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Diputados votan en la asamblea | Nelson Castro
Este martes se desarrolla en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) una reunión con diferentes representantes del Movimiento de Pobladores y el equipo técnico de la Comisión, a los fines de avanzar en la discusión del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
Esta propuesta de instrumento legal ya cuenta con el visto bueno de 57 artículos en el seno de la Comisión y, una vez sea aprobado en su totalidad, pasará a la plenaria para su segunda y definitiva discusión. La meta de la instancia legislativa es aprobarla para el 15 de agosto.
En la reunión de este martes se discuten aspectos como la forma de establecer el canon de arrendamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, ente que por mandato de esta ley sustituirá a la actual Dirección de Inquilinato.
Ana Marina Rodríguez, de la Red Metropolitana de Inquilinos, destacó que el espíritu de la propuesta, en lo relacionado con el canon de arrendamiento, es fijar un monto justo para ambas partes.
Se prevé que este miércoles, en la reunión de la Comisión, continúe la discusión y aprobación del articulado por parte de los diputados.
Este proyecto de ley es el primero presentado por iniciativa popular. En marzo lo introdujo el movimiento de pobladores ante la AN con el respaldo de más de 400.000 firmas.
Se inició luego un proceso de consulta pública en 16 estados, donde se recogieron propuestas para enriquecer el proyecto provenientes de diferentes sectores.
El Movimiento de Pobladores es una red que agrupa a diferentes organizaciones populares que luchan por el derecho a la vivienda: inquilinos, campamentos de pioneros, conserjes o trabajadores residenciales, ocupantes y refugiados.
El Nacional
02-08-2011
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Lic. Henry Medina
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miércoles, 3 de agosto de 2011
Nueva ley no beneficia a inquilinos ni propietarios
caminaragua.com
Para Héctor Gómez, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, la nueva Ley de Arrendamientos no beneficiará a los inquilinos, y tampoco a los propietarios; debido a que las medidas provocarán que aquellas personas que tienen inmuebles para alquilar eviten hacerlo para evitarse problemas legales, lo que se traducirá en menos oferta para quienes desean alquilar.
Estas declaraciones fueron ofrecidas por Gómez en entrevista televisiva, donde también destacó que ya en el primer semestre del año 2011, habían caído las ofertas de alquiler en un porcentaje importante. Enfatizó que con estas nuevas medidas las cifras sin duda aumentarán.
Gómez señaló que hay aspectos de la ley que son absolutamente negativos para los propietarios: lo más común es hacer contratos por 1 año; ahora quieren implementar un mínimo de 3 años, con las respectivas prorrogas de ley eso podría alargarse hasta 5 años. ¿Qué va a pasar en esos casos? ¿En qué condiciones serán entregadas esas viviendas?.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua también señaló el tema de las miles de familias venezolanas que tienen como sustento el alquiler de un inmueble. Hay personas cuyo único medio de sustento es el alquiler de alguna vivienda; qué pueden hacer ahora esas personas ahora si no consiguen inquilinos serios y responsables.
Finalmente Héctor Gómez concretó diciendo que debe buscarse un equilibrio en la legislación para que las dos partes sean beneficiadas; enfatizó que el déficit de vivienda no va a ser solucionado con el acorralamiento de los propietarios y que, al contrario lo que se debe buscar es el consenso.
Cámara Inmobiliaria del Edo. Aragua
02-08-2011
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Para Héctor Gómez, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, la nueva Ley de Arrendamientos no beneficiará a los inquilinos, y tampoco a los propietarios; debido a que las medidas provocarán que aquellas personas que tienen inmuebles para alquilar eviten hacerlo para evitarse problemas legales, lo que se traducirá en menos oferta para quienes desean alquilar.
Estas declaraciones fueron ofrecidas por Gómez en entrevista televisiva, donde también destacó que ya en el primer semestre del año 2011, habían caído las ofertas de alquiler en un porcentaje importante. Enfatizó que con estas nuevas medidas las cifras sin duda aumentarán.
Gómez señaló que hay aspectos de la ley que son absolutamente negativos para los propietarios: lo más común es hacer contratos por 1 año; ahora quieren implementar un mínimo de 3 años, con las respectivas prorrogas de ley eso podría alargarse hasta 5 años. ¿Qué va a pasar en esos casos? ¿En qué condiciones serán entregadas esas viviendas?.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua también señaló el tema de las miles de familias venezolanas que tienen como sustento el alquiler de un inmueble. Hay personas cuyo único medio de sustento es el alquiler de alguna vivienda; qué pueden hacer ahora esas personas ahora si no consiguen inquilinos serios y responsables.
Finalmente Héctor Gómez concretó diciendo que debe buscarse un equilibrio en la legislación para que las dos partes sean beneficiadas; enfatizó que el déficit de vivienda no va a ser solucionado con el acorralamiento de los propietarios y que, al contrario lo que se debe buscar es el consenso.
Cámara Inmobiliaria del Edo. Aragua
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Ley de Arrendamiento Inmobiliario y Ley de Costos y Precios Justos son anticonstitucionales
...el síndrome del cohete..
Cuando analizamos estas dos leyes, las mismas son contrarias a lo establecido en la constitución en materia de propiedad privada y actividades económicas.
El gobierno ante su evidente responsabilidad en el alto costo de la vida y su fracaso en los planes de vivienda, busca culpar a los propietarios y empresas privadas de su incapacidad.
La ley de arrendamiento inmobiliario le desconoce a los legítimos propietarios de apartamentos y casas sus derechos constitucionales, afectando a mas de un millón de familias que por años se sacrificaron para adquirir sus inmuebles y tener un ingreso adicional para el sostenimiento familiar.
La ley de costos y precios justos pretende tapar la falta de producción de las empresas agrícolas y agroindustriales del gobierno que son mas del 50% de la capacidad instalada nacional, que hoy producen muy poco o nada, así como el fracaso de MERCAL Y PDVAL que manejan más de 30.000 millones de bolívares anuales para garantizarle alimento barato a los venezolanos pero que es evidente que a pesar de la inmensa red de almacenes y locales en todo el país no tiene productos en sus estanterías.
El gobierno luce confundido ante sus limitaciones para resolver dos graves problemas que afectan a los venezolanos como son el alto costo de la vida y la falta de viviendas. Desconoce sus responsabilidades ante el pobre resultado de las empresas publicas que fueron quitadas a los privados que anteriormente si producían la casi totalidad de lo que aquí se consumía.
Hoy las equivocaciones del gobierno en materia económica y social la sufren los venezolanos con escasez y altos precios de lo que consumimos.
Vicente Brito
informecifras.com
02-08-2011
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Cuando analizamos estas dos leyes, las mismas son contrarias a lo establecido en la constitución en materia de propiedad privada y actividades económicas.
El gobierno ante su evidente responsabilidad en el alto costo de la vida y su fracaso en los planes de vivienda, busca culpar a los propietarios y empresas privadas de su incapacidad.
La ley de arrendamiento inmobiliario le desconoce a los legítimos propietarios de apartamentos y casas sus derechos constitucionales, afectando a mas de un millón de familias que por años se sacrificaron para adquirir sus inmuebles y tener un ingreso adicional para el sostenimiento familiar.
La ley de costos y precios justos pretende tapar la falta de producción de las empresas agrícolas y agroindustriales del gobierno que son mas del 50% de la capacidad instalada nacional, que hoy producen muy poco o nada, así como el fracaso de MERCAL Y PDVAL que manejan más de 30.000 millones de bolívares anuales para garantizarle alimento barato a los venezolanos pero que es evidente que a pesar de la inmensa red de almacenes y locales en todo el país no tiene productos en sus estanterías.
El gobierno luce confundido ante sus limitaciones para resolver dos graves problemas que afectan a los venezolanos como son el alto costo de la vida y la falta de viviendas. Desconoce sus responsabilidades ante el pobre resultado de las empresas publicas que fueron quitadas a los privados que anteriormente si producían la casi totalidad de lo que aquí se consumía.
Hoy las equivocaciones del gobierno en materia económica y social la sufren los venezolanos con escasez y altos precios de lo que consumimos.
Vicente Brito
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Meta de 9 mil casas para Vargas se extiende hasta finales de 2012
Entornointeligente.com
Colocación de vallas, movimientos de tierra, obreros esperando en los portones por puestos de empleo y las esperanzas de los damnificados por tener un techo. Así arranca en Vargas la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela, que anuncia la construcción de 9.218 viviendas, una inversión mayor a 1.200 millones de bolívares y a responsabilidad de tres entes: Gobernación de Vargas, Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y Minvivienda.
Sin embargo la promesa inicial, realizada por voceros gubernamentales y hasta el propio presidente Hugo Chávez, de entregar vivienda a todos los damnificados en diciembre de 2011 queda postergada y se extiende por 12 meses, hasta finales de 2012. Según fuentes relacionadas con el Estado Mayor de la Vivienda en Vargas, estiman que estarán listas 3 mil viviendas en 5 meses antes de concluir el presente año. Meta poco creíble para algunos.
"La Misión Vivienda arranca con retraso. Aunque hemos visto la colocación de vallas y cierto movimiento de tierra, vemos cuesta arriba el que se legue a la cifra de 3 mil viviendas construidas para diciembre de este año. Pienso que lo mejor, para no causar falsas expectativas en quienes habitan en los refugios, es hablar con fechas más certeras y acordes con la realidad" indica el diputado de la AN, Bernardo Guerra.
Contrariamente, fuentes cercanas al Instituto de Vivienda de Vargas (Ivivar), recalcan que una vez sean subsanados los primeros escollos de inicio de obra, el levantamiento se realizará rápidamente.
Las primeras viviendas que serán entregadas de acuerdo a las estimaciones oficiales son 367 soluciones habitacionales que forman parte de complejos que quedaron sin concluir entre 2005 y 2007 en los urbanismos Playa Grande (198 aptos), Iberia (72 aptos), Tanaguarena (57) y Solidaridad Litoral (40). En estos urbanismos las obras fueron retomadas hace 15 días.
El Ministerio de Vivienda tiene bajo su responsabilidad tres desarrollos, ubicados en terrenos dentro del Centro de Adiestramiento Naval de Catia La Mar, en la urbanización Week-End y en el sector Mare abajo de la parroquia Urimare, para un total de 678 apartamentos.
También el desarrollo de 1.488 de nuevas viviendas en el sector Meseta de Machado en Playa Grande, los cuales serán ejecutados por empresas turcas. Los recursos para este urbanismo fueron aprobados en cadena nacional por el presidente Chávez hace diez días.
El Universal
02-08-2011
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Colocación de vallas, movimientos de tierra, obreros esperando en los portones por puestos de empleo y las esperanzas de los damnificados por tener un techo. Así arranca en Vargas la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela, que anuncia la construcción de 9.218 viviendas, una inversión mayor a 1.200 millones de bolívares y a responsabilidad de tres entes: Gobernación de Vargas, Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y Minvivienda.
Sin embargo la promesa inicial, realizada por voceros gubernamentales y hasta el propio presidente Hugo Chávez, de entregar vivienda a todos los damnificados en diciembre de 2011 queda postergada y se extiende por 12 meses, hasta finales de 2012. Según fuentes relacionadas con el Estado Mayor de la Vivienda en Vargas, estiman que estarán listas 3 mil viviendas en 5 meses antes de concluir el presente año. Meta poco creíble para algunos.
"La Misión Vivienda arranca con retraso. Aunque hemos visto la colocación de vallas y cierto movimiento de tierra, vemos cuesta arriba el que se legue a la cifra de 3 mil viviendas construidas para diciembre de este año. Pienso que lo mejor, para no causar falsas expectativas en quienes habitan en los refugios, es hablar con fechas más certeras y acordes con la realidad" indica el diputado de la AN, Bernardo Guerra.
Contrariamente, fuentes cercanas al Instituto de Vivienda de Vargas (Ivivar), recalcan que una vez sean subsanados los primeros escollos de inicio de obra, el levantamiento se realizará rápidamente.
Las primeras viviendas que serán entregadas de acuerdo a las estimaciones oficiales son 367 soluciones habitacionales que forman parte de complejos que quedaron sin concluir entre 2005 y 2007 en los urbanismos Playa Grande (198 aptos), Iberia (72 aptos), Tanaguarena (57) y Solidaridad Litoral (40). En estos urbanismos las obras fueron retomadas hace 15 días.
El Ministerio de Vivienda tiene bajo su responsabilidad tres desarrollos, ubicados en terrenos dentro del Centro de Adiestramiento Naval de Catia La Mar, en la urbanización Week-End y en el sector Mare abajo de la parroquia Urimare, para un total de 678 apartamentos.
También el desarrollo de 1.488 de nuevas viviendas en el sector Meseta de Machado en Playa Grande, los cuales serán ejecutados por empresas turcas. Los recursos para este urbanismo fueron aprobados en cadena nacional por el presidente Chávez hace diez días.
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La esperanza aguarda bajo techo
Más de 90 jóvenes voluntarios construyeron viviendas en comunidades en Turgua, Mariches y Charallave
En el Limón de Soapire, sector de la comunidad Generalísimo Francisco de Miranda (Charallave) existen 143 viviendas. En todas hay servicio eléctrico pero el agua llega en cisternas, la red de drenajes está lejos de consolidarse y en las calles -jamás tocadas por asfalto- los días sin lluvia traen vendavales de tierra amarilla.
De estas 143 casas, 70 están levantadas con paredes de cartón piedra, tablas de madera y zinc corroído. Son 70 familias que forman parte de los 2 millones de venezolanos que viven en pobreza extrema y que, sin mucho éxito, han intentado salir de esta situación.
Es precisamente a contribuir con ese cambio en el modo de vida que la ONG Un techo para mi país, desde el pasado viernes, tomó la escuela El Limón de esta comunidad para alojar a 30 jóvenes voluntarios que mañana culminarán la construcción de 10 unidades habitacionales. "Nosotros creemos que quien vive en extrema pobreza está en condiciones de urgencia y necesita una solución inmediata a un problema que es su techo", asegura el chileno Benjamín Langdon, director social de la organización.
Para Venezuela esta historia comenzó a finales de 2010 cuando Langdon, en compañía de la nicaragüense Sylvia Chamorro y el salvadoreño Julius Durán, llegó al país con el objetivo de sentar las bases de la ONG que hoy está en 19 países de América Latina y el Caribe.
Además de crear un equipo local en el país, lo que ahora los ocupa es la construcción de viviendas transitorias en comunidades marginales. Se trata de módulos de madera que miden 18 m2 con techos de lámina que se levantan sobre pilotes, a fin de evitar inundaciones por lluvias y el ataque de plagas.
"Yo sé que esto es mientras salen otras oportunidades", asevera Ingrid Vidal, madre de tres niños, que ayer barría afanosamente la superficie de madera en la que ahora estará el dormitorio de su casa. "Tengo que mejorarles la calidad de vida", agrega.
A las obras en Charallave se suman 20 viviendas y 60 voluntarios que en simultáneo trabajan en Turgua y Mariches; las otras dos comunidades escogidas para esta tercera jornada de construcciones. Con estas 30, serían 45 las casas que hasta ahora han levantado las manos voluntarias de Un techo para mi país, cifra que aún está lejos de conformar las 200 que prevén tener a finales de año.
Langdon explica que la misión no es establecer nuevos asentamientos y que solo intervienen en comunidades en las que históricamente no se han registrado riesgos ambientales. En el caso de las construcciones que en abril y mayo de este año hicieron en el sector La Cruz de Turgua, recuerda que respetaron los límites establecidos por Protección Civil en zonas de alto riesgo.
"Hay dos tipos de cambio: el cambio material y el de las ideas. Esta es una manera de decir 'tenemos que cambiar, tenemos que mejorar nuestro sistema de vida'. No puede ser que todo nos lo den; tenemos que participar", dice Yaneth Camacho miembro del consejo comunal Generalísimo Francisco de Miranda el cual sirvió de enlace entre la ONG y la comunidad.
"Dar una solución en términos del techo incita a las familias a que mejoren progresivamente", destaca Langdon sobre el programa de construcción que además se completa luego con un plan de "habilitación social" que incluye talleres de educación, capacitación en oficios y actividades culturales.
Pero la ganancia no es solo para la comunidad sino también para los voluntarios quienes al tiempo que abren huecos y miden terrenos bajo la inclemencia del sol mirandino, comparten con los vecinos.
"Creo que una lección muy bonita que nos llevamos los voluntarios es que estamos dando un aporte de Venezuela para Venezuela. Aquí no hay remuneración económica sino espiritual", destaca Luis De Casas quien dirige una cuadrilla de construcción tras haber participado en las construcciones anteriores.
Para Blanca Napolitano, estudiante de Arquitectura de la UCV, es la primera vez pero seguramente no la última. "Es un trabajo fuerte pero al final ves a la familia contenta con su casita nueva y eso lo vale".
Mañana culmina la jornada en las tres comunidades y en Charallave ya saben cómo celebrarán la despedida. ´Para Andrés, uno de los voluntarios, habrá una torta de cumpleaños; para el resto del grupo, litros y litros de papelón con limón. Habrá también sonrisas, fotografías y la promesa de regresar. Será el próximo lunes cuando, tras la reunión de evaluación, Un techo para mi país se prepare para la cuarta jornada de construcciones.
El Universal
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De estas 143 casas, 70 están levantadas con paredes de cartón piedra, tablas de madera y zinc corroído. Son 70 familias que forman parte de los 2 millones de venezolanos que viven en pobreza extrema y que, sin mucho éxito, han intentado salir de esta situación.
Es precisamente a contribuir con ese cambio en el modo de vida que la ONG Un techo para mi país, desde el pasado viernes, tomó la escuela El Limón de esta comunidad para alojar a 30 jóvenes voluntarios que mañana culminarán la construcción de 10 unidades habitacionales. "Nosotros creemos que quien vive en extrema pobreza está en condiciones de urgencia y necesita una solución inmediata a un problema que es su techo", asegura el chileno Benjamín Langdon, director social de la organización.
Para Venezuela esta historia comenzó a finales de 2010 cuando Langdon, en compañía de la nicaragüense Sylvia Chamorro y el salvadoreño Julius Durán, llegó al país con el objetivo de sentar las bases de la ONG que hoy está en 19 países de América Latina y el Caribe.
Además de crear un equipo local en el país, lo que ahora los ocupa es la construcción de viviendas transitorias en comunidades marginales. Se trata de módulos de madera que miden 18 m2 con techos de lámina que se levantan sobre pilotes, a fin de evitar inundaciones por lluvias y el ataque de plagas.
"Yo sé que esto es mientras salen otras oportunidades", asevera Ingrid Vidal, madre de tres niños, que ayer barría afanosamente la superficie de madera en la que ahora estará el dormitorio de su casa. "Tengo que mejorarles la calidad de vida", agrega.
A las obras en Charallave se suman 20 viviendas y 60 voluntarios que en simultáneo trabajan en Turgua y Mariches; las otras dos comunidades escogidas para esta tercera jornada de construcciones. Con estas 30, serían 45 las casas que hasta ahora han levantado las manos voluntarias de Un techo para mi país, cifra que aún está lejos de conformar las 200 que prevén tener a finales de año.
Langdon explica que la misión no es establecer nuevos asentamientos y que solo intervienen en comunidades en las que históricamente no se han registrado riesgos ambientales. En el caso de las construcciones que en abril y mayo de este año hicieron en el sector La Cruz de Turgua, recuerda que respetaron los límites establecidos por Protección Civil en zonas de alto riesgo.
"Hay dos tipos de cambio: el cambio material y el de las ideas. Esta es una manera de decir 'tenemos que cambiar, tenemos que mejorar nuestro sistema de vida'. No puede ser que todo nos lo den; tenemos que participar", dice Yaneth Camacho miembro del consejo comunal Generalísimo Francisco de Miranda el cual sirvió de enlace entre la ONG y la comunidad.
"Dar una solución en términos del techo incita a las familias a que mejoren progresivamente", destaca Langdon sobre el programa de construcción que además se completa luego con un plan de "habilitación social" que incluye talleres de educación, capacitación en oficios y actividades culturales.
Pero la ganancia no es solo para la comunidad sino también para los voluntarios quienes al tiempo que abren huecos y miden terrenos bajo la inclemencia del sol mirandino, comparten con los vecinos.
"Creo que una lección muy bonita que nos llevamos los voluntarios es que estamos dando un aporte de Venezuela para Venezuela. Aquí no hay remuneración económica sino espiritual", destaca Luis De Casas quien dirige una cuadrilla de construcción tras haber participado en las construcciones anteriores.
Para Blanca Napolitano, estudiante de Arquitectura de la UCV, es la primera vez pero seguramente no la última. "Es un trabajo fuerte pero al final ves a la familia contenta con su casita nueva y eso lo vale".
Mañana culmina la jornada en las tres comunidades y en Charallave ya saben cómo celebrarán la despedida. ´Para Andrés, uno de los voluntarios, habrá una torta de cumpleaños; para el resto del grupo, litros y litros de papelón con limón. Habrá también sonrisas, fotografías y la promesa de regresar. Será el próximo lunes cuando, tras la reunión de evaluación, Un techo para mi país se prepare para la cuarta jornada de construcciones.
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CIV asegura que con la Ley de Regulación de Arrendamientos disminuirán los alquileres
noticiero.venevision.net
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, afirma que el proyecto de Ley de Regulación y Control de Arrendamiento sobreprotege a los inquilinos y afecta a los propietarios de vivienda. Sostiene que la Ley establece el control en los precios de las viviendas.
“Esta fórmula lo que conlleva es que la vivienda tenga un valor que nadie entiende (…) ahora resulta que esta ley también habla de lo máximo que se podrá cobrar por concepto de renta es hasta el 4% anual del valor ya regulado de esta vivienda”, señaló.
Destaca Aquiles Martini que la nueva ley establece que los contratos para arrendamientos de viviendas deben tener un tiempo mínimo de tres años. “Aquí se pretende que son cinco, tres años mínimo (…) que el inquilino se puede ir con el que le dé la gana y sin ningún tipo de consecuencia y el propietario no (…) el propietario debe mantenerse fijo ah; bueno ahí vemos el primer desequilibrio. Después habla que no se va hacer el pago del depósito ni de las fianzas”, expresó.
El presidente de la Cámara inmobiliaria de Venezuela plantea que en lugar de eliminar los depósitos para el alquiler de viviendas ese dinero sea depositado en una cuenta bancaria que genere intereses a favor de los inquilinos.
VENEVISION
02-08-2011
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“Esta fórmula lo que conlleva es que la vivienda tenga un valor que nadie entiende (…) ahora resulta que esta ley también habla de lo máximo que se podrá cobrar por concepto de renta es hasta el 4% anual del valor ya regulado de esta vivienda”, señaló.
Destaca Aquiles Martini que la nueva ley establece que los contratos para arrendamientos de viviendas deben tener un tiempo mínimo de tres años. “Aquí se pretende que son cinco, tres años mínimo (…) que el inquilino se puede ir con el que le dé la gana y sin ningún tipo de consecuencia y el propietario no (…) el propietario debe mantenerse fijo ah; bueno ahí vemos el primer desequilibrio. Después habla que no se va hacer el pago del depósito ni de las fianzas”, expresó.
El presidente de la Cámara inmobiliaria de Venezuela plantea que en lugar de eliminar los depósitos para el alquiler de viviendas ese dinero sea depositado en una cuenta bancaria que genere intereses a favor de los inquilinos.
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Pregúntele al que sabe
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela propuso la participación del Colegio de Ingenieros en el debate de los precios justos del alquiler de viviendas
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, propuso que el Colegio de Ingenieros de Venezuela asista al debate de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, que considerará esta semana el precio justo de una vivienda en alquiler. Argumentó que es este organismo quien se encarga de realizar los avalúos de las viviendas.
Martini indicó que en el debate de los precios se plantea hasta ahora tomar en cuenta el lugar donde se ubica el terreno, las bienhechurías y el tiempo de construcción.
Informó que los contratos deberán establecerse con un mínimo de tres años, y que se eliminarán los depósitos por garantías.
Al respecto, Martini propuso que la legislación regule en vez de eliminar, pues el dinero del depósito se coloca en un banco o es devuelto al inquilino.
Tal Cual
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Martini indicó que en el debate de los precios se plantea hasta ahora tomar en cuenta el lugar donde se ubica el terreno, las bienhechurías y el tiempo de construcción.
Informó que los contratos deberán establecerse con un mínimo de tres años, y que se eliminarán los depósitos por garantías.
Al respecto, Martini propuso que la legislación regule en vez de eliminar, pues el dinero del depósito se coloca en un banco o es devuelto al inquilino.
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El cobro de la renta será para cubrir gastos de los inmuebles
Para los organizaciones que agrupan a los inquilinos la rentabilidad anual de los inmuebles tendría que ser 3% VICENTE CORREALE
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional avanza en la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en las disposiciones aprobadas se establece que los cánones de arrendamientos estarán dirigidos principalmente a cubrir los gastos de los inmuebles.
En las disposiciones fundamentales del marco legal, los diputados agregaron nuevos artículos y uno de ellos se denomina "Fines Supremos del Arrendamiento", allí se detalla la orientación que deben tener los pagos que realicen las familias que están alquiladas.
El texto indica que "el canon de arrendamiento está dirigido principalmente a cubrir los gastos por deterioro del inmueble y los gastos administrativos producto de la relación arrendaticia, conteniendo un margen de ganancia cuando comporten para el arrendador la prestación de un servicio (pensiones y residencias estudiantiles), y en los demás casos, será conforme a lo definido por el ente rector (Superintendencia de Arrendamiento)".
Ante lo previsto en el texto, las ganancias de los propietarios de viviendas arrendadas serán restringidas. Uno de los aspectos que esta semana evaluarán los parlamentarios será el esquema de cálculo de la rentabilidad de los inmuebles.
En la Ley de Arrendamientos vigente la ganancia está entre 6 y 9%, según el valor del inmueble, pero en la propuesta, que fue consignada por las organizaciones que agrupan a los inquilinos, los márgenes bajan para estar entre 1 y 4%.
A fines de la semana las organizaciones plantearon modificar esa escala y presentarán como propuesta para la discusión un margen de rentabilidad para todos los inmuebles de 3%.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, explica que pese al ajuste, el margen de ganancia al final es bajo y los gastos de los inmuebles son altos, por lo tanto, los propietarios de los inmuebles no percibirán beneficios por la renta, pues los ingresos por el alquiler estarán destinados a atender los costos.
De acuerdo a lo previsto en la ley, los propietarios más allá de los gastos de mantenimiento tienen que asumir los pagos de los servicios que eran efectuados por los inquilinos.
Para la determinación de los costos de los alquileres, las autoridades no sólo determinarán la rentabilidad, también establecerán otros parámetros.
El artículo 5 de la Ley en el numeral 15 señala que "queda prohibido aprovechar la inversión pública en servicios y obras en la zona para encarecer los costos de los alquileres".
Orta apunta que esto reafirma la propuesta de las organizaciones de que la ubicación no puede ser tomada en cuenta para la determinación de los arrendamientos.
Limitación
En ese artículo 5 en el numeral 7, los diputados aseveran que a través de ese marco legal "se combatirá el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de las viviendas, así como la especulación, discriminación y relaciones de explotación del ser humano".
Según los representantes del sector inmobiliario parte de esa disposición lo que quiere es evitar que los propietarios tengan viviendas vacías.
Para la regulación del mercado, la ley no sólo amplía las atribuciones de la Superintendencia de Arrendamiento (que sustituirá a la Dirección de Inquilinato), otorga más funciones a las organizaciones sociales.
De acuerdo al texto, el ente supervisor tiene que generar junto con las organizaciones sociales "el acceso a la vivienda adecuada, con servicios básicos", además esas instancias participarán en "la planificación y control de la política nacional de arrendamiento".
El Universal
02-08-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional avanza en la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en las disposiciones aprobadas se establece que los cánones de arrendamientos estarán dirigidos principalmente a cubrir los gastos de los inmuebles.
En las disposiciones fundamentales del marco legal, los diputados agregaron nuevos artículos y uno de ellos se denomina "Fines Supremos del Arrendamiento", allí se detalla la orientación que deben tener los pagos que realicen las familias que están alquiladas.
El texto indica que "el canon de arrendamiento está dirigido principalmente a cubrir los gastos por deterioro del inmueble y los gastos administrativos producto de la relación arrendaticia, conteniendo un margen de ganancia cuando comporten para el arrendador la prestación de un servicio (pensiones y residencias estudiantiles), y en los demás casos, será conforme a lo definido por el ente rector (Superintendencia de Arrendamiento)".
Ante lo previsto en el texto, las ganancias de los propietarios de viviendas arrendadas serán restringidas. Uno de los aspectos que esta semana evaluarán los parlamentarios será el esquema de cálculo de la rentabilidad de los inmuebles.
En la Ley de Arrendamientos vigente la ganancia está entre 6 y 9%, según el valor del inmueble, pero en la propuesta, que fue consignada por las organizaciones que agrupan a los inquilinos, los márgenes bajan para estar entre 1 y 4%.
A fines de la semana las organizaciones plantearon modificar esa escala y presentarán como propuesta para la discusión un margen de rentabilidad para todos los inmuebles de 3%.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, explica que pese al ajuste, el margen de ganancia al final es bajo y los gastos de los inmuebles son altos, por lo tanto, los propietarios de los inmuebles no percibirán beneficios por la renta, pues los ingresos por el alquiler estarán destinados a atender los costos.
De acuerdo a lo previsto en la ley, los propietarios más allá de los gastos de mantenimiento tienen que asumir los pagos de los servicios que eran efectuados por los inquilinos.
Para la determinación de los costos de los alquileres, las autoridades no sólo determinarán la rentabilidad, también establecerán otros parámetros.
El artículo 5 de la Ley en el numeral 15 señala que "queda prohibido aprovechar la inversión pública en servicios y obras en la zona para encarecer los costos de los alquileres".
Orta apunta que esto reafirma la propuesta de las organizaciones de que la ubicación no puede ser tomada en cuenta para la determinación de los arrendamientos.
Limitación
En ese artículo 5 en el numeral 7, los diputados aseveran que a través de ese marco legal "se combatirá el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de las viviendas, así como la especulación, discriminación y relaciones de explotación del ser humano".
Según los representantes del sector inmobiliario parte de esa disposición lo que quiere es evitar que los propietarios tengan viviendas vacías.
Para la regulación del mercado, la ley no sólo amplía las atribuciones de la Superintendencia de Arrendamiento (que sustituirá a la Dirección de Inquilinato), otorga más funciones a las organizaciones sociales.
De acuerdo al texto, el ente supervisor tiene que generar junto con las organizaciones sociales "el acceso a la vivienda adecuada, con servicios básicos", además esas instancias participarán en "la planificación y control de la política nacional de arrendamiento".
El Universal
02-08-2011
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