Los afectados denunciaron engaños de miembros del Distrito Capital
En tres oportunidades han engañado a las familias del refugio Maracapana de La Rinconada
A casi un año de la pérdida de su casa en la parte alta del sector Cerro Grande de El Valle, Clara Cabeza, coordinadora del refugio Maracapana B de La Rinconada, desconoce donde vivirá con sus hijos y nietos.
Cabeza contó que el padrino del albergue Rolando Corao, secretario de Comunas del Gobierno del Distrito Capital, les ofreció casa en el edificio 38 del urbanismo Cacique Tiuna de la Rinconada en marzo de 2010. "Incluso nos haría un recorrido que nunca se concretó y las casas se las dieron a desconocidos. Meses después miembros de la Fundación Propatria 2000 nos dijeron que el listado fue un error y que nos ubicarían en el edificio 57 de Cacique Tiuna. Pero allí hacen otros trabajos".
Acompañada de los damnificados de los refugios Cruz Villegas, Jofre Molina, y del Galpón Odebrecht, Marlenis Acevedo, Cabeza denunció que del albergue solo salieron cuatro familias a casas inconclusas en Coche. "Corao es el esposo de la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. De él no recibimos ayuda, si no mala atención y cero bono especial", afirmó Cabeza.
Hace 15 días voceros del Distrito Capital y de Fundapropatria se reunieron con coordinadores del Estado para informarles que las 100 personas del refugio Maracapana tendrán casa en marzo de 2012. "Ellos no se reúnen con los afectados. Hacen listas paralelas para sus amigos y vecinos que meten a otros familiares", afirmó.
Mientras que Molina destacó por su parte que el Distrito Capital "asigna viviendas a quien ya tiene". "Venden casas en el urbanismo Acosta Carlez del km. 7 de la carretera Panamericana y dejan a los afectados de Coche y El Valle por fuera. Atacan y dejan en la calle a quien denuncia mala gestión, como ocurrió con Acevedo, quien con siete hijos la sacaron del Cruz Villegas y vivió tres semanas en la calle", enfatizó.
JORGE HERNÁNDEZ
El Universal
01-10-2011
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martes, 1 de noviembre de 2011
Reglamento de ley de alquileres está casi listo
Caracas. El reglamento de la recién aprobada por la AN Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas está en su fase final, de manera que esta misma semana podrá ser presentado a fin de dar "aplicabilidad inmediata" al texto, una vez sea promulgado por el presidente Chávez, indicaron voceros de movimientos de inquilinos.El documento precisa parámetros de la fórmula para el cálculo del canon, cuyas condiciones básicas son los años de depreciación y las condiciones de habitabilidad. A última hora se adicionó la vulnerabilidad sísmica de la zona donde está ubicada la vivienda; y "la regionalización del canon, lo que tiene que ver con que no se puede cobrar una misma mensualidad por una casa modesta del interior del país, que por una ubicada en ciudades como Caracas o Valencia", apuntó Marlene Sierralta.Otros aspectos que precisará el reglamento es el logístico y el inicio del registro nacional de contratos de alquiler. La superintendencia de inquilinato será la encargada de esta tarea, de levantar la data de las familias alquiladas; así como llevar el registro de nuevos contratos de alquiler.Meta. El presidente del órgano Superior de Vivienda, Rafael Ramírez, informó que el Gobierno ha construido antes del cierre de octubre, 80.138 viviendas. La meta para este año es entregar de 153 mil casas. BEATRIZ CARIPAbcaripa@cadena−capriles.com
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"¿Y yo dónde denuncio que el Gobierno me quitó mi casa?"
Plaza Jardín, objeto de ocupación temporal, cumplió un año sin avancesQuienes compraron apartamentos en Plaza Jardín no saben cuándo podrán mudarse. La inflación consumió sus aportes Ayer se cumplió un año desde que el presidente Hugo Chávez justificó la expropiación de seis urbanismos, ocho ocupaciones temporales y 19 fiscalizaciones: "Están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarlos, a reajustar los precios, a multar a esta empresa y a entregarlos". En contra de esa promesa están los testimonios de las familias que compraron apartamentos en Plaza Jardín (Colegio de Ingenieros) quienes trancaron la Av. Libertador ayer como medida de protesta ante el desamparo del que se sienten víctimas."¿Y yo dónde denuncio que el Gobierno me quitó mi vivienda? Yo ya había terminado de pagar, tenía todo recogido para mudarme. Ahora vivo alquilada, sigo pagando los préstamos que pedí para poder comprar mi apartamento y estoy como en un campamento: con todas mis cosas en cajas y bolsas", contó Jazmín Zambrano, quien a sus 60 años, invirtió todos sus ahorros allí.Luego de que el urbanismo apareció en la lista de inmuebles objeto de ocupación temporal, representantes de Indepabis prometieron a los propietarios que los ayudarían a tramitar financiamientos con bancos del Estado para que los que no hubiesen pagado terminaran de hacerlo y la obra avanzara más rápido.El argumento para la intervención fue que la constructora estaba retrasada con las entregas, pero según los afectados, menos de diez denuncias movilizaron la medida que tanto les ha afectado.Plaza Jardín se construyó con aportes de una Asociación Civil y no de un banco. Así que quienes querían apartamentos debían pagar cuotas a la constructora, ésta ponía los obreros y la administración. Un año después, los costos de lo que restaba por hacer se han disparado y los asociados no están en capacidad de asumirlos solos, por eso insisten en que el Gobierno cumpla su promesa de ayudarlos con créditos. Mientras tanto, la obra está parada.A la construcción le falta la instalación de los cableados y tuberías para los servicios básicos, ascensores y sistemas contra incendios, también enfrentan un problema con la propiedad de los terrenos. En total haría falta el aporte de 21 mil bolívares de cada uno de 440 asociados para terminar el conjunto. La realidad es que algunos se han descapitalizado con el problema, siguen pagando préstamos y alquileres, dejaron de aportar las cuotas por recomendación del Gobierno (30) y otros, simplemente no se han vuelto a reportar (40)."A mí hasta me dieron una felicitación por pagar a tiempo. Ahora vivo arrimada en casa de mi mamá con mi esposo y mis dos hijos. Tuve que posponer mi carrera y trabajar, porque no nos alcanzaba solo con un sueldo. Esto ha sido una tragedia para nosotros, vivimos con miedo a que nos invadan. No podemos mudarnos ni vender ni alquilar. Solo nos queda pedirle ayuda a la corte celestial", contó María González, otra de las manifestantes.Los afectados reconocen que había retrasos y manejos poco claros de la constructora, sin embargo, el espíritu de la mayoría nunca fue una intervención: "Justo en frente el Gobierno expropió unos terrenos hace más tiempo (allí se construye un proyecto habitacional en el barrio Santa Rosa) y apenas se ven unos pilotes", indicó una de las afectadas.En dos horas de tranca, los manifestantes mostraron pancartas con mensajes como "Justicia para la clase media", mientras recibían insultos y amenazas de ser atropellados por los conductores que reclamaban su libre circulación a través de la Av. Libertador.Una comisión fue al Ministerio de Vivienda y del encuentro surgió el compromiso del ente de facilitarles la ayuda para legalizar el terreno y hacer las diligencias el pro del financiamiento para las próximas protocolizaciones, según informó Leonor Pardo, una propietaria presente en la reunión.
MAYE ALBORNOZ | EL UNIVERSALmalbornoz@eluniversal.com
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Esperan promulgar esta semana la Ley de Arrendamientos
La promulgación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios podría concretarse esta misma semana, según el diputado Claudio Farías, miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional."El día viernes 4 de noviembre, si Dios quiere, debemos tener un acto con el comandante Chávez, donde se dará la promulgación de esta Ley, y el Comandante aprobará también su reglamento; será una ley aplicable de manera inmediata", señaló.Aseguró que el hoy martes está previsto que en la plenaria de la Asamblea Nacional se le dé lectura definitiva a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y se espera que el presidente de la República Hugo Chávez, en un acto multitudinario le dé el ejecútese junto con su reglamento.El diputado Diosdado Cabello, presidente de la citada comisión parlamentaria, dijo la semana pasada que la ley sería promulgada junto con su reglamento.Explicó Farías, que contrario a las aseveraciones realizadas por sectores que la adversan, "esta Ley busca beneficiar tanto a arrendadores como a arrendatarios".Asimismo, expresó que la Ley asume a la vivienda como un derecho humano, y no como un elemento mercantilista, según reseña el propio sitio Web de la Asamblea Nacional.
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Preparan censo de contratos de alquiler
Tras ser aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada, la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, los colectivos de inquilinos y diputados de la Comisión de Administración y Servicios están haciendo los retoques finales del reglamento para "la aplicabilidad inmediata" del nuevo marco legal de alquileres.
Se prevé que esta misma semana se presente el reglamento que precisará aspectos medulares del nuevo texto, como la fórmula definitiva para el cálculo del canon de arrendamiento.
Voceros de los movimientos de inquilinos informaron que la fórmula se basará en condiciones que ya estaban descritas, como los años de depreciación del inmueble y las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
Un aspecto que se le adicionó en las últimas sesiones en la AN fue la vulnerabilidad sísmica de la zona donde está ubicada la vivienda. Y un aspecto relevante que se incluyó fue la distinción por regiones para la fijación del canon.
"No se puede cobrar igual por una casa en el estado Apure, que una en Caracas o Valencia, por ejemplo", resumió Marlene Sierralta.
Otro aspecto importante, cuyos detalles lo determinará el reglamento, es el inicio del registro de los contratos de alquiler, una data que se empezará levantar "apenas sea promulgada la ley por el presidente Chávez, lo que esperamos sea muy pronto, esta semana o la otra", apuntó Rigel Sergent.
Los movimientos de inquilinos han insistido en que se registren todos los contratos de alquiler, a fin de que se pueda llevar un mejor control y fiscalización sobre estos inmuebles. "Así, podemos saber cómo se va a cumplir la ley".
De acuerdo con la Ley de Arrendamientos, el censo lo realizará la superintendencia de inquilinato y será materia de supervisión exclusiva de esta instancia.
Rigel Sergent explicó que estos puntos que van para el reglamento "que está casi listo", están contenidos en las disposiciones transitorias del texto, pero que se incluirán en el documento a fin de darle aplicabilidad inmediata.
Informó que tras la aprobación de la ley, les queda una tarea más. La de evitar que familias con sentencias de desalojos queden en la calle; para ello introducirán un recurso de revisión.
Beatriz Caripa
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01-11-2011
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Se prevé que esta misma semana se presente el reglamento que precisará aspectos medulares del nuevo texto, como la fórmula definitiva para el cálculo del canon de arrendamiento.
Voceros de los movimientos de inquilinos informaron que la fórmula se basará en condiciones que ya estaban descritas, como los años de depreciación del inmueble y las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
Un aspecto que se le adicionó en las últimas sesiones en la AN fue la vulnerabilidad sísmica de la zona donde está ubicada la vivienda. Y un aspecto relevante que se incluyó fue la distinción por regiones para la fijación del canon.
"No se puede cobrar igual por una casa en el estado Apure, que una en Caracas o Valencia, por ejemplo", resumió Marlene Sierralta.
Otro aspecto importante, cuyos detalles lo determinará el reglamento, es el inicio del registro de los contratos de alquiler, una data que se empezará levantar "apenas sea promulgada la ley por el presidente Chávez, lo que esperamos sea muy pronto, esta semana o la otra", apuntó Rigel Sergent.
Los movimientos de inquilinos han insistido en que se registren todos los contratos de alquiler, a fin de que se pueda llevar un mejor control y fiscalización sobre estos inmuebles. "Así, podemos saber cómo se va a cumplir la ley".
De acuerdo con la Ley de Arrendamientos, el censo lo realizará la superintendencia de inquilinato y será materia de supervisión exclusiva de esta instancia.
Rigel Sergent explicó que estos puntos que van para el reglamento "que está casi listo", están contenidos en las disposiciones transitorias del texto, pero que se incluirán en el documento a fin de darle aplicabilidad inmediata.
Informó que tras la aprobación de la ley, les queda una tarea más. La de evitar que familias con sentencias de desalojos queden en la calle; para ello introducirán un recurso de revisión.
Beatriz Caripa
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Borges: Misión Vivienda no tiene asignación en presupuesto
El coordinador nacional de Primero Justicia, diputado Julio Borges (Miranda), presentó ayer en rueda de prensa un análisis de la Ley de Presupuesto de 2012, en la que se reducen, respecto de lo asignado en 2011, áreas como Educación (-33%), Salud (-185), Justicia (-17%) y Vivienda y Desarrollo Urbano (-63%). En contraposición, dijo Julio Borges, el gasto para el sector militar aumentará en 65%.
"El presupuesto venezolano tiene una característica muy rara, lo que está allí reflejado no tiene nada que ver con la vida de los venezolanos. Vemos que para el 2012 el presupuesto es de BsF 298 millardos, sin embargo este año está previsto gastar BsF 333 millardos". Recordó que el Gobierno acostumbra ajustar sus gastos a lo largo del año mediante créditos adicionales y partidas sin el debido control. "Ahora nos presentan un presupuesto de casi 300 millardos para el próximo año ¿Qué nos espera entonces? ¿Qué el año que viene de nuevo veamos una letanía de créditos adicionales por 150 millardos más? ¿Quién se cree que este gobierno derrochador, siendo año electoral, va a gastar menos en el 2012 que en el 2011? Ya esta bueno de burlas, este presupuesto no tiene ninguna seriedad". "¿Cómo se explica que lo previsto para Defensa sea un monto muy similar a lo previsto para Educación Integral e incluso superior a lo asignado a Educación Universitaria?" dijo Borges quien ratificó el proyecto de Ley Candado, "que fije criterios muy estrictos" sobre el gasto.
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31-10-2011
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Guía básica para conocer la ley de arrendamientos inmobiliarios
1. ¿Qué aspectos regula la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que autorizó recientemente el Parlamento? El marco legal aprobado el pasado jueves regula varios aspectos de las relaciones arrendaticias como el contrato entre propietario e inquilino, las rentas a cobrar por los dueños (cánones de arrendamiento), los procesos de desalojo de los inquilinos y las ventas de las viviendas que tienen más de 20 años alquiladas.
2. Los contratos de alquiler, de acuerdo a la nueva ley, ¿por cuánto tiempo se firmarán? Los contratos tendrán una duración mínima de un año y podrán ser renovados por preferencia del arrendatario (inquilino).
3. ¿Cómo será el contenido de los contratos? Los contratos notificarán los acuerdos entre las partes y deberán tener un anexo en el que estará la resolución emitida por la Superintendencia de Nacional de Arrendamientos (organismo que sustituirá a la Dirección Nacional de Inquilinato) con la fijación del canon de arrendamiento. Del contrato se tienen que hacer tres ejemplares: uno para el propietario, otro para el inquilino y otro para la Superintendencia.
4. ¿Por qué se tiene que entregar un ejemplar del contrato al nuevo ente supervisor? Porque la Superintendencia de Arrendamientos tendrá entre sus atribuciones calcular el canon y revisar los contratos. El organismo, según la ley, "tiene que verificar que los acuerdos cumplan con todos los aspectos que están contemplados en el texto, especialmente los que se refieren a las condiciones del arrendamiento y el canon".
5. ¿Qué hará la Superintendencia con los contratos? Esa instancia creará un registro de contratos de arrendamiento. El plazo para la conformación de ese mecanismo estará definido en el reglamento de la ley.
6.¿Cómo se realizará el cálculo del canon de arrendamiento? En la ley existe una fórmula inicial. El organismo para poder estimar la renta tiene que fijar el valor del inmueble y para ello tomará en cuenta cinco aspectos: valor de reposición del bien, dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. En el reglamento se detallarán otros criterios para el cálculo del canon, allí se incluirían los tipos de vivienda y los materiales de construcción, entre otros puntos. El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ya adelantó que se acelerará la norma para definir el cobro de la renta.
7. ¿Cómo será la rentabilidad por el alquiler? La rentabilidad estará entre 3 y 5% y el Ejecutivo Nacional la podrá revisar por razones de interés público o social.
8. ¿Cada cuánto tiempo se revisará el canon? El canon se revisará cada año, porque es el plazo de duración del contrato. La ley permite efectuar una revisión previa al vencimiento si el arrendador ha ejecutado mejoras en el inmueble y si los costos de ello excedan el 20% del valor de la vivienda.
9. Una vez que se firme el contrato ¿cuándo notificará el organismo supervisor el monto a cobrar por el alquiler? En la Ley se fijan algunos procedimientos y se indica que una vez que se presente la solicitud para el cálculo del canon la Superintendencia de Arrendamientos tendrán un lapso de 20 días para determinarlo.
10.¿Qué contempla la ley sobre las preferencias arrendaticias? Cuando el contrato de arrendamiento haya llegado a su vencimiento el inquilino tendrá derecho preferente a seguir ocupando el inmueble, si el propietario decide seguir arrendando la vivienda. El inquilino que la ocupa tendrá preferencia sobre un tercero, siempre que esté solvente en sus pagos.
11. ¿Qué sucede si el inquilino que ocupa la vivienda opta por no seguir con el contrato? Tiene que notificárselo al propietario 30 días antes del vencimiento del contrato.
12. Si el propietario le informa al inquilino que el contrato no se renovará, porque el inmueble será vendido, pero en verdad lo alquila nuevamente ¿qué prevé la Ley? El propietario que incumpla con la preferencia y engañe al inquilino tendrá que indemnizarlo con 100 Unidades Tributarias (7.600 bolívares) por cada mes que haya permanecido de forma indebida fuera de la vivienda.
13. Con la reforma ¿cuáles son las causales de desalojo? La reforma permitirá la desocupación cuando el inquilino, sin causa justificada, haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento. Eso significa que si el arrendatario justifica la morosidad, el dueño de la vivienda no podrá pedirle el desalojo. La desocupación también procederá si el dueño del inmueble tiene la necesidad "justificada" de ocupar la vivienda con alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado.
14. ¿Existen más causas para ordenar la desocupación? Sí. La Ley señala que el desalojo procederá si el arrendatario ha destinado el inmueble a usos deshonestos, si ha ocasionado deterioros mayores a los provenientes del uso normal del inmueble o incumple las normas de convivencia ciudadana. El texto, adicionalmente, contempla los procesos para las demandas así como los pasos para las audiencias de mediación y los juicios.
15. ¿La Ley hace referencia a los desalojos forzosos? Sí, pero los procedimientos contra esas desocupaciones forzosas están en detalle en la Ley contra los Desalojos Arbitrarios que fue oficializada en mayo.
16. Si en las audiencias o juicios se falla a favor de los propietarios ¿en qué momento los inquilinos dejarán las viviendas? Los arrendatarios desocuparán las viviendas cuando la Superintendencia o el Ministerio de Vivienda les haya conseguido un refugio temporal o un destino habitacional definitivo.
17. El incumplimiento de la Ley, ¿qué implicará? El texto prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares) y se aplicarán si no se garantiza el uso pacífico de las casas, si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas. También se multará si los dueños incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler según los términos de la ley, si realizan cobros en moneda extranjera o no efectúan reintegros por los cobros en exceso.
18. Si hay reincidencias ¿cómo serán las sanciones? En la primera reincidencia la multa se duplicará, pero a la tercera reincidencia se realizará la expropiación de los inmuebles si el propietario que incumple la ley tiene más de cinco inmuebles.
19. Con los inquilinos que habitan en los edificios que están destinados al alquiler ¿qué procedimientos fija la ley? La venta de las viviendas. El texto señala que "los arrendatarios tendrán derecho a ser titulares de la vivienda constituida sobre los edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento". La Superintendencia de Arrendamientos establecerá los precios en esas operaciones de venta. Los propietarios de los inmuebles tendrán que dar descuentos en los precios, que estarán sujetos a los años de relación arrendaticia. Las rebajas en los precios de los inmuebles serán de 10 a 25%.
20. ¿Quiénes estarán exentos de esa obligatoriedad de venta de las viviendas? Los pequeños arrendadores no cumplirán con esa disposición transitoria de la Ley. En el marco legal, los parlamentarios establecieron dos clases de propietarios. Se considera pequeño arrendador aquel que tenga en alquiler de una a dos viviendas (apartamentos o habitaciones). El multiarrendador es quien tiene en alquiler más de tres inmuebles.
21. ¿Qué ha argumentado el Gobierno para impulsar la ley? En primer lugar las autoridades han respaldado la ley porque fue presentada por iniciativa popular ante la Asamblea Nacional y argumentan que normará las relaciones entre propietarios e inquilinos, acabando con los abusos y la especulación. El diputado Diosdado Cabello ha salido al paso a las críticas con señalamientos como los siguientes: "Los que dijeron que se iban a acabar los alquileres y que se vería afectada la propiedad privada le mintieron al país" porque esta Ley "evitará atropellos, persecuciones y será cumplida".
22. ¿Qué sostienen quienes critican la ley? Representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción, así como propietarios de inmuebles, han formulado varios cuestionamientos. Entre otras cosas señalan que la ley no es equilibrada porque castiga al dueño del inmueble. También han señalado que el texto promoverá la formación de un mercado irregular de alquileres, reducirá la oferta y desincentivará la inversión en el sector. Presentarán un recurso de nulidad de la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia.
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30-10-2011
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2. Los contratos de alquiler, de acuerdo a la nueva ley, ¿por cuánto tiempo se firmarán? Los contratos tendrán una duración mínima de un año y podrán ser renovados por preferencia del arrendatario (inquilino).
3. ¿Cómo será el contenido de los contratos? Los contratos notificarán los acuerdos entre las partes y deberán tener un anexo en el que estará la resolución emitida por la Superintendencia de Nacional de Arrendamientos (organismo que sustituirá a la Dirección Nacional de Inquilinato) con la fijación del canon de arrendamiento. Del contrato se tienen que hacer tres ejemplares: uno para el propietario, otro para el inquilino y otro para la Superintendencia.
4. ¿Por qué se tiene que entregar un ejemplar del contrato al nuevo ente supervisor? Porque la Superintendencia de Arrendamientos tendrá entre sus atribuciones calcular el canon y revisar los contratos. El organismo, según la ley, "tiene que verificar que los acuerdos cumplan con todos los aspectos que están contemplados en el texto, especialmente los que se refieren a las condiciones del arrendamiento y el canon".
5. ¿Qué hará la Superintendencia con los contratos? Esa instancia creará un registro de contratos de arrendamiento. El plazo para la conformación de ese mecanismo estará definido en el reglamento de la ley.
6.¿Cómo se realizará el cálculo del canon de arrendamiento? En la ley existe una fórmula inicial. El organismo para poder estimar la renta tiene que fijar el valor del inmueble y para ello tomará en cuenta cinco aspectos: valor de reposición del bien, dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. En el reglamento se detallarán otros criterios para el cálculo del canon, allí se incluirían los tipos de vivienda y los materiales de construcción, entre otros puntos. El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ya adelantó que se acelerará la norma para definir el cobro de la renta.
7. ¿Cómo será la rentabilidad por el alquiler? La rentabilidad estará entre 3 y 5% y el Ejecutivo Nacional la podrá revisar por razones de interés público o social.
8. ¿Cada cuánto tiempo se revisará el canon? El canon se revisará cada año, porque es el plazo de duración del contrato. La ley permite efectuar una revisión previa al vencimiento si el arrendador ha ejecutado mejoras en el inmueble y si los costos de ello excedan el 20% del valor de la vivienda.
9. Una vez que se firme el contrato ¿cuándo notificará el organismo supervisor el monto a cobrar por el alquiler? En la Ley se fijan algunos procedimientos y se indica que una vez que se presente la solicitud para el cálculo del canon la Superintendencia de Arrendamientos tendrán un lapso de 20 días para determinarlo.
10.¿Qué contempla la ley sobre las preferencias arrendaticias? Cuando el contrato de arrendamiento haya llegado a su vencimiento el inquilino tendrá derecho preferente a seguir ocupando el inmueble, si el propietario decide seguir arrendando la vivienda. El inquilino que la ocupa tendrá preferencia sobre un tercero, siempre que esté solvente en sus pagos.
11. ¿Qué sucede si el inquilino que ocupa la vivienda opta por no seguir con el contrato? Tiene que notificárselo al propietario 30 días antes del vencimiento del contrato.
12. Si el propietario le informa al inquilino que el contrato no se renovará, porque el inmueble será vendido, pero en verdad lo alquila nuevamente ¿qué prevé la Ley? El propietario que incumpla con la preferencia y engañe al inquilino tendrá que indemnizarlo con 100 Unidades Tributarias (7.600 bolívares) por cada mes que haya permanecido de forma indebida fuera de la vivienda.
13. Con la reforma ¿cuáles son las causales de desalojo? La reforma permitirá la desocupación cuando el inquilino, sin causa justificada, haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento. Eso significa que si el arrendatario justifica la morosidad, el dueño de la vivienda no podrá pedirle el desalojo. La desocupación también procederá si el dueño del inmueble tiene la necesidad "justificada" de ocupar la vivienda con alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado.
14. ¿Existen más causas para ordenar la desocupación? Sí. La Ley señala que el desalojo procederá si el arrendatario ha destinado el inmueble a usos deshonestos, si ha ocasionado deterioros mayores a los provenientes del uso normal del inmueble o incumple las normas de convivencia ciudadana. El texto, adicionalmente, contempla los procesos para las demandas así como los pasos para las audiencias de mediación y los juicios.
15. ¿La Ley hace referencia a los desalojos forzosos? Sí, pero los procedimientos contra esas desocupaciones forzosas están en detalle en la Ley contra los Desalojos Arbitrarios que fue oficializada en mayo.
16. Si en las audiencias o juicios se falla a favor de los propietarios ¿en qué momento los inquilinos dejarán las viviendas? Los arrendatarios desocuparán las viviendas cuando la Superintendencia o el Ministerio de Vivienda les haya conseguido un refugio temporal o un destino habitacional definitivo.
17. El incumplimiento de la Ley, ¿qué implicará? El texto prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares) y se aplicarán si no se garantiza el uso pacífico de las casas, si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas. También se multará si los dueños incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler según los términos de la ley, si realizan cobros en moneda extranjera o no efectúan reintegros por los cobros en exceso.
18. Si hay reincidencias ¿cómo serán las sanciones? En la primera reincidencia la multa se duplicará, pero a la tercera reincidencia se realizará la expropiación de los inmuebles si el propietario que incumple la ley tiene más de cinco inmuebles.
19. Con los inquilinos que habitan en los edificios que están destinados al alquiler ¿qué procedimientos fija la ley? La venta de las viviendas. El texto señala que "los arrendatarios tendrán derecho a ser titulares de la vivienda constituida sobre los edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento". La Superintendencia de Arrendamientos establecerá los precios en esas operaciones de venta. Los propietarios de los inmuebles tendrán que dar descuentos en los precios, que estarán sujetos a los años de relación arrendaticia. Las rebajas en los precios de los inmuebles serán de 10 a 25%.
20. ¿Quiénes estarán exentos de esa obligatoriedad de venta de las viviendas? Los pequeños arrendadores no cumplirán con esa disposición transitoria de la Ley. En el marco legal, los parlamentarios establecieron dos clases de propietarios. Se considera pequeño arrendador aquel que tenga en alquiler de una a dos viviendas (apartamentos o habitaciones). El multiarrendador es quien tiene en alquiler más de tres inmuebles.
21. ¿Qué ha argumentado el Gobierno para impulsar la ley? En primer lugar las autoridades han respaldado la ley porque fue presentada por iniciativa popular ante la Asamblea Nacional y argumentan que normará las relaciones entre propietarios e inquilinos, acabando con los abusos y la especulación. El diputado Diosdado Cabello ha salido al paso a las críticas con señalamientos como los siguientes: "Los que dijeron que se iban a acabar los alquileres y que se vería afectada la propiedad privada le mintieron al país" porque esta Ley "evitará atropellos, persecuciones y será cumplida".
22. ¿Qué sostienen quienes critican la ley? Representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción, así como propietarios de inmuebles, han formulado varios cuestionamientos. Entre otras cosas señalan que la ley no es equilibrada porque castiga al dueño del inmueble. También han señalado que el texto promoverá la formación de un mercado irregular de alquileres, reducirá la oferta y desincentivará la inversión en el sector. Presentarán un recurso de nulidad de la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El Universal
30-10-2011
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Lic. Henry Medina
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Gobierno determinará el monto del alquiler de las viviendas
Se espera que en breve se presente la reglamentación de la ley que terminará de delimitar el mercado de alquileres GUSTAVO BANDRES
Las rentas que se cobrarán por las viviendas en alquiler serán determinadas por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, una vez que entre en vigencia la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que aprobó el Parlamento.
La modificación del marco legal en sus principios señala que "se quiere combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de las viviendas así como la especulación y la discriminación" y añade que el alquiler formará parte de la política nacional de vivienda.
El ente supervisor, que estará adscrito al Ministerio de la Vivienda, a través de una fórmula estimará los cánones, que incluirán el valor de reposición, dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. El dueño del inmueble, después de fijado el canon, tendrá una rentabilidad anual de entre 3 y 5%, "que el Ejecutivo Nacional podrá modificar cuando así lo determinen las razones de interés público".
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, comentó esta semana que ya se avanza en el reglamento del marco legal justamente para "poner en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento".
Se espera la elaboración de dos reglamentos. El primero normará propiamente la aplicación de la ley y el otro reglamentará lo relacionado con la nueva Superintendencia.
Más
La reforma legal incrementa el control estatal en el mercado de alquileres y el Gobierno, además del canon, revisará otros aspectos como los contratos de arrendamientos. Los términos de los acuerdos entre propietarios e inquilinos serán evaluados por el ente supervisor, que adicionalmente creará un registro de contratos.
Todos aquellos que decidan arrendar las viviendas tienen que pasar por ese registro. En diciembre del pasado año, el Ejecutivo Nacional dio los primeros pasos cuando creó el censo para las habitaciones que están en alquiler.
En la lista
El Presidente Hugo Chávez Frías, luego de aprobada la ley, expresó que "este será un instrumento que se sumará al grupo de leyes socialistas".
La exposición de motivos del instrumento ya aprobado, indica que "vamos por el camino correcto al perseguir la construcción de la sociedad socialista" y añade que "la ley está dirigida a enfrentar la crisis de a vivienda" y "proteger el valor social de la vivienda como derecho humano (...) promoviendo las relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado social".
El Universal
30-10-2011
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Las rentas que se cobrarán por las viviendas en alquiler serán determinadas por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, una vez que entre en vigencia la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que aprobó el Parlamento.
La modificación del marco legal en sus principios señala que "se quiere combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de las viviendas así como la especulación y la discriminación" y añade que el alquiler formará parte de la política nacional de vivienda.
El ente supervisor, que estará adscrito al Ministerio de la Vivienda, a través de una fórmula estimará los cánones, que incluirán el valor de reposición, dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. El dueño del inmueble, después de fijado el canon, tendrá una rentabilidad anual de entre 3 y 5%, "que el Ejecutivo Nacional podrá modificar cuando así lo determinen las razones de interés público".
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, comentó esta semana que ya se avanza en el reglamento del marco legal justamente para "poner en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento".
Se espera la elaboración de dos reglamentos. El primero normará propiamente la aplicación de la ley y el otro reglamentará lo relacionado con la nueva Superintendencia.
Más
La reforma legal incrementa el control estatal en el mercado de alquileres y el Gobierno, además del canon, revisará otros aspectos como los contratos de arrendamientos. Los términos de los acuerdos entre propietarios e inquilinos serán evaluados por el ente supervisor, que adicionalmente creará un registro de contratos.
Todos aquellos que decidan arrendar las viviendas tienen que pasar por ese registro. En diciembre del pasado año, el Ejecutivo Nacional dio los primeros pasos cuando creó el censo para las habitaciones que están en alquiler.
En la lista
El Presidente Hugo Chávez Frías, luego de aprobada la ley, expresó que "este será un instrumento que se sumará al grupo de leyes socialistas".
La exposición de motivos del instrumento ya aprobado, indica que "vamos por el camino correcto al perseguir la construcción de la sociedad socialista" y añade que "la ley está dirigida a enfrentar la crisis de a vivienda" y "proteger el valor social de la vivienda como derecho humano (...) promoviendo las relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado social".
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La ley de alquileres enfrenta a grupos de propietarios con el socialismo de Chávez
Una nueva ley de alquiler de viviendas abrió el enfrentamiento en Venezuela entre la visión "socialista" del presidente, Hugo Chávez, de intervenir un mercado golpeado por el déficit y la especulación, y de los propietarios, que temen por la propiedad privada y la oferta inmobiliaria.
El jueves pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que deberá ser sancionada por Chávez para su entrada en vigor y con la que el Gobierno busca, según explicó el diputado oficialista Diosdado Cabello, establecer "reglas del juego claras".
La norma prevé que el canon de arrendamiento anual no supere el 5% del valor del inmueble, así como el derecho del arrendatario a adquirir la vivienda después de 20 años de renta y la constitución de una Superintendencia de Arrendamientos, por cuyo fuero pasarán toda la relación entre dueños e inquilinos.
Grupos de propietarios han elevado sus críticas contra la legislación e incluso han pedido a Chávez que no la sancione, por considerarla "desequilibrada".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, explicó a Efe que la ley "da luz verde a algunos abusos que algún inquilino pueda cometer" y aseguró que el "único antecedente" parecido a esta norma en Latinoamérica es una reforma emprendida en Cuba en la década de los sesenta.
"La ley de reforma urbana trajo (en Cuba) una situación similar, donde todos los alquileres pasaron a manos del Estado", sostuvo Orta y subrayó que la mayoría de países de la región tienen leyes que protegen socialmente la vivienda y el derecho a la propiedad.
Entre los puntos críticos Apiur cita los "excesivos controles" que prevé la ley, pues la Superintendencia deberá revisar los contratos, establecer cánones y dirimir conflictos entre las partes.
También observan con preocupación la posibilidad de que se establezcan "precios ínfimos y alquileres irrisorios" para la venta o arrendamiento de los inmuebles, que los procedimientos administrativos y judiciales se hagan "enrevesados y larguísimos" y la venta obligatoria de los edificios con más de 20 años alquilados.
"Esto es una ley política e ideológica, esto no tiene nada que ver con la viabilidad y la lógica", declaró el presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, Aquiles Martínez, al canal privado Globovisión.
Cuestionó que el precio del alquiler se fije a partir de aspectos como los materiales, metros cuadrados, antigüedad, zona sísmica y zona geográfica.
Chávez ha salido en defensa de esta normativa, que para sectores del oficialismo busca "regular" la relación de arrendamiento en un país con un déficit estimado de dos millones de viviendas.
"Estas son leyes socialistas para que nuestro pueblo y aquellos sectores que todavía tienen dudas, que pueden estar confundidos, se beneficien", afirmó Chávez el jueves pasado.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tito Oviedo, de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea, explicó a Efe que la ley "de por sí" reconoce el derecho a la propiedad privada.
"Cuando regulas la prestación de un servicio de interés social como lo es el arrendamiento, reconoces que hay un propietario, la ley lo reconoce, y reconoces que hay alguien que arrienda una propiedad", aseveró.
No obstante, Oviedo señaló que las protecciones a los arrendatarios se reconocen sin "menoscabar" los derechos del propietario.
"El hecho real es el cambio de la visión que está ocurriendo en Venezuela", agregó el diputado, quien advirtió que para Apiur y la derecha venezolana "la vivienda es simplemente una mercancía y un negocio" y por ello reclaman un "libertinaje económico".
Subrayó que el "drama" de Venezuela es que tiene un sector productivo, empresarial, que "se basa en la especulación y en la usura" y recordó que "en la mayoría de los países en Europa hay mucha protección sobre la persona que vive en arrendamiento".
"Esto es un cambio sustancial, es un punto de inflexión en la manera con la cual se ve el arrendamiento en Venezuela", sostuvo, al puntualizar que se pasa de un "libre mercado" a un Estado que asume eso.
Descartó que en la ley se prohíba el desalojo por causas justificadas, aunque admitió que no se permite "echar la familia a la calle" que saldrá tan pronto consiga un nuevo lugar o cuando el Gobierno asigne "en casos extremos" temporalmente una vivienda.
Resaltó la creación de un fondo que se nutrirá, entre otros, de los pagos de las multas e indicó que con esos recursos se buscará ayudar a los inquilinos que sean desalojados y pequeños propietarios que denuncien daños en sus inmuebles.
european pressphoto agency
30-10-2011
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El jueves pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que deberá ser sancionada por Chávez para su entrada en vigor y con la que el Gobierno busca, según explicó el diputado oficialista Diosdado Cabello, establecer "reglas del juego claras".
La norma prevé que el canon de arrendamiento anual no supere el 5% del valor del inmueble, así como el derecho del arrendatario a adquirir la vivienda después de 20 años de renta y la constitución de una Superintendencia de Arrendamientos, por cuyo fuero pasarán toda la relación entre dueños e inquilinos.
Grupos de propietarios han elevado sus críticas contra la legislación e incluso han pedido a Chávez que no la sancione, por considerarla "desequilibrada".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, explicó a Efe que la ley "da luz verde a algunos abusos que algún inquilino pueda cometer" y aseguró que el "único antecedente" parecido a esta norma en Latinoamérica es una reforma emprendida en Cuba en la década de los sesenta.
"La ley de reforma urbana trajo (en Cuba) una situación similar, donde todos los alquileres pasaron a manos del Estado", sostuvo Orta y subrayó que la mayoría de países de la región tienen leyes que protegen socialmente la vivienda y el derecho a la propiedad.
Entre los puntos críticos Apiur cita los "excesivos controles" que prevé la ley, pues la Superintendencia deberá revisar los contratos, establecer cánones y dirimir conflictos entre las partes.
También observan con preocupación la posibilidad de que se establezcan "precios ínfimos y alquileres irrisorios" para la venta o arrendamiento de los inmuebles, que los procedimientos administrativos y judiciales se hagan "enrevesados y larguísimos" y la venta obligatoria de los edificios con más de 20 años alquilados.
"Esto es una ley política e ideológica, esto no tiene nada que ver con la viabilidad y la lógica", declaró el presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezolana, Aquiles Martínez, al canal privado Globovisión.
Cuestionó que el precio del alquiler se fije a partir de aspectos como los materiales, metros cuadrados, antigüedad, zona sísmica y zona geográfica.
Chávez ha salido en defensa de esta normativa, que para sectores del oficialismo busca "regular" la relación de arrendamiento en un país con un déficit estimado de dos millones de viviendas.
"Estas son leyes socialistas para que nuestro pueblo y aquellos sectores que todavía tienen dudas, que pueden estar confundidos, se beneficien", afirmó Chávez el jueves pasado.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tito Oviedo, de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea, explicó a Efe que la ley "de por sí" reconoce el derecho a la propiedad privada.
"Cuando regulas la prestación de un servicio de interés social como lo es el arrendamiento, reconoces que hay un propietario, la ley lo reconoce, y reconoces que hay alguien que arrienda una propiedad", aseveró.
No obstante, Oviedo señaló que las protecciones a los arrendatarios se reconocen sin "menoscabar" los derechos del propietario.
"El hecho real es el cambio de la visión que está ocurriendo en Venezuela", agregó el diputado, quien advirtió que para Apiur y la derecha venezolana "la vivienda es simplemente una mercancía y un negocio" y por ello reclaman un "libertinaje económico".
Subrayó que el "drama" de Venezuela es que tiene un sector productivo, empresarial, que "se basa en la especulación y en la usura" y recordó que "en la mayoría de los países en Europa hay mucha protección sobre la persona que vive en arrendamiento".
"Esto es un cambio sustancial, es un punto de inflexión en la manera con la cual se ve el arrendamiento en Venezuela", sostuvo, al puntualizar que se pasa de un "libre mercado" a un Estado que asume eso.
Descartó que en la ley se prohíba el desalojo por causas justificadas, aunque admitió que no se permite "echar la familia a la calle" que saldrá tan pronto consiga un nuevo lugar o cuando el Gobierno asigne "en casos extremos" temporalmente una vivienda.
Resaltó la creación de un fondo que se nutrirá, entre otros, de los pagos de las multas e indicó que con esos recursos se buscará ayudar a los inquilinos que sean desalojados y pequeños propietarios que denuncien daños en sus inmuebles.
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Pedirán ante el TSJ y CIDH nulidad de la ley de arrendamiento
Las organizaciones hicieron un llamado a los diputados oficialistas de la AN para que rectifiquen ya que la ley todavía no ha sido sancionada | Juan Camacho
Agrupaciones sociales, profesionales y empresariales hicieron público un manifiesto para rechazar el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional el jueves.
"No podemos convalidar el contenido de esta ley porque constituye la muerte del arrendamiento y, peor aún, la muerte de la propiedad privada que garantiza la Constitución", dice el documento leído por Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
El manifiesto advierte que su aplicación será nociva para todos los venezolanos, "indistintamente que hoy sean propietarios o inquilinos", y para las generaciones futuras, "con quienes tenemos un deber insoslayable de entregarles una Venezuela próspera y viable".
Las organizaciones hicieron un llamado a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional para que rectifiquen ya que la ley todavía no ha sido sancionada y al presidente Hugo Chávez para que no la refrende cuando le corresponda hacerlo.
Informaron que, en caso de que la ley sea promulgada, introducirán un recurso de nulidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia. "Muchos de los artículos violan la carta magna", dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
También la denunciarán ante instancias internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, así como en las correspondientes del Mercosur.
Entre las organizaciones que firmaron el manifiesto se encuentran, además de Apiur y la Cámara Inmobiliaria, el Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler, el Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar y la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, la Cámara de Bienes Raíces, Cedice Libertad (a través de los observatorios EconómicoLegislativo y de Derechos de Propiedad) y la Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela también suscribieron el documento.
Aclararon que, aunque participaron en las actividades de parlamentarismo de calle y en las reuniones de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento para discutir el proyecto, las observaciones que hicieron no fueron tomadas en cuenta.
"Participamos y tratamos de abrir nuevas líneas de pensamiento, de formular nuevas ideas. Sólo nos dejaron hablar, pero no nos escucharon. Por ser ésta una ley de alto contenido político e ideológico, nuestros esfuerzos fueron a oídos sordos", señala el documento.
Punto por punto. El manifiesto alerta que los sectores populares serán los más perjudicados por la ley recién aprobada, que "obliga a vender la vivienda al inquilino por un precio ínfimo en detrimento del patrimonio familiar de miles de propietarios".
Alfredo Padilla, vocero del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, recordó que en los sectores populares se concentra la mayoría de los inmuebles arrendados. "En los barrios de Caracas, 7 de cada 10 familias comparten su vivienda con un inquilino".
El documento destaca que la legislación premia a los ciudadanos que han incumplido obligaciones contractuales, como la prohibición de subarrendar sin el permiso del dueño, e incluso a los que han cometido ilícitos, como el delito de invasión establecido en el Código Penal.
También dice que el Estado traslada su obligación de dar vivienda a la población en general y a los propietarios de inmuebles alquilados. "Esta ley interviene la esfera de los particulares para arrebatarles lo que por derecho les pertenece".
Agrega, además, que se hará más pesada la carga a los venezolanos que necesitarán vivienda en el futuro porque, a partir de la entrada en vigencia de la legislación, nadie invertirá sus ahorros en comprar o construir un inmueble para destinarlo al alquiler.
"Creemos que la aprobación de esta ley deja de lado el problema real de las casi 3 millones de familias que esperan tener una vivienda.
Sin un trabajo conjunto entre el Gobierno y las empresas e instituciones que han participado ex itosamente en la construcción residencial, eso no será posible".
Las organizaciones reiteraron su disposición de participar en actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades de vivienda de las fa mi lias venezola nas.
"Hemos señalado que, ante el déficit, deben tomarse medidas, pero nunca las que violen la Constitución".
El Nacional
29-10-2011
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Agrupaciones sociales, profesionales y empresariales hicieron público un manifiesto para rechazar el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional el jueves.
"No podemos convalidar el contenido de esta ley porque constituye la muerte del arrendamiento y, peor aún, la muerte de la propiedad privada que garantiza la Constitución", dice el documento leído por Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
El manifiesto advierte que su aplicación será nociva para todos los venezolanos, "indistintamente que hoy sean propietarios o inquilinos", y para las generaciones futuras, "con quienes tenemos un deber insoslayable de entregarles una Venezuela próspera y viable".
Las organizaciones hicieron un llamado a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional para que rectifiquen ya que la ley todavía no ha sido sancionada y al presidente Hugo Chávez para que no la refrende cuando le corresponda hacerlo.
Informaron que, en caso de que la ley sea promulgada, introducirán un recurso de nulidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia. "Muchos de los artículos violan la carta magna", dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
También la denunciarán ante instancias internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, así como en las correspondientes del Mercosur.
Entre las organizaciones que firmaron el manifiesto se encuentran, además de Apiur y la Cámara Inmobiliaria, el Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler, el Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar y la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, la Cámara de Bienes Raíces, Cedice Libertad (a través de los observatorios EconómicoLegislativo y de Derechos de Propiedad) y la Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela también suscribieron el documento.
Aclararon que, aunque participaron en las actividades de parlamentarismo de calle y en las reuniones de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento para discutir el proyecto, las observaciones que hicieron no fueron tomadas en cuenta.
"Participamos y tratamos de abrir nuevas líneas de pensamiento, de formular nuevas ideas. Sólo nos dejaron hablar, pero no nos escucharon. Por ser ésta una ley de alto contenido político e ideológico, nuestros esfuerzos fueron a oídos sordos", señala el documento.
Punto por punto. El manifiesto alerta que los sectores populares serán los más perjudicados por la ley recién aprobada, que "obliga a vender la vivienda al inquilino por un precio ínfimo en detrimento del patrimonio familiar de miles de propietarios".
Alfredo Padilla, vocero del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, recordó que en los sectores populares se concentra la mayoría de los inmuebles arrendados. "En los barrios de Caracas, 7 de cada 10 familias comparten su vivienda con un inquilino".
El documento destaca que la legislación premia a los ciudadanos que han incumplido obligaciones contractuales, como la prohibición de subarrendar sin el permiso del dueño, e incluso a los que han cometido ilícitos, como el delito de invasión establecido en el Código Penal.
También dice que el Estado traslada su obligación de dar vivienda a la población en general y a los propietarios de inmuebles alquilados. "Esta ley interviene la esfera de los particulares para arrebatarles lo que por derecho les pertenece".
Agrega, además, que se hará más pesada la carga a los venezolanos que necesitarán vivienda en el futuro porque, a partir de la entrada en vigencia de la legislación, nadie invertirá sus ahorros en comprar o construir un inmueble para destinarlo al alquiler.
"Creemos que la aprobación de esta ley deja de lado el problema real de las casi 3 millones de familias que esperan tener una vivienda.
Sin un trabajo conjunto entre el Gobierno y las empresas e instituciones que han participado ex itosamente en la construcción residencial, eso no será posible".
Las organizaciones reiteraron su disposición de participar en actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades de vivienda de las fa mi lias venezola nas.
"Hemos señalado que, ante el déficit, deben tomarse medidas, pero nunca las que violen la Constitución".
El Nacional
29-10-2011
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Propietarios temen que ley de alquileres en Venezuela "extermine" la oferta
La nueva ley que regulará el arrendamiento de viviendas en Venezuela fue creada por el oficialismo para acabar con la "especulación", aunque para los propietarios es un nuevo ataque del gobierno de Hugo Chávez a la propiedad privada y "exterminará" la oferta de alquileres.
Según el gobierno, la ley, aprobada el jueves por la mayoría oficialista del Parlamento venezolano, surgió de la iniciativa popular y busca eliminar "la especulación" en los alquileres y evitar que la renta de viviendas sea vista "como un negocio".
"Se hace justicia a más de 750.000 familias que viven como inquilinas y también al pequeño arrendador", aseguró el diputado oficialista Diosdado Cabello, uno de los promotores del instrumento jurídico.
Pero, para los propietarios, "esta ley decreta un exterminio total del mercado de alquiler, porque la gente bajo estas condiciones de inseguridad jurídica sencillamente no va a arrendar su inmueble", aseguró a la AFP el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), Roberto Orta.
"Es una ley que va en contra del derecho a la propiedad y para la que no se escuchó a los propietarios. Es una ley política y extremadamente punitiva donde todas las multas van para el arrendador y son altísimas", explicó Orta, que representa a más de 300 propietarios de inmuebles urbanos.
"No es verdad" que vaya a acabar con el alquiler, ni tampoco que se favorezca "al inquilino que atropella, que no paga", defendió por su parte Cabello, precisando que la ley "se encarga de proteger al débil jurídico".
La normativa establece la creación de una Superintendencia de Inquilinato, un organismo estatal que llevará un registro de arrendadores y arrendatarios, se encargará de revisar todos los contratos, establecer el canon de alquiler y mediar en caso de problemas, entre otras funciones.
"Nadie podrá alquilar sin aprobación previa del gobierno, convirtiendo el arrendamiento de viviendas en un trámite burocrático que durará meses", resalta un documento publicado este viernes por APIUR.
Los propietarios critican también los "procedimientos interminables" para recuperar una vivienda alquilada, el "indefinido impuesto a las viviendas desocupadas" que no se ofrezcan en renta, el "irrisorio" monto del alquiler que será fijado por el Estado, y las sanciones a los arrendadores que van de multas a expropiaciones.
"La ley es anticonstitucional (...) y, de ser necesario, vamos a recurrirla incluso ante instancias internacionales porque vulnera el derecho a la propiedad", advirtió Orta.
Sin embargo, durante la discusión final de la ley en el Parlamento -que se extendió por más de un mes- el oficialismo cedió en algunos puntos y, así, los contratos finalmente se firmarán por un año y no por tres, y la rentabilidad anual podrá ser de hasta 5% del valor del inmueble y no solo de 3% como estaba inicialmente estipulado.
Solucionar la fuerte crisis habitacional es una de las prioridades del presidente Hugo Chávez -que en octubre de 2012 optará a un tercer mandato consecutivo-, y para lograrlo el gobierno lanzó un programa que busca compensar en los próximos seis años un déficit de unos dos millones de viviendas.
"Vamos a comenzar a aplicar pronto esta maravillosa ley, es una ley socialista. Aplaudo la aprobación de la ley" de arrendamiento, celebró el jueves el mandatario venezolano.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, la ley tiene un carácter eminentemente "político e ideológico".
Además, según Martini, la nueva legislación "traerá la eliminación del mercado formal de inquilinato" porque da prioridad a los derechos de los inquilinos y desmotiva a los propietarios a alquilar sus inmuebles.
Chávez deberá promulgar la ley en los próximos días para su entrada en vigencia, ante las presiones de los propietarios y las críticas de sus detractores políticos, que aseguran que tiene fines electorales y responde a "la incapacidad del gobierno" de cumplir su meta de construcción de viviendas.
AFP
29-10-2011
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Según el gobierno, la ley, aprobada el jueves por la mayoría oficialista del Parlamento venezolano, surgió de la iniciativa popular y busca eliminar "la especulación" en los alquileres y evitar que la renta de viviendas sea vista "como un negocio".
"Se hace justicia a más de 750.000 familias que viven como inquilinas y también al pequeño arrendador", aseguró el diputado oficialista Diosdado Cabello, uno de los promotores del instrumento jurídico.
Pero, para los propietarios, "esta ley decreta un exterminio total del mercado de alquiler, porque la gente bajo estas condiciones de inseguridad jurídica sencillamente no va a arrendar su inmueble", aseguró a la AFP el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), Roberto Orta.
"Es una ley que va en contra del derecho a la propiedad y para la que no se escuchó a los propietarios. Es una ley política y extremadamente punitiva donde todas las multas van para el arrendador y son altísimas", explicó Orta, que representa a más de 300 propietarios de inmuebles urbanos.
"No es verdad" que vaya a acabar con el alquiler, ni tampoco que se favorezca "al inquilino que atropella, que no paga", defendió por su parte Cabello, precisando que la ley "se encarga de proteger al débil jurídico".
La normativa establece la creación de una Superintendencia de Inquilinato, un organismo estatal que llevará un registro de arrendadores y arrendatarios, se encargará de revisar todos los contratos, establecer el canon de alquiler y mediar en caso de problemas, entre otras funciones.
"Nadie podrá alquilar sin aprobación previa del gobierno, convirtiendo el arrendamiento de viviendas en un trámite burocrático que durará meses", resalta un documento publicado este viernes por APIUR.
Los propietarios critican también los "procedimientos interminables" para recuperar una vivienda alquilada, el "indefinido impuesto a las viviendas desocupadas" que no se ofrezcan en renta, el "irrisorio" monto del alquiler que será fijado por el Estado, y las sanciones a los arrendadores que van de multas a expropiaciones.
"La ley es anticonstitucional (...) y, de ser necesario, vamos a recurrirla incluso ante instancias internacionales porque vulnera el derecho a la propiedad", advirtió Orta.
Sin embargo, durante la discusión final de la ley en el Parlamento -que se extendió por más de un mes- el oficialismo cedió en algunos puntos y, así, los contratos finalmente se firmarán por un año y no por tres, y la rentabilidad anual podrá ser de hasta 5% del valor del inmueble y no solo de 3% como estaba inicialmente estipulado.
Solucionar la fuerte crisis habitacional es una de las prioridades del presidente Hugo Chávez -que en octubre de 2012 optará a un tercer mandato consecutivo-, y para lograrlo el gobierno lanzó un programa que busca compensar en los próximos seis años un déficit de unos dos millones de viviendas.
"Vamos a comenzar a aplicar pronto esta maravillosa ley, es una ley socialista. Aplaudo la aprobación de la ley" de arrendamiento, celebró el jueves el mandatario venezolano.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, la ley tiene un carácter eminentemente "político e ideológico".
Además, según Martini, la nueva legislación "traerá la eliminación del mercado formal de inquilinato" porque da prioridad a los derechos de los inquilinos y desmotiva a los propietarios a alquilar sus inmuebles.
Chávez deberá promulgar la ley en los próximos días para su entrada en vigencia, ante las presiones de los propietarios y las críticas de sus detractores políticos, que aseguran que tiene fines electorales y responde a "la incapacidad del gobierno" de cumplir su meta de construcción de viviendas.
AFP
29-10-2011
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Aspiran a que Chávez promulgue ley de arrendamiento y reglamentos de manera conjunta
Los inquilinos que trabajaron en la redacción de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, aprobada este jueves en segunda discusión por la Asamblea Nacional (AN), trabajan junto con la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento en dos propuestas de reglamento del instrumento legal, con el fin de entregarlas al Ejecutivo en los próximos días, de manera que el presidente Hugo Chávez firme el ejecútese de la Ley y la aprobación de los dos reglamentos de manera conjunta la semana que viene.
El presidente de la Comisión, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela – Psuv), aseveró este viernes, tras una reunión con los integrantes de los colectivos de arrendatarios, que los reglamentos están "bien adelantados", y que pretenden entregarlos a la Vicepresidencia para que luego se apruebe en Consejo de Ministros.
La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento.
Los inquilinos que acompañaron la redacción de la Ley se dividieron en comisiones de trabajo para desarrollar los dos reglamentos: el de la Ley como tal, que incluirá los aspectos procedimentales y la definición del canon en base a los criterios aprobados en el texto legal; y el de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, un órgano que nacerá por mandato del nuevo instrumento normativo en sustitución de la Dirección Nacional de Inquilinato.
Otra comisión desarrollará la propuesta de creación del Fondo para la Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendador. Éste también está incluido en el instrumento legal, pero la comitiva le dará forma más precisa.
El Nacional
29-10-2011
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El presidente de la Comisión, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela – Psuv), aseveró este viernes, tras una reunión con los integrantes de los colectivos de arrendatarios, que los reglamentos están "bien adelantados", y que pretenden entregarlos a la Vicepresidencia para que luego se apruebe en Consejo de Ministros.
La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento.
Los inquilinos que acompañaron la redacción de la Ley se dividieron en comisiones de trabajo para desarrollar los dos reglamentos: el de la Ley como tal, que incluirá los aspectos procedimentales y la definición del canon en base a los criterios aprobados en el texto legal; y el de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, un órgano que nacerá por mandato del nuevo instrumento normativo en sustitución de la Dirección Nacional de Inquilinato.
Otra comisión desarrollará la propuesta de creación del Fondo para la Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendador. Éste también está incluido en el instrumento legal, pero la comitiva le dará forma más precisa.
El Nacional
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Se afianza el control estatal en el mercado de los alquileres
El Gobierno se encargará de fijar el canon de arrendamiento y además de coordinar la venta de los inmuebles que están destinados al alquiler. ARCHIVO
Venezuela ⁄ La Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que incrementa el control del Gobierno en el mercado de los alquileres. Los entes oficiales ahora serán los encargados de determinar el canon, revisar los contratos e intermediar en la venta de los inmuebles que están en renta.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, Diosdado Cabello, indicó a AVN que ante el visto bueno de la ley ya se trabaja en la redacción de los reglamentos, que se redactan en coordinación con las organizaciones de inquilinos.
Según el diputado, los textos están "bien adelantados", y serán entregados a la Vicepresidencia. "La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento".
Los principios de la reforma legal señalan que por esa vía "se promoverá el arrendamiento socialmente responsable, de conformidad con la política nacional de vivienda" y "se combatirá el acaparamiento, la desocupación así como la mercantilización de las viviendas".
Una vez que entre en vigencia el texto, los contratos de arrendamiento tendrán un año de duración y podrán ser renovados. La renta a cobrar se determinará mediante una fórmula que tomará en cuenta el valor de reposición, dimensiones del inmueble, vulnerabilidad sísmica, depreciación y región geográfica. Ese cálculo lo efectuará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
Los desalojos de los inmuebles se materializarán cuando esa Superintendencia le haya conseguido a los inquilinos un destino habitacional.
En manos del nuevo organismo supervisor estará la oferta de las viviendas que se encuentran en los edificios destinados al alquiler. Para ello fijará los precios de venta de esas unidades, cuya fórmula sería la misma de estimar el canon.
Los procesos de fiscalización por parte del Estado se amplían y se contemplan multas de hasta 400 unidades tributarias por no cumplir con la ley. La reincidencia en los incumplimientos implicará expropiaciones, si los propietarios poseen más de cinco inmuebles.
Observaciones
Ante el contenido aprobado, los inmobiliarios consideran que ya no habrá mercado de alquiler. Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, "el contenido de la ley creará anarquía, porque muchos dejarán de pagar sus rentas amparados en lo que señala el texto".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, apunta que el texto contempla sanciones que en gran medida son para el propietario, "se castiga a los dueños".
Cuestiona los ajustes finales realizados al marco legal y comenta que en la disposición transitoria que ordena la venta de los inmuebles con más de 20 años arrendados "existen muchos vacíos. El Estado para poder vender esos edificios tiene que transformarlos en propiedad horizontal".
Apunta que se generan dudas sobre el plazo para la venta de las unidades habitacionales. "Si los propietarios no ofertan los inmuebles tendrían que someterse a juicios".
Otro de los aspectos que objeta es el traspaso de las consignaciones al Fondo de Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendatario. "Según el texto si los arrendadores no retiran los pagos por consignación en el plazo de un año, el dinero pasa al fondo. Ello es grave , porque los propietarios no retiran esos recursos, porque no les conviene". Las consignaciones se realizan cuando existen diferencias entre dueños e inquilinos y éstos deciden depositar en los tribunales.
Ante la aprobación de la ley, los inmobiliarios contemplan presentar un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia. Orta dice que no se descarta ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y al Parlamento Europeo.
Tras la defensa
Por su parte Rigel Sergent, vocero de Red Metropolitana de Inquilinos, señala que esta reforma surgió del debate y "pensamos en la justicia, se defiende a los inquilinos".
Considera que con los últimos cambios efectuados al texto, y que son referentes a la estimación del canon de arrendamiento, existen mejorías.
El diputado Tito Oviedo le indicó a Unión Radio que la Ley de Arrendamientos "en nada vulnera a los propietarios"
El Universal
29-10-2011
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Venezuela ⁄ La Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que incrementa el control del Gobierno en el mercado de los alquileres. Los entes oficiales ahora serán los encargados de determinar el canon, revisar los contratos e intermediar en la venta de los inmuebles que están en renta.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, Diosdado Cabello, indicó a AVN que ante el visto bueno de la ley ya se trabaja en la redacción de los reglamentos, que se redactan en coordinación con las organizaciones de inquilinos.
Según el diputado, los textos están "bien adelantados", y serán entregados a la Vicepresidencia. "La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento".
Los principios de la reforma legal señalan que por esa vía "se promoverá el arrendamiento socialmente responsable, de conformidad con la política nacional de vivienda" y "se combatirá el acaparamiento, la desocupación así como la mercantilización de las viviendas".
Una vez que entre en vigencia el texto, los contratos de arrendamiento tendrán un año de duración y podrán ser renovados. La renta a cobrar se determinará mediante una fórmula que tomará en cuenta el valor de reposición, dimensiones del inmueble, vulnerabilidad sísmica, depreciación y región geográfica. Ese cálculo lo efectuará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
Los desalojos de los inmuebles se materializarán cuando esa Superintendencia le haya conseguido a los inquilinos un destino habitacional.
En manos del nuevo organismo supervisor estará la oferta de las viviendas que se encuentran en los edificios destinados al alquiler. Para ello fijará los precios de venta de esas unidades, cuya fórmula sería la misma de estimar el canon.
Los procesos de fiscalización por parte del Estado se amplían y se contemplan multas de hasta 400 unidades tributarias por no cumplir con la ley. La reincidencia en los incumplimientos implicará expropiaciones, si los propietarios poseen más de cinco inmuebles.
Observaciones
Ante el contenido aprobado, los inmobiliarios consideran que ya no habrá mercado de alquiler. Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, "el contenido de la ley creará anarquía, porque muchos dejarán de pagar sus rentas amparados en lo que señala el texto".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, apunta que el texto contempla sanciones que en gran medida son para el propietario, "se castiga a los dueños".
Cuestiona los ajustes finales realizados al marco legal y comenta que en la disposición transitoria que ordena la venta de los inmuebles con más de 20 años arrendados "existen muchos vacíos. El Estado para poder vender esos edificios tiene que transformarlos en propiedad horizontal".
Apunta que se generan dudas sobre el plazo para la venta de las unidades habitacionales. "Si los propietarios no ofertan los inmuebles tendrían que someterse a juicios".
Otro de los aspectos que objeta es el traspaso de las consignaciones al Fondo de Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendatario. "Según el texto si los arrendadores no retiran los pagos por consignación en el plazo de un año, el dinero pasa al fondo. Ello es grave , porque los propietarios no retiran esos recursos, porque no les conviene". Las consignaciones se realizan cuando existen diferencias entre dueños e inquilinos y éstos deciden depositar en los tribunales.
Ante la aprobación de la ley, los inmobiliarios contemplan presentar un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia. Orta dice que no se descarta ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y al Parlamento Europeo.
Tras la defensa
Por su parte Rigel Sergent, vocero de Red Metropolitana de Inquilinos, señala que esta reforma surgió del debate y "pensamos en la justicia, se defiende a los inquilinos".
Considera que con los últimos cambios efectuados al texto, y que son referentes a la estimación del canon de arrendamiento, existen mejorías.
El diputado Tito Oviedo le indicó a Unión Radio que la Ley de Arrendamientos "en nada vulnera a los propietarios"
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La muerte del alquiler
TalCualDigital.com
Todos los alquileres de unidades habitacionales estarán prácticamente sepultados en un cementerio una vez que la Asamblea Nacionalaprobó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda. Esta fue la conclusión a la que se llegó ayer en la mesa de análisis sobre la futura ley de regulación de alquileres organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice).
Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad de Cedice, comentó que la futura ley es completamente injusta y perjudicial para toda la sociedad venezolana porque vulnera todos los derechos de la propiedad privada. Además, expresó que de aprobarse la norma jurídica sólo beneficiaría al corto plazo a una minoría de la población (inquilinos).
"Estamos ante una ley ponzoñosa, que siembra el odio y genera conflicto y cizaña", dijo Benítez. El integrante del Observatorio de Propiedad aseguró que si los partidos políticos hubiesen presionado y pedido más información, el proyecto de ley aún estaría siendo discutida y debatida desde el principio. A su juicio, hubo fallas y atrasos, de los propietarios, en las exigencias a las organizaciones políticas que adversan el texto.
Para Benítez, desde el artículo 1 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda se observa la errada visión que tiene el Ejecutivo sobre la propiedad. Resaltó que el escrito hace ver a la propiedad privada como un "pecado" y señala que la crisis habitacional es un factor producto del "modelo capitalista explotador y excluyente".
Entre las consecuencias negativas, afirmó que se generará un mercado negro, habrá una profundización en la escasez de la oferta y existirá una depreciación en el valor del inmueble.
DESCONTENTO OFICIALISTA
Al parecer el descontento por la también denominada "Ley Cabello" ha tocado la puerta de los portales de información que simpatizan con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria en Venezuela (CIV), señaló que en la página web www.aporrea.org "portal alternativo de noticias a favor del gobierno de Chávez" hay cartas de propietarios que se quejan por imposibilidades de desalojos y de venta, originados desde que comenzó el anuncio de la regulación en el sector de los alquileres.
Igualmente, se preguntó en dónde habitarán las personas que no podrán conseguir un techo porque, de paso, el déficit habitacional ya alcanza los 2.200.000 inmuebles en todo el territorio nacional. Insistió en que el mercado de alquileres se acabará de una manera formal.
En cuanto al valor que ahora tendrá la vivienda en alquiler, dijo que con la "fórmula inmobiliaria" el costo de la estructura será más económico. No obstante, aclaró que el valor de la unidad habitacional no superará su precio original. También, al igual que Benítez, dijo que se originará un mercado negro de arrendamiento.
Indicó que en la página web de la CIV hay una serie de tips que orientan al propietario sobre los efectos que tendrá la referida ley de arrendamiento.
Tal Cual
28-10-2011
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Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad de Cedice, comentó que la futura ley es completamente injusta y perjudicial para toda la sociedad venezolana porque vulnera todos los derechos de la propiedad privada. Además, expresó que de aprobarse la norma jurídica sólo beneficiaría al corto plazo a una minoría de la población (inquilinos).
"Estamos ante una ley ponzoñosa, que siembra el odio y genera conflicto y cizaña", dijo Benítez. El integrante del Observatorio de Propiedad aseguró que si los partidos políticos hubiesen presionado y pedido más información, el proyecto de ley aún estaría siendo discutida y debatida desde el principio. A su juicio, hubo fallas y atrasos, de los propietarios, en las exigencias a las organizaciones políticas que adversan el texto.
Para Benítez, desde el artículo 1 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda se observa la errada visión que tiene el Ejecutivo sobre la propiedad. Resaltó que el escrito hace ver a la propiedad privada como un "pecado" y señala que la crisis habitacional es un factor producto del "modelo capitalista explotador y excluyente".
Entre las consecuencias negativas, afirmó que se generará un mercado negro, habrá una profundización en la escasez de la oferta y existirá una depreciación en el valor del inmueble.
DESCONTENTO OFICIALISTA
Al parecer el descontento por la también denominada "Ley Cabello" ha tocado la puerta de los portales de información que simpatizan con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria en Venezuela (CIV), señaló que en la página web www.aporrea.org "portal alternativo de noticias a favor del gobierno de Chávez" hay cartas de propietarios que se quejan por imposibilidades de desalojos y de venta, originados desde que comenzó el anuncio de la regulación en el sector de los alquileres.
Igualmente, se preguntó en dónde habitarán las personas que no podrán conseguir un techo porque, de paso, el déficit habitacional ya alcanza los 2.200.000 inmuebles en todo el territorio nacional. Insistió en que el mercado de alquileres se acabará de una manera formal.
En cuanto al valor que ahora tendrá la vivienda en alquiler, dijo que con la "fórmula inmobiliaria" el costo de la estructura será más económico. No obstante, aclaró que el valor de la unidad habitacional no superará su precio original. También, al igual que Benítez, dijo que se originará un mercado negro de arrendamiento.
Indicó que en la página web de la CIV hay una serie de tips que orientan al propietario sobre los efectos que tendrá la referida ley de arrendamiento.
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Nueva Ley de Arrendamiento frenará plan masivo de viviendas
El Presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan Francisco Jiménez señaló que los efectos negativos del texto del recién aprobado proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, comprometen las metas del plan masivo de viviendas que adelanta el Gobierno nacional, por lo que exhorta al Presidente de la República a evaluar las propuestas formuladas por el sector construcción, y así cumplir con el objetivo de beneficiar a las familias venezolanas.
El presidente de la institución, Juan Francisco Jiménez enfatizó que para garantizar el éxito de cualquier plan masivo de construcción de viviendas en el país, es preciso concertar definitivamente una política nacional coherente y profesional, diseñada para permitir e incentivar la participación de todos los actores involucrados en el área de vivienda.
Reiteró que la construcción de viviendas de interés social para alquilar debe ser financiada principalmente por el sector público, con el apoyo decidido de la empresa privada, para lo cual se ha propuesto la constitución de empresas mixtas (Gobierno-sector privado) que se encarguen de ejecutar estos desarrollos habitacionales, en toda su integralidad.
Para que esto ocurra y tenga viabilidad real el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Jiménez indicó que es fundamental que el texto final de dicha ley tome en consideración las propuestas y visiones de todos los actores involucrados, a fin de garantizar el objetivo de beneficiar a la familia venezolana. “En caso contrario, traerá graves consecuencias para los venezolanos que requieren una vivienda digna y para los cientos de miles de trabajadores y empresas que operan en el sector”, manifestó.
A propósito de la obligatoriedad de las empresas constructoras de destinar, para el arrendamiento, un porcentaje del total de las viviendas que construyan, enfatizó que esta situación haría inviable la construcción masiva de viviendas promovidas por el sector privado. “Adicionalmente –destacó- se estaría delegando el establecimiento de ese porcentaje a un ente público, para que actúe de forma totalmente discrecional, lo que podría fomentar prácticas poco transparentes o situaciones donde se beneficie a unos en perjuicio de otros”.
Según Jiménez es necesario que la ley que apruebe la Asamblea Nacional establezca medidas equilibradas, tanto para arrendadores como arrendatarios, que respete la libre contratación inquilinaria, evitando el abuso de cualquiera de las partes involucradas; que genere confianza y seguridad jurídica, y que estimule la participación de la inversión privada nacional y extranjera para la construcción masiva de viviendas destinadas al arrendamiento.
“Experiencias en otros países – puntualizó- han logrado establecer con éxito una política de incentivos y motivación para la construcción de viviendas en alquiler. Existen muchas formas de lograr una mayor participación del sector privado en este campo, pero definitivamente no es a través de la imposición como se pueden alcanzar resultados favorables para todos”.
Cámara Venezolana de la Construcción
28-10-2011
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Reiteró que la construcción de viviendas de interés social para alquilar debe ser financiada principalmente por el sector público, con el apoyo decidido de la empresa privada, para lo cual se ha propuesto la constitución de empresas mixtas (Gobierno-sector privado) que se encarguen de ejecutar estos desarrollos habitacionales, en toda su integralidad.
Para que esto ocurra y tenga viabilidad real el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Jiménez indicó que es fundamental que el texto final de dicha ley tome en consideración las propuestas y visiones de todos los actores involucrados, a fin de garantizar el objetivo de beneficiar a la familia venezolana. “En caso contrario, traerá graves consecuencias para los venezolanos que requieren una vivienda digna y para los cientos de miles de trabajadores y empresas que operan en el sector”, manifestó.
A propósito de la obligatoriedad de las empresas constructoras de destinar, para el arrendamiento, un porcentaje del total de las viviendas que construyan, enfatizó que esta situación haría inviable la construcción masiva de viviendas promovidas por el sector privado. “Adicionalmente –destacó- se estaría delegando el establecimiento de ese porcentaje a un ente público, para que actúe de forma totalmente discrecional, lo que podría fomentar prácticas poco transparentes o situaciones donde se beneficie a unos en perjuicio de otros”.
Según Jiménez es necesario que la ley que apruebe la Asamblea Nacional establezca medidas equilibradas, tanto para arrendadores como arrendatarios, que respete la libre contratación inquilinaria, evitando el abuso de cualquiera de las partes involucradas; que genere confianza y seguridad jurídica, y que estimule la participación de la inversión privada nacional y extranjera para la construcción masiva de viviendas destinadas al arrendamiento.
“Experiencias en otros países – puntualizó- han logrado establecer con éxito una política de incentivos y motivación para la construcción de viviendas en alquiler. Existen muchas formas de lograr una mayor participación del sector privado en este campo, pero definitivamente no es a través de la imposición como se pueden alcanzar resultados favorables para todos”.
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Se amplían las sanciones en la Ley de Arrendamientos
En las multas de la Ley de Alquileres se contemplan de hasta 400 Unidades Tributarias ENIO PERDOMO/ARCHIVO
La Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en la cual el Gobierno fija el canon, ordena la venta de las viviendas en alquiler y además amplía las sanciones, que en gran medida recaen en los propietarios de los inmuebles.
Aunque el texto ya estaba en segunda discusión, los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional esta semana realizaron ajustes al informe final de la ley y con esos cambios de última hora las sanciones ahora ascienden a 17. La Ley las multas prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares).
Los montos más altos, de 400 Unidades Tributarias, los tendrán que cancelar aquellos propietarios que, por ejemplo, al momento de vender la vivienda al inquilino no realicen los descuentos que plantea el texto en los precios finales, así como si no se garantiza el uso pacífico de las casas, o si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas.
Si los dueños de los inmuebles no realizan el registro ante la Superintendencia de Arrendamiento, efectúan cobros indebidos del canon o los avisos de alquiler no cumplen con los términos del marco legal, las multas serán también de 400 Unidades Tributarias.
Las sanciones equivalentes a 100 y 50 Unidades Tributarias se aplicarán si los propietarios incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler de acuerdo a los términos del marco legal, si realizan cobros en moneda extranjera, si no efectúan reintegros por los cobros en exceso o si no garantizan los servicios en las habitaciones.
Para los inquilinos solamente se contempla la sanción en caso de que hagan subarrendamientos, señala el proyecto.
Los parlamentarios no sólo hicieron cambios en las sanciones, también revisaron las disposiciones transitorias.
En la sexta disposición transitoria se señala que los propietarios tendrán que ofertar las viviendas a aquellos inquilinos que tienen más de 20 años arrendados. El proceso de venta de esas unidades será coordinado por la Superintendencia de Arrendamientos.
El presidente de la Comisión, Diosdado Cabello, dijo que más de 750.000 familias están en condición de inquilinos y se hace justicia. Agregó que se reconoce al pequeño arrendador.
Mercado irregular
Para los representantes del sector inmobiliario esta reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios impactará en el valor de la propiedad y creará un mercado irregular.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que "con ese marco legal ahora la propiedad vale menos" y agregó que "ante la diferencia que está en el texto de pequeños arrendadores y multiarrendedores se respeta la propiedad de unos, pero no de otros".
La visión de que el marco legal impulsará un mercado de alquileres irregular es compartida por Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad del Cedice, quien añadió que "el alquiler no desaparecerá por ser un servicio, pero la ley terminará creando otro mercado".
Detalló que cuando la ley entre en vigencia se profundizará la escasez de viviendas, debido a que la oferta de unidades en alquiler caerá y apuntó que por un breve lapso los precios de las viviendas bajarán, debido a que las operaciones de venta aumentarán.
Benítez apuntó que las nuevas reglas en materia de alquiler incrementarán el deterioro de los activos y generarán más expropiaciones.
Expresó que esa Ley de Arrendamientos se regirá por la política nacional de vivienda y, en ese contexto, el Gobierno está impulsando la propiedad familiar, por lo que no descarta que los inquilinos reciban las viviendas bajo esa nueva forma de propiedad.
El presidente de la República, Hugo Chávez, al terminar la sesión donde la norma fue aprobada, instó al Parlamento a acelerar la reglamentación de la Ley, para que pueda ser aplicada realmente y no quede en letra muerta.
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La Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en la cual el Gobierno fija el canon, ordena la venta de las viviendas en alquiler y además amplía las sanciones, que en gran medida recaen en los propietarios de los inmuebles.
Aunque el texto ya estaba en segunda discusión, los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional esta semana realizaron ajustes al informe final de la ley y con esos cambios de última hora las sanciones ahora ascienden a 17. La Ley las multas prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares).
Los montos más altos, de 400 Unidades Tributarias, los tendrán que cancelar aquellos propietarios que, por ejemplo, al momento de vender la vivienda al inquilino no realicen los descuentos que plantea el texto en los precios finales, así como si no se garantiza el uso pacífico de las casas, o si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas.
Si los dueños de los inmuebles no realizan el registro ante la Superintendencia de Arrendamiento, efectúan cobros indebidos del canon o los avisos de alquiler no cumplen con los términos del marco legal, las multas serán también de 400 Unidades Tributarias.
Las sanciones equivalentes a 100 y 50 Unidades Tributarias se aplicarán si los propietarios incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler de acuerdo a los términos del marco legal, si realizan cobros en moneda extranjera, si no efectúan reintegros por los cobros en exceso o si no garantizan los servicios en las habitaciones.
Para los inquilinos solamente se contempla la sanción en caso de que hagan subarrendamientos, señala el proyecto.
Los parlamentarios no sólo hicieron cambios en las sanciones, también revisaron las disposiciones transitorias.
En la sexta disposición transitoria se señala que los propietarios tendrán que ofertar las viviendas a aquellos inquilinos que tienen más de 20 años arrendados. El proceso de venta de esas unidades será coordinado por la Superintendencia de Arrendamientos.
El presidente de la Comisión, Diosdado Cabello, dijo que más de 750.000 familias están en condición de inquilinos y se hace justicia. Agregó que se reconoce al pequeño arrendador.
Mercado irregular
Para los representantes del sector inmobiliario esta reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios impactará en el valor de la propiedad y creará un mercado irregular.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que "con ese marco legal ahora la propiedad vale menos" y agregó que "ante la diferencia que está en el texto de pequeños arrendadores y multiarrendedores se respeta la propiedad de unos, pero no de otros".
La visión de que el marco legal impulsará un mercado de alquileres irregular es compartida por Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad del Cedice, quien añadió que "el alquiler no desaparecerá por ser un servicio, pero la ley terminará creando otro mercado".
Detalló que cuando la ley entre en vigencia se profundizará la escasez de viviendas, debido a que la oferta de unidades en alquiler caerá y apuntó que por un breve lapso los precios de las viviendas bajarán, debido a que las operaciones de venta aumentarán.
Benítez apuntó que las nuevas reglas en materia de alquiler incrementarán el deterioro de los activos y generarán más expropiaciones.
Expresó que esa Ley de Arrendamientos se regirá por la política nacional de vivienda y, en ese contexto, el Gobierno está impulsando la propiedad familiar, por lo que no descarta que los inquilinos reciban las viviendas bajo esa nueva forma de propiedad.
El presidente de la República, Hugo Chávez, al terminar la sesión donde la norma fue aprobada, instó al Parlamento a acelerar la reglamentación de la Ley, para que pueda ser aplicada realmente y no quede en letra muerta.
El Universal
28-10-2011
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