir la creación de las Direcciones de cada estado, municipio de inquilinato.
También fijará, ejecutará y controlará el canon de arrendamiento, podrá imponer las sanciones establecidas, y deberá crear un registro nacional de inmuebles urbanos y suburbanos arrendados, destinados a actividades comerciales.
Para la fijación del canon, el anteproyecto señala que se tomará como base el “desenvolvimiento del sector de arrendamiento inmobiliario comercial, utilizando como medida, el índice de precios de locales comerciales afines y conexos (Iplc), establecido por el Banco Central de Venezuela.
Aunque la Cámara Inmobiliaria Venezolana fue invitada a participar en una reunión en el seno de la Comisión para recibir sus aportes, aún no existía para el momento un proyecto específico, sin embargo, desde ya señalan que “será el mismo fracaso y la misma anarquía que ha generado la ley de alquileres, que a casi 7 meses de aprobada aún nadie en Venezuela está cumpliendo la ley”.
Según su presidente, Aquiles Martini, “son leyes que no estimulan al sector privado y el Gobierno lo que hace es tomar control de la economía en su totalidad”.
El vocero del sector inmobiliario sostiene que este tipo de normativas “generan más centralismo y más burocratismo” y considera que “el Estado no está para controlar sino para estimular aquellos grupos de personas que hagan convenios entre las partes”.
Por su parte, el diputado Serrano indicó que ya el anteproyecto fue aprobado en el seno de la comisión, por lo que tienen previsto entregarlo “esta semana” a la directiva de la Asamblea Nacional para que ellos decidan cuando traerla a plenaria.
“Una vez que se discuta en primera discusión, tenemos la expectativa de aprobarla antes de concluir este período en agosto”.
Panorama
28-05-2012
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En el anteproyecto de la de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial a la que tuvo acceso este rotativo, se establece que las sanciones para quienes incumplan con lo determinado en el documento legal partirán desde 100 hasta 400 unidades tributarias; es decir, desde Bs. 9.600 hasta Bs. 38.400.
La Asamblea Nacional trabaja actualmente en el anteproyecto que tiene como fin contribuir con la disminución de la inflación y la eliminación de la especulación. Esta normativa “completaría todo lo relacionado con el alquiler de inmuebles”.
La Comisión de Administración y Servicios, luego de haber recibido “innumerables denuncias”, relacionadas con el incremento exagerado en los cánones de arrendamiento de este sector, “lo que repercute en costos y precios justos de productos y servicios”, presentarán en las próximas semanas la norma que permita “proteger la estabilidad de los ciudadanos”.
Entre las sanciones que dicta la legislación se encuentran el pago de multa para quienes incumplan con la cancelación a través de una cuenta bancaria destinada para el depósito del canon de arrendamiento, así como el cobro indebido del mismo.
De acuerdo con la exposición de motivos y al anteproyecto de la nueva legislación, el objetivo fundamental es regular la situación jurídica aplicable al arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados al funcionamiento o desarrollo de actividades económicas, comerciales, afines y conexas, que sean arrendados con la finalidad de realizar actividades productivas.
El diputado por el Psuv, Elio Serrano, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, explicó que la Ley de Arrendamiento de Viviendas derogó parcialmente la anterior, sin embargo, queda una parte que no se ha culminado que tiene que ver con el arrendamiento distinto a las viviendas, “por eso requerimos hacer un ordenamiento que permita actualizar y derogar la anterior”, indicó.
La normativa se aplicará a locales ubicados en centros comerciales, quioscos, locales tipo stand, edificaciones de uso educacional, edificaciones de uso médico asistencial, galpones, estacionamientos, oficinas, y otros centros comerciales, afines y conexos.
Asimismo, establece la creación de la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, afines y conexas, adscrito al Ministerio de Comercio y cuyas atribuciones serán nombrar, coordinar y dirigir la creación de las Direcciones de cada estado, municipio de inquilinato.
También fijará, ejecutará y controlará el canon de arrendamiento, podrá imponer las sanciones establecidas, y deberá crear un registro nacional de inmuebles urbanos y suburbanos arrendados, destinados a actividades comerciales.
Para la fijación del canon, el anteproyecto señala que se tomará como base el “desenvolvimiento del sector de arrendamiento inmobiliario comercial, utilizando como medida, el índice de precios de locales comerciales afines y conexos (Iplc), establecido por el Banco Central de Venezuela.
Aunque la Cámara Inmobiliaria Venezolana fue invitada a participar en una reunión en el seno de la Comisión para recibir sus aportes, aún no existía para el momento un proyecto específico, sin embargo, desde ya señalan que “será el mismo fracaso y la misma anarquía que ha generado la ley de alquileres, que a casi 7 meses de aprobada aún nadie en Venezuela está cumpliendo la ley”.
Según su presidente, Aquiles Martini, “son leyes que no estimulan al sector privado y el Gobierno lo que hace es tomar control de la economía en su totalidad”.
El vocero del sector inmobiliario sostiene que este tipo de normativas “generan más centralismo y más burocratismo” y considera que “el Estado no está para controlar sino para estimular aquellos grupos de personas que hagan convenios entre las partes”.
Por su parte, el diputado Serrano indicó que ya el anteproyecto fue aprobado en el seno de la comisión, por lo que tienen previsto entregarlo “esta semana” a la directiva de la Asamblea Nacional para que ellos decidan cuando traerla a plenaria.
“Una vez que se discuta en primera discusión, tenemos la expectativa de aprobarla antes de concluir este período en agosto”.
Panorama
28-05-2012
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Sunavi y TSJ activaron cruce de datos de inquilinos
La Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya activaron el cruce de datos de inquilinos que cancelaban el canon en el Tribunal 25° del Área Metropolitana de Caracas, eso como primer paso para retomar el mecanismo de pagos, que ahora será competencia de la Sunavi.
El trámite, en principio, es que la Sunavi solicite a través de esa coordinación con el TSJ una solvencia de pago de los inquilinos que pagaban en tribunales. La solvencia aún no la está dando la superintendencia porque esa instancia debe solicitarla primero al TSJ. Los arrendatarios que acuden a las Sunavi dejan sus datos, número de expediente y con esa información se solicita la solvencia; una vez que el documento esté listo, se retoma el proceso de consignación de pagos en la cuenta que se disponga de acuerdo con el caso, en la de los propietarios o en la que abra la Sunavi.
El proceso será paulatino, pues la Ley de Arrendamiento da plazo de un año para que se haga la transferencia de ese trámite a la Sunavi. Además, el TSJ dictó medida para que los inquilinos no caigan en insolvencia mientras se hace la adecuación. "No es imputable al arrendador", resaltaron voceros del Movimiento de Inquilinos.
Entorno Inteligente
29-05-2012
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El trámite, en principio, es que la Sunavi solicite a través de esa coordinación con el TSJ una solvencia de pago de los inquilinos que pagaban en tribunales. La solvencia aún no la está dando la superintendencia porque esa instancia debe solicitarla primero al TSJ. Los arrendatarios que acuden a las Sunavi dejan sus datos, número de expediente y con esa información se solicita la solvencia; una vez que el documento esté listo, se retoma el proceso de consignación de pagos en la cuenta que se disponga de acuerdo con el caso, en la de los propietarios o en la que abra la Sunavi.
El proceso será paulatino, pues la Ley de Arrendamiento da plazo de un año para que se haga la transferencia de ese trámite a la Sunavi. Además, el TSJ dictó medida para que los inquilinos no caigan en insolvencia mientras se hace la adecuación. "No es imputable al arrendador", resaltaron voceros del Movimiento de Inquilinos.
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29-05-2012
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Garantías para alquiler de locales comerciales serán de tres meses
La garantía será bajada de cuatro a tres meses(A.García/Archivo)
V
La propuesta de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial contempla que las garantías para alquilar los locales serán de tres meses.
Actualmente, los establecimientos se rigen por la Ley de Arrendamientos de 1999 y allí se establece que los depósitos deben ser equivalentes a cuatro meses, en la propuesta el monto se reduce.
El texto en su artículo 41 indica que "cuando se constituya depósito en dinero para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, éste no podrá exceder del equivalente a la suma de tres mensualidades del canon de arrendamiento. En ningún caso, el arrendador podrá realizar otro cobro adicional".
El mismo parámetro rige para las fianzas. La propuesta agrega que "cuando se constituya una fianza en garantía de fiel cumplimiento ésta no podrá exceder del equivalente a la suma de tres mensualidades del canon".
De acuerdo al instrumento los contratos de arrendamiento en los locales comerciales tendrán una duración de dos años y por tal motivo, cada dos años se ajustarán los alquileres.
Los términos de los contratos serán revisados por la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial y los prórrogas serán de máximo cuatro años.
Según el papel de trabajo "cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración un año o menos, se prorrogará por un lapso máximo de un año. Si la relación arrendaticia tiene una duración mayor de un año y menor de cinco, se prorrogará por un lapso máximo de dos años. Cuando la relación arrendaticia sea de cinco años y menor de 10 años se ampliará por un lapso máximo de tres años y si es entre 10 y 15 años la extensión es por cuatro años".
El Universal
29-05-2012
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V
La propuesta de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial contempla que las garantías para alquilar los locales serán de tres meses.
Actualmente, los establecimientos se rigen por la Ley de Arrendamientos de 1999 y allí se establece que los depósitos deben ser equivalentes a cuatro meses, en la propuesta el monto se reduce.
El texto en su artículo 41 indica que "cuando se constituya depósito en dinero para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, éste no podrá exceder del equivalente a la suma de tres mensualidades del canon de arrendamiento. En ningún caso, el arrendador podrá realizar otro cobro adicional".
El mismo parámetro rige para las fianzas. La propuesta agrega que "cuando se constituya una fianza en garantía de fiel cumplimiento ésta no podrá exceder del equivalente a la suma de tres mensualidades del canon".
De acuerdo al instrumento los contratos de arrendamiento en los locales comerciales tendrán una duración de dos años y por tal motivo, cada dos años se ajustarán los alquileres.
Los términos de los contratos serán revisados por la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial y los prórrogas serán de máximo cuatro años.
Según el papel de trabajo "cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración un año o menos, se prorrogará por un lapso máximo de un año. Si la relación arrendaticia tiene una duración mayor de un año y menor de cinco, se prorrogará por un lapso máximo de dos años. Cuando la relación arrendaticia sea de cinco años y menor de 10 años se ampliará por un lapso máximo de tres años y si es entre 10 y 15 años la extensión es por cuatro años".
El Universal
29-05-2012
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Ley para regular alquiler de locales estará lista en junio
VIDEO: Ley para regular alquiler de locales estará lista en junio
La Ley de Control de Arrendamientos de Locales Comerciales va a debatirse en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional la próxima semana, cuando quedará lista para ir a plenaria, de acuerdo con el diputado Tito Oviedo.
Recordó que era indispensable darle vida a este instrumento al derogarse la llamada ley Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos) una vez promulgada la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (sancionada en la AN el 10 de noviembre de 2011), reseñó ANTV.
Luego de que la Ley Control de Arrendamientos de Locales Comerciales quede aprobada en la Comisión Permanente de Administración y Servicios se llevará a plenaria y luego a consulta pública, reiteró.
El tratamiento es distinto, aclaró al compararla con la de vivienda, porque este es un bien social; no obstante, no son permisibles los altos márgenes de ganancia, no debe abusarse, no debe haber lugar para la especulación.
El Universal
29-05-2012
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La Ley de Control de Arrendamientos de Locales Comerciales va a debatirse en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional la próxima semana, cuando quedará lista para ir a plenaria, de acuerdo con el diputado Tito Oviedo.
Recordó que era indispensable darle vida a este instrumento al derogarse la llamada ley Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos) una vez promulgada la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (sancionada en la AN el 10 de noviembre de 2011), reseñó ANTV.
Luego de que la Ley Control de Arrendamientos de Locales Comerciales quede aprobada en la Comisión Permanente de Administración y Servicios se llevará a plenaria y luego a consulta pública, reiteró.
El tratamiento es distinto, aclaró al compararla con la de vivienda, porque este es un bien social; no obstante, no son permisibles los altos márgenes de ganancia, no debe abusarse, no debe haber lugar para la especulación.
El Universal
29-05-2012
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Apiur quiere discutir la ley de arrendamiento comercial
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Poleo, dijo que esperan ser convocados a la redacción de la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Comercial, antes que el instrumento sea aprobado.
A su juicio se quiere centralizar las funciones en la Dirección Nacional de Arrendamiento Comercial, que tendría todas las funciones de las alcaldías en el tema. Dijo que de 335 oficinas de inquilinato, se pasó a una por estado, “lo que ha causado un gran caos” y teme que esto pueda pasar en este sector también.
“Nosotros esperamos que si se abra la discusión, que seamos convocados, como fuimos en un principio en la Asamblea Nacional, pero a participar en la redacción de la ley, a discutir, que se vean los diferentes enfoques”, en Actualidad de Unión Radio.
Orta Poleo, explicó que no solo se trata de regular los centros comerciales sino las pequeñas oficinas y locales que están en los centros comerciales.
Respecto a la Misión Vivienda, dijo que las cifras que han dado incluyen reparaciones casas y la sustitución de los ranchos. Recalcó que los terrenos expropiados no se están pagando y el titulo de propiedad familiar no les permite “un patrimonio a la familia”.
Unionradio.net
29-05-2012
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A su juicio se quiere centralizar las funciones en la Dirección Nacional de Arrendamiento Comercial, que tendría todas las funciones de las alcaldías en el tema. Dijo que de 335 oficinas de inquilinato, se pasó a una por estado, “lo que ha causado un gran caos” y teme que esto pueda pasar en este sector también.
“Nosotros esperamos que si se abra la discusión, que seamos convocados, como fuimos en un principio en la Asamblea Nacional, pero a participar en la redacción de la ley, a discutir, que se vean los diferentes enfoques”, en Actualidad de Unión Radio.
Orta Poleo, explicó que no solo se trata de regular los centros comerciales sino las pequeñas oficinas y locales que están en los centros comerciales.
Respecto a la Misión Vivienda, dijo que las cifras que han dado incluyen reparaciones casas y la sustitución de los ranchos. Recalcó que los terrenos expropiados no se están pagando y el titulo de propiedad familiar no les permite “un patrimonio a la familia”.
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29-05-2012
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Congelar alquileres de locales traerá desmejoras en el sector
Luego que las autoridades nacionales plantearan la posibilidad de congelar los alquileres de locales comerciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua, Héctor Gómez, señaló que el autorizar más controles traerá como consecuencia desmejoras y desmotivación en el sector.
Tomando como referencia las consecuencias que ha generado la aplicación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, explicó que el mantener una prohibición para aumentar los cánones de arrendamientos y continuar con las intermediaciones del estado en el sector privado genera mucha preocupación e incertidumbre.
Aseguró que existe mucha preocupación del inversionista y propietario porque no se aclaran cuáles podrían ser sus garantías en función del pago. “Se habla de congelar los alquileres durante dos años, en algunos casos existe especulación o abusos, pero hay que tomar en cuenta que estas leyes tienen que manejar el equilibrio entre las partes y eso es muy importante”, explicó.
A su juicio todo lo que significa control o regulación genera desmejora. Resaltó que algunas de las inquietudes del tema se basan en que se creará una comisión que manejará el peritaje y evalúo para fijar el monto de alquiler, cuestión que podría generar más burocracia y dudas en la discrecionalidad del funcionario, entre otros aspectos.
Insistió en la necesidad de que se establezcan garantías del pago en virtud de que en el caso residencial el inquilino no tiene una obligatoriedad de pago de alquiler, cuestión que agrava los problemas.
elperiodiquito.com
28-05-2012
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Aseguró que existe mucha preocupación del inversionista y propietario porque no se aclaran cuáles podrían ser sus garantías en función del pago. “Se habla de congelar los alquileres durante dos años, en algunos casos existe especulación o abusos, pero hay que tomar en cuenta que estas leyes tienen que manejar el equilibrio entre las partes y eso es muy importante”, explicó.
A su juicio todo lo que significa control o regulación genera desmejora. Resaltó que algunas de las inquietudes del tema se basan en que se creará una comisión que manejará el peritaje y evalúo para fijar el monto de alquiler, cuestión que podría generar más burocracia y dudas en la discrecionalidad del funcionario, entre otros aspectos.
Insistió en la necesidad de que se establezcan garantías del pago en virtud de que en el caso residencial el inquilino no tiene una obligatoriedad de pago de alquiler, cuestión que agrava los problemas.
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Borges: auditoría cubana reportó 16.387 casas en 2012
Muchos anuncios y pocas casas en la Misión Vivienda CRUZ SOJO
El coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, dedicó su rueda de prensa dominical a desmentir los anuncios oficiales sobre el supuesto cumplimiento de las metas en la construcción de viviendas.
En tal sentido, recordó la promesa presidencial de construir este año 200.000 viviendas, según esta cifra, para el 27 de mayo deberían haber 80.874 viviendas entregadas".
Pero la realidad es otra. A través de la "Operación Lupa" el diputado denunció que recibieron un "reporte de inspección por parte de una Delegación Cubana y al revisarlo queda en evidencia el engaño del Gobierno en su pretensión de burlarse de los venezolanos pensando en las próximas elecciones".
Aseveró que "para esa fecha se reportaron 1.204 desarrollos habitacionales en todo el país que totalizaban 141.697 viviendas, de las cuales 32.259 estaban por iniciar, 19.498 sólo tenían las fundaciones, 41.114 estaban en ejecución, 2.645 paralizadas, 2.150 invadidas, 8.370 concluidas pero con "detalles", y finalmente sólo 35.686 se contaron como concluidas pero apenas 19.883 habían sido entregadas".
Para el dirigente de PJ es insólito cómo se ha montado un "show mediático" con estos desarrollos habitacionales. Sin embargo, la realidad es que tienen un "pote" de unas 36 mil viviendas concluidas y apenas han entregado unas 20 mil. Incluso el reporte detalla que las concluidas en el 2012 apenas eran 16.387.
En más del informe cubano, detalló que del total de casas de la Misión Vivienda el 37% está por iniciar o apenas tienen las fundaciones, mientras sólo el 23% están en las fases cercanas a su culminación. "Y por si fuera poco, más de una cuarta parte de los desarrollos tienen problemas que ellos denominan afectaciones".
Según los evaluación cubana casi la mitad de estas afectaciones corresponden a falta de materiales o equipos, "al ver los detalles encontramos desde falta de cemento o estructuras metálicas hasta puertas y ventanas o techos. Se reportan casos de falta de material porque, no se encuentra en el mercado".
Adicionalmente, un 28% de las afectaciones corresponden a problemas de urbanismo y habitabilidad, "llegando incluso a mencionarse que gran cantidad de casas terminadas sin entregarse por falta de servicios urbanos. 11% de las afectaciones son por problemas laborales y el 13% restante son otros casos que van desde fallas en la ejecución, invasiones y hasta robo de materiales".
El Universal
28-05-2012
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Lic. Henry Medina
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El coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, dedicó su rueda de prensa dominical a desmentir los anuncios oficiales sobre el supuesto cumplimiento de las metas en la construcción de viviendas.
En tal sentido, recordó la promesa presidencial de construir este año 200.000 viviendas, según esta cifra, para el 27 de mayo deberían haber 80.874 viviendas entregadas".
Pero la realidad es otra. A través de la "Operación Lupa" el diputado denunció que recibieron un "reporte de inspección por parte de una Delegación Cubana y al revisarlo queda en evidencia el engaño del Gobierno en su pretensión de burlarse de los venezolanos pensando en las próximas elecciones".
Aseveró que "para esa fecha se reportaron 1.204 desarrollos habitacionales en todo el país que totalizaban 141.697 viviendas, de las cuales 32.259 estaban por iniciar, 19.498 sólo tenían las fundaciones, 41.114 estaban en ejecución, 2.645 paralizadas, 2.150 invadidas, 8.370 concluidas pero con "detalles", y finalmente sólo 35.686 se contaron como concluidas pero apenas 19.883 habían sido entregadas".
Para el dirigente de PJ es insólito cómo se ha montado un "show mediático" con estos desarrollos habitacionales. Sin embargo, la realidad es que tienen un "pote" de unas 36 mil viviendas concluidas y apenas han entregado unas 20 mil. Incluso el reporte detalla que las concluidas en el 2012 apenas eran 16.387.
En más del informe cubano, detalló que del total de casas de la Misión Vivienda el 37% está por iniciar o apenas tienen las fundaciones, mientras sólo el 23% están en las fases cercanas a su culminación. "Y por si fuera poco, más de una cuarta parte de los desarrollos tienen problemas que ellos denominan afectaciones".
Según los evaluación cubana casi la mitad de estas afectaciones corresponden a falta de materiales o equipos, "al ver los detalles encontramos desde falta de cemento o estructuras metálicas hasta puertas y ventanas o techos. Se reportan casos de falta de material porque, no se encuentra en el mercado".
Adicionalmente, un 28% de las afectaciones corresponden a problemas de urbanismo y habitabilidad, "llegando incluso a mencionarse que gran cantidad de casas terminadas sin entregarse por falta de servicios urbanos. 11% de las afectaciones son por problemas laborales y el 13% restante son otros casos que van desde fallas en la ejecución, invasiones y hasta robo de materiales".
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Stalin González y Alejandro Vivas piden a la AN investigar obras en Caracas
El Diputado de Caracas, Stalin González, junto al Presidente del Cabildo Metropolitano, Alejandro Vivas, anunció que en los próximos días solicitarán formalmente ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrir una investigación sobre el uso, manejo e inversión de los recursos otorgados a diferentes instancias de gobierno para obras de vialidad y transporte en la ciudad de Caracas, asegurando que la mayoría de dichas obrass "están paralizadas e inconclusas, como por ejemplo el Buscaracas".
Así lo enfatizó el parlamentario Stalin González al tiempo que exhortó a su homólogo Pedro Carreño, quien funge como Presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento, "a estar abierto y dispuesto para discutir e inspeccionar el por qué se siguen otorgando recursos a obras retrasadas que aún no culminan y que no tienen respuestas claras sobre la ejecución del dinero colocado para ello; tal es el caso del tan esperado Transmilenio capitalino que transportará de norte a sur, algún día, a miles de caraqueños".
El Diputado además señaló que "el Presidente de la República hace parte de este desastre de malversación de fondos públicos al aprobar más dinero a obras que aún no podemos ver ni disfrutar".
Destacó el caso emblemático del Buscaracas, que tenía planificado en su proyecto inicial una inversión de 390 millones de bolívares para cubrir 15 estaciones, las nuevas unidades de transporte, el corredor vial, los sistemas de control y los talleres de mantenimiento; "pero hoy en día, esta obra, con los créditos adicionales repartidos entre el 2009, 2011 y 2012 asciende a más de 758 millones de bolívares fuertes, que es dos veces más de lo presupuestado. Esto sin sumar los 1.490 millones de Yuanes que salieron del Fondo Chino para la compra de los BTR".
González dijo que si se realizará el cálculo de los invertido hasta ahora en seis kilómetros de ruta de ese corredor vial, las suma "sobrepasaría los 1.500 millones de bolívares", por lo que se preguntó cómo era posible "seguir invirtiendo recursos cuando además la Contraloría General de la República en noviembre de 2011 asumió por escrito, frente a nuestra petición de investigación, que hay elementos suficientes para comenzar las averiguaciones sobre dicha obra que a la fecha no presenta una rendición clara de cuentas".
"Definitivamente no hay políticas reales de vialidad y movilidad en la ciudad"
Por su parte, el Concejal Metropolitano y Presidente del Cabildo, Alejandro Vivas, consideró "irresponsable" el haber aprobado más de 1.7 millardos de bolívares sólo para la ejecución de obras de vialidad y transporte en Caracas, "cuando ha quedado claro ante los ojos de los caraqueños que los problemas en estos temas siguen vulnerando la calidad de vida de los que habitan, transitan y trabajan en la ciudad".
Vivas al igual que González, puso de ejemplo la situación en la que se encuentra el Buscaracas desde hace ya 4 años; asimismo mencionó los problemas sin resolver del nuevo Terminal Río Tuy que ha afectado la salud de usuarios y transportistas, al igual que los constantes retrasos, paralizaciones y el colapso diario que deben soportar los caraqueños al utilizar el Metro de Caracas, al cual se le venció la fecha prometida para su rehabilitación y recuperación".
Bajo este panorama incierto de obras inconclusas y proyectos no ejecutados a cabalidad, el Concejal cuestionó lo qué se ha estado haciendo con todos los recursos aprobados en los últimos años; "no hace falta ser un experto para reconocer las condiciones en las que se encuentra la movilidad y el transporte en la capital".
Vivas invitó a los caraqueños a darle seguimiento y ejercer contraloría social sobre el destino final de los recursos aprobados por el Presidente Chávez para resolver dicho tema en Caracas, "pues son un poco más de 1.7 millardos que nos pertenecen a todos por igual y que servirán, si son bien ejecutados, para mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos, por lo que esperamos pronto ver políticas reales de vialidad y transporte que tengan verdadera coherencia y que traigan consigo soluciones tangibles".
Al tiempo, aplaudió la puesta en marcha de los Corredores Viales en varias avenidas de Caracas, asumiendo con responsabilidad su efectivo funcionamiento y el cambio medianamente notable en el tráfico de ese lado de la ciudad; "esto es una suma hacia el objetivo que queremos todos los caraqueños que es tener una mejor movilidad. Sólo hacemos un llamado de atención para que esta medida este acompañadas por otras disposiciones complementarias que ayuden a sostenerlas en el tiempo y se propaguen hacia todas las calles y avenidas de la ciudad".
Finalmente, tanto el Diputado, Stalin González, como el Concejal Metropolitano, Alejandro Vivas, exhortaron al Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, abocarse y encargarse de los temas para los cuales fue electo, como lo es en este caso específico la movilidad, la vialidad y el transporte público, "pues vemos con asombro como en el área metropolitana y específicamente en el Municipio Libertador es algo catastrófico", puntualizó Vivas.
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Así lo enfatizó el parlamentario Stalin González al tiempo que exhortó a su homólogo Pedro Carreño, quien funge como Presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento, "a estar abierto y dispuesto para discutir e inspeccionar el por qué se siguen otorgando recursos a obras retrasadas que aún no culminan y que no tienen respuestas claras sobre la ejecución del dinero colocado para ello; tal es el caso del tan esperado Transmilenio capitalino que transportará de norte a sur, algún día, a miles de caraqueños".
El Diputado además señaló que "el Presidente de la República hace parte de este desastre de malversación de fondos públicos al aprobar más dinero a obras que aún no podemos ver ni disfrutar".
Destacó el caso emblemático del Buscaracas, que tenía planificado en su proyecto inicial una inversión de 390 millones de bolívares para cubrir 15 estaciones, las nuevas unidades de transporte, el corredor vial, los sistemas de control y los talleres de mantenimiento; "pero hoy en día, esta obra, con los créditos adicionales repartidos entre el 2009, 2011 y 2012 asciende a más de 758 millones de bolívares fuertes, que es dos veces más de lo presupuestado. Esto sin sumar los 1.490 millones de Yuanes que salieron del Fondo Chino para la compra de los BTR".
González dijo que si se realizará el cálculo de los invertido hasta ahora en seis kilómetros de ruta de ese corredor vial, las suma "sobrepasaría los 1.500 millones de bolívares", por lo que se preguntó cómo era posible "seguir invirtiendo recursos cuando además la Contraloría General de la República en noviembre de 2011 asumió por escrito, frente a nuestra petición de investigación, que hay elementos suficientes para comenzar las averiguaciones sobre dicha obra que a la fecha no presenta una rendición clara de cuentas".
"Definitivamente no hay políticas reales de vialidad y movilidad en la ciudad"
Por su parte, el Concejal Metropolitano y Presidente del Cabildo, Alejandro Vivas, consideró "irresponsable" el haber aprobado más de 1.7 millardos de bolívares sólo para la ejecución de obras de vialidad y transporte en Caracas, "cuando ha quedado claro ante los ojos de los caraqueños que los problemas en estos temas siguen vulnerando la calidad de vida de los que habitan, transitan y trabajan en la ciudad".
Vivas al igual que González, puso de ejemplo la situación en la que se encuentra el Buscaracas desde hace ya 4 años; asimismo mencionó los problemas sin resolver del nuevo Terminal Río Tuy que ha afectado la salud de usuarios y transportistas, al igual que los constantes retrasos, paralizaciones y el colapso diario que deben soportar los caraqueños al utilizar el Metro de Caracas, al cual se le venció la fecha prometida para su rehabilitación y recuperación".
Bajo este panorama incierto de obras inconclusas y proyectos no ejecutados a cabalidad, el Concejal cuestionó lo qué se ha estado haciendo con todos los recursos aprobados en los últimos años; "no hace falta ser un experto para reconocer las condiciones en las que se encuentra la movilidad y el transporte en la capital".
Vivas invitó a los caraqueños a darle seguimiento y ejercer contraloría social sobre el destino final de los recursos aprobados por el Presidente Chávez para resolver dicho tema en Caracas, "pues son un poco más de 1.7 millardos que nos pertenecen a todos por igual y que servirán, si son bien ejecutados, para mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos, por lo que esperamos pronto ver políticas reales de vialidad y transporte que tengan verdadera coherencia y que traigan consigo soluciones tangibles".
Al tiempo, aplaudió la puesta en marcha de los Corredores Viales en varias avenidas de Caracas, asumiendo con responsabilidad su efectivo funcionamiento y el cambio medianamente notable en el tráfico de ese lado de la ciudad; "esto es una suma hacia el objetivo que queremos todos los caraqueños que es tener una mejor movilidad. Sólo hacemos un llamado de atención para que esta medida este acompañadas por otras disposiciones complementarias que ayuden a sostenerlas en el tiempo y se propaguen hacia todas las calles y avenidas de la ciudad".
Finalmente, tanto el Diputado, Stalin González, como el Concejal Metropolitano, Alejandro Vivas, exhortaron al Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, abocarse y encargarse de los temas para los cuales fue electo, como lo es en este caso específico la movilidad, la vialidad y el transporte público, "pues vemos con asombro como en el área metropolitana y específicamente en el Municipio Libertador es algo catastrófico", puntualizó Vivas.
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Alcaldía de Libertador toma 12 galpones en Catia
Rompiendo cerraduras llegó la Alcaldía de Libertador a 12 galpones ubicados en Catia, con la orden no solo de desocupar sino de demoler los espacios.
Los locales están ubicados en la calle Panamericana, el Cristo, Los Magallanes y Segunda Avenida. La toma se está haciendo con efectivos de la Policía de Caracas y miembros de una contratista que ejecuta el procedimiento encargado por la Alcaldía de Libertador.
Se pudo conocer que uno de los espacios afectados es un depósito de Polar que está ubicado en la calle Ecuador. Además está el galpón de Transporte Ruber 3000, donde se guardan maquinarias de ingeniería civil que recientemente se han usado para obras de la Cota Mil y de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Otro de los locales es cerámicas Sucre y un galpón llamado Carlos Tocao.
Dueños y trabajadores de los galpones están desconcertados y molestos por la medida que no solo afecta a los locales, sino a varias familias que tienen dentro de ellos su lugar de residencia.
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Se pudo conocer que uno de los espacios afectados es un depósito de Polar que está ubicado en la calle Ecuador. Además está el galpón de Transporte Ruber 3000, donde se guardan maquinarias de ingeniería civil que recientemente se han usado para obras de la Cota Mil y de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Otro de los locales es cerámicas Sucre y un galpón llamado Carlos Tocao.
Dueños y trabajadores de los galpones están desconcertados y molestos por la medida que no solo afecta a los locales, sino a varias familias que tienen dentro de ellos su lugar de residencia.
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Sin derecho a viviendas
Son varios los motivos que los hicieron salir de casa. Más de 20 vecinos de los barrios El Lirio y San Rafael se congregaron en la plaza Monagas para denunciar ante TalCual lo que consideran un atropello.
Se refieren a la construcción de Ciudad La Yaguara, donde bien aplica el dicho "luz de la calle y oscuridad de la casa". Terminada la obra, se sumarán en 450 apartamentos 1.800 personas al número ya existente de los 7.500 residentes de la urbanización Vista Alegre. El colapso de los servicios públicos es uno de sus temores. Para todos "la prioridad empieza por casa", aunque así no aplique desde la Misión Vivienda.
"Demasiados problemas tenemos para que sea la gente de Nueva Tacagua la que reciba los apartamentos de Ciudad La Yaguara. Se supone que la prioridad debe empezar con nosotros, que tenemos más de 15 o 20 años viviendo en El Lirio y San Rafael", destacó Iris Cadenas, quien no tiene nada que agradecer.
Cadenas es madre soltera y vive alquilada con sus cinco hijos menores de edad en el barrio San Rafael. De su sueldo mínimo paga mensualmente Bs 900, que bien podría representar una cuota mensual para el pago de una vivienda propia en Ciudad La Yaguara, si el Gobierno la admitiera.
Con menos suerte, Meibis Virgüez vende suplementos nutrientes por catálogo para tratar de sobrevivir. Pese a esto, su casa podría ser desalojada para incorporar unos comercios.
"Nos quieren sacar para llevarnos a un refugio, pues en nuestro espacio quieren poner unos comercios. Junto conmigo viven mi hermano, mi cuñado y mi sobrino y también mis padres. Es injusto que nos quieran sacar de aquí", lamentó.
RESTEADOS
Desde el consejo comunal de Colinas de Vista Alegre, Alma Clara Mederico resaltó la existencia de un estudio elaborado por el antiguo Ministerio de Energía y Minas de 1972, "el cual alerta sobre las limitaciones de construir edificios en la zona debido a una falla geológica. Por lo tanto, sólo pueden construirse casas, pero la situación es otra. Aquí se construyen edificios".
En 2010, apuntan los vecinos, se introdujo un proyecto para construir una casa de los abuelos, CDI o una escuela. "En Gaceta Oficial del 25 de abril se determinó que estos terrenos no son aptos para edificios, y luego en mayo procedió la expropiación. Por eso es irresponsable y contradictorio que la Vicepresidencia permitiera la construcción en un lugar inestable", destacó Mederico, quien llamó la atención del alcalde Jorge Rodríguez.
Solo bajo presión el alcalde vino, "cuando trancamos la calle 3 hace dos años. ¿Si tanto practican el socialismo, por qué no lo aplican aquí? En la ética social como funcionario, Elías Jaua está raspado, porque ni siquiera se ha sentado a dar la cara desde la Vicepresidencia en las mesas técnicas de trabajo. Si tienen la verdad en sus manos, entonces que vengan para acá y lo demuestren", emplazó Mederico.
NO QUIEREN REFUGIOS
Sugelis Linares perdió su casa, pero no su empleo. Tras sufrir los embates de las lluvias de 2010 denuncia que se le condicionó la opción de vivienda solo si aceptaba vivir en un refugio. "Si yo fuera otra, hubiese aceptado la propuesta y ahora fuera una carga para el Estado. Por eso no quiero nada regalado, sino las herramientas para poder pagar una prioridad".
Se cuestiona, además, cómo quieren ganar votos. "Debe ser que todo el mundo se siente seguro de su victoria y no quieren conocer lo que padecemos los vecinos de El Lirio y San Rafael", indicó Linares en relación al alcalde Jorge Rodríguez y al candidato de la MUD Ismael García, a quienes los retó a "patear el cerro" si quieren ser electos.
Tal Cual
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Se refieren a la construcción de Ciudad La Yaguara, donde bien aplica el dicho "luz de la calle y oscuridad de la casa". Terminada la obra, se sumarán en 450 apartamentos 1.800 personas al número ya existente de los 7.500 residentes de la urbanización Vista Alegre. El colapso de los servicios públicos es uno de sus temores. Para todos "la prioridad empieza por casa", aunque así no aplique desde la Misión Vivienda.
"Demasiados problemas tenemos para que sea la gente de Nueva Tacagua la que reciba los apartamentos de Ciudad La Yaguara. Se supone que la prioridad debe empezar con nosotros, que tenemos más de 15 o 20 años viviendo en El Lirio y San Rafael", destacó Iris Cadenas, quien no tiene nada que agradecer.
Cadenas es madre soltera y vive alquilada con sus cinco hijos menores de edad en el barrio San Rafael. De su sueldo mínimo paga mensualmente Bs 900, que bien podría representar una cuota mensual para el pago de una vivienda propia en Ciudad La Yaguara, si el Gobierno la admitiera.
Con menos suerte, Meibis Virgüez vende suplementos nutrientes por catálogo para tratar de sobrevivir. Pese a esto, su casa podría ser desalojada para incorporar unos comercios.
"Nos quieren sacar para llevarnos a un refugio, pues en nuestro espacio quieren poner unos comercios. Junto conmigo viven mi hermano, mi cuñado y mi sobrino y también mis padres. Es injusto que nos quieran sacar de aquí", lamentó.
RESTEADOS
Desde el consejo comunal de Colinas de Vista Alegre, Alma Clara Mederico resaltó la existencia de un estudio elaborado por el antiguo Ministerio de Energía y Minas de 1972, "el cual alerta sobre las limitaciones de construir edificios en la zona debido a una falla geológica. Por lo tanto, sólo pueden construirse casas, pero la situación es otra. Aquí se construyen edificios".
En 2010, apuntan los vecinos, se introdujo un proyecto para construir una casa de los abuelos, CDI o una escuela. "En Gaceta Oficial del 25 de abril se determinó que estos terrenos no son aptos para edificios, y luego en mayo procedió la expropiación. Por eso es irresponsable y contradictorio que la Vicepresidencia permitiera la construcción en un lugar inestable", destacó Mederico, quien llamó la atención del alcalde Jorge Rodríguez.
Solo bajo presión el alcalde vino, "cuando trancamos la calle 3 hace dos años. ¿Si tanto practican el socialismo, por qué no lo aplican aquí? En la ética social como funcionario, Elías Jaua está raspado, porque ni siquiera se ha sentado a dar la cara desde la Vicepresidencia en las mesas técnicas de trabajo. Si tienen la verdad en sus manos, entonces que vengan para acá y lo demuestren", emplazó Mederico.
NO QUIEREN REFUGIOS
Sugelis Linares perdió su casa, pero no su empleo. Tras sufrir los embates de las lluvias de 2010 denuncia que se le condicionó la opción de vivienda solo si aceptaba vivir en un refugio. "Si yo fuera otra, hubiese aceptado la propuesta y ahora fuera una carga para el Estado. Por eso no quiero nada regalado, sino las herramientas para poder pagar una prioridad".
Se cuestiona, además, cómo quieren ganar votos. "Debe ser que todo el mundo se siente seguro de su victoria y no quieren conocer lo que padecemos los vecinos de El Lirio y San Rafael", indicó Linares en relación al alcalde Jorge Rodríguez y al candidato de la MUD Ismael García, a quienes los retó a "patear el cerro" si quieren ser electos.
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Gremio cree que regulación de locales comerciales provocará anarquía
Martini vaticinó que se repetirá el escenario vivido con la Ley de ArrendamientosFoto: Archivo
El control del mercado inmobiliario, que comenzó en noviembre de 2011 con la aprobación de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, será completado con la regulación de los alquileres de locales comerciales.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) tiene lista la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, a los fines de que sea considerada por la plenaria del Legislativo. Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, el gobierno volverá a equivocarse, ya que el “daño” causado al alquiler de viviendas se replicará en los locales.
“La ley va a ser exactamente tan mala como lo que se ve en los alquileres de vivienda. Será un fracaso y pronto se verá la anarquía y la caída en la disponibilidad de locales, como se observa con las viviendas. El mercado de alquileres fue liquidado”, indicó.
Al argumentar su pronóstico, precisó que la nueva norma delega en el Banco Central de Venezuela (BCV) la creación del Índice de Precios de Locales Comerciales Afines y Conexos, (Iplc), con lo cual cree que “se repetirá la incapacidad que ha mostrado el Ministerio de Vivienda para determinar el valor del metro cuadrado de los inmuebles para la establecer los cánones.
“Los arrendamientos quedarán paralizados como sucede con las soluciones habitacionales, por el incumplimiento de los entes del Estado”, sostuvo.
La Ley de Alquileres para locales regulará los negocios ubicados en centros comerciales, quioscos, edificaciones de uso educacional y de uso médico asistencial, galpones, estacionamientos y oficinas, entre otros. Crea la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, la cual calculará los cánones y realizará un registro.
Rechazo
Para el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, el gobierno “tropezará de nuevo con la misma piedra”, al querer “centralizar todo generando un caos que no beneficia ni a propietarios ni a inquilinos”.
Recordó que en el sector de viviendas no existen entes descentralizados que puedan llevar a cabo los trámites de las regiones, y eso colapsará el sistema, porque todo es procesado por una instancia central.
Pidió apertura a la AN para el debate de un instrumento que, a su juicio, afectará al sector productivo y al patrimonio de muchas familias.
El diputado Elio Serrano (Psuv), presidente de la comisión que redactó la norma, informó que será elevada esta semana a la directiva de la AN, a los fines que fije su fecha de entrada a la plenaria, para su aprobación en primera discusión. Dijo que la ley era necesaria para fijar alquileres “justos”.
Condiciones
La Ley de Arrendamiento para locales precisa que para la estimación de los cánones se tomarán en consideración: los tipos de negocios y la tipología de construcción, así como las dimensiones, ubicación geográfica y "todas aquellas circunstancias que influyan”.
El Tiempo
29-05-2012
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La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) tiene lista la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, a los fines de que sea considerada por la plenaria del Legislativo. Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, el gobierno volverá a equivocarse, ya que el “daño” causado al alquiler de viviendas se replicará en los locales.
“La ley va a ser exactamente tan mala como lo que se ve en los alquileres de vivienda. Será un fracaso y pronto se verá la anarquía y la caída en la disponibilidad de locales, como se observa con las viviendas. El mercado de alquileres fue liquidado”, indicó.
Al argumentar su pronóstico, precisó que la nueva norma delega en el Banco Central de Venezuela (BCV) la creación del Índice de Precios de Locales Comerciales Afines y Conexos, (Iplc), con lo cual cree que “se repetirá la incapacidad que ha mostrado el Ministerio de Vivienda para determinar el valor del metro cuadrado de los inmuebles para la establecer los cánones.
“Los arrendamientos quedarán paralizados como sucede con las soluciones habitacionales, por el incumplimiento de los entes del Estado”, sostuvo.
La Ley de Alquileres para locales regulará los negocios ubicados en centros comerciales, quioscos, edificaciones de uso educacional y de uso médico asistencial, galpones, estacionamientos y oficinas, entre otros. Crea la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, la cual calculará los cánones y realizará un registro.
Rechazo
Para el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, el gobierno “tropezará de nuevo con la misma piedra”, al querer “centralizar todo generando un caos que no beneficia ni a propietarios ni a inquilinos”.
Recordó que en el sector de viviendas no existen entes descentralizados que puedan llevar a cabo los trámites de las regiones, y eso colapsará el sistema, porque todo es procesado por una instancia central.
Pidió apertura a la AN para el debate de un instrumento que, a su juicio, afectará al sector productivo y al patrimonio de muchas familias.
El diputado Elio Serrano (Psuv), presidente de la comisión que redactó la norma, informó que será elevada esta semana a la directiva de la AN, a los fines que fije su fecha de entrada a la plenaria, para su aprobación en primera discusión. Dijo que la ley era necesaria para fijar alquileres “justos”.
Condiciones
La Ley de Arrendamiento para locales precisa que para la estimación de los cánones se tomarán en consideración: los tipos de negocios y la tipología de construcción, así como las dimensiones, ubicación geográfica y "todas aquellas circunstancias que influyan”.
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Protestan trabajadores del sector aluminio en Guayana
Trabajadores de varias empresas básicas de Guayana mantuvieron el paso de automóviles cerrado a la altura del portón 4 de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar.
Según reporte de Globovisión, se trató de una protesta de trabajadores del sector aluminio, para exigir al ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, la discusión del contrato colectivo.
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Según reporte de Globovisión, se trató de una protesta de trabajadores del sector aluminio, para exigir al ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, la discusión del contrato colectivo.
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Trabajadores del sector construcción del Táchira protestan para exigir trabajo
Más de 3 mil trabajadores del Sindicato de la Construcción del Táchira se concentraron en la entrada del Consejo Legislativo de la entidad, como medida de protesta para exigir trabajo, cemento y eficiencia en los servicios públicos.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Táchira, Alberto Maldonado, solicitó que se reactive el sector productivo. Además pidió la intervención de los diputados regionales en el proceso de desaparición de las supuestas “mafias del cemento”.
Puesto que ningún parlamentario salía a recibir el documento con las solicitudes, un grupo de más de 30 trabajadores intentó tumbar la puerta del edificio.
Maldonado manifestó que continuarán con las acciones de calle si no tienen respuesta del Gobierno Nacional y regional.
Tal Cual
28-05-2012
Recopilado por:
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El presidente de la Federación de Trabajadores del Táchira, Alberto Maldonado, solicitó que se reactive el sector productivo. Además pidió la intervención de los diputados regionales en el proceso de desaparición de las supuestas “mafias del cemento”.
Puesto que ningún parlamentario salía a recibir el documento con las solicitudes, un grupo de más de 30 trabajadores intentó tumbar la puerta del edificio.
Maldonado manifestó que continuarán con las acciones de calle si no tienen respuesta del Gobierno Nacional y regional.
Tal Cual
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12 familias damnificadas tras incendio en El Pao
Un voraz incendio que inició después de las 7:00 de la noche del domingo consumió siete apartamentos, ubicados en el Paseo Bolívar de El Pao, capital de la parroquia Andrés Eloy Blanco. Afortunadamente no hubo fallecidos ni heridos, aunque 12 familias perdieron sus hogares.
“Para nosotros esto es una gran desgracia, aunque agradecemos al santísimo Dios que no hubo daños humanos, pero sí daños materiales incalculables”, expresó Sandra Sorabella, habitante del urbanismo.
Sorabella agradeció la solidaridad de toda la comunidad, la cual se abocó de manera inmediata para dar atención y evitar una mayor tragedia. “El pueblo salvó a su pueblo, y con los camiones cisternas que pertenecen a la Gobernación y Alcaldía de Piar fue con que se pudo detener el incendio y así evitar que se propagara. Una señora de 90 años y con discapacidad, tuvimos que tumbar la puerta para sacarla, si no hubiese muerto”.
Dulce de Castillo -una de las afectadas- manifestó que de la vivienda donde habitaba desde 1997 con su familia, sólo pudo rescatar la cartera. Confía que las autoridades atenderán su situación. “Dios proveerá, ahora lo que hay que tener es confianza, pero es difícil que ayer tenías todo y ahora nada, pero lo importante es la vida para seguir luchando”, reflexionó.
En busca de solución
Explicó que otros cinco apartamentos no sufrieron quemaduras de enseres, sin embargo, por el fuerte calor hay daños de infraestructura ya que el edificio tiene aproximadamente 70 años. Por lo tanto, en una reunión realizada ayer, donde participaron representantes de la Gobernación, Alcaldía, FMO, consejos comunales y el Plan Caura se evaluó la situación y las medidas a tomar para atender a estas familias, las cuales se encuentran albergadas en casas de vecinos y familiares.
“Nosotros tenemos los espacios para construir las viviendas, ahora nos falta son las maquinarias y la buena voluntad del gobernador para construir estas viviendas”, dijo Castillo.
Riesgo de derrumbe
La comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Piar, Zurimar Arbeláez, manifestó que llevan adelante las investigaciones para determinar las causas del incendio, pero que la estructura será declarada inhabitable porque presenta riesgo de colapso.
“Todo el bloque tiene fallas, en la parte de arriba están los apartamentos y en la baja los comercios. Las placas sufrieron importantes daños. La conclusión será la solicitud de demolición”, anunció. Esto genera inquietud entre los comerciantes establecidos en el edificio, pues no saben cuál será su futuro.
Total compromiso
La comisionada del gobernador en esta jurisdicción subrayó que desde el momento de originarse el evento, el ejecutivo regional ha prestado la atención a todas las familias.
“Estamos en emergencia, porque es el casco de la parroquia, el centro de El Pao, hay personas que no tienen familias aquí y por lo tanto buscaremos cómo apoyarlos, dónde ubicarlos, darles la comida y lo que necesiten”, adujo.
El Correo del Caroní
29-05-2012
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Sorabella agradeció la solidaridad de toda la comunidad, la cual se abocó de manera inmediata para dar atención y evitar una mayor tragedia. “El pueblo salvó a su pueblo, y con los camiones cisternas que pertenecen a la Gobernación y Alcaldía de Piar fue con que se pudo detener el incendio y así evitar que se propagara. Una señora de 90 años y con discapacidad, tuvimos que tumbar la puerta para sacarla, si no hubiese muerto”.
Dulce de Castillo -una de las afectadas- manifestó que de la vivienda donde habitaba desde 1997 con su familia, sólo pudo rescatar la cartera. Confía que las autoridades atenderán su situación. “Dios proveerá, ahora lo que hay que tener es confianza, pero es difícil que ayer tenías todo y ahora nada, pero lo importante es la vida para seguir luchando”, reflexionó.
En busca de solución
Explicó que otros cinco apartamentos no sufrieron quemaduras de enseres, sin embargo, por el fuerte calor hay daños de infraestructura ya que el edificio tiene aproximadamente 70 años. Por lo tanto, en una reunión realizada ayer, donde participaron representantes de la Gobernación, Alcaldía, FMO, consejos comunales y el Plan Caura se evaluó la situación y las medidas a tomar para atender a estas familias, las cuales se encuentran albergadas en casas de vecinos y familiares.
“Nosotros tenemos los espacios para construir las viviendas, ahora nos falta son las maquinarias y la buena voluntad del gobernador para construir estas viviendas”, dijo Castillo.
Riesgo de derrumbe
La comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Piar, Zurimar Arbeláez, manifestó que llevan adelante las investigaciones para determinar las causas del incendio, pero que la estructura será declarada inhabitable porque presenta riesgo de colapso.
“Todo el bloque tiene fallas, en la parte de arriba están los apartamentos y en la baja los comercios. Las placas sufrieron importantes daños. La conclusión será la solicitud de demolición”, anunció. Esto genera inquietud entre los comerciantes establecidos en el edificio, pues no saben cuál será su futuro.
Total compromiso
La comisionada del gobernador en esta jurisdicción subrayó que desde el momento de originarse el evento, el ejecutivo regional ha prestado la atención a todas las familias.
“Estamos en emergencia, porque es el casco de la parroquia, el centro de El Pao, hay personas que no tienen familias aquí y por lo tanto buscaremos cómo apoyarlos, dónde ubicarlos, darles la comida y lo que necesiten”, adujo.
El Correo del Caroní
29-05-2012
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Vecinos de Pradera Alta piden atención de misión Vivienda
Al fondo de La Chamarreta las calles se abren a los barrios Pradera Alta y Media, zonas en las que centenares de familias conviven con movimientos de suelos que agrietan sus humildes viviendas y la más lamentable carencia de carreteras, cloacas y gas doméstico.
El servicio eléctrico es el único servicio legal. Se sirven de agua por tomas clandestinas. Milagros Guillén, Ana Lapeira y Deysi Gómez pidieron a La Verdad ser portavoz de sus demandas. El lugar es paso para el desahogo de las aguas que vienen desde Altos de Sol Amada y encuentra en Pradera Alta un depósito natural.
La inestabilidad en los suelos se deja notar en cada pared de casa o bahareque agrieto. En Pradera Baja hace año y medio Inavi desalojó a todos sus habitantes. Los reubicó en viviendas de la misión Vivienda en el municipio Santa Rita y decretó el lugar no apto para habitar.
Riesgo
Con títulos de propiedad de tierra en mano otorgados por el oficialismo, Guillén, Lapeira y Gómez contaron con preocupación sentir temor. En Pradera Alta, a pesar de que el suelo es más estable, "el baño de la casa de mi hermana se lo tragó la tierra por completo", recordó Guillén.
Aguas subterráneas, suelos arcillos y con alto nivel freático caracterizan el predio. "Yo hablé con Rafael Colmenárez -presidente del Metro de Maracaibo- en un acto. Le expliqué la problemática de los servicios en el barrio y me contestó que estos terrenos no son aptos para construir. Que pidamos reubicación porque esto ya no tiene solución".
Piden que un comisión técnica de la misión Vivienda aclare la situación y de decretarse no poder vivir en el lugar quieren reubicación, "pero de no ser así entonces que nos ayuden para poder hacer las mejoras que nuestras casas necesitan", solicita Lopeira.
Deysi Gómez, habitante Pradera Alta: "Estas casas tienen muchas grietas y no sabemos por qué. Por aquí pasan muchos desahogos de aguas".
"Graniaditas"
El Poder Popular construyó en el lugar 36 viviendas. Ahora, el PSUV "construye unas casas aquí pero graniaditas", narra Ana Lapeira.
La Verdad del Zulia
29-05-2012
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La inestabilidad en los suelos se deja notar en cada pared de casa o bahareque agrieto. En Pradera Baja hace año y medio Inavi desalojó a todos sus habitantes. Los reubicó en viviendas de la misión Vivienda en el municipio Santa Rita y decretó el lugar no apto para habitar.
Riesgo
Con títulos de propiedad de tierra en mano otorgados por el oficialismo, Guillén, Lapeira y Gómez contaron con preocupación sentir temor. En Pradera Alta, a pesar de que el suelo es más estable, "el baño de la casa de mi hermana se lo tragó la tierra por completo", recordó Guillén.
Aguas subterráneas, suelos arcillos y con alto nivel freático caracterizan el predio. "Yo hablé con Rafael Colmenárez -presidente del Metro de Maracaibo- en un acto. Le expliqué la problemática de los servicios en el barrio y me contestó que estos terrenos no son aptos para construir. Que pidamos reubicación porque esto ya no tiene solución".
Piden que un comisión técnica de la misión Vivienda aclare la situación y de decretarse no poder vivir en el lugar quieren reubicación, "pero de no ser así entonces que nos ayuden para poder hacer las mejoras que nuestras casas necesitan", solicita Lopeira.
Deysi Gómez, habitante Pradera Alta: "Estas casas tienen muchas grietas y no sabemos por qué. Por aquí pasan muchos desahogos de aguas".
"Graniaditas"
El Poder Popular construyó en el lugar 36 viviendas. Ahora, el PSUV "construye unas casas aquí pero graniaditas", narra Ana Lapeira.
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29-05-2012
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