La venta obligatoria de los edificios para alquiler con 20 años o más de antigüedad no se hará en los 60 días establecidos en la disposición transitoria quinta de la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, promulgada el 12 de noviembre de 2011.
A pesar de que el plazo vence el 12 de enero, la Superintendencia Nacional de Arrendamientos todavía no ha hecho los avalúos para determinar el precio de venta, que es lo primero que deben especificar los propietarios al ofrecer el inmueble a los inquilinos.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, asegura que el problema está en que el Ministerio de Vivienda no ha fijado el valor del metro cuadrado de construcción, que es el punto de partida de la fórmula indicada en la ley para calcular el precio.
El valor del metro cuadrado debe multiplicarse por el tamaño de la vivienda para obtener el precio de reposición.
Éste, a su vez, debe multiplicarse por el valor de depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región geográfica. Los tres son índices fijados en el reglamento de la ley.
Orta considera que sin los avalúos no se puede exigir a los propietarios que cumplan con el plazo establecido en la ley para hacer la oferta. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, piensa que el lapso será prorrogado porque es imposible acatarlo.
"Cómo ofreces en venta los apartamentos de un edificio si no sabes el precio. La Superintendencia no estaba lista para hacer lo que debía hacer (fijar el valor de los inmuebles). Ni siquiera tenía oficinas porque se mudaron de Chacao, donde estaba la Dirección de Inquilinato", agrega Martini.
El organismo cuya sede está ahora en la avenida principal de Las Mercedes adelanta un "registro para ofrecimiento en venta", en el cual deben inscribirse todos los propietarios que están obligados a vender.
Los inquilinos que ocupan los inmuebles también pueden solicitar la incorporación en el registro.
Entre los requisitos para que los dueños se inscriban están la copia certificada del documento de propiedad del inmueble, la cédula catastral y la fotocopia de la cédula de identidad. En caso de hacerlo a través de una tercera persona, ésta necesitará el poder notariado y la fe de vida.
Procedimiento no avanza. La imposibilidad de aplicar la fórmula establecida en la ley para calcular el valor de los inmuebles también incide en la negociación de 100 edificios para alquiler en Caracas que se realiza desde mayo de 2011 en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
Aunque 70 de los 100 propietarios presentaron los documentos exigidos por la instancia gubernamental, según la Red Metropolitana de Inquilinos, dueños y arrendatarios reconocieron que el procedimiento se paralizó mientras se aprobaba la ley con el método para calcular el valor de los inmuebles.
Martini asegura que la Superintendencia, que asumió la negociación, hizo una reunión en diciembre para aclarar que el Gobierno no compraría los edificios y que propietarios e inquilinos tendrían que ponerse de acuerdo. La falta de avalúos, sin embargo, impide avanzar.
Orta advierte que la definición del precio no será el único obstáculo para completar la venta. Añade que 95% de los edificios no tiene documento de condominio y, por tanto, los apartamentos no pueden ser vendidos de manera individual.
Muchos de los edificios incluidos en la negociación forman parte del grupo expropiado por la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre 2006 y 2007, por lo que se necesitará que revoquen los decretos o que participen en el procedimiento, agrega.
Señala que los inmuebles expropiados muestran lo negativo que puede resultar la intervención gubernamental.
"Cinco años después ni dueños ni inquilinos han tenido solución, porque los primeros no han recibido el pago y los segundos no han obtenido el título de propiedad".
El Nacional
09-01-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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