Las organizaciones hicieron un llamado a los diputados oficialistas de la AN para que rectifiquen ya que la ley todavía no ha sido sancionada | Juan Camacho
Agrupaciones sociales, profesionales y empresariales hicieron público un manifiesto para rechazar el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional el jueves.
"No podemos convalidar el contenido de esta ley porque constituye la muerte del arrendamiento y, peor aún, la muerte de la propiedad privada que garantiza la Constitución", dice el documento leído por Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
El manifiesto advierte que su aplicación será nociva para todos los venezolanos, "indistintamente que hoy sean propietarios o inquilinos", y para las generaciones futuras, "con quienes tenemos un deber insoslayable de entregarles una Venezuela próspera y viable".
Las organizaciones hicieron un llamado a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional para que rectifiquen ya que la ley todavía no ha sido sancionada y al presidente Hugo Chávez para que no la refrende cuando le corresponda hacerlo.
Informaron que, en caso de que la ley sea promulgada, introducirán un recurso de nulidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia. "Muchos de los artículos violan la carta magna", dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
También la denunciarán ante instancias internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, así como en las correspondientes del Mercosur.
Entre las organizaciones que firmaron el manifiesto se encuentran, además de Apiur y la Cámara Inmobiliaria, el Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler, el Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar y la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, la Cámara de Bienes Raíces, Cedice Libertad (a través de los observatorios EconómicoLegislativo y de Derechos de Propiedad) y la Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela también suscribieron el documento.
Aclararon que, aunque participaron en las actividades de parlamentarismo de calle y en las reuniones de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento para discutir el proyecto, las observaciones que hicieron no fueron tomadas en cuenta.
"Participamos y tratamos de abrir nuevas líneas de pensamiento, de formular nuevas ideas. Sólo nos dejaron hablar, pero no nos escucharon. Por ser ésta una ley de alto contenido político e ideológico, nuestros esfuerzos fueron a oídos sordos", señala el documento.
Punto por punto. El manifiesto alerta que los sectores populares serán los más perjudicados por la ley recién aprobada, que "obliga a vender la vivienda al inquilino por un precio ínfimo en detrimento del patrimonio familiar de miles de propietarios".
Alfredo Padilla, vocero del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, recordó que en los sectores populares se concentra la mayoría de los inmuebles arrendados. "En los barrios de Caracas, 7 de cada 10 familias comparten su vivienda con un inquilino".
El documento destaca que la legislación premia a los ciudadanos que han incumplido obligaciones contractuales, como la prohibición de subarrendar sin el permiso del dueño, e incluso a los que han cometido ilícitos, como el delito de invasión establecido en el Código Penal.
También dice que el Estado traslada su obligación de dar vivienda a la población en general y a los propietarios de inmuebles alquilados. "Esta ley interviene la esfera de los particulares para arrebatarles lo que por derecho les pertenece".
Agrega, además, que se hará más pesada la carga a los venezolanos que necesitarán vivienda en el futuro porque, a partir de la entrada en vigencia de la legislación, nadie invertirá sus ahorros en comprar o construir un inmueble para destinarlo al alquiler.
"Creemos que la aprobación de esta ley deja de lado el problema real de las casi 3 millones de familias que esperan tener una vivienda.
Sin un trabajo conjunto entre el Gobierno y las empresas e instituciones que han participado ex itosamente en la construcción residencial, eso no será posible".
Las organizaciones reiteraron su disposición de participar en actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades de vivienda de las fa mi lias venezola nas.
"Hemos señalado que, ante el déficit, deben tomarse medidas, pero nunca las que violen la Constitución".
El Nacional
29-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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