De acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), el mundo es, desde el año 2008, más urbano que rural. Aunque nos parezca natural que los habitantes urbanos sean mayoría, es importante advertir que no siempre fue así. Para los años cincuenta del siglo pasado solo cuatro de cada 10 habitantes de América Latina vivían en ciudades, lo que aumentó a ocho de cada 10 en el año 2010. Venezuela destaca como el país con mayor proporción de población viviendo en localidades urbanas, con alrededor de 94%.
Este proceso tan contundente de redistribución territorial de la población tuvo en el éxodo masivo de los pobres del campo hacia las ciudades, con el fin de buscar más y mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad y salud, un factor fundamental. Las urbes crecieron de manera acelerada y con muy poca planificación, lo que significó un reto enorme para los gobiernos locales que vieron desbordadas sus capacidades para responder a las demandas de vivienda y servicios básicos de los nuevos residentes urbanos.
Proliferaron así los asentamientos no controlados, irregulares o informales, y con ello el hábitat precario se instaló en las ciudades. El principal motor de la informalidad ha sido desde entonces la enorme brecha entre la necesidad de vivienda y la reducida oferta para satisfacerla, que tiene en la invasión de terrenos el primer paso hacia la auto-solución. Una medida de la informalidad en Venezuela la podemos obtener comparando el total de viviendas registradas en los últimos tres censos de población, con el número de viviendas construidas por el gobierno y el sector privado en el mismo período (1980-2001).
En la década del ochenta 37% de las viviendas construidas las hizo la propia gente, proporción que aumentó a 67% en la década siguiente, es decir, de 10 viviendas construidas en la década de los noventa solo un poco más de tres, las hizo el sector formal (gobierno y sector privado).
La calidad de la vivienda también es una variable clave de la precariedad urbana. De acuerdo con la Encuesta de Hogares por Muestreo (INE, 2007), 57,8% de las viviendas del país necesitan atención, es decir, deben mejorarse o sustituirse, al tiempo que 60% se localiza en zonas de barrios. Cabe resaltar que existen disparidades importantes de acuerdo con el tamaño de la localidad. Por ejemplo, en la Gran Caracas ocho de cada 10 hogares habita en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, situación que se presenta exactamente al revés en las localidades de menos de 10.000 habitantes.
Por otro lado, la carencia de servicios urbanos básicos afecta directamente la calidad de vida de la población. La falta de agua potable o su mala calidad tiene repercusiones directas en la salud de los miembros de los hogares venezolanos, donde los niños y ancianos son los grupos más vulnerables. Para el año 2009, 93,7% de los hogares disponían de agua por tubería, por debajo de Costa Rica con 99,2% y Argentina 98,9% (Celade, 2009). La frecuencia del servicio marca una situación menos favorable, ya que solo 65,5% de las viviendas recibe agua todos los días (Iies, 2007).
En cuanto a la eliminación de excretas, la cobertura alcanza a 75,5% de los hogares. Respecto a la recolección de desechos, se tiene que para el año 2008, a nivel nacional, 77% de los hogares tenía recolección directa de basura, lo que en el caso del Distrito Capital se reduce a 52%.
Políticas necesarias
En América Latina se han diseñado políticas públicas dirigidas tanto a reducir la informalidad en la producción del hábitat urbano, como a mejorarlo una vez que ya ha sido construido. Las intervenciones se han focalizado en integrar la vivienda a la política urbana, además de asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares de menores ingresos.
Destacan las siguientes líneas de política: provisión de vivienda, mejoramiento del parque público deteriorado, mejoramiento de barrios consolidados y mejoramiento de barrios tugurizados (precarizados).
El programa de mejoramiento de barrios persiguió el objetivo de conectar esas zonas precarias al resto de la ciudad, además de ofrecer una mirada integral de las carencias en el alojamiento, a través de la regularización de terrenos, de la provisión de servicios, del mejoramiento de la calidad del urbanismo, etcétera.
Algunas de las experiencias dignas de mencionar en la región son el Promeba en Argentina, el Programa Hábitat en México y el Programa Mejoramiento de la Comunidad en Paraguay.
Actualmente, los gobiernos locales están enfrentando el reto de llevar los servicios esenciales a los asentamientos no controlados, lo que representa un costo muy alto, tanto por la distancia que los separa del resto de la urbe (en algunos casos) como por la imposibilidad de recuperar estas inversiones, pues los hogares pobres nunca podrán cubrir las tarifas comerciales asociadas.
La experiencia indica que la participación del sector privado en dicha tarea, bajo esquemas innovadores y en alianza con organizaciones civiles, puede arrojar resultados exitosos y sostenibles en el tiempo.
Entorno Inteligente
10-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
Precariedad de la vivienda urbana en Venezuela De acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), el mundo es, desde el año 2008, más urbano que rural. Aunque nos parezca natural que los habitantes urbanos sean mayoría, es importante advertir que no siempre fue así. Para los años cincuenta del siglo pasado solo cuatro de cada 10 habitantes de América Latina vivían en ciudades, lo que aumentó a ocho de cada 10 en el año 2010. Venezuela destaca como el país con mayor proporción de población viviendo en localidades urbanas, con alrededor de 94%. Este proceso tan contundente de redistribución territorial de la población tuvo en el éxodo masivo de los pobres del campo hacia las ciudades, con el fin de buscar más y mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad y salud, un factor fundamental. Las urbes crecieron de manera acelerada y con muy poca planificación, lo que significó un reto enorme para los gobiernos locales que vieron desbordadas sus capacidades para responder a las demandas de vivienda y servicios básicos de los nuevos residentes urbanos. Proliferaron así los asentamientos no controlados, irregulares o informales, y con ello el hábitat precario se instaló en las ciudades. El principal motor de la informalidad ha sido desde entonces la enorme brecha entre la necesidad de vivienda y la reducida oferta para satisfacerla, que tiene en la invasión de terrenos el primer paso hacia la auto-solución. Una medida de la informalidad en Venezuela la podemos obtener comparando el total de viviendas registradas en los últimos tres censos de población, con el número de viviendas construidas por el gobierno y el sector privado en el mismo período (1980-2001). En la década del ochenta 37% de las viviendas construidas las hizo la propia gente, proporción que aumentó a 67% en la década siguiente, es decir, de 10 viviendas construidas en la década de los noventa solo un poco más de tres, las hizo el sector formal (gobierno y sector privado). La calidad de la vivienda también es una variable clave de la precariedad urbana. De acuerdo con la Encuesta de Hogares por Muestreo (INE, 2007), 57,8% de las viviendas del país necesitan atención, es decir, deben mejorarse o sustituirse, al tiempo que 60% se localiza en zonas de barrios. Cabe resaltar que existen disparidades importantes de acuerdo con el tamaño de la localidad. Por ejemplo, en la Gran Caracas ocho de cada 10 hogares habita en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, situación que se presenta exactamente al revés en las localidades de menos de 10.000 habitantes. Por otro lado, la carencia de servicios urbanos básicos afecta directamente la calidad de vida de la población. La falta de agua potable o su mala calidad tiene repercusiones directas en la salud de los miembros de los hogares venezolanos, donde los niños y ancianos son los grupos más vulnerables. Para el año 2009, 93,7% de los hogares disponían de agua por tubería, por debajo de Costa Rica con 99,2% y Argentina 98,9% (Celade, 2009). La frecuencia del servicio marca una situación menos favorable, ya que solo 65,5% de las viviendas recibe agua todos los días (Iies, 2007). En cuanto a la eliminación de excretas, la cobertura alcanza a 75,5% de los hogares. Respecto a la recolección de desechos, se tiene que para el año 2008, a nivel nacional, 77% de los hogares tenía recolección directa de basura, lo que en el caso del Distrito Capital se reduce a 52%. Políticas necesarias En América Latina se han diseñado políticas públicas dirigidas tanto a reducir la informalidad en la producción del hábitat urbano, como a mejorarlo una vez que ya ha sido construido. Las intervenciones se han focalizado en integrar la vivienda a la política urbana, además de asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares de menores ingresos. Destacan las siguientes líneas de política: provisión de vivienda, mejoramiento del parque público deteriorado, mejoramiento de barrios consolidados y mejoramiento de barrios tugurizados (precarizados). El programa de mejoramiento de barrios persiguió el objetivo de conectar esas zonas precarias al resto de la ciudad, además de ofrecer una mirada integral de las carencias en el alojamiento, a través de la regularización de terrenos, de la provisión de servicios, del mejoramiento de la calidad del urbanismo, etcétera. Algunas de las experiencias dignas de mencionar en la región son el Promeba en Argentina, el Programa Hábitat en México y el Programa Mejoramiento de la Comunidad en Paraguay. Actualmente, los gobiernos locales están enfrentando el reto de llevar los servicios esenciales a los asentamientos no controlados, lo que representa un costo muy alto, tanto por la distancia que los separa del resto de la urbe (en algunos casos) como por la imposibilidad de recuperar estas inversiones, pues los hogares pobres nunca podrán cubrir las tarifas comerciales asociadas. La experiencia indica que la participación del sector privado en dicha tarea, bajo esquemas innovadores y en alianza con organizaciones civiles, puede arrojar resultados exitosos y sostenibles en el tiempo. Entorno Inteligente 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
Precariedad de la vivienda urbana en Venezuela De acuerdo con las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), el mundo es, desde el año 2008, más urbano que rural. Aunque nos parezca natural que los habitantes urbanos sean mayoría, es importante advertir que no siempre fue así. Para los años cincuenta del siglo pasado solo cuatro de cada 10 habitantes de América Latina vivían en ciudades, lo que aumentó a ocho de cada 10 en el año 2010. Venezuela destaca como el país con mayor proporción de población viviendo en localidades urbanas, con alrededor de 94%. Este proceso tan contundente de redistribución territorial de la población tuvo en el éxodo masivo de los pobres del campo hacia las ciudades, con el fin de buscar más y mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad y salud, un factor fundamental. Las urbes crecieron de manera acelerada y con muy poca planificación, lo que significó un reto enorme para los gobiernos locales que vieron desbordadas sus capacidades para responder a las demandas de vivienda y servicios básicos de los nuevos residentes urbanos. Proliferaron así los asentamientos no controlados, irregulares o informales, y con ello el hábitat precario se instaló en las ciudades. El principal motor de la informalidad ha sido desde entonces la enorme brecha entre la necesidad de vivienda y la reducida oferta para satisfacerla, que tiene en la invasión de terrenos el primer paso hacia la auto-solución. Una medida de la informalidad en Venezuela la podemos obtener comparando el total de viviendas registradas en los últimos tres censos de población, con el número de viviendas construidas por el gobierno y el sector privado en el mismo período (1980-2001). En la década del ochenta 37% de las viviendas construidas las hizo la propia gente, proporción que aumentó a 67% en la década siguiente, es decir, de 10 viviendas construidas en la década de los noventa solo un poco más de tres, las hizo el sector formal (gobierno y sector privado). La calidad de la vivienda también es una variable clave de la precariedad urbana. De acuerdo con la Encuesta de Hogares por Muestreo (INE, 2007), 57,8% de las viviendas del país necesitan atención, es decir, deben mejorarse o sustituirse, al tiempo que 60% se localiza en zonas de barrios. Cabe resaltar que existen disparidades importantes de acuerdo con el tamaño de la localidad. Por ejemplo, en la Gran Caracas ocho de cada 10 hogares habita en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, situación que se presenta exactamente al revés en las localidades de menos de 10.000 habitantes. Por otro lado, la carencia de servicios urbanos básicos afecta directamente la calidad de vida de la población. La falta de agua potable o su mala calidad tiene repercusiones directas en la salud de los miembros de los hogares venezolanos, donde los niños y ancianos son los grupos más vulnerables. Para el año 2009, 93,7% de los hogares disponían de agua por tubería, por debajo de Costa Rica con 99,2% y Argentina 98,9% (Celade, 2009). La frecuencia del servicio marca una situación menos favorable, ya que solo 65,5% de las viviendas recibe agua todos los días (Iies, 2007). En cuanto a la eliminación de excretas, la cobertura alcanza a 75,5% de los hogares. Respecto a la recolección de desechos, se tiene que para el año 2008, a nivel nacional, 77% de los hogares tenía recolección directa de basura, lo que en el caso del Distrito Capital se reduce a 52%. Políticas necesarias En América Latina se han diseñado políticas públicas dirigidas tanto a reducir la informalidad en la producción del hábitat urbano, como a mejorarlo una vez que ya ha sido construido. Las intervenciones se han focalizado en integrar la vivienda a la política urbana, además de asegurar un financiamiento viable y sostenible para los hogares de menores ingresos. Destacan las siguientes líneas de política: provisión de vivienda, mejoramiento del parque público deteriorado, mejoramiento de barrios consolidados y mejoramiento de barrios tugurizados (precarizados). El programa de mejoramiento de barrios persiguió el objetivo de conectar esas zonas precarias al resto de la ciudad, además de ofrecer una mirada integral de las carencias en el alojamiento, a través de la regularización de terrenos, de la provisión de servicios, del mejoramiento de la calidad del urbanismo, etcétera. Algunas de las experiencias dignas de mencionar en la región son el Promeba en Argentina, el Programa Hábitat en México y el Programa Mejoramiento de la Comunidad en Paraguay. Actualmente, los gobiernos locales están enfrentando el reto de llevar los servicios esenciales a los asentamientos no controlados, lo que representa un costo muy alto, tanto por la distancia que los separa del resto de la urbe (en algunos casos) como por la imposibilidad de recuperar estas inversiones, pues los hogares pobres nunca podrán cubrir las tarifas comerciales asociadas. La experiencia indica que la participación del sector privado en dicha tarea, bajo esquemas innovadores y en alianza con organizaciones civiles, puede arrojar resultados exitosos y sostenibles en el tiempo. Entorno Inteligente 10-06-2011 Recopilado por: Lic. Henry Medina Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones 04166220453 twitter: @Henry_Medina PIN 31E5A7B4 |
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