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viernes, 27 de abril de 2012
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Mudanza de concretera en Santa Eduvigis no tiene fecha
El año pasado Odebrecht firmó un compromiso de reubicación
Vecinos se encuentran afectados por la contaminación sónica y ambiental VENANCIO ALCÁZARES
BEATRIZ CRUZ SALAZAR
Los vecinos de Santa Eduvigis se quedaron esperando una respuesta concreta por parte de Odebrecht sobre la mudanza de la planta concretera que ya tiene tres años funcionando en la urbanización. En la reunión realizada el martes con habitantes del sector solo se habló de una "posible" reubicación y no se presentó el cronograma que tanto han exigido.
"Cuando la empresa habló de una posible mudanza se generó una molestia entre los asistentes de la asamblea. Ya a estas alturas ellos deberían tener un plan", comentó Mariela Álvarez, representante vecinal, quien recuerda que en julio del 2011, Odebrecht firmó un convenio en el que se comprometía a mudarse en un plazo máximo de dos años.
En la reunión también se hablaron de otros temas referentes a la permanencia de la planta en el lugar y sobre las obras de construcción del foso de la estación Miranda.
Odebrecht presentó los resultados de un estudio realizado para medir los niveles de ruido en el lugar. De acuerdo con el informe, en algunos de los edificios, en horas nocturnas, se reportó un nivel de ruido más elevado de lo permitido en las ordenanzas municipales.
Sin embargo, Álvarez no se mostró convencida de los resultados presentados. Acotó que en el informe la urbanización fue clasificada como zona 3, que según la ordenanza es una zona residencial, cercana a autopistas, con comercios e industrias. "En realidad nosotros somos zona dos, porque no tenemos industrias ni autopista. Al contrario, ante de que ellos llegaran nos rodeaban parques", comenta esta vecina.
Álvarez agregó que la medición del sonido se hizo cerca de las 10:30 de la noche, a pesar que los trabajos y los ruidos más fuertes se realizan durante la madrugada.
Odebrecht también presentó a los vecinos durante la asamblea una lista de las obras de mitigación de la contaminación ambiental y sónica. Se han adquirido nuevas maquinarias, se ha dado mantenimiento a las existentes y se han colocado nuevos filtros y barreras anti ruido. Según la empresa aún quedan algunas medidas por aplicar.
La Alcaldía de Sucre también estuvo presente en el encuentro. Los funcionarios se comprometieron a colaborar con la realización de un estudio detallado de las partículas que están en el aire debido a los trabajos de la concretera.
Nuevamente los vecinos mostraron su preocupación por los efectos para la salud de la concretera. Se expuso el caso de un niño que presenta síntomas similares a la silicosis. También se expuso la situación del preescolar que funciona a pocos metros de la planta de concreto. Los vecinos aseguran que varios niños han sido retirados del centro de estudio por presentar problemas respiratorios. La Alcaldía se comprometió a realizar seguimiento.
El Universal
26-04-2012
Recopilado por:
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Los vecinos de Santa Eduvigis se quedaron esperando una respuesta concreta por parte de Odebrecht sobre la mudanza de la planta concretera que ya tiene tres años funcionando en la urbanización. En la reunión realizada el martes con habitantes del sector solo se habló de una "posible" reubicación y no se presentó el cronograma que tanto han exigido.
"Cuando la empresa habló de una posible mudanza se generó una molestia entre los asistentes de la asamblea. Ya a estas alturas ellos deberían tener un plan", comentó Mariela Álvarez, representante vecinal, quien recuerda que en julio del 2011, Odebrecht firmó un convenio en el que se comprometía a mudarse en un plazo máximo de dos años.
En la reunión también se hablaron de otros temas referentes a la permanencia de la planta en el lugar y sobre las obras de construcción del foso de la estación Miranda.
Odebrecht presentó los resultados de un estudio realizado para medir los niveles de ruido en el lugar. De acuerdo con el informe, en algunos de los edificios, en horas nocturnas, se reportó un nivel de ruido más elevado de lo permitido en las ordenanzas municipales.
Sin embargo, Álvarez no se mostró convencida de los resultados presentados. Acotó que en el informe la urbanización fue clasificada como zona 3, que según la ordenanza es una zona residencial, cercana a autopistas, con comercios e industrias. "En realidad nosotros somos zona dos, porque no tenemos industrias ni autopista. Al contrario, ante de que ellos llegaran nos rodeaban parques", comenta esta vecina.
Álvarez agregó que la medición del sonido se hizo cerca de las 10:30 de la noche, a pesar que los trabajos y los ruidos más fuertes se realizan durante la madrugada.
Odebrecht también presentó a los vecinos durante la asamblea una lista de las obras de mitigación de la contaminación ambiental y sónica. Se han adquirido nuevas maquinarias, se ha dado mantenimiento a las existentes y se han colocado nuevos filtros y barreras anti ruido. Según la empresa aún quedan algunas medidas por aplicar.
La Alcaldía de Sucre también estuvo presente en el encuentro. Los funcionarios se comprometieron a colaborar con la realización de un estudio detallado de las partículas que están en el aire debido a los trabajos de la concretera.
Nuevamente los vecinos mostraron su preocupación por los efectos para la salud de la concretera. Se expuso el caso de un niño que presenta síntomas similares a la silicosis. También se expuso la situación del preescolar que funciona a pocos metros de la planta de concreto. Los vecinos aseguran que varios niños han sido retirados del centro de estudio por presentar problemas respiratorios. La Alcaldía se comprometió a realizar seguimiento.
El Universal
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"Estación embuste" en Las Mercedes
No hay nada claro en el Metro. Ante la posibilidad de que se elimine la estación Las Mercedes de la construcción de la línea 5, extrabajadores y usuarios emplazan a las autoridades a que reconsideren conservar el proyecto original, con su respectiva parada. Entretanto, el Ministerio de Transporte Terrestre ayer no confirmó ni rechazó el destino de este punto, que ya no se registra en la ficha técnica del sistema. Así consta en la página web del ferroviario.
De acuerdo con el titular de área, Juan García, faltarían 2.9 kilómetros de trabajos de excavación para llegar a la estación Miranda II, otrora Parque del Este. Asimismo, reveló que la obra presenta un avance físico de 37%, con un trayecto de 12.5 kilómetros.
Por su parte, el presidente del Metro, Haiman El Troudi, resaltó que esta ruta será paralela a línea principal.
"Con ésta se otorgarán mayores opciones de desplazamiento ya que se contará con una línea ininterrumpida desde Bello Monte, luego a Las Mercedes, seguirá a Chuao, donde estará el futuro parque Simón Bolívar, luego Bello Campo con una estación en cada una de ellas para, llegar a Parque Miranda donde habrá una interconexión con la Línea 1", señaló el ingeniero mientras recibía a la topa Juana que completó el túnel hasta la estación Zona Rental.
También informó que el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de continuación de la línea desde la estación Miranda II hasta la Waraira Repano. Por eso, "40 kilómetros de recorrido desde Las Adjuntas hasta la Waraira Repano nos permitirá conectar toda Caracas de punta a punta, a través de un sistema metroviario como este, ya que desde allí se hará un trasbordo al tren que lo conducirá a Guarenas−Guatire", resaltó.
SUPRIMIDA EN FICHA TÉCNICA Para Ricardo Sansone, extrabajador del Metro, la supresión de la estación Las Mercedes es una mutilación. "Está equivocado quien piense que esta parada no es prioritaria, porque está situada en un municipio de clase media alta.
Lo que no todos saben es que dicha estación está diseñada para recibir a unos 35 mil usuarios al día. Sabemos que Baruta es un municipio de crecimiento comercial, pero con un potencial empleador para personas de estratos C, D y E. Es decir, trabajadores de comercios e industrias", profundiza Sansone.
Asimismo, agrega que la supresión de Las Mercedes migraría sus 35 mil usuarios a otras estaciones, congestionando de forma innecesaria, por ejemplo, la parada Tamanaco.
Ismael García, líder comunitario de Caracas, explica que no se trata de un asunto de ricos o pobres.
"Eliminar una estación perjudica a estudiantes y padres de familia que necesitan de su transporte. Por eso solicitamos se considere dejar la parada de Las Mercedes, tal como estaba previsto", exhorta.
Tal Cual
26-04-2012
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Por su parte, el presidente del Metro, Haiman El Troudi, resaltó que esta ruta será paralela a línea principal.
"Con ésta se otorgarán mayores opciones de desplazamiento ya que se contará con una línea ininterrumpida desde Bello Monte, luego a Las Mercedes, seguirá a Chuao, donde estará el futuro parque Simón Bolívar, luego Bello Campo con una estación en cada una de ellas para, llegar a Parque Miranda donde habrá una interconexión con la Línea 1", señaló el ingeniero mientras recibía a la topa Juana que completó el túnel hasta la estación Zona Rental.
También informó que el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de continuación de la línea desde la estación Miranda II hasta la Waraira Repano. Por eso, "40 kilómetros de recorrido desde Las Adjuntas hasta la Waraira Repano nos permitirá conectar toda Caracas de punta a punta, a través de un sistema metroviario como este, ya que desde allí se hará un trasbordo al tren que lo conducirá a Guarenas−Guatire", resaltó.
SUPRIMIDA EN FICHA TÉCNICA Para Ricardo Sansone, extrabajador del Metro, la supresión de la estación Las Mercedes es una mutilación. "Está equivocado quien piense que esta parada no es prioritaria, porque está situada en un municipio de clase media alta.
Lo que no todos saben es que dicha estación está diseñada para recibir a unos 35 mil usuarios al día. Sabemos que Baruta es un municipio de crecimiento comercial, pero con un potencial empleador para personas de estratos C, D y E. Es decir, trabajadores de comercios e industrias", profundiza Sansone.
Asimismo, agrega que la supresión de Las Mercedes migraría sus 35 mil usuarios a otras estaciones, congestionando de forma innecesaria, por ejemplo, la parada Tamanaco.
Ismael García, líder comunitario de Caracas, explica que no se trata de un asunto de ricos o pobres.
"Eliminar una estación perjudica a estudiantes y padres de familia que necesitan de su transporte. Por eso solicitamos se considere dejar la parada de Las Mercedes, tal como estaba previsto", exhorta.
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Tres mil sidoristas vuelven a la protesta
Durante dos días consecutivos cerca de tres mil trabajadores de "conducción" de Sidor paralizaron del todo sus labores e incluso trancaron accesos a la planta y sobre todo al comedor industrial en protesta por los reiterados incumplimientos de anteriores convenios de mejoras salariales. Ayer suspendieron la paralización y las trancas pero dejaron abierto el conflicto para dar un margen de espera a respuestas concretas y dieron plazo hasta el 30 de abril para que se cumpla lo convenido y en los términos correctos debido a rumores acerca de bonificaciones y aumentos muy por debajo de lo convenido.
Bajo el poco común nombre de "nómina de conducción", en Sidor se agrupan unos 3 mil trabajadores que no están amparados por el contrato colectivo pero con tareas de responsabilidad y supervisión de personal tanto en áreas de producción como en oficina.
Un alto porcentaje son profesionales universitarios, sobre todo ingenieros, pero también están otros trabajadores calificados de larga experiencia.
Sus cargos son supervisores, jefes de grupo, jefes de oficina y coordinadores entre otros, pero no son gerentes.
Se trata de personal de confianza que debe ser capaz de garantizar las operaciones mínimas e incluso parte de la producción de la empresa, incluso durante conflictos huelgarios, que no cobra horas extras ni recibe algunos beneficios usuales como el resto de los trabajadores.
De hecho, en no pocos casos, ocurre que sus ingresos terminan siendo menores que muchos de sus supervisados, lo que crea las naturales contradicciones.
OTROS TIEMPOS Durante la administración de Ternium esas responsabilidades eran exigidas al máximo, mas, sin embargo, lo usual era que la administración les reconociera aumentos salariales y algunos beneficios cada vez que lo recibían también los trabajadores de nómina de contrato colectivo.
Cuando se realizó la estatización de Sidor y de inmediato se firmó el contrato colectivo, estos trabajadores quedaron fuera de los beneficios obtenidos por lo que a los pocos meses realizaron algunas protestas y constituyeron un sindicato.
El entonces ministro del Mibam y presidente de Sidor, Rodolfo Sanz, prometió pagar el bono retroactivo de 35 mil bolívares que recibieron los trabajadores de convenio, cosa que jamás se cumplió. Sí obtuvieron, en cambio, algunos ajustes.
En los últimos dos años no han percibido ninguna mejora salarial, de acuerdo a lo explicado por la directora laboral Migdalia Louis, quien señaló que los nuevos ingresos de profesionales parten de una base salarial de apenas 1.800 bolívares.
En los meses de enero y febrero, tras nuevas protestas, se firmaron actas con la directiva de Sidor colocando un tope del 30 de abril para recibir un ajuste salarial que elevaría el "piso" salarial a 4 mil 900, cosa que no se ha cumplido y ahora la empresa emitió un comunicado en el que parece no reconocer el acta sino que habla de un aporte de "justicia social" como una dádiva, lo que hizo estallar la protesta pues temen una violación de lo acordado Además reclaman por el total abandono e indiferencia de los actuales directivos de Sutiss mientras algunos delegados sindicales de gerencias sí los están apoyando. A la hora de cierre de la redacción los dirigentes del sindicato Susprotas que los agrupa y la alta gerencia de Sidor estaban en reunión.
Revista Eme (El Nacional)
26-04-2012
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Un alto porcentaje son profesionales universitarios, sobre todo ingenieros, pero también están otros trabajadores calificados de larga experiencia.
Sus cargos son supervisores, jefes de grupo, jefes de oficina y coordinadores entre otros, pero no son gerentes.
Se trata de personal de confianza que debe ser capaz de garantizar las operaciones mínimas e incluso parte de la producción de la empresa, incluso durante conflictos huelgarios, que no cobra horas extras ni recibe algunos beneficios usuales como el resto de los trabajadores.
De hecho, en no pocos casos, ocurre que sus ingresos terminan siendo menores que muchos de sus supervisados, lo que crea las naturales contradicciones.
OTROS TIEMPOS Durante la administración de Ternium esas responsabilidades eran exigidas al máximo, mas, sin embargo, lo usual era que la administración les reconociera aumentos salariales y algunos beneficios cada vez que lo recibían también los trabajadores de nómina de contrato colectivo.
Cuando se realizó la estatización de Sidor y de inmediato se firmó el contrato colectivo, estos trabajadores quedaron fuera de los beneficios obtenidos por lo que a los pocos meses realizaron algunas protestas y constituyeron un sindicato.
El entonces ministro del Mibam y presidente de Sidor, Rodolfo Sanz, prometió pagar el bono retroactivo de 35 mil bolívares que recibieron los trabajadores de convenio, cosa que jamás se cumplió. Sí obtuvieron, en cambio, algunos ajustes.
En los últimos dos años no han percibido ninguna mejora salarial, de acuerdo a lo explicado por la directora laboral Migdalia Louis, quien señaló que los nuevos ingresos de profesionales parten de una base salarial de apenas 1.800 bolívares.
En los meses de enero y febrero, tras nuevas protestas, se firmaron actas con la directiva de Sidor colocando un tope del 30 de abril para recibir un ajuste salarial que elevaría el "piso" salarial a 4 mil 900, cosa que no se ha cumplido y ahora la empresa emitió un comunicado en el que parece no reconocer el acta sino que habla de un aporte de "justicia social" como una dádiva, lo que hizo estallar la protesta pues temen una violación de lo acordado Además reclaman por el total abandono e indiferencia de los actuales directivos de Sutiss mientras algunos delegados sindicales de gerencias sí los están apoyando. A la hora de cierre de la redacción los dirigentes del sindicato Susprotas que los agrupa y la alta gerencia de Sidor estaban en reunión.
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Rezagada industria de la construcción
Mientras en la mayoría de los países de América Latina, la construcción está creciendo y se ha convertido en un factor que impulsa la economía, en Venezuela nos estamos quedando rezagados por falta de inversiones, asegura el presidente dela Cámara Venezolanadela Construcción, Gilbert Dao, quien agrega que a esto se suma el "cuello de botella" de la falta de insumos.
En efecto, el pronunciamiento del dirigente empresarial se produjo en el marco dela XIII ConvenciónNacional de Vivienda y Hábitat, en los salones del Tamanaco Intercontinental, encuentro en el cual intervinieron como oradores, los economistas José Manuel Puente, coordinador de políticas públicas del IESA y Ángel Alayón.
Señaló que en el primer trimestre de este año, se ha mantenido en el sector, la tendencia declinante que se registró en el año 2011, asegurando que se requieren tanto para la construcción de viviendas como para la infraestructura, cerca de US$ 30.000 millones por año, si es que se quiere resolver el problema del déficit habitacional y la recuperación de la infraestructura.
Escasez de insumos afectan al sector
-La situación que hemos vivido en este primer trimestre, no está cambiando y es igual a la del cierre del último trimestre, mientras que en los contactos con los agremiados hemos ratificado la información de que persiste la escasez de insumos en todo el territorio nacional-, afirma.
Destaca asimismo, que el crecimiento del sector en América Latina viene siendo una referencia mundial, mientras que en Venezuela en materia de construcción, estamos decreciendo, se está desinvirtiendo.
-Cuando nos comparamos con países como Colombia y Chile, las inversiones de ellos en materia de viviendas e infraestructura están en el orden de 7% del Producto Interno Bruto, mientras que en el país, de acuerdo con los datos del presupuesto y del BCV, solo se está invirtiendo en esta área solo un 2% del PIB, además los estudios que tenemos en nuestra propuesta infraestructura, nos están diciendo que necesitamos invertir Bs.F. 60.000 millones solo para recuperar la infraestructura del país, cuando nos damos cuenta que tenemos 5% por debajo en materia de inversión, donde cada punto porcentual del PIB equivale a US$ 1.500 millones, eso indica que tendríamos que estar invirtiendo US$ 7.500 millones adicionales en vivienda-, asegura Dao.
Asegura que por el lado de la infraestructura, la situación es aún más grave porque en esta área también se requiere de una inversión del 7% del PIB, es decir que se está hablando de US$ 10.000 millones.
-Cuando se revisa tanto el sector vivienda como el de infraestructura, nos damos cuenta que se requiere una inversión anual de US$ 30.000 millones, y por muy boyante que sea un presupuesto nacional, esto lo que implica es que para acelerar las inversiones necesitas, cada vez más del sector privado, que participe para que invierta parte de esos 30.000 millones de dólares globales anuales entre vivienda y recuperación de infraestructura, para poder equiparar nuestro nivel de crecimiento con nuestros pares de la región-, asegura Dao.
Ratifica que la escasez de insumos, es más crítico en el sector de infraestructura que en el sector de construcción de viviendas, ya que en esta última la escasez pesa cerca de un 30%, mientras que en la infraestructura representa un 80%.
Gasto público y vivienda
Por su parte, el economista José Manuel Puente, asegura que el presupuesto de este año es un 45% superior al del año pasado, indicando que el gobierno implementará una política fiscal expansiva tratando de mantener el crecimiento que tuvo en el 2011, indicando que uno los sectores que podría dinamizar al sector construcción demandada por el sector público, más que la demandada por el sector privado que seguirá manteniendo comportamiento erráticos y de bajo crecimiento o contracción.
Admite que uno de los grandes "cuellos de botella" que tiene el sector, es el de los insumos, pero tienen los petrodólares con un barril de crudo con precio de 112 $/Bl, que generará unos US$ 91.000 millones en ingresos brutos por exportaciones, por lo que el gobierno va a tener los recursos para generar el impulso y la demanda de bienes, pero el problema va a estar en las restricciones de insumos que generará un techo a la producción de bienes inmuebles.
-Yo creo que el gobierno no va a poder cumplir con las metas de viviendas que ha proyectado, sin embargo creo que en el 2012 va a construir más viviendas de las que construyó en el 2010 y 2011, esto con la finalidad de generar la ilusión de armonía en un año electoral, tratando de moldear la posición en positivo de los votantes en un año electoral-, aseguró Puente.
Advierte que el déficit habitacional, estimado en 2,5 millones de viviendas, no se podrá solucionar a menos que haya una coalición sector público/sector privado, donde haya participación activa del gasto público por parte del Estado, pero a la vez del sector privado que permitan generar la sobreproducción de inmuebles que logre reducir en cinco, diez o quince años, este déficit, indicando que en este momento esta unificación de esfuerzos no existe.
Ejemplos a seguir
El economista Ángel Alayón, expuso durante su presentación, el impulso que ha tenido la industria de la construcción en algunos países de la región, siendo el caso más emblemático el de Chile, donde este sector se ha convertido en uno de los que ha impulsado el crecimiento de su economía.
Afirmó que en esa Nación no han hecho ningún descubrimiento extraordinario, sino que se han implementado unas reglas claras del juego entre las partes, ha habido una apertura a la participación de la inversión privada, se ha flexibilizado todo lo relativo a la permisería y no existen problemas en cuanto a la dotación de materias primas e insumos, indicando que todos estos objetivos perfectamente se pueden aplicar en Venezuela.
EL IMPULSO
25-04-2012
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Señaló que en el primer trimestre de este año, se ha mantenido en el sector, la tendencia declinante que se registró en el año 2011, asegurando que se requieren tanto para la construcción de viviendas como para la infraestructura, cerca de US$ 30.000 millones por año, si es que se quiere resolver el problema del déficit habitacional y la recuperación de la infraestructura.
Escasez de insumos afectan al sector
-La situación que hemos vivido en este primer trimestre, no está cambiando y es igual a la del cierre del último trimestre, mientras que en los contactos con los agremiados hemos ratificado la información de que persiste la escasez de insumos en todo el territorio nacional-, afirma.
Destaca asimismo, que el crecimiento del sector en América Latina viene siendo una referencia mundial, mientras que en Venezuela en materia de construcción, estamos decreciendo, se está desinvirtiendo.
-Cuando nos comparamos con países como Colombia y Chile, las inversiones de ellos en materia de viviendas e infraestructura están en el orden de 7% del Producto Interno Bruto, mientras que en el país, de acuerdo con los datos del presupuesto y del BCV, solo se está invirtiendo en esta área solo un 2% del PIB, además los estudios que tenemos en nuestra propuesta infraestructura, nos están diciendo que necesitamos invertir Bs.F. 60.000 millones solo para recuperar la infraestructura del país, cuando nos damos cuenta que tenemos 5% por debajo en materia de inversión, donde cada punto porcentual del PIB equivale a US$ 1.500 millones, eso indica que tendríamos que estar invirtiendo US$ 7.500 millones adicionales en vivienda-, asegura Dao.
Asegura que por el lado de la infraestructura, la situación es aún más grave porque en esta área también se requiere de una inversión del 7% del PIB, es decir que se está hablando de US$ 10.000 millones.
-Cuando se revisa tanto el sector vivienda como el de infraestructura, nos damos cuenta que se requiere una inversión anual de US$ 30.000 millones, y por muy boyante que sea un presupuesto nacional, esto lo que implica es que para acelerar las inversiones necesitas, cada vez más del sector privado, que participe para que invierta parte de esos 30.000 millones de dólares globales anuales entre vivienda y recuperación de infraestructura, para poder equiparar nuestro nivel de crecimiento con nuestros pares de la región-, asegura Dao.
Ratifica que la escasez de insumos, es más crítico en el sector de infraestructura que en el sector de construcción de viviendas, ya que en esta última la escasez pesa cerca de un 30%, mientras que en la infraestructura representa un 80%.
Gasto público y vivienda
Por su parte, el economista José Manuel Puente, asegura que el presupuesto de este año es un 45% superior al del año pasado, indicando que el gobierno implementará una política fiscal expansiva tratando de mantener el crecimiento que tuvo en el 2011, indicando que uno los sectores que podría dinamizar al sector construcción demandada por el sector público, más que la demandada por el sector privado que seguirá manteniendo comportamiento erráticos y de bajo crecimiento o contracción.
Admite que uno de los grandes "cuellos de botella" que tiene el sector, es el de los insumos, pero tienen los petrodólares con un barril de crudo con precio de 112 $/Bl, que generará unos US$ 91.000 millones en ingresos brutos por exportaciones, por lo que el gobierno va a tener los recursos para generar el impulso y la demanda de bienes, pero el problema va a estar en las restricciones de insumos que generará un techo a la producción de bienes inmuebles.
-Yo creo que el gobierno no va a poder cumplir con las metas de viviendas que ha proyectado, sin embargo creo que en el 2012 va a construir más viviendas de las que construyó en el 2010 y 2011, esto con la finalidad de generar la ilusión de armonía en un año electoral, tratando de moldear la posición en positivo de los votantes en un año electoral-, aseguró Puente.
Advierte que el déficit habitacional, estimado en 2,5 millones de viviendas, no se podrá solucionar a menos que haya una coalición sector público/sector privado, donde haya participación activa del gasto público por parte del Estado, pero a la vez del sector privado que permitan generar la sobreproducción de inmuebles que logre reducir en cinco, diez o quince años, este déficit, indicando que en este momento esta unificación de esfuerzos no existe.
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El economista Ángel Alayón, expuso durante su presentación, el impulso que ha tenido la industria de la construcción en algunos países de la región, siendo el caso más emblemático el de Chile, donde este sector se ha convertido en uno de los que ha impulsado el crecimiento de su economía.
Afirmó que en esa Nación no han hecho ningún descubrimiento extraordinario, sino que se han implementado unas reglas claras del juego entre las partes, ha habido una apertura a la participación de la inversión privada, se ha flexibilizado todo lo relativo a la permisería y no existen problemas en cuanto a la dotación de materias primas e insumos, indicando que todos estos objetivos perfectamente se pueden aplicar en Venezuela.
EL IMPULSO
25-04-2012
Recopilado por:
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Cámara Inmobiliaria de Venezuela: "La Ley de Arrendamiento ha acabado con el mercado"
VIDEO: Cámara Inmobiliaria de Venezuela: "La Ley de Arrendamiento ha acabado con el mercado"
Este miércoles, en el programa “Entre Periodistas” transmitido por Televen se abordó el tema de la situación habitacional en el país.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini afirmó que “a cinco meses de la Ley de Arrendamiento, nadie en Venezuela está cumpliendo con la ley porque no pueden. Este reglamento ha acabado con el mercado inmobiliario“.
Martini aseguró que “no hay oferta de alquileres” publicadas.
“Hoy en día todos los venezolanos están a merced de ser multados porque nadie está cumpliendo con la ley”, agregó.
Por su parte, la vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, Ana Marina Rodríguez considera que las medidas asumidas por el Gobierno nacional han sido positivas. “El decreto de congelación de alquileres tiene bastante tiempo en vigencia, en virtud de la necesidad que tuvo el Estado de controlar la especulación inmobiliaria del mercado del alquiler”.
“El Estado ha tenido que mantener la congelación de alquileres para frenar la especulación de precios, indicó”.
Asimismo, señaló que el reglamento de Ley de Arrendamiento establece una metodología que determina el justo valor del inmueble y se aplica para la fijación del canon de arrendamiento. “Actualmente se están haciendo las inspecciones para poder hacer la aplicación de la fórmula”.
Rodríguez resaltó que “el único Gobierno que se ha preocupado por resolver el problema de la viviendas es el de Hugo Chávez”.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Rimundo Orta Martínez sostuvo que “el balance para nosotros es sumamente negativo. No hay alquileres en el país y eso perjudica a las personas que no tienen vivienda”.
Orta explicó que “cuando sale de la oferta publica una vivienda en alquiler, hay una familia que no va a tener un techo provisional y que el Estado se tiene que hacer responsable porque la construcción privada está deprimida por la cantidad de regulaciones, invasiones y expropiaciones que se han ejecutado en país”.
El presidente de Apiur acotó que “el gran defecto de esta ley es que todas las funciones, desde la revisión de un contrato hasta la parte del desalojo, se le dieron a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y este organismo apenas está empezando a constituirse en el interior del país”.
“Esta Superintendencia no está preparada para aplicar la ley”, aseveró.
Por otra parte, destacó que “no se ha hecho ningún avalúo a nivel nacional para determinar el precio de un inmueble o el canon de arrendamiento. Tampoco se ha fijado el porcentaje que se le fijo a las constructoras de arrendamiento obligatorio.”
Finalmente, expresó que “cuando en este país vuelva el respeto a a propiedad privada, volverán a construirse viviendas y existirán ofertas en alquiler”.
Noticias24
25-04-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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hmedina30@yahoo.es
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
Este miércoles, en el programa “Entre Periodistas” transmitido por Televen se abordó el tema de la situación habitacional en el país.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini afirmó que “a cinco meses de la Ley de Arrendamiento, nadie en Venezuela está cumpliendo con la ley porque no pueden. Este reglamento ha acabado con el mercado inmobiliario“.
Martini aseguró que “no hay oferta de alquileres” publicadas.
“Hoy en día todos los venezolanos están a merced de ser multados porque nadie está cumpliendo con la ley”, agregó.
Por su parte, la vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, Ana Marina Rodríguez considera que las medidas asumidas por el Gobierno nacional han sido positivas. “El decreto de congelación de alquileres tiene bastante tiempo en vigencia, en virtud de la necesidad que tuvo el Estado de controlar la especulación inmobiliaria del mercado del alquiler”.
“El Estado ha tenido que mantener la congelación de alquileres para frenar la especulación de precios, indicó”.
Asimismo, señaló que el reglamento de Ley de Arrendamiento establece una metodología que determina el justo valor del inmueble y se aplica para la fijación del canon de arrendamiento. “Actualmente se están haciendo las inspecciones para poder hacer la aplicación de la fórmula”.
Rodríguez resaltó que “el único Gobierno que se ha preocupado por resolver el problema de la viviendas es el de Hugo Chávez”.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Rimundo Orta Martínez sostuvo que “el balance para nosotros es sumamente negativo. No hay alquileres en el país y eso perjudica a las personas que no tienen vivienda”.
Orta explicó que “cuando sale de la oferta publica una vivienda en alquiler, hay una familia que no va a tener un techo provisional y que el Estado se tiene que hacer responsable porque la construcción privada está deprimida por la cantidad de regulaciones, invasiones y expropiaciones que se han ejecutado en país”.
El presidente de Apiur acotó que “el gran defecto de esta ley es que todas las funciones, desde la revisión de un contrato hasta la parte del desalojo, se le dieron a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y este organismo apenas está empezando a constituirse en el interior del país”.
“Esta Superintendencia no está preparada para aplicar la ley”, aseveró.
Por otra parte, destacó que “no se ha hecho ningún avalúo a nivel nacional para determinar el precio de un inmueble o el canon de arrendamiento. Tampoco se ha fijado el porcentaje que se le fijo a las constructoras de arrendamiento obligatorio.”
Finalmente, expresó que “cuando en este país vuelva el respeto a a propiedad privada, volverán a construirse viviendas y existirán ofertas en alquiler”.
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Sólo en 4 de los últimos 50 años se hicieron viviendas suficientes
Un estudio de la Asociación Venezolana de Ejecutivos compara la situación del país con la de Chile | Omar Véliz
El objetivo de edificar viviendas suficientes para cubrir el crecimiento de la población sólo se ha logrado en 4 de los últimos 50 años, según un estudio presentado por la Asociación Venezolana de Ejecutivos en la inauguración de la Semana de la Construcción 2012.
El trabajo compara el caso venezolano con el chileno, país que lleva 20 años construyendo más viviendas de las que necesita y cuya tasa anual de unidades edificadas por cada 1.000 habitantes cuadruplica a la registrada en el segundo período presidencial de Hugo Chávez.
Ángel Alayón, integrante de la junta directiva de la AVE, destacó que la clave del éxito en Chile que hasta hace dos décadas tenía el mismo problema que Venezuela ha sido la complementación entre el sector público y el privado para alcanzar los objetivos trazados.
El Estado chileno concentra sus esfuerzos en construir para los más pobres y subsidiar a la clase trabajadora, mientras que el sector privado edifica para el sector que recibe subsidio y para quienes pueden comprar una vivienda con recursos propios, agregó.
Otro factor importante es la estabilidad de precios. El economista José Manuel Puente advirtió que esto no se logrará en Venezuela mientras no haya un cambio en las políticas públicas.
Puente dijo que medidas como la Ley de Costos y Precios Justos no sirven porque atacan el elemento especulativo sin atender las causas del problema inflacionario, como el déficit fiscal y la caída de la producción.
Inversión millonaria
Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, aseguró que el país necesita invertir 30 millardos de dólares en las áreas de infraestructura y vivienda.
Dao aseguró que el Estado, por más ingresos petroleros que tenga, no puede asumir la carga sólo porque descuidaría otras áreas. Por eso, considera que se deben crear las condiciones para que el sector privado participe.
Alayón y Puente coincidieron en que una alianza públicoprivada es la fórmula idónea para resolver el déficit de vivienda y las carencias en materia de infraestructura.
El Nacional
25-04-2012
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El trabajo compara el caso venezolano con el chileno, país que lleva 20 años construyendo más viviendas de las que necesita y cuya tasa anual de unidades edificadas por cada 1.000 habitantes cuadruplica a la registrada en el segundo período presidencial de Hugo Chávez.
Ángel Alayón, integrante de la junta directiva de la AVE, destacó que la clave del éxito en Chile que hasta hace dos décadas tenía el mismo problema que Venezuela ha sido la complementación entre el sector público y el privado para alcanzar los objetivos trazados.
El Estado chileno concentra sus esfuerzos en construir para los más pobres y subsidiar a la clase trabajadora, mientras que el sector privado edifica para el sector que recibe subsidio y para quienes pueden comprar una vivienda con recursos propios, agregó.
Otro factor importante es la estabilidad de precios. El economista José Manuel Puente advirtió que esto no se logrará en Venezuela mientras no haya un cambio en las políticas públicas.
Puente dijo que medidas como la Ley de Costos y Precios Justos no sirven porque atacan el elemento especulativo sin atender las causas del problema inflacionario, como el déficit fiscal y la caída de la producción.
Inversión millonaria
Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, aseguró que el país necesita invertir 30 millardos de dólares en las áreas de infraestructura y vivienda.
Dao aseguró que el Estado, por más ingresos petroleros que tenga, no puede asumir la carga sólo porque descuidaría otras áreas. Por eso, considera que se deben crear las condiciones para que el sector privado participe.
Alayón y Puente coincidieron en que una alianza públicoprivada es la fórmula idónea para resolver el déficit de vivienda y las carencias en materia de infraestructura.
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Seniat retuvo más de 2 toneladas de cemento en la Guajira venezolana
Funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscritos a la Aduana Subalterna de Paraguachón, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, retuvieron 90 sacos de cemento gris durante un operativo realizado en el Puente sobre el río Limón, en el municipio Guajira del estado Zulia.
El Gerente de la Aduana Subalterna de Paraguachón, Solide Chávez Matos, explicó que el procedimiento se llevó a cabo al realizar la inspección de la mercancía y el transportista no presentó la documentación establecida en la Ley Orgánica de Aduanas e incumplió con las restricciones de importación que este tipo de materiales de construcción tiene en las fronteras venezolanas.
Destacó que los 90 sacos de cemento gris equivalen a más de 2 toneladas de este producto y como parte del trabajo en conjunto con la Guardia Nacional se vienen efectuando operativos constantes de control sobre las mercancías en resguardo de los materiales que se utilizan en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“El SENIAT, como organismo del Gobierno Bolivariano, contribuye a garantizar la soberanía de su territorio y que los materiales que se utilizan en la construcción de viviendas dignas para el pueblo venezolano, a través de la Gran Misión Vivienda que promueve el Comandante-Presidente Hugo Chávez Frías, no sean desviados a otros destinos, en este caso hacia la hermana República de Colombia”, acotó Chávez Matos.
Con esta acción se da cumplimiento a los lineamientos del Superintendente del SENIAT, José David Cabello Rondón, quien promueve el Sistema Aduanero y Tributario Socialista que contribuye a llevar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano.
Globovisión
25-04-2012
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Destacó que los 90 sacos de cemento gris equivalen a más de 2 toneladas de este producto y como parte del trabajo en conjunto con la Guardia Nacional se vienen efectuando operativos constantes de control sobre las mercancías en resguardo de los materiales que se utilizan en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“El SENIAT, como organismo del Gobierno Bolivariano, contribuye a garantizar la soberanía de su territorio y que los materiales que se utilizan en la construcción de viviendas dignas para el pueblo venezolano, a través de la Gran Misión Vivienda que promueve el Comandante-Presidente Hugo Chávez Frías, no sean desviados a otros destinos, en este caso hacia la hermana República de Colombia”, acotó Chávez Matos.
Con esta acción se da cumplimiento a los lineamientos del Superintendente del SENIAT, José David Cabello Rondón, quien promueve el Sistema Aduanero y Tributario Socialista que contribuye a llevar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano.
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Gobierno venezolano entregó más de 188 mil viviendas en un año
Un total de 188 mil 581 viviendas fueron construidas y entregadas a igual número de familias venezolanas desde que comenzó el ambicioso programa social del Gobierno, en abril del pasado año, afirmó hoy el ministro pertinente Ricardo Molina.
El titular de Viviendas y Habitat señaló además que hasta la fecha se asignaron 41 mil 863 apartamentos, de los 200 mil previstos para este año en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Mediante este programa el Gobierno prevé que en 2019 todos las familias venezolanas dispongan de una vivienda digna, aseguró Molina en declaraciones a Radio Nacional de Venezuela.
Recordó que como parte del Plan de Emergencia ejecutado para resolver el problema habitacional de los damnificados por las lluvias de 2010 y 2011, se construyen 28 mil hogares en el Distrito Capital y 51 mil en el vecino estado Miranda.
En su intervención Molina hizo un breve balance del programa de construcción de viviendas emprendido por el Gobierno del presidente Hugo Chávez y recordó que ocho ministerios participan en su ejecución.
Todos los jueves estamos desplegados en la entrega de viviendas por todo el país, enfatizó el ministro.
Prensa Latina
25-04-2012
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Mediante este programa el Gobierno prevé que en 2019 todos las familias venezolanas dispongan de una vivienda digna, aseguró Molina en declaraciones a Radio Nacional de Venezuela.
Recordó que como parte del Plan de Emergencia ejecutado para resolver el problema habitacional de los damnificados por las lluvias de 2010 y 2011, se construyen 28 mil hogares en el Distrito Capital y 51 mil en el vecino estado Miranda.
En su intervención Molina hizo un breve balance del programa de construcción de viviendas emprendido por el Gobierno del presidente Hugo Chávez y recordó que ocho ministerios participan en su ejecución.
Todos los jueves estamos desplegados en la entrega de viviendas por todo el país, enfatizó el ministro.
Prensa Latina
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Dueños de galpones expropiados exigen materiales
Aires acondicionados, tuberías para la construcción, cabillas, losas para pisos y puertas, son los materiales que reposan dentro del galpón, desde enero.
Según Sebastian García, uno de los propietarios, el viernes mantuvieron una reunión, durante cinco horas, donde acordaron que los materiales serían entregados ayer a las 8:00 de la mañana, pero al llegar al lugar les restringieron el acceso por órdenes del ministro Carlos Osorio, quien estableció no entregar nada.
También precisó que se han llevado tres gandolas de cabillas de la cartonera, las cuales estaban destinadas para una construcción. “Nos están saqueando nuestros materiales. Eso nos pertenece, nosotros tenemos factura”.
Consideró que la zona no ha sido expropiada porque la Ley confisca bienhechurías donde existen negocios “Ahí no habían negocios, los galpones estaban alquilados a particulares”.
Asimismo, comentó que seguirán haciendo las gestiones hasta conseguir lo que les pertenece. “No vamos a renunciar a nuestros derechos. Los accionistas luchan para recuperar lo que les corresponde por trabajo. Tuvimos que hacer muchos viajes a Maracaibo para repartir pollo y distribuirlos en San Félix y en todo el estado Bolívar. Nosotros nos dedicamos únicamente a trabajar “
Exhortó a los organismos competentes a abocarse al problema, a nombrar comisiones para que, a través de negociaciones se haga justicia y les cancelen lo que les quitaron.
“Sólo queremos que nos entreguen lo que dejamos ahí. Nosotros le damos el galpón, pero que nos entreguen los materiales porque nosotros tenemos la factura. Cuando el paro no nos paramos porque no somos políticos, somos trabajadores, hacemos patria de la buena, no le quitamos nada a nadie”
No hay bodegas
La distribuidora de alimentos, expropiada en el 2010, surtía a 22 mil bodegas del estado, que eran atendidas por amas de casas y trabajadoras jubiladas que conseguían un sustento a través del negocio.
Según García, en la actualidad las instalaciones de Friosa están desoladas y sin producciones. “Luego de haber sido expropiada nadie trabaja, no sabes donde vienen los recursos para pagarle a 1600 trabajadores que laboran ahí”.
El Diario de Guayana
25-04-2012
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También precisó que se han llevado tres gandolas de cabillas de la cartonera, las cuales estaban destinadas para una construcción. “Nos están saqueando nuestros materiales. Eso nos pertenece, nosotros tenemos factura”.
Consideró que la zona no ha sido expropiada porque la Ley confisca bienhechurías donde existen negocios “Ahí no habían negocios, los galpones estaban alquilados a particulares”.
Asimismo, comentó que seguirán haciendo las gestiones hasta conseguir lo que les pertenece. “No vamos a renunciar a nuestros derechos. Los accionistas luchan para recuperar lo que les corresponde por trabajo. Tuvimos que hacer muchos viajes a Maracaibo para repartir pollo y distribuirlos en San Félix y en todo el estado Bolívar. Nosotros nos dedicamos únicamente a trabajar “
Exhortó a los organismos competentes a abocarse al problema, a nombrar comisiones para que, a través de negociaciones se haga justicia y les cancelen lo que les quitaron.
“Sólo queremos que nos entreguen lo que dejamos ahí. Nosotros le damos el galpón, pero que nos entreguen los materiales porque nosotros tenemos la factura. Cuando el paro no nos paramos porque no somos políticos, somos trabajadores, hacemos patria de la buena, no le quitamos nada a nadie”
No hay bodegas
La distribuidora de alimentos, expropiada en el 2010, surtía a 22 mil bodegas del estado, que eran atendidas por amas de casas y trabajadoras jubiladas que conseguían un sustento a través del negocio.
Según García, en la actualidad las instalaciones de Friosa están desoladas y sin producciones. “Luego de haber sido expropiada nadie trabaja, no sabes donde vienen los recursos para pagarle a 1600 trabajadores que laboran ahí”.
El Diario de Guayana
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En Cumaná los ranchos le abrieron el camino a un urbanismo
Norys Vargas culminó su lucha por tener techo propio, tras vivir en un rancho y luego residenciarse en una casa ajena. Cuatro meses atrás recibió un apartamento del urbanismo Luis Mariano Rivera en Cumaná, estado Sucre, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Esta madre de dos adolescentes y pilar de la familia recordó que el lugar era parte de un cerro que ocuparon varias familias, quienes construyeron ranchos sin abandonar la idea de organización para la elaboración de un proyecto de vivienda con apoyo del Gobierno.
El plan fue tomado en cuenta por el Ejecutivo sucrense, hace 16 años. Desde entonces habitaban arrimados en casas de familia, algunos hacinados y otros alquilados en condiciones precarias, pues debieron abandonar el terreno para movimientos de tierra y posterior edificación de viviendas.
Vargas comentó que protagonizaron manifestaciones de calle y cierres de vía por retrasos en la ejecución de la obra durante la gestión del ex gobernador del estado Ramón Martínez (dirigente de Podemos). No obstante, con el impulso de la Misión Vivienda vieron pronto los resultados con la construcción de los primeros 40 apartamentos, en un tiempo aproximado de un año.
"Cuando recibí mi apartamento me sentí emocionada y agradecida con el presidente Hugo Chávez, porque es un hogar digno con las mejores condiciones para habitar. Es un apartamento con su piso de cerámica, de tres habitaciones, dos baños, sala y comedor", manifestó.
Consideró que la organización y la unión de las familias que conforman la OCV Luis Mariano Rivera, así como la creencia en un proyecto del Gobierno, fueron elementos fundamentales para materializar el sueño de un hogar digno en el marco de la Misión Vivienda Venezuela.
Comunidad participó en la obra
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Fundación Regional para la Vivienda (Funrevi), como organismos miembros de la Misión Vivienda, asumieron el compromiso para la edificación de la primera fase del proyecto, que comprende tres edificios con 40 apartamentos.
Miembros de la comunidad, por ser albañiles y maestros de obras, fueron incluidos en la construcción de sus propios hogares y la de sus vecinos. Tal experiencia la tuvo Oliver Muñoz, quien estaba desempleado y obtuvo una contratación por Funrevi para la edificación de las viviendas.
Manifestó orgullo porque con sus propias manos ayudó en el levantamiento de la obra para beneficio de su familia y de vecinos que, por 16 años, habitaron en ranchos.
Señaló que antes vivían apretados en un rancho, junto a su esposa y cinco hijos; ahora, la alegría reina en el hogar porque ahora conviven en un espacio amplio.
Beneficiarán a otras 108 familias
El urbanismo Luis Mariano Rivera continuará su ampliación para beneficiar a más familias. Otras siete torres serán edificadas en el mismo terreno, además de un centro de educación inicial, cancha deportiva, áreas verdes entre otros espacios para el sano esparcimiento.
Norys Vargas, también vicepresidenta de la OCV Luis Mariano Rivera, dijo que no deja de transmitir optimismo a otras 108 familias que serán vecinas en el urbanismo. Para ello esperan que miembros del Órgano Estadal de Vivienda anuncien el inicio de la segunda fase del proyecto.
Refirió que la Gran Misión Vivienda Venezuela "es uno de los mejores programas creados en el país, pues son muchas las familias que desean un hogar digno y no tienen los recursos para adquirirla a través del mercado privado".
Añadió que las familias creen en la Misión, pues antes en una asamblea de vecinos que agrupaba hasta 30 personas ahora reúne a más de 100, como resultado por el cumplimiento de las expectativas del programa social con la entrega de hogares a los venezolanos.
Agencia Venezolana de Noticias
24-04-2012
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Lic. Henry Medina
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Esta madre de dos adolescentes y pilar de la familia recordó que el lugar era parte de un cerro que ocuparon varias familias, quienes construyeron ranchos sin abandonar la idea de organización para la elaboración de un proyecto de vivienda con apoyo del Gobierno.
El plan fue tomado en cuenta por el Ejecutivo sucrense, hace 16 años. Desde entonces habitaban arrimados en casas de familia, algunos hacinados y otros alquilados en condiciones precarias, pues debieron abandonar el terreno para movimientos de tierra y posterior edificación de viviendas.
Vargas comentó que protagonizaron manifestaciones de calle y cierres de vía por retrasos en la ejecución de la obra durante la gestión del ex gobernador del estado Ramón Martínez (dirigente de Podemos). No obstante, con el impulso de la Misión Vivienda vieron pronto los resultados con la construcción de los primeros 40 apartamentos, en un tiempo aproximado de un año.
"Cuando recibí mi apartamento me sentí emocionada y agradecida con el presidente Hugo Chávez, porque es un hogar digno con las mejores condiciones para habitar. Es un apartamento con su piso de cerámica, de tres habitaciones, dos baños, sala y comedor", manifestó.
Consideró que la organización y la unión de las familias que conforman la OCV Luis Mariano Rivera, así como la creencia en un proyecto del Gobierno, fueron elementos fundamentales para materializar el sueño de un hogar digno en el marco de la Misión Vivienda Venezuela.
Comunidad participó en la obra
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Fundación Regional para la Vivienda (Funrevi), como organismos miembros de la Misión Vivienda, asumieron el compromiso para la edificación de la primera fase del proyecto, que comprende tres edificios con 40 apartamentos.
Miembros de la comunidad, por ser albañiles y maestros de obras, fueron incluidos en la construcción de sus propios hogares y la de sus vecinos. Tal experiencia la tuvo Oliver Muñoz, quien estaba desempleado y obtuvo una contratación por Funrevi para la edificación de las viviendas.
Manifestó orgullo porque con sus propias manos ayudó en el levantamiento de la obra para beneficio de su familia y de vecinos que, por 16 años, habitaron en ranchos.
Señaló que antes vivían apretados en un rancho, junto a su esposa y cinco hijos; ahora, la alegría reina en el hogar porque ahora conviven en un espacio amplio.
Beneficiarán a otras 108 familias
El urbanismo Luis Mariano Rivera continuará su ampliación para beneficiar a más familias. Otras siete torres serán edificadas en el mismo terreno, además de un centro de educación inicial, cancha deportiva, áreas verdes entre otros espacios para el sano esparcimiento.
Norys Vargas, también vicepresidenta de la OCV Luis Mariano Rivera, dijo que no deja de transmitir optimismo a otras 108 familias que serán vecinas en el urbanismo. Para ello esperan que miembros del Órgano Estadal de Vivienda anuncien el inicio de la segunda fase del proyecto.
Refirió que la Gran Misión Vivienda Venezuela "es uno de los mejores programas creados en el país, pues son muchas las familias que desean un hogar digno y no tienen los recursos para adquirirla a través del mercado privado".
Añadió que las familias creen en la Misión, pues antes en una asamblea de vecinos que agrupaba hasta 30 personas ahora reúne a más de 100, como resultado por el cumplimiento de las expectativas del programa social con la entrega de hogares a los venezolanos.
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La pelea por un techo es imperecedera
La historia siempre es la misma: “El reclamo se hace, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) promete entregar la titularidad de las tierras una vez que la municipalidad zonifique el área y, luego, cuando se logra la zonificación incumple lo acordado”.
Así resumió la situación de su comunidad María Contreras, vocera de Lomas de Santa Rosa, UD-298, consciente de que la síntesis es la misma que engloba a más de 300 asociaciones civiles provivienda y consejos comunales de Ciudad Guayana que, decepcionados de la gestión de la empresa matriz, decidieron tomar ayer las calles, con una marcha, para manifestar su descontento.
Otros intereses
El recorrido partió desde Villa Orinokia, un conjunto residencial aún en desarrollo, ubicado en el espacio adyacente al Hospital Uyapar, Alta Vista, UD-245. En ellos, la historia es igual: “Después de seis años luchando para construir la casa, el 5 de agosto del año pasado la CVG hizo un compromiso de venta, en el cual nos darían la titularidad si lográbamos la zonificación”, contó la representante de la asociación civil Villa Orinokia, Lourdes Mata.
Agregó que, después de que el 14 de diciembre del 2011 lograron la zonificación e iniciaron la edificación de las viviendas, el 29 de marzo una comisión encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana regional, Julio César Fuentes Manzulli, se presentó en los terrenos para detener la obra, alegando que la CVG es la dueña de las parcelas.
“Lo que pasa es que hay intereses de por medio. Ellos quieren vender esto al mejor postor, a quien le dé más dinero, pero no. Señor gobernador, usted no es el único que tiene derecho de vivir en el centro de la ciudad, nosotros también. Y el pueblo está cansado. Si nos tenemos que alzar en contra de usted, lo haremos”, sentenció la vocera comunal encabezando la caminata con destino al edificio casa matriz de la CVG, en Alta Vista.
“No más engaños”
Los marchantes contaron con el apoyo de los efectivos de la Policía del estado Bolívar (PEB), quienes despejaron la ruta y contuvieron el tráfico a lo largo de la avenida Paseo Caroní, por donde los manifestantes corearon consignas como: “No más engaños”, “exigimos a la CVG la venta de los terrenos”, y exhibieron pancartas con frases de rechazo a la gestión de la Corporación, tales como: “El pueblo desarrollando y la CVG limitando”.
Una vez en la sede de la CVG, los manifestantes tomaron las instalaciones para exigir una reunión con su presidente, Rafael Gil Barrios.
“Aquí estamos todos los representantes de las asociaciones civiles provivienda. Estamos más unidos que nunca y queremos que nos entreguen la titularidad de las tierras. Que se termine la mafia de los terrenos en donde nos quieren vender el metro cuadrado a 266 bolívares y la parcela nos termina costando más de 90 millones. Si pagamos eso, ¿cómo construimos nuestra casa?”, resaltó la representante de Isla Cubagua, UD-297, Mónica Andújar.
Ejidos bajo control municipal
Según la vocera comunal, en estas 300 asociaciones provivienda y consejos comunales se concentran más de 10 mil familias de las unidades de desarrollo (UD) 131, 236, 245, 247, 297, 298, 299, 305, 330, 338 y 339, “todas bajo la misma situación y con las mismas respuestas de parte de la CVG: que a nosotros lo que nos gusta es lomito”.
Algunos representantes de asociaciones civiles exigieron la venta, a precio moderado, de las tierras y la titularidad de las parcelas; otros, en cambio, se mostraron firmes en su posición de revocarle la administración de los ejidos municipales a la CVG.
“Queremos que se cumpla la ley. Constitucionalmente, las tierras deben ser administradas por la municipalidad y no por la CVG, que lo que ha hecho es negociar con ellas”, aseguró Julia Fermín, vocera de la organización Villa Ensueño, UD-298, quien además rechazó el acto de entrega de títulos a asociaciones civiles provivienda que se efectuará hoy con los representantes de la empresa matriz.
“No creemos en nada de eso por una simple razón: lo único que están entregando es una adjudicación de venta en la cual nos imponen la construcción de la vivienda en 24 meses, con opción de un plazo de 24 meses más. Las asociaciones que van a ese acto se están prestando para esa ilegalidad”, aseveró.
Convenio
Los manifestantes estuvieron en el edificio casa matriz de la CVG, desde las 9:30 de la mañana, exigiendo reunirse con los representantes de la empresa.
A las 10:00 de la mañana, Erika Villera, presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal Socialista de Caroní, entró en una reunión, a puertas cerradas con la vicepresidenta ejecutiva de la CVG, Haydée Valenzuela, y la gerente de Bienes Inmuebles, Nelkys Páez.
Seis horas después, a las 4:00 de la tarde, ante la negativa de los representantes de las organizaciones de abandonar las instalaciones hasta ser atendidos, se accedió la entrada de una comisión de ocho personas para conversar con las autoridades de la empresa.
De la reunión, informó Lourdes Mata, representante de la asociación Civil Villa Orinokia, se firmó un acta en la que se acordó la realización de una mesa de trabajo entre las instituciones gubernamentales, en la cual se evaluará la factibilidad de la construcción en cada caso y, dependiendo de ésta, se realizaría la venta.
Además, agregó, se plantearía cada situación de forma individual. La mesa de trabajo se llevará a cabo el 3 de mayo, y agrupará a los representantes de la CVG, la Cámara Municipal, el Ministerio para el Ambiente, Regulación Urbana municipal y Planificación Urbana Municipal.
Correo del Caroní
25-04-2012
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Así resumió la situación de su comunidad María Contreras, vocera de Lomas de Santa Rosa, UD-298, consciente de que la síntesis es la misma que engloba a más de 300 asociaciones civiles provivienda y consejos comunales de Ciudad Guayana que, decepcionados de la gestión de la empresa matriz, decidieron tomar ayer las calles, con una marcha, para manifestar su descontento.
Otros intereses
El recorrido partió desde Villa Orinokia, un conjunto residencial aún en desarrollo, ubicado en el espacio adyacente al Hospital Uyapar, Alta Vista, UD-245. En ellos, la historia es igual: “Después de seis años luchando para construir la casa, el 5 de agosto del año pasado la CVG hizo un compromiso de venta, en el cual nos darían la titularidad si lográbamos la zonificación”, contó la representante de la asociación civil Villa Orinokia, Lourdes Mata.
Agregó que, después de que el 14 de diciembre del 2011 lograron la zonificación e iniciaron la edificación de las viviendas, el 29 de marzo una comisión encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana regional, Julio César Fuentes Manzulli, se presentó en los terrenos para detener la obra, alegando que la CVG es la dueña de las parcelas.
“Lo que pasa es que hay intereses de por medio. Ellos quieren vender esto al mejor postor, a quien le dé más dinero, pero no. Señor gobernador, usted no es el único que tiene derecho de vivir en el centro de la ciudad, nosotros también. Y el pueblo está cansado. Si nos tenemos que alzar en contra de usted, lo haremos”, sentenció la vocera comunal encabezando la caminata con destino al edificio casa matriz de la CVG, en Alta Vista.
“No más engaños”
Los marchantes contaron con el apoyo de los efectivos de la Policía del estado Bolívar (PEB), quienes despejaron la ruta y contuvieron el tráfico a lo largo de la avenida Paseo Caroní, por donde los manifestantes corearon consignas como: “No más engaños”, “exigimos a la CVG la venta de los terrenos”, y exhibieron pancartas con frases de rechazo a la gestión de la Corporación, tales como: “El pueblo desarrollando y la CVG limitando”.
Una vez en la sede de la CVG, los manifestantes tomaron las instalaciones para exigir una reunión con su presidente, Rafael Gil Barrios.
“Aquí estamos todos los representantes de las asociaciones civiles provivienda. Estamos más unidos que nunca y queremos que nos entreguen la titularidad de las tierras. Que se termine la mafia de los terrenos en donde nos quieren vender el metro cuadrado a 266 bolívares y la parcela nos termina costando más de 90 millones. Si pagamos eso, ¿cómo construimos nuestra casa?”, resaltó la representante de Isla Cubagua, UD-297, Mónica Andújar.
Ejidos bajo control municipal
Según la vocera comunal, en estas 300 asociaciones provivienda y consejos comunales se concentran más de 10 mil familias de las unidades de desarrollo (UD) 131, 236, 245, 247, 297, 298, 299, 305, 330, 338 y 339, “todas bajo la misma situación y con las mismas respuestas de parte de la CVG: que a nosotros lo que nos gusta es lomito”.
Algunos representantes de asociaciones civiles exigieron la venta, a precio moderado, de las tierras y la titularidad de las parcelas; otros, en cambio, se mostraron firmes en su posición de revocarle la administración de los ejidos municipales a la CVG.
“Queremos que se cumpla la ley. Constitucionalmente, las tierras deben ser administradas por la municipalidad y no por la CVG, que lo que ha hecho es negociar con ellas”, aseguró Julia Fermín, vocera de la organización Villa Ensueño, UD-298, quien además rechazó el acto de entrega de títulos a asociaciones civiles provivienda que se efectuará hoy con los representantes de la empresa matriz.
“No creemos en nada de eso por una simple razón: lo único que están entregando es una adjudicación de venta en la cual nos imponen la construcción de la vivienda en 24 meses, con opción de un plazo de 24 meses más. Las asociaciones que van a ese acto se están prestando para esa ilegalidad”, aseveró.
Convenio
Los manifestantes estuvieron en el edificio casa matriz de la CVG, desde las 9:30 de la mañana, exigiendo reunirse con los representantes de la empresa.
A las 10:00 de la mañana, Erika Villera, presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal Socialista de Caroní, entró en una reunión, a puertas cerradas con la vicepresidenta ejecutiva de la CVG, Haydée Valenzuela, y la gerente de Bienes Inmuebles, Nelkys Páez.
Seis horas después, a las 4:00 de la tarde, ante la negativa de los representantes de las organizaciones de abandonar las instalaciones hasta ser atendidos, se accedió la entrada de una comisión de ocho personas para conversar con las autoridades de la empresa.
De la reunión, informó Lourdes Mata, representante de la asociación Civil Villa Orinokia, se firmó un acta en la que se acordó la realización de una mesa de trabajo entre las instituciones gubernamentales, en la cual se evaluará la factibilidad de la construcción en cada caso y, dependiendo de ésta, se realizaría la venta.
Además, agregó, se plantearía cada situación de forma individual. La mesa de trabajo se llevará a cabo el 3 de mayo, y agrupará a los representantes de la CVG, la Cámara Municipal, el Ministerio para el Ambiente, Regulación Urbana municipal y Planificación Urbana Municipal.
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Sidor deja grandes vacíos en el mercado nacional
Al igual que la producción de acero líquido, los despachos de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) retrocedieron en el primer trimestre de 2012.
La estatal informó que en los primeros tres meses de 2012 se logró un suministro de 291 mil 528 toneladas de productos, una caída de 37% si se compara con los despachos al mercado nacional experimentados en el primer trimestre del 2011 que alcanzaron a 465 mil toneladas.
Con respecto a 2007, un año antes de la nacionalización de la industria, el retroceso es de 53%. En ese año, aún en manos de la trasnacional Ternium, los despachos al mercado nacional alcanzaron 620 mil toneladas.
El director de la acería, en representación de los accionistas clase “B”, Pedro Acuña, manifestó que hasta el 2007 el mercado nacional demandaba un mínimo de 200 mil toneladas de productos de acero de Sidor por mes.
El nivel de requerimiento nacional para un trimestre se ubicaba en un mínimo de 600 mil toneladas de productos de Sidor, “lo que significa que en este primer trimestre se tuvo que haber generado en las empresas transformadoras nacionales una demanda insatisfecha de por lo menos 300 mil toneladas de acero”.
Acuña considera que la demanda insatisfecha debió ser importada, “a menos que se esté registrando una disminución de 50% en el aparato productivo industrial”.
Las exportaciones también descendieron al pasar de 251 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 91 mil toneladas aproximadamente en los primeros tres meses de este año.
Importación sin respuestas
La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM) solicitó en noviembre de 2011 aprobar importaciones de productos siderúrgicos para atender la demanda insatisfecha. En principio, el Ejecutivo autorizó la importación de 80 mil toneladas de productos de acero.
El presidente del gremio, Jorge Roig, explicó que en marzo fue instalada una mesa técnica con representantes de Sidor y el Ministerio de Industrias para atender la situación. El grupo se ha reunido en tres oportunidades.
“Sidor reconoció que durante seis meses no iba a poder satisfacer la demanda porque habían pedidos retrasados”, dijo, al señalar que con cartas de insuficiencia nacional, dos de las empresas más grandes del sector metalmecánico han podido importar productos de acero.
“Todavía vamos a tener un mes de desabastecimiento, esperamos que a partir de mayo y junio mejore la situación”.
Roig afirmó que las reuniones con Sidor y el Ministerio de Industrias han tenido un clima productivo para solucionar el problema.
Criticó, sin embargo, el poco apoyo prestado para la nacionalización de la mercancía. “Los puertos han sido ineficientes, tardan de tres a cuatro semanas para nacionalizar la mercancía”, principalmente laminados en caliente.
Repliegue general
La fabricación de otros rubros asociados a la producción siderúrgica también mermó. La producción de pellas retrocedió 29,3% al pasar de 1 millón 289 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 911 mil toneladas.
La producción de hierro de reducción directa (HRD) se contrajo 27,5% al pasar de 716 mil toneladas en los primeros tres meses de 2011 a 519 mil toneladas este año; mientras que la producción de cabillas mermó con mayor intensidad en 48,1%.
En el área de laminación en caliente, la producción retrocedió 34%; y en cuanto a hojalata la producción fue 50% menor a la del primer trimestre de 2011.
El Correo del Caroní
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La estatal informó que en los primeros tres meses de 2012 se logró un suministro de 291 mil 528 toneladas de productos, una caída de 37% si se compara con los despachos al mercado nacional experimentados en el primer trimestre del 2011 que alcanzaron a 465 mil toneladas.
Con respecto a 2007, un año antes de la nacionalización de la industria, el retroceso es de 53%. En ese año, aún en manos de la trasnacional Ternium, los despachos al mercado nacional alcanzaron 620 mil toneladas.
El director de la acería, en representación de los accionistas clase “B”, Pedro Acuña, manifestó que hasta el 2007 el mercado nacional demandaba un mínimo de 200 mil toneladas de productos de acero de Sidor por mes.
El nivel de requerimiento nacional para un trimestre se ubicaba en un mínimo de 600 mil toneladas de productos de Sidor, “lo que significa que en este primer trimestre se tuvo que haber generado en las empresas transformadoras nacionales una demanda insatisfecha de por lo menos 300 mil toneladas de acero”.
Acuña considera que la demanda insatisfecha debió ser importada, “a menos que se esté registrando una disminución de 50% en el aparato productivo industrial”.
Las exportaciones también descendieron al pasar de 251 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 91 mil toneladas aproximadamente en los primeros tres meses de este año.
Importación sin respuestas
La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM) solicitó en noviembre de 2011 aprobar importaciones de productos siderúrgicos para atender la demanda insatisfecha. En principio, el Ejecutivo autorizó la importación de 80 mil toneladas de productos de acero.
El presidente del gremio, Jorge Roig, explicó que en marzo fue instalada una mesa técnica con representantes de Sidor y el Ministerio de Industrias para atender la situación. El grupo se ha reunido en tres oportunidades.
“Sidor reconoció que durante seis meses no iba a poder satisfacer la demanda porque habían pedidos retrasados”, dijo, al señalar que con cartas de insuficiencia nacional, dos de las empresas más grandes del sector metalmecánico han podido importar productos de acero.
“Todavía vamos a tener un mes de desabastecimiento, esperamos que a partir de mayo y junio mejore la situación”.
Roig afirmó que las reuniones con Sidor y el Ministerio de Industrias han tenido un clima productivo para solucionar el problema.
Criticó, sin embargo, el poco apoyo prestado para la nacionalización de la mercancía. “Los puertos han sido ineficientes, tardan de tres a cuatro semanas para nacionalizar la mercancía”, principalmente laminados en caliente.
Repliegue general
La fabricación de otros rubros asociados a la producción siderúrgica también mermó. La producción de pellas retrocedió 29,3% al pasar de 1 millón 289 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 911 mil toneladas.
La producción de hierro de reducción directa (HRD) se contrajo 27,5% al pasar de 716 mil toneladas en los primeros tres meses de 2011 a 519 mil toneladas este año; mientras que la producción de cabillas mermó con mayor intensidad en 48,1%.
En el área de laminación en caliente, la producción retrocedió 34%; y en cuanto a hojalata la producción fue 50% menor a la del primer trimestre de 2011.
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Familia invade su propia vivienda porque inquilino se niega a salir
Desde el lunes 23 de abril, dos integrantes de la familia Ramírez Galán, dueños de la vivienda ubicada en el sector Campo Deportivo, en Cordero, municipio Andrés Bello, invadieron su propia vivienda, como medida de presión, en vista de que el actual inquilino se niega a desalojarla.
Jorge Ramírez, hijo del matrimonio propietario de la casa, manifestó que Frank Molina, quien arrendó el inmueble desde septiembre de 2011, no quiere irse, alegando que la Ley de Inquilinato lo ampara, aunque la familia Ramírez Galán no cuenta con otro techo y esta es su vivienda principal.
Explicó Ramírez que su madre, Sonia Galán, decidió arrendar la vivienda porque necesitaba trasladarse a la ciudad de Mérida para efectuarse un tratamiento de yodo radioactivo para un cáncer tiroideo; y utilizaban el dinero del alquiler para cancelar otra vivienda provisional en el sitio, mientras concluía el tratamiento.
—Desde hace 3 noches, mi madre y mi hermana, junto a mi sobrina de 3 años, están durmiendo en colchonetas, en el piso del patio de nuestra casa— aseguró.
Según Ramírez, se han dirigido a los organismos competentes para encontrar una pronta solución a la situación; sin embargo, no han recibido ninguna respuesta.
—Como consecuencia de los constantes retrasos en los pagos, mis padres le hicieron firmar al inquilino una orden de desalojo, apenas dos meses después de haber alquilado, pero luego de regresar de Mérida nos dimos cuenta de que Molina cambió las cerraduras de la casa, tumbó parte del techo del frente e hizo remodelaciones sin autorización— dijo.
Por último, expresó que a pesar de que quisieron acordar con Molina para que les habilitara una de las tres habitaciones que tiene la casa, el inquilino no accedió. “No se le nota ni la más mínima intención de desalojar el inmueble”.
Mariajosé Niño
La Nacion
26-04-2012
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Jorge Ramírez, hijo del matrimonio propietario de la casa, manifestó que Frank Molina, quien arrendó el inmueble desde septiembre de 2011, no quiere irse, alegando que la Ley de Inquilinato lo ampara, aunque la familia Ramírez Galán no cuenta con otro techo y esta es su vivienda principal.
Explicó Ramírez que su madre, Sonia Galán, decidió arrendar la vivienda porque necesitaba trasladarse a la ciudad de Mérida para efectuarse un tratamiento de yodo radioactivo para un cáncer tiroideo; y utilizaban el dinero del alquiler para cancelar otra vivienda provisional en el sitio, mientras concluía el tratamiento.
—Desde hace 3 noches, mi madre y mi hermana, junto a mi sobrina de 3 años, están durmiendo en colchonetas, en el piso del patio de nuestra casa— aseguró.
Según Ramírez, se han dirigido a los organismos competentes para encontrar una pronta solución a la situación; sin embargo, no han recibido ninguna respuesta.
—Como consecuencia de los constantes retrasos en los pagos, mis padres le hicieron firmar al inquilino una orden de desalojo, apenas dos meses después de haber alquilado, pero luego de regresar de Mérida nos dimos cuenta de que Molina cambió las cerraduras de la casa, tumbó parte del techo del frente e hizo remodelaciones sin autorización— dijo.
Por último, expresó que a pesar de que quisieron acordar con Molina para que les habilitara una de las tres habitaciones que tiene la casa, el inquilino no accedió. “No se le nota ni la más mínima intención de desalojar el inmueble”.
Mariajosé Niño
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