entornointeligente.com
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró este lunes que el proyecto de Ley para el Control y Regulación de los Arrendamientos de Viviendas contempla la prohibición de los contratos y depósitos en dólares, así como los pagos en cuentas de otro país. "El proyecto ley incide directamente en más de 2 millones 500 mil personas que actualmente viven en condición de arrendamiento en nuestro país y busca propiciar el arrendamiento socialmente responsable.
Específicamente, en el proyecto de ley se regula la relación arrendaticia, se crean los deberes y derechos tanto para el arrendador como para el arrendatario", dijo, al leer unos de los artículos del instrumento legal.Al ser entrevistado en Venezolana de Televisión (VTV), Cabello aclaró que gastos tales como los relacionados a los servicios internos de las viviendas (agua, luz, teléfono, entre otros) corresponden pagarlos a los inquilinos, mientras que el condominio le corresponde al dueño del inmueble. Precisó el diputado que la ley promueve la creación de un Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador, que esté conformado por los depósitos que exigían los arrendadores a los inquilinos, y que permanecen represados en distintas entidades financieras. Este fondo serviría, entre otras cosas, para financiar los costos de reparaciones del inmueble, en caso de que el inquilino lo haya dejado con daños de consideración, o para que el arrendador no se vea afectado si el inquilino no puede pagar el alquiler en un momento dado.
El proyecto de Ley de arrendamiento fue introducido ante la Asamblea Nacional por iniciativa popular, a través de las comunidades organizadas agrupadas en el Movimiento de Pobladores en el Poder Legislativo y continuará la segunda discusión este martes en el Parlamento. Asimismo, el parlamentario explicó que el desalojo del inmueble debe darse al momento de finalizar el contrato, por lo que apoyó la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, aprobada en meses pasados por el presidente de la República, Hugo Chávez, y que sectores de la oposición han dicho que es inconsulta."¿Cómo van a decir que es una ley inconsulta si atiende el clamor de más de 750 mil familias que viven en condición de inquilinato? Temían que en cualquier momento podían desalojarlo a la hora que fuese", dijo.
Entorno Inteligente
05-10-2011
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Lic. Henry Medina
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jueves, 6 de octubre de 2011
Casi lista Ley de Arrendamiento
acn.com.ve
En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional fueron aprobados 18 artículos más, del Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
En este sentido, el diputado Diosdado Cabello (PSUV-Monagas), titular de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, informó previamente que esta iniciativa del Poder Popular favorecerá tanto a arrendadores como a arrendatarios.
Explicó que “ahora hay igualdad entre ambas partes, para finalmente dar freno a los abusos de los multiarrendadores”, quienes, a su juicio, se aprovechan de las necesidades del débil jurídico.
Recordemos que durante la Sesión Ordinaria del pasado martes 27 de septiembre fueron aprobados 20 artículos de los 152 que conforman la iniciativa legal.
Parlamentarios oficialistas reiteraron que el instrumento legal hace una clara distinción entre el papel que desempeña el pequeño arrendador y el multiarrendador, lo que permitirá tratar el caso según sea la necesidad.
La iniciativa, producto del esfuerzo mancomunado entre todos los sectores de la sociedad venezolana, ha promovido la participación colectiva para la construcción de esta ley, la cual tiene como premisa “humanizar los alquileres y establecer un equilibrio entre inquilinos y propietarios”.
También “prevé proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda y hábitatadecuado para todas las personas y familias”, especialmente de quienes se encuentran en situación de discriminación por: orientación sexual, identidad de género, origen étnico, preferencia política y religiosa, estado civil, clase social, así como en otros casos de vulnerabilidad o marginación por discapacidad, enfermedades terminales, entre otras.
La prohibición de subarrendar inmuebles fue aprobada este martes en la Asamblea Nacional (AN), donde continua el debate de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas.
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En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional fueron aprobados 18 artículos más, del Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
En este sentido, el diputado Diosdado Cabello (PSUV-Monagas), titular de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, informó previamente que esta iniciativa del Poder Popular favorecerá tanto a arrendadores como a arrendatarios.
Explicó que “ahora hay igualdad entre ambas partes, para finalmente dar freno a los abusos de los multiarrendadores”, quienes, a su juicio, se aprovechan de las necesidades del débil jurídico.
Recordemos que durante la Sesión Ordinaria del pasado martes 27 de septiembre fueron aprobados 20 artículos de los 152 que conforman la iniciativa legal.
Parlamentarios oficialistas reiteraron que el instrumento legal hace una clara distinción entre el papel que desempeña el pequeño arrendador y el multiarrendador, lo que permitirá tratar el caso según sea la necesidad.
La iniciativa, producto del esfuerzo mancomunado entre todos los sectores de la sociedad venezolana, ha promovido la participación colectiva para la construcción de esta ley, la cual tiene como premisa “humanizar los alquileres y establecer un equilibrio entre inquilinos y propietarios”.
También “prevé proteger y garantizar el derecho humano a una vivienda y hábitatadecuado para todas las personas y familias”, especialmente de quienes se encuentran en situación de discriminación por: orientación sexual, identidad de género, origen étnico, preferencia política y religiosa, estado civil, clase social, así como en otros casos de vulnerabilidad o marginación por discapacidad, enfermedades terminales, entre otras.
La prohibición de subarrendar inmuebles fue aprobada este martes en la Asamblea Nacional (AN), donde continua el debate de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas.
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Chávez nombrará al rector de alquileres de viviendas
La discusión de la Ley de Arrendamientos sigue este jueves
La Asamblea Nacional avanzó ayer en la segunda discusión del proyecto de Ley de Arrendamientos. Sin inconvenientes, los diputados dieron el visto bueno, entre otros aspectos, a que sea el Presidente de la República quien se encargue del nombramiento y remoción del Superintendente Nacional de Arrendamientos de Vivienda.
Esta instancia tendrá las más amplias facultades de inspección y fiscalización de los contratos de arrendamiento.
Durante la sesión se acordó levantar la sanción del artículo 31, que establece que los arrendadores están en la obligación de tener los inmuebles en buen estado de mantenimiento y conservación, y que su incumplimiento se castigará según las disposiciones del Código Civil y demás leyes u ordenanzas.
Adicionalmente, se convino prorrogar la discusión del artículo 33, que también tiene que ver con el deber de los propietarios de preservar en buen estado los servicios básicos, áreas comunes y adicionales convenidos en el contrato.
Los artículos 28 y 29 también fueron diferidos.
La jornada culminó con la aprobación del artículo 42. Será este jueves cuando continúe la segunda discusión del proyecto de Ley de Arrendamientos, que contiene en su totalidad 150 artículos y 13 disposiciones transitorias.
Ventas programadas
Los diputados aprobaron ayer en primera discusión el proyecto de Ley Contra la Estafa en Compras Programadas de Vehículos Nuevos y Usados, propuesto por la Comisión de Administración y Servicios.
En la exposición de motivos el diputado Diosdado Cabello indicó que la normativa contempla penalizaciones en caso de nuevas fijaciones de precios, incumplimiento en la entrega de vehículos y retardo en el pago de reintegros.
Al respecto, el diputado César Rincones señaló que el instrumento legal viene a regular a un sector, que opera sin normativa y, por ende, da luz verde a las estafas.
Recomienda que el proyecto sea amplio y regule también a cualquier otro tipo de mercado que funcione bajo el sistema de compras programadas.
La propuesta, que toma en consideración más de cinco mil denuncias registradas en el Indepabis, consta de 40 artículos.
Ahora el proyecto pasará a la consulta pública y discusión en la Comisión de Administración y Servicios, para su posterior presentación en plenaria y aprobación definitiva en segunda discusión.
El Universal
05-10-2011
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La Asamblea Nacional avanzó ayer en la segunda discusión del proyecto de Ley de Arrendamientos. Sin inconvenientes, los diputados dieron el visto bueno, entre otros aspectos, a que sea el Presidente de la República quien se encargue del nombramiento y remoción del Superintendente Nacional de Arrendamientos de Vivienda.
Esta instancia tendrá las más amplias facultades de inspección y fiscalización de los contratos de arrendamiento.
Durante la sesión se acordó levantar la sanción del artículo 31, que establece que los arrendadores están en la obligación de tener los inmuebles en buen estado de mantenimiento y conservación, y que su incumplimiento se castigará según las disposiciones del Código Civil y demás leyes u ordenanzas.
Adicionalmente, se convino prorrogar la discusión del artículo 33, que también tiene que ver con el deber de los propietarios de preservar en buen estado los servicios básicos, áreas comunes y adicionales convenidos en el contrato.
Los artículos 28 y 29 también fueron diferidos.
La jornada culminó con la aprobación del artículo 42. Será este jueves cuando continúe la segunda discusión del proyecto de Ley de Arrendamientos, que contiene en su totalidad 150 artículos y 13 disposiciones transitorias.
Ventas programadas
Los diputados aprobaron ayer en primera discusión el proyecto de Ley Contra la Estafa en Compras Programadas de Vehículos Nuevos y Usados, propuesto por la Comisión de Administración y Servicios.
En la exposición de motivos el diputado Diosdado Cabello indicó que la normativa contempla penalizaciones en caso de nuevas fijaciones de precios, incumplimiento en la entrega de vehículos y retardo en el pago de reintegros.
Al respecto, el diputado César Rincones señaló que el instrumento legal viene a regular a un sector, que opera sin normativa y, por ende, da luz verde a las estafas.
Recomienda que el proyecto sea amplio y regule también a cualquier otro tipo de mercado que funcione bajo el sistema de compras programadas.
La propuesta, que toma en consideración más de cinco mil denuncias registradas en el Indepabis, consta de 40 artículos.
Ahora el proyecto pasará a la consulta pública y discusión en la Comisión de Administración y Servicios, para su posterior presentación en plenaria y aprobación definitiva en segunda discusión.
El Universal
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“Ley de Arrendamiento genera confiscación de inmuebles”
Como la Ley más nefasta que ha aprobado la Asamblea Nacional en los últimos catorce años de revolución, calificó el diputado al Parlamento nacional por el estado Táchira, Leomagno Flores, la Ley de Arrendamiento que fue sometida el día de ayer a su segunda discusión.
El parlamentario asegura que dicho instrumento jurídico es un "adefesio político" totalmente comunista, debido a que con él se genera una confiscación de inmuebles, ya que se obliga a los arrendadores o dueños de un bien, a vender su propiedad aunque no lo deseen, y a sus inquilinos a comprarlas con la medida de que es el Gobierno nacional el que estipulará el precio de venta, sin tomar en cuenta el costo de la tierra ni la zona en que esté ubicada. Lo que a su vez traería como consecuencia la venta de un inmueble con un precio aún más bajo de lo que lo compró su propietario actual.
"Hay muchas leyes que regulan una materia y generan un mercado negro, aquí no podemos decir que se va a generar un mercado negro de alquiler. Pero si las personas pactan por debajo de la mesa con los inquilinos que le van a cobrar en exceso y los hacen firmar que se van a ir en un tiempo determinado, ya no se va a poder cumplir, porque es de orden público la Ley y todas sus normas, por lo tanto ya no se va a poder llegar a convenios entre los particulares, pues el inquilino se puede aprovechar de eso", explicó.
El diputado de Acción Democrática considera que si se llega a concretar la aprobación de la Ley de Arrendamiento tal y como está planteada, se producirá más violencia en Venezuela, pues a su juicio, si una persona tiene una casa que es su vivienda principal y tiene que alquilarla por una necesidad urgente, refugiándose en la casa de otro familiar, cuando quiera regresar no va a poder hacerlo porque el inquilino -en caso de que quiera quitarle la vivienda- está amparado por la Ley.
"Esto puede generar disputas terribles entre inquilinos que se escudan en esta Ley y que se apoderarán de esas casas para no salir más nunca, y entre la gente que necesita que le desocupen su inmueble, ya que es un hecho que las personas de cualquier manera van a querer recuperar su propiedad", acotó.
Flores espera que el Presidente de la República desapruebe la Ley de Arrendamiento en los próximos días y que se dé cuenta de que con la promulgación de este aparato legal se afecta directamente a la propiedad privada.
Ley de Fronteras
En lo que se refiere a la Ley de Fronteras, Leomagno Flores informó que representantes de la Ucat y la Unet, así como un grupo de educadores y abogados de la región, se comprometieron a abrir espacios para el análisis y discusión sobre el proyecto de Ley de Fronteras, el cual tienen previsto aprobar en el transcurso de este año, según la agenda parlamentaria de la Asamblea Nacional.
Diario de Los Andes
05-10-2011
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"Hay muchas leyes que regulan una materia y generan un mercado negro, aquí no podemos decir que se va a generar un mercado negro de alquiler. Pero si las personas pactan por debajo de la mesa con los inquilinos que le van a cobrar en exceso y los hacen firmar que se van a ir en un tiempo determinado, ya no se va a poder cumplir, porque es de orden público la Ley y todas sus normas, por lo tanto ya no se va a poder llegar a convenios entre los particulares, pues el inquilino se puede aprovechar de eso", explicó.
El diputado de Acción Democrática considera que si se llega a concretar la aprobación de la Ley de Arrendamiento tal y como está planteada, se producirá más violencia en Venezuela, pues a su juicio, si una persona tiene una casa que es su vivienda principal y tiene que alquilarla por una necesidad urgente, refugiándose en la casa de otro familiar, cuando quiera regresar no va a poder hacerlo porque el inquilino -en caso de que quiera quitarle la vivienda- está amparado por la Ley.
"Esto puede generar disputas terribles entre inquilinos que se escudan en esta Ley y que se apoderarán de esas casas para no salir más nunca, y entre la gente que necesita que le desocupen su inmueble, ya que es un hecho que las personas de cualquier manera van a querer recuperar su propiedad", acotó.
Flores espera que el Presidente de la República desapruebe la Ley de Arrendamiento en los próximos días y que se dé cuenta de que con la promulgación de este aparato legal se afecta directamente a la propiedad privada.
Ley de Fronteras
En lo que se refiere a la Ley de Fronteras, Leomagno Flores informó que representantes de la Ucat y la Unet, así como un grupo de educadores y abogados de la región, se comprometieron a abrir espacios para el análisis y discusión sobre el proyecto de Ley de Fronteras, el cual tienen previsto aprobar en el transcurso de este año, según la agenda parlamentaria de la Asamblea Nacional.
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Artículos 31, 33 y 42 generaron polémica entre los diputados de la AN
Globovision.com
En la sesión de este martes, los diputados a la Asamblea Nacional continuaron con la segunda discusión del Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. El texto lleva 42 artículos discutidos, de los cuales 22 fueron debatidos este martes y cinco fueron diferidos.
Los artículos que establecen la responsabilidad del arrendador de garantizar el buen funcionamiento de las áreas comunes del edificio o estructura donde está la vivienda en alquiler generaron desacuerdo entre los parlamentarios.
La diputada Vestalia Sampedro (MUD) señaló que el artículo 31 del proyecto de ley es inaplicable: "es imposible que el que tenga un apartamento (alquilado) pueda responder por el uso del ascensor y otros servicios que tienen que ver con el condominio".
Por la unidad, el parlamentario César Rincones cuestionó que los dueños de los inmuebles se vean obligados a mantener las condiciones del edificio. "¿Si el ascensor se daña, es del dueño del apartamento?", preguntó.
El diputado Diosdado Cabello aseveró que la relación con el condominio debe mantenerla el dueño dela vivienda en alquiler y no quien alquila.
En referencia al artículo 33 del proyecto, el diputado Leomagno Flores advirtió: "¿Cómo voy a preservar las áreas comunes si alquilo mi apartamento? Eso es un error jurídico".
En vista de la falta de acuerdo, Cabello solicitó que se levantara la sesión del artículo 31, aprobado en un principio y se difiriera el 33, lo cual fue aprobado por la mayoría oficialista.
Otro de los artículos que generó una intensa discusión entre los parlamentarios fue el 42. Los diputados de oposición solicitaron la eliminación del mismo por considerar que se obliga al propietario a aceptar los traspasos ilegales que se realizaron antes de que entre en vigencia esta nueva ley.
Cabello defendió el artículo y aseveró que las familias que están en las viviendas subarrendadas no pueden ser "lanzadas a la calle".
Durante la sesión también se debatieron otros artículos. El diputado Enrique Márquez se refirió a la revisión previa de los contratos de arrendamiento por parte de la Superintendencia, contemplado en el artículo 21.
"Si se está haciendo un censo de los contratos firmados, si en esta ley se catiga al propietario que no lleve el contrato fimado a la Superintendencia ¿Por qué razón tienen que ir a una revisión previa que agrega un procedimiento inútil?", preguntó.
Advirtió que este artículo y en general esta ley es absolutamente inconveniente. "No ayuda a nadie y con controles previos complejizamos de manera estúpida los procedimientos administrativos de la ley", dijo.
Sobre el artículo 22, los diputados de oposición solicitaron que en vez de "obligación de arrendadores y arrendadoras", sea de "registros y notarías". Sin embargo, fue rechazado por el oficialismo.
En el artículo 24, sobre el incumplimiento de los arrendadores, el parlamentario Enrique Márquez (MUD) recomendó que se establecieran multas conjuntas y no sólo para el arrendador. "Para generar que ambas partes se interesen, debería ser una multa conjunta, para que ambos quieran llevar datos (a las instancias establecidas), si no estaríamos en desbalance", acotó.
El diputado por el oficialismo, Francisco Martínez solicitó el diferimiento de los artículos 28 y 29 y los numerales, debido a que recibieron observaciones por parte de la Defensoría del Pueblo. Por ello, serán discutidos nuevamente en la comisión.
El pago de servicios básicos en las pensiones y habitaciones será cancelado por el arrendador, debido a que no debe cobrársele a cada uno de los inquilinos por el mismo servicio. Así lo establece el artículo 34 del proyecto de ley.
El artículo 39 establece el cobro del canon de arrendamiento. El dueño de la vivienda podrá acordar la forma y oportunidad en que debe cancelarse dicho canon.
El primer vicepresidente del Parlamento, Aristóbulo Istúriz, informó que el debate continuaría el próximo jueves 6 de octubre.
Globovisión
05-10-2011
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En la sesión de este martes, los diputados a la Asamblea Nacional continuaron con la segunda discusión del Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. El texto lleva 42 artículos discutidos, de los cuales 22 fueron debatidos este martes y cinco fueron diferidos.
Los artículos que establecen la responsabilidad del arrendador de garantizar el buen funcionamiento de las áreas comunes del edificio o estructura donde está la vivienda en alquiler generaron desacuerdo entre los parlamentarios.
La diputada Vestalia Sampedro (MUD) señaló que el artículo 31 del proyecto de ley es inaplicable: "es imposible que el que tenga un apartamento (alquilado) pueda responder por el uso del ascensor y otros servicios que tienen que ver con el condominio".
Por la unidad, el parlamentario César Rincones cuestionó que los dueños de los inmuebles se vean obligados a mantener las condiciones del edificio. "¿Si el ascensor se daña, es del dueño del apartamento?", preguntó.
El diputado Diosdado Cabello aseveró que la relación con el condominio debe mantenerla el dueño dela vivienda en alquiler y no quien alquila.
En referencia al artículo 33 del proyecto, el diputado Leomagno Flores advirtió: "¿Cómo voy a preservar las áreas comunes si alquilo mi apartamento? Eso es un error jurídico".
En vista de la falta de acuerdo, Cabello solicitó que se levantara la sesión del artículo 31, aprobado en un principio y se difiriera el 33, lo cual fue aprobado por la mayoría oficialista.
Otro de los artículos que generó una intensa discusión entre los parlamentarios fue el 42. Los diputados de oposición solicitaron la eliminación del mismo por considerar que se obliga al propietario a aceptar los traspasos ilegales que se realizaron antes de que entre en vigencia esta nueva ley.
Cabello defendió el artículo y aseveró que las familias que están en las viviendas subarrendadas no pueden ser "lanzadas a la calle".
Durante la sesión también se debatieron otros artículos. El diputado Enrique Márquez se refirió a la revisión previa de los contratos de arrendamiento por parte de la Superintendencia, contemplado en el artículo 21.
"Si se está haciendo un censo de los contratos firmados, si en esta ley se catiga al propietario que no lleve el contrato fimado a la Superintendencia ¿Por qué razón tienen que ir a una revisión previa que agrega un procedimiento inútil?", preguntó.
Advirtió que este artículo y en general esta ley es absolutamente inconveniente. "No ayuda a nadie y con controles previos complejizamos de manera estúpida los procedimientos administrativos de la ley", dijo.
Sobre el artículo 22, los diputados de oposición solicitaron que en vez de "obligación de arrendadores y arrendadoras", sea de "registros y notarías". Sin embargo, fue rechazado por el oficialismo.
En el artículo 24, sobre el incumplimiento de los arrendadores, el parlamentario Enrique Márquez (MUD) recomendó que se establecieran multas conjuntas y no sólo para el arrendador. "Para generar que ambas partes se interesen, debería ser una multa conjunta, para que ambos quieran llevar datos (a las instancias establecidas), si no estaríamos en desbalance", acotó.
El diputado por el oficialismo, Francisco Martínez solicitó el diferimiento de los artículos 28 y 29 y los numerales, debido a que recibieron observaciones por parte de la Defensoría del Pueblo. Por ello, serán discutidos nuevamente en la comisión.
El pago de servicios básicos en las pensiones y habitaciones será cancelado por el arrendador, debido a que no debe cobrársele a cada uno de los inquilinos por el mismo servicio. Así lo establece el artículo 34 del proyecto de ley.
El artículo 39 establece el cobro del canon de arrendamiento. El dueño de la vivienda podrá acordar la forma y oportunidad en que debe cancelarse dicho canon.
El primer vicepresidente del Parlamento, Aristóbulo Istúriz, informó que el debate continuaría el próximo jueves 6 de octubre.
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Constructores piden detener proyecto de ley de Arrendamiento
laverdad.com
Quieren diálogo.
“No se puede avanzar en políticas públicas tan importantes para el colectivo con leyes unilaterales”. Rafael Guédez, presidente de la Cámara de la Construcción del Estado Zulia, en entrevista con La Verdad, pide al Poder Legislativo “paralizar” las decisiones que se están tomando en la Asamblea Nacional.
“Pedimos sindéresis, que se paralice la discusión de la ley porque esa discusión debe ser revisada nuevamente para encaminar una política habitacional coherente”, sostiene Guédez, quien afirma que este es el momento propicio para divulgar que la ley no sólo perjudicará a propietarios y constructores, sino al ciudadano común. De aprobarse tal y como está, “no se encontrarán viviendas disponibles en el mercado ni para comprar ni para alquilar”.
Explica que el artículo 73 del proyecto del texto los obliga a cambiar su naturaleza comercial, al disponer que un promotor destine 10 por ciento de las viviendas que construye en un desarrollo para el arriendo.
Desaparición
Ese 10 por ciento “es el marco de la utilidad, es la ganancia del constructor cuando hace un desarrollo habitacional. Si ponernos a construir 100 viviendas para dejar 10 en alquiler a tasas fijadas por la Superintendencia de Inquilinato, de tres por ciento de rentabilidad, no nos va a permitir ni a cubrir los costos del crédito de los bancos. Si nuestra ganancia en una obra se va a destinar al alquiler, pues tendremos que reducir nuestros niveles de construcciones cuando se supone que el país necesita que se construyan miles de viviendas”.
Esto les cambia su razón de ser. “Nosotros construimos para vender, no para alquilar, eso no podemos hacerlo porque sostener la carga del financiamiento es muy pesada para un constructor. Bajo estas condiciones no se podrá construir viviendas, vamos a desaparecer”.
La cámara respeta el marco jurídico del país pero considera que las ñeyes de la República deben ser equilibradas y producir beneficios para todas las partes involucradas.
laverdad.com
05-10-2011
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“No se puede avanzar en políticas públicas tan importantes para el colectivo con leyes unilaterales”. Rafael Guédez, presidente de la Cámara de la Construcción del Estado Zulia, en entrevista con La Verdad, pide al Poder Legislativo “paralizar” las decisiones que se están tomando en la Asamblea Nacional.
“Pedimos sindéresis, que se paralice la discusión de la ley porque esa discusión debe ser revisada nuevamente para encaminar una política habitacional coherente”, sostiene Guédez, quien afirma que este es el momento propicio para divulgar que la ley no sólo perjudicará a propietarios y constructores, sino al ciudadano común. De aprobarse tal y como está, “no se encontrarán viviendas disponibles en el mercado ni para comprar ni para alquilar”.
Explica que el artículo 73 del proyecto del texto los obliga a cambiar su naturaleza comercial, al disponer que un promotor destine 10 por ciento de las viviendas que construye en un desarrollo para el arriendo.
Desaparición
Ese 10 por ciento “es el marco de la utilidad, es la ganancia del constructor cuando hace un desarrollo habitacional. Si ponernos a construir 100 viviendas para dejar 10 en alquiler a tasas fijadas por la Superintendencia de Inquilinato, de tres por ciento de rentabilidad, no nos va a permitir ni a cubrir los costos del crédito de los bancos. Si nuestra ganancia en una obra se va a destinar al alquiler, pues tendremos que reducir nuestros niveles de construcciones cuando se supone que el país necesita que se construyan miles de viviendas”.
Esto les cambia su razón de ser. “Nosotros construimos para vender, no para alquilar, eso no podemos hacerlo porque sostener la carga del financiamiento es muy pesada para un constructor. Bajo estas condiciones no se podrá construir viviendas, vamos a desaparecer”.
La cámara respeta el marco jurídico del país pero considera que las ñeyes de la República deben ser equilibradas y producir beneficios para todas las partes involucradas.
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Superintendencia revisará contratos de arrendamiento
La superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda hará una revisión previa de todos los contratos de alquiler, según el artículo 21 del proyecto de ley para regularización y control de los arrendamientos, aprobado por la Asamblea Nacional en la segunda discusión de la norma.
El organismo gubernamental que se creará después de la entrada en vigencia del marco legal verificará que los contratos cumplan con los parámetros establecidos, especialmente con las condiciones del inmueble y el canon mensual.
El proyecto de ley propone un método de cálculo de los cánones que ha sido cuestionado por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Sociedad de Ingenieros de Tasación porque arrojará precios que no corresponden con la realidad.
El Parlamento también aprobó los artículos relacionados con la obligación del arrendador de inscribirse en el registro nacional de viviendas en alquiler y el derecho del arrendatario de solicitar la inclusión en este mecanismo en el caso de que el propietario del inmueble no lo haga.
Los artículos 28 y 29, relacionados con la defensa pública especial en materia inquilinaria y del derecho a la vivienda, fueron diferidos porque la Defensoría del Pueblo presentó observaciones que serán evaluadas por los diputados. También los artículos 31 y 33, sobre las condiciones del inmueble y el mantenimiento de los servicios, ante la solicitud de la oposición de diferenciar entre edificios para alquilar y en propiedad horizontal.
Más objeciones. El Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler rechazó la satanización que hace el oficialismo de los arrendadores, pues aseguró que la mayoría renta una parte o la totalidad de sus inmuebles para completar el ingreso familiar.
"Para muchas personas de la tercera edad el alquiler es su único sustento", dijo Maritza Fariñas, miembro del Comité, cuya creación fue oficializada ayer en una asamblea de propietarios e inquilinos que objetan el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional.
"El plan perverso del Gobierno es expropiar la vivienda a los propietarios ancianos para ubicarlos en geriátricos", denunció Ismael García, dirigente del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.
García agregó que estos propietarios participarán en la marcha de pensionados y jubilados que se realizará el 25 de octubre para exigir que se respete el derecho de propiedad.
Inquilinos presentes en la reunión, que solicitaron no mencionar sus nombres, manifestaron su desacuerdo con el proyecto de ley porque causará enfrentamientos violentos y despojos de propiedad por unos cuantos arrendatarios aprovechados.
Fariñas criticó la mala fe oficial al establecer un impuesto a los inmuebles vacíos para obligar a los propietarios a cederlos. Agregó que las parejas jóvenes serán las más perjudicadas por la contracción de la oferta de alquiler.
El Nacional
05-10-2011
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El organismo gubernamental que se creará después de la entrada en vigencia del marco legal verificará que los contratos cumplan con los parámetros establecidos, especialmente con las condiciones del inmueble y el canon mensual.
El proyecto de ley propone un método de cálculo de los cánones que ha sido cuestionado por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Sociedad de Ingenieros de Tasación porque arrojará precios que no corresponden con la realidad.
El Parlamento también aprobó los artículos relacionados con la obligación del arrendador de inscribirse en el registro nacional de viviendas en alquiler y el derecho del arrendatario de solicitar la inclusión en este mecanismo en el caso de que el propietario del inmueble no lo haga.
Los artículos 28 y 29, relacionados con la defensa pública especial en materia inquilinaria y del derecho a la vivienda, fueron diferidos porque la Defensoría del Pueblo presentó observaciones que serán evaluadas por los diputados. También los artículos 31 y 33, sobre las condiciones del inmueble y el mantenimiento de los servicios, ante la solicitud de la oposición de diferenciar entre edificios para alquilar y en propiedad horizontal.
Más objeciones. El Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler rechazó la satanización que hace el oficialismo de los arrendadores, pues aseguró que la mayoría renta una parte o la totalidad de sus inmuebles para completar el ingreso familiar.
"Para muchas personas de la tercera edad el alquiler es su único sustento", dijo Maritza Fariñas, miembro del Comité, cuya creación fue oficializada ayer en una asamblea de propietarios e inquilinos que objetan el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional.
"El plan perverso del Gobierno es expropiar la vivienda a los propietarios ancianos para ubicarlos en geriátricos", denunció Ismael García, dirigente del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.
García agregó que estos propietarios participarán en la marcha de pensionados y jubilados que se realizará el 25 de octubre para exigir que se respete el derecho de propiedad.
Inquilinos presentes en la reunión, que solicitaron no mencionar sus nombres, manifestaron su desacuerdo con el proyecto de ley porque causará enfrentamientos violentos y despojos de propiedad por unos cuantos arrendatarios aprovechados.
Fariñas criticó la mala fe oficial al establecer un impuesto a los inmuebles vacíos para obligar a los propietarios a cederlos. Agregó que las parejas jóvenes serán las más perjudicadas por la contracción de la oferta de alquiler.
El Nacional
05-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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Consejo de Ministros aprobó más de Bs 5 mil millones para la Misión Vivienda
Se prevé sustituir 13.000 ranchos por casas y rehabilitar 6.980 hogares | Juan Camacho
El Consejo de Ministros número 781 aprobó 5 mil 877 millones de bolívares para construir 59.013 soluciones habitacionales, consolidar 45 nuevos espacios comunitarios, sustituir 13.000 ranchos por casas y rehabilitar 6.980 casas como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Así lo dijo el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, a su salida del Consejo de Ministros efectuado este martes en el Palacio de Miraflores, Caracas.
Rodríguez declaró que los recursos provienen de la Ley Especial de Endeudamiento Complementario para el ejercicio fiscal 2011.
“El Comandante Presidente sigue asignando recursos para esta Gran Misión Vivienda Venezuela que viene avanzando en todo el país con la construcción de nuevos urbanismos para la vida”, aseveró.
Rodríguez agregó que destinaron 683 millones de bolívares para cubrir los gastos del cuatro trimestre de este año en las misiones Sucre, Che Guevara, Negra Hipólita y Madres del Barrio.
El Nacional
05-10-2011
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“El Comandante Presidente sigue asignando recursos para esta Gran Misión Vivienda Venezuela que viene avanzando en todo el país con la construcción de nuevos urbanismos para la vida”, aseveró.
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