martes, 1 de noviembre de 2011

Se afianza el control estatal en el mercado de los alquileres

El Gobierno se encargará de fijar el canon de arrendamiento y además de coordinar la venta de los inmuebles que están destinados al alquiler. ARCHIVO
Venezuela ⁄ La Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que incrementa el control del Gobierno en el mercado de los alquileres. Los entes oficiales ahora serán los encargados de determinar el canon, revisar los contratos e intermediar en la venta de los inmuebles que están en renta.

El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, Diosdado Cabello, indicó a AVN que ante el visto bueno de la ley ya se trabaja en la redacción de los reglamentos, que se redactan en coordinación con las organizaciones de inquilinos.

Según el diputado, los textos están "bien adelantados", y serán entregados a la Vicepresidencia. "La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento".

Los principios de la reforma legal señalan que por esa vía "se promoverá el arrendamiento socialmente responsable, de conformidad con la política nacional de vivienda" y "se combatirá el acaparamiento, la desocupación así como la mercantilización de las viviendas".

Una vez que entre en vigencia el texto, los contratos de arrendamiento tendrán un año de duración y podrán ser renovados. La renta a cobrar se determinará mediante una fórmula que tomará en cuenta el valor de reposición, dimensiones del inmueble, vulnerabilidad sísmica, depreciación y región geográfica. Ese cálculo lo efectuará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.

Los desalojos de los inmuebles se materializarán cuando esa Superintendencia le haya conseguido a los inquilinos un destino habitacional.

En manos del nuevo organismo supervisor estará la oferta de las viviendas que se encuentran en los edificios destinados al alquiler. Para ello fijará los precios de venta de esas unidades, cuya fórmula sería la misma de estimar el canon.

Los procesos de fiscalización por parte del Estado se amplían y se contemplan multas de hasta 400 unidades tributarias por no cumplir con la ley. La reincidencia en los incumplimientos implicará expropiaciones, si los propietarios poseen más de cinco inmuebles.

Observaciones

Ante el contenido aprobado, los inmobiliarios consideran que ya no habrá mercado de alquiler. Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, "el contenido de la ley creará anarquía, porque muchos dejarán de pagar sus rentas amparados en lo que señala el texto".

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, apunta que el texto contempla sanciones que en gran medida son para el propietario, "se castiga a los dueños".

Cuestiona los ajustes finales realizados al marco legal y comenta que en la disposición transitoria que ordena la venta de los inmuebles con más de 20 años arrendados "existen muchos vacíos. El Estado para poder vender esos edificios tiene que transformarlos en propiedad horizontal".

Apunta que se generan dudas sobre el plazo para la venta de las unidades habitacionales. "Si los propietarios no ofertan los inmuebles tendrían que someterse a juicios".

Otro de los aspectos que objeta es el traspaso de las consignaciones al Fondo de Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendatario. "Según el texto si los arrendadores no retiran los pagos por consignación en el plazo de un año, el dinero pasa al fondo. Ello es grave , porque los propietarios no retiran esos recursos, porque no les conviene". Las consignaciones se realizan cuando existen diferencias entre dueños e inquilinos y éstos deciden depositar en los tribunales.

Ante la aprobación de la ley, los inmobiliarios contemplan presentar un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia. Orta dice que no se descarta ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y al Parlamento Europeo.

Tras la defensa

Por su parte Rigel Sergent, vocero de Red Metropolitana de Inquilinos, señala que esta reforma surgió del debate y "pensamos en la justicia, se defiende a los inquilinos".

Considera que con los últimos cambios efectuados al texto, y que son referentes a la estimación del canon de arrendamiento, existen mejorías.

El diputado Tito Oviedo le indicó a Unión Radio que la Ley de Arrendamientos "en nada vulnera a los propietarios"

El Universal
29-10-2011

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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