martes, 29 de enero de 2013
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Martini Pietri: Ley de Arrendamientos no reactivó el mercado
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios fracasó en su razón de ser: reactivar el mercado y dar justicia a las relaciones contractuales, pues cada vez son más anárquicas ante la escasez de una vivienda, aseveró Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
Según el relato de Martini Pietri, las personas entran en desespero, pues sigue el desequilibrio en términos de que no es posible recuperar la vivienda entretanto el Gobierno no ubique un domicilio para aquellos que se encuentren alquilados y la Misión Vivienda no parece ser la alternativa.
Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios e Inmuebles Urbanos (Apiur), manifestó que cerca de 11 mil procedimientos administrativos se encuentran en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, más 40 mil juicios en todo el país en materia inquilinaria por conflictos.
El problema radica que la Ley de Arrendamientos le confirió a un organismo todas las funciones que realizaban 335 alcaldías y cerca de 500 tribunales, y lo peor es que 14 meses después de su creación ha mostrado incapacidad para atender tantas áreas.
El Carabobeño
24-01-2013
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Comerciantes venden solo dos sacos de cemento por persona
Solo dos sacos de cemento por persona son vendidos en establecimientos visitados ayer por Notitarde al norte y sur de Valencia, donde los dueños de los comercios se quejaron por la “escasez” del producto.
El costo de dicho material de construcción oscila entre 32 y 40 bolívares la unidad, a pesar de que su precio regulado es de 20 bolívares el saco.
En algunas ferreterías, ubicadas en la avenida Enrique Tejera, el producto estaba llegando en grandes cantidades, pero la venta a los compradores minoritarios era condicionada, pues solo les permitían adquirir, a cada uno, dos sacos.
Igual situación se observó en algunos comercios ubicados en otros municipios. El señor Eduardo Colmenares, quien tiene una ferretería en Los Guayos, informó que el cemento gris se consigue, pero con sobreprecio.
Colmenares relató que él vende este producto detallado por kilos para las personas que necesitan hacer reparaciones menores y que lo consigue a 40 bolívares el saco.
Indicó que el cemento blanco está desaparecido y cuando se consigue está muy por encima del costo establecido.
Manifestó que el pego también está escaseando desde noviembre del año pasado.
En el establecimiento Gangahierro, ubicado en la Zona Industrial de Valencia, el gerente, Luis Romero, comentó que dejó de vender cabillas y cemento porque le estaba generando un problema al local.
Romero relató que no comercializa desde hace tres años estos rubros porque se convirtieron en productos conflictivos, debido a que se volvió necesario regular la venta y los usuarios se molestaban.
En la empresa Motasa Valencia, que vende cabillas, uno de los trabajadores, señaló que hace ocho días le distribuyeron el producto, el cual se vendió inmediatamente y aún están esperando que los proveedores realicen un nuevo despacho.
Por otra parte, en Naguanagua, se pudo constatar que ni el cemento ni las cabillas están llegando con regularidad. La señora Milagros de Peraza, encargada de una concretera, destacó que el cemento le llega una vez a la semana, pero en muchas ocasiones ha durado hasta 15 días esperando el despacho.
Precisó que las cabillas no se las están distribuyendo desde marzo del año pasado y que los proveedores le llevan alambrón, el cual es de baja resistencia y más caro. “Tampoco llegan tubos, láminas, cemento blanco, yeso ni pego”.
Obras sin concluir
El segundo vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Carabobo, Luis Barón, aseguró que la escasez de cemento y cabillas es grave, alegando que las fallas presentadas en ambos rubros, imposibilita concluir las obras que fueron comenzadas.
Sin querer ser alarmistas, Barón señaló que si se mantiene esta tendencia, es poco factible cumplir con las metas establecidas por el Ejecutivo y el sector privado en materia de viviendas.
“Estamos en estado de alerta y prácticamente en emergencia, se ha estudiado la posibilidad de crear un plan para presentarlo al Gobierno nacional, donde se establecen vías alternas, entre ellas la importación de insumos”.
Notitarde
23-01-2013
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Istúriz: el gobierno no avala invasiones, sí la organización
El gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istútiz, dejó claro este jueves que no está de acuerdo con las invasiones. Pidió a los vecinos organizarse para poder ser beneficiados con la Gran Misión Vivienda.
“(...) Si hay un edificio abandonado y es porque violentó las ordenanzas ¿lo vamos a invadir? Lo que hay que hacer es derribarlo. Por eso es que hay que tener mucha claridad de que el que necesite vivienda, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en la misión y luego, si es un colectivo que tiene un proyecto, debe presentarlo ante el gobierno. Lo primero que hay que garantizar es el vértice para ver las condiciones del terreno”.
El mandatario estadal recordó que los campamentos de pioneros, movimientos de pobladores y comités de tierras urbanas han sido creados para brindar asesoría a los vecinos.
De acuerdo con Aristóbulo Istúriz, hasta ahora 180 colectivos han presentado proyectos de viviendas. 18 de ellos están incluidos en la solicitud de recursos que ha hecho el Ejecutivo regional, debido a que cumplen todos los requisitos.
“Cuando un colectivo propone un terreno, nosotros tenemos una comisión jurídica que constata el estatus y una comisión técnica que ve la estructura. No basta que esté desocupado, ¿de quién es? ¿para qué está destinado? No porque no hayan construido la escuela nos vamos a meter, si no la han hecho es porque no tienen recursos (...)”.
Comentó el gobernador que hay factores que están interesados en crear problemas y estimulan las invasiones, mientras que otros las promueven para hacer demagogia.
Viviendas
El mandatario regional se pronunció la tarde este jueves durante la entrega de viviendas en los barrios Negro Primero, Gracia De Dios y Lomas del Amparo, en la zona alta de Puerto La Cruz, municipio Sotillo.
“Se están culminando 116 casas porque aquí se inauguraron 31 viviendas. Y esas primeras que se hicieron fue con la promesa de continuar. Incluso yo vine aquí en la campaña y visité a los vecinos cuando estaban haciendo los trabajos. Hoy se terminan estas 116 y con esto se cierra un ciclo de 147 unidades que en el conjunto de la Misión Vivienda le han correspondido a Pdvsa-Refinación”.
La atención de las comunidades porteñas no sólo ha sido en materia habitacional, sino también en la adecuación del sistema eléctrico y pavimentación.
“Muchas veces no es que no hay luz, sino que hay un entarimado y enredo de cables que hay que ir habilitando. De manera que aquí está metido ahorita Corpoelec y está la alcaldía asfaltando. A Pdvsa le tocó la responsabilidad de construir viviendas en estos tres sectores”.
Aunque aclaró que la meta de 2013 todavía está en discusión, calcula que será de 16 mil unidades, sin contar con las que tengan que ver con los planes de clase media.
Ayer, cientos de vecinos recibieron a Istúriz. Zulmari Castillo y Norma León expresaron tener necesidad de una casa propia. Confían en que serán ayudadas.
El Tiempo
25-01-2013
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“(...) Si hay un edificio abandonado y es porque violentó las ordenanzas ¿lo vamos a invadir? Lo que hay que hacer es derribarlo. Por eso es que hay que tener mucha claridad de que el que necesite vivienda, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en la misión y luego, si es un colectivo que tiene un proyecto, debe presentarlo ante el gobierno. Lo primero que hay que garantizar es el vértice para ver las condiciones del terreno”.
El mandatario estadal recordó que los campamentos de pioneros, movimientos de pobladores y comités de tierras urbanas han sido creados para brindar asesoría a los vecinos.
De acuerdo con Aristóbulo Istúriz, hasta ahora 180 colectivos han presentado proyectos de viviendas. 18 de ellos están incluidos en la solicitud de recursos que ha hecho el Ejecutivo regional, debido a que cumplen todos los requisitos.
“Cuando un colectivo propone un terreno, nosotros tenemos una comisión jurídica que constata el estatus y una comisión técnica que ve la estructura. No basta que esté desocupado, ¿de quién es? ¿para qué está destinado? No porque no hayan construido la escuela nos vamos a meter, si no la han hecho es porque no tienen recursos (...)”.
Comentó el gobernador que hay factores que están interesados en crear problemas y estimulan las invasiones, mientras que otros las promueven para hacer demagogia.
Viviendas
El mandatario regional se pronunció la tarde este jueves durante la entrega de viviendas en los barrios Negro Primero, Gracia De Dios y Lomas del Amparo, en la zona alta de Puerto La Cruz, municipio Sotillo.
“Se están culminando 116 casas porque aquí se inauguraron 31 viviendas. Y esas primeras que se hicieron fue con la promesa de continuar. Incluso yo vine aquí en la campaña y visité a los vecinos cuando estaban haciendo los trabajos. Hoy se terminan estas 116 y con esto se cierra un ciclo de 147 unidades que en el conjunto de la Misión Vivienda le han correspondido a Pdvsa-Refinación”.
La atención de las comunidades porteñas no sólo ha sido en materia habitacional, sino también en la adecuación del sistema eléctrico y pavimentación.
“Muchas veces no es que no hay luz, sino que hay un entarimado y enredo de cables que hay que ir habilitando. De manera que aquí está metido ahorita Corpoelec y está la alcaldía asfaltando. A Pdvsa le tocó la responsabilidad de construir viviendas en estos tres sectores”.
Aunque aclaró que la meta de 2013 todavía está en discusión, calcula que será de 16 mil unidades, sin contar con las que tengan que ver con los planes de clase media.
Ayer, cientos de vecinos recibieron a Istúriz. Zulmari Castillo y Norma León expresaron tener necesidad de una casa propia. Confían en que serán ayudadas.
El Tiempo
25-01-2013
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Insisten en desalojar de Catia La Mar a los galpones de Pepsi
19 días han transcurrido desde la sorpresiva visita realizada por la Procuraduría de Vargas, el Indepabis y la Guardia del Pueblo en búsqueda de alimentos de primera de necesidad, presuntamente acaparados, en los galpones de Pepsi Cola, ubicados en Catia La Mar.
Aunque no consiguieron más que refrescos, agua y jugos, que se distribuyen desde ese punto a los establecimientos ubicados entre Carayaca y Caruao, el momento fue oportuno para dar a conocer la decisión del Ejecutivo varguense: expropiar los galpones y levantar un mercado para la economía informal al oeste de la entidad costera.
Tras casi tres semanas de mesas de diálogo, ofertas para traslado, vías alternas, protesta de trabajadores y anuncio de ambas partes, no se vislumbra ningún acuerdo, lo único que luce inminente es que la compañía, perteneciente al holding de Empresas Polar, deberá dejar los espacios en donde ha operado por 60 años, quedando a la deriva 120 empleos directos y 150 indirectos, para dar cobijo a unos 761 trabajadores informales.
"Realmente lo que ocurre con Pepsi Cola en Catia La Mar es una gran injusticia. Se atenta contra la propiedad privada, pero además con la estabilidad laboral de cientos de varguenses. Luego que vinieron la primera vez, pensamos que habían entendido el rechazo a tal medida, pero no fue así. Regresaron con la Declaratoria de Utilidad Pública y con unas opciones, que según ellos son viables, pero son poco atractivas para la empresa" comentó Eduardo García, quien presta servicio en la empresa de refrescos.
Para la mayoría de los empleados consultados, sus puestos de empleo están en juego, cuando la Gobernación de Vargas había anunciado la construcción de un "mega centro comercial socialista" para trabajadores informales en la Almacenadora Caracas, en manos de una cooperativa de informales y del Ministerio de Comercio.
A pesar de todas estas alternativas, la Procuraduría de Vargas presentó el pasado jueves el Decreto 69, aprobado el 9 de enero de este año por el Consejo Legislativo de Vargas y publicado en Gaceta Oficial el 17 de enero, donde se oficializó la Declaratoria de Utilidad Pública de los galpones.
Al mismo tiempo ofrecen a Pepsi Cola acondicionar una vía de acceso para que se traslade a otros galpones que ya no usan, propiedad también de Polar, ubicados en la urbanización La Fundación.
"Pedimos a Pepsi Cola Venezuela que traslade sus operaciones. Eso es todo. Construiremos una vía para evitar molestias dentro del urbanismo y mientras se construye la vía la empresa podrá acondicionar el antiguo galpón. Con esta propuesta la Gobernación busca resguardar la estabilidad laboral de los 120 trabajadores que operan en la distribuidora de la Pepsi Cola", dice el Procurador de Vargas, Pedro Rodríguez. Sin embargo, para Pepsi Cola, la situación no es tan sencilla.
"Reconocemos que hay una instancia de diálogo, pero la propuesta de la Procuraduría no es viable en lo inmediato para Pepsi Cola y no nos garantiza la continuidad de las operaciones en Vargas" aseguró Carla Hernández, Asesora Legal de la empresa.
El Universal
28-01-2013
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Aunque no consiguieron más que refrescos, agua y jugos, que se distribuyen desde ese punto a los establecimientos ubicados entre Carayaca y Caruao, el momento fue oportuno para dar a conocer la decisión del Ejecutivo varguense: expropiar los galpones y levantar un mercado para la economía informal al oeste de la entidad costera.
Tras casi tres semanas de mesas de diálogo, ofertas para traslado, vías alternas, protesta de trabajadores y anuncio de ambas partes, no se vislumbra ningún acuerdo, lo único que luce inminente es que la compañía, perteneciente al holding de Empresas Polar, deberá dejar los espacios en donde ha operado por 60 años, quedando a la deriva 120 empleos directos y 150 indirectos, para dar cobijo a unos 761 trabajadores informales.
"Realmente lo que ocurre con Pepsi Cola en Catia La Mar es una gran injusticia. Se atenta contra la propiedad privada, pero además con la estabilidad laboral de cientos de varguenses. Luego que vinieron la primera vez, pensamos que habían entendido el rechazo a tal medida, pero no fue así. Regresaron con la Declaratoria de Utilidad Pública y con unas opciones, que según ellos son viables, pero son poco atractivas para la empresa" comentó Eduardo García, quien presta servicio en la empresa de refrescos.
Para la mayoría de los empleados consultados, sus puestos de empleo están en juego, cuando la Gobernación de Vargas había anunciado la construcción de un "mega centro comercial socialista" para trabajadores informales en la Almacenadora Caracas, en manos de una cooperativa de informales y del Ministerio de Comercio.
A pesar de todas estas alternativas, la Procuraduría de Vargas presentó el pasado jueves el Decreto 69, aprobado el 9 de enero de este año por el Consejo Legislativo de Vargas y publicado en Gaceta Oficial el 17 de enero, donde se oficializó la Declaratoria de Utilidad Pública de los galpones.
Al mismo tiempo ofrecen a Pepsi Cola acondicionar una vía de acceso para que se traslade a otros galpones que ya no usan, propiedad también de Polar, ubicados en la urbanización La Fundación.
"Pedimos a Pepsi Cola Venezuela que traslade sus operaciones. Eso es todo. Construiremos una vía para evitar molestias dentro del urbanismo y mientras se construye la vía la empresa podrá acondicionar el antiguo galpón. Con esta propuesta la Gobernación busca resguardar la estabilidad laboral de los 120 trabajadores que operan en la distribuidora de la Pepsi Cola", dice el Procurador de Vargas, Pedro Rodríguez. Sin embargo, para Pepsi Cola, la situación no es tan sencilla.
"Reconocemos que hay una instancia de diálogo, pero la propuesta de la Procuraduría no es viable en lo inmediato para Pepsi Cola y no nos garantiza la continuidad de las operaciones en Vargas" aseguró Carla Hernández, Asesora Legal de la empresa.
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