La ministra de Fomento, Ana Pastor, durante su intervención en el Senado.
La normativa aprobada busca agilizar los desahucios y suprime la RBE
El texto tendrá que volver al Congreso después de haberse incluido enmiendas
Efe | Madrid
El pleno del Senado ha aprobado (144 votos a favor y 78 en contra) el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler que, entre otras medidas, agiliza el desahucio y crea un registro de sentencias firmes por impago de renta. El texto, al que se habían presentado cinco propuestas de veto, ha sido aprobado con los votos del PP, y aún debe volver al Congreso para su aprobación definitiva.
A su paso por la Cámara Baja, el proyecto de Ley ha incluido una serie de enmiendas, por lo que tendrá que retornar al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Entre estos cambios destaca la enmienda introducida por el Grupo Popular por la que se mantienen las subvenciones para construir viviendas de alquiler social incluidas en anteriores planes de vivienda, así como las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas antes del 15 de julio de 2012 que cuenten con la conformidad del Ministerio de Fomento, siempre que se formalicen por el beneficiario antes de dos meses.
El inquilino moroso tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de 10 días
A partir de su entrada en vigor, el arrendador podrá solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago, y una vez que el juzgado remita la notificación, el inquilino tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de 10 días.
Al mismo tiempo, con el fin de dar información a los propietarios sobre posibles riesgos al arrendar una vivienda, se creará un registro de sentencias firmes de impagos de renta donde el nombre del deudor permanecerá un máximo de seis años.
Durante su tramitación en la cámara alta, el PP ha introducido enmiendas para eliminar la Renta Básica de Emancipación (RBE) -que cobran unos 120.000 jóvenes- a partir de la entrada en vigor del nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler 2013-2016.
En el debate, el senador socialista José María Becana ha criticado que los jóvenes que disfrutan de esas ayudas -147 euros al mes en la actualidad- la perderán y serán expulsados del mercado del alquiler, ya que el nuevo plan incluye el requisito de que el beneficiario -no específicamente jóvenes- no ingrese más de 532,5 euros al mes.
Se mantiene la supresión de otras subvenciones al alquiler social para entidades públicas
Aunque en un principio se planteó también la supresión con efectos retroactivos de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos -ayudas a los promotores de alquiler social-, el PP rectificó y finalmente mantendrá las que se venían percibiendo y las que, antes del 15 de julio de 2012, contaran con la conformidad del Ministerio de Fomento.
La portavoz adjunta de CiU en el Senado, Montserrat Candini, ha denunciado que, pese a esa rectificación, se mantiene la supresión de otras subvenciones al alquiler social que tendrá un "enorme impacto" en las entidades públicas de vivienda vinculadas a la Administración Local y que en el caso de Cataluña suponen 104 millones de euros.
El texto aprobado reduce de cinco a tres años la duración máxima del contrato de arrendamiento y de tres a una las prórrogas, y facilita al propietario la recuperación del inmueble en caso de necesidad.
También plantea excluir de la ley de arrendamientos urbanos el alojamiento privado para el turismo, que, según el Gobierno, va en contra de la calidad de los destinos turísticos, de forma que pasen a estar regulados por la normativa sectorial autonómica. El objetivo es evitar las situaciones de intrusismo y la competencia desleal, tal y como ha denunciado la patronal hotelera.
El Grupo Socialista ha cargado durante esta fase de tramitación contra la decisión del Gobierno de incluir en el trámite parlamentario la vinculación de los alojamientos y las viviendas turísticas de particulares a la normativa sobre turismo de las comunidades autónomas, lo que, según los socialistas, derivará en una profesionalización de esta actividad y en una reducción de esta oferta turística.
El senador popular Tomás Pedro Burgos ha defendido que este proyecto aspira a sacar al mercado del alquiler las más de tres millones de viviendas vacías que hay en España y ofrecer una mayor flexibilidad y libertad de pactos a las partes.
Las propuestas de veto, presentadas por senadores del PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, ERC y PSC coincidieron en criticar que se va a conseguir el objetivo contrario del que persigue, es decir, desincentivar el arrendamiento, al que hoy se acoge solo el 17% de la población.
El Mundo de España
09-05-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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