Este plan es un fiasco
TalCualDigital.com
Por: Eduardo Lugo
"Se inició la obra sin ningún proyecto de urbanismo, ocasionando en el momento de la construcción de las redes de servicio que no coincidieran con las conexiones principales de las edificaciones ya levantadas".
Así dice un informe de la Misión Villanueva sobre los proyectos de inmuebles en los terrenos de Fuerte Tiuna, que evidencia una clara desorganización en la creación de estructuras. El déficit de viviendas en toda Venezuela tiene un solo culpable: el Gobierno.
A pesar de que Chávez había asegurado con bombos y platillos antes de llegar a la presidencia que construiría miles de casas en cada espacio del país, no ha logrado cumplir con la meta.
La causa de los retardos es visualizada en los "obstáculos" de los reportes gubernamentales en materia urbanística.
La mayoría de los domicilios están a medio construir a consecuencia de la falta de materiales de construcción (cemento, cabillas y madera), problemas de desalojos, ausencia de seguridad, invasiones, desarrollos incompletos y hasta las vacaciones colectivas de los trabajadores de las contratistas.
Son cientos los planes de unidades habitacionales que se están construyendo pero hasta los momentos no se han dado muestras positivas.
POR MAL CAMINO
Datos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) confirman que la realidad urbanística por parte del sector público es todo un fracaso. Ejemplo de ello es la creación de casas con mano de obra uruguaya.
El Ejecutivo había firmado la construcción de 12.000 casas pero sólo se llegaron a levantar cuatro (2 en Fuerte Tiuna).
El gremio indica que también existe fuerte retraso en Ciudad Caribia (estado Vargas) debido a la falta de servicios básicos (electricidad, agua y vialidad, entre otros). Las Petrocasas del estado Carabobo igualmente fueron promesas incu
mplidas. Este sistema de construcción realizado a base de Policloruro de Vinilo (PCV) y que a su vez es una resina de plástico no combustible (presuntamente producido por Pequiven) resultó ser un fiasco.
Además de que no se han levantado ni 10 Petrocasas, al parecer el modelo de vivienda tiene un componente que contamina y produce cáncer. Aquiles Martini, presidente de la CIV, cree que los grandes desarrollos promovidos por el Ejecutivo han resultado un engaño para las personas.
Afirma que si no resuelven los inconvenientes con los agregados de la construcción difícilmente se podrán crear los urbanismos prometidos. Recomendó al Estado que les tendiera la mano a los constructores privados y dejara de perseguir a los promotores inmobiliarios.
"Ojalá que le dieran garantías a los promotores porque casi todos se han ido del país", expresó.
A juicio de Martini, en la empresa privada están las verdaderas personas que saben construir. En referencia a la Gran Misión Vivienda Venezuela, destacó que a raíz de las experiencias negativas del pasado es muy inviable que el Gobierno pueda crear 150.000 viviendas por año.
"No se pueden construir viviendas de la noche a la mañana. El tema de los inmuebles requiere tiempo".
Martini agregó que los ataques a la propiedad privada siguen generando temor en la población venezolana. Señaló que la CIV seguirá aportando ideas al Ejecutivo y llamó a las personas a censarse en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
ESCASEZ DE MATERIALES
Los gremios inmobiliarios y de la construcción siguen denunciando la falta de materiales de construcción en gran parte del territorio nacional. El desabastecimiento de los agregados, que tanto afecta al sector privado, también perjudica a los desarrollos del Estado, la cual reduce las esperanzas de lograr cumplir con los dos millones de inmuebles dentro de seis años.
Tal Cual
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
viernes, 10 de junio de 2011
Inquilinos comprarían edificios en bloque
Inquilinos comprarían edificios en bloque
La Red Metropolitana de Inquilinos y el Movimiento de Pobladores revisan con el ejecutivo la posibilidad de obtener financiamiento para comprar en bloque los inmuebles que habitan.
Hace tres semanas la Vicepresidencia de la República convocó a los propietarios de unos 100 edificios que se encuentran arrendados en la actualidad en los municipios Libertador, Chacao, Sucre y El Hatillo. El objetivo es negociar la transferencia de los inmuebles a los arrendatarios.
Riegel Sergent, vocero de las organizaciones antes citadas, dijo que la idea es que los inquilinos puedan recibir directamente la propiedad. Y para ello buscan la forma de obtener financiamiento, haciendo contacto con el banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih).
Precisó que buena parte de los potenciales beneficiarios de la negociación de estos primeros edificios trabajan y aportan al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (Faov).
Para quienes no puedan acceder a crédito, como personas de la tercera edad o no contribuyentes al Faov, se busca la forma de obtener alguna ayuda o subsidio.
Hasta ahora están soportados los documentos de 70 del grupo de 100 edificios. Los propietarios del resto no han podido ser ubicados, pues -se presume- viven fuera del país.
Sergent dijo que se les dará un tiempo prudencial y, de no lograr negociación alguna, serán expropiados. Para llevar a efecto el proceso la consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República se fundamenta en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, la cual permite tal posibilidad.
Propuesta
En vista de que la mayoría de edificios -al menos 80% -no han sido convertidos al régimen de propiedad horizontal, la propuesta de los inquilinos es adquirirlos en bloque a través de organizaciones civiles que ellos han venido conformando. Posteriormente se repartirían las cargas crediticias, en función del espacio que ocupen como inquilinos.
Sergent dijo que una vez se avance en esta primera experiencia, continuarán con "miles" de edificios alquilados en todo el país. Algunos estados identificados son Aragua, Carabobo, Mérida y Lara.
Las unidades que se negocian actualmente están ubicadas en Las Acacias, Los Chaguaramos, Bello Monte, Campo Alegre y La California, entre otras zonas de la ciudad capital.
Entorno Inteligente
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
La Red Metropolitana de Inquilinos y el Movimiento de Pobladores revisan con el ejecutivo la posibilidad de obtener financiamiento para comprar en bloque los inmuebles que habitan.
Hace tres semanas la Vicepresidencia de la República convocó a los propietarios de unos 100 edificios que se encuentran arrendados en la actualidad en los municipios Libertador, Chacao, Sucre y El Hatillo. El objetivo es negociar la transferencia de los inmuebles a los arrendatarios.
Riegel Sergent, vocero de las organizaciones antes citadas, dijo que la idea es que los inquilinos puedan recibir directamente la propiedad. Y para ello buscan la forma de obtener financiamiento, haciendo contacto con el banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih).
Precisó que buena parte de los potenciales beneficiarios de la negociación de estos primeros edificios trabajan y aportan al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (Faov).
Para quienes no puedan acceder a crédito, como personas de la tercera edad o no contribuyentes al Faov, se busca la forma de obtener alguna ayuda o subsidio.
Hasta ahora están soportados los documentos de 70 del grupo de 100 edificios. Los propietarios del resto no han podido ser ubicados, pues -se presume- viven fuera del país.
Sergent dijo que se les dará un tiempo prudencial y, de no lograr negociación alguna, serán expropiados. Para llevar a efecto el proceso la consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República se fundamenta en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, la cual permite tal posibilidad.
Propuesta
En vista de que la mayoría de edificios -al menos 80% -no han sido convertidos al régimen de propiedad horizontal, la propuesta de los inquilinos es adquirirlos en bloque a través de organizaciones civiles que ellos han venido conformando. Posteriormente se repartirían las cargas crediticias, en función del espacio que ocupen como inquilinos.
Sergent dijo que una vez se avance en esta primera experiencia, continuarán con "miles" de edificios alquilados en todo el país. Algunos estados identificados son Aragua, Carabobo, Mérida y Lara.
Las unidades que se negocian actualmente están ubicadas en Las Acacias, Los Chaguaramos, Bello Monte, Campo Alegre y La California, entre otras zonas de la ciudad capital.
Entorno Inteligente
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Registro gubernamental es para inmuebles alquilados
Registro gubernamental es para inmuebles alquilados Edificios de Chacao y Los Palos Grandes | Jonathan Manzano El presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez Cova, señaló que la solicitud recibida por las administradoras del área metropolitana de Caracas para que informen al Gobierno sobre los inmuebles que manejan, se limita a los que están alquilados. Martínez Cova reconoció que la petición gubernamental generó confusión porque algunas empresas interpretaron que era para todos los inmuebles. Pero aclaró que la solicitud fue realizada por la Dirección de Inquilinato, que es la instancia que se ocupa del arrendamiento. "La Dirección de Inquilinato, adscrita al Ministerio de Vivienda, envió una comunicación a las empresas fechada el 20 de mayo para informarles que deben inscribirse en un registro que abrirá ese despacho y presentar una serie de recaudos en un plazo de 30 días continuos", expresó. Los requisitos exigidos incluyen documentos de la empresa (registro de información fiscal, declaraciones de impuestos, entre otros) y de los propietarios de los inmuebles que manejan (título de propiedad, fotocopia de la cédula y fe de vida). Martínez Cova dijo que las empresas están dispuestas a participar en el registro, pero han tenido problemas en la consecución de requisitos como la fe de vida. "Se trata de un documento personalísimo y algunos propietarios han manifestado su inconformidad al pedirles que lo entreguen". Sin reglamento. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, también cree que la petición de la Dirección de Inquilinato a las administradoras se refiere a edificios destinados exclusivamente al arrendamiento. Agregó que la confusión generada por la solicitud obedece a que no hay una norma que regule el registro que elabora el Gobierno y a que muchas empresas administran inmuebles para alquiler y edificios en propiedad horizontal. Orta indicó que la petición de documentos como la fe de vida es aplicable a inmuebles arrendados para verificar que los propietarios estén vivos. "Pero en los que no están alquilados carece de sentido". Un informe del abogado Julio César López Galea señala que la disposición legal que ordenó crear un registro de administradoras numeral 10, artículo 3, de la resolución para transferir la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Transporte al de Vivienda se limita a inmuebles alquilados. "La Dirección de Inquilinato no tiene competencia en materia de propiedad horizontal. En consecuencia, el numeral 10 se refiere exclusivamente a que crearía un registro obligatorio de administradoras de inmuebles destinados al arrendamiento y no de administradoras de condominio, actividades absolutamente distintas, diferentes y contrapuestas", dice el documento. Otro registro El Ministerio de Vivienda publicó el 28 de diciembre de 2010 en la Gaceta Oficial 39582 una resolución que ordena a las personas que alquilan "hospedajes, piezas en casa de vecindad, habitaciones en casas particulares o cualquier otra porción de un inmueble arrendado por partes para ser habitado" a registrarse en la Dirección General de Inquilinato. Para ello debían proporcionar los datos del inmueble, la identificación del arrendador y el arrendatario, la fecha de inicio de la relación y el canon de arrendamiento, entre otros. El Nacional 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
Edificios de Chacao y Los Palos Grandes | Jonathan Manzano
El presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez Cova, señaló que la solicitud recibida por las administradoras del área metropolitana de Caracas para que informen al Gobierno sobre los inmuebles que manejan, se limita a los que están alquilados.
Martínez Cova reconoció que la petición gubernamental generó confusión porque algunas empresas interpretaron que era para todos los inmuebles. Pero aclaró que la solicitud fue realizada por la Dirección de Inquilinato, que es la instancia que se ocupa del arrendamiento.
"La Dirección de Inquilinato, adscrita al Ministerio de Vivienda, envió una comunicación a las empresas fechada el 20 de mayo para informarles que deben inscribirse en un registro que abrirá ese despacho y presentar una serie de recaudos en un plazo de 30 días continuos", expresó.
Los requisitos exigidos incluyen documentos de la empresa (registro de información fiscal, declaraciones de impuestos, entre otros) y de los propietarios de los inmuebles que manejan (título de propiedad, fotocopia de la cédula y fe de vida).
Martínez Cova dijo que las empresas están dispuestas a participar en el registro, pero han tenido problemas en la consecución de requisitos como la fe de vida. "Se trata de un documento personalísimo y algunos propietarios han manifestado su inconformidad al pedirles que lo entreguen".
Sin reglamento. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, también cree que la petición de la Dirección de Inquilinato a las administradoras se refiere a edificios destinados exclusivamente al arrendamiento.
Agregó que la confusión generada por la solicitud obedece a que no hay una norma que regule el registro que elabora el Gobierno y a que muchas empresas administran inmuebles para alquiler y edificios en propiedad horizontal.
Orta indicó que la petición de documentos como la fe de vida es aplicable a inmuebles arrendados para verificar que los propietarios estén vivos. "Pero en los que no están alquilados carece de sentido".
Un informe del abogado Julio César López Galea señala que la disposición legal que ordenó crear un registro de administradoras numeral 10, artículo 3, de la resolución para transferir la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Transporte al de Vivienda se limita a inmuebles alquilados.
"La Dirección de Inquilinato no tiene competencia en materia de propiedad horizontal. En consecuencia, el numeral 10 se refiere exclusivamente a que crearía un registro obligatorio de administradoras de inmuebles destinados al arrendamiento y no de administradoras de condominio, actividades absolutamente distintas, diferentes y contrapuestas", dice el documento.
Otro registro
El Ministerio de Vivienda publicó el 28 de diciembre de 2010 en la Gaceta Oficial 39582 una resolución que ordena a las personas que alquilan "hospedajes, piezas en casa de vecindad, habitaciones en casas particulares o cualquier otra porción de un inmueble arrendado por partes para ser habitado" a registrarse en la Dirección General de Inquilinato. Para ello debían proporcionar los datos del inmueble, la identificación del arrendador y el arrendatario, la fecha de inicio de la relación y el canon de arrendamiento, entre otros.
El Nacional
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
"Por viviendas sacrificaremos estacionamientos"
"Por viviendas sacrificaremos estacionamientos"
El diputado Tito Oviedo insistió que los estacionamientos "no son prioridad"
El diputado Tito Oviedo, Integrante de la comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, sostuvo que las afectaciones a los inmuebles son muy precisas "y sobre estructuras desocupadas, que se han intervenido para adecuarlo como vivienda".
Sobre las denuncias de ocupaciones de terrenos que tienen una utilidad comercial, como los estacionamientos, Oviedo indicó que hay un proceso de reordenamiento de la ciudad de Caracas, "hay un proceso para reinventarnos la ciudad, y eso por supuesto va a ameritar tomar algunas medidas, por ejemplo debemos privilegiar construir viviendas en buenas zonas que ya tienen todos los servicios, que ameritan menor inversión, donde hoy hay estacionamientos".
Reiteró que los estacionamientos "no son prioridad, (…) nosotros sin afectar a las personas que necesitan guardar su carro, seguramente encontraremos sitios para guardar un vehículo, en zonas que puedan ser utilizadas o no privilegiadas para viviendas, si nosotros tenemos una zona que vamos a privilegiar para vivienda, eso tenemos que sacrificarlo por estacionamientos".
No obstante, Oviedo acotó que en la comisión de administración y servicio de la Asamblea Nacional, están dispuestos a recibir y procesar las denuncias de los dueños de los estacionamientos, en caso de que se le hayan violado sus derechos.
Unionradio.net
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
El diputado Tito Oviedo insistió que los estacionamientos "no son prioridad"
El diputado Tito Oviedo, Integrante de la comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, sostuvo que las afectaciones a los inmuebles son muy precisas "y sobre estructuras desocupadas, que se han intervenido para adecuarlo como vivienda".
Sobre las denuncias de ocupaciones de terrenos que tienen una utilidad comercial, como los estacionamientos, Oviedo indicó que hay un proceso de reordenamiento de la ciudad de Caracas, "hay un proceso para reinventarnos la ciudad, y eso por supuesto va a ameritar tomar algunas medidas, por ejemplo debemos privilegiar construir viviendas en buenas zonas que ya tienen todos los servicios, que ameritan menor inversión, donde hoy hay estacionamientos".
Reiteró que los estacionamientos "no son prioridad, (…) nosotros sin afectar a las personas que necesitan guardar su carro, seguramente encontraremos sitios para guardar un vehículo, en zonas que puedan ser utilizadas o no privilegiadas para viviendas, si nosotros tenemos una zona que vamos a privilegiar para vivienda, eso tenemos que sacrificarlo por estacionamientos".
No obstante, Oviedo acotó que en la comisión de administración y servicio de la Asamblea Nacional, están dispuestos a recibir y procesar las denuncias de los dueños de los estacionamientos, en caso de que se le hayan violado sus derechos.
Unionradio.net
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Esquema de tarifas del aseo urbano no incentiva la disminución de desechos
Esquema de tarifas del aseo urbano no incentiva la disminución de desechos
La basura se acumula en Petare | Leonardo Noguera
Por Ángela Rodríguez
Luego de la derogación de la medida que mantenía congeladas las tarifas del aseo urbano, fueron aumentados los costos de este servicio. Sin embargo, los criterios utilizados para la fijación de las tarifas no incentivan la disminución de los residuos sólidos ni la práctica del reciclaje.
El ingeniero José Herrera, especialista en gestión de desechos sólidos, indicó que los criterios actuales para el pago de este servicio incluyen aspectos como tipo de vivienda, superficie, ubicación, valores catastrales, consumo de agua, entre otros.
Estos, indica Herrera, no guardan relación con la cantidad de desechos generados. Puso como ejemplo que viviendas de las mismas dimensiones, con producción de desechos similar, podrían pagar distintas tasas por estar en una ubicación diferente.
Aseguró que el modelo más eficiente es el establecimiento de tarifas basadas en generación de residuos. De esta manera, los usuarios se verán incentivados a generar menos basura y a reciclar parte de la que se produce.
Ante esta propuesta, surge el problema de la medición. En Venezuela existen medidores para el consumo de servicios como electricidad y agua potable, sin embargo, no hay mecanismos similares para la producción de desechos.
Al respecto, Herrera recordó que existen instrumentos que son utilizados en muchos países del mundo para cuantificar la cantidad de desechos generados y establecer tarifas en función de este número.
El Nacional
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
La basura se acumula en Petare | Leonardo Noguera
Por Ángela Rodríguez
Luego de la derogación de la medida que mantenía congeladas las tarifas del aseo urbano, fueron aumentados los costos de este servicio. Sin embargo, los criterios utilizados para la fijación de las tarifas no incentivan la disminución de los residuos sólidos ni la práctica del reciclaje.
El ingeniero José Herrera, especialista en gestión de desechos sólidos, indicó que los criterios actuales para el pago de este servicio incluyen aspectos como tipo de vivienda, superficie, ubicación, valores catastrales, consumo de agua, entre otros.
Estos, indica Herrera, no guardan relación con la cantidad de desechos generados. Puso como ejemplo que viviendas de las mismas dimensiones, con producción de desechos similar, podrían pagar distintas tasas por estar en una ubicación diferente.
Aseguró que el modelo más eficiente es el establecimiento de tarifas basadas en generación de residuos. De esta manera, los usuarios se verán incentivados a generar menos basura y a reciclar parte de la que se produce.
Ante esta propuesta, surge el problema de la medición. En Venezuela existen medidores para el consumo de servicios como electricidad y agua potable, sin embargo, no hay mecanismos similares para la producción de desechos.
Al respecto, Herrera recordó que existen instrumentos que son utilizados en muchos países del mundo para cuantificar la cantidad de desechos generados y establecer tarifas en función de este número.
El Nacional
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Rafalli: "Contratos de arrendamiento pasan a ser indeterminados"
Rafalli: "Contratos de arrendamiento pasan a ser indeterminados" laverdad.com Ada Rafalli, especialista en el tema arrenditicio, explicó que en el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios se presentan disposiciones en que "los contratos en Venezuela pasarán a ser por tiempo indeterminado por la prórroga arrenditicia". La propuesta expone a un inquilino que podrá permanecer en el inmueble hasta que el Estado le "provea de una vivienda" dado el caso de pleito por incumplimiento de contrato. La medida tiene una decisión que refuerza la permanencia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la prohibición del desalojo. El Gobierno con la Ley Contra el Desalojo Forzoso lo aseguró. Habla de la prórroga por extensión de contratos celebrados determinados o indeterminados. Llegado el día del vencimiento, "se prorrogarán obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario". La aprobación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece lapsos. Cuando tenga hasta un año o menos, se prorrogará por seis meses. El alquiler mayor a un año y menor a cinco años, tendrá una extensión de dos años. En contrato de cinco años y menos a 10 años, la prórroga será de cuatro años. Tendrán que indemnizar Rafalli señaló que "se viola el derecho de tutela judicial efectiva al no poderse ejecutar sentencia, ya que impiden el desalojo de un arrendatario morosos haciendo depender del inmueble arrendado a la voluntad del Estado". El proyecto expone que el dueño del inmueble "deberá indemnizar" al inquilino si no cumple la prórroga. Si por "causa injustificada no permite el goce". El artículo 81 precisa que el pago será "en bolívares correspondiente a las mensualidades del tiempo que corresponde a la prórroga legal". laverdad.com 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
Rafalli: "Contratos de arrendamiento pasan a ser indeterminados" laverdad.com Ada Rafalli, especialista en el tema arrenditicio, explicó que en el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios se presentan disposiciones en que "los contratos en Venezuela pasarán a ser por tiempo indeterminado por la prórroga arrenditicia". La propuesta expone a un inquilino que podrá permanecer en el inmueble hasta que el Estado le "provea de una vivienda" dado el caso de pleito por incumplimiento de contrato. La medida tiene una decisión que refuerza la permanencia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la prohibición del desalojo. El Gobierno con la Ley Contra el Desalojo Forzoso lo aseguró. Habla de la prórroga por extensión de contratos celebrados determinados o indeterminados. Llegado el día del vencimiento, "se prorrogarán obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario". La aprobación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece lapsos. Cuando tenga hasta un año o menos, se prorrogará por seis meses. El alquiler mayor a un año y menor a cinco años, tendrá una extensión de dos años. En contrato de cinco años y menos a 10 años, la prórroga será de cuatro años. Tendrán que indemnizar Rafalli señaló que "se viola el derecho de tutela judicial efectiva al no poderse ejecutar sentencia, ya que impiden el desalojo de un arrendatario morosos haciendo depender del inmueble arrendado a la voluntad del Estado". El proyecto expone que el dueño del inmueble "deberá indemnizar" al inquilino si no cumple la prórroga. Si por "causa injustificada no permite el goce". El artículo 81 precisa que el pago será "en bolívares correspondiente a las mensualidades del tiempo que corresponde a la prórroga legal". laverdad.com 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
laverdad.com
Ada Rafalli, especialista en el tema arrenditicio, explicó que en el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios se presentan disposiciones en que "los contratos en Venezuela pasarán a ser por tiempo indeterminado por la prórroga arrenditicia".
La propuesta expone a un inquilino que podrá permanecer en el inmueble hasta que el Estado le "provea de una vivienda" dado el caso de pleito por incumplimiento de contrato.
La medida tiene una decisión que refuerza la permanencia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la prohibición del desalojo. El Gobierno con la Ley Contra el Desalojo Forzoso lo aseguró.
Habla de la prórroga por extensión de contratos celebrados determinados o indeterminados. Llegado el día del vencimiento, "se prorrogarán obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario".
La aprobación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece lapsos. Cuando tenga hasta un año o menos, se prorrogará por seis meses.
El alquiler mayor a un año y menor a cinco años, tendrá una extensión de dos años. En contrato de cinco años y menos a 10 años, la prórroga será de cuatro años.
Tendrán que indemnizar
Rafalli señaló que "se viola el derecho de tutela judicial efectiva al no poderse ejecutar sentencia, ya que impiden el desalojo de un arrendatario morosos haciendo depender del inmueble arrendado a la voluntad del Estado".
El proyecto expone que el dueño del inmueble "deberá indemnizar" al inquilino si no cumple la prórroga. Si por "causa injustificada no permite el goce". El artículo 81 precisa que el pago será "en bolívares correspondiente a las mensualidades del tiempo que corresponde a la prórroga legal".
laverdad.com
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Proceso para el desalojo de una vivienda
Proceso para el desalojo de una vivienda
(Créditos: Wiliam Manosalvas)
Jesús Rivero Bertorelli.- Con el Decreto Ley Contra Desalojos Arbitrarios, existen nuevas instancias y procedimientos para tramitar desalojos o resolver conflictos inquilinarios. La doctora Cora Farías, abogado especialista en Derecho Inquilinario, nos ofreció una aproximación de los trámites requeridos para estos fines:
El interesado (cualquier persona que necesite se le restituya la posesión de un inmueble), debe consignar una solicitud en la Dirección General de Inquilinato, acompañada de los documentos que acrediten al interesado como propietario, arrendador, comodante o usufructuante, que indique tener un derecho de propiedad..
La Dirección de Inquilinato se encuentra ubicada en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Ministerio de la Vivienda, Sótano -1, Chacao en el horario de lunes a viernes de 8: 30 am a 12 m y de 1:30 a 4:30 pm.
Ver Dirección de inquilinato en un mapa más grande
Presentada la solicitud, el funcionario la admite y procede a citar al sujeto objeto de protección del Decreto Ley (arrendatario, comodatario, usufructuario, ocupante, adquirente de vivienda principal o usada) para que, en compañía de un abogado exponga su defensa en una audiencia conciliatoria que se llevará a cabo en un plazo no menor de 10 días hábiles ni mayor de 15 días hábiles.
Si el sujeto objeto de protección manifiesta no tener abogado o no comparece en la fecha prevista, el funcionario debe extender una citación a la Defensoría especializada en materia de protección de derecho a la vivienda y suspenderá el procedimiento hasta la comparecencia del Defensor Públicoante la Dirección de Inquilinato. El funcionario fijará una nueva fecha para la celebración de la audiencia conciliatoria.
Si el mencionado la persona objeto de protección o el interesado no comparecen, se declara desierto el acto y el funcionario fijará una nueva audiencia conciliatoria, dentro de los diez días hábiles siguientes. Si nuevamente no comparece alguna de las partes, el funcionario de la Dirección de Inquilinato, dicta decisión.
La inasistencia del interesado a la última audiencia o a cualquiera de sus sesiones, se considera como desistimiento tácito y se da por terminado el procedimiento a favor del sujeto objeto de protección.
La audiencia conciliatoria podrá prolongarse, suspenderse o fraccionarse cuantas veces sea requerido para lograr la solución del conflicto, sin que el plazo total exceda de 20 días hábiles.
Cuando finalmente culmine esta audiencia conciliatoria, los presentes suscriben un acta con los detalles del acuerdo. Si se llega a un consenso de solución, ambas partes manifiestan la forma y el tiempo de ejecución de lo acordado.
Si no hay acuerdo, el funcionario debe decidir con base a los alegatos presentados por las partes. Si ésta se favorece al sujeto objeto de protección, se dicta una resolución quedando protegido contra el desalojo de la vivienda, habilitando la vía judicial para el interesado.
Si la decisión del funcionario de la Dirección de Inquilinato fuera favorable al interesado, en la resolución se indica el plazo tras el cual podrá realizarse el desalojo, el cual sólo puede hacerse por la vía judicial
Ninguna de las partes podrá acceder a los tribunales sin haber cumplido con el acto conciliatorio. En un cálculo promedio, este acto inicial puede tardar mínimo unos seis meses y dicha resolución es recurrible ante los tribunales contenciosos administrativos.
El siguiente paso, una vez agotado el procedimiento contencioso administrativo a objeto que el interesado pueda recuperar el bien inmueble destinado a vivienda, es acceder a los tribunales ordinarios para tramitar la demanda donde se pretende el eventual desalojo.
Al margen del proceso anterior, este Decreto Ley prohíbe terminantemente a todos los tribunales decretar medidas cautelarse de secuestro sobre viviendas, en las demandas por incumplimiento, resolución de contrato, cobro de bolívares o ejecución de hipoteca.
Agotadas todas las instancias, el Decreto Ley establece dos condiciones para que un juez ejecute un desalojo: 1) verificar que el sujeto afectado por el desalojo haya estado acompañado durante el proceso de la debida defensa o defensor público y 2) remitir a la Dirección de Inquilinato una solicitud para que este ente disponga de un refugio temporal o solución habitacional definitiva el sujeto objeto de protección y su grupo familiar. Sólo en ese entonces procederá el desalojo.
Desde el inicio del proceso, hasta que el interesado obtenga el desalojo, se estima que transcurrirá un tiempo promedio de cinco años, incluyendo el procedimiento contencioso administrativo.
Elmundo.com.ve
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
(Créditos: Wiliam Manosalvas)
Jesús Rivero Bertorelli.- Con el Decreto Ley Contra Desalojos Arbitrarios, existen nuevas instancias y procedimientos para tramitar desalojos o resolver conflictos inquilinarios. La doctora Cora Farías, abogado especialista en Derecho Inquilinario, nos ofreció una aproximación de los trámites requeridos para estos fines:
El interesado (cualquier persona que necesite se le restituya la posesión de un inmueble), debe consignar una solicitud en la Dirección General de Inquilinato, acompañada de los documentos que acrediten al interesado como propietario, arrendador, comodante o usufructuante, que indique tener un derecho de propiedad..
La Dirección de Inquilinato se encuentra ubicada en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Ministerio de la Vivienda, Sótano -1, Chacao en el horario de lunes a viernes de 8: 30 am a 12 m y de 1:30 a 4:30 pm.
Ver Dirección de inquilinato en un mapa más grande
Presentada la solicitud, el funcionario la admite y procede a citar al sujeto objeto de protección del Decreto Ley (arrendatario, comodatario, usufructuario, ocupante, adquirente de vivienda principal o usada) para que, en compañía de un abogado exponga su defensa en una audiencia conciliatoria que se llevará a cabo en un plazo no menor de 10 días hábiles ni mayor de 15 días hábiles.
Si el sujeto objeto de protección manifiesta no tener abogado o no comparece en la fecha prevista, el funcionario debe extender una citación a la Defensoría especializada en materia de protección de derecho a la vivienda y suspenderá el procedimiento hasta la comparecencia del Defensor Públicoante la Dirección de Inquilinato. El funcionario fijará una nueva fecha para la celebración de la audiencia conciliatoria.
Si el mencionado la persona objeto de protección o el interesado no comparecen, se declara desierto el acto y el funcionario fijará una nueva audiencia conciliatoria, dentro de los diez días hábiles siguientes. Si nuevamente no comparece alguna de las partes, el funcionario de la Dirección de Inquilinato, dicta decisión.
La inasistencia del interesado a la última audiencia o a cualquiera de sus sesiones, se considera como desistimiento tácito y se da por terminado el procedimiento a favor del sujeto objeto de protección.
La audiencia conciliatoria podrá prolongarse, suspenderse o fraccionarse cuantas veces sea requerido para lograr la solución del conflicto, sin que el plazo total exceda de 20 días hábiles.
Cuando finalmente culmine esta audiencia conciliatoria, los presentes suscriben un acta con los detalles del acuerdo. Si se llega a un consenso de solución, ambas partes manifiestan la forma y el tiempo de ejecución de lo acordado.
Si no hay acuerdo, el funcionario debe decidir con base a los alegatos presentados por las partes. Si ésta se favorece al sujeto objeto de protección, se dicta una resolución quedando protegido contra el desalojo de la vivienda, habilitando la vía judicial para el interesado.
Si la decisión del funcionario de la Dirección de Inquilinato fuera favorable al interesado, en la resolución se indica el plazo tras el cual podrá realizarse el desalojo, el cual sólo puede hacerse por la vía judicial
Ninguna de las partes podrá acceder a los tribunales sin haber cumplido con el acto conciliatorio. En un cálculo promedio, este acto inicial puede tardar mínimo unos seis meses y dicha resolución es recurrible ante los tribunales contenciosos administrativos.
El siguiente paso, una vez agotado el procedimiento contencioso administrativo a objeto que el interesado pueda recuperar el bien inmueble destinado a vivienda, es acceder a los tribunales ordinarios para tramitar la demanda donde se pretende el eventual desalojo.
Al margen del proceso anterior, este Decreto Ley prohíbe terminantemente a todos los tribunales decretar medidas cautelarse de secuestro sobre viviendas, en las demandas por incumplimiento, resolución de contrato, cobro de bolívares o ejecución de hipoteca.
Agotadas todas las instancias, el Decreto Ley establece dos condiciones para que un juez ejecute un desalojo: 1) verificar que el sujeto afectado por el desalojo haya estado acompañado durante el proceso de la debida defensa o defensor público y 2) remitir a la Dirección de Inquilinato una solicitud para que este ente disponga de un refugio temporal o solución habitacional definitiva el sujeto objeto de protección y su grupo familiar. Sólo en ese entonces procederá el desalojo.
Desde el inicio del proceso, hasta que el interesado obtenga el desalojo, se estima que transcurrirá un tiempo promedio de cinco años, incluyendo el procedimiento contencioso administrativo.
Elmundo.com.ve
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
El cemento es una joya
El cemento es una joya TalCualDigital.com Levantar un proyecto habitacional en estos momentos es una hazaña heroica. El desabastecimiento de insumos básicos destinados a la construcción de viviendas es uno de los principales problemas, siendo el cemento el rubro más difícil de conseguir. La adquisición del insumo se ha convertido en un verdadero karma para los constructores. El ingeniero químico Juan Carlos Rodríguez señala que la expropiación de la industria Cemex Venezuela ha originado inconvenientes en el caso de los precios. El experto indica que cuando el Gobierno tomó las riendas de la compañía, se cotizaba al consumidor final entre trece y catorce bolívares el saco, pero hoy el costo es el doble. "Esto se debe al incremento que hizo Cemex a los precios de sus productos; así como al alza asociada del precio del transporte y mano de obra". Según Rodríguez, lo que ocurre con el cemento es una muestra de las pésimas políticas que mantiene el Ejecutivo. Agregó que a la irregularidad se le suma la escasez de cabillas y otros materiales ferrosos indispensables, lo cual, a su juicio, en 2010 y en el primer semestre de 2011 paralizó la construcción. El ingeniero afirma que la escasez de la cabilla ha traído especulación, ya que al ser regulados los renglones de mayor consumo por parte de la población, como la cabilla de (1/2") y la de tres octavos de pulgada (1/3") éstas fueron a parar al mercado negro, donde se comercializa bajo la sombra de la especulación y la escasez. Con respecto a los costos, Rodriguez señala que antes de la regulación, una cabilla de 1/2" pulgada y doce metros de longitud se obtenía en el mercado formal a un precio de 23 bolívares. En la actualidad el mismo rubro se consigue en el mercado negro a un precio que va desde los 70 hasta los 90 bolívares. "El Gobierno, teniendo conocimiento de las mafias que controlan el mercado ferretero, ha optado por taparse los oídos y los ojos, permitiendo que continúen funcionando las ventas informales". RECONOCIMIENTO A VENCEMOS El ingeniero químico Juan Carlos Rodríguez reconoce que en la antigua empresa Vencemos se fabricaban varios tipos de cemento gris. Los más comercializados para la industria de la construcción eran el tipo I y el tipo II, siendo el tipo III el recomendado para el levantamiento de estructuras de soporte. Agrega que el cemento tipo I era el más económico, pero llegó el Ejecutivo y determinó que el rubro era exclusivamente para los consejos comunales y las obras del Gobierno. Tal Cual 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
El cemento es una joya TalCualDigital.com Levantar un proyecto habitacional en estos momentos es una hazaña heroica. El desabastecimiento de insumos básicos destinados a la construcción de viviendas es uno de los principales problemas, siendo el cemento el rubro más difícil de conseguir. La adquisición del insumo se ha convertido en un verdadero karma para los constructores. El ingeniero químico Juan Carlos Rodríguez señala que la expropiación de la industria Cemex Venezuela ha originado inconvenientes en el caso de los precios. El experto indica que cuando el Gobierno tomó las riendas de la compañía, se cotizaba al consumidor final entre trece y catorce bolívares el saco, pero hoy el costo es el doble. "Esto se debe al incremento que hizo Cemex a los precios de sus productos; así como al alza asociada del precio del transporte y mano de obra". Según Rodríguez, lo que ocurre con el cemento es una muestra de las pésimas políticas que mantiene el Ejecutivo. Agregó que a la irregularidad se le suma la escasez de cabillas y otros materiales ferrosos indispensables, lo cual, a su juicio, en 2010 y en el primer semestre de 2011 paralizó la construcción. El ingeniero afirma que la escasez de la cabilla ha traído especulación, ya que al ser regulados los renglones de mayor consumo por parte de la población, como la cabilla de (1/2") y la de tres octavos de pulgada (1/3") éstas fueron a parar al mercado negro, donde se comercializa bajo la sombra de la especulación y la escasez. Con respecto a los costos, Rodriguez señala que antes de la regulación, una cabilla de 1/2" pulgada y doce metros de longitud se obtenía en el mercado formal a un precio de 23 bolívares. En la actualidad el mismo rubro se consigue en el mercado negro a un precio que va desde los 70 hasta los 90 bolívares. "El Gobierno, teniendo conocimiento de las mafias que controlan el mercado ferretero, ha optado por taparse los oídos y los ojos, permitiendo que continúen funcionando las ventas informales". RECONOCIMIENTO A VENCEMOS El ingeniero químico Juan Carlos Rodríguez reconoce que en la antigua empresa Vencemos se fabricaban varios tipos de cemento gris. Los más comercializados para la industria de la construcción eran el tipo I y el tipo II, siendo el tipo III el recomendado para el levantamiento de estructuras de soporte. Agrega que el cemento tipo I era el más económico, pero llegó el Ejecutivo y determinó que el rubro era exclusivamente para los consejos comunales y las obras del Gobierno. Tal Cual 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
TalCualDigital.com
Levantar un proyecto habitacional en estos momentos es una hazaña heroica. El desabastecimiento de insumos básicos destinados a la construcción de viviendas es uno de los principales problemas, siendo el cemento el rubro más difícil de conseguir.
La adquisición del insumo se ha convertido en un verdadero karma para los constructores.
El ingeniero químico Juan Carlos Rodríguez señala que la expropiación de la industria Cemex Venezuela ha originado inconvenientes en el caso de los precios. El experto indica que cuando el Gobierno tomó las riendas de la compañía, se cotizaba al consumidor final entre trece y catorce bolívares el saco, pero hoy el costo es el doble. "Esto se debe al incremento que hizo Cemex a los precios de sus productos; así como al alza asociada del precio del transporte y mano de obra".
Según Rodríguez, lo que ocurre con el cemento es una muestra de las pésimas políticas que mantiene el Ejecutivo. Agregó que a la irregularidad se le suma la escasez de cabillas y otros materiales ferrosos indispensables, lo cual, a su juicio, en 2010 y en el primer semestre de 2011 paralizó la construcción.
El ingeniero afirma que la escasez de la cabilla ha traído especulación, ya que al ser regulados los renglones de mayor consumo por parte de la población, como la cabilla de (1/2") y la de tres octavos de pulgada (1/3") éstas fueron a parar al mercado negro, donde se comercializa bajo la sombra de la especulación y la escasez.
Con respecto a los costos, Rodriguez señala que antes de la regulación, una cabilla de 1/2" pulgada y doce metros de longitud se obtenía en el mercado formal a un precio de 23 bolívares. En la actualidad el mismo rubro se consigue en el mercado negro a un precio que va desde los 70 hasta los 90 bolívares.
"El Gobierno, teniendo conocimiento de las mafias que controlan el mercado ferretero, ha optado por taparse los oídos y los ojos, permitiendo que continúen funcionando las ventas informales".
RECONOCIMIENTO A VENCEMOS
El ingeniero químico Juan Carlos Rodríguez reconoce que en la antigua empresa Vencemos se fabricaban varios tipos de cemento gris. Los más comercializados para la industria de la construcción eran el tipo I y el tipo II, siendo el tipo III el recomendado para el levantamiento de estructuras de soporte. Agrega que el cemento tipo I era el más económico, pero llegó el Ejecutivo y determinó que el rubro era exclusivamente para los consejos comunales y las obras del Gobierno.
Tal Cual
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Precariedad de la vivienda urbana en Venezuela
Precariedad de la vivienda urbana en Venezuela
De acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), el mundo es, desde el año 2008, más urbano que rural. Aunque nos parezca natural que los habitantes urbanos sean mayoría, es importante advertir que no siempre fue así. Para los años cincuenta del siglo pasado solo cuatro de cada 10 habitantes de América Latina vivían en ciudades, lo que aumentó a ocho de cada 10 en el año 2010. Venezuela destaca como el país con mayor proporción de población viviendo en localidades urbanas, con alrededor de 94%.
Este proceso tan contundente de redistribución territorial de la población tuvo en el éxodo masivo de los pobres del campo hacia las ciudades, con el fin de buscar más y mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad y salud, un factor fundamental. Las urbes crecieron de manera acelerada y con muy poca planificación, lo que significó un reto enorme para los gobiernos locales que vieron desbordadas sus capacidades para responder a las demandas de vivienda y servicios básicos de los nuevos residentes urbanos.
Proliferaron así los asentamientos no controlados, irregulares o informales, y con ello el hábitat precario se instaló en las ciudades. El principal motor de la informalidad ha sido desde entonces la enorme brecha entre la necesidad de vivienda y la reducida oferta para satisfacerla, que tiene en la invasión de terrenos el primer paso hacia la auto-solución. Una medida de la informalidad en Venezuela la podemos obtener comparando el total de viviendas registradas en los últimos tres censos de población, con el número de viviendas construidas por el gobierno y el sector privado en el mismo período (1980-2001).
En la década del ochenta 37% de las viviendas construidas las hizo la propia gente, proporción que aumentó a 67% en la década siguiente, es decir, de 10 viviendas construidas en la década de los noventa solo un poco más de tres, las hizo el sector formal (gobierno y sector privado).
La calidad de la vivienda también es una variable clave de la precariedad urbana. De acuerdo con la Encuesta de Hogares por Muestreo (INE, 2007), 57,8% de las viviendas del país necesitan atención, es decir, deben mejorarse o sustituirse, al tiempo que 60% se localiza en zonas de barrios. Cabe resaltar que existen disparidades importantes de acuerdo con el tamaño de la localidad. Por ejemplo, en la Gran Caracas ocho de cada 10 hogares habita en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, situación que se presenta exactamente al revés en las localidades de menos de 10.000 habitantes.
Por otro lado, la carencia de servicios urbanos básicos afecta directamente la calidad de vida de la población. La falta de agua potable o su mala calidad tiene repercusiones directas en la salud de los miembros de los hogares venezolanos, donde los niños y ancianos son los grupos más vulnerables. Para el año 2009, 93,7% de los hogares disponían de agua por tubería, por debajo de Costa Rica con 99,2% y Argentina 98,9% (Celade, 2009). La frecuencia del servicio marca una situación menos favorable, ya que solo 65,5% de las viviendas recibe agua todos los días (Iies, 2007).
En cuanto a la eliminación de excretas, la cobertura alcanza a 75,5% de los hogares. Respecto a la recolección de desechos, se tiene que para el año 2008, a nivel nacional, 77% de los hogares tenía recolección directa de basura, lo que en el caso del Distrito Capital se reduce a 52%.
Políticas necesarias
En América Latina se han diseñado políticas públicas dirigidas tanto a reducir la informalidad en la producción del hábitat urbano, como a mejorarlo una vez que ya ha sido construido. Las intervenciones se han focalizado en integrar la vivienda a la política urbana, además de asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares de menores ingresos.
Destacan las siguientes líneas de política: provisión de vivienda, mejoramiento del parque público deteriorado, mejoramiento de barrios consolidados y mejoramiento de barrios tugurizados (precarizados).
El programa de mejoramiento de barrios persiguió el objetivo de conectar esas zonas precarias al resto de la ciudad, además de ofrecer una mirada integral de las carencias en el alojamiento, a través de la regularización de terrenos, de la provisión de servicios, del mejoramiento de la calidad del urbanismo, etcétera.
Algunas de las experiencias dignas de mencionar en la región son el Promeba en Argentina, el Programa Hábitat en México y el Programa Mejoramiento de la Comunidad en Paraguay.
Actualmente, los gobiernos locales están enfrentando el reto de llevar los servicios esenciales a los asentamientos no controlados, lo que representa un costo muy alto, tanto por la distancia que los separa del resto de la urbe (en algunos casos) como por la imposibilidad de recuperar estas inversiones, pues los hogares pobres nunca podrán cubrir las tarifas comerciales asociadas.
La experiencia indica que la participación del sector privado en dicha tarea, bajo esquemas innovadores y en alianza con organizaciones civiles, puede arrojar resultados exitosos y sostenibles en el tiempo.
Entorno Inteligente
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
De acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), el mundo es, desde el año 2008, más urbano que rural. Aunque nos parezca natural que los habitantes urbanos sean mayoría, es importante advertir que no siempre fue así. Para los años cincuenta del siglo pasado solo cuatro de cada 10 habitantes de América Latina vivían en ciudades, lo que aumentó a ocho de cada 10 en el año 2010. Venezuela destaca como el país con mayor proporción de población viviendo en localidades urbanas, con alrededor de 94%.
Este proceso tan contundente de redistribución territorial de la población tuvo en el éxodo masivo de los pobres del campo hacia las ciudades, con el fin de buscar más y mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad y salud, un factor fundamental. Las urbes crecieron de manera acelerada y con muy poca planificación, lo que significó un reto enorme para los gobiernos locales que vieron desbordadas sus capacidades para responder a las demandas de vivienda y servicios básicos de los nuevos residentes urbanos.
Proliferaron así los asentamientos no controlados, irregulares o informales, y con ello el hábitat precario se instaló en las ciudades. El principal motor de la informalidad ha sido desde entonces la enorme brecha entre la necesidad de vivienda y la reducida oferta para satisfacerla, que tiene en la invasión de terrenos el primer paso hacia la auto-solución. Una medida de la informalidad en Venezuela la podemos obtener comparando el total de viviendas registradas en los últimos tres censos de población, con el número de viviendas construidas por el gobierno y el sector privado en el mismo período (1980-2001).
En la década del ochenta 37% de las viviendas construidas las hizo la propia gente, proporción que aumentó a 67% en la década siguiente, es decir, de 10 viviendas construidas en la década de los noventa solo un poco más de tres, las hizo el sector formal (gobierno y sector privado).
La calidad de la vivienda también es una variable clave de la precariedad urbana. De acuerdo con la Encuesta de Hogares por Muestreo (INE, 2007), 57,8% de las viviendas del país necesitan atención, es decir, deben mejorarse o sustituirse, al tiempo que 60% se localiza en zonas de barrios. Cabe resaltar que existen disparidades importantes de acuerdo con el tamaño de la localidad. Por ejemplo, en la Gran Caracas ocho de cada 10 hogares habita en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, situación que se presenta exactamente al revés en las localidades de menos de 10.000 habitantes.
Por otro lado, la carencia de servicios urbanos básicos afecta directamente la calidad de vida de la población. La falta de agua potable o su mala calidad tiene repercusiones directas en la salud de los miembros de los hogares venezolanos, donde los niños y ancianos son los grupos más vulnerables. Para el año 2009, 93,7% de los hogares disponían de agua por tubería, por debajo de Costa Rica con 99,2% y Argentina 98,9% (Celade, 2009). La frecuencia del servicio marca una situación menos favorable, ya que solo 65,5% de las viviendas recibe agua todos los días (Iies, 2007).
En cuanto a la eliminación de excretas, la cobertura alcanza a 75,5% de los hogares. Respecto a la recolección de desechos, se tiene que para el año 2008, a nivel nacional, 77% de los hogares tenía recolección directa de basura, lo que en el caso del Distrito Capital se reduce a 52%.
Políticas necesarias
En América Latina se han diseñado políticas públicas dirigidas tanto a reducir la informalidad en la producción del hábitat urbano, como a mejorarlo una vez que ya ha sido construido. Las intervenciones se han focalizado en integrar la vivienda a la política urbana, además de asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares de menores ingresos.
Destacan las siguientes líneas de política: provisión de vivienda, mejoramiento del parque público deteriorado, mejoramiento de barrios consolidados y mejoramiento de barrios tugurizados (precarizados).
El programa de mejoramiento de barrios persiguió el objetivo de conectar esas zonas precarias al resto de la ciudad, además de ofrecer una mirada integral de las carencias en el alojamiento, a través de la regularización de terrenos, de la provisión de servicios, del mejoramiento de la calidad del urbanismo, etcétera.
Algunas de las experiencias dignas de mencionar en la región son el Promeba en Argentina, el Programa Hábitat en México y el Programa Mejoramiento de la Comunidad en Paraguay.
Actualmente, los gobiernos locales están enfrentando el reto de llevar los servicios esenciales a los asentamientos no controlados, lo que representa un costo muy alto, tanto por la distancia que los separa del resto de la urbe (en algunos casos) como por la imposibilidad de recuperar estas inversiones, pues los hogares pobres nunca podrán cubrir las tarifas comerciales asociadas.
La experiencia indica que la participación del sector privado en dicha tarea, bajo esquemas innovadores y en alianza con organizaciones civiles, puede arrojar resultados exitosos y sostenibles en el tiempo.
Entorno Inteligente
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Precariedad de la vivienda urbana en Venezuela De acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), el mundo es, desde el año 2008, más urbano que rural. Aunque nos parezca natural que los habitantes urbanos sean mayoría, es importante advertir que no siempre fue así. Para los años cincuenta del siglo pasado solo cuatro de cada 10 habitantes de América Latina vivían en ciudades, lo que aumentó a ocho de cada 10 en el año 2010. Venezuela destaca como el país con mayor proporción de población viviendo en localidades urbanas, con alrededor de 94%. Este proceso tan contundente de redistribución territorial de la población tuvo en el éxodo masivo de los pobres del campo hacia las ciudades, con el fin de buscar más y mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad y salud, un factor fundamental. Las urbes crecieron de manera acelerada y con muy poca planificación, lo que significó un reto enorme para los gobiernos locales que vieron desbordadas sus capacidades para responder a las demandas de vivienda y servicios básicos de los nuevos residentes urbanos. Proliferaron así los asentamientos no controlados, irregulares o informales, y con ello el hábitat precario se instaló en las ciudades. El principal motor de la informalidad ha sido desde entonces la enorme brecha entre la necesidad de vivienda y la reducida oferta para satisfacerla, que tiene en la invasión de terrenos el primer paso hacia la auto-solución. Una medida de la informalidad en Venezuela la podemos obtener comparando el total de viviendas registradas en los últimos tres censos de población, con el número de viviendas construidas por el gobierno y el sector privado en el mismo período (1980-2001). En la década del ochenta 37% de las viviendas construidas las hizo la propia gente, proporción que aumentó a 67% en la década siguiente, es decir, de 10 viviendas construidas en la década de los noventa solo un poco más de tres, las hizo el sector formal (gobierno y sector privado). La calidad de la vivienda también es una variable clave de la precariedad urbana. De acuerdo con la Encuesta de Hogares por Muestreo (INE, 2007), 57,8% de las viviendas del país necesitan atención, es decir, deben mejorarse o sustituirse, al tiempo que 60% se localiza en zonas de barrios. Cabe resaltar que existen disparidades importantes de acuerdo con el tamaño de la localidad. Por ejemplo, en la Gran Caracas ocho de cada 10 hogares habita en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, situación que se presenta exactamente al revés en las localidades de menos de 10.000 habitantes. Por otro lado, la carencia de servicios urbanos básicos afecta directamente la calidad de vida de la población. La falta de agua potable o su mala calidad tiene repercusiones directas en la salud de los miembros de los hogares venezolanos, donde los niños y ancianos son los grupos más vulnerables. Para el año 2009, 93,7% de los hogares disponían de agua por tubería, por debajo de Costa Rica con 99,2% y Argentina 98,9% (Celade, 2009). La frecuencia del servicio marca una situación menos favorable, ya que solo 65,5% de las viviendas recibe agua todos los días (Iies, 2007). En cuanto a la eliminación de excretas, la cobertura alcanza a 75,5% de los hogares. Respecto a la recolección de desechos, se tiene que para el año 2008, a nivel nacional, 77% de los hogares tenía recolección directa de basura, lo que en el caso del Distrito Capital se reduce a 52%. Políticas necesarias En América Latina se han diseñado políticas públicas dirigidas tanto a reducir la informalidad en la producción del hábitat urbano, como a mejorarlo una vez que ya ha sido construido. Las intervenciones se han focalizado en integrar la vivienda a la política urbana, además de asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares de menores ingresos. Destacan las siguientes líneas de política: provisión de vivienda, mejoramiento del parque público deteriorado, mejoramiento de barrios consolidados y mejoramiento de barrios tugurizados (precarizados). El programa de mejoramiento de barrios persiguió el objetivo de conectar esas zonas precarias al resto de la ciudad, además de ofrecer una mirada integral de las carencias en el alojamiento, a través de la regularización de terrenos, de la provisión de servicios, del mejoramiento de la calidad del urbanismo, etcétera. Algunas de las experiencias dignas de mencionar en la región son el Promeba en Argentina, el Programa Hábitat en México y el Programa Mejoramiento de la Comunidad en Paraguay. Actualmente, los gobiernos locales están enfrentando el reto de llevar los servicios esenciales a los asentamientos no controlados, lo que representa un costo muy alto, tanto por la distancia que los separa del resto de la urbe (en algunos casos) como por la imposibilidad de recuperar estas inversiones, pues los hogares pobres nunca podrán cubrir las tarifas comerciales asociadas. La experiencia indica que la participación del sector privado en dicha tarea, bajo esquemas innovadores y en alianza con organizaciones civiles, puede arrojar resultados exitosos y sostenibles en el tiempo. Entorno Inteligente 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
Precariedad de la vivienda urbana en Venezuela De acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), el mundo es, desde el año 2008, más urbano que rural. Aunque nos parezca natural que los habitantes urbanos sean mayoría, es importante advertir que no siempre fue así. Para los años cincuenta del siglo pasado solo cuatro de cada 10 habitantes de América Latina vivían en ciudades, lo que aumentó a ocho de cada 10 en el año 2010. Venezuela destaca como el país con mayor proporción de población viviendo en localidades urbanas, con alrededor de 94%. Este proceso tan contundente de redistribución territorial de la población tuvo en el éxodo masivo de los pobres del campo hacia las ciudades, con el fin de buscar más y mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad y salud, un factor fundamental. Las urbes crecieron de manera acelerada y con muy poca planificación, lo que significó un reto enorme para los gobiernos locales que vieron desbordadas sus capacidades para responder a las demandas de vivienda y servicios básicos de los nuevos residentes urbanos. Proliferaron así los asentamientos no controlados, irregulares o informales, y con ello el hábitat precario se instaló en las ciudades. El principal motor de la informalidad ha sido desde entonces la enorme brecha entre la necesidad de vivienda y la reducida oferta para satisfacerla, que tiene en la invasión de terrenos el primer paso hacia la auto-solución. Una medida de la informalidad en Venezuela la podemos obtener comparando el total de viviendas registradas en los últimos tres censos de población, con el número de viviendas construidas por el gobierno y el sector privado en el mismo período (1980-2001). En la década del ochenta 37% de las viviendas construidas las hizo la propia gente, proporción que aumentó a 67% en la década siguiente, es decir, de 10 viviendas construidas en la década de los noventa solo un poco más de tres, las hizo el sector formal (gobierno y sector privado). La calidad de la vivienda también es una variable clave de la precariedad urbana. De acuerdo con la Encuesta de Hogares por Muestreo (INE, 2007), 57,8% de las viviendas del país necesitan atención, es decir, deben mejorarse o sustituirse, al tiempo que 60% se localiza en zonas de barrios. Cabe resaltar que existen disparidades importantes de acuerdo con el tamaño de la localidad. Por ejemplo, en la Gran Caracas ocho de cada 10 hogares habita en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, situación que se presenta exactamente al revés en las localidades de menos de 10.000 habitantes. Por otro lado, la carencia de servicios urbanos básicos afecta directamente la calidad de vida de la población. La falta de agua potable o su mala calidad tiene repercusiones directas en la salud de los miembros de los hogares venezolanos, donde los niños y ancianos son los grupos más vulnerables. Para el año 2009, 93,7% de los hogares disponían de agua por tubería, por debajo de Costa Rica con 99,2% y Argentina 98,9% (Celade, 2009). La frecuencia del servicio marca una situación menos favorable, ya que solo 65,5% de las viviendas recibe agua todos los días (Iies, 2007). En cuanto a la eliminación de excretas, la cobertura alcanza a 75,5% de los hogares. Respecto a la recolección de desechos, se tiene que para el año 2008, a nivel nacional, 77% de los hogares tenía recolección directa de basura, lo que en el caso del Distrito Capital se reduce a 52%. Políticas necesarias En América Latina se han diseñado políticas públicas dirigidas tanto a reducir la informalidad en la producción del hábitat urbano, como a mejorarlo una vez que ya ha sido construido. Las intervenciones se han focalizado en integrar la vivienda a la política urbana, además de asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares de menores ingresos. Destacan las siguientes líneas de política: provisión de vivienda, mejoramiento del parque público deteriorado, mejoramiento de barrios consolidados y mejoramiento de barrios tugurizados (precarizados). El programa de mejoramiento de barrios persiguió el objetivo de conectar esas zonas precarias al resto de la ciudad, además de ofrecer una mirada integral de las carencias en el alojamiento, a través de la regularización de terrenos, de la provisión de servicios, del mejoramiento de la calidad del urbanismo, etcétera. Algunas de las experiencias dignas de mencionar en la región son el Promeba en Argentina, el Programa Hábitat en México y el Programa Mejoramiento de la Comunidad en Paraguay. Actualmente, los gobiernos locales están enfrentando el reto de llevar los servicios esenciales a los asentamientos no controlados, lo que representa un costo muy alto, tanto por la distancia que los separa del resto de la urbe (en algunos casos) como por la imposibilidad de recuperar estas inversiones, pues los hogares pobres nunca podrán cubrir las tarifas comerciales asociadas. La experiencia indica que la participación del sector privado en dicha tarea, bajo esquemas innovadores y en alianza con organizaciones civiles, puede arrojar resultados exitosos y sostenibles en el tiempo. Entorno Inteligente 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
Afinan esquema para usar el encaje en misión vivienda
Afinan esquema para usar el encaje en misión vivienda Con rebaja del encaje se liberan 10 mil millones de bolívares. El Gobierno avanza en el diseño del esquema que permitirá utilizar el dinero extra que aportará la banca para la construcción de viviendas. Después que las autoridades rebajaron en tres puntos porcentuales la porción de los depósitos que las entidades financieras deben inmovilizar a manera de reserva en el Banco Central de Venezuela, conocida técnicamente como encaje legal, ha surgido una masa de dinero que supone unos 10 mil millones de bolívares. Para que el dinero fluya progresivamente hacia el financiamiento de las viviendas que habrá que construir, el Gobierno contempla un esquema donde intervienen Pdvsa, Bandes, la banca privada y el Banco Central de Venezuela. Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos certificados que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco Central con el dinero que se libera tras la rebaja del encaje legal. Finalmente, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar donde se están almacenando los bolívares destinados para la construcción de las viviendas. Se contempla que los certificados tengan un plazo entre tres y cuatro años y reciban intereses entre 1% y 5% anual. Si alguna entidad financiera necesita liquidez está contemplado que pueda acudir a la taquilla del Banco Central y entregar los certificados a cambio de bolívares antes del vencimiento. Fuentes bancarias explican que aun no está claro si el dinero que se destinará a la construcción de viviendas a través de este mecanismo contará para el cumplimiento de los préstamos que obligatoriamente el sistema financiero tiene que destinar al sector hipotecario todos los años. El directorio del Banco Central, si no hay cambios en el esquema, deberá aprobarlo en el corto plazo. Aparte del dinero que provendrá por la vía del encaje los bancos están obligados a desembolsar este año y el próximo, para el sector hipotecario, el equivalente a 12% del total de créditos al cierre de 2010. Por esta vía los bancos desembolsarán 16 mil millones de bolívares entre este año y el próximo, precisándose que 12 mil 716 millones serán para el financiamiento de proyectos de construcción; 1 millón 362 mil 500 millones de bolívares para mejoras y ampliación de viviendas y un monto similar para la autoconstrucción. El Universal 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
Afinan esquema para usar el encaje en misión vivienda Con rebaja del encaje se liberan 10 mil millones de bolívares. El Gobierno avanza en el diseño del esquema que permitirá utilizar el dinero extra que aportará la banca para la construcción de viviendas. Después que las autoridades rebajaron en tres puntos porcentuales la porción de los depósitos que las entidades financieras deben inmovilizar a manera de reserva en el Banco Central de Venezuela, conocida técnicamente como encaje legal, ha surgido una masa de dinero que supone unos 10 mil millones de bolívares. Para que el dinero fluya progresivamente hacia el financiamiento de las viviendas que habrá que construir, el Gobierno contempla un esquema donde intervienen Pdvsa, Bandes, la banca privada y el Banco Central de Venezuela. Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos certificados que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco Central con el dinero que se libera tras la rebaja del encaje legal. Finalmente, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar donde se están almacenando los bolívares destinados para la construcción de las viviendas. Se contempla que los certificados tengan un plazo entre tres y cuatro años y reciban intereses entre 1% y 5% anual. Si alguna entidad financiera necesita liquidez está contemplado que pueda acudir a la taquilla del Banco Central y entregar los certificados a cambio de bolívares antes del vencimiento. Fuentes bancarias explican que aun no está claro si el dinero que se destinará a la construcción de viviendas a través de este mecanismo contará para el cumplimiento de los préstamos que obligatoriamente el sistema financiero tiene que destinar al sector hipotecario todos los años. El directorio del Banco Central, si no hay cambios en el esquema, deberá aprobarlo en el corto plazo. Aparte del dinero que provendrá por la vía del encaje los bancos están obligados a desembolsar este año y el próximo, para el sector hipotecario, el equivalente a 12% del total de créditos al cierre de 2010. Por esta vía los bancos desembolsarán 16 mil millones de bolívares entre este año y el próximo, precisándose que 12 mil 716 millones serán para el financiamiento de proyectos de construcción; 1 millón 362 mil 500 millones de bolívares para mejoras y ampliación de viviendas y un monto similar para la autoconstrucción. El Universal 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
Con rebaja del encaje se liberan 10 mil millones de bolívares.
El Gobierno avanza en el diseño del esquema que permitirá utilizar el dinero extra que aportará la banca para la construcción de viviendas.
Después que las autoridades rebajaron en tres puntos porcentuales la porción de los depósitos que las entidades financieras deben inmovilizar a manera de reserva en el Banco Central de Venezuela, conocida técnicamente como encaje legal, ha surgido una masa de dinero que supone unos 10 mil millones de bolívares.
Para que el dinero fluya progresivamente hacia el financiamiento de las viviendas que habrá que construir, el Gobierno contempla un esquema donde intervienen Pdvsa, Bandes, la banca privada y el Banco Central de Venezuela.
Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos certificados que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco Central con el dinero que se libera tras la rebaja del encaje legal.
Finalmente, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar donde se están almacenando los bolívares destinados para la construcción de las viviendas.
Se contempla que los certificados tengan un plazo entre tres y cuatro años y reciban intereses entre 1% y 5% anual.
Si alguna entidad financiera necesita liquidez está contemplado que pueda acudir a la taquilla del Banco Central y entregar los certificados a cambio de bolívares antes del vencimiento.
Fuentes bancarias explican que aun no está claro si el dinero que se destinará a la construcción de viviendas a través de este mecanismo contará para el cumplimiento de los préstamos que obligatoriamente el sistema financiero tiene que destinar al sector hipotecario todos los años.
El directorio del Banco Central, si no hay cambios en el esquema, deberá aprobarlo en el corto plazo.
Aparte del dinero que provendrá por la vía del encaje los bancos están obligados a desembolsar este año y el próximo, para el sector hipotecario, el equivalente a 12% del total de créditos al cierre de 2010.
Por esta vía los bancos desembolsarán 16 mil millones de bolívares entre este año y el próximo, precisándose que 12 mil 716 millones serán para el financiamiento de proyectos de construcción; 1 millón 362 mil 500 millones de bolívares para mejoras y ampliación de viviendas y un monto similar para la autoconstrucción.
El Universal
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Caracas tendrá una nueva guía arquitectónica financiada por la Junta de
Caracas tendrá una nueva guía arquitectónica financiada por la Junta de
Andalucía
La capital venezolana contará en el plazo de un año con una nueva guía
arquitectónica, financiada por la cooperación de la Junta de Andalucía (España)
y elaborada con participación de técnicos venezolanos, que servirá para valorar
y difundir el patrimonio de Caracas.
"La guía no va a ser un trabajo, va a ser una felicidad", aseguró el coordinador
del proyecto, Pedro García del Barrio, durante el acto de presentación en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), donde trabaja el equipo de quince personas que dará forma a la guía.
El proyecto, que será también un primer paso para identificar las zonas que se
pueden mejorar urbanísticamente, forma parte de una serie de guías que la
cooperación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía promueve en Latinoamérica y el Magreb y que cuenta ya con 25
publicaciones.
García del Barrio, un arquitecto español con más de 20 años dedicados a
proyectos de cooperación, dijo a Efe que el proyecto cuenta con una financiación
de 60.000 euros para este año y servirá para hacer un "diagnóstico"
arquitectónico de una ciudad "maravillosa y maltratada", como definió a la
capital venezolana.
El objetivo final es "localizar otros elementos de intervención de mejora
urbana" en los que se pueda implicar la cooperación de la Consejería andaluza de
Obras Públicas porque, dijo García del Barrio, "la Junta de Andalucía cuando
llega se queda".
Para Iván González, arquitecto venezolano y uno de los coordinadores del equipo
de trabajo de la UCV, la publicación "va a mostrar lo que hay y el camino futuro
que guía el desarrollo de la ciudad".
El acto de presentación de la guía también contó con la asistencia de
representantes de la Embajada española en Venezuela y con el decano de la
facultad, Guillermo Barrios, que celebró el "advenimiento" de esta nueva
publicación.
Barrios destacó la participación de venezolanos en el proyecto porque, hasta
ahora, lamentó, Caracas ha sido "fundamentalmente contada por los viajeros".
european pressphoto agency
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Andalucía
La capital venezolana contará en el plazo de un año con una nueva guía
arquitectónica, financiada por la cooperación de la Junta de Andalucía (España)
y elaborada con participación de técnicos venezolanos, que servirá para valorar
y difundir el patrimonio de Caracas.
"La guía no va a ser un trabajo, va a ser una felicidad", aseguró el coordinador
del proyecto, Pedro García del Barrio, durante el acto de presentación en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), donde trabaja el equipo de quince personas que dará forma a la guía.
El proyecto, que será también un primer paso para identificar las zonas que se
pueden mejorar urbanísticamente, forma parte de una serie de guías que la
cooperación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía promueve en Latinoamérica y el Magreb y que cuenta ya con 25
publicaciones.
García del Barrio, un arquitecto español con más de 20 años dedicados a
proyectos de cooperación, dijo a Efe que el proyecto cuenta con una financiación
de 60.000 euros para este año y servirá para hacer un "diagnóstico"
arquitectónico de una ciudad "maravillosa y maltratada", como definió a la
capital venezolana.
El objetivo final es "localizar otros elementos de intervención de mejora
urbana" en los que se pueda implicar la cooperación de la Consejería andaluza de
Obras Públicas porque, dijo García del Barrio, "la Junta de Andalucía cuando
llega se queda".
Para Iván González, arquitecto venezolano y uno de los coordinadores del equipo
de trabajo de la UCV, la publicación "va a mostrar lo que hay y el camino futuro
que guía el desarrollo de la ciudad".
El acto de presentación de la guía también contó con la asistencia de
representantes de la Embajada española en Venezuela y con el decano de la
facultad, Guillermo Barrios, que celebró el "advenimiento" de esta nueva
publicación.
Barrios destacó la participación de venezolanos en el proyecto porque, hasta
ahora, lamentó, Caracas ha sido "fundamentalmente contada por los viajeros".
european pressphoto agency
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Tiempo y vivienda
Tiempo y vivienda
No basta tener dinero para producir viviendas. El tiempo es un recurso indispensable. Tiempo para planificar, tiempo para urbanizar tierras, tiempo para construir. La vivienda es un producto que requiere su articulación con el tejido de la ciudad, y la forma y el lugar donde se emplace tienen consecuencias duraderas.
La forma epiléptica con la cual el gobierno ha abordado el problema de la vivienda conspira contra sus propósitos. Después de haber insistido un tiempo atrás en que no se trata sólo de viviendas sino de vivienda y hábitat, es decir, que es la vivienda y su entorno, sus servicios, sus equipamientos, ahora se deja de lado la estructura urbana donde la vivienda se ubica, para atender la producción de esta última como un bien aislado.
Peor aún, ubicada en cualquier parte, con tal de asignársela a alguien que agradezca los favores recibidos.
Se ignora la complejidad y complementariedad de las funciones urbanas. Se deja de lado la pertinencia y utilidad de los planes de ordenación. Cuando se expropia, por ejemplo, un estacionamiento, una zona industrial o un terreno donde se iba a construir un terminal de pasajeros o un centro comunal para colocar allí edificaciones residenciales, queda sin respuesta cómo se van a atender estas actividades que también forman parte del funcionamiento de la ciudad. No se trata de escoger entre carros y viviendas, como de manera falaz ha planteado el Presidente. El detalle es que la ciudad no sólo es vivienda, es vivienda, vehículos, edificaciones industriales, comerciales, de servicios; también son vías, redes, etc., sin las cuales no hay ciudad sino un campamento precario.
Se ignora también la complejidad de la propia producción habitacional. El conjunto de actores, insumos y actividades que deben concurrir para hacerla posible, la secuencia que hay que seguir para que se concrete. Cuando se sale a buscar en el exterior la capacidad de producción de viviendas, que existe en nuestro país, como quien sale de compras al supermercado, se olvida que una de las partes más complejas es la habilitación y urbanización de tierras, no sea que les pase nuevamente lo que a uno de los innumerables ministros de vivienda que ha tenido este gobierno, que hace unos años declaró como un triunfo: "llegaron las casas uruguayas, lo único que falta es acondicionar los terrenos". Y después de tener tierras aptas para la construcción, dotadas de los servicios, empieza la labor de levantar las viviendas. Todo eso requiere tiempo, y ningún voluntarismo, así sea con buenas intenciones, lo puede ignorar.
La atención del problema habitacional es una prioridad nacional. Ello requiere concertación y planificación.
Seguramente en los próximos meses tendremos un número algo mayor de viviendas, lo cual es bienvenido. Pero lo que no se ha hecho en doce años, no se puede pretender hacerlo en unos meses. Mucho menos en un área que requiere de articular muchas decisiones para no afectar la calidad de vida de nuestras ciudades. El tiempo perdido no se puede recuperar, pero sí evitar reincidir en los errores.
Lamentablemente los apuros electorales de nuestro gobernante pretenden ignorar la implacable realidad de los requerimientos productivos y las complejidades de la vida urbana, tal vez porque percibe que se le acaba su tiempo.
TalCual
10-06-2011
http://bit.ly/iwRhzR
No basta tener dinero para producir viviendas. El tiempo es un recurso indispensable. Tiempo para planificar, tiempo para urbanizar tierras, tiempo para construir. La vivienda es un producto que requiere su articulación con el tejido de la ciudad, y la forma y el lugar donde se emplace tienen consecuencias duraderas.
La forma epiléptica con la cual el gobierno ha abordado el problema de la vivienda conspira contra sus propósitos. Después de haber insistido un tiempo atrás en que no se trata sólo de viviendas sino de vivienda y hábitat, es decir, que es la vivienda y su entorno, sus servicios, sus equipamientos, ahora se deja de lado la estructura urbana donde la vivienda se ubica, para atender la producción de esta última como un bien aislado.
Peor aún, ubicada en cualquier parte, con tal de asignársela a alguien que agradezca los favores recibidos.
Se ignora la complejidad y complementariedad de las funciones urbanas. Se deja de lado la pertinencia y utilidad de los planes de ordenación. Cuando se expropia, por ejemplo, un estacionamiento, una zona industrial o un terreno donde se iba a construir un terminal de pasajeros o un centro comunal para colocar allí edificaciones residenciales, queda sin respuesta cómo se van a atender estas actividades que también forman parte del funcionamiento de la ciudad. No se trata de escoger entre carros y viviendas, como de manera falaz ha planteado el Presidente. El detalle es que la ciudad no sólo es vivienda, es vivienda, vehículos, edificaciones industriales, comerciales, de servicios; también son vías, redes, etc., sin las cuales no hay ciudad sino un campamento precario.
Se ignora también la complejidad de la propia producción habitacional. El conjunto de actores, insumos y actividades que deben concurrir para hacerla posible, la secuencia que hay que seguir para que se concrete. Cuando se sale a buscar en el exterior la capacidad de producción de viviendas, que existe en nuestro país, como quien sale de compras al supermercado, se olvida que una de las partes más complejas es la habilitación y urbanización de tierras, no sea que les pase nuevamente lo que a uno de los innumerables ministros de vivienda que ha tenido este gobierno, que hace unos años declaró como un triunfo: "llegaron las casas uruguayas, lo único que falta es acondicionar los terrenos". Y después de tener tierras aptas para la construcción, dotadas de los servicios, empieza la labor de levantar las viviendas. Todo eso requiere tiempo, y ningún voluntarismo, así sea con buenas intenciones, lo puede ignorar.
La atención del problema habitacional es una prioridad nacional. Ello requiere concertación y planificación.
Seguramente en los próximos meses tendremos un número algo mayor de viviendas, lo cual es bienvenido. Pero lo que no se ha hecho en doce años, no se puede pretender hacerlo en unos meses. Mucho menos en un área que requiere de articular muchas decisiones para no afectar la calidad de vida de nuestras ciudades. El tiempo perdido no se puede recuperar, pero sí evitar reincidir en los errores.
Lamentablemente los apuros electorales de nuestro gobernante pretenden ignorar la implacable realidad de los requerimientos productivos y las complejidades de la vida urbana, tal vez porque percibe que se le acaba su tiempo.
TalCual
10-06-2011
http://bit.ly/iwRhzR
Suscribirse a:
Entradas (Atom)