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Ramírez afirma que ese tema será "de los más seguros".
El presidente Nicolás Maduro, disponiendo de los poderes especiales dados por la Asamblea Nacional para que legisle, abordará los precios de las viviendas dentro del paquete de leyes de la Habilitante, según lo expresado por el vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez.
De acuerdo con Ramírez, quien también es presidente del Órgano Superior de Vivienda, dentro de las leyes que se dictarán "una de las más seguras" será la que norme los precios de las viviendas. No precisó si se incluirá dentro de la ley que aborde los costos, ganancias y precios, o si habrá una ley especial para la materia.
La semana pasada el propio Ramírez manifestó que "los precios actuales de las viviendas no se justifican y vamos a actuar de manera contundente contra eso", por lo que había adelantado que "en el marco de la Habilitante vamos a preparar un conjunto de leyes para defender a la economía y al pueblo".
El martes, tras recibir la Ley Habilitante, el presidente Maduro informó que con las primeras normas se perseguirá "proteger las garantías y libertades económicas del pueblo y establecer los mecanismos de los costos, ganancias y establecimientos de precios de todos los rubros en una economía productiva".
etovar@eluniversal.com
El Universal
21-11-2013
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El Ejecutivo ha señalado que todos los sectores productivos serán fiscalizados para “bajar” los preciosFotos William Urdaneta
Un cartel de multa del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) en la fachada de Materiales de Construcción Mochima es una de las muestras de que las inspecciones oficiales en la lucha contra la especulación llegaron al ramo y, en el caso de esta empresa privada, implicó una multa de 100 unidades tributarias, equivalentes a 10 mil 700 bolívares.
Como ocurrió en el sector comercializador de línea blanca y en algunos comercios de vestido y calzado, la empresa de materiales de construcción tuvo que bajar los precios de sus productos en un 30% en promedio.
Omar Sánchez, gerente de Mochima, explicó que el Gobierno hizo la inspección la semana pasada “y estamos acatando las órdenes del Estado para apoyar al pueblo”. Sostuvo que el ajuste promedia el 30%, aunque varía de un renglón a otro con bajas más acentuadas en algunos casos. “Veo bien las inspecciones, el pueblo merece que se le apoye”, añadió.
En el área de porcelanatos, por ejemplo, los ajustes de precios no aparecen reflejados aún en las etiquetas de precios, pues aún se están estimando. A “precio viejo” la pieza más económica se ubica en Bs. 1.057,12.
El gerente general de la empresa, Pedro Sánchez, indicó que los ajustes se hicieron de tal modo que el margen de ganancia para la empresa se ubicó entre 25 y 30% dependiendo del producto.
Aclaró que la empresa no importa directamente, sino que adquiere la mayoría de los rubros a través de distribuidores nacionales. “No somos importadores, todo lo compramos a los mayoristas y a lo largo del año han aumentado los precios en un 60%, nosotros hemos subido los precios en la misma medida”, dijo.
Los empresarios desconocen aún si seguirán inyectando recursos al negocio y reponiendo inventarios. “No hemos analizado los próximos pasos, si repondremos o no inventarios”, dijo Omar Sánchez, al señalar que requieren reglas claras para mantener la inversión.
Mayoristas en la mira
De la inspección en Materiales de Construcción Mochima, coincidieron sus directivos, se desprendió la necesidad de fiscalizar a los distribuidores nacionales, muchos de los cuales sí reciben divisas oficiales para importar los rubros para la edificación de viviendas.
“El que más barato vendía lo hacía con 600% de sobreprecio”, dijo el gerente general, mientras que el otro vocero apuntó que el mismo día de la inspección llegó mercancía importada en la que se constataron variaciones de hasta 1.127% en los precios.
Bajas aún sin visita oficial
En Porcevilla, también en la parroquia Unare, un empleado que prefirió no identificarse comentó que la empresa hizo descuentos en algunos productos, pero hasta la fecha no han recibido la visita oficial de los entes gubernamentales agrupados en el Órgano de Defensa de la Economía.
Hace un par de semanas, en el establecimiento ofertaban recubrimientos como porcelanato, pero el material se agotó. Un insumo similar se comercializa en Bs. 946,40 el metro cuadrado, mientras que las cerámicas se consiguen desde Bs. 506,36 el metro cuadrado.
Las pocetas Vencerámica se ubican desde Bs. 5.654, mientras que las marca Corona cuestan alrededor de Bs. 10 mil.
Materiales han subido 67,3% en un año
Los precios de los materiales de la construcción variaron 9,4% en octubre y acumulan una inflación de 67,3% en los últimos 12 meses, de acuerdo con el Índice de Precios a Nivel de Mayorista de Insumos y Maquinaria y Equipos de la Construcción del Banco Central de Venezuela (BCV).
La categoría con mayor inflación tanto en el décimo mes del año, como en los últimos 12 meses, fue la de materiales de plomería que incluye piezas como sifón, tubos de hierro, tees, yees, codo, tubos PVC, tapón con registro y reductores hidroneumáticos. Estos materiales han repuntado 144,5% en un año.
Los recubrimientos para pisos, paredes y techos, buena parte de estos de origen importado, registran una inflación de 136,5% entre octubre de 2012 y el mismo mes de este año; mientras que los precios de los sistemas hidroneumáticos han variado 117,1% en el mismo período.
Los productos de concreto y los productos de arcilla han subido 86,5 y 71%, respectivamente, en los últimos 12 meses, lo que implica aumentos notables en los precios de las edificaciones.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
20-11-2013
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García Plaza desde la constructora Sambil
El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía García Plaza mostró las supuestas irregularidades en el arrendamiento de locales del centro Sambil de Barquisimeto
ANDREINA CESPEDES
El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, Hebert García Plaza, planteó desde la constructora Sambil en Barquisimeto, estado Lara, que es necesario una revisión a ley de arredamiento de comercios.
García Plaza mostró las supuestas irregularidades en el arrendamiento de locales del centro Sambil, el cual aseguró incrementó los precios 600% desde 2011.
"El banco Federal pagaba 11.708 bolívares en 2011. Cuando (el local) lo va a recibir el banco de Venezuela el canon de arrendamiento que le querían aplicar es 68.425.000 bolívares ¿tomando como referencia que patrón?. No existe un patrón que indique que le aumenten 600% al canon de arrendamiento", denunció. Añadió que en el año siguiente el precio establecido por el alquiler fue de 94 mil bolívares, sin incluir el costo del condominio.
El ministro expresó que la inflación repercute en el aumento del condominio pero no en el arrendamiento del local y que la inspección se efectuó debido a las denuncias realizadas por los comerciantes.
"La claúsula 23 del contrato dice que si el local que esta funcionando tiene una formula de productos alimenticios, la propiedad intelectual ya no es de quien la creo sino de la constructora sambil, quien la arrenda. Es decir, si Cantv viniera a vender los vergatarios con una teconologia hecha en Venezuela ellos pretenderían que ese conocimiento quedara en propiedad de la constructora. ¡Tremenda desviación de un contrato de arrendamiento!".
Por su parte, el vicepresidente, Jorge Arreaza, afirmó que estudiarán los canones de arrendamiento y una de las primeras leyes que presentarán en los próximos días estará destinada a registrar pequeños y medianos comerciantes. "¿Por qué queremos hacer esto? para protegerlos, le hacemos un llamado a que se registren y puedan decirnos si es el proveedor el que les infla los precios" dijo.
Arreaza se dirigió a los empleados y señaló que si hay algo asegurado es el derecho al trabajo de cada uno de ellos.
Informó que actualmente han sido privados de libertad seis dueños de empresas como Preco. "No queremos andar en el país arremetiendo contra alguien pero cuando hay usura en máximo nivel, remarcaje, doble marcaje la ley tiene que caer en todo su peso".
El Nacional
20-11-2013
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María Eugenia Bastardo
Clemente Tenias, presidente de la Cámara Inmobiliaria
El presidente de la Cámara Inmobiliaria en el estado Bolívar, Clemente Tenias, fijó posición acerca de la situación que vive el país sobre la baja de precios impuesta por el mandatario nacional Nicolás Maduro.
En primer lugar aclara que las inmobiliarias no son las encargadas de fijar los precios de los inmuebles. “El precio en el mercado primario, que son los edificios nuevos, lo fijan los promotores o los que construyen; y en el mercado secundario, que es mercado de las casas usadas, lo pone el dueño, no nosotros”.
Afirma que ellos como agentes lo que hacen es revender al precio impuesto por el propietario.
En segundo lugar, explica que no aceptan la venta de los inmuebles en dólares “no avalamos la venta en dólares, porque eso distorsiona el mercado”. Afirma que no pueden abstraerse a ese paralelismo monetario, aunque lo hacen las personas, pero siempre se trabaja en bolívares fuertes.
Sin ayuda de los bancos
Tenias sostuvo que existe poca oferta de venta y alquiler de casas, por el miedo a las leyes que ha establecido el Gobierno y por la escasez de materiales de construcción.
“Todo esto viene porque el Gobierno asumió ese control de cabillas e insumos y a raíz de todo esto se produce menos”. Así también expresa que el Gobierno no ha regulado los precios porque en el mercado una cabilla o cemento están a un precio más elevado del normal o no se consiguen, cosa que encarece la construcción.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria asegura que desde hace 15 años no se hacen urbanismos en la ciudad ni macro servicios (agua, electricidad) “simplemente invasiones desordenadas”.
Otro de los aspectos que afecta al mercado inmobiliario es el crédito bancario ya que los bancos tardan en dar respuestas a los solicitantes. “Tardan para aprobarlo y son créditos muy bajitos que no alcanzan para la compra de una propiedad, a veces tardan hasta cuatro meses y no sirve porque tenemos una inflación mensual de cinco puntos”, razona Tenias.
Correo del Caroní
21-11-2013
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Escrito por P. S.
La industria de la construcción, que como ocurre en todas partes del mundo genera empleo y progreso, se encuentra prácticamente paralizada en el estado Lara.
Pedro Peña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, dijo que es preocupante lo que está ocurriendo, porque todos los proyectos importantes de esta entidad se encuentran suspendidos.
Esta situación ha sido generada por la falta de materiales, especialmente la cabilla y el cemento, que como ya se ha publicado en ediciones anteriores de EL IMPULSO, es difícil de conseguir y cuando se adquieren tienen precios diez veces por encima de los establecidos por el propio Ejecutivo Nacional.
Lo más grave es que esos insumos son obtenidos en el mercado negro, porque en los establecimientos tradicionales no llegan”, manifestó Peña, quien coincide con el ex presidente de la Cámara de la Construcción del estado Lara, ingeniero Omar Montero.
Yacambú-Quíbor paralizado y sin continuación otras obras
Solamente la llamada Gran Misión Vivienda es la que puede contar con cabilla y cemento para la construcción de la urbanización Aves de Yucatán, en la vía Barquisimeto-Duaca, donde se levantan 4.032 apartamentos, cuyas estructuras han sido terminadas y quedan por concluir los trabajos de frisado y pintura. Es posible que estén listos para mediados del año próximo.
Pero, en lo que respecta a los trabajos de rehabilitación de una de las torres de El Sisal en las inmediaciones del obelisco de Barquisimeto y la urbanización Bicentenaria, cerca de Makro, compuesta de torres de cuatro pisos, para un total de 64 apartamentos, se encuentran paralizados
No es distinto lo que ocurre en lo que se conocía como Rancho 5-A, en la vía El Ujano y en el sector Los Jabillos, de Patarata, donde retiraron a los trabajadores.
En la misma situación se encuentra una obra de la Gran Misión Vivienda en Carora; pero, se trata de un programa de autoconstrucción, en la cual participan la misma gente a la cual se le van a adjudicar las viviendas. Como fue inaugurada la nueva cárcel de Uribana, disminuyó la nómina de trabajadores para terminar lo que falta.
Y la obra más importante, el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, quedó paralizado hace casi cuatro meses y quedaron cesantes 340 trabajadores.
Para el mes de octubre, el Sindicato tenía 11 mil afiliados; pero, como las actividades han venido mermando, se ha reducido el número de trabajadores y hoy apenas hay unos cuatro mil que a duras penas subsisten realizando alguno que otro trabajo.
Lo que está pasando es muy triste, ya que serán miles de hogares donde los niños no tendrán el tradicional regalo del niño Jesús.
La situación en el sector privado
Pedro Peña dio a conocer que en el sector privado hay 15 proyectos paralizados.
El otro problema que se ha venido presentando es que donde existen planes de construcción por parte de empresarios, los colectivos han ocupado los terrenos, tal como ocurrió en la avenida Libertador con la calle 30, donde antes existió la Cordelería. Ahí existía el proyecto de un centro para vendedores populares, el cual quedó paralizado porque mediante una decisión tomada por la alcaldía y la Gran Misión Vivienda no dejaron que se hiciera nada. Igualmente ha pasado en la avenida Venezuela, frente al Sambil, donde se proyectaba construir unas torres de apartamentos para la clase media. Es así como el gobierno no construye, ni deja que otros lo hagan.
El Impulso
21-11-2013
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El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, Hebert García Plaza, planteó desde la constructora Sambil en Barquisimeto, estado Lara, que es necesario una revisión a ley de arredamiento de comercios.
García Plaza mostró las irregularidades en el arrendamiento de locales del centro Sambil, el cual incrementó los precios 600% desde 2011: "El banco Federal pagaba en 2011, 11.708 bs. Cuando (el local) lo va a recibir el banco de Venezuela el canon de arrendamiento que le querían aplicar es 68.425.000 ¿tomando como referencia que patrón?. No existe un patrón que indique que le aumenten 600% al canon de arrendamiento", denunció. Añadió que en el año siguiente el precio establecido por el alquile fue de 94 mil bolívares, sin incluir el costo del condominio.
El ministro expresó que la inflación repercute en el aumento del condominio mas no en el arrendamiento del local y que la inspección se efectuó debido a las denuncias de los comerciantes: "La claúsula 23 del contrato dice que si el local que esta funcionando y tiene una formula de productos alimenticios, la propiedad intelectual ya no es de quien la creo sino de la constructora sambil, quien la arrenda. Es decir, si Cantv viniera a vender los vergatarios con una teconologia hecha en Venezuela ellos pretenderían que ese conocimiento quedara en propiedad de la constructora. ¡Tremenda desviación de un contrato de arrendamiento!".
El vicepresidente, Jorge Arreaza, afirmó que estudiarán los canones de arrendamiento y una de las primeras leyes que presentarán en los próximos días estará destinada a registrar pequeños y medianos comerciantes."¿Por qué queremos hacer esto? para protegerlos, le hacemos un llamado a que se registren y puedan decirnos si es el proveedor el que les infla los precios" dijo.
Arreaza se dirigió a los empleados y señaló que si hay algo asegurado es el derecho al trabajo de cada uno de ellos. Informó que actualmente han sido privados de libertad seis dueños de empresas como Preco:" No queremos andar en el país arremetiendo contra alguien pero cuando hay usura en máximo nivel, remarcaje, doble marcaje la ley tiene que caer en todo su peso".
El Nacional
20-11-2013
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El director nacional de la Gran Misión Vivienda Obrera Venezuela, Keunnet Maita, estuvo ayer en Anaco, donde juramentó a 21 coordinadores del ente que se encargará de realizar en cada municipio los censos para precisar la cantidad de viviendas que necesitan los colectivos o movimientos de trabajadores.
Maita indicó que este censo se inició en el país en mayo pasado y hasta ahora lo han comenzado en ocho estados del país (Lara, Trujillo, Anzoátegui, Bolívar, Falcón, Carabobo, Aragua y Miranda).
Destacó que en esas entidades han registrado a 1 millón 284 mil familias que pertenecen a varios colectivos y movimientos de trabajadores y que no cuentan con viviendas.
En Anzoátegui se ha censado desde octubre, a unos 120 colectivos.
Señaló que este año esta misión no va a construir viviendas, “porque el presidente Maduro dijo que en los meses que quedan se les dará prioridad a los refugiados”. Dijo que pese a ello ya se adelantan proyectos y se van a colocar las primeras piedras fundacionales en algunos municipios, para construir viviendas a los trabajadores a partir del próximo año.
Indicó que hoy estarán en El Tigre, para colocar una de ellas en el sector El Vea, donde se construirán 400 casas.
Explicó que los proyectos serán financiados por la Ley de Política Habitacional, prestaciones sociales, cajas de ahorros o por la banca pública o privada.
“Los trabajadores van a pagar los créditos hipotecarios, con mensualidades que no sean superiores al 30% de sus sueldos”.
Eltiempo.com.ve
20-11-2013
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Vicepresidente Arreaza señaló que existen 6 dueños de empresas detenidos
García Plaza dijo que los contratos de alquiler establecen un porcentaje sobre la ganancia de los negocios
Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, informó que el Gobierno emprenderá acciones concretas para detener irregularidades en los contratos de arrendamiento de locales comerciales.
"El Gobierno Bolivariano va a revisar en profundidad este tipo de contrato para que este tipo de arrendamiento no cause problemas o perturbaciones en el consumidor final", dijo García Plaza desde la Constructora Sambil en el estado Miranda, reseñó AVN.
El mayor general citó como ejemplo de irregularidades el arrendamiento del Banco Venezuela ubicado en el Centro Comercial Sambil de Barquisimeto, estado Lara. "No existe un patrón que indique un aumento de 600 % al canon de arrendamiento", denunció García Plaza, quien además explicó que entre las revisiones que deben aplicarse se contemplan el cumplimiento de la Ley de Arrendamiento de Comercios.
El jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía agregó que los contratos de alquiler establecen además un porcentaje sobre la ganancia bruta de los negocios, lo que encarece el precio del producto.
El Gobierno también realizó una inspección a la ferretería Preca ubicada en el estado Bolívar. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, supervisó los precios de diferentes productos y materiales de construcción que se vendían en esta tienda, y allí señaló que seis dueños de empresas están detenidos por el delito de usura.
"Han sido privados de libertad seis dueños de empresas (... ). Nosotros no queremos andar por el país arremetiendo contra nadie, no es política ni es actitud del Gobierno, pero cuando hay usura en máximo nivel, cuando hay remarcaje, doble marcaje, cuando hay este tipo de consecuencias por la guerra económica y por abusar de un pueblo, la ley tiene que caer con todo su peso".
El Universal
21-11-2013
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En zonas como La Florida y San Bernardino los muchachos han tomado la calle por falta de canchas y parques recreativos
En un encuentro en el Museo de Arquitectura Nelson Rodríguez, viceministro de Vivienda y Hábitat, dijo que la prioridad es construir los apartamentos
EMILY AVENDAÑO
Estacionamientos, áreas recreativas, escuelas y hospitales son obras que deberían acompañar las construcciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero hasta ahora son escasas o inexistentes.
Nelson Rodríguez, viceministro de Vivienda y Hábitat, reconoció que hace falta equipamiento, en torno a las construcciones de la misión y afirmó que será atendido una vez que se haya resuelto el déficit de viviendas que hay en el país.
“Estamos dando una respuesta dentro de las prioridades. La misión no se va cuando se termina un urbanismo; se queda para producir, entonces, los equipamientos que esa comunidad requiere. Hay que verlo como un proceso, no como una cosa terminada”, afirmó Rodríguez.
El viceministro señaló que en el país hay un déficit de 3 millones de viviendas y especificó que resta construir 16.000 apartamentos para llegar a la meta de 500.000 viviendas.
Aclaró que el equipamiento se irá desarrollando en la medida en que la comunidad que viva en los edificios se organice e identifique sus necesidades.
Nelson Rodríguez dio las declaraciones en una mesa redonda realizada en el Museo de Arquitectura en la que también participaron Juan Pedro Posani, director del Musarq –que hizo las funciones de moderador–; Lucas Pou, director de Proyectos de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales; Paola Posani, presidente de la Fundación Caracas; Zulma Bolívar, presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo; Alberto Lovera, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, y Josefina Baldó, responsable del programa de habilitación de barrios que se implementó en el país en 1999, 2000 y 2005.
Los asistentes destacaron la oportunidad de estar en un diálogo en el que los participantes tienen visiones opuestas sobre la manera cómo se está implementando la Misión Vivienda.
“Sin equipamiento no hay vivienda”, subrayó Lovera. El arquitecto afirmó que una de las fallas del programa es la falta de información sobre los proyectos, lo que dificulta la transparencia y el ejercer contraloría social.
Zulma Bolívar dijo que la misión se ha desarrollado sin tomar en cuenta las características locales y rechazó la improvisación: “Caracas no sólo es el municipio Libertador. Entre Libertador y las otras alcaldías presentes en el área metropolitana no hay diálogo. Es insólito que exista la Opppe. Hay duplicidad de funciones con respecto al Imutc. Un doble esfuerzo de dos instituciones que están trabajando en lo mismo, pero yo tengo la razón de la ley”.
Para Bolívar es un error que se implemente la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y desconocer el esfuerzo previo y los avances realizados por Baldó cuando estuvo en mancha el plan de habilitación de barrios.
Clamor vecinal. Para los habitantes de parroquias como San Bernardino, la ausencia de equipamiento urbano que acompañe las edificaciones se resiente. Una vecina, que prefirió resguardar su identidad, aseguró que es frecuente ver a los nuevos habitantes de la avenida Vollmer reunidos en las aceras.
“Esa construcción redujo, además, un canal de circulación. En la zona todo el mundo está descontento porque eso se ha vuelto un embudo y además hay mucha inseguridad. Después de las 6:00 pm no se puede andar por ahí”.
Juan Carlos Vázquez, habitante de San Bernardino, considera que los edificios de la misión deberían estar acompañados de instalaciones educativas, de recreación y de mayor seguridad.
“Han entregado los edificios incompletos. Los vecinos reclaman que se entreguen con todos los servicios, que haya patrullaje y escuelas cercanas porque deben ir muy lejos para estudiar. La educación es una prioridad”.
La Opppe ha ejecutado 11.000 viviendas durante la misión. Lucas Pou señaló que lo han hecho insertando los edificios en áreas subutilizadas en zonas de la ciudad que ya cuentan con servicios. Indicó que hay que repensar las ordenanzas que rigen la planificación urbana de la ciudad, que se ha visto deteriorada por la acción de constructoras privadas.
Las Cifras
483.843 viviendas han sido construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela en 32 meses. 64% han sido fabricadas con el apoyo de las comunidades.
4.500 familias permanecen en refugios luego de las lluvias que afectaron el país a finales de 2010.
46.906 viviendas han sido construidas por el sector privado en el tiempo que lleva el programa en ejecución.
El Nacional
21-11-2013
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García Plaza señaló que "esta es una de las causas de los altos precios que sufre el consumidor final"
ÚN.- El Jefe del Órgano Superior de la Economía, Hebert García Plaza, se encuentra este miércoles inspeccionando a la Constructora Sambil por supuesta usura en el cobro del condominio y canon de arrendamiento a los locales que operan en sus centros comerciales.
García Plaza señaló que "esta es una de las causas de los altos precios que sufre el consumidor final". Asimismo, dijo que investigarán los parámetros que la constructora evalúa para establecer las tarifas.
"Cada tienda debe darles desde 7 a 8% del costo de cada producto y así los arrendatarios no pueden ofrecer los productos a precios justos", afirmó.
Indicó que es necesaria revisar la Ley de Arrendamiento de Comercio en el marco de la aprobación de la Ley Habilitante, debido a que el arrendamiento se hace de acuerdo a la calidad del target.
García Plaza explicó que un establecimiento del Sambil Barquisimeto que antiguamente fue arrendado por el Banco Federal por 11.708bs, cuando lo recibió el Banco de Venezuela se le estipuló un arrendamiento de 68.425. “No existe un patrón que usted indique que le aumente 600% al canon de arrendamiento”.
Ultimas Noticias
20-11-2013
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Familias y trabajadores ocuparon desde hace un mes los seis edificios pertenecientes al Ipasme, obra que, actualmente, ejecuta la Gran Misión Gran Vivienda Venezuela
Marianela Guariguata
Puerto Píritu.- 48 familias decidieron tomar posesión de los apartamentos en construcción del conjunto residencial Los Próceres del sector Los Apamates de Puerto Píritu. Entre ellos hay obreros de la misma edificación, que reclaman el pago por el trabajo realizado. Los demás exigen viviendas.
Ambos grupos ocuparon desde hace un mes los seis edificios pertenecientes al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme), obra que, actualmente, ejecuta la Gran Misión Gran Vivienda Venezuela.
Ana María Tovar, esposa de uno de los trabajadores, informó que fueron 9 personas botadas sin arreglo con 17 meses de trabajo. Dijo que la construcción lleva cuatro meses paralizada.
“Hemos tenido varios encuentros en la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Píritu para que los responsables de los trabajos paguen. El último acuerdo fue que cancelarían el jueves 21 de este mes. Nos vamos cuando paguen”.
El trabajador Jesús García informó que la empresa Maita es la responsable. “Son los mismos dueños de la empresa Autana, la que construyó a medias el conjunto residencial del Ipasme, ubicado en la avenida Country de Puerto Píritu”, denunció.
Eneida Méndez señaló que no aceptarán medios pagos o abonos. “Deben desde 50 mil hasta 150 mil bolívares”.
“Vivimos arrimados”, dijo Angeli Durán, quien decidió tomar uno de los apartamentos. “Me vine con todos mis corotos porque quiero una vivienda para mis hijos”.
marianela guariguata
El Tiempo
21-11-2013
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El M/G Hebert García Plaza, director del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, sostiene este miércoles una reunión con directivos de la Constructora Sambil, para llegar a un acuerdo de ajustar el monto de arrendamiento por cada local.
Desde las oficinas en Caracas de la constructora propiedad de Alfredo Cohen, también presidente de Cavececo, García Plaza conversa con directivos de la empresa para ajustar el límite de arrendamiento. “No existe un patrón que diga un canon de arrendamiento, el pago de condominio no es tomado en cuenta. Hay un cobro excesivo en el monto de arrendamientos; nosotros estamos escuchando la voz de esos empresarios y por eso estamos acá”.
En tal sentido, indicó que un establecimiento de Sambil Barquisimeto, que antes era arrendado por el Banco Federal por alrededor de Bs. 11 mil, al pasar a manos del Banco de Venezuela subió a Bs. 68.425 y siguió subiendo a Bs. 78 mil y Bs. 94 mil en los años siguientes.
“A todos los que explotan este tipo de espacios, el Gobierno los va a revisar a profundidad para que este tipo de arrendamiento no cause problemas en el precio final. Si es un negocio ancla, el porcentaje (cobrado por el centro comercial) es mucho más (alto), además que ellos cobran entre un 7 y 8 por ciento de la ganancia bruta de cada producto“, agregó García Plaza.
“No hay un canon de arrendamiento establecido”
García Plaza explicó que “no hay ningún canon de arrendamiento establecido” para el cobro de los locales del Sambil, por ello instó a revisar las irregularidades de esta ley, sujeta a la Cámara de Comercio. “Si el negocio es ancla, ellos tienen un porcentaje de la ganancia del producto. Esto varía según el monto que reciba cada establecimiento mensual”.
Asimismo, expresó lo “grave” que es el tema de “la propiedad intelectual” que aplican en tiendas de alimentos, ya que si se llegaran a retirar establecimientos de comida del centro comercial , “la fórmula” de los mismos “le pertenece” al Sambil. “Pareciera que obligaran a cada empresa a quedarse allí”, manifestó.
“Tenemos que regular la ley. No podemos aceptar este marco jurídico que no está en el Estado. La cláusula de plusvalía es un negocio exitoso que le pertenece a la constructora”.
Noticias24
20-11-2013
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El estudio indica que 88% de las edificaciones de la parroquia Catedral está en riesgo, entre ellas construcciones emblemáticas, como la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Observatorio Cagigal, en El Calvario | Archivo
Venezuela ⁄ Siete grandes terremotos han causado severos daños en Caracas desde 1641. El último, ocurrido hace más de 4 décadas, causó la muerte de más de 200 personas y dejó miles de heridos. Pero el sismo de 1967 no es el más grande que puede esperar la ciudad, construida sobre bases inestables, advierte Óscar Andrés López, coordinador de un ambicioso proyecto de investigación que intenta reducir el riesgo sísmico de la capital.
El proyecto Sismo Caracas –elaborado entre Funvisis y la Universidad Central de Venezuela y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de Fonacit– difundió sus primeros resultados durante el II Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado este mes.
López, junto con un grupo de investigadores y estudiantes de Ingeniería Civil de la UCV y de la Unefa, encontró que 814 de 1.130 edificaciones inspeccionadas, es decir, 72%, presentan alta vulnerabilidad sísmica.
70% de estas construcciones fueron diseñadas bajo normas sismológicas de 1955, de 1967 y de 1982, insuficientes para resistir un movimiento telúrico de gran magnitud, explica López, PhD en Ingeniería Sísmica.
Además, las conclusiones preliminares del estudio en 272 viviendas populares de Caracas señalan que 80% tiene elevado riesgo de sucumbir ante un temblor, porque están construidas sin cumplir ninguna norma técnica y en zonas inestables. En esta situación se encuentra, por ejemplo, Telares de Palo Grande, ubicado en Ruiz Pineda, un sector que, según López, requiere atención inmediata.
Patrimonio en peligro. El análisis reveló además que 65% de 631 edificios de viviendas y oficinas examinados podría colapsar. Entre las construcciones que requieren reforzamiento urgente se encuentran 165 edificios de tipo IM5 –inmuebles de 5 pisos diseñados en los años sesenta– ubicados en la UD1 y la UD2 de Caricuao, Macarao y 23 de Enero; 15 edificios 6M8 –construcciones de 8 pisos, edificadas entre 1966 y 1970– localizadas en Caricuao, Kennedy, Ruiz Pineda y Coche; varios edificios de Los Palos Grandes, entre los que están las residencias Luxor y Miami; el urbanismo Terrazas de Guaicoco, situado en Filas de Mariche, y el conjunto El Tablón, en Nueva Casarapa, Guarenas.
Igualmente, de 102 edificios patrimoniales inspeccionados, 68% está ante un grave peligro de sufrir daños. El estudio indica que 88% de las edificaciones de la parroquia Catedral está en riesgo, entre ellas construcciones emblemáticas, como la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Observatorio Cagigal, en El Calvario.
La estación de bomberos El Valle también enfrenta una alta amenaza, así como el viaducto de la Valle-Coche. López detalla que actualmente trabajan en la elaboración de un proyecto de reforzamiento para este puente, que incluye fortalecer sus delgadas columnas.
El estudio, que finalizará por completo el próximo año, propondrá atacar las causas del riesgo en edificios más críticos, con el fin de que las alcaldías, instituciones y vecinos ejecuten medidas inmediatas. López señala que las instalaciones de salud y las estaciones de bomberos tendrán prioridad para ser intervenidos, debido a que son de importancia fundamental durante un terremoto.
Hospitales en peligro
El Hospital J. M. de los Ríos, ubicado en una zona de alta amenaza como San Bernardino, se encuentra en alto riesgo de sufrir daños graves en su infraestructura si ocurre un sismo. En el estudio detallado hecho en el módulo 3 de este centro asistencial se concluyó que 88% de sus columnas fallaría de ocurrir otro temblor. En el módulo 4, se desplomaría 100% de los soportes.
Un panorama similar se presenta en los hospitales Francisco Antonio Rísquez y Oncológico Luis Razetti, en Cotiza; en el Jesús Yerena, en Lídice: en el José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, y en el Ricardo Baquero González, conocido como Periférico de Catia. En este último “se requieren medidas necesarias en el corto plazo, ya que los niveles actuales de seguridad del establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo a los pacientes, el personal y su funcionamiento durante y después de un desastre”, se lee en el estudio preliminar de Funvisis.
Las Cifras
31% de los edificios de primera asistencia inspeccionados, como estaciones de bomberos y hospitales, es altamente vulnerable a sismos.
58% de otro tipo de instalaciones de salud examinadas presenta elevada y muy elevada vulnerabilidad sísmica.
1.600 edificios de la Gran Caracas, especialmente en Guarenas y Guatire, corren más riesgo de sufrir daños por carecer de muros en dos direcciones que permitan sostener la estructura.
El Nacional
21-11-2013
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Según el Jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, el Mayor General Hebert García Plaza, fueron hallados casos de sobreprecio en un 600% de aumento en los arrendamientos de los locales pertenecientes a la constructora Sambil, ubicada en el Centro Lido de Caracas.
García Plaza destacó el caso del arrendamiento del Banco de Venezuela en el Centro Comercial Sambil de Barquisimeto, estado Lara, donde anteriormente funcionaba el Banco Federal, intervenido en 2010.
La entidad bancaria estatal debe pagar 68.425 bolívares por el alquiler, mientras que el Banco Federal llegó a pagar sólo 11.708 bolívares en un año.
En estos casos “no existe un patrón que indique que a usted se le debe aumentar el 600% al canon de arrendamiento”, explicó García Plaza, quien estuvo acompañado por representantes del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
En esta empresa “se hace un arrendamiento dependiendo de la calidad del negocio. Si es un negocio ancla (una empresa reconocida), el precio del metro cuadrado es mucho más costoso”, apuntó.
“Nosotros llegamos aquí por una queja de todos los arrendatarios, porque hay un precio excesivo en el cobro del alquiler. Escuchamos la voz de los pequeños empresarios”, dijo.
Agregó que la constructora no toma en cuenta el pago de condominio a la hora de aumentar el costo de la renta y fija un pago del 8% adicional como resultado de las ganancias mensuales.
García Plaza afirmó que el Gobierno Bolivariano revisará en profundidad este tipo de contratos para que el consumidor final no se vea afectado.
Asimismo, denunció el contenido de una de las cláusulas de los contratos, la cual establece la aplicación de una acción privada entre el arrendador y el arrendatario ante cualquier diferencia, bajo los parámetros judiciales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, evadiendo los Tribunales de la República.
Explicó que entre las revisiones que deben aplicarse en el marco de la Ley Habilitante, se contempla la evaluación y cumplimiento de la Ley de Arrendamiento Comercial.
AVN
La Patilla
20-11-2013
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Las organizaciones Liderazco y Visión, y Cedice emitieron un comunicado luego de la invasión a la residencia del banquero Oscar García Mendoza, en el que denuncian que la acción “fue promovida por José Félix Valera, diputado al Consejo Legislativo de esa entidad federal, con una clara intención política”.
El comunicado expresa que el lunes pasado un grupo de seguidores del presidente Nicolás Maduro ocupó ilegalmente la propiedad de Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, en retaliación por su incansable trabajo en la promoción y defensa de los principios del libre mercado y los derechos individuales en Venezuela.
Consideran que la invasión “es otra evidencia de la pérdida de los derechos de propiedad privada y un claro ataque a quienes disienten”.
Comunicado
Acoso a un defensor de los derechos de libre mercado
¿POR QUÉ INVADEN RESIDENCIA DE OSCAR GARCÍA MENDOZA?
El lunes pasado un grupo de seguidores del presidente Nicolás Maduro ocupó ilegalmente la propiedad de Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, en retaliación por su incansable trabajo en la promoción y defensa de los principios del libre mercado y los derechos individuales en Venezuela.
García Mendoza es también presidente de la Asociación Civil Liderazgo y Visión y vicepresidente del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Cedice Libertad.
“La invasión a su residencia familiar, ubicada en la zona de La Sabana, en la parroquia Caruao del estado Vargas, fue promovida por José Félix Valera, diputado al Consejo Legislativo de esa entidad federal, con una clara intención política”, denunció un comunicado conjunto de Liderazgo y Visión y Cedice Libertad.
“Esta acción”, añadió el comunicado, “es otra evidencia de la pérdida de los derechos de propiedad privada y un claro ataque a quienes disienten, a pocos días de un nuevo evento electoral en Venezuela”,
Ambas asociaciones civiles consideran que “esta ocupación ilegal representa una nueva amenaza para todo el sector privado venezolano y una extensión de las acciones del régimen de Maduro para intervenir e invadir comercios e industrias del país”.
La Patilla
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