Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), aseguró que con la imposición de más normativas el gobierno sigue estimulando un corralito inmobiliario en el país.
Para Orta, el tope impuesto de 250,00 bolívares por metro a los locales, galpones y oficinas generan efectos adversos, ya que no se toman en cuenta factores cómo su ubicación, tipo de construcción o el valor de la propiedad, “no es lo mismo un local en el llano a uno en la ciudad”.
Alertó que con ese tope sobre el alquiler, a algunos propietario no le alcanza el monto para pagar los impuestos, derecho de frente y que sólo se estipuló un condominio 25% sobre el alquiler de esos 250,00 bolívares por metro.
“Muchos de los propietarios han sido muy afectados, porque la reglamentación no tiene ningún basamento técnico y no se toman en cuenta miles de factores que afectan el monto de un alquiler. Ahora escuchamos que los propietarios ya no alquilaran su local comercial, sino que lo pondrán en venta”, contó.
El presidente de Apiur asegura en estos caso se sigue afectando al pequeño comerciante, quien no tiene posibilidad de comprar y establecerse en un negocio.
No se toma en cuenta el valor
Indicó que lo más grave de todos estos métodos que el gobierno ha establecido y los antecedentes sobre normativas cómo: “la Ley de Arrendamiento es que no se toma en cuenta el valor de adquisición. No les importa cuanto pagó alguien por una oficina, local o vivienda. Los porcentajes de rentabilidad son tan bajos que ni siquiera dan para pagar los gastos, han llevado a la ruina a miles de propietarios al congelar los alquileres hasta por 10 años y luego aplicando métodos injustos sujetarse al monto de los 250,00 bolívares por metro cuadrado hasta que el gobierno después de un año decida subir el monto”.
Recordó que con la Ley de Estafa Inmobiliaria la construcción privada lleva 15 trimestres de caída, “la Ley de Arrendamiento prácticamente ha desaparecido la oferta. Ahora con lo absurdo de la medida sobre los locales comerciales se espera una disminución en el alquiles y una regulación de precios sobre las viviendas, terminan de cerrar el círculo o corralito inmobiliario, con la cantidad de normativas”.
Para Orta, el patrimonio familiar de los venezolanos está en juego, “si usted pagó 4 millones de bolívares por su apartamento y ahora el gobierno decide que cuesta 500 mil bolívares, a la hora de vender su familia tiene una gran pérdida de patrimonio”.
Advirtió que esta situación podría estimular un mercado negro en el sector inmobiliario y además el gobierno perdería la posibilidad de cobrar en menor cuantía los diferentes impuestos.
Notitarde
11-12-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
