Materiales de construcción con nueva lista de precios

Sectores públicos y privados elaboraron un catálogo para regular los costos de los agregados pétreos 

La cabilla es uno de los insumos con nuevo precio

María Eugenia Piñatel.- El ministro para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó que desde el Órgano Superior de Vivienda se desarrolló un catálogo de productos y lista de precios que regirá en adelante los costos de los materiales para la construcción, desplazando la referencia que establecía el Colegio de Ingenieros de Venezuela.

El ministro reveló que el catálogo se desarrolló de forma silente, “este es un trabajo importante”. Indicó que hasta ahora han venido trabajando de bajo perfil en la negociación con productores y distribuidores de materiales en el país para lograr precios justos y para que los insumos tengan un costo de venta final asequible.

Norma y referencia nacional

“Por instrucción del presidente Nicolás Maduro, realizamos la lista de productos y precios que será la referencia nacional para la venta de insumos para la construcción y, con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Derechos Socioeconómicos (Sundde) y del ministro de Comercio Dante Rivas, lo vamos a convertir en norma”, dictó.

El Mundo, Economía y Negocios
09-06-2014

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Ciudadanos acampan desde la tarde para comprar cemento

La empresa vende el cemento a 89 bs.

Luisa Quintero

Desde horas del mediodía grupos de personas se apuestan a las afueras de la compañía Valcro, ubicada en la Vía Valencia-Tocuyito, para lograr comprar cuatro sacos de cemento.

Julio Valero explicó que se encontraba desde las 3 de la tarde haciendo la cola para poder adquirir este producto tan importante en las construcciones, situación que se le ha hecho difícil en los últimos tiempos por el costo y la escasez del material.

Denunció que la empresa les vende el cemento a 89 bs cuando lo máximo que puede costar a precio regulado es 50 bs. Además, otra de las condiciones que impone la empresa es que deben comprar otro producto de construcción para adquirir este material.

El Carabobeño
09-06-2014

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Invasión crece al final de la calle 12 de Lomas del Ávila

Más de 30 familias del Zulia levantaron ranchos de zinc en una zona verde.

En el terreno hay insalubridad y viviendas no aptas

DELIA MENESES

Las primeras familias llegaron en 2011 y a partir de allí ha venido creciendo la toma ilegal de un terreno al final de la calle 12 de Lomas del Ávila. Son personas provenientes de la Costa Oriental del Lago que, alegando no tener trabajo ni vivienda, comenzaron a levantar ranchos de zinc en este terreno municipal, con zonificación de área verde, que ya alberga a unas 30 familias. 

Los ocupantes ilegales improvisaron tomas de agua y luz y no cuentan con red de cloacas. Las aguas negras corren por la calle y proliferan moscas y zancudos. 

Carlos Araujo y su familia ya tienen tres años en este terreno. Aunque reconoce que las condiciones de las viviendas no son aptas dice sentirse seguro en la zona. Pide a las autoridades del Gobierno Nacional que revisen este caso y los ayuden a solucionar su problemática 

Los vecinos de la calle, organizados en la asociación civil Asodoce, han realizado todas las gestiones en los organismos correspondientes para que la situación se resuelva por la vía legal. Denunciaron la ocupación ante la Fiscalía 89 de Ambiente, solicitando el desalojo del área por los problemas de insalubridad, ambientales y de inestabilidad del terreno. 

Actualmente la comunidad está esperando que asignen al Tribunal de Control para que actúe en este caso. 

Marlene Gil, vocera del consejo comunal Lomas del Ávila e integrante de Asodoce, denuncia el daño ambiental y ecológico que ha causado la invasión. Los ocupantes han talado árboles y deforestado. "Esto ha ido socavando la ladera donde están los edificios Terrazas A y B, El Portal y Parque Alto, lo que pone en riesgo estas edificaciones".

Ingrid Reyes, miembro de Asodoce, agrega que la basura que producen la lanzan hacia un costado del terreno y esta contaminación afecta a los edificios Ferana, Esmeralda, a la iglesia de Palo Verde, a un club de abuelos y a un liceo.

Debido a una falla geológica que existe en la zona y a la inestabilidad del terreno éste ha ido cediendo y ya se desprendió una parte. El derrumbe del talud obligó a cerrar el Módulo de Asistencia Médica y el Club de Abuelos de la alcaldía de Sucre, ya que corren el riesgo de quedar tapiados.

La calle 12 de Lomas del Ávila es una vía ciega. Las familias que integran la toma ilegal ingresan al terreno por el mismo acceso que los residentes de la calle 12, a través de una garita de vigilancia, instalada por la asociación de vecinos. La comunidad ha logrado impedir que los tomistas ingresen con materiales de construcción. Los invasores se quejan de que tampoco los dejan pasar con enseres básicos como neveras. Está prevista una reunión para llegar a acuerdos.

En invasión de la calle 12
Piden a Misión Nevado inspeccionar refugio de mascotas en Lomas del Ávila

Más de 60 perros permanecen en un terreno en condiciones de insalubridad y presunto trato cruel.

Vecinos denuncian contaminación ambiental (Cortesía)

En una invasión ubicada al final de la calle 12 de Lomas del Ávila, en la tercera etapa de Palo Verde, instalaron hace meses un refugio improvisado de mascotas que ya suma más de sesenta perros.

Uno de los invasores del terreno comenzó a llevar perros para esta parcela y a partir de allí grupos de rescate y protección animal han usado el espacio para llevar perros sin hogar.

Los concejales del municipio Sucre inspeccionaron el lugar y señalaron que los caninos están en condiciones de insalubridad y presunto trato cruel.  La comunidad de la calle 12, organizada en la asociación civil Asodoce, solicitó a la Misión Nevado que realice una inspección en el refugio improvisado para comprobar las condiciones en las que se encuentran los animales y buscarles reubicación.


Igualmente los vecinos solicitaron al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) que lleve adelante una inspección sanitaria en el refugio. Hay malos olores provenientes de la comida que le llevan a los perros, además de moscas y zancudos.

Ocupan terreno no apto para la construcción en Lomas del Ávila


Edificios de la urbanización, ubicada en la tercera etapa de Palo Verde, se ven afectados directamente por la contaminación y por los movimientos de tierra producto de la toma ilegal del área verde ahora invadida. En la ocupación hay más de veinte niños. Servicios básicos de agua potable y electricidad son improvisados de tomas cercanas.


Junto con los vecinos
Concejales de Sucre inspeccionaron invasión de calle 12 de Lomas del Ávila

La Cámara Municipal suscribió un acuerdo el pasado 9 de mayo donde exhortan a la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia Ambiental, a ejercer las acciones pertinentes.

Vecinos de la calle 12 de la urbanización Lomas del Ávila (Asodoce) conjuntamente con el personal de la Comisión de Urbanismo, Ingeniería Local, Vialidad y Transporte del Concejo Municipal de Sucre, presidida por el concejal Juan Carlos Vidal, realizaron una inspección el pasado 27 de mayo al terreno ocupado ilegalmente al final de la calle 12. Los primeros ocupantes ilegales llegaron a esta área verde en 2011 y ya hay más de 30 familias.

Vidal dijo que este problema ya fue ventilado en la Cámara Municipal, a través de un derecho de palabra de los vecinos organizados de Asodoce y por eso fue creada una comisión especial en el Concejo Municipal, que conllevó a la aprobación unánime de todas las fracciones de la cámara para la emisión de un acuerdo en el cual se exhortaba a las autoridades nacionales a cumplir con su obligación y revisión de esta problemática.

Los ediles evidenciaron un alto grado de insalubridad y construcciones no aptas y ratificaron la necesidad de actuar de manera conjunta con los entes de seguridad nacionales.

En el acuerdo N 024-14, el Concejo Municipal de Sucre exhorta a la Fiscalía del Ministerio Público Venezolano con competencia en materia Ambiental, a ejercer
las acciones legales, para proceder al desalojo "de los posibles ocupantes ilegales, siempre en plena garantía de sus Derechos Humanos Fundamentales, y hacer del conocimiento a la GNB, en la sede del Destacamento N 52 con competencia para esta jurisdicción, del presente acuerdo y la cualidad jurídica que supone", se lee en el acuerdo publicado en la Gaceta Municipal N 135-05/201.

El acuerdo destaca que los vecinos han presentado una recopilación documental, que está en manos del Concejo Municipal, entre las cuales se encuentra un acta vecinal suscrita entre la comunidad y los presuntos ocupantes ilegales, en la cual se comprometen a no causar daños ambientales y a no realizar construcciones en el área. Además de un informe emanado por el Instituto de Prevención y Protección Ciudadana del Municipio Sucre (IPPC), en el cual se determina la tala de árboles y situación de riesgos y precariedad en la construcción improvisada de viviendas.

El Universal
09-06-2014

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Arrendatarios de El Agua a la expectativa

El 15 de junio se vence el plazo que dio la Fundación Nacional El Niño Simón para desocupar ocho inmuebles ocupados desde hace varios años por empresarios de la entidad.

Marianela Peñate

Expectativas por desocupación de locales.

A pocos días de vencerse el plazo de desalojo emitido por la Fundación Nacional El Niño Simón, arrendatarios se mantienen en expectativa y esperan obtener una respuesta favorable. No obstante, la viceministra para la Suprema Felicidad y presidenta de esa fundación, Carolina Cestari, fue enfática en su visita a la Isla de que no hay vuelta atrás.

A mediados del mes de mayo, ocho arrendatarios de playa El Agua, municipio Antolín del Campo, recibieron una comunicación donde les piden desocupar los locales a más tardar el 15 de junio, situación que alarmó a la población comercial de la zona.

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Trabajadores de playa El Agua, Pedro Álvarez, expresó que hasta la fecha no han recibido información de una posible respuesta a favor de los arrendatarios.

Explicó que hace días la primera dama del estado, Dinorah Villasmil de Mata, recibió a un grupo de empresarios, pero sin dar una respuesta de qué va a pasar. "Estamos a la expectativa de qué va a pasar con nosotros realmente".

Álvarez dijo que siguen trabajando en su hábitat y "un poco deprimido por la falta de respeto hacia nosotros de no tomarnos en cuenta".

Aún desconcertado por la decisión, resaltó que no sabe qué pasará el 15 de junio o días previos a la fecha fijada para la desocupación de ocho locales, propiedad de la Fundación El Niño Simón.

Proyecto
Cabo Negro es un proyecto que tiene muchos años, pero dejaron construir muchos y en la parte posterior de esa zona. Comerciantes tienen inquietud sobre la propuesta que hay para la recuperación de la playa, por cuanto hasta la fecha no les han mostrado la maqueta y el proyecto solo está en papel.

Angélica Díaz, propietaria del Pez Espada, expresó que hay muchos rumores sobre la desocupación de los ocho locales. Indicó que el lunes pasado varios de ellos se dirigieron a la fundación para llegar a un acuerdo y cancelar el mes de junio, pero no lograron nada. Destacó que la mayoría que recibió la comunicación están recogiendo sus cosas. "Está el rumor de que supuestamente en esta semana comienzan a custodiar los locales".

En el Pez Espada laboran cinco personas en temporada alta y tres en días regulares. Díaz es la esposa del dueño del restaurante, pero además es la cocinera. Comentó que el contrato de arrendamiento de seis meses se los hicieron firmar casi bajo amenaza, pues los representantes de la Fundación Nacional El Niño Simón les dijeron que si no tenían para pagar 20 mil bolívares mensual, debían entregar los locales.

A la espera
Lucas Mancini, quien tiene alquilados dos locales donde funcionan los restaurantes La Isla y La Vela, dijo que están esperando ver qué sucede con ellos, al igual que el resto de los comerciantes se mantiene a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos días.

Señaló que recurren la vía legal amparándose a la Ley de Arrendamientos. Tiene una nómina de 22 trabajadores y aún no sabe qué hará porque hay inamovilidad laboral.

Preocupados
La preocupación de los comerciantes en playa El Agua comenzó en enero con la demolición de 10 locales; luego en abril, cuando Corpotur envío comunicación a cinco comerciantes del balneario y en mayo con la orden de desalojo de la Fundación El Niño Simón.

Sol de Margarita
09-06-2014

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¿Por qué suben tanto los precios de las viviendas?

Por: Roberto Armando Ramírez

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El derecho a una vivienda digna, a la vida urbana, y a la calidad de vida que este hábitat puede facilitar; responde a los deseos fundamentales del mismo ser humano por encontrar un espacio en el cual logre la satisfacción global de todas sus necesidades materiales y sociales.

En Venezuela y el resto de Latinoamérica, este derecho se ve violado de tres maneras: Primero, cuando los hijos de las familias que ya hacen vida en la ciudad deciden mudarse, y se desangran pagando el alquiler de un apartamento, o en algunos casos, reuniendo para la inicial de una vivienda y pagando las cuotas criminales que imponen los bancos para los créditos hipotecarios.

La segunda forma, cuando millones de trabajadores, provenientes del campo o del extranjero, se ven en la obligación de habitar casas de materiales precarios como latón, madera o bahareque, en los cerros de las afueras de las principales ciudades para tener acceso a los beneficios de la urbe (empleo, salud, educación, servicios públicos, etc.). Curiosamente, los urbanistas describen esto como “asentamientos irregulares en la periferia de la ciudad” en contraposición a la construcción formal, como si el dar un título más refinado redujera el nivel de miseria y precariedad en el que se encuentran sumergidos estos barrios.

Por último, en orden decreciente: las invasiones. Estas consisten en edificaciones a medio construir –en ocasiones con la simple estructura basta- que son tomadas a mitad de la noche por grupos de personas que no tienen ni para alquilar un rancho en lo más alto del cerro, y sin alternativa alguna, habitan estos lugares en donde se está a la merced de las mafias delictivas, drogas, prostitución y concentración de epidemias por la altísima densidad poblacional de estos barrios verticales.

Las siguientes serían descripciones acertadas de las condiciones de vivienda de los más pobres en Venezuela:

"Estas calles son por lo general tan estrechas que se puede pasar de la ventana de una casa a aquella de la de enfrente. En esa parte de la ciudad, no hay ni cloacas ni retretes o lugares de desahogo dentro de las casas, y por eso todas las inmundicias, detritos o excrementos de por lo menos 50000 personas son lanzados cada noche en las cunetas. (…) En la mayoría de los casos tienen una sola pieza -donde, solo existe una cama donde duermen en una confusión repugnante, hombres y mujeres, jóvenes y viejos." [I]

Sin embargo, tales descripciones corresponden a un informe sobre las condiciones sanitarias de la clase proletaria de Inglaterra presentado ante el Parlamento de ese país en julio de 1842, lo que nos hace comprender que en 172 años el capitalismo no ha podido dotar de viviendas dignas al proletariado moderno –que viene a ser la gran mayoría de la población mundial- ni ha podido erradicar siquiera las miserias más groseras e inhumanas que en consecuencia padecen.

Hoy en día, en Venezuela existen 2.807.563 trabajadores que sobreviven en esas condiciones, en hogares inadecuados, en hacinamiento crítico y sin acceso a los servicios públicos básicos; según cifras oficiales del Censo del 2011 [II]. Todos y cada uno de ellos, sin esperanza alguna de mejorar, porque no es impreciso afirmar que acceder a una vivienda digna en nuestro país es una utopía para todo aquel que no tenga otra cosa que su fuerza de trabajo y dependa de un salario para vivir.

¿Por qué si el Gobierno Nacional ha construido casi 552.000 viviendas desde el 2011 los precios aún suben?

Algo que siempre menciona la empresa privada de la construcción para justificar el alto precio de la vivienda, es el sostenido incremento del precio de los insumos, el cual se puede apreciar a continuación:

Gráfico 1



En cuanto a este mismo factor, la Cámara Venezolana de la Construcción indica que sólo en octubre del 2013 la inflación en los rubros del sector fue de 11,1%, lo que implica que los precios de los productos se han incrementado en 77,9%, aunque, cinco de los 21 rubros que mide el Banco Central de Venezuela mostraron una variación superior a 80%. Entre los insumos más costosos se encuentran el recubrimientos de paredes y techos, sistemas hidroneumáticos, materiales de plomería, artefactos sanitarios y productos de concreto. En sólo 12 meses el aumento fue de 141,5%.

Este incremento, que claramente se agudiza a partir del 2011, responde a muchas variables relacionadas con la inflación, el control cambiario, la regulación del cemento y la cabilla; siendo un factor importante la amplia demanda que significa la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto es un problema porque nuestro país no cuenta con la industria necesaria para producir todo lo que el sector de la construcción necesita, lo cual genera escasez y el aumento consecuente de los precios.

Observamos entonces como choca una política pública cuando se aplica aisladamente contra la realidad objetiva de la nación: no es posible construir grandes obras sin contar con la infraestructura e insumos necesarios. Es curioso como el costo de los insumos, que corresponde al tiempo requerido de producción en fábrica y a la habilidad del trabajador para generarlos, es decir, la magnitud de su valor; se distorsiona completamente con su precio final cuando entra en el mercado y se transforma en mercancía por las leyes de oferta y demanda.

Este incremento limita la edificación de viviendas, lo cual a su vez resulta en la escasez misma de apartamentos y casas; y afecta de igual forma a todas las ramas de la construcción de obras civiles.

En ese sentido, se estima un déficit de 1.451.404 viviendas como resultado de las estériles políticas públicas ejecutadas por los Gobiernos de los últimos 50 años, con la clara distinción que marca el mes de abril del 2011 con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela [III].

Hasta ese momento, específicamente el 30 de abril de 2011, el total de unidades habitacionales construidas, tanto por el sector público como el privado, fue de 2.480.044 viviendas; un saludo a la bandera si consideramos que hace 50 años éramos 5.034.838 de venezolanos y hoy 30.206.307 [IV].

Un dato interesante es que en 39 años, los gobiernos de derecha de la llamada IV República (1959-1998), construyeron 1.173.192 unidades habitacionales, mientras que el sector privado –tan parásito como siempre- edificó sólo 759.982. Es decir, del 100% de viviendas construidas durante los gobiernos puntofijistas, 60,68% fueron edificadas por el Estado y 39,31% por empresas particulares.

Con la llegada del Presidente Hugo Chávez, el Gobierno Bolivariano entregó desde 1999 hasta el 2010, 284.329 viviendas, mientras que el sector privado construyó 262.541 [V]. En este caso, la participación gubernamental disminuyó hasta posicionarse en un 51,99% del total de hogares edificados, mientras que el 48% restante fue producto de las constructoras.

Es evidente la orientación “privada” en los planes habitacionales en esa primera etapa de la V República.

No fue sino hasta abril del 2011 que surgió una política relevante en materia de vivienda: La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Esta pretende emendar el déficit nacional con la construcción de un estimado de 2 millones de unidades habitacionales hasta el 2019. Lo cual podemos apreciar con el siguiente gráfico:

Metas cumplidas y por cumplir de la Gran Misión Vivienda Venezuela 

Gráfico 2

Año Vivivendas
2011 50.000
2012 100.000
2013 150.000
2014 200.000
2015 250.000
2016 300.000
2017 350.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat 

Aclaremos algunos puntos:

En primer lugar, se evidencia que las metas aún no cumplidas correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017; constituirían un incremento espectacular en la cantidad de viviendas edificadas, lo cual cuestionamos al observar que sólo se han culminado 10.823 vivienda en lo que va de año, y que la capacidad instalada de la industria de la construcción permanece inerte.

Además, según un balance de finales del 2012 ofrecido por el Presidente del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez; el poder popular, a través de los consejos comunales, había construido el 39% de las casas y apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela durante su primera fase, o sea, 135.385 unidades habitacionales de las 346.798 edificadas hasta esa fecha [VI].

Estos consejos comunales construyen bajo el plan de Transformación Integral del Hábitat (TIH), que integra los programas de Sustitución de Ranchos por Viviendas (SUVI) y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Dicho plan, a pesar de significar un intento por dignificar las condiciones materiales de vida de miles de trabajadores que habitan en los barrios, no implica la edificación de nuevas viviendas que contribuyan con la disminución del déficit base de residencias, ya que aun cuando las personas que son atendidas por este programa habitan hogares en situación de precariedad, no califican para la estadística del déficit nacional de vivienda.

Así las cosas, entre el 2011 y el 2012, sólo se contribuyó con una disminución de la necesidad base en apenas 107.183 unidades habitacionales, tomando en consideración el incremento vegetativo anual del déficit. Lo que implica que pasarían 25 años a este ritmo para cumplir con la meta final de la Gran Misión Vivienda Venezuela y llevar la necesidad al mínimo.

Hasta los momentos, se han construido 551.227 viviendas a nivel nacional, entre el sector público, el privado y el poder popular; bajo la misma fórmula. Esa es la razón del incremento sostenido de los precios según los privados, la escasez de la mercancía “vivienda”; lo que a su vez es consecuencia de la falta de insumos, maquinaria e infraestructura.

Cabe destacar que cuando decimos “viviendas construidas por el sector público”, realmente queremos decir “viviendas construidas por empresas privadas pero pagadas por el Gobierno”. Esto es, pagando al precio especulativo del mercado inmobiliario a constructoras privadas nacionales e internacionales para construir viviendas con débil acceso a los servicios públicos (debido a los ahorros de costos necesarios para maximizar el lucro por parte de las constructoras), sin equipamiento urbano ni centros de trabajo masivo industrial que funcionen para alimentar la capacidad productiva de la sociedad y generar fuentes de trabajo formal.

Sin profundizar en especulaciones acerca del cumplimiento de las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, procederemos a analizar el siguiente caso hipotético:

Supongamos que el Gobierno Bolivariano logra acabar con el déficit de viviendas. En teoría, esto brindaría un equilibrio a los precios de las residencias, debido a la opinión universal de que mientras más oferta de un bien o un servicio, la tendencia es que sus precios disminuyan.

Sin embargo, es nuestro deber advertir que ese no es el funcionar verdadero de la lógica capitalista. La triste realidad es que en el momento histórico que vivimos, superada la escasez real, vendrá la escasez artificial fabricada por las empresas privadas de la construcción, quienes controlando el mercado inmobiliario, sacarán sus viviendas a la venta sólo cuando el momento permita el mayor lucro posible y con toda la especulación que ya los caracteriza. Nunca olvidemos las estafas inmobiliarias [VII].

Ejemplos de lo anterior se viven en España, donde existen aproximadamente 3.44 millones de viviendas vacías, en manos de las grandes inmobiliarias, esperando para ser vendidas a los precios groseros del mercado de bienes raíces en el momento preciso [VIII].

Entendemos entonces, que sin importar la abundancia de algún bien, incluyendo la vivienda, su precio dependerá siempre de quien sea el que los tenga bajo su control, y en este caso quien lo hace es la burguesía parásita y especuladora; que ve nuestras necesidades como oportunidades de lucro y no como derechos.

El rumbo a seguir

Si queremos dar fin a esta lacra social, lo ideal es aplicar un plan integral que abarque todas las aristas que implica el problema de las obras públicas y la vivienda:

Para empezar, proponemos la centralización de toda la maquinaria e infraestructura disponible para la construcción masiva de obras públicas en una sola empresa estatal, que permita espacios de auditoría, revisión, control y participación gerencial obrera; así como la correcta planificación de los insumos a importar, y posteriormente, a producir; destacando el carácter de clase que esta política pública debe mantener para cumplir con el derecho histórico de los trabajadores a una vivienda digna [IX].

Sin embargo, con lo que cuenta el país no es suficiente, por ello es necesaria una solución que permita hacer frente a la situación coyuntural de la escasez de materiales de construcción y maquinaria mediante el comercio exterior, y que a la vez cree las condiciones necesarias para que el ciclo no se repita, es decir, que la producción interna haga innecesaria la importación de insumos potencialmente disponibles. Por ello, se ha propuesto estatizar, en todas sus etapas, la importación de maquinaria e insumos de la construcción para asegurar el suministro de los productos requeridos [X].

Y por último, es necesario concentrar la banca estatal en lo que respecta al financiamiento de obras civiles y créditos hipotecarios [XI], para garantizar el correcto flujo de recursos financieros a través de un solo ente, y reparar el daño que a diario sufren quienes tienen su vivienda dentro del bolsillo de los bancos.

Todas estas propuestas permitirían la construcción masiva de obras públicas y viviendas mediante los esfuerzos y recursos concentrados en órganos únicos en su ramo, condición que los hace fácilmente auditables, sistematizables y controlables. De igual forma, se garantizaría el acceso del derecho humano a un hogar por cuanto el Estado tendría en su poder todas estas iniciativas, en contraposición a la empresa privada que, como ya se ha demostrado, la mueve más el lucro que la justicia social.

¿Ahora, cómo serían adjudicadas estas viviendas de verdadera edificación estatal? ¿En forma de propiedad privada? Más de este punto en una próxima ocasión. Por los momentos, la cita siguiente sugiere una profunda reflexión al respecto.

“Mientras exista el modo de producción capitalista, será absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión social que afecte la suerte del obrero. La solución reside en la abolición del modo de producción capitalista, en la apropiación por la clase obrera misma de todos los medios de subsistencia y de trabajo.” [XII]

Web:  www.alemcifo.org         Correo:  alemcifo@gmail.com            twitter@alemcifo

Notas:

I. La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra, de Friedrich Engels (1845).

II. Hogares pobres y no pobres, según entidad federal, censo 2011: http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=26#

III. El lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, noticia del 30 de abril de 2011: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-chavez-confirma-lanzamiento-gran-mision-vivienda-venezuela/

IV. Crecimiento demográfico, Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=57#

V. Viviendas construidas por sector público o privado, según período presidencial, consultado el 28/03/2014: http://www.venescopio.org.ve/estadisticasbasicasdevenezuela/viviendas-construidas-por-sector-publico-o-privado-segun-periodo-presidencial

VI.  45% de las viviendas construidas en 2012 fueron del poder popular, El Universal: http://www.eluniversal.com/economia/121228/45-de-las-viviendas-construidas-en-2012-fueron-del-poder-popular

VII.            Noticias de “Estafa Inmobiliaria”, Correo del Orinoco:

http://www.correodelorinoco.gob.ve/etiqueta/estafa-inmobiliaria/

VIII. España tiene 3,4 millones de viviendas vacías, noticia del 16 de enero del 2014: http://economia.elpais.com/economia/2014/01/16/vivienda/1389882926_455287.html

IX. El problema de la vivienda en Venezuela y los intentos del Gobierno Bolivariano para solucionarlo, del mismo autor: http://formacionrevolucionaria.blogspot.com/2013/05/el-problema-de-la-vivienda-en-venezuela_10.html

X.  Estatizar el comercio exterior es frenar las importaciones fraudulentas, la inflación y la próxima devaluación, Manuel Sutherland: http://alemcifo.org/uploads/3/2/3/7/3237202/pdf_importaciones_ceui_web_large.pdf

XI. Concentración de capital bancario y la necesidad de nacionalizar la banca en Venezuela, Jhon Caicedo: http://alemcifo.org/uploads/3/2/3/7/3237202/concentracin_de_capital_bancario-jhon_pdf.pdf

XII.  Contribución al Problema de la Vivienda, de Friedrich Engels (1873).

*Roberto Ramírez                      (Ccs. 14-05-2014) 

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Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO-ALEM

Aporrea
14-05-2014

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Invasores desalojados arman campamentos en la Lecuna

Las familias permanecerán en la calle hasta que las autoridades les den una respuesta sobre su situación

El sábado en la madrugada funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado desocuparon tres edificios tomados hace más de tres años. Hay 80 familias afectadas

EMILY AVENDAÑO

Un par de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana custodia un edificio a medio construir que debió ser un Simoncito. Fuera de la obra, 37 familias improvisaron un campamento, en la esquina Bermúdez de la avenida Lecuna.

Vivían dentro del edificio, invadido hace cuatro años. El sábado en la madrugada fueron desalojados de la estructura por miembros de la Guardia del Pueblo y la PNB y con la presencia de la Fiscalía Novena del Ministerio Público.

“Nos sacaron como animales, utilizando armas de fuego”, denunció Ana Becerra, quien vivió en el sitio durante seis meses. “Vengo de la tragedia de Vargas, tengo mis papeles pero no me han solucionado”, agregó.

Las familias desalojadas denunciaron que fueron víctimas de maltratos por parte de los funcionarios de seguridad y de la fiscalía. “Apuntaron a los niños con pistolas, tumbaron las puertas de los cubículos y vejaron a mujeres embarazadas y adultos mayores. Juntaron toda la ropa y la rociaron con cloro y orine. Además, se robaron celulares, Nintendo DS, laptos, computadoras, dinero en efectivo y hasta una Canaimita”, reclamó Becerra.

Irene Chirinos, vocera del consejo comunal Plaza de Toros del Nuevo Circo, respaldó la denuncia de los invasores. Indicó que apoyan a las familias desalojadas y trabajan como mediadores entre ellos y las autoridades.

“En total desalojaron 3 inmuebles habitados por 80 familias. El Metro de Caracas era el responsable de la obra y del edificio de al lado, que también fue desalojado. Nosotros no queremos guarimbear, somos 100% revolucionarios y respetuosos de las leyes, pero no respetaron los derechos nuestros”, dijo Chirinos.

Desde que se realizó el desalojo recibieron la visita de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia, les dijeron que a más tardar hoy al mediodía sabrán si los reubicarán en un refugio.

El Nacional
09-06-2014

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“Ley de Arrendamiento Comercial establece condiciones claras y metodologías definidas”

La Ley de Arrendamiento de locales comerciales, surgió de la mano con la Asociación Venezolana de Centros Comerciales. Así lo informó, el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat Ricardo Molina, durante una entrevista cedida al medio de comunicación Correo del Orinoco.

“Cuando comenzó la ofensiva económica el pasado mes de noviembre, en algunos centros comerciales encontramos una situación prácticamente de explotación, que era trasladada al comprador”, precisó.

En este particular, el titular de Vivienda y Hábitat detalló las tres modalidades de arrendamientos, para el cobro de locales comerciales.

“En la ley se establece la condiciones claras, con una metodología definida, para establecer el canon de arrendamiento, para ello hay tres modalidades: Una que fija el canon mensual, con base del valor del local, no con base características de la actividad que allí se realicé” explicó.

El jefe de la cartera de vivienda indicó que se estableció una metodología de avalúo que determina cual es valor del inmueble, y con ese valor se establece cual es el canon de arrendamiento, aplicando en el primer año 12% de utilidad y luego ajustándolo año a año con el porcentaje de la inflación.

“Luego hay una modalidad que es conocida mundialmente, que establece cobrar un canon con base al porcentaje de ventas, pero sin ninguna regulación. La Ley de Arrendamiento Comercial en Venezuela, establece unos rangos que no pueden ser más de 1 a 8 por ciento de la actividad y se define en un contrato con un lapso fijo”, explicó.

El Ministro Molina informó que para los establecimientos de áreas muy grandes destinadas al entretenimiento (cines, teatros, etc.), no puede ser más de 15 por ciento el cobro del canon.

La tercera modalidad para el cobro de locales comerciales es la combinación de ambas “hay una parte del canon fijo y del porcentaje de venta; cuando el porcentaje de venta supere el doble del monto fijo, solo se pagaría el porcentaje de venta y queda libre de pagar el monto fijo”, detalló Molina.

Para finalizar, el ministro de vivienda indicó que la Ley de Arrendamiento Comercial establece la relación condominial para las áreas comunes de los comercios. “Se establece la creación de una junta paritaria integrada por propietarios y arrendatarios para determinar juntos cuál es el justo valor que tiene el mantenimiento de las áreas comunes”, finalizó.

Prensa Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat

Noticias 24
29-05-2014

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Exhorta a estar “mosca” con los estafadores que ofrecen viviendas: “No se dejen robar ni un bolívar”

El ministro para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, hizo la noche de este miércoles un llamado a los venezolanos para que “no se dejen robar” por falsos gestores que ofrecen adjudicar soluciones habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), pues éstas son entregadas por el Estado sin ningún tipo de pago previo.

“Estamos permanentemente haciendo el llamado a toda la población venezolana a estar mosca con los estafadores que aún persisten“, expresó Molina en una entrevista en el programa nocturno Zurda Konducta, transmitido por Venezolana de Telvisión (VTV).

Insistió en que “no se debe dar ni un bolívar” antes de firmar el documento correspondiente de la Gmvv y los depósitos que corresponda deben hacerse en cuentas y bancos del Estado venezolano.

“No se dejen robar ni un bolívar”, resaltó Molina.

Asimismo, aseguró que el Gobierno nacional le está “dando duro” a los estafadores, “porque el pueblo venezolano está organizado y estamos trabajando en conjunto”, puntualizó.

Noticias 24
29-05-2014

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Gil reitera la necesidad de “combatir el latifundio”

Calificó de “falsas” devoluciones de fincas expropiadas. Decisión del TSJ ordenó al Inti reubicar a una cooperativa fuera del fundo Santa Rita y vuelva a su anterior dueño 

Gil desmintió a Fedenaga

Ileana García Mora.- El ministro de Agricultura y Tierras (MAT), Yván Gil, dijo a través de su cuenta de Twitter @YvanGil que “en este momento de guerra económica” se hace necesario “el combate al latifundio”. 

Calificó como “falsas” las declaraciones de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) sobre la devolución de 10 fincas que fueron expropiadas en distintas fechas.

El ministro mencionó que las razones por las que se procedió a expropiar las tierras fueron “improductividad, explotación, maltrato a los trabajadores, prácticas que no volverán”, advirtió.

Por su parte, Elías Jaua dijo que “la tierra que Chávez devolvió a los campesinos no se negocia”.

El presidente de Fedenaga, Rubén Darío Barboza, señaló que ese gremio ha llevado a revisión del Gobierno 10 casos de fincas cuyos dueños han alertado que estaban productivas al ser expropiadas y que el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de rectificar la medida.  “Las que sean productivas, podrán ser devueltas y las que no califiquen, pues no califican. Se están haciendo las diligencias”, dijo Barboza. 

A su salida de una reunión en el Instituto Nacional de Tierras (Inti) este lunes, Barboza indicó que ese organismo oficial “trata de hacer las cosas bien”.

Los casos que están en revisión de las autoridades son La Yegüera en Barinas; La Giralda en Yaracuy; las fincas La Fortaleza, La Chapala, Río Abajo y Hacienda La Palmita en Mérida; la Hacienda Guaramito, Fundo Playa Grande y Olla Grande en Zulia; y el Hato Santa Rita, en Barinas. 

Sobre este último fundo -Santa Rita- el Tribunal Supremo de Justicia acaba de emitir una decisión que favorece a su propietario desde 1996, Rogelio Peña. 

El pasado 2 de mayo de 2014 el máximo tribunal emitió una decisión en la que ordena al Inti que en un lapso de 20 días cumpla con una sentencia emanada de la Sala Constitucional el 4 de noviembre de 2003 de “reubicar a la cooperativa Brisas de Masparro a unas tierras de mejor o igual calidad”. 

La decisión ordena “colocar en posesión” al representante de la Agropecuaria Doble y Agropecuaria Las Peñitas, dos fundos que pertenecen al Hato Santa Rita y cuyo dueño es Rogelio Peña.

Esto implica que antes de que Peña sea “colocado en posesión” del fundo, el Inti está obligado a reubicar a la cooperativa Brisas de Masparro, instalada ahí desde 2003 con una carta agraria. 

En la decisión, que está disponible en la página web del máximo tribunal, el TSJ ordena al Inti cumplir la decisión “de manera perentoria” y “sin más dilación”. Es decir, que falta la ejecución.

Sin embargo, al final de la sentencia se indica que de no cumplirse con lo ordenado el accionante deberá  dirigirse al Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas para realizar diligencias en favor del cumplimiento “ya que, de lo contrario, se entenderá como desacato a la autoridad y majestad del poder judicial”. 

En contexto

Cerca de 10 millones de hectáreas han sido intervenidas desde 2001, siete de ellas por la vía de las regularizaciones, según cifras del Inti. 

En muchas de las intervenciones han surgido varios problemas que han afectado la productividad, como invasiones y la reventa de parcelas de fincas expropiadas.

Una de las fincas que se encuentra invadida es la Hacienda Bolívar, expropiada en 2010 por el Estado. Las autoridades agrarias han pedido a los tribunales agrarios del Zulia medidas que permitan desalojar a esas personas para poder retomar la producción de alimentos que ahí había antes de la intervención. 

El Mundo
15-05-2014

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