miércoles, 17 de febrero de 2016

¡No, no quiero ser propietario!


Fuente imagen: www.migliorisiabogados.com

La posesión de bienes privados y los sistemas de producción, así como la distensión del principio de heredad respecto de otras expresiones humanas como la libertad, ha sido factor invariable de la cultura del venezolano. Por tanto, la difusión gubernativa que persiste en culpar a "patrones sablistas" por el fracaso del socialismo del siglo XXI, carece de penetración social. Luego de 17 años de controles sobre todo tipo de bienes, las felpas de Maduro contra la empresa privada, más que inútiles, son discordantes. El dueño de una vivienda, vehículo, conuco, rancho, bodega, fábrica de papelón o casabe, se siente "dueño" no sólo de los pocos o muchos bienes a su disposición sino del libre poder de decisión sobre su futuro y de su familia.

La negativa del régimen para otorgar títulos de propiedad a los asistidos por la Misión Vivienda, se inscribe en un rancio dogma colonial sustentado por arrestos coercitivos. El aparatoso evento montado por el régimen frente a la Asamblea Nacional, aupando a un pequeño grupo de humildes venezolanos para que denigren del derecho de propiedad sobre la vivienda que precariamente ocupan, fue triste y vergonzoso. "No quiero ser propietario de la vivienda que habito", esgrimido por el grupo sumiso, es un manifiesto tan burdo como negador de la esencia humana. El mismísimo hombre de las cavernas defendía, de hecho, hasta con su vida (porque no existían Registros Públicos) el derecho de propiedad sobre la caverna que ocupaba.

El vecino no resiste más el papel de simple conformista, postergado y manipulado en una rutina dizque socialista que los humilla, por ejemplo, en una cola. El vetusto colectivismo, loado por algunas mentes turbulentas que todavía llevan bajo el brazo los textos del Manifiesto Comunista (Marx y Engels), ni siquiera ha podido conferir a sus seguidores algo de autonomía para adquirir parte de sus alimentos básicos como harina de maíz. Mucho menos podrá recompensarlo para el disfrute de algunos símbolos convencionales del estatus social. 

En este país, más que cualquier otro, no obstante su inmensa riqueza material y favorables condiciones geográficas sobradamente referidas por los analistas como privilegiadas para generar estabilidad social, sólo un pequeño sector (los bendecidos por Chávez) se salva de la subyugación. Ahora hasta fungen como potenciales actores de un proceso histórico "liberador del pueblo", que entre otras "bondades", lo redime de ser propietario.

No avistan que el juego político en épocas de crisis prolongadas, como la actual, restricciones de este talante no sólo son inservibles sino ofensivas. El ocupante volátil de una vivienda no invertirá un solo centavo para mejorar las precarias condiciones en que la recibe si está impedido de planificar su progreso. Simular reciprocidad con "el pueblo" imposibilitado de adquirir medicamentos y alimentos esenciales, inseguro de circular por las calles y ahora impedido de ser propietario por disposición gubernativa, más que burla, es un ultraje contra su dignidad. 

Así, pues, ya no valen técnicas de manipuleo ni la profusa propaganda oficial para convencer al pobre de las bondades de la imposición forzosa de la "vivienda prestada". Ya soporta bastante con la carencia de insumos y equipos básicos para los acongojados por cáncer, diabetes, Zika, Chicungunya o similar.

Viene al caso recordar cómo el Banco Obrero e Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), forjadores de estupendos planes habitacionales a cargo de competentes sociólogos, ingenieros, arquitectos y técnicos, en los vilipendiados 40 años de democracia, instituyeron verdaderas escuelas de urbanismo con todo lo que ello conlleva. Derecho de propiedad, posesión del suelo, protección ambiental, documentos de condominio, alícuota de cada propietario, etc. ¡Sí, propietario! La propiedad sólo podía transferirse a terceros sólo cuando el dueño, -sí, el dueño-, hubiese cancelado toda la deuda. Ciertamente, el Inavi se reservaba el derecho preferente de readquirirla o no, en plazo determinado, para evitar "la temida comercialización" esgrimida por el actual régimen que niega el derecho de propiedad a los ocupantes. 

La caprichosa demarcación social defendida con pasión por Maduro para delimitar quién puede ser propietario o no, se corresponde con una concepción marxista que se esmera por separar al privilegiado "de los demás". ¿Cuál socialismo?

miguelbmer@gmail.com
@MiguelBM29

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15-02-2016
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Sin planes urbanos

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Según cifras oficiales ya se han entregados más de un millón de viviendas a través de la GMVV, pero especialistas cuestionan la falta de planificación urbana en la política de viviendas. VENANCIO ALCÁZARES/ARCHIVO

Estudio sobre Desarrollo de Hábitat y Vivienda advierte que en los últimos 15 años la planificación ha sido la gran olvidada y esa omisión le ha costado muy cara a la Nación. Por Francisco Olivares

En los últimos 16 años se ha agravado el hacinamiento, la inseguridad y la falta de servicios públicos en las ciudades y especialmente en los barrios populares, así lo refieren los estudios sobre "Políticas Públicas de Desarrollo Urbano y Vivienda" recogidos por el equipo de especialistas de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, en los que se destaca que la ausencia de planificación ha sido un punto en común en los diversos planes de vivienda desarrollados en los último tres quinquenios.

Precisa el estudio que desde 1928 en Venezuela se buscó una política de desarrollo urbano que le otorgó a nuestras ciudades un orden urbanístico adecuado, cuestión que posibilitó para los años 50 el crecimiento de modernas urbes, con perfil cosmopolita, en varias capitales del país. El desarrollo urbano de la Nación continuó su ascenso hasta finales de los años 70, sin embargo -señala en su análisis- a partir de entonces hubo una ralentización de las condiciones urbanísticas, combinada con el crecimiento vegetativo de la población, lo que incrementó en forma significativa el déficit habitacional y desmejoró la calidad de vida de los venezolanos.

Este proceso de deterioro se incrementó durante los 16 años de gobierno socialista. Las ciudades han crecido anárquicamente, sin contar con servicios públicos suficientes.

El diagnóstico que aporta este grupo de especialistas en diversas áreas de urbanismo, recoge además un amplio plan de vivienda y hábitat para generar políticas públicas que se correspondan con un amplio plan con miras a una nueva etapa política en Venezuela que comprenda la necesidad de construir planificadamente.

A juicio de Miguel Méndez Rodulfo, especialista en políticas públicas y miembro este equipo multidisciplinario, de lo que se trata es de que los planes de construcción de viviendas estén enmarcados en una política de desarrollo urbano, lo cual es fundamental para proporcionar a los venezolanos condiciones de habitabilidad confortables, seguros.

Sostiene el estudio del grupo académico que hay severos problemas con el suministro eléctrico y de agua potable, así como de servicios de saneamiento ambiental. La caída de los índices de salud, el deterioro de los centros de atención, educación y escuelas, hablan de una ausencia del Estado en la prestación de servicios en la provisión de equipamientos urbanos.

Un millón de viviendas 

A finales del pasado mes de diciembre el presidente Nicolás Maduro hizo entrega de la vivienda número un millón en nombre de "La Revolución" como parte del programa "Gran Misión Vivienda Venezuela" (GMVV) la cual calificó como "un milagro de la revolución". La vivienda entregada forma parte de los tantos complejos habitacionales inaugurado en los últimos años por la GMVV. Sin embargo, en cuanto a la cifra, es necesario aclarar que dos tercios de ellas son autoconstrucción y equipamiento en barrios populares, que bajo el programa Barrio Nuevo Barrio Tricolor, forman parte de la GMVV.

Destaca la Cámara inmobiliaria que en 1999 el déficit habitacional era de un millón 200 mil viviendas y en la actualidad es de 2 millones 300 mil unidades.

Apunta Miguel Méndez que "no hay una política de adquisición y urbanización de suelos y el sector privado ha quedado excluido de la construcción de viviendas desde el proceso de expropiaciones que se inició en 2009 y el entramado legal que complicó la construcción de nuevas viviendas".

Para el especialista, el grave problema de carencia de viviendas y de condiciones inadecuadas en gran parte de los hogares afecta a más de 15 millones de venezolanos, lo que hace que esta situación deba ser abordada con urgencia para darle una solución integral. En su opinión se requiere construir 120.000 viviendas al año para ir disminuyendo el déficit habitacional y descontar el crecimiento vegetativo de la población, de manera que en aproximadamente en 20 años se logre compensar dicho déficit.

No es solo construir 

Destaca Miguel Méndez que, más allá del número de viviendas construidas y entregadas, gran parte de las viviendas de la GMVV se edificaron con déficit de urbanismo: sin estacionamientos, con ascensores de mala calidad, sin áreas verdes, parques, plazas, canchas deportivas, escuelas, preescolares, centro asistencial, farmacia, abasto, comercios, módulo policial, etc.

Otras presentaron graves problemas estructurales que recurrentemente son denunciados por los residentes a través de los medios.

Aquiles Martini Pietri, quien fuera presidente de la Cámara Inmobiliaria y experto en materia de vivienda, ha señalado que la primera etapa de la GMVV se hizo con base a expropiaciones como ocurrió con los estacionamientos de Caracas. Como ejemplo de la falta de planificación urbana explica cómo entonces en una parcela que estaba diseñada para un tipo de servicio le montaron un conjunto de edificios encima. ¿Qué consecuencias trajo eso? Se pregunta. En el Litoral central en Caraballeda, indica Martini, se tomaron una gran cantidad de predios que no estaban diseñados para montarles esa cantidad de edificios y hoy no tienen agua, no tienen escuela o no hay trabajo. Y así ocurre en otros espacios tomados.

Como ejemplo señala Martini que si se tiene un galpón que requiere de una dotación de agua para 4 baños y una población flotante que solo hace uso del agua durante el día y allí se construye un edifico de 300 apartamentos, es necesario darle dotación a 300 baños, para gente que está allí día y noche, energía eléctrica, vialidad, zonas de trabajo, comercios, servicios, se necesitan escuela para esas 300 familias, además de servido médico y puestos de trabajo.

Otro ejemplo que coloca Martini es el de Ciudad Caribia, sobre la cual considera que si ese urbanismo lo hubiese abordado el sector privado no hubiese podido hacerlo porque dotar de servicios a esa parcela fue realmente complejo y muy costoso. "Llevar el agua hasta esa colina no es tarea fácil y cuesta mucho dinero. Los distribuidores que se hicieron, la carretera para llegar al conjunto, todo eso ha tenido costos muy elevados. Ese no era el mejor terreno para hacer un urbanismo", sostiene.

Antes de llegar a la Gran Misión Vivienda Venezuela se crearon al menos 10 planes de viviendas distintos en los que se destacaron las "Ciudades Socialistas", Misión Villanueva, Petrocasas, Barrio Nuevo Tricolor, varios convenios internacionales etc. Al mismo tiempo múltiples leyes que han complicado y limitado la producción para el sector privado. A ello se le agregan los múltiples organismos que han asumido la tarea de estos proyectos sin que existiese un plan rector de urbanismo, coinciden Miguel Méndez y otros especialistas que trabajan el área de vivienda.

Barrios y calidad de vida 

Refiere el estudio sobre condiciones de vida de 2015 (Encovi), coordinado por las universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello y Central de Venezuela, presentado en el foro "Perspectivas Económicas 2016" en la UCAB, que 64,3%, de los hogares han sido autoproducidos por la propia gente y éstas duplican las cantidades construidas por el sector privado y el Gobierno. Sin embargo, el estudio que aborda el aspecto de vivienda que coordinó el urbanista Alfredo Cilento, destaca que el problema principal en esta materia no se centra en las condiciones de la vivienda dado que el número de hogares alojados en ranchos es de 9,7%, y todos los estudios realizados por estos institutos coinciden en que la mayor carencia en los barrios no es la casa o la vivienda en sí misma, sino el déficit de servicios públicos y comunales y la vulnerabilidad física-ambiental, social y económica.

Al evaluar el tema de la propiedad, sobre la cual se ha producido recientemente un debate sobre el caso de la GMVV, el estudio indicó que "80,7% de los hogares es propietario, adjudicatario o está pagando su vivienda".

Otro dato que revela el estudio sobre la vivienda es que la mitad de la población de Venezuela vive en barrios o zonas populares y se destaca que 47 % de las viviendas auto construidas son en extremo vulnerables, o potencialmente endebles, frente a sismos o cualquier otro fenómeno natural.

Sobre la problemática de los servicios públicos Encovi 2015 señala que 81,3% de los hogares dispone de acueducto, pero 38,4% de ellos no tiene servicio continuo de agua. 78,5% dispone de servicios de aseo urbano, pero la frecuencia de la recolección genera severos problemas sanitarios y ambientales. Asimismo 86,4% tienen servicio eléctrico pero continúan sufriendo apagones e interrupciones frecuentemente. Pero lo más alarmante, destacó el estudio, es que 13,5% de los hogares que corresponden a más de un millón de familias, están ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo.

twitter: folivares10

TRES QUINQUENIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


El Universal
14-02-2016
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La construcción, motor de la recuperación



Continuar dando sentido social a la inversión, simultáneamente con una actividad económica fuerte.

En la presente coyuntura la recuperación económica tiene carácter urgente, proceso en el cual tiene la industria de la construcción una prioridad muy alta. Eso ha sido así en el pasado. Recuérdese que Pérez Jiménez hizo de esa industria el motor económico de su gobierno y por largo tiempo no le fue mal. De hecho se lo recuerda por sus grandes obras de vivienda e infraestructura, lo cual ha sido utilizado por sus partidarios para tratar de disipar la imagen perversa de muchos otros rasgos de aquel Gobierno.

La experiencia acumulada por el gobierno bolivariano con construcción de viviendas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, ofrece la oportunidad de continuar dando sentido social a la inversión, simultáneamente con la generación de una actividad económica de fuerte impacto en la economía en su conjunto. Para tener una idea veamos unos números. El costo de construcción por metro cuadrado en edificios convencionales está en el orden de 192.510,89 Bs/m2. De esta cifra un 56,8% está representado por materiales de construcción, con una cuantía aproximada en peso de 2.100 kg/m2, equivalente a 170 millones de toneladas para construir por año un millón de viviendas, con la característica de que la mayoría de estos materiales se fabrica en el país.

En materia de empleo este volumen de construcción genera a una cifra del orden de los 432.000 puestos de trabajo directos al año y un número de empleos indirectos equivalente a dos veces esa cifra.

Otras características de la industria de la construcción de viviendas son: una mínima demanda de capital fijo, asimismo la de que la mayoría de la maquinaria necesaria se encuentra en el país, y la de que la tecnología empleada está ampliamente difundida entre los trabajadores. Así como una rapidez del despliegue de los recursos materiales y la mano de obra para el inicio de la construcción, además la de que los resultados del impacto generado se sienten en un plazo muy corto. Y, muy importante, no necesita del empleo de divisas.

Por otro lado, materiales estratégicos para la construcción de viviendas son el cemento y el acero de refuerzo, con demandas estimadas respectivamente en 4,5 millones de toneladas de cemento y 6,5 millones de toneladas de acero, para la construcción anual de un millón de viviendas.

Simultáneamente está el impacto de las obras de infraestructura, la vialidad en primer lugar.

Por consiguiente, con este nivel de actividad se generaría una presión de singular magnitud y enorme importancia para la superación del estancamiento económico actual, supeditado siempre, como señalamos anteriormente, a la regularización de la producción de cemento y acero, ahora en manos de empresas socialistas, las cuales tienen la obligación impostergable de producir en volúmenes necesarios para satisfacer la demanda nacional.

Hacemos esta referencia en este momento en el cual las autoridades están monitoreando un proceso político fuertemente anclado en la crisis económica. No será fácil romper la crisis política mientras persista esta situación económica. Sería necesario por consiguiente atacar urgentemente el estancamiento de la economía, ejecutando un plan de fuerte impacto en el cual la industria de la construcción jugaría un papel fundamental.

Juan Carlos Parisca P.
juan.parisca@sigoweb.com

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Paralizada en más de 90 % industria de la construcción por falta de insumos



La industria de la construcción es sin lugar a dudas la más golpeada por la crisis económica y social del país, la cual se agrava a causa de la carencia de insumos y materiales. En el estado Lara la Gran Misión Vivienda Venezuela está completamente paralizada, en más de 90 %

Los diferentes niveles de gobierno: Nacional, regional y municipal no están invirtiendo en el sector, denuncian Pedro Peña y Héctor Contreras, directivos del Sindicato en Lara.

Las estadísticas del Sindicato de la Construcción del estado Lara señalan que este sector de la economía nacional registra un desempleo de 20 mil trabajadores, en su mayoría, dedicados a la economía informal.

“Han transcurrido dos meses y ni la Gobernación ni las alcaldías han arrancado con las obras de infraestructura mínimas necesarias. No hay una obra importante que incorpore a los trabajadores de la construcción. Los precios de las cabillas y el cemento se dispararon 3 mil % y no se consiguen. Un saco de cemento lo venden en Bs.3 mil, así es imposible que la gente construya.

La Corporación para el Desarrollo del estado Lara (Corpolara) en el año 2015 ofreció construir 35 mil viviendas y anuncian la entrega de 700 unidades habitacionales, hecho que no representa el 1% de su oferta”.

En la carrera 18 con calle 27 \BSexplica Peñatienen cinco años construyendo varios edificios pequeños y no los terminan.

Están paralizadas las obras del Sistema Hidráulico Yacambú, las torres de El Sisal, la cárcel para los procesados, todos los terrenos expropiados para las empresas privadas no les han invertido ni un metro de concreto.

“Como consecuencia de las expropiaciones iniciadas hace unos diez años aproximadamente, la industria de la construcción ha disminuido sus inversiones drásticamente, se paralizó la construcción de viviendas para la clase media”.

Peña hizo un llamado a los empresarios afiliados a la Cámara de la Construcción a que apliquen el aumento de 40 % de los salarios de los trabajadores, cuyo tabulador fue aprobado a través de la convención colectiva a partir del primero de enero de este año, contribuyendo con significativo aporte social.

“Los directivos del Sindicato de la Industria de la Construcción proponemos que el Gobierno ofrezca incentivos, insumos y materiales para reactivar al sector privado, el cual tiene una gran incidencia en la economía regional”, destacan los directivos.

El Informador
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KEEP IT PURE & SIMPLE: EL ARTE A TRAVÉS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS



EL ARTE A TRAVÉS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS.


Se han preguntado alguna vez, ¿que tienen en común el arte con el Big data? A través de la generación de datos masivos, se ha logrado crear una nueva vertiente [continue leyendo…]














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La GMVV surgió como un programa engañoso


Pacífico Sánchez/Fotos: Ángel Zambrano

La polémica se mantiene en torno al proyecto de la Ley de otorgamiento de titularidad de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), presentada a la Asamblea Nacional por el diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, hace dos semanas, llamó a sus partidarios a movilizarse contra ese proyecto porque, según sus propias palabras, “pretende privatizar la vivienda de los venezolanos”.

Agregó muy enojado: “La Gran Misión Vivienda Venezuela no se privatiza”.

En la propuesta de la oposición se alega que esta ley “viene a llenar un vacío normativo fundamental en esta materia y busca garantizar que todos los venezolanos beneficiarios de la GMVV puedan ser sus legítimos dueños de sus hogares, con derechos claros, reales…”

Reconocer un derecho En la Comisión de Desarrollo Integral se están escuchando las diversas opiniones y planteamientos que puedan haber, dijo el diputado William Dávila al hablar con EL IMPULSO.

La verdad es que esta es una ley progresiva, no regresiva, explicó. Los derechos humanos son progresivos. Y los derechos sociales tienen que ver con la condición humana. La propiedad es un derecho humano por excelencia y no puede el gobierno en pensar en ir hacia atrás cuando hay pactos internacionales en materia de derechos humanos, que garantizan la progresividad de esos derechos.

En este caso lo que se está es reconociendo el derecho de propiedad para los que son beneficiarios de la GMVV. Debe quedar claro que no se está haciendo una ley inconstitucional, ni tampoco el planteamiento de la oposición es ir contra ese programa de vivienda, sino que quienes sean beneficiarios de la GMVV sean propietarios de la vivienda.

Ojalá pudiéramos nosotros ir analizando la propuesta a los fines de extender también a las personas que son beneficiarias de otros programas de viviendas que se realizaron y todavía no tienen propiedad. Ahí están casos de viviendas rurales, de las hechas por el Inavi y por Fondur, cuyos beneficiarios pagaron y no les entregaron los títulos de propiedad. Es decir, puede abrir las puertas para una discusión mayor y mucho más importante: la de la propiedad, y no la politiquera del gobierno que se siente como si le están quitando a su gente. Lo que nosotros queremos es reafirmar ese derecho humano, para que la familia pueda progresar.

El gobierno utiliza un esquema muy rezagado, del viejo marxismo, del valor del uso. El valor se lo da la persona y la realidad del mercado, la escasez del producto. La gente necesita tener su vivienda porque lo necesita para progresar.

Cuando se siente que tiene el valor de la propiedad de algo se siente más segura para el día de mañana transmitirle a sus herederos, a sus hijos, un bien que tiene un valor y no eso de que un apartamento o una casa yo lo arreglo, pero ese inmueble es del Estado y de paso de los grupos colectivos que el gobierno domina.

Es mentira lo que dice el gobierno, en el sentido de que los bancos se van a quedar con las viviendas, porque en la ley se contemplan disposiciones relacionadas con viviendas de interés social, que se corresponde a personas que necesitan su inmueble para su familia.

La trampa y el engaño de los decretos Hay que resaltar, manifestó por su parte el Dr. José Gregorio Zaá, abogado y profesor universitario, que desde el año 1999, pero muy especialmente entre 2007 y 2010, el hoy fallecido Hugo Chávez recibió del órgano legislativo poderes habilitantes para imponer mediante decretos leyes su proyecto comunista que había sido rechazado por la población mayoritaria. Hizo lo mismo Maduro hasta el pasado año.

Eso ocurrió porque de manera irresponsable la Asamblea Nacional se desprendió de su facultad de legislar y de controlar al Ejecutivo Nacional.

En materia de vivienda se produjeron decretos con rango, valor y fuerza de ley con claro contenido ideológico.

Es así como se dictó la ley del Régimen de propiedad de las viviendas de la GMVV. También tiene el mismo calificativo las de la propiedad horizontal, que por cierto ha sido defenestrada y aborrecida por los parlamentarios del oficialismo.

No se tiene un control sobre el número cierto de viviendas construidas en el curso de los últimos seis años y ya el Presidente Maduro, de manera muy alegre, sin tener un soporte real, dijo que se habían construido un millón de viviendas de la GMVV.

Ahora, la Asamblea Nacional lo que ha hecho es hacer cumplir el artículo 115 constitucional y lo establecido en los artículos 545 y siguientes del Código Civil venezolano, que garantizan la propiedad.

La trampa del oficialismo se encuentra concretamente en el decreto 8.143 dictado por el presidente de la República en fecha 6 de abril de 2011 referido al Régimen de propiedad de las viviendas de la GMVV concatenado con otro del mismo tenor de fecha 29 de enero de 2011, referido al decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas. Claro, para ese momento, estaba en su apogeo el modelo rentista petrolero.

El jefe del gobierno activa un conjunto de mecanismos extraordinarios, según dio a conocer entonces, a fin de enfrentar con éxito y rapidez —y ahí viene el veneno ideológico— “la grave crisis de vivienda que sufre la población venezolana y que es consecuencia del modelo capitalista, explotador y excluyente que se impuso en Venezuela durante los últimos cien años.

Todo ello agravado por las inclemencias del cambio climático, que se ha manifestado recientemente y cuyos terribles impactos han causado no sólo grandes devastaciones en los barrios construidos en zonas inestables de las áreas urbanas, sino también inmensas inundaciones en las zonas rurales del país, generando situaciones de riesgo, así como terribles estados de angustia, temor y zozobra en millones de venezolanos”.

Ya para entonces se le había olvidado a Hugo Chávez que él tenía casi trece años en el poder y pretendía hacer ver que había descubierto el problema de falta de viviendas.

Ahí es donde embriaga, encandila, a la gente de menores recursos para embutir estos programas sociales llamado de manera rimbombante Gran Misión Vivienda Venezuela, para eludir los controles emanados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Contraloría General de la República, contraloría de los estados e inclusive contralorías municipales.

Y es por ello que hace referencia el articulado de ese decreto de emergencia para terreno y vivienda a que el Estado garantizará el derecho a una vivienda digna, dando prioridad a aquella familia que se encuentre en riesgo vital, así como la que no posee vivienda propia y a las parejas jóvenes que están fundando familia.

Pero, el gobierno procederá sin estudios previos y después anuncia un censo de personas necesitadas, registro de terrenos, registro, empresas constructoras y de compañías comunales, así como la disponibilidad de 30 mil millones de dólares para arrancar la construcción de las viviendas.

El caso de Barquisimeto Fue así como, por ejemplo en Barquisimeto, se decidió edificar en algunos inmuebles que estaban para estacionamientos privados en la carrera 17, entre calles 26 y 27; en la carrera 18, entre 26 y 27; en el oeste de la ciudad y en el norte, en el sitio conocido como Yucatán.

En este último ubicaron, para las elecciones del 6 de diciembre del año pasado, varios centros de votación. Qué casualidad, las trampas, delitos e irregularidades en materia electoral afloraron en los centros Aristóbulo Istúriz, Chávez vive, Milagros de Reyes y los demás. Prevaleció el chantaje sobe el derecho de propiedad contenido en el artículo 115 de la constitución de esta forma: “Se garantiza el derecho de propiedad, toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Es por ello que los decretos ya mencionados, muy engañosos por cierto, saltan a la torera el contenido de los artículos 211 y 115 constitucional y violentan y contrarían lo establecido en el Código Civil venezolano, el 545, que establece lo siguiente: la propiedad es el derecho de gozar, usar, vivir, disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Precisamente el proyecto de Borges trata de corregir la oferta engañosa. Ricardo Molina que fue un alto personero en la ejecución de vivienda, incluso ministro, trata de empastelar el debate, haciendo referencia que ese proyecto de ley presentado por la bancada mayoritaria, atenta contra los beneficiarios de la GMVV.

Pero lo que no reconoce es que en los textos de los decretos de Chávez no aparece la transmisión de titularización y son tramposos al utilizar un lenguaje muy engañoso, dijo el Dr. Zaá. No se establece en esos decretos la posibilidad de que el adjudicatario –ese es el nombre que se le da a quien recibe la vivienda pueda ser propietario del inmueble en el corto, mediano o largo plazo.

Dejan a un lado la Constitución y las leyes que regulan la materia. Ahora, el empeño que tiene el oficialismo en rechazar la ley de la oposición es porque teme que se investigue a profundidad la cantidad de viviendas que se han hecho, el volumen de dinero que se le ha inyectado al programa y determinar si en verdad fue invertido correctamente. El temor es que se descubran irregularidades que hoy tienen el velo de lo desconocido.

Detalles

El jueves de la presente semana, el ministro de Hábitat y Vivienda, Miguel Quevedo, informó que desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela hasta ese día se habían construido un millón 4.664 viviendas en el país. Pero, no suministró la cifra sobre las inversiones hechas hasta ahora. Lo que si se ha dicho es que cada inmueble de tres habitaciones tiene un valor de 1.280 mil bolívares; la de dos, 1.202.000 y la de una, 805.000. Hace diez meses, el gobierno informó que en 700 mil viviendas había invertido 73.300 millones de dólares. Hay personas, conocedoras del mercado inmobiliario, que niegan que el Ejecutivo Nacional pueda haber construido tal número de inmuebles. Y sostienen que los cuatro gobiernos precedentes a Chávez edificaron 1.415.631 viviendas discriminadas de la forma siguiente:

Luis Herrera Campins (1979-1083) hizo 391. 893.

Jaime Lusinchi (1984- 1088),367.739.

Carlos Andrés Pérez (segundo mandato), 314.333.

Rafael Caldera (segundo mandato), 341.666.

Y dicen que Chávez sólo construyó 230.144.

Lo cierto es que Chávez al anunciar hace 5 años el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, dijo que para solucionar el “drama de la vivienda” sólo sería posible en colectivo: “una unión nacional del sector privado y público, la banca privada y la pública, los trabajadores, los empresarios honestos, los venezolanos y el mundo: Cuba, Irán, China, Bilarús, Rusia, Portugal, Brasil”.

Ajuste a la ley

El Dr. Euclides Sebastiani, especialista en Derecho Inmobiliario, ha analizado los textos del decreto ley de Régimen de Propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el proyecto de Ley de otorgamiento de títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ya fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional. En cuanto a la primera, indica, que la vivienda entregada por ese programa no iban a ser registradas por el registro subalterno competente.

En su articulado se establece que la disposición, el uso y goce de estas viviendas iban a ser limitadas de conformidad en función de esa ley a la ley de emergencia de terrenos urbanos, dictada ese mismo año, y las que se establecían en los contratos de venta.

Aquí vemos claramente cómo se está violentando el derecho de propiedad porque sencillamente ese decreto con rango de valor, fuerza y ley es inconstitucional. La Constitución establece categóricamente en el derecho de propiedad libre uso, goce y disposición de los bienes.

¿Qué es lo que dice esta ley nueva que ha sido llevada a la Asamblea Nacional?

Simplemente se está ajustando a normas constitucionales y legales, destinadas precisamente a garantizar el derecho a la propiedad de un inmueble a una familia o el conjunto residencial a varias familias, cada una, por supuesto, con el derecho de adquirir su propia vivienda. Señala que una vez que se le adjudique el bien y la manera como lo va a pagar, se va a proceder a registrar y automáticamente el nuevo propietario va a tener los derechos establecidos tanto en el Código Civil como en la propia Constitución Nacional.

El Impulso
15-02-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo corredor_inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es



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