19 días han transcurrido desde la sorpresiva visita realizada por la Procuraduría de Vargas, el Indepabis y la Guardia del Pueblo en búsqueda de alimentos de primera de necesidad, presuntamente acaparados, en los galpones de Pepsi Cola, ubicados en Catia La Mar.
Aunque no consiguieron más que refrescos, agua y jugos, que se distribuyen desde ese punto a los establecimientos ubicados entre Carayaca y Caruao, el momento fue oportuno para dar a conocer la decisión del Ejecutivo varguense: expropiar los galpones y levantar un mercado para la economía informal al oeste de la entidad costera.
Tras casi tres semanas de mesas de diálogo, ofertas para traslado, vías alternas, protesta de trabajadores y anuncio de ambas partes, no se vislumbra ningún acuerdo, lo único que luce inminente es que la compañía, perteneciente al holding de Empresas Polar, deberá dejar los espacios en donde ha operado por 60 años, quedando a la deriva 120 empleos directos y 150 indirectos, para dar cobijo a unos 761 trabajadores informales.
"Realmente lo que ocurre con Pepsi Cola en Catia La Mar es una gran injusticia. Se atenta contra la propiedad privada, pero además con la estabilidad laboral de cientos de varguenses. Luego que vinieron la primera vez, pensamos que habían entendido el rechazo a tal medida, pero no fue así. Regresaron con la Declaratoria de Utilidad Pública y con unas opciones, que según ellos son viables, pero son poco atractivas para la empresa" comentó Eduardo García, quien presta servicio en la empresa de refrescos.
Para la mayoría de los empleados consultados, sus puestos de empleo están en juego, cuando la Gobernación de Vargas había anunciado la construcción de un "mega centro comercial socialista" para trabajadores informales en la Almacenadora Caracas, en manos de una cooperativa de informales y del Ministerio de Comercio.
A pesar de todas estas alternativas, la Procuraduría de Vargas presentó el pasado jueves el Decreto 69, aprobado el 9 de enero de este año por el Consejo Legislativo de Vargas y publicado en Gaceta Oficial el 17 de enero, donde se oficializó la Declaratoria de Utilidad Pública de los galpones.
Al mismo tiempo ofrecen a Pepsi Cola acondicionar una vía de acceso para que se traslade a otros galpones que ya no usan, propiedad también de Polar, ubicados en la urbanización La Fundación.
"Pedimos a Pepsi Cola Venezuela que traslade sus operaciones. Eso es todo. Construiremos una vía para evitar molestias dentro del urbanismo y mientras se construye la vía la empresa podrá acondicionar el antiguo galpón. Con esta propuesta la Gobernación busca resguardar la estabilidad laboral de los 120 trabajadores que operan en la distribuidora de la Pepsi Cola", dice el Procurador de Vargas, Pedro Rodríguez. Sin embargo, para Pepsi Cola, la situación no es tan sencilla.
"Reconocemos que hay una instancia de diálogo, pero la propuesta de la Procuraduría no es viable en lo inmediato para Pepsi Cola y no nos garantiza la continuidad de las operaciones en Vargas" aseguró Carla Hernández, Asesora Legal de la empresa.
El Universal
28-01-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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