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En una semana han ocurrido cuatro protestas de damnificados
En el hotel Vox de Sabana Grande veintiún familias de Gramovén y Macarao viven hacinadas en habitaciones con fallas eléctricas NICOLA ROCCO
JORGE HERNÁNDEZ
A nueve meses de ocupar galpones improvisados, hoteles y edificaciones no aptas para vivir dignamente, los damnificados de las lluvias de diciembre de 2010 reclaman mejoras en las condiciones de los refugios, buena alimentación y que cesen los engaños en la adjudicación de nuevas viviendas que aún no se construyen.
En una semana los damnificados de los refugios Waraira Repano, Caño Amarillo, hotel Vox y Van Raalte tomaron las calles y autopistas de la ciudad para recordarle al Gobierno que viven hacinados, con baños deplorables, nula ayuda de padrinos y adjudicaciones ficticias de viviendas.
Ayer, alrededor de cien damnificados del albergue Waraira Repano del terminal de Oriente trancaron la autopista Petare-Guarenas desde las seis de la mañana porque viven en "áreas infrahumanas".
Víctor Lira, director de Protección Civil Miranda, informó que los afectados del refugio Waraira Repano reclamaban mejoras en las condiciones de baños, habitaciones y alimentación. "Tampoco saben cuándo les darán casa. Ellos cerraron intermitente la autopista y se retiraron dos horas después, tras mediar con la Policía Nacional. Hubo largas colas".
El lunes, las familias que permanecen en el refugio Van Raalte de La Yaguara trancaron las avenidas Urdaneta, Sucre y áreas del hospital Periférico de Catia porque les ofrecieron viviendas en El Paraíso sin planos, maquetas ni adjudicaciones firmadas por el Estado. "Pretenden hacer las casas durante tres años", informó Lisandro Oropeza, afectado.
Mientras, los damnificados del hotel Vox de la avenida Las Acacias de Sabana Grande acudieron el viernes pasado al Palacio de Miraflores tras ser engañados dos veces en la adjudicación de viviendas.
Amarilis Vergara, afectada de Gramovén, señaló que el Ministerio de Turismo (padrino) no soluciona sus problemas de hacinamiento y adjudicación definitiva de viviendas.
"Ofrecieron un proyecto imaginario en la avenida Los Mangos de La Florida y luego en un estacionamiento expropiado en Maripérez. No queremos más proyectos ni engaños, solo viviendas listas en 2011" resaltó.
Vergara agregó que en el hotel Vox viven hasta 12 personas en una habitación con fallas de electricidad y agua. Ventiún familias de Gramovén y Macarao cocinan y lavan en habitaciones de hotel. "Trajeron lavadoras que no se instalan por fallas eléctricas. Ahora hablan de llevarnos a Ciudad Belén (Guarenas). Pero no les creemos".
Inciarte lucha para que a los damnificados les construyan sus casas nuevas en sitios estables, sin invasión.
El Universal
11-08-11
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jueves, 11 de agosto de 2011
Propietarios que engañen a inquilinos serán sancionados
Solicitan a la Vicepresidencia definir destino de edificios en alquiler
Diosdado Cabello
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional aprobó más disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En la reunión ordinaria los diputados autorizaron los artículos referentes a la preferencia arrendaticia, donde señalan que los propietarios deberán indemnizar a los inquilinos si éstos son engañados.
La disposición indica que si el dueño de un inmueble, luego de vencido el contrato, optar por vender la vivienda tiene que dar preferencia al inquilino que la habita. Si se solicita la desocupación bajo el argumento de la venta y transcurrido un tiempo se vuelve a alquilar esa vivienda, el dueño tendrá que indemnizar al inquilino anterior con 100 unidades tributarias (Bs 7.600) por mes.
Eso significa que el monto de las 100 unidades tributarias se multiplicará por la cantidad de meses que el inquilino estuvo fuera de la vivienda. El presidente de la Comisión, Diosdado Cabello, reiteró que con esta medida se quieren evitar los engaños.
Además de esa disposición, los parlamentarios aprobaron los artículos sobre las desocupaciones por remodelaciones. Cabello dijo que "las remodelaciones mayores serán asumidas por los propietarios, quienes junto con la Superintendencia Nacional de Arrendamiento tendrán que garantizar viviendas temporales a los inquilinos. Las remodelaciones menores corresponderán a los arrendatarios".
Las disposiciones relacionadas con el cálculo del canon de arrendamiento fueron diferidas hasta definir una metodología más completa.
Rigel Sergent, vocero de la Red de Inquilinos, explicó que el método de cálculo será revisado para incorporar los tipos de construcción y ajustar los niveles de depreciación de los inmuebles.
Para las estimaciones del canon ya no se tomará en cuenta el valor de la tierra. El costo del terreno será incluido en las operaciones de venta de las viviendas alquiladas.
En definición
En mayo la Vicepresidencia de la República inició el proceso de negociación de 100 edificios destinados al alquiler a fin de vender los apartamentos a los arrendatarios.
Sergent informó que 70% de los propietarios de los edificios presentaron la documentación pedida, pero 30% aún no la ha entregado. Apuntó que de ese grupo existen algunos que "no han tenido posiciones amigables", por ello se solicitó una reunión con el Vicepresidente Elías Jaua a fin de definir el destino de esos inmuebles.
"Vamos a pedirle al Gobierno que revise esas situaciones, si se tienen que expropiar, se expropiarán".
marmas@eluniversal.com
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Diosdado Cabello
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional aprobó más disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En la reunión ordinaria los diputados autorizaron los artículos referentes a la preferencia arrendaticia, donde señalan que los propietarios deberán indemnizar a los inquilinos si éstos son engañados.
La disposición indica que si el dueño de un inmueble, luego de vencido el contrato, optar por vender la vivienda tiene que dar preferencia al inquilino que la habita. Si se solicita la desocupación bajo el argumento de la venta y transcurrido un tiempo se vuelve a alquilar esa vivienda, el dueño tendrá que indemnizar al inquilino anterior con 100 unidades tributarias (Bs 7.600) por mes.
Eso significa que el monto de las 100 unidades tributarias se multiplicará por la cantidad de meses que el inquilino estuvo fuera de la vivienda. El presidente de la Comisión, Diosdado Cabello, reiteró que con esta medida se quieren evitar los engaños.
Además de esa disposición, los parlamentarios aprobaron los artículos sobre las desocupaciones por remodelaciones. Cabello dijo que "las remodelaciones mayores serán asumidas por los propietarios, quienes junto con la Superintendencia Nacional de Arrendamiento tendrán que garantizar viviendas temporales a los inquilinos. Las remodelaciones menores corresponderán a los arrendatarios".
Las disposiciones relacionadas con el cálculo del canon de arrendamiento fueron diferidas hasta definir una metodología más completa.
Rigel Sergent, vocero de la Red de Inquilinos, explicó que el método de cálculo será revisado para incorporar los tipos de construcción y ajustar los niveles de depreciación de los inmuebles.
Para las estimaciones del canon ya no se tomará en cuenta el valor de la tierra. El costo del terreno será incluido en las operaciones de venta de las viviendas alquiladas.
En definición
En mayo la Vicepresidencia de la República inició el proceso de negociación de 100 edificios destinados al alquiler a fin de vender los apartamentos a los arrendatarios.
Sergent informó que 70% de los propietarios de los edificios presentaron la documentación pedida, pero 30% aún no la ha entregado. Apuntó que de ese grupo existen algunos que "no han tenido posiciones amigables", por ello se solicitó una reunión con el Vicepresidente Elías Jaua a fin de definir el destino de esos inmuebles.
"Vamos a pedirle al Gobierno que revise esas situaciones, si se tienen que expropiar, se expropiarán".
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Constructores calculan en 76% el desabastecimiento de cabillas
Estiman que en el primer semestre se terminaron en total 25.000 casas
Cámara de la Construcción proyecta que en la primera mitad del año la caída de la actividad estuvo entre 3 y 4% por la falta de insumos
MAYELA ARMAS H.
Los proyectos de construcción de viviendas del sector privado así como las obras públicas de vialidad y electricidad avanzan a un menor ritmo por las fallas en el suministro de insumos, especialmente de cabillas.
Un estudio elaborado en julio por la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), revela que el nivel desabastecimiento de cabillas se encuentra en 76%, lo que indica que la mayor parte de los distribuidores a escala nacional no están ofertando los productos de acero.
El presidente de la organización, Juan Francisco Jiménez, señaló que la situación es crítica, debido a que apenas 24% de los establecimientos son los que están vendiendo.
La producción que se registra de cabillas en gran medida está destinada a la Misión Vivienda Venezuela y para atender esos proyectos el Gobierno ha creado centros de acopio, denominados Construpatria.
La prioridad que ha generado ese programa ha limitado el suministro a otros proyectos. Los constructores detallan que los desarrollos habitacionales privados se ejecutan lentamente y, agregan, existen casos en los cuales las empresas han paralizado las obras.
El efecto también por los materiales se extiende a los programas públicos, aquellos proyectos que realizan los entes oficiales en vialidad, electricidad, salud y educación no marchan al ritmo al esperado.
Jiménez comentó que durante la elaboración del estudio se detectó que "existen locales que no tienen cabillas desde hace dos años, no hay inventarios. Otros reciben cabillas, pero el producto está asignado".
Fuentes oficiales han señalado que parte de la producción de Sidor y Sidetur al momento de despacharse ya tiene asignadas las empresas receptoras.
Debido a la irregularidad en el abastecimiento, Jiménez manifestó que es necesario que el Gobierno revise los canales de distribución y que además autorice las importaciones de cabillas. "Es necesario que se importen al menos 100.000 toneladas y que se eliminan las restricciones a las empresas".
Las dificultades en el suministro no se limitan al acero, también en agregados el abastecimiento es irregular. El citado estudio indica que en piedra la escasez es de 58% y algunos locales están reportando restricciones en los despachos.
En arena no existen problemas, el 93% de los establecimientos consultados por el organismo cuenta con el insumo.
En cemento el suministro ha mejorado respecto al primer trimestre del año. El informe señala que el 75% de los establecimientos cuenta con ese material. Por períodos la existencia es irregular, pero las distribuidoras tienen stock.
En picada
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción señaló que la menor inversión y la falta de materiales afectan los resultados de la actividad.
Según las estimaciones del organismo, el sector en el segundo trimestre tuvo una caída de entre 3 y 4%, y sólo la actividad privada cayó cerca de 15%. Jiménez comentó que el retroceso general no fue mayor por la actividad petrolera.
El organismo calcula que en la primera mitad del año el sector público y el sector privado terminaron aproximadamente 25.000 viviendas, ello reflejaría una caída de 10% respecto a igual lapso de 2010 cuando se culminaron 28.000 casas.
Los constructores señalaron que actualmente están en ejecución 75.000 unidades y paralizadas más de 30.000. La mayor preocupación se genera con los permisos que, tanto para obras residenciales como no residenciales, bajaron 60%.
Jiménez apuntó que las obligaciones con las contratistas persisten, lo que indica que los entes oficiales no han terminado de saldar sus deudas.
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Cámara de la Construcción proyecta que en la primera mitad del año la caída de la actividad estuvo entre 3 y 4% por la falta de insumos
MAYELA ARMAS H.
Los proyectos de construcción de viviendas del sector privado así como las obras públicas de vialidad y electricidad avanzan a un menor ritmo por las fallas en el suministro de insumos, especialmente de cabillas.
Un estudio elaborado en julio por la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), revela que el nivel desabastecimiento de cabillas se encuentra en 76%, lo que indica que la mayor parte de los distribuidores a escala nacional no están ofertando los productos de acero.
El presidente de la organización, Juan Francisco Jiménez, señaló que la situación es crítica, debido a que apenas 24% de los establecimientos son los que están vendiendo.
La producción que se registra de cabillas en gran medida está destinada a la Misión Vivienda Venezuela y para atender esos proyectos el Gobierno ha creado centros de acopio, denominados Construpatria.
La prioridad que ha generado ese programa ha limitado el suministro a otros proyectos. Los constructores detallan que los desarrollos habitacionales privados se ejecutan lentamente y, agregan, existen casos en los cuales las empresas han paralizado las obras.
El efecto también por los materiales se extiende a los programas públicos, aquellos proyectos que realizan los entes oficiales en vialidad, electricidad, salud y educación no marchan al ritmo al esperado.
Jiménez comentó que durante la elaboración del estudio se detectó que "existen locales que no tienen cabillas desde hace dos años, no hay inventarios. Otros reciben cabillas, pero el producto está asignado".
Fuentes oficiales han señalado que parte de la producción de Sidor y Sidetur al momento de despacharse ya tiene asignadas las empresas receptoras.
Debido a la irregularidad en el abastecimiento, Jiménez manifestó que es necesario que el Gobierno revise los canales de distribución y que además autorice las importaciones de cabillas. "Es necesario que se importen al menos 100.000 toneladas y que se eliminan las restricciones a las empresas".
Las dificultades en el suministro no se limitan al acero, también en agregados el abastecimiento es irregular. El citado estudio indica que en piedra la escasez es de 58% y algunos locales están reportando restricciones en los despachos.
En arena no existen problemas, el 93% de los establecimientos consultados por el organismo cuenta con el insumo.
En cemento el suministro ha mejorado respecto al primer trimestre del año. El informe señala que el 75% de los establecimientos cuenta con ese material. Por períodos la existencia es irregular, pero las distribuidoras tienen stock.
En picada
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción señaló que la menor inversión y la falta de materiales afectan los resultados de la actividad.
Según las estimaciones del organismo, el sector en el segundo trimestre tuvo una caída de entre 3 y 4%, y sólo la actividad privada cayó cerca de 15%. Jiménez comentó que el retroceso general no fue mayor por la actividad petrolera.
El organismo calcula que en la primera mitad del año el sector público y el sector privado terminaron aproximadamente 25.000 viviendas, ello reflejaría una caída de 10% respecto a igual lapso de 2010 cuando se culminaron 28.000 casas.
Los constructores señalaron que actualmente están en ejecución 75.000 unidades y paralizadas más de 30.000. La mayor preocupación se genera con los permisos que, tanto para obras residenciales como no residenciales, bajaron 60%.
Jiménez apuntó que las obligaciones con las contratistas persisten, lo que indica que los entes oficiales no han terminado de saldar sus deudas.
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Aprobada preferencia del inquilino en proyecto de Ley de Arrendamiento
Edificio residencial | Archivo El Nacional
Cuando se venza el contrato de arrendamiento de una vivienda, el inquilino tendrá el derecho preferencial, sobre cualquier otro, de permanecer en la misma casa, en caso de que el inmueble siga siendo destinado a arrendamiento.
Esto se conoce como preferencia arrendaticia y es una figura aprobada por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) este miércoles, en la discusión del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
La preferencia arrendaticia está incluida en el artículo 78 e incluye, además, una penalización si es violado este derecho: el propietario deberá indemnizar a los inquilinos con el equivalente a 100 unidades tributarias por cada mes que estos permanezcan fuera de la vivienda en forma indebida.
Sustituye la prórroga legal que establece la ley actual, y que daba un plazo de entre seis meses y tres años para el desalojo del inquilino, una vez concluido el contrato.
Esta norma busca evitar que los propietarios cometan irregularidades con los inquilinos, como desalojarlos para volver a alquilar a otras familias a precios superiores.
El objetivo de la Comisión es que, una vez autorizado todo el proyecto de ley, que suma cerca de 150 artículos, pase a la plenaria de la AN para su segunda discusión y la aprobación. La meta es que esto suceda antes del 15 de agosto.
Los artículos 58 al 65, referentes a la metodología para fijar el canon de arrendamiento, fueron diferidos nuevamente, luego de la exposición de la propuesta de los inquilinos, a los fines de revisar el método.
Este proyecto de ley es el primero presentado por iniciativa popular. El 4 de marzo de 2011, el Movimiento de Pobladores introdujo la propuesta ante la AN con el respaldo de más de 400.000 firmas.
A partir de allí, el proyecto se ha enriquecido con aportes de diferentes sectores.
El Nacional
10-08-2011
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Esto se conoce como preferencia arrendaticia y es una figura aprobada por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) este miércoles, en la discusión del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
La preferencia arrendaticia está incluida en el artículo 78 e incluye, además, una penalización si es violado este derecho: el propietario deberá indemnizar a los inquilinos con el equivalente a 100 unidades tributarias por cada mes que estos permanezcan fuera de la vivienda en forma indebida.
Sustituye la prórroga legal que establece la ley actual, y que daba un plazo de entre seis meses y tres años para el desalojo del inquilino, una vez concluido el contrato.
Esta norma busca evitar que los propietarios cometan irregularidades con los inquilinos, como desalojarlos para volver a alquilar a otras familias a precios superiores.
El objetivo de la Comisión es que, una vez autorizado todo el proyecto de ley, que suma cerca de 150 artículos, pase a la plenaria de la AN para su segunda discusión y la aprobación. La meta es que esto suceda antes del 15 de agosto.
Los artículos 58 al 65, referentes a la metodología para fijar el canon de arrendamiento, fueron diferidos nuevamente, luego de la exposición de la propuesta de los inquilinos, a los fines de revisar el método.
Este proyecto de ley es el primero presentado por iniciativa popular. El 4 de marzo de 2011, el Movimiento de Pobladores introdujo la propuesta ante la AN con el respaldo de más de 400.000 firmas.
A partir de allí, el proyecto se ha enriquecido con aportes de diferentes sectores.
El Nacional
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Inquilinos a punto de salir con otro chance
Organizaciones no permitirán desalojos masivos (Créditos: Federico Parra)
Entre los puntos que llevarán las organizaciones de inquilinos a la reunión de la Comisión de Administración y Servicios que se realizará este miércoles, para seguir avanzando en el articulado del proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos en Viviendas, figura la disposición de que las personas que estén usando la prórrogas legales descritas en la ley de alquileres vigente, abandonarán automáticamente este sistema y pasarán a gozar la preferencia arrendaticia.
De esta manera, si el inmueble va a seguir alquilado, los inquilinos que están usando la vivienda conservarán su prioridad sobre otra persona que quiera alquilar la vivienda; es decir, comenzarán de cero y el esquema de prórrogas para desocupar el inmueble queda sin efecto.
La norma no será incluida como un nuevo artículo, pero quedará contenida en las disposiciones transitorias del instrumento.
Otro punto en el que avanzaron las organizaciones, fue en el consenso para no incluir como un artículo aparte, las medidas referidas a la prohibición de los desalojos forzosos, pues consideraron que significaría una repetición de normas; además consideraron que el decreto ley contra los desalojos forzosos y arbitrarios, aprobado por el presidente Chávez en el marco la Ley Habilitante, el pasado mes de mayo, también protege a los deudores hipotecarios que recién compraron una casa y por alguna razón no han podido seguir pagando la hipoteca al banco; por tanto es una ley que va más allá del ámbito del alquiler, explicó Marlene Sierralta, vocera de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.
El argumento de los inquilinos para incluir el decreto ley en la nueva legislación de arrendamientos de viviendas, era que los propietarios podían buscar subterfugios.
Sin embargo, enfatizan que están conscientes de que hay casos con sentencia de desalojo que deben cumplirse, "pero tampoco permitiremos desalojos masivos".
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De esta manera, si el inmueble va a seguir alquilado, los inquilinos que están usando la vivienda conservarán su prioridad sobre otra persona que quiera alquilar la vivienda; es decir, comenzarán de cero y el esquema de prórrogas para desocupar el inmueble queda sin efecto.
La norma no será incluida como un nuevo artículo, pero quedará contenida en las disposiciones transitorias del instrumento.
Otro punto en el que avanzaron las organizaciones, fue en el consenso para no incluir como un artículo aparte, las medidas referidas a la prohibición de los desalojos forzosos, pues consideraron que significaría una repetición de normas; además consideraron que el decreto ley contra los desalojos forzosos y arbitrarios, aprobado por el presidente Chávez en el marco la Ley Habilitante, el pasado mes de mayo, también protege a los deudores hipotecarios que recién compraron una casa y por alguna razón no han podido seguir pagando la hipoteca al banco; por tanto es una ley que va más allá del ámbito del alquiler, explicó Marlene Sierralta, vocera de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.
El argumento de los inquilinos para incluir el decreto ley en la nueva legislación de arrendamientos de viviendas, era que los propietarios podían buscar subterfugios.
Sin embargo, enfatizan que están conscientes de que hay casos con sentencia de desalojo que deben cumplirse, "pero tampoco permitiremos desalojos masivos".
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Instan a Farruco a trabajar en equipo
Cuando el presidente Hugo Chávez designó al arquitecto Francisco "Farruco" Sesto como ministro para la Transformación Urbana de Caracas, anunció que este sería algo así como un "ministro alcalde", para rehabilitar a la capital de los estragos de las lluvias de diciembre. El primer mandatario le advirtió que no contaría con el apoyo de algunos sectores: situación que se ratificó durante el encuentro de Visiones Compartidas de Ciudad de la organización Por la Caracas Posible. Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, recomienda al ministro interpretar la urbe caraqueña con base a ejes de conexión. "Es justo ahí donde comienza el problema", precisa la especialista de la Universidad Simón Bolívar. "Es lamentable que el arquitecto Farruco Sesto haya subestimado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, afirmando que sería un mito urbano lograr 10 metros cuadrados de área verde por cada habitante".
La urbanista caraqueña apuesta por la aplicación del plan estratégico Caracas 2020, "que no reúne a todos los actores necesarios, pues no tenemos el apoyo del ministro para la Transformación Urbana. Tampoco contamos con la ayuda de Hidrocapital, Metro de Caracas o Electricidad de Caracas, cuya presencia es muy importante para desarrollar nuestro proyecto. Es necesario el trabajo conjunto de todas las autoridades para ayudar a Caracas".
EL PROBLEMA NO SÓLO ES HABITACIONAL
Víctor Rodríguez, presidente del Instituto de la Vivienda en el municipio Sucre, lamenta que "mientras en Europa se propone como derecho fundamental el acceso a conexión WiFi de intenet en espacios públicos, en Venezuela estamos tratando de solventar el déficit habitacional y debatiendo con las autoridades del Gobierno si es posible o no tener más espacios de recreación".
Sin embargo, la gestión del ministro Sesto pareciera estar orientada de manera exclusiva a la misión Vivienda Venezuela y a resaltar aspectos ideológicos que en nada colaboran a la reconstrucción de la ciudad, según los analistas mencionados. "Lo que pasa es que durante el capitalismo, los gobiernos de turno ubicaban a los pobres en áreas vulnerables, para utilizar los terrenos en favor de negocios inmobiliarios. Ahora, la revolución va a recuperar la ciudad para que vivamos todos de manera igualitaria", indicó Sesto a medios del Estado y vislumbró la edificación de 28 inmuebles para 2012.
SE RECONOCIÓ INCAPAZ
La opinión de los ponentes de la organización Por la Caracas Posible es la misma que tenía el ministro de sí, cuando asumió el Ministerio de la Vivienda. "En estos dos meses he reflexionado bastante sobre el punto de equivocación de mi gestión en Vivienda y he llegado a la conclusión de que no supe trabajar adecuadamente con la realidad. No desarrollé la suficiente capacidad de convicción hacia los principales actores del proceso, y no logré concretar en hechos sólidos mis argumentos. Nueve meses pasan como una exhalación", publicó Sesto en la página web Aporrea.org, el 7 de mayo de 2009.
Entorno Inteligente
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EL PROBLEMA NO SÓLO ES HABITACIONAL
Víctor Rodríguez, presidente del Instituto de la Vivienda en el municipio Sucre, lamenta que "mientras en Europa se propone como derecho fundamental el acceso a conexión WiFi de intenet en espacios públicos, en Venezuela estamos tratando de solventar el déficit habitacional y debatiendo con las autoridades del Gobierno si es posible o no tener más espacios de recreación".
Sin embargo, la gestión del ministro Sesto pareciera estar orientada de manera exclusiva a la misión Vivienda Venezuela y a resaltar aspectos ideológicos que en nada colaboran a la reconstrucción de la ciudad, según los analistas mencionados. "Lo que pasa es que durante el capitalismo, los gobiernos de turno ubicaban a los pobres en áreas vulnerables, para utilizar los terrenos en favor de negocios inmobiliarios. Ahora, la revolución va a recuperar la ciudad para que vivamos todos de manera igualitaria", indicó Sesto a medios del Estado y vislumbró la edificación de 28 inmuebles para 2012.
SE RECONOCIÓ INCAPAZ
La opinión de los ponentes de la organización Por la Caracas Posible es la misma que tenía el ministro de sí, cuando asumió el Ministerio de la Vivienda. "En estos dos meses he reflexionado bastante sobre el punto de equivocación de mi gestión en Vivienda y he llegado a la conclusión de que no supe trabajar adecuadamente con la realidad. No desarrollé la suficiente capacidad de convicción hacia los principales actores del proceso, y no logré concretar en hechos sólidos mis argumentos. Nueve meses pasan como una exhalación", publicó Sesto en la página web Aporrea.org, el 7 de mayo de 2009.
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Ofertas de alquileres se limitan a sólo pocos días de vacaciones
Opciones. Las alternativas para alquilar apartamentos ha mermado considerablemente en los últimos años. Foto Archivo Billy Castro
Cada vez la situación se pinta más turbia para el mercado inmobiliario. La discusión y posible entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Viviendas podría desencadenar la paralización de las ofertas de alquiler, tal y como augura la Cámara Inmobiliaria del estado Nueva Esparta.
Recientes aprobaciones que dan poder a la nueva Superintendencia Nacional de Arrendamientos, plazos mínimos de tres años para los contratos, así como la derogación de los pagos de depósitos, han generado alarma entre los propietarios que se dedican a este tipo de negocios.
Para el gremio inmobiliario, la región insular representa uno de los mercados de alquileres con un norte bastante alto, sin embargo en los últimos años la capacidad de oferta ha disminuido considerablemente.
POCAS ALTERNATIVAS
Basta dar una ojeada a los principales clasificados de la prensa regional para darse cuenta de la magnitud de la situación. En la búsqueda, son pocas las alternativas de arrendamiento y las que se consiguen están condicionadas por un alto precio a personas que no posean hijos, entre otras limitantes.
Sin embargo, Días analiza el vuelco que ha dado este negocio en la Isla. Se ha vuelto común el incremento de opciones que tienen que ver con alquileres de casas o apartamentos vacacionales. Éstos son rentados por pocas semanas y con desconfianza; aún así, la necesidad de rebuscarse sigue siendo apremiante para los dueños de inmuebles.
¿QUIÉN PROTEGE A QUIÉN?
La Cámara Inmobiliria cree que la nueva legislación no da garantías a los propietarios, las personas que se dedicaban a este oficio simplemente se retirarán del mercado debido al temor que tienen a perder sus propiedades. “¿Quién protege a los dueños de casas y apartamentos?”, dijo el empresario tras considerar que se muestra en contra del proyecto de ley, pues se contradice con los estatutos de la Ley de Control de Precios, Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria y la Ley de Inquilinato.
El Sol de Margarita
10-08-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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Cada vez la situación se pinta más turbia para el mercado inmobiliario. La discusión y posible entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Viviendas podría desencadenar la paralización de las ofertas de alquiler, tal y como augura la Cámara Inmobiliaria del estado Nueva Esparta.
Recientes aprobaciones que dan poder a la nueva Superintendencia Nacional de Arrendamientos, plazos mínimos de tres años para los contratos, así como la derogación de los pagos de depósitos, han generado alarma entre los propietarios que se dedican a este tipo de negocios.
Para el gremio inmobiliario, la región insular representa uno de los mercados de alquileres con un norte bastante alto, sin embargo en los últimos años la capacidad de oferta ha disminuido considerablemente.
POCAS ALTERNATIVAS
Basta dar una ojeada a los principales clasificados de la prensa regional para darse cuenta de la magnitud de la situación. En la búsqueda, son pocas las alternativas de arrendamiento y las que se consiguen están condicionadas por un alto precio a personas que no posean hijos, entre otras limitantes.
Sin embargo, Días analiza el vuelco que ha dado este negocio en la Isla. Se ha vuelto común el incremento de opciones que tienen que ver con alquileres de casas o apartamentos vacacionales. Éstos son rentados por pocas semanas y con desconfianza; aún así, la necesidad de rebuscarse sigue siendo apremiante para los dueños de inmuebles.
¿QUIÉN PROTEGE A QUIÉN?
La Cámara Inmobiliria cree que la nueva legislación no da garantías a los propietarios, las personas que se dedicaban a este oficio simplemente se retirarán del mercado debido al temor que tienen a perder sus propiedades. “¿Quién protege a los dueños de casas y apartamentos?”, dijo el empresario tras considerar que se muestra en contra del proyecto de ley, pues se contradice con los estatutos de la Ley de Control de Precios, Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria y la Ley de Inquilinato.
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Metrópolis del futuro
TalCualDigital.com - Gregory Jaimes
Caracas no sólo se distingue por sus lindas muchachas, ni por ser asentamiento de poderes públicos nacionales. En el ámbito geográfico, la metrópolis está compuesta por una integración de montañas donde residen casi cinco millones de habitantes, que padecen del colapso de servicios públicos, mermados en el tiempo.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), diagnostica una total desorganización por falta de coordinación entre las autoridades. “Cada municipio parece que trabaja aislada del otro. No hay voluntad política. La Caracas del municipio Libertador parece que es diferente a la Caracas del municipio Chacao”.
Sugiere además, la puesta en práctica del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) por parte de las cinco alcaldías que integran el área metropolitana: Baruta, El Hatillo, Sucre, Libertador y Chacao. Martini expresa que las planificaciones urbanas deben contar con servicios básicos (agua, electricidad, teléfono y vialidad, entre otros) al igual que los lugares de esparcimiento como parques, áreas recreacionales, caminerías y transporte de manera combinada.
“Unos de los grandes problemas que vemos es que Caracas está siendo desordenadamente objeto de un crecimiento informal a través de las grandes barriadas que forman parte del ‘cinturón de miseria’. No debería ser así porque debemos buscar la manera de darle servicios a las barriadas”. Agrega que, además de las jurisdicciones que conforman la capital de Venezuela, el gobierno nacional tiene que elaborar proyectos que vayan dirigidos a la organización.
Respecto al tema habitacional, el dirigente de la CIV dice que Caracas al igual que el resto de la nación, está afectada por el déficit habitacional. Asegura que se están aplicando políticas erradas porque se habla en cantidades proporcionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela pero no se planifica como debe ser.
“Si no empezamos a planificar, a entender que debe existir una relación entre el habitante y la ciudad en términos de vivencia, armonía, cultura, de vida, entonces vamos a tener una ciudad basada en la anarquía”. Recomiendo que el Estado incluya a todas las personas expertas en organización con la finalidad de trabajar en conjunto y resolver la calidad de vida.
TRANSFORMAR LOS BARRIOS
En Caracas es difícil encontrar una cadena montañosa que en su interior no tenga una vivienda. De este a oeste y de norte a sur la capital de la República está cubierta por barriadas populares que en su mayoría están en graves condiciones de precariedad. Josefina Baldó, experta en temas de urbanismo, señala que es importante el acondicionamiento de los inmuebles ubicados en las áreas populares. Sugiere que los proyectos deben estar enmarcados en el equipamiento de inmuebles con eficientes servicios. Asimismo, manifiesta que la intención de la iniciativa es que en un futuro se puedan urbanizar los barrios.
Pero no todo puede quedar en manos de las organizaciones. Baldo agrega que para lograr las metas deseadas en necesario involucrar a la comunidad en general. Los problemas en Caracas son tan graves que hasta las personas están poco emigrando hacia otros lugares. La experta en urbanismos reitera que la población caraqueña está realmente afectada por la carencia en los servicios públicos y dice que las personas no cuentan con un bienestar de vida.
“Lamentablemente hay una mala distribución de casi todo. Caracas tiene condiciones deplorables. Tenemos que trabajar con buena voluntad. Es necesario mejorar la calidad de vida urbana mediante planificaciones estratégicas de altísima participación”.
Eliminar los barrios no es una solución. La experta asegura que dado a la gran cantidad de personas que hacen vida en las barriadas caraqueñas (50% población de Caracas), es “imposible” quitar las viviendas de las montañas. “Una solución positiva es urbanizar a los barrios para posteriormente convertirlos en urbanizaciones”, insiste.
Generar conciencia
Fredery Calderón, miembro de la Asociación Civil Por la Caracas Posible, considera que es urgente tener en cuenta una visión de ciudad acompañada de una participación social. Además es de gran importancia la creación de una gran cultura ciudadana con la intención de generar nuevos hábitos y nuevas costumbres de ciudad. La escogencia de autoridades municipales que de verdad velen por los intereses de los ciudadanos es otra de las sugerencias.
“Caracas tiene un gran potencial: un clima extraordinario, un aeropuerto internacional a menos de 20 minutos y grandes parques, pero hace falta mucha voluntad para poder mejorar las fallas. También es necesario invertir”, dice el especialista en asuntos de ciudad.
El tema de las áreas verdes de igual forma está en el tapete. A juicio de Calderón, resoluciones internacionales en materia ambiental recomiendan que cada ciudadano debe tener por los menos 10 metros de áreas verdes. No obstante, el integrante de de la Asociación Civil Por la Caracas Posible asegura que los venezolanos cuentan con menos de 2 metros de zonas vegetales.
En referencia a la base área de La Carlota, señala que el espacio aeronáutico debe ser convertido en un gran parque público con la intención de mejorar la calidad ambiental. El pasado 16 de julio el presidente Chávez aprobó 100 millones de bolívares que serán destinados a la construcción del “Parque Bolívar” en las instalaciones del aeropuerto capitalino.
Tal Cual
10-08-2011
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Caracas no sólo se distingue por sus lindas muchachas, ni por ser asentamiento de poderes públicos nacionales. En el ámbito geográfico, la metrópolis está compuesta por una integración de montañas donde residen casi cinco millones de habitantes, que padecen del colapso de servicios públicos, mermados en el tiempo.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), diagnostica una total desorganización por falta de coordinación entre las autoridades. “Cada municipio parece que trabaja aislada del otro. No hay voluntad política. La Caracas del municipio Libertador parece que es diferente a la Caracas del municipio Chacao”.
Sugiere además, la puesta en práctica del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) por parte de las cinco alcaldías que integran el área metropolitana: Baruta, El Hatillo, Sucre, Libertador y Chacao. Martini expresa que las planificaciones urbanas deben contar con servicios básicos (agua, electricidad, teléfono y vialidad, entre otros) al igual que los lugares de esparcimiento como parques, áreas recreacionales, caminerías y transporte de manera combinada.
“Unos de los grandes problemas que vemos es que Caracas está siendo desordenadamente objeto de un crecimiento informal a través de las grandes barriadas que forman parte del ‘cinturón de miseria’. No debería ser así porque debemos buscar la manera de darle servicios a las barriadas”. Agrega que, además de las jurisdicciones que conforman la capital de Venezuela, el gobierno nacional tiene que elaborar proyectos que vayan dirigidos a la organización.
Respecto al tema habitacional, el dirigente de la CIV dice que Caracas al igual que el resto de la nación, está afectada por el déficit habitacional. Asegura que se están aplicando políticas erradas porque se habla en cantidades proporcionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela pero no se planifica como debe ser.
“Si no empezamos a planificar, a entender que debe existir una relación entre el habitante y la ciudad en términos de vivencia, armonía, cultura, de vida, entonces vamos a tener una ciudad basada en la anarquía”. Recomiendo que el Estado incluya a todas las personas expertas en organización con la finalidad de trabajar en conjunto y resolver la calidad de vida.
TRANSFORMAR LOS BARRIOS
En Caracas es difícil encontrar una cadena montañosa que en su interior no tenga una vivienda. De este a oeste y de norte a sur la capital de la República está cubierta por barriadas populares que en su mayoría están en graves condiciones de precariedad. Josefina Baldó, experta en temas de urbanismo, señala que es importante el acondicionamiento de los inmuebles ubicados en las áreas populares. Sugiere que los proyectos deben estar enmarcados en el equipamiento de inmuebles con eficientes servicios. Asimismo, manifiesta que la intención de la iniciativa es que en un futuro se puedan urbanizar los barrios.
Pero no todo puede quedar en manos de las organizaciones. Baldo agrega que para lograr las metas deseadas en necesario involucrar a la comunidad en general. Los problemas en Caracas son tan graves que hasta las personas están poco emigrando hacia otros lugares. La experta en urbanismos reitera que la población caraqueña está realmente afectada por la carencia en los servicios públicos y dice que las personas no cuentan con un bienestar de vida.
“Lamentablemente hay una mala distribución de casi todo. Caracas tiene condiciones deplorables. Tenemos que trabajar con buena voluntad. Es necesario mejorar la calidad de vida urbana mediante planificaciones estratégicas de altísima participación”.
Eliminar los barrios no es una solución. La experta asegura que dado a la gran cantidad de personas que hacen vida en las barriadas caraqueñas (50% población de Caracas), es “imposible” quitar las viviendas de las montañas. “Una solución positiva es urbanizar a los barrios para posteriormente convertirlos en urbanizaciones”, insiste.
Generar conciencia
Fredery Calderón, miembro de la Asociación Civil Por la Caracas Posible, considera que es urgente tener en cuenta una visión de ciudad acompañada de una participación social. Además es de gran importancia la creación de una gran cultura ciudadana con la intención de generar nuevos hábitos y nuevas costumbres de ciudad. La escogencia de autoridades municipales que de verdad velen por los intereses de los ciudadanos es otra de las sugerencias.
“Caracas tiene un gran potencial: un clima extraordinario, un aeropuerto internacional a menos de 20 minutos y grandes parques, pero hace falta mucha voluntad para poder mejorar las fallas. También es necesario invertir”, dice el especialista en asuntos de ciudad.
El tema de las áreas verdes de igual forma está en el tapete. A juicio de Calderón, resoluciones internacionales en materia ambiental recomiendan que cada ciudadano debe tener por los menos 10 metros de áreas verdes. No obstante, el integrante de de la Asociación Civil Por la Caracas Posible asegura que los venezolanos cuentan con menos de 2 metros de zonas vegetales.
En referencia a la base área de La Carlota, señala que el espacio aeronáutico debe ser convertido en un gran parque público con la intención de mejorar la calidad ambiental. El pasado 16 de julio el presidente Chávez aprobó 100 millones de bolívares que serán destinados a la construcción del “Parque Bolívar” en las instalaciones del aeropuerto capitalino.
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Vuelven tomas de viviendas
TalCualDigital.com
Las tomas forzosas de viviendas en Caracas se están incrementando. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) asegura que hasta los momentos se han reportado 155 invasiones a apartamentos amoblados en los cincos municipios que conforman la capital de Venezuela (Baruta, Chacao, El Hatillo, Libertador y Sucre).
Además, la organización asegura que Libertador es la jurisdicción donde se ha producido el 90% de las tomas efectuadas a inmuebles y respecto a las pensiones, el ente asegura que se han presentado 200 adquisiciones.
Y justamente, Roberto Orta, presidente de Apiur, destacó que en zonas populares como Ruperto Lugo, Parque Central y San Agustín se han presentado situaciones irregulares con la toma de apartamentos.
El representante gremial recordó que anteriormente la Guardia Nacional se encargaba de interceder en las ocupaciones forzosas de unidades habitacionales pero en 2001 se eliminó esa potestad.
Apiur también considera que la eliminación de los juicios por motivos de alquileres por parte del Tribunal Supremo de Justicia) es aprovechada por los invasores para asumir las riendas de las viviendas. "La Fiscalía no imputa a los invasores. No hay jueces y no hay sentencias", señala.
MUNICIPIO DE ANARQUÍA
El municipio Libertador se ha caracterizado por tener dificultades a toda costa pero respecto a lo habitacional los hechos irregulares han ido aumentando.
Alfredo Padilla, representante del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar (Modepaf), explica que en el municipio ocurren las invasiones "porque existe una política permisiva por parte de la alcaldía de Libertador".
Padilla asegura que también se presentan acciones que estimulan las apropiaciones de estructuras urbanísticas a la fuerza.
Por su parte, Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, expresa que los inquilinos que se adueñan de las viviendas, se aprovechan de las órdenes emanadas por el Gobierno o por los instrumentos jurídicos que los protegen como es el caso de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios.
Además, agregó que las acciones ponen en riesgo los alquileres en todo el territorio nacional.
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Además, la organización asegura que Libertador es la jurisdicción donde se ha producido el 90% de las tomas efectuadas a inmuebles y respecto a las pensiones, el ente asegura que se han presentado 200 adquisiciones.
Y justamente, Roberto Orta, presidente de Apiur, destacó que en zonas populares como Ruperto Lugo, Parque Central y San Agustín se han presentado situaciones irregulares con la toma de apartamentos.
El representante gremial recordó que anteriormente la Guardia Nacional se encargaba de interceder en las ocupaciones forzosas de unidades habitacionales pero en 2001 se eliminó esa potestad.
Apiur también considera que la eliminación de los juicios por motivos de alquileres por parte del Tribunal Supremo de Justicia) es aprovechada por los invasores para asumir las riendas de las viviendas. "La Fiscalía no imputa a los invasores. No hay jueces y no hay sentencias", señala.
MUNICIPIO DE ANARQUÍA
El municipio Libertador se ha caracterizado por tener dificultades a toda costa pero respecto a lo habitacional los hechos irregulares han ido aumentando.
Alfredo Padilla, representante del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar (Modepaf), explica que en el municipio ocurren las invasiones "porque existe una política permisiva por parte de la alcaldía de Libertador".
Padilla asegura que también se presentan acciones que estimulan las apropiaciones de estructuras urbanísticas a la fuerza.
Por su parte, Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, expresa que los inquilinos que se adueñan de las viviendas, se aprovechan de las órdenes emanadas por el Gobierno o por los instrumentos jurídicos que los protegen como es el caso de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios.
Además, agregó que las acciones ponen en riesgo los alquileres en todo el territorio nacional.
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Ecuación para fijar canon de alquiler se basa en antigüedad del inmueble
Con un amplio debate que se llevó casi todo el día de ayer, entorno a la metodología para fijar el canon de arrendamiento, se iniciaron esta semana las jornadas de discusión de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos en Vivienda que realizan en la Asamblea Nacional los grupo de inquilinos organizados. La discusión, que tiene como fin definir una tabla para medir el costo de los inmuebles basándose en una ecuación donde se tomen en cuenta como punto de partida los años de antigüedad (depreciación) de la vivienda y las condiciones de habitabilidad, incluyendo mejoras que se le hayan hecho a la infraestructura.
La tabla que se toma como base para el debate y que está incluida en el proyecto de ley, establece categorías para determinar la calidad de los inmuebles. Las categorías son: Excelente, muy buena, buena, normal, regular, mala, muy mala, demolición irrecuperable. De acuerdo a la lógica de la depreciación y según la teoría expuesta por los inquilinos, aquellas edificaciones precarias con muchos años de construcción y a las que no se les hayan realizado mejoras deberán tener un canon más bajo que las viviendas en mejores condiciones y con menos años de antigüedad.
En todo caso, la norma y el diseño de la tabla continúa hoy en discusión, y se espera que los grupos de inquilinos organizados muestren avances mañana miércoles en la reunión con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios, a fin terminar de ensamblar la redacción del artículo referido a la fijación del canon de arrendamiento y aprobarlo definitivamente esta semana.
Valor agregado
De acuerdo a la explicación de los voceros de las organizaciones de inquilinos, la ecuación está centrada en la depreciación del inmueble por su antigüedad y las condiciones del bien mueble; descartando el lugar de ubicación de la vivienda, pues al menos los representantes la Red Metropolitana de Inquilinos (RMI) sostienen que no importa el municipio ni la zona donde esté el inmueble, dado que si el lugar está dotado de servicios públicos como accesibilidad para el transporte como estaciones del Metro, centros de salud o centros urbanizados para el comercio, vialidad en buen estado, acueductos u otras mejoras que le den valor agregado a la zona, esto "no debe tomarse en cuenta para fijar el valor del canon de arrendamiento ni el valor de la vivienda, porque toda esa infraestructura no fue hecha por los privados ni por los particulares sino que son obras ejecutadas por el Estado".
Justamente, estas condiciones y la calidad de los servicios, además de la zona donde está ubicada la vivienda, es lo que argumenta el sector inmobiliario privado para darle valor agregado al costo de una vivienda, tanto para la venta como para fijar el valor del canon de alquiler. Las organizaciones de inquilinos han insistido en que este no puede ser un argumento para fijar valor de uso del inmueble, pues insisten en que "la necesidad de vivienda no debe ser vista como una mercancía".
Durante la discusión de ayer hubo consenso en que el órgano competente para aplicar la ley en cuanto a determinar el valor de los inmuebles, es la Superintendencia de Inquilinato, instancia que revisará los cánones cada tres años, tal como quedó aprobado en la reunión ordinaria de la Comisión de Administración y Servicios celebrada la semana pasada. Un punto de honor de los colectivos de inquilinos, es que el valor del metro cuadrado no puede dejarse a "capricho de la mano invisible del mercado, de la oferta y la demanda", pues insisten en que la necesidad de vivienda no puede seguir siendo tratada como una mercancía y por tanto es el Estado el que debe fijar parámetros. Un punto en el que insiste la representación de la Red Metropolitana de Inquilinos, es que el valor de la tierra no debe ser imputable al valor del inmueble. En este artículo subrayan la condición para exonerar el valor del suelo, del costo total de la vivienda.
La redacción preliminar de la norma precisa: "los inmuebles que se edificaron en tierras pertenecientes a la República, los estados, los municipios". Voz desde la AN El diputado Claudio Farías, miembro de la Comisión de Administración y Servicios, adelantó ayer que Proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que fue introducido el pasado mes de marzo a la AN, por iniciativa popular, respetará la propiedad privada y que el instrumento legal establece los procedimientos para que el arrendatario recupere su propiedad en caso de que el inquilino incumpla con lo establecido en el contrato de alquiler. Farias subrayó sin embargo, que el instrumento jurídico estipula que "la vivienda debe ser concebida como un derecho humano y no como una mercancía". Agregó que "hasta los actuales momentos, se especula con el precio de la vivienda, ya sea por su dimensión, tamaño, estructura, entre otros aspectos que son indispensables para determinar el canon de alquiler". "Éste aspecto, álgido de la ley, es parte de la discusión que se viene desarrollando con los movimientos de inquilinos, la Red de Inquilinos, entre otras instancias, donde hemos centrado el debate para buscar una salida de un precio justo y equilibrado de la propiedad para ambas partes (arrendatario y arrendador) sin caer en el vicio de la especulación".
Los diputados de la comisión, incluyendo su presidente Diosdado Cabello han prometido que el texto será aprobado en este período legislativo, que culmina el próximo 15 de agosto. De los 150 artículos que contiene el proyecto de ley de alquileres en viviendas, se han aprobado 81. Esta semana, tanto los colectivos populares que discuten el texto, como los diputados han prometido que se avanzará en el articulado. Sin embargo, la metodología para fijar el canon ha sido un tema laborioso. Lo que si quedó claro, es que la Superintendencia de Inquilinato será la instancia competente para aplicar la ley en cuanto a la regulación del canon.
Entorno Inteligente
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La tabla que se toma como base para el debate y que está incluida en el proyecto de ley, establece categorías para determinar la calidad de los inmuebles. Las categorías son: Excelente, muy buena, buena, normal, regular, mala, muy mala, demolición irrecuperable. De acuerdo a la lógica de la depreciación y según la teoría expuesta por los inquilinos, aquellas edificaciones precarias con muchos años de construcción y a las que no se les hayan realizado mejoras deberán tener un canon más bajo que las viviendas en mejores condiciones y con menos años de antigüedad.
En todo caso, la norma y el diseño de la tabla continúa hoy en discusión, y se espera que los grupos de inquilinos organizados muestren avances mañana miércoles en la reunión con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios, a fin terminar de ensamblar la redacción del artículo referido a la fijación del canon de arrendamiento y aprobarlo definitivamente esta semana.
Valor agregado
De acuerdo a la explicación de los voceros de las organizaciones de inquilinos, la ecuación está centrada en la depreciación del inmueble por su antigüedad y las condiciones del bien mueble; descartando el lugar de ubicación de la vivienda, pues al menos los representantes la Red Metropolitana de Inquilinos (RMI) sostienen que no importa el municipio ni la zona donde esté el inmueble, dado que si el lugar está dotado de servicios públicos como accesibilidad para el transporte como estaciones del Metro, centros de salud o centros urbanizados para el comercio, vialidad en buen estado, acueductos u otras mejoras que le den valor agregado a la zona, esto "no debe tomarse en cuenta para fijar el valor del canon de arrendamiento ni el valor de la vivienda, porque toda esa infraestructura no fue hecha por los privados ni por los particulares sino que son obras ejecutadas por el Estado".
Justamente, estas condiciones y la calidad de los servicios, además de la zona donde está ubicada la vivienda, es lo que argumenta el sector inmobiliario privado para darle valor agregado al costo de una vivienda, tanto para la venta como para fijar el valor del canon de alquiler. Las organizaciones de inquilinos han insistido en que este no puede ser un argumento para fijar valor de uso del inmueble, pues insisten en que "la necesidad de vivienda no debe ser vista como una mercancía".
Durante la discusión de ayer hubo consenso en que el órgano competente para aplicar la ley en cuanto a determinar el valor de los inmuebles, es la Superintendencia de Inquilinato, instancia que revisará los cánones cada tres años, tal como quedó aprobado en la reunión ordinaria de la Comisión de Administración y Servicios celebrada la semana pasada. Un punto de honor de los colectivos de inquilinos, es que el valor del metro cuadrado no puede dejarse a "capricho de la mano invisible del mercado, de la oferta y la demanda", pues insisten en que la necesidad de vivienda no puede seguir siendo tratada como una mercancía y por tanto es el Estado el que debe fijar parámetros. Un punto en el que insiste la representación de la Red Metropolitana de Inquilinos, es que el valor de la tierra no debe ser imputable al valor del inmueble. En este artículo subrayan la condición para exonerar el valor del suelo, del costo total de la vivienda.
La redacción preliminar de la norma precisa: "los inmuebles que se edificaron en tierras pertenecientes a la República, los estados, los municipios". Voz desde la AN El diputado Claudio Farías, miembro de la Comisión de Administración y Servicios, adelantó ayer que Proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que fue introducido el pasado mes de marzo a la AN, por iniciativa popular, respetará la propiedad privada y que el instrumento legal establece los procedimientos para que el arrendatario recupere su propiedad en caso de que el inquilino incumpla con lo establecido en el contrato de alquiler. Farias subrayó sin embargo, que el instrumento jurídico estipula que "la vivienda debe ser concebida como un derecho humano y no como una mercancía". Agregó que "hasta los actuales momentos, se especula con el precio de la vivienda, ya sea por su dimensión, tamaño, estructura, entre otros aspectos que son indispensables para determinar el canon de alquiler". "Éste aspecto, álgido de la ley, es parte de la discusión que se viene desarrollando con los movimientos de inquilinos, la Red de Inquilinos, entre otras instancias, donde hemos centrado el debate para buscar una salida de un precio justo y equilibrado de la propiedad para ambas partes (arrendatario y arrendador) sin caer en el vicio de la especulación".
Los diputados de la comisión, incluyendo su presidente Diosdado Cabello han prometido que el texto será aprobado en este período legislativo, que culmina el próximo 15 de agosto. De los 150 artículos que contiene el proyecto de ley de alquileres en viviendas, se han aprobado 81. Esta semana, tanto los colectivos populares que discuten el texto, como los diputados han prometido que se avanzará en el articulado. Sin embargo, la metodología para fijar el canon ha sido un tema laborioso. Lo que si quedó claro, es que la Superintendencia de Inquilinato será la instancia competente para aplicar la ley en cuanto a la regulación del canon.
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