"¿Y yo dónde denuncio que el Gobierno me quitó mi casa?"

Plaza Jardín, objeto de ocupación temporal, cumplió un año sin avancesQuienes compraron apartamentos en Plaza Jardín no saben cuándo podrán mudarse. La inflación consumió sus aportes Ayer se cumplió un año desde que el presidente Hugo Chávez justificó la expropiación de seis urbanismos, ocho ocupaciones temporales y 19 fiscalizaciones: "Están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarlos, a reajustar los precios, a multar a esta empresa y a entregarlos". En contra de esa promesa están los testimonios de las familias que compraron apartamentos en Plaza Jardín (Colegio de Ingenieros) quienes trancaron la Av. Libertador ayer como medida de protesta ante el desamparo del que se sienten víctimas."¿Y yo dónde denuncio que el Gobierno me quitó mi vivienda? Yo ya había terminado de pagar, tenía todo recogido para mudarme. Ahora vivo alquilada, sigo pagando los préstamos que pedí para poder comprar mi apartamento y estoy como en un campamento: con todas mis cosas en cajas y bolsas", contó Jazmín Zambrano, quien a sus 60 años, invirtió todos sus ahorros allí.Luego de que el urbanismo apareció en la lista de inmuebles objeto de ocupación temporal, representantes de Indepabis prometieron a los propietarios que los ayudarían a tramitar financiamientos con bancos del Estado para que los que no hubiesen pagado terminaran de hacerlo y la obra avanzara más rápido.El argumento para la intervención fue que la constructora estaba retrasada con las entregas, pero según los afectados, menos de diez denuncias movilizaron la medida que tanto les ha afectado.Plaza Jardín se construyó con aportes de una Asociación Civil y no de un banco. Así que quienes querían apartamentos debían pagar cuotas a la constructora, ésta ponía los obreros y la administración. Un año después, los costos de lo que restaba por hacer se han disparado y los asociados no están en capacidad de asumirlos solos, por eso insisten en que el Gobierno cumpla su promesa de ayudarlos con créditos. Mientras tanto, la obra está parada.A la construcción le falta la instalación de los cableados y tuberías para los servicios básicos, ascensores y sistemas contra incendios, también enfrentan un problema con la propiedad de los terrenos. En total haría falta el aporte de 21 mil bolívares de cada uno de 440 asociados para terminar el conjunto. La realidad es que algunos se han descapitalizado con el problema, siguen pagando préstamos y alquileres, dejaron de aportar las cuotas por recomendación del Gobierno (30) y otros, simplemente no se han vuelto a reportar (40)."A mí hasta me dieron una felicitación por pagar a tiempo. Ahora vivo arrimada en casa de mi mamá con mi esposo y mis dos hijos. Tuve que posponer mi carrera y trabajar, porque no nos alcanzaba solo con un sueldo. Esto ha sido una tragedia para nosotros, vivimos con miedo a que nos invadan. No podemos mudarnos ni vender ni alquilar. Solo nos queda pedirle ayuda a la corte celestial", contó María González, otra de las manifestantes.Los afectados reconocen que había retrasos y manejos poco claros de la constructora, sin embargo, el espíritu de la mayoría nunca fue una intervención: "Justo en frente el Gobierno expropió unos terrenos hace más tiempo (allí se construye un proyecto habitacional en el barrio Santa Rosa) y apenas se ven unos pilotes", indicó una de las afectadas.En dos horas de tranca, los manifestantes mostraron pancartas con mensajes como "Justicia para la clase media", mientras recibían insultos y amenazas de ser atropellados por los conductores que reclamaban su libre circulación a través de la Av. Libertador.Una comisión fue al Ministerio de Vivienda y del encuentro surgió el compromiso del ente de facilitarles la ayuda para legalizar el terreno y hacer las diligencias el pro del financiamiento para las próximas protocolizaciones, según informó Leonor Pardo, una propietaria presente en la reunión.
MAYE ALBORNOZ | EL UNIVERSALmalbornoz@eluniversal.com

El Universal
01-11-2011

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