Los galpones y locales de Catia tomados por funcionarios de la Alcaldía de Libertador el pasado lunes ya comenzaron a cambiar su semblante. Algunos ya perdieron techos, puertas y hasta paredes; mientras otros esperan porque sus antiguos dueños, a quienes les arrebataron las estructuras, desalojen lo que queda adentro. Con rapidez han trabajado los enviados del Gobierno. Es la misma rapidez que demostraron durante la toma, cuando el lunes 28 de mayo llegaron sin previo aviso al lugar y les dijeron a los trabajadores que iban a demoler los locales porque los necesitaban para construir las viviendas "para el pueblo".
Entre las estructuras afectadas se incluyen galpones de la Cervecería Polar y de Cerámicas Sucre.
La expropiación se concreta pasándole por encima a un convenio alcanzado entre vecinos, comerciantes y funcionarios hace cuatro meses, cuando acordaron que habría más conversaciones sobre el destino de la zona, la aplicación del Plan Catia, además de un estudio de terreno para determinar la viabilidad de construir viviendas en esos terrenos. El lunes, no hubo estudio ni diálogo, sino imposición. "Esto es del Gobierno", decían los funcionarios.
La encargada del galpón Cervecería Polar, Carmen Márquez, dijo que las autoridades municipales entraron violentamente al local, rompiendo las rejas.
Dieron plazo de un día para desalojar, luego de lo cual, como ya se observa, comenzarían a desbaratar los galpones.
LOS MÁS AFECTADOS El Gobierno pudiera decir que está beneficiando a miles al desalojar a unos pocos. Sin embargo, esos afectados quedan más que excluidos. Carmen Márquez tiene 16 años trabajando en el galpón de la Polar y ahora está atada de manos porque no tiene un plan B para irse a laborar.
No le pide nada al Ejecutivo, ya que no tiene esperanzas porque ellos no tuvieron piedad para dejar padres de familia en la calle, por eso ya no tiene más que pedir.
Su testimonio contrasta con el del jefe de operaciones de la demolición, Edgar Rodríguez, supervisor de un grupo de obreros que usa la maquinaria para derrumbar la construcción sin titubeos. Él está de acuerdo con la expropiación porque, cree, le dará viviendas a los necesitados.
A TRAICIÓN Para Antonio Ecarri, dirigente político de Caracas, los desalojos arbitrarios son un asalto a la propiedad privada. "Han abusado de la buena fe de los comerciantes", dijo recordando el encuentro sostenido entre vecinos de Catia, Aristóbulo Istúriz y el alcalde Jorge Rodríguez donde hubo el compromiso de estudiar los suelos.
"Los traicionaron y a estas alturas no han hecho los estudios. Pretenden hacer casas que podrán en riesgo a las personas que las habiten; todo por tratar de ganar votos en año electoral, aprovechándose de las necesidades y carencias de la gente que este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver", denunció el también coordinador político de Proyecto Venezuela.
Ecarri anunció que emprenderá acciones legales junto a los afectados, a quienes se les dará apoyo jurídico para resolver el conflicto.
Tal Cual
30-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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