lunes, 21 de enero de 2013

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Estiman que la Misión Vivienda carece de control y transparencia


En 2011 el Gobierno arrancó con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que permitió la construcción de 346.700 casas en dos años, pero para Transparencia Venezuela dicho programa presenta debilidades en: sus objetivos, la rendición de cuentas y la adjudicación de las soluciones habitacionales.

Mercedes De Freitas, directora de la organización, señaló que tras la evaluación que se realizó de la Misión se detectó que carece de un sistema de control y de transparencia.

Durante la presentación del informe sobre la Misión Vivienda, destacó que se observaron fallas en la focalización del programa, porque "hay una gran dispersión del público beneficiario. El plan inicialmente se contempló para las 131.000 familias damnificadas, pero luego se creó un registro de vivienda y se pasó a 3,7 millones de familias, lo que dificulta la identificación de grupos con necesidades extremas, a cuáles debe dárseles prioridad".

Por tal motivo, destacó que existe preocupación de que no hayan normas que permitan determinar el orden de asignación de las viviendas. "Se desconoce el proceso de selección, y ello genera inquietud, porque todavía hay familias en los refugios, cuando ellas eran la prioridad de la Misión".

A esos problemas en la focalización de la Misión se añaden las fallas de gestión.

Transparencia Venezuela considera que en el programa habitacional existen muchos actores involucrados, lo que hace más compleja la supervisión y el control. Sobre esa situación, el informe indica que la participación para el proceso de construcción se ha realizado mediante contrataciones directa, de manera que la Misión Vivienda "contrata de manera discrecional a la empresas nacionales y extranjeras. Los procedimientos no están claros".

De acuerdo a lo que han indicado las autoridades, la inversión realizada entre 2011y 2012 en el plan habitacional sumó 13 millardos de dólares, y según De Freitas, "el presupuesto de la Misión supera al de todas las misiones y hasta es mayor que el presupuesto de Guatemala". Por ello, aseveró que "es necesario tener información sobre los contratos por el volumen de recursos que se maneja".

Los títulos

La revisión de Transparencia Venezuela también se extendió al régimen de propiedad y de acuerdo a la investigación de la organización, a las familias beneficiadas se les han entregado títulos de adjudicación bajo la promesa de que en un año se les entregarán los documentos de propiedad.

El informe revela que se han registrado diversas formas de adjudicación de las viviendas y esas prácticas tienen un alto nivel de discrecionalidad. "Colocan a las familias de los refugios a decidir entre ellas cuáles deben ser las beneficiarias. En cada refugio los criterios son diferentes".

En el informe se agrega que "preocupa que los beneficiarios tienen poca información sobre el uso, alquiler, gestión de los espacios comunes, pago de condominios y otras acciones derivadas de la propiedad". En la revisión de la Misión se determinó que los entes oficiales encargados de la construcción de las viviendas están cancelando los servicios (luz, agua, etc).

De Freitas dijo que ante el manejo que se ha hecho del plan de vivienda existen riesgos de corrupción, porque se pueden efectuar sobornos, malversación de fondos y asignación de casas varias veces

El Universal
18-01-2013

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"Gobierno no ofrece evidencias de las 346 mil casas construidas"


El presupuesto invertido en la Misión Vivienda Venezuela, desde su creación en 2011, es de 13.743 millones de dólares, convirtiéndose así en el programa social con mayor recursos en el país. En su inicio el objetivo era proporcionar una casa digna a familias damnificadas, luego se expandió como una solución al déficit habitacional en el país con una data de más de 3 millones 789 mil inscritos. Para Transparencia Venezuela, hasta el mas mínimo detalle de un proyecto de tal envergadura debe ser de conocimiento público, sin embargo de acuerdo a un estudio elaborado por la organización, éste posee la más baja calificación en niveles de transparencia al compararlo con programas similares en diversos países de Latinoamérica entré ellos Brasil, Perú y Guatemala. De acuerdo a la información oficial hasta diciembre 2012, el Estado había entregado 346.798 viviendas, pero a la fecha no se han publicado los datos de los beneficiarios tales como nombre, cédula, dirección de la vivienda asignada y transferida y condiciones de la asignación. Mercedes De Freitas, presidenta de la dijo que tal información que permite la verificación y contraloría. En este sentido, señaló que no existen evidencias claras de que el Gobierno haya construido tal cantidad mientras recordó que tras dos años de su inicio aún hay damnificados habitando en refugios. Destacó la poca información que se conoce y lo difícil que es poder acceder a ella lo cual según afirmó representa "un grave riesgo de corrupción", como resultado de la falta de control a recursos numerosos como los asignados para la misión bandera del Ejecutivo Nacional.Criterios de selección Uno de los puntos que más llama la atención en la evaluación hecha por Transparencia Venezuela son los procesos de selección de beneficiarios. De Freitas afirmó que existe una gran dispersión del público que recibe la ayuda lo cual dificulta la identificación de grupos con necesidades extremas a los cuales debe dárseles prioridad en estos programas. Explicó que inicialmente el programa surgió para atender las necesidades de vivienda de los afectados por la lluvias de 2010 y 2011 que sumaban 131.063 personas, sin embargo este foco se amplió incluyendo a personas con ingresos mensuales inferiores a uno y dos salarios mínimos que no poseyeran vivienda propia y en septiembre 2012 se amplió a la "clase media", es decir aquellos grupos familiares con ingresos de hasta a cinco salarios mínimos. "Esto cambió el objetivo original del programa social, elevando de un poco más de 131 mil personas a más de 3 millones de familias para otorgarles el beneficio. Cada uno de estos grupos tiene necesidades, perfiles y situaciones distintas, que requieren distintas aproximaciones y diferentes políticas públicas", reza el texto. Agregó que ello resulta "preocupante" porque al no haber de conocimiento público existe la posibilidad de que se asignen viviendas a personas que no cumplen con los requisitos del programa. "No hay información que permita conocer ¿cómo se seleccionaron a las más de tres millones de familias inscritas?, ¿cuáles fueron los criterios de priorización?", preguntó.Alcance impreciso La Misión Vivienda otorga beneficios en diferentes modalidades el principal es la entrega de viviendas nuevas, pero también se encarga de otorgar materiales para la mejora de las casas, la sustitución de ranchos por viviendas (SUVI), y la entrega de créditos para adquisición en el mercado secundario. Transparencia Venezuela señala que el alcance de la ayuda no es precisa. Tal es el caso de los que reciben subsidio para la adquisición de un inmueble a través de créditos, a los cuales se les ofrece descuento del 100%, 80% y 60% en el precio de la vivienda dependiendo del ingreso familiar. De Freitas reiteró que "no se sabe cuántas familias de las incluidas en el Registro Nacional de Viviendas, aplican para cada descuento. Otra duda que surge en este proceso, es acerca del criterio de prioridad que pesa sobre cada grupo de atención ¿A quiénes se les otorga casa primero?. No pudimos conseguir criterios de priorización, que deberían ser públicos". Entre tanto, apuntó que se desconocen detalles como las condiciones de contratación a las empresas tanto nacionales como internacionales encargadas de la construcción de las viviendas. "Esto puede traer como consecuencia sobornos y extorsiones en la asignación de los contratos", dijo.Misión propagandísticaTransparencia Venezuela estima que la Misión Vivienda, fue usada por el Gobierno "como un arma político electoral". Mercedes De Freitas indicó que ellos se evidencia en el incremento en la transmisión de propagandas de televisión durante la campaña electoral. "Tampoco sabemos cuánto dinero se invirtió en toda esa publicidad", sentenció la activista. Asimismo agregó que en la investigación de campo realizada por los integrantes de la organización se evidenció que en la mayoría de los inmuebles adjudicados las personas tenían colgados afiches alusivos Presidente Chávez y al Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV). "Al no saber los criterios de selección de beneficiarios, se pudiera pensar que las familias necesitadas deben pertenecer a una tolda política especifica para poder recibir la ayuda", manifestó.Falta de contraloría Mercedes De Freitas destacó que el presupuesto de la Misión Vivienda es equivalente al presupuesto nacional de Guatemala, agregó que un programa de tal magnitud requiere de una estructura de gestión clara y firme "Aún así, la Contraloría General de la República, en su memoria y cuenta del año 2011, no menciona ni una sola vez a la Misión Vivienda", dijo al tiempo que agregó que los ciudadanos tampoco lo pueden hacer ya que "sin acceso a la información sabemos que no se puede hacer contraloría social". Nelyabith Bello / nbello@diariolavoz.net / @nelyabithbello

a Voz de Guarenas
18-01-2013

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Lo que debía ser parque verde se convirtió en depósito


Vecinos esperan el decreto para la construcción del parque prometido
Desde 2010, cuando el presidente Hugo Chávez anunció la instalación de una fábrica en la base aérea La Carlota empezó la defensa del espacio por parte de la comunidad de Chuao. Luego, las acciones se reactivaron ante la instalación de una cementera. Pancartas, cierre de calles, cacerolazos, caravanas y hasta en bicicleta los vecinos de la zona manifestaron su rechazo a la planta de concreto.

Meses han pasado y la comunidad aún espera que sea promulgado el decreto para la construcción del parque verde. Mientras, ante la mirada de centenares de familias, que habitan en los edificios con frente al lugar en la avenida Río de Janeiro, el sitio se ha convertido en una suerte de "desván", como describió Milagros Nieto, vecina de la zona.

"Es como el patio trasero de toda la ciudad", explicó Harold Cova, miembro de Asochuao.

Según el relato de los residentes, además de las tres concreteras que están instaladas en el lugar, hay montañas de escombros. "Yo no sé de donde los sacan pero los traen para acá".

También lo usan como estacionamiento de unidades de transporte público.

Las concreteras siguen operando aunque, al igual que la Misión Vivienda, ha bajado el ritmo de trabajo. "Ya no es como antes que trabajaba casi las 24 horas pero igual sufrimos por sus efectos", comentó Cova.

"Yo como ciudadana, como caraqueña, siento una profunda desesperación porque hacen concursos para el parque pero hasta que no salga el decreto yo no me quedaré quieta. Los vecinos se hacen mucha ilusión", expresó Nieto, quien vive en Chuao desde hace 25 años.

Los habitantes de la zona también resaltaron que no desean que se elimine por completo la pista aérea.

"Dimos una lección a muchos"

Aunque Nieto ya no pertenece a la asociación de vecinos, recuerda con orgullo los días de lucha, o más bien "defensa" -como ella prefiere llamarla- del parque verde La Carlota. "Eran días enteros de ir a ministerios para pedir una respuesta que aún no obtenemos".

"Nosotros peleamos porque era algo que nos afectaba a todos, nos organizamos. Lo importante es que lo logramos, ahora toda Caracas sabe que La Carlota es un parque verde".

Las luchas de Chuao no son nuevas, protestaron contra el uso del espacio como aeropuerto en los ochenta y principios de los noventa, por la conversión en parque. A principios de la década del 2000 también frenaron una ordenanza que pretendía cambiar la zonificación de la urbanización.

"Lo más bonito es que fuimos una lección para muchos. Yo iba a un lugar y decía 'soy de Chuao' y me decían 'allí lucharon por La Carlota'. Es algo hermoso, no a nivel personal sino de comunidad", señaló con orgullo Nieto.

El Universal
17-01-2013

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