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martes, 7 de febrero de 2012
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Grave atropello a los propietarios de viviendas arrendadas
Por Abg. Roberto Orta Martínez. Presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos de Venezuela (Apiur)
En el 2011 el gobierno venezolano, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional y la comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia, implementaron fuertes restricciones al ejercicio del derecho de propiedad de las viviendas en arrendamiento, disminuyendo la seguridad jurídica a unos extremos que han generado prácticamente la extinción de la oferta de alquileres de vivienda en Venezuela. Las leyes, oficios y decretos son los siguientes:
1.- Enero 2011. La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sin tener facultades para ello, ordenó a todos los jueces del país la paralización de cualquier medida judicial que recayera sobre una vivienda, impidiendo hasta la fecha, la ejecución de cualquier sentencia proveniente de cualquier juicio inmobiliario, inquilinario, posesorio, laboral o de invasión que ordene la restitución de la propiedad. Aunque la excusa era suspender temporalmente los desalojos hasta que se promulgarán las nuevas leyes en materia inquilinaria, luego de aprobadas estas, el oficio no fue suspendido, creando graves consecuencias para la aplicación de leyes civiles, penales y laborales.
2.- Mayo 2011. El Presidente de la República, Hugo Chávez, por la vía habilitante decreta sin consultar a ningún sector relacionado, promulga la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, la cual trajo como consecuencia una paralización total de los juicios de materia inquilinaria, supeditando las decisiones del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Miles de propietarios que tienen sentencias definitivamente firmes, no pueden recuperar sus inmuebles en arrendamiento, ya que esta ley suspendió a nivel nacional cerca de 44.000 juicios relacionados con viviendas, no solo inquilinato, sino todos los juicios que tengan por objeto la recuperación de un inmueble residencial. Esta ley suspende las sentencias hasta que se realicen a nivel nacional, actos conciliatorios en las oficinas de la Superintendencia de Arrendamientos de Vivienda, pero en el interior del país, aún no se han creado en la mayoría de los Estados las oficinas donde se van a llevar a cabo estos actos, llevando a un estado de paralización total de la justicia inmobiliaria, hasta que se creen estas instancias administrativas. Lo más grave de esta Ley es que una vez obtenida la sentencia y agotada la fase de conciliación, el propietario debe esperar hasta que el Estado le provea un refugio o una vivienda al inquilino u ocupante saliente, situación que no se ha dado hasta la fecha, creando un estado de confiscación indirecta de las propiedades y una inhabilitación del Poder Judicial para aplicar sus propias sentencias.
3.- Noviembre 2011. La Ley de Arrendamientos de Viviendas, promulgada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, restringe gravemente el monto del canon de arrendamiento y regula el precio de venta de cualquier vivienda arrendada, creando inconstitucionales figuras como el arrendamiento obligatorio para constructores de viviendas con posterior venta de un porcentaje de los proyectos con canon y precio regulado. Creó además la venta obligatoria de los edificios de más de 20 años en arrendamiento y la legalización de los traspasos realizados antes de la promulgación de la Ley sin autorización de los propietarios. El método de avalúo establecido en la ley, desconoce totalmente el valor del terreno, el valor de mercado, el valor fiscal y el valor de adquisición de la propiedad, creando alquileres y precios ínfimos que no permiten al propietario obtener un legítimo ingreso por el arrendamiento o la venta de la propiedad.
4.- Noviembre 2011. Se renueva por noveno año la congelación general de alquileres de vivienda, impidiendo desde 2003 a los propietarios de inmuebles, aplicar un ajuste inflacionario a los cánones de arrendamiento, tan necesario en Venezuela, donde la inflación anual está entre un 25% y un 30% al año. En 9 años la inflación acumulada es de más de un 200% llevando a la ruina a cientos de miles de propietarios que reciben alquileres que no permiten pagar en muchos casos los gastos de propios de los inmuebles y a un deterioro grave a los edificios que no pueden ser mantenidos con estos ingresos.
Apiur solicitó ante el Tribunal Supremo la nulidad de todos estos instrumentos que lesionan el sagrado derecho de propiedad, estando en mora el máximo tribunal con el país, ya que está en la obligación de restituir el infringido Estado de Derecho Inmobiliario.
En Venezuela se ha politizado la actividad del arrendamiento, dándole un carácter ideológico, proselitista y demagógico, pero estamos seguros que al suceder los cambios políticos que requiere el país, esta materia también estará sujeta a cambios que equilibren de nuevo las relaciones arrendaticias y fomenten la casi extinta actividad del arrendamiento residencial en Venezuela.
APIUR
03-02-2012
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En el 2011 el gobierno venezolano, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional y la comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia, implementaron fuertes restricciones al ejercicio del derecho de propiedad de las viviendas en arrendamiento, disminuyendo la seguridad jurídica a unos extremos que han generado prácticamente la extinción de la oferta de alquileres de vivienda en Venezuela. Las leyes, oficios y decretos son los siguientes:
1.- Enero 2011. La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sin tener facultades para ello, ordenó a todos los jueces del país la paralización de cualquier medida judicial que recayera sobre una vivienda, impidiendo hasta la fecha, la ejecución de cualquier sentencia proveniente de cualquier juicio inmobiliario, inquilinario, posesorio, laboral o de invasión que ordene la restitución de la propiedad. Aunque la excusa era suspender temporalmente los desalojos hasta que se promulgarán las nuevas leyes en materia inquilinaria, luego de aprobadas estas, el oficio no fue suspendido, creando graves consecuencias para la aplicación de leyes civiles, penales y laborales.
2.- Mayo 2011. El Presidente de la República, Hugo Chávez, por la vía habilitante decreta sin consultar a ningún sector relacionado, promulga la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, la cual trajo como consecuencia una paralización total de los juicios de materia inquilinaria, supeditando las decisiones del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Miles de propietarios que tienen sentencias definitivamente firmes, no pueden recuperar sus inmuebles en arrendamiento, ya que esta ley suspendió a nivel nacional cerca de 44.000 juicios relacionados con viviendas, no solo inquilinato, sino todos los juicios que tengan por objeto la recuperación de un inmueble residencial. Esta ley suspende las sentencias hasta que se realicen a nivel nacional, actos conciliatorios en las oficinas de la Superintendencia de Arrendamientos de Vivienda, pero en el interior del país, aún no se han creado en la mayoría de los Estados las oficinas donde se van a llevar a cabo estos actos, llevando a un estado de paralización total de la justicia inmobiliaria, hasta que se creen estas instancias administrativas. Lo más grave de esta Ley es que una vez obtenida la sentencia y agotada la fase de conciliación, el propietario debe esperar hasta que el Estado le provea un refugio o una vivienda al inquilino u ocupante saliente, situación que no se ha dado hasta la fecha, creando un estado de confiscación indirecta de las propiedades y una inhabilitación del Poder Judicial para aplicar sus propias sentencias.
3.- Noviembre 2011. La Ley de Arrendamientos de Viviendas, promulgada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, restringe gravemente el monto del canon de arrendamiento y regula el precio de venta de cualquier vivienda arrendada, creando inconstitucionales figuras como el arrendamiento obligatorio para constructores de viviendas con posterior venta de un porcentaje de los proyectos con canon y precio regulado. Creó además la venta obligatoria de los edificios de más de 20 años en arrendamiento y la legalización de los traspasos realizados antes de la promulgación de la Ley sin autorización de los propietarios. El método de avalúo establecido en la ley, desconoce totalmente el valor del terreno, el valor de mercado, el valor fiscal y el valor de adquisición de la propiedad, creando alquileres y precios ínfimos que no permiten al propietario obtener un legítimo ingreso por el arrendamiento o la venta de la propiedad.
4.- Noviembre 2011. Se renueva por noveno año la congelación general de alquileres de vivienda, impidiendo desde 2003 a los propietarios de inmuebles, aplicar un ajuste inflacionario a los cánones de arrendamiento, tan necesario en Venezuela, donde la inflación anual está entre un 25% y un 30% al año. En 9 años la inflación acumulada es de más de un 200% llevando a la ruina a cientos de miles de propietarios que reciben alquileres que no permiten pagar en muchos casos los gastos de propios de los inmuebles y a un deterioro grave a los edificios que no pueden ser mantenidos con estos ingresos.
Apiur solicitó ante el Tribunal Supremo la nulidad de todos estos instrumentos que lesionan el sagrado derecho de propiedad, estando en mora el máximo tribunal con el país, ya que está en la obligación de restituir el infringido Estado de Derecho Inmobiliario.
En Venezuela se ha politizado la actividad del arrendamiento, dándole un carácter ideológico, proselitista y demagógico, pero estamos seguros que al suceder los cambios políticos que requiere el país, esta materia también estará sujeta a cambios que equilibren de nuevo las relaciones arrendaticias y fomenten la casi extinta actividad del arrendamiento residencial en Venezuela.
APIUR
03-02-2012
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155 edificios continúan invadidos en Caracas
Mafias de tomistas extorsionan a propietarios para desocupar inmuebles
Así lo informó el director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, al agregar que tan solo en el Área Metropolitana de la capital del país permanecen siguen alrededor de 800 inmuebles ocupados de manera ilegal
En los últimos nueve años, la toma ilegal de terrenos, casas, galpones y edificios se ha convertido en un negocio para los grupos organizados que se dedican a extorsionar, no solo a dueños sino también a ocupantes cobrando altas sumas de dinero por la propiedad Así lo explicó, Roberto Orta, director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), al tiempo que señaló que tan solo en Caracas permanecen invadidos alrededor de 800 inmuebles. Explicó que el modus operandi de las redes de invasión, es ocupar el la propiedad de “forma violenta, forzando cerraduras, muchas veces llegan armados y generalmente son hombres los que dicen ser líderes de la toma”. Destacó que incluso hay casos de funcionarios policiales involucrados en este delito, siendo un ejemplo emblemático el de la toma del edificio Cedíaz, en la Avenida Casanova de Sabana Grande, donde efectivos de la seguridad del Estado protagonizaron el asalto a la propiedad privada.
Empieza la extorsión
De igual forma, señaló que luego de instalarse en el terreno, casa o construcción, se inicia la segunda etapa de la invasión, que es llevar al lugar a mujeres, niños y ancianos a fin de dificultar el desalojo por parte de las autoridades. “Estos grupos cobardes, usan de barrera a las personas para darle a la toma ilegal un carácter social”, dijo el abogado. Narró que luego de haberse perpetuado la toma es que comienza el negocio en sí. “El líder de la invasión le cobra a los ocupantes el ‘traspaso’ del inmueble. Por ejemplo, en el caso de un edificio se les pide un monto entre 50 mil y 200 mil bolívares por la posesión de un apartamento”. Otra de las modalidades en que operan los invasores para obtener beneficios económicos a costa de la tomas ilegales, es alquilar el inmueble a las familias que habitan en el lugar.
Cobran hasta condominios
Por su parte, Carlos Julio Rojas, presidente de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, indicó que “bandas de delincuentes en la torre Confinanzas, le cobran condominio” a las familias que habitan en el lugar en calidad de invasores. Resaltó que en las mismas condiciones viven en otros edificios ubicados en la populosa parroquia caraqueña. “Esto se ha convertido en un verdadero negocio, personas sin escrúpulos que se dedican a irrespetar el derecho a la propiedad privada de algunos a costa de la necesidad de otros”, dijo el activista. De igual forma mencionó que los propietarios del edificio 133, ubicado en la esquina Ferrenquín, inmueble invadido desde hace un poco más de año, han sido extorsionados por los tomistas exigiéndoles un pago de 300 mil bolívares a cambio de deshabitar el lugar. Entretanto, Rojas le hizo un llamado al Gobierno a no solo evitar que se sigan cometiendo invasiones sino a desalojar las que ya existen y ubicar a esas familias “en una vivienda digna”. Asimismo, aclaró que 90% de las personas que habitan en una propiedad en calidad de invasores, “son personas buenas”, pero que tienen una necesidad. “Sabemos que en su mayoría no apoyan la violencia, inseguridad y los negocios que esto acarrea, pero están siendo liderados por grupos de delincuentes y es con eso con lo que tenemos que acabar”, enfatizó el dirigente vecinal.
Centros del delito
Además de ser consideradas por algunos como una violación a la propiedad privada, las invasiones se han convertido en centros de toda clase de delito, así lo explicó el experto en materia inmobiliaria y director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta. Aseguró que a la larga las tomas ilegales sirven de foco para el tráfico de droga, robo y extorsión, debido a la condición de impunidad que impera en estos lugares. Por su parte, Carlos Julio Rojas presidente de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, parroquia donde existen al menos 26 edificios invadidos, manifestó que "en la torre Confinanzas por ejemplo, pueden robarte un carro y meterlo allí y te llaman para pedir dinero o te amenazan con picarlo. Denunció que casos parecidos ocurren en la torre Continente y Viasa, donde también hay “tráfico de armas y trata de blancas".
Falta de autoridad
El abogado y especialista en materia inmobiliaria Roberto Orta, calificó de blanda la política del Gobierno hacia el tema de las invasiones. Aseguró que las autoridades no han actuado con la suficiente fuerza y determinación para evitar que se cometa este delito que atenta contra la propiedad privada en el país. Carlos Julio Rojas, dirigente vecinal de la parroquia La Candelaria, coincidió con Orta señalando que grupos de tomistas actúan frente a los entes gubernamentales “que se hacen de la vista gorda”. Destacó que muchas de los inmuebles invadidos se encuentran cerca de dependencias del Estado “Radio Continente a una cuadra de la Fiscalía General, Torre Viaza al lado de la Defensoría del Pueblo y el Edificio del antiguo Sarela frente al Ministerio de Interior y Justicias. Vemos como Tareck El Aissami o Luisa Ortega Díaz se hacen de la vista gorda ante este conflicto”, agregó.
Invasiones en cifras
22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011, según cifras de Apiur.
800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas.
155 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha.
Nelyabith Bello e-mail: nbello@diariolavoz.net
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En los últimos nueve años, la toma ilegal de terrenos, casas, galpones y edificios se ha convertido en un negocio para los grupos organizados que se dedican a extorsionar, no solo a dueños sino también a ocupantes cobrando altas sumas de dinero por la propiedad Así lo explicó, Roberto Orta, director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), al tiempo que señaló que tan solo en Caracas permanecen invadidos alrededor de 800 inmuebles. Explicó que el modus operandi de las redes de invasión, es ocupar el la propiedad de “forma violenta, forzando cerraduras, muchas veces llegan armados y generalmente son hombres los que dicen ser líderes de la toma”. Destacó que incluso hay casos de funcionarios policiales involucrados en este delito, siendo un ejemplo emblemático el de la toma del edificio Cedíaz, en la Avenida Casanova de Sabana Grande, donde efectivos de la seguridad del Estado protagonizaron el asalto a la propiedad privada.
Empieza la extorsión
De igual forma, señaló que luego de instalarse en el terreno, casa o construcción, se inicia la segunda etapa de la invasión, que es llevar al lugar a mujeres, niños y ancianos a fin de dificultar el desalojo por parte de las autoridades. “Estos grupos cobardes, usan de barrera a las personas para darle a la toma ilegal un carácter social”, dijo el abogado. Narró que luego de haberse perpetuado la toma es que comienza el negocio en sí. “El líder de la invasión le cobra a los ocupantes el ‘traspaso’ del inmueble. Por ejemplo, en el caso de un edificio se les pide un monto entre 50 mil y 200 mil bolívares por la posesión de un apartamento”. Otra de las modalidades en que operan los invasores para obtener beneficios económicos a costa de la tomas ilegales, es alquilar el inmueble a las familias que habitan en el lugar.
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Centros del delito
Además de ser consideradas por algunos como una violación a la propiedad privada, las invasiones se han convertido en centros de toda clase de delito, así lo explicó el experto en materia inmobiliaria y director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta. Aseguró que a la larga las tomas ilegales sirven de foco para el tráfico de droga, robo y extorsión, debido a la condición de impunidad que impera en estos lugares. Por su parte, Carlos Julio Rojas presidente de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, parroquia donde existen al menos 26 edificios invadidos, manifestó que "en la torre Confinanzas por ejemplo, pueden robarte un carro y meterlo allí y te llaman para pedir dinero o te amenazan con picarlo. Denunció que casos parecidos ocurren en la torre Continente y Viasa, donde también hay “tráfico de armas y trata de blancas".
Falta de autoridad
El abogado y especialista en materia inmobiliaria Roberto Orta, calificó de blanda la política del Gobierno hacia el tema de las invasiones. Aseguró que las autoridades no han actuado con la suficiente fuerza y determinación para evitar que se cometa este delito que atenta contra la propiedad privada en el país. Carlos Julio Rojas, dirigente vecinal de la parroquia La Candelaria, coincidió con Orta señalando que grupos de tomistas actúan frente a los entes gubernamentales “que se hacen de la vista gorda”. Destacó que muchas de los inmuebles invadidos se encuentran cerca de dependencias del Estado “Radio Continente a una cuadra de la Fiscalía General, Torre Viaza al lado de la Defensoría del Pueblo y el Edificio del antiguo Sarela frente al Ministerio de Interior y Justicias. Vemos como Tareck El Aissami o Luisa Ortega Díaz se hacen de la vista gorda ante este conflicto”, agregó.
Invasiones en cifras
22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011, según cifras de Apiur.
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Diez empresas por semana expropió el Gobierno en 2011
El total de empresas expropiadas en 2011 llegó a 247
Lisseth Boon.- El proceso de expropiaciones emprendido por el Gobierno no corresponde con el número de indemnizaciones a los que obliga la Ley de Expropiaciones.
En la última década, sólo 10% de más de un millar de bienes "rescatados" por el Estado han recibido algún pago por sus bienes, y en menor proporción un "justiprecio" acordado por las partes.
En esta proporción coinciden entidades como Conindustia, Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) y el Observatorio de la Propiedad (ODP) de Cedice.
Únicamente el año pasado, se produjeron 499 expropiaciones en el sector industrial, equivalente a unas 10 por semana, según datos de Conindustria. El ritmo, lejos de desacelerarse, tiende a crecer: 80% del total de las ocupaciones se ha registrado a partir de 2009 en adelante.
Tabla resumen
Una muestra de los retrasos de los pagos son los juicios abiertos en tribunales internacionales por 22 transnacionales expropiadas, con las cuales el Gobierno no ha llegado a un acuerdo sobre el monto de las compensaciones, salvo el caso de la cementera mexicana Cemex (expropiada en 2008), con la cual finalmente decidió en diciembre de 2011 el pago de $240 millones de un total de $600 millones acordados.
Otro caso que se excluye es el de la mexicana Monaca (Grupo Gruma), cuya expropiación también revirtió dando paso a la negociación de una empresa mixta.
A $34.000 millones asciende la deuda del Estado con las empresas expropiadas nacionales y extranjeras (no se incluyen tierras ni inmuebles urbanos), según la firma Ecoanalítica. De ese total, sólo ha cumplido con unos $11.500 millones, es decir, aún debe responder por $22.500 millones, un poco menos de lo que Pdvsa invirtió en gasto social en 2010 ($20.549 millones).
"Se trata de un club selecto de empresas que pudieron recurrir a instancias internacionales para hacer valer sus derechos. Pero el venezolano común, el pequeño y mediano empresario, no tiene dónde reclamarlos en el contexto actual", observa el abogado e investigador Antonio Canova.
Lea más en la edición impresa de El Mundo, Economía y Negocios y vea también la lista completa de empresas expropiadas.
El Mundo
05-02-2012
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En la última década, sólo 10% de más de un millar de bienes "rescatados" por el Estado han recibido algún pago por sus bienes, y en menor proporción un "justiprecio" acordado por las partes.
En esta proporción coinciden entidades como Conindustia, Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) y el Observatorio de la Propiedad (ODP) de Cedice.
Únicamente el año pasado, se produjeron 499 expropiaciones en el sector industrial, equivalente a unas 10 por semana, según datos de Conindustria. El ritmo, lejos de desacelerarse, tiende a crecer: 80% del total de las ocupaciones se ha registrado a partir de 2009 en adelante.
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Una muestra de los retrasos de los pagos son los juicios abiertos en tribunales internacionales por 22 transnacionales expropiadas, con las cuales el Gobierno no ha llegado a un acuerdo sobre el monto de las compensaciones, salvo el caso de la cementera mexicana Cemex (expropiada en 2008), con la cual finalmente decidió en diciembre de 2011 el pago de $240 millones de un total de $600 millones acordados.
Otro caso que se excluye es el de la mexicana Monaca (Grupo Gruma), cuya expropiación también revirtió dando paso a la negociación de una empresa mixta.
A $34.000 millones asciende la deuda del Estado con las empresas expropiadas nacionales y extranjeras (no se incluyen tierras ni inmuebles urbanos), según la firma Ecoanalítica. De ese total, sólo ha cumplido con unos $11.500 millones, es decir, aún debe responder por $22.500 millones, un poco menos de lo que Pdvsa invirtió en gasto social en 2010 ($20.549 millones).
"Se trata de un club selecto de empresas que pudieron recurrir a instancias internacionales para hacer valer sus derechos. Pero el venezolano común, el pequeño y mediano empresario, no tiene dónde reclamarlos en el contexto actual", observa el abogado e investigador Antonio Canova.
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Bajará construcción de viviendas este año
La creación de soluciones habitacionales durante este año no será fácil, pues los aspectos negativos, que se incrementaron 2011 en materia de construcción arroparán los 10 meses restantes de 2012. Esa es la conclusión a la que llegaron diversos expertos en fabricación de viviendas. Juan Francisco Jiménez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), dijo que aunque no se conocen los números sobre la creación de inmuebles a comienzos de este año el panorama que se vislumbra no es alentador. Destacó que la inversión en construcción privada viene cuesta abajo y señaló que de seguir así podría disminuir notablemente. "El peso de la construcción de viviendas quedará sólo en manos del Estado si no hay cambios en la política pública del sector, en las últimas leyes y en la disponibilidad de insumos para los privados en el marco de una alianza real", expresó. El dirigente gremial sugirió al Ejecutivo la creación de una misión público−privada en vivienda y construcción. TERMINACIÓN DE INMUEBLES Miguel Rodulfo, representante de la Comisión de Vivienda de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), declaró que la meta principal del sector privado durante este año es terminar los desarrollos urbanísticos que no pudieron finalizar en 2011. Asimismo, manifestó que la eliminación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la falta de materiales de construcción (cemento, cabillas, arena y piedras) afectan considerablemente el desarrollo de edificaciones. De igual manera, sostiene que el mandato de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, de destinar inmuebles al mercado de alquiler, perjudica las soluciones habitacionales. Predijo que en este año el sector público levantará 65.000 inmuebles porque "tienen más capacidad". Por su parte, Martín Fernández, urbanista y director de la firma Tir Inmobiliarios, informó al igual que Rodulfo, que la ausencia de insumos destinados a la creación de viviendas, dificulta la producción habitacional. Manifestó que diversas empresas constructoras privadas trabajan para el Estado con la finalidad de buscar financiamientos en las obras. En cuanto a la venta de proyectos habitacionales en el Área Metropolitana de Caracas, explicó que en el extracto social alto a pesar de que hay disminucionesse venden más, mientras que el sector medio no. Resaltó que los precios pueden alcanzar el 29% de inflación. COMPROBAR POR SU PROPIA CUENTA Fernando Castro, presidente de Fedecámaras Miranda y miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano de la cúpula empresarial, le hizo un llamado a todas las personas para que comprobaran si de verdad han visto que hay grúas construyendo unidades urbanísticas. Indicó que desde hace tres años el sector construcción está padeciendo por causas de desabastecimiento de materiales, intervenciones de complejos habitacionales y otras políticas que van en detrimento del sector. EDUARDO LUGO
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06-02-2012
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"No más viviendas" piden en Montalbán
Vecinos de la comunidad de Montalbán (1, 2, 3), Juan Pablo II y el recién estrenado Parque Residencial Juan Vives Suriá, al Suroeste de la ciudad, han elevado su voz de protesta por la pretensión de utilizar los espacios de las áreas verdes para la construcción de nuevas viviendas, que traería como consecuencia la destrucción del ecosistema y atentaría contra la calidad de vida de sus habitantes. Ángela Hernández, acompañada de Ninoska de Artiles y un grupo de madres de la zona, dijo que los vecinos se han organizado de modo espontáneo y han programado una serie de encuentros con las autoridades del municipio Libertador y el Cabildo Metropolitano. Carlos Martínez, quien es mánager de beisbol y practica en uno de estos terrenos, dijo que no se trata de distanciar más las expresiones ciudadanas por causas partidistas, "es calidad de vida lo que se busca y se pretende lograr". Para hoy a las 6:30 pm tendrán un encuentro entre los vecinos en el terreno adyacente al Centro Comercial Caracas, toda vez que la agenda está apretada. Para el jueves a las 9 de la mañana se reunirán con miembros del Cabildo Metropolitano. Esto se suma a los encuentros que ya sostuvieron con la Alcaldía de Libertador, a través de Fundacaracas, donde se reunieron con la presidenta Paola Posani, quien les manifestó que actualmente se hacen los estudios de suelo para ver la factibilidad de construcción, sin que esto suponga que así será. En todo caso, los vecinos están en la defensa de que no se construyan más viviendas, pues los servicios están colapsados, la movilidad complicada, y de paso se están destruyendo las áreas verdes. Antonio Fraile, también vecino, dijo que en 20 años han sido varios los proyectos de canchas que han sido presentados al Instituto Nacional de Deportes −a 3 cuadras del lugar−, así como a las autoridades del municipio, y nunca le han prestado atención. "Se planteó hacer un módulo policial y concha acústica que también beneficia al Liceo Aplicación, para hacer oficios religiosos en la zona, así como actos culturales". En Twitter se creó la etiqueta #NoMasViviendas en rechazo a la depredación de las áreas verdes. CÉSAR EMILIO TORRES N.
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Obligados a convivir con refugios
Vecinos reclaman aumento de inseguridad y fallas en servicios
Silva atribuye las filtraciones de su casa a la falta de mantenimiento del refugio de la Calle El Cristo, Catia
BEATRIZ CRUZ SALAZAR
Nadie les consultó si estaban de acuerdo con vivir al lado de un refugio. Simplemente les tocó, y han tenido que habituarse a la presencia de los damnificados, una estadía que en principio duraría unos meses.
Así lo creyeron los vecinos de la calle El Cristo, de Catia. Tras el deslave de Vargas los galpones de la antigua proveeduría del Instituto Nacional de Nutrición se convirtieron en el hogar de decenas de familias. Doce años han pasado y allí siguen muchos de los damnificados ala espera de un hogar.
A pesar de que pasó más de una década, no fue hasta hace unos meses que los habitantes del pasaje Humboldt dejaron de sufrir por las aguas negras que salían del galpón. "Esto era un río constante, porque esa estructura no estaba preparada para recibir tanta gente", dice Angélica Román.
Aunque esa falla ya fue resuelta, Adela Silva sigue sufriendo por las filtraciones generadas en su casa, ubicada justo al lado del galpón. "Mi familia vive aquí desde 1958, esta casa era el orgullo de mi mamá, y ahora se está cayendo por las filtraciones que vienen de al lado", detalla Silva.
Varias habitaciones de la vivienda han tenido que ser clausuradas y de la pared de la sala ya se han desprendido pedazos. Silva recuerda que mientras funcionaba la proveeduría, se hacía mantenimiento constante de las tuberías, pero desde la llegada de los damnificados se paralizaron esos trabajos. Ahora teme que ella sea una damnificada más.
La llegada de los refugiados al Sambil Candelaria también cambió la vida de los habitantes cercanos. Roberto Rondón vive en Centro Parque Caracas y dice que ya no se atreve a salir con su teléfono en la mano y trata de entrar a su residencia lo más rápido posible.
Rossana Ríos recuerda que Candelaria ya se encontraba bastante golpeada por las invasiones de la Torre de David, Viasa y la Funeraria Virgen del Valle. "Ahora estamos peor, ahora hay un reguero de aguas negras, supongo que salen de allí porque ese no era un edificio como para que viviera gente", dice esta vecina.
Lo que a Ríos también le sorprende es que el gobierno expropió el centro comercial con la excusa del caos vial que se iba a generar en los alrededores. "Ahora se la pasan unos camiones allí estacionados, de distintas dimensiones y eso además tiene todas las calles llenas de huecos", reclama.
En Chacao tampoco se salvaron de la situación. Miguel Mijares, quien trabaja en un local cercano al refugio del Ministerio de Transporte Terrestre, cuenta que con la llegada de los damnificados cambió la tranquilidad que solían tener en el sector.
"Yo no creo que sean malas personas, sino que tienen malas costumbres. Yo también vengo de un barrio y sé como son las cosas, se ve la que gente sale a la calle a fumar, a tomar, como si estuvieran en su casa, también se han visto peleas", dice el joven.
Gustavo Ortíz, habitante del sector, recuerda que en un principio hubo inquietud entre los vecinos, pero los funcionarios de seguridad del ministerio han logrado controlar y organizar la situación.
Donde no han tenido la misma suerte ha sido en las cercanías de la Torre Pomarrosa, en el bulevar de Catia. Los vecinos cuentan que los refugiados dejan la basura en la puerta del edificio, teniendo un basurero a media cuadra.
"Desde arriba lanzan basura y le cae a la gente que va caminando por el bulevar. Es un problema de educación, de gente que no sabe vivir en comunidad", dice uno de los trabajadores de un restaurante.
El universal
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Silva atribuye las filtraciones de su casa a la falta de mantenimiento del refugio de la Calle El Cristo, Catia
BEATRIZ CRUZ SALAZAR
Nadie les consultó si estaban de acuerdo con vivir al lado de un refugio. Simplemente les tocó, y han tenido que habituarse a la presencia de los damnificados, una estadía que en principio duraría unos meses.
Así lo creyeron los vecinos de la calle El Cristo, de Catia. Tras el deslave de Vargas los galpones de la antigua proveeduría del Instituto Nacional de Nutrición se convirtieron en el hogar de decenas de familias. Doce años han pasado y allí siguen muchos de los damnificados ala espera de un hogar.
A pesar de que pasó más de una década, no fue hasta hace unos meses que los habitantes del pasaje Humboldt dejaron de sufrir por las aguas negras que salían del galpón. "Esto era un río constante, porque esa estructura no estaba preparada para recibir tanta gente", dice Angélica Román.
Aunque esa falla ya fue resuelta, Adela Silva sigue sufriendo por las filtraciones generadas en su casa, ubicada justo al lado del galpón. "Mi familia vive aquí desde 1958, esta casa era el orgullo de mi mamá, y ahora se está cayendo por las filtraciones que vienen de al lado", detalla Silva.
Varias habitaciones de la vivienda han tenido que ser clausuradas y de la pared de la sala ya se han desprendido pedazos. Silva recuerda que mientras funcionaba la proveeduría, se hacía mantenimiento constante de las tuberías, pero desde la llegada de los damnificados se paralizaron esos trabajos. Ahora teme que ella sea una damnificada más.
La llegada de los refugiados al Sambil Candelaria también cambió la vida de los habitantes cercanos. Roberto Rondón vive en Centro Parque Caracas y dice que ya no se atreve a salir con su teléfono en la mano y trata de entrar a su residencia lo más rápido posible.
Rossana Ríos recuerda que Candelaria ya se encontraba bastante golpeada por las invasiones de la Torre de David, Viasa y la Funeraria Virgen del Valle. "Ahora estamos peor, ahora hay un reguero de aguas negras, supongo que salen de allí porque ese no era un edificio como para que viviera gente", dice esta vecina.
Lo que a Ríos también le sorprende es que el gobierno expropió el centro comercial con la excusa del caos vial que se iba a generar en los alrededores. "Ahora se la pasan unos camiones allí estacionados, de distintas dimensiones y eso además tiene todas las calles llenas de huecos", reclama.
En Chacao tampoco se salvaron de la situación. Miguel Mijares, quien trabaja en un local cercano al refugio del Ministerio de Transporte Terrestre, cuenta que con la llegada de los damnificados cambió la tranquilidad que solían tener en el sector.
"Yo no creo que sean malas personas, sino que tienen malas costumbres. Yo también vengo de un barrio y sé como son las cosas, se ve la que gente sale a la calle a fumar, a tomar, como si estuvieran en su casa, también se han visto peleas", dice el joven.
Gustavo Ortíz, habitante del sector, recuerda que en un principio hubo inquietud entre los vecinos, pero los funcionarios de seguridad del ministerio han logrado controlar y organizar la situación.
Donde no han tenido la misma suerte ha sido en las cercanías de la Torre Pomarrosa, en el bulevar de Catia. Los vecinos cuentan que los refugiados dejan la basura en la puerta del edificio, teniendo un basurero a media cuadra.
"Desde arriba lanzan basura y le cae a la gente que va caminando por el bulevar. Es un problema de educación, de gente que no sabe vivir en comunidad", dice uno de los trabajadores de un restaurante.
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"En vivienda reciclan las mismas promesas desde hace siete años"
ENTREVISTA ALEJANDRO VIVAS, CONCEJAL METROPOLITANO
"¿Quién avala las cifras que presenta un gobierno que no se deja auditar por ninguna institución?" "En la construcción de viviendas ha privado lo político sobre lo técnico. Esa es la causa de la ineficiencia"
En materia de construcción de viviendas, dice Vivas, el gobierno se ha paseado por todas las escuelas del pensamiento urbanístico VICENTE CORREALE
JAVIER BRASSESCO , ALEJANDRO VIVAS , PRESIDENTE DEL CABILDO METROPOLITANO
Como presidente de la comisión de urbanismo del Cabildo Metropolitano, a Alejandro Vivas le tocó hacer una investigación de la política habitacional del gobierno de Hugo Chávez en el área metropolitana, y allí pudo contar siete grandes planes, además de trece ministros y once censos nacionales.
Pudo constatar además que la "Gran Misión Vivienda" no tenía de nuevo ni siquiera el nombre: ya el 22 de julio de 2004 se había anunciado una misión con ese nombre, si bien luego se cambió a "Misión Hábitat".
En materia habitacional, asegura, el gobierno se ha paseado por todas las escuelas del pensamiento urbanístico.
-¿Por qué tantos planes, tantos ministros?
-Porque nada les funciona, porque se dan cuenta de que en pocos terrenos han sido tan ineficientes, y entonces van de plan en plan, reciclando promesas, tratando de encontrar esa raíz teórica que finalmente traerá la felicidad práctica. Sesto hasta llegó a decir que con los métodos del capitalismo no hay solución, que las fallas se debían a que habían enfocado el problema de la falta de viviendas con una ´optica capitalista.
-¿Y cuál es entonces la causa de tantos retrasos?
-Se ha desdeñado lo técnico en favor de lo político. Al frente de esta materia no han estado personas capacitadas sino gente leal al presidente. Cuando tú no pones a los más capaces al frente, el resultado más probable es la incapacidad, cuando los criterios políticos se anteponen a los técnicos, la ineficiencia está cantada. Además casi todos los planes se han lanzado en el marco de un evento electoral: importaba más la promesa que la ejecución.
-¿Y qué tan grande es el retraso?
-Cuando hicimos el informe en mayo pasado, de 59.988 viviendas que estaban en construcción en 25 complejos habitacionales solo estaban habitadas 2.212. Ese mismo mes Farruco prometió entregar, en el marco del plan de emergencia 2011-2012, 28 mil viviendas. Hasta ahora, cumplida la mitad del periodo en cuestión, se han adjudicado alrededor de tres mil, esto es, menos del 12%.
-¿Cree que cabe una Caracas dentro de Caracas?
-No sé si otra Caracas, pero yo sí creo que en la capital cabe más gente si se sabe planificar. Pero el tema de los servicios es esencial, porque si no garantizamos servicios primero que nada entonces es absurdo hablar de nuevas viviendas. Fíjate que normalmente se hace al revés: el gobierno construye servicios y después vienen las viviendas. Aquí quieren hacer viviendas y ni se ocupan de los servicios, y así nos va. Mira lo que ocurre en Ciudad Caribia.
-¿Qué ocurre?
-Ahí supuestamente vivirán veinte mil familias. Hoy no viven ni siquiera mil y tienen problemas gravísimos con los servicios, con el agua, con el transporte. Esas son viviendas que al final resultaron carísimas porque debieron construir una ciudad a partir de la nada. Además que eso ha fracasado en todo el mundo, las personas no son ganado para reubicarlas así, de manera forzosa. Era mucho más fácil hacer urbanismos en barrios, intervenirlos.
-Rehabilitarlos...
-Y esa es precisamente la gran carencia que hermana a todos los planes de vivienda de los últimos siete años. La última misión Vivienda ni siquiera menciona a los barrios. Lo intentaron en algún momento al principio del siglo, pero esa iniciativa fue abortada. Luego la retoman con Julio Montes en 2005 pero duró pocos meses.
-Pero el gobierno luce satisfecho con sus cifras de viviendas construidas...
-¿Y quién avala esas cifras? Este gobierno no es auditable. En el área metropolitana, a la que he hecho seguimiento, tú nombras un complejo habitacional y nombras un atraso. ¿O por qué crees que se multiplican las protestas de damnificados que están en refugios?
-¿Cuántos quedan allí?
-A través del Cabildo hemos pasado oficios a tres ministerios haciendo esa misma pregunta, pero ni siquiera responden. Es lo que dije: este gobierno es inauditable. Cuando las lluvias de finales de 2010, 35 mil personas quedaron en la calle, y yo calculo que unas 22 mil todavía están en refugios. Pero eso no quiere decir que 13 mil hayan recibido vivienda. Las condiciones de los refugios son deplorables porque se trata de galpones sin ningún acondicionamiento en donde metieron a la gente como si fuera ganado, y entonces muchos se han ido y han dejado allí solo a un representante de la familia.
El Universal
05-02-2012
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En materia de construcción de viviendas, dice Vivas, el gobierno se ha paseado por todas las escuelas del pensamiento urbanístico VICENTE CORREALE
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Como presidente de la comisión de urbanismo del Cabildo Metropolitano, a Alejandro Vivas le tocó hacer una investigación de la política habitacional del gobierno de Hugo Chávez en el área metropolitana, y allí pudo contar siete grandes planes, además de trece ministros y once censos nacionales.
Pudo constatar además que la "Gran Misión Vivienda" no tenía de nuevo ni siquiera el nombre: ya el 22 de julio de 2004 se había anunciado una misión con ese nombre, si bien luego se cambió a "Misión Hábitat".
En materia habitacional, asegura, el gobierno se ha paseado por todas las escuelas del pensamiento urbanístico.
-¿Por qué tantos planes, tantos ministros?
-Porque nada les funciona, porque se dan cuenta de que en pocos terrenos han sido tan ineficientes, y entonces van de plan en plan, reciclando promesas, tratando de encontrar esa raíz teórica que finalmente traerá la felicidad práctica. Sesto hasta llegó a decir que con los métodos del capitalismo no hay solución, que las fallas se debían a que habían enfocado el problema de la falta de viviendas con una ´optica capitalista.
-¿Y cuál es entonces la causa de tantos retrasos?
-Se ha desdeñado lo técnico en favor de lo político. Al frente de esta materia no han estado personas capacitadas sino gente leal al presidente. Cuando tú no pones a los más capaces al frente, el resultado más probable es la incapacidad, cuando los criterios políticos se anteponen a los técnicos, la ineficiencia está cantada. Además casi todos los planes se han lanzado en el marco de un evento electoral: importaba más la promesa que la ejecución.
-¿Y qué tan grande es el retraso?
-Cuando hicimos el informe en mayo pasado, de 59.988 viviendas que estaban en construcción en 25 complejos habitacionales solo estaban habitadas 2.212. Ese mismo mes Farruco prometió entregar, en el marco del plan de emergencia 2011-2012, 28 mil viviendas. Hasta ahora, cumplida la mitad del periodo en cuestión, se han adjudicado alrededor de tres mil, esto es, menos del 12%.
-¿Cree que cabe una Caracas dentro de Caracas?
-No sé si otra Caracas, pero yo sí creo que en la capital cabe más gente si se sabe planificar. Pero el tema de los servicios es esencial, porque si no garantizamos servicios primero que nada entonces es absurdo hablar de nuevas viviendas. Fíjate que normalmente se hace al revés: el gobierno construye servicios y después vienen las viviendas. Aquí quieren hacer viviendas y ni se ocupan de los servicios, y así nos va. Mira lo que ocurre en Ciudad Caribia.
-¿Qué ocurre?
-Ahí supuestamente vivirán veinte mil familias. Hoy no viven ni siquiera mil y tienen problemas gravísimos con los servicios, con el agua, con el transporte. Esas son viviendas que al final resultaron carísimas porque debieron construir una ciudad a partir de la nada. Además que eso ha fracasado en todo el mundo, las personas no son ganado para reubicarlas así, de manera forzosa. Era mucho más fácil hacer urbanismos en barrios, intervenirlos.
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-Y esa es precisamente la gran carencia que hermana a todos los planes de vivienda de los últimos siete años. La última misión Vivienda ni siquiera menciona a los barrios. Lo intentaron en algún momento al principio del siglo, pero esa iniciativa fue abortada. Luego la retoman con Julio Montes en 2005 pero duró pocos meses.
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-¿Y quién avala esas cifras? Este gobierno no es auditable. En el área metropolitana, a la que he hecho seguimiento, tú nombras un complejo habitacional y nombras un atraso. ¿O por qué crees que se multiplican las protestas de damnificados que están en refugios?
-¿Cuántos quedan allí?
-A través del Cabildo hemos pasado oficios a tres ministerios haciendo esa misma pregunta, pero ni siquiera responden. Es lo que dije: este gobierno es inauditable. Cuando las lluvias de finales de 2010, 35 mil personas quedaron en la calle, y yo calculo que unas 22 mil todavía están en refugios. Pero eso no quiere decir que 13 mil hayan recibido vivienda. Las condiciones de los refugios son deplorables porque se trata de galpones sin ningún acondicionamiento en donde metieron a la gente como si fuera ganado, y entonces muchos se han ido y han dejado allí solo a un representante de la familia.
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Plantean contrato colectivo macro en la industria cementera
Dirigentes sindicales de las diferentes plantas cementeras del país realizarán hoy una evaluación de la industria.
Ulises Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Empresa Vencemos del Área Metropolitana, destacó la necesidad de rescatar la Federación de Trabajadores del Cemento, así como la aplicación de una convención colectiva macro, ante las fallas del sector.
Ayer un grupo de trabajadores protestó en las instalaciones de Cemex en La Guaira por el incumplimiento del contrato, vencido en 2011. Tras la actividad se aceleró el pago del aumento salarial de 28,9%, que debió hacerse efectivo en diciembre, a 270 trabajadores de la planta. Solamente habían recibido el 12,5%.
Rodríguez resaltó que existen documentos que obligan a la empresa a mantener los beneficios del personal aún cuando no exista una nueva convención. YF
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04-02-2012
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"Expropiar es robar"
El grito de reivindicación de los venezolanos humillados por este Gobierno
MARÍA CORINA MACHADO
Llevábamos ocho horas ininterrumpidas escuchando la historia de un país que sólo existe en la imaginación del presidente Hugo Chávez. Ocho horas durante las cuales él pretendía legitimarse ante la comunidad internacional como un gran demócrata usándonos a nosotros, los parlamentarios de oposición, que soportábamos sin levantarnos mentira tras mentira. Cuando me nombró por quinta vez, con esa actitud de seductor fallido que usa para dirigirse a las mujeres, decidí levantarme de mi asiento y tomar la palabra para decirle lo que la mayoría pensamos.
Desde ese día "Expropiar es robar", se ha convertido en el grito de reivindicación de los venezolanos humillados por este Gobierno. A mí me salió del alma, desde lo más profundo de mi indignación.
El 13 de enero marcó un hito en mi vida. Horas después de mi intercambio con el Presidente, el 14 de enero, fui a la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Allí una mujer yaracuyana se me abalanzó. Con lágrimas en los ojos me dio las gracias. Se sintió reivindicada con mis palabras: hace 5 años le expropiaron el fundo de su familia y aún no le han pagado. Ella me dijo: "no pensaba votar en las Primarias, pero lo haré por ti, María Corina, porque significa repetirle al Presidente cada una de tus palabras".
En los días posteriores hemos recibido miles de mensajes similares a ese, así como decenas de denuncias de ciudadanos robados por el régimen. Tuvimos que formar comités para la defensa de la propiedad para procesar esas denuncias. El pasado martes presentamos un escrito ante la Fiscalía General de la República con los primeros 19 casos que comprobamos. Y vendrán muchos más. No voy a dejar solos a estos venezolanos. El Estado adeuda prestaciones, sueldos y vacaciones a 1.350.000 empleados públicos. ¿No es esto también una expropiación?
La respuesta que me han dado los venezolanos me conmueve y ratifica mi compromiso de dedicarme para siempre al servicio público. Yo les serviré donde ustedes juzguen conveniente. Y siempre hablaré con la verdad por muy dura que sea. Por eso, para garantizar nuestra victoria el 7 de febrero, hay que enfrentar a Chávez con determinación y sin miedo. Respeto las estrategias de quienes prefieren denunciar los males y no el responsable de éstos, pero eso no es suficiente. Sólo con el contraste de ideas, valores y modelos podremos ponerle fin a esta larga pesadilla y construir la nueva Venezuela.
mariacorina@mariacorina.com
@mariacorinaya
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Desde ese día "Expropiar es robar", se ha convertido en el grito de reivindicación de los venezolanos humillados por este Gobierno. A mí me salió del alma, desde lo más profundo de mi indignación.
El 13 de enero marcó un hito en mi vida. Horas después de mi intercambio con el Presidente, el 14 de enero, fui a la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Allí una mujer yaracuyana se me abalanzó. Con lágrimas en los ojos me dio las gracias. Se sintió reivindicada con mis palabras: hace 5 años le expropiaron el fundo de su familia y aún no le han pagado. Ella me dijo: "no pensaba votar en las Primarias, pero lo haré por ti, María Corina, porque significa repetirle al Presidente cada una de tus palabras".
En los días posteriores hemos recibido miles de mensajes similares a ese, así como decenas de denuncias de ciudadanos robados por el régimen. Tuvimos que formar comités para la defensa de la propiedad para procesar esas denuncias. El pasado martes presentamos un escrito ante la Fiscalía General de la República con los primeros 19 casos que comprobamos. Y vendrán muchos más. No voy a dejar solos a estos venezolanos. El Estado adeuda prestaciones, sueldos y vacaciones a 1.350.000 empleados públicos. ¿No es esto también una expropiación?
La respuesta que me han dado los venezolanos me conmueve y ratifica mi compromiso de dedicarme para siempre al servicio público. Yo les serviré donde ustedes juzguen conveniente. Y siempre hablaré con la verdad por muy dura que sea. Por eso, para garantizar nuestra victoria el 7 de febrero, hay que enfrentar a Chávez con determinación y sin miedo. Respeto las estrategias de quienes prefieren denunciar los males y no el responsable de éstos, pero eso no es suficiente. Sólo con el contraste de ideas, valores y modelos podremos ponerle fin a esta larga pesadilla y construir la nueva Venezuela.
mariacorina@mariacorina.com
@mariacorinaya
El Universal
04-02-2012
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Misión sin vivienda
ENRIQUE J. MUNDARAIN EGUI
Cada día se hace más cuesta arriba para los venezolanos contar con vivienda propia, siendo esta una de las aspiraciones más grandes de la mayoría de las personas, ofrecer un techo seguro a su familia, que sea un refugio, que sirva incluso para escapar un poco de los problemas y angustias que se viven día a día, como la inseguridad y la grave situación económica.
Pero, resulta que son muchas las variables que le impiden al venezolano, cumplir con ese preciado sueño. Gran parte de la población no cuenta con suficientes ingresos como para optar a un crédito inmobiliario, que no sea el que se otorga por Ley de Política Habitacional, que ya bien restringido es, porque los montos aprobados son muy pequeños, comparados con los costos de las viviendas realmente dignas y, por otra parte, si gana un poquito más (que nunca es suficiente) tampoco puede optar por dicho crédito.
La opción que restaría es la de alquilar o rentar una vivienda pero, gracias a la Ley de Alquileres, ya los propietarios que pudiesen ofrecer los bienes inmuebles de su propiedad, no quieren hacerlo, por el grandísimo temor de que nunca más lo puedan recuperar, incluso de que no puedan siquiera cobrar el alquiler correspondiente; por lo tanto, los propietarios solo buscan vender, cosa que es igualmente difícil, si tomamos en cuenta la grave situación que hemos descrito, en las que los compradores muy difícilmente alcanzan el objetivo.
Pudiésemos entonces, preguntarnos: ¿para qué necesitan los venezolanos adquirir una vivienda, si el Estado está construyendo "viviendas dignas" a lo largo y ancho del territorio nacional, de manera cuasi incuantificable? Claro, lo que pasa es que, ojalá ese tema fuese cierto, porque la verdad es que lo que se ha construido (con base en pruebas físicas que la población ha presentado en múltiples denuncias) son unas muy pocas viviendas, con materiales de muy baja calidad, sin acercarse en lo más mínimo a lo prometido. Y, si no es así, entonces ¿por qué aún viven damnificados en el Hipódromo de La Rinconada, en el que alguna vez fue la construcción del Centro Comercial Sambil de la Candelaria, en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, entre muchos otros refugios sufriendo las penurias de vivir en sitios no aptos para ser habitados.
Se habló de petrocasas, que no llegaron a ser más que experimentos, se habló de grandes nuevas urbanizaciones para el pueblo, y demás innumerables promesas incumplidas, de precios y créditos diseñados de manera socialista, para el beneficio de las masas; pero lo cierto es que ni siquiera hay cabillas para construir esas viviendas populares, porque se ha traficado con las mismas, no hay cemento, porque al estatizarlo, la producción no se cumple, teniendo incluso que importarlo y, aun más cierto es, que la gente aún no tiene ni vivienda ni esperanzas -que no sean falsas- de tenerla, porque cada día hay más déficit de vivienda en este maravilloso país, en el que afortunadamente la gente está muy clara de cuál es la verdadera realidad.
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Cada día se hace más cuesta arriba para los venezolanos contar con vivienda propia, siendo esta una de las aspiraciones más grandes de la mayoría de las personas, ofrecer un techo seguro a su familia, que sea un refugio, que sirva incluso para escapar un poco de los problemas y angustias que se viven día a día, como la inseguridad y la grave situación económica.
Pero, resulta que son muchas las variables que le impiden al venezolano, cumplir con ese preciado sueño. Gran parte de la población no cuenta con suficientes ingresos como para optar a un crédito inmobiliario, que no sea el que se otorga por Ley de Política Habitacional, que ya bien restringido es, porque los montos aprobados son muy pequeños, comparados con los costos de las viviendas realmente dignas y, por otra parte, si gana un poquito más (que nunca es suficiente) tampoco puede optar por dicho crédito.
La opción que restaría es la de alquilar o rentar una vivienda pero, gracias a la Ley de Alquileres, ya los propietarios que pudiesen ofrecer los bienes inmuebles de su propiedad, no quieren hacerlo, por el grandísimo temor de que nunca más lo puedan recuperar, incluso de que no puedan siquiera cobrar el alquiler correspondiente; por lo tanto, los propietarios solo buscan vender, cosa que es igualmente difícil, si tomamos en cuenta la grave situación que hemos descrito, en las que los compradores muy difícilmente alcanzan el objetivo.
Pudiésemos entonces, preguntarnos: ¿para qué necesitan los venezolanos adquirir una vivienda, si el Estado está construyendo "viviendas dignas" a lo largo y ancho del territorio nacional, de manera cuasi incuantificable? Claro, lo que pasa es que, ojalá ese tema fuese cierto, porque la verdad es que lo que se ha construido (con base en pruebas físicas que la población ha presentado en múltiples denuncias) son unas muy pocas viviendas, con materiales de muy baja calidad, sin acercarse en lo más mínimo a lo prometido. Y, si no es así, entonces ¿por qué aún viven damnificados en el Hipódromo de La Rinconada, en el que alguna vez fue la construcción del Centro Comercial Sambil de la Candelaria, en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, entre muchos otros refugios sufriendo las penurias de vivir en sitios no aptos para ser habitados.
Se habló de petrocasas, que no llegaron a ser más que experimentos, se habló de grandes nuevas urbanizaciones para el pueblo, y demás innumerables promesas incumplidas, de precios y créditos diseñados de manera socialista, para el beneficio de las masas; pero lo cierto es que ni siquiera hay cabillas para construir esas viviendas populares, porque se ha traficado con las mismas, no hay cemento, porque al estatizarlo, la producción no se cumple, teniendo incluso que importarlo y, aun más cierto es, que la gente aún no tiene ni vivienda ni esperanzas -que no sean falsas- de tenerla, porque cada día hay más déficit de vivienda en este maravilloso país, en el que afortunadamente la gente está muy clara de cuál es la verdadera realidad.
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22 casas cercanas al lago de Valencia fueron demolidas
Gobernador Isea ratificó que se aplica el plan Casa por Casa a los perjudicados
Con maquinaria pesada se destruyen las estructuras habitacionales inundadas JUAN CARLOS BARONE/EL PERIODIQUITO
ERIKA GUILLÉN
Maracay.- Cuadrillas de trabajadores adscritos a la Gobernación de Aragua, continuaron este viernes con la demolición de cinco viviendas indemnizadas en los sectores La Punta y Mata Redonda, al sur de Maracay, ubicadas a escasos metros del lago de Valencia.
El secretario de infraestructura en la entidad, Jesús Alberto García, refirió que con estas demoliciones se cumple la meta inicial de derribar 22 viviendas en ambos sectores cuyos habitantes recibieron adjudicaciones en otras zonas, sin costo adicional.
"Hemos llegado a acuerdos individuales con las familias de estas urbanizaciones y han aceptado la política de casa por casa. En un acto voluntario, se decidió entre las partes la demolición de las mismas", dijo.
Destacó que la acción de derribar las casas es necesaria a medida que sean indemnizados los afectados con el programa de cambio de casa por casa para evitar que los espacios abandonadas sean tomadas como refugios de la delincuencia o se incurra en invasión.
Hasta la fecha, el Gobierno regional con recursos aportados por el Ejecutivo nacional han logrado la adquisición de 697 viviendas, en el mercado primario y secundario, para beneficiar a los habitantes de los sectores afectados por el reservorio natural. Entre ellos: La Punta, Mata Redonda, Paraparal, Brisas del Lago, Platanal, Aguacatal y Villa Puntica.
Estiman adquirir otras 700 casas en el transcurso del primer trimestre del año para beneficiar a igual número de familias afectadas y cumplir con la primera meta planteada por el Gobierno nacional de adjudicar mil 300 casas. García afirmó que el orden de adjudicación o indemnización se hará de acuerdo al nivel de riesgo de los afectados y será determinada por funcionarios de Protección Civil en la entidad.
Señaló que proseguirán con las demoliciones de viviendas a medida que sean indemnizados los afectados. Algunas familias aún se encuentran en el refugio habilitado en el Cuartel Páez de Maracay a la espera de adjudicación.
Sentencia sin cumplir
A pesar que los habitantes de Mata Redonda y La Punta tienen una sentencia a favor emitida en el año 2004 por el Tribunal Supremo de Justicia que ordena el desalojo inmediato de la zona previa indemnización monetaria del valor de la vivienda que perdieron, éstos solo podrán gozar del programa cambio de casa por casa.
El gobernador de la entidad, Rafael Isea, declaró en una oportunidad que todos los sectores afectados serán tratados iguales y que no se entregará indemnización monetaria a ninguno de los perjudicados.
El Universal
04-02-2012
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Con maquinaria pesada se destruyen las estructuras habitacionales inundadas JUAN CARLOS BARONE/EL PERIODIQUITO
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Maracay.- Cuadrillas de trabajadores adscritos a la Gobernación de Aragua, continuaron este viernes con la demolición de cinco viviendas indemnizadas en los sectores La Punta y Mata Redonda, al sur de Maracay, ubicadas a escasos metros del lago de Valencia.
El secretario de infraestructura en la entidad, Jesús Alberto García, refirió que con estas demoliciones se cumple la meta inicial de derribar 22 viviendas en ambos sectores cuyos habitantes recibieron adjudicaciones en otras zonas, sin costo adicional.
"Hemos llegado a acuerdos individuales con las familias de estas urbanizaciones y han aceptado la política de casa por casa. En un acto voluntario, se decidió entre las partes la demolición de las mismas", dijo.
Destacó que la acción de derribar las casas es necesaria a medida que sean indemnizados los afectados con el programa de cambio de casa por casa para evitar que los espacios abandonadas sean tomadas como refugios de la delincuencia o se incurra en invasión.
Hasta la fecha, el Gobierno regional con recursos aportados por el Ejecutivo nacional han logrado la adquisición de 697 viviendas, en el mercado primario y secundario, para beneficiar a los habitantes de los sectores afectados por el reservorio natural. Entre ellos: La Punta, Mata Redonda, Paraparal, Brisas del Lago, Platanal, Aguacatal y Villa Puntica.
Estiman adquirir otras 700 casas en el transcurso del primer trimestre del año para beneficiar a igual número de familias afectadas y cumplir con la primera meta planteada por el Gobierno nacional de adjudicar mil 300 casas. García afirmó que el orden de adjudicación o indemnización se hará de acuerdo al nivel de riesgo de los afectados y será determinada por funcionarios de Protección Civil en la entidad.
Señaló que proseguirán con las demoliciones de viviendas a medida que sean indemnizados los afectados. Algunas familias aún se encuentran en el refugio habilitado en el Cuartel Páez de Maracay a la espera de adjudicación.
Sentencia sin cumplir
A pesar que los habitantes de Mata Redonda y La Punta tienen una sentencia a favor emitida en el año 2004 por el Tribunal Supremo de Justicia que ordena el desalojo inmediato de la zona previa indemnización monetaria del valor de la vivienda que perdieron, éstos solo podrán gozar del programa cambio de casa por casa.
El gobernador de la entidad, Rafael Isea, declaró en una oportunidad que todos los sectores afectados serán tratados iguales y que no se entregará indemnización monetaria a ninguno de los perjudicados.
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Falta de personalidad jurídica limita actividad de la Superintendencia
El organismo no puede determinar el precio de los edificios para arrendamiento | Ernesto Morgado
La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no puede fijar cánones o precios de venta ni aplicar sanciones porque carece de personalidad jurídica para hacerlo, advirtieron fuentes vinculadas al sector inmobiliario.
Aunque el organismo fue creado por la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos, que fue promulgada en noviembre, aún no han sido publicados en Gaceta Oficial la estructura organizativa y el reglamento interno.
"La Superintendencia tiene facultades y competencias claramente establecidas en la legislación. El problema es administrativo, porque la estructura no ha sido aprobada todavía", dijeron.
Las fuentes indicaron que, en esas condiciones, la Superintendencia puede cumplir funciones como asesoría legal, atención al público y registro de contratos, pero no dictar actos administrativos.
Eso implica que no puede fijar el canon de arrendamiento de los inmuebles, lo cual explica las razones que tuvo el Gobierno en octubre del año pasado para prorrogar la congelación de alquileres vigente desde 2003.
El organismo tampoco puede determinar el precio de los edificios para arrendamiento con más de 20 años de antigüedad, que la disposición transitoria quinta de la ley obliga a vender a los inquilinos.
Los propietarios tenían plazo hasta el 12 de enero, según la ley, para ofrecer los inmuebles en venta. Pero no pueden hacerlo hasta que la Superintendencia fije el precio.
Las fuentes consideran que tampoco se cumplirá el plazo para el registro de contratos, que en teoría caduca el 12 de febrero. Agregaron que no podrán aplicar sanciones porque cualquier acto que dicte será nulo.
La falta de personalidad jurídica afecta incluso al personal de la Superintendencia, que trabaja hasta 12 horas diarias porque los cargos que desempeñan no han sido creados y no pueden cobrar sueldos.
El retraso en la aprobación del organigrama y el reglamento interno obedecen, según las fuentes, a la improvisación y al desorden que han caracterizado la aprobación y la aplicación del marco legal.
El Nacional
03-02-2012
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Aunque el organismo fue creado por la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos, que fue promulgada en noviembre, aún no han sido publicados en Gaceta Oficial la estructura organizativa y el reglamento interno.
"La Superintendencia tiene facultades y competencias claramente establecidas en la legislación. El problema es administrativo, porque la estructura no ha sido aprobada todavía", dijeron.
Las fuentes indicaron que, en esas condiciones, la Superintendencia puede cumplir funciones como asesoría legal, atención al público y registro de contratos, pero no dictar actos administrativos.
Eso implica que no puede fijar el canon de arrendamiento de los inmuebles, lo cual explica las razones que tuvo el Gobierno en octubre del año pasado para prorrogar la congelación de alquileres vigente desde 2003.
El organismo tampoco puede determinar el precio de los edificios para arrendamiento con más de 20 años de antigüedad, que la disposición transitoria quinta de la ley obliga a vender a los inquilinos.
Los propietarios tenían plazo hasta el 12 de enero, según la ley, para ofrecer los inmuebles en venta. Pero no pueden hacerlo hasta que la Superintendencia fije el precio.
Las fuentes consideran que tampoco se cumplirá el plazo para el registro de contratos, que en teoría caduca el 12 de febrero. Agregaron que no podrán aplicar sanciones porque cualquier acto que dicte será nulo.
La falta de personalidad jurídica afecta incluso al personal de la Superintendencia, que trabaja hasta 12 horas diarias porque los cargos que desempeñan no han sido creados y no pueden cobrar sueldos.
El retraso en la aprobación del organigrama y el reglamento interno obedecen, según las fuentes, a la improvisación y al desorden que han caracterizado la aprobación y la aplicación del marco legal.
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Argentina / Alquileres comerciales: qué impuestos se deben pagar en la ciudad de Buenos Aires
Alquilar un local comercial o un departamento con fines turísticos en la Capital Federal tiene importantes alcances impositivos frente a la AFIP y también frente al fisco de la Ciudad de Buenos Aires.
El primer impuesto que habrá que pagar es el de Sellos sobre el contrato. La alícuota es del 0,50% del monto total de la locación y para aplicarla hay que obtener el Valor Locativo de Referencia (VLR) a través de la página de Internet de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP).
Ese valor es el precio estimado que la AGIP le asigna a un inmueble. Si el valor del contrato es menor, se paga Sellos sobre el VLR.
Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo que el VLR se acerca mucho a los precios de plaza; estaría un 85% o 90% por debajo en la mayor parte de los casos.
Pero si el VLR fuera superior al precio del contrato, se debe presentar un recurso, adjuntando dos tasaciones firmadas por corredores colegiados en el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, para que la AGIP revea la cifra.
Walenten comentó que el trámite del recurso de revisión del VLR puede demorar entre 15 y 20 días.
Finalmente, el contrato sellado deberá tener la certificación de las firmas por un escribano para la habilitación del local por parte de la ciudad.
Algo muy común es que los alquileres comerciales –que se suelen pactar por 3 años– incluyan cláusulas de renovación automática. Si esto ocurre o si no se fija plazo, el fisco extiende el precio del contrato por 5 años y sobre esa cifra aplica la alícuota del 0,5%, señaló Silvina Ortiz, del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados.
Por otra parte, el locador deberá pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al fisco porteño, con una alícuota del 1,5% si se trata de un local comercial y del 6% si es una vivienda con fines turísticos.
Por último, en la ciudad existe un Régimen de Información para alquileres que consiste en un registro donde el dueño del inmueble o la inmobiliaria interviniente debe informar datos del locador, el locatario y el contrato, trámite que se hace por Internet y clave fiscal en la página de Internet de AGIP.
A nivel del fisco nacional, las obligaciones del locador varían según la condición ante la AFIP del propio locador y del locatario, explicaron Gustavo Policella y Carlos Pérez, del estudio Oklander & Asociados.
Si el locador es monotributista, sus obligaciones son las mismas aunque el locador sea monotributista o responsable inscripto. Estas consisten en emitir factura “C”, y pagar el impuesto integrado, ya que no debe tributar ni IVA ni Ganancias. Sin embargo, si el locador hizo con el locatario en los últimos 12 meses operaciones por un monto total acumulado superior a $ 200.000, el último debe retener el 35% de Ganancias y el 21% de IVA.
En cambio, si el locador es responsable inscripto y el locatario es monotributista, debe emitir factura “B” y pagar IVA, teniendo en cuenta que están exentas las locaciones de inmuebles cuyo alquiler por unidad y por locatario no supere los $ 1.500 mensuales. También paga Ganancias, pero no sufre ninguna retención.
Si tanto el locador como el locatario son responsables inscriptos, la factura será “A”, se pagará IVA con el mismo piso exento y tributará Ganancias.
Por otra parte, en este caso, todo alquiler que supera los $ 1.200 mensuales sufre una retención del 6% en el Impuesto a las Ganancias, en la medida que ésta supere los $ 100.
Además, en el ámbito nacional, está parcialmente vigente el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI). La obligación que ya rige es la inscripción de aquellos contribuyentes que revistan el carácter de locadores por montos superiores a $ 8.000, ya sea por un inmueble o varios. No está en vigor la obligación de registrar cada contrato en particular.
Las empresas que toman locales en alquiler están reteniendo el 28% de Impuesto a las Ganancias –en lugar del 2%– a aquellos locadores que no se inscribieron, que son muchos por confusión en la información sobre este tema.
cronista.com
03-02-2012
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Ese valor es el precio estimado que la AGIP le asigna a un inmueble. Si el valor del contrato es menor, se paga Sellos sobre el VLR.
Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo que el VLR se acerca mucho a los precios de plaza; estaría un 85% o 90% por debajo en la mayor parte de los casos.
Pero si el VLR fuera superior al precio del contrato, se debe presentar un recurso, adjuntando dos tasaciones firmadas por corredores colegiados en el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, para que la AGIP revea la cifra.
Walenten comentó que el trámite del recurso de revisión del VLR puede demorar entre 15 y 20 días.
Finalmente, el contrato sellado deberá tener la certificación de las firmas por un escribano para la habilitación del local por parte de la ciudad.
Algo muy común es que los alquileres comerciales –que se suelen pactar por 3 años– incluyan cláusulas de renovación automática. Si esto ocurre o si no se fija plazo, el fisco extiende el precio del contrato por 5 años y sobre esa cifra aplica la alícuota del 0,5%, señaló Silvina Ortiz, del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados.
Por otra parte, el locador deberá pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al fisco porteño, con una alícuota del 1,5% si se trata de un local comercial y del 6% si es una vivienda con fines turísticos.
Por último, en la ciudad existe un Régimen de Información para alquileres que consiste en un registro donde el dueño del inmueble o la inmobiliaria interviniente debe informar datos del locador, el locatario y el contrato, trámite que se hace por Internet y clave fiscal en la página de Internet de AGIP.
A nivel del fisco nacional, las obligaciones del locador varían según la condición ante la AFIP del propio locador y del locatario, explicaron Gustavo Policella y Carlos Pérez, del estudio Oklander & Asociados.
Si el locador es monotributista, sus obligaciones son las mismas aunque el locador sea monotributista o responsable inscripto. Estas consisten en emitir factura “C”, y pagar el impuesto integrado, ya que no debe tributar ni IVA ni Ganancias. Sin embargo, si el locador hizo con el locatario en los últimos 12 meses operaciones por un monto total acumulado superior a $ 200.000, el último debe retener el 35% de Ganancias y el 21% de IVA.
En cambio, si el locador es responsable inscripto y el locatario es monotributista, debe emitir factura “B” y pagar IVA, teniendo en cuenta que están exentas las locaciones de inmuebles cuyo alquiler por unidad y por locatario no supere los $ 1.500 mensuales. También paga Ganancias, pero no sufre ninguna retención.
Si tanto el locador como el locatario son responsables inscriptos, la factura será “A”, se pagará IVA con el mismo piso exento y tributará Ganancias.
Por otra parte, en este caso, todo alquiler que supera los $ 1.200 mensuales sufre una retención del 6% en el Impuesto a las Ganancias, en la medida que ésta supere los $ 100.
Además, en el ámbito nacional, está parcialmente vigente el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI). La obligación que ya rige es la inscripción de aquellos contribuyentes que revistan el carácter de locadores por montos superiores a $ 8.000, ya sea por un inmueble o varios. No está en vigor la obligación de registrar cada contrato en particular.
Las empresas que toman locales en alquiler están reteniendo el 28% de Impuesto a las Ganancias –en lugar del 2%– a aquellos locadores que no se inscribieron, que son muchos por confusión en la información sobre este tema.
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España / Ahora sí que toca: 2012, el año de la gran bajada de precios en la vivienda
Este año será el de la gran bajada de precios de la vivienda, según pronostica Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios. Son varios factores los que incidirán en esta gran caída de precios.
Uno de ellos es el ciclo tan largo que por norma tiene el sector inmobiliario. Según explica Eduardo Molet, “durante más de 10 años y hasta 2007, el precio de los pisos mantuvo una tendencia alcista de manera continuada, y a partir de ese año se inició un nuevo ciclo: primero el estancamiento y después la bajada de los precios en la que ahora está inmerso el sector. Estos largos ciclos indican que actualmente es difícil pronosticar cuando tocarán fondo y se estancarán para empezar de nuevo con otro ciclo alcista, de ahí que se prevea que en 2012 el descenso seguirá siendo muy acusado”.
Los primeros meses de 2011 parecía que el mercado se estaba recuperando, pero a finales del año datos como los del PIB, el desempleo o el endeudamiento dejaron cifras decepcionantes y se pudo comprobar que no se salía de la crisis y que incluso se daba un paso atrás, agravándose. “Las medidas del nuevo gobierno traducidas en recortes y subidas de impuestos, y las previsiones del banco de España y del FMI confirman que no va existir un crecimiento en España hasta al menos 2014, fecha que podría ser la del fin del ciclo de la bajada de precios de la vivienda”, añade Eduardo Molet.
El segundo factor que incidirá en la gran bajada de los precios de la vivienda prevista para 2012 es la salida al mercado inmobiliario de los activos adjudicados de las entidades financieras. “Bancos y cajas sacarán ahora su oferta inmobiliaria al mercado porque el cambio de gobierno no ha cumplido con las expectativas del sector financiero, que preveía que se promulgarían medidas para revitalizarlo”, explica Eduardo Molet.
Así, las entidades financieras tendrán que actualizar sus cuentas definitivamente. Según Molet, “la reforma del sistema financiero obligará a los bancos a actualizar sus balances, y para hacerlo tienen que deshacerse de los activos adjudicados inmobiliarios, algo que sólo podrán conseguir con rebajas en los precios de estas viviendas de al menos el 50%. Por ejemplo, el Banco Sabadell ha anunciado que venderá los activos de la CAM con este descuento”.
“La oferta de los activos adjudicados a bajo precio producirá una bajada importante en los precios de todos los inmuebles del mercado, y los propietarios, son ahora conscientes que si quieren vender no les queda otra que bajar los precios en un porcentaje importante”, añade Eduardo Molet.
Esta situación arrastrará tanto a particulares que quieran vender sus casas como a profesionales del sector inmobiliario, que se verán obligados a competir en el mercado con bancos y cajas de ahorro y, por consiguiente, a bajar los precios. “Nos veremos obligados a hacer sacrificios en el precio de venta, pero, como nota positiva, aumentarán las operaciones de compraventa, que el año pasado descendieron un 74%, y en estos momentos esto es lo que más le urge al sector y al conjunto de la economía”, añade Eduardo Molet.
Finanzas.com
03-02-2012
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Uno de ellos es el ciclo tan largo que por norma tiene el sector inmobiliario. Según explica Eduardo Molet, “durante más de 10 años y hasta 2007, el precio de los pisos mantuvo una tendencia alcista de manera continuada, y a partir de ese año se inició un nuevo ciclo: primero el estancamiento y después la bajada de los precios en la que ahora está inmerso el sector. Estos largos ciclos indican que actualmente es difícil pronosticar cuando tocarán fondo y se estancarán para empezar de nuevo con otro ciclo alcista, de ahí que se prevea que en 2012 el descenso seguirá siendo muy acusado”.
Los primeros meses de 2011 parecía que el mercado se estaba recuperando, pero a finales del año datos como los del PIB, el desempleo o el endeudamiento dejaron cifras decepcionantes y se pudo comprobar que no se salía de la crisis y que incluso se daba un paso atrás, agravándose. “Las medidas del nuevo gobierno traducidas en recortes y subidas de impuestos, y las previsiones del banco de España y del FMI confirman que no va existir un crecimiento en España hasta al menos 2014, fecha que podría ser la del fin del ciclo de la bajada de precios de la vivienda”, añade Eduardo Molet.
El segundo factor que incidirá en la gran bajada de los precios de la vivienda prevista para 2012 es la salida al mercado inmobiliario de los activos adjudicados de las entidades financieras. “Bancos y cajas sacarán ahora su oferta inmobiliaria al mercado porque el cambio de gobierno no ha cumplido con las expectativas del sector financiero, que preveía que se promulgarían medidas para revitalizarlo”, explica Eduardo Molet.
Así, las entidades financieras tendrán que actualizar sus cuentas definitivamente. Según Molet, “la reforma del sistema financiero obligará a los bancos a actualizar sus balances, y para hacerlo tienen que deshacerse de los activos adjudicados inmobiliarios, algo que sólo podrán conseguir con rebajas en los precios de estas viviendas de al menos el 50%. Por ejemplo, el Banco Sabadell ha anunciado que venderá los activos de la CAM con este descuento”.
“La oferta de los activos adjudicados a bajo precio producirá una bajada importante en los precios de todos los inmuebles del mercado, y los propietarios, son ahora conscientes que si quieren vender no les queda otra que bajar los precios en un porcentaje importante”, añade Eduardo Molet.
Esta situación arrastrará tanto a particulares que quieran vender sus casas como a profesionales del sector inmobiliario, que se verán obligados a competir en el mercado con bancos y cajas de ahorro y, por consiguiente, a bajar los precios. “Nos veremos obligados a hacer sacrificios en el precio de venta, pero, como nota positiva, aumentarán las operaciones de compraventa, que el año pasado descendieron un 74%, y en estos momentos esto es lo que más le urge al sector y al conjunto de la economía”, añade Eduardo Molet.
Finanzas.com
03-02-2012
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Argentina / El alquiler medio en la Ciudad es $ 1.600
El alquiler para un tres ambientes promedia los $ 2.200, según la UADE
El alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires es de $ 1.600 que sube a $ 2.200 para uno de tres ambientes.
Según un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE para septiembre-noviembre de 2011, el alquiler promedio para todos los ambientes es de $ 43,2 por metro cuadrado, lo que da un precio de $ 1.637 mensuales para un departamento de dos ambientes (38 metros cuadrados) y de $ 2.227 para tres ambientes (55 metros cuadrados).
La muestra se hizo sobre 1.500 departamentos sin amoblar y cuyos alquileres no incluyen expensas y otros gastos como el pago de impuestos y de servicios, así como tampoco cocheras. Además, se trató de unidades terminadas, en buen estado edilicio.
Los alquileres más caros para dos ambientes están en los barrios de San Nicolás, $ 1.845, seguido por Recoleta, $ 1,804, y Palermo, $ 1,761. En Belgrano, salen $ 1,741 y en Nuñez, $ 1.738 en promedio.
Para tres ambientes, los mayores valores se dieron en Recoleta, que sale en punta con $ 2.528, seguido por Palermo, con $ 2.431 y Nuñez, con $ 2.403. En Belgrano llegan a $ 2.354 y en Villa Urquiza, a $ 2.308.
Para la muestra de la UADE, los menores precios para dos ambientes son los de Villa del Parque, $ 1.429, y Balvanera,
$ 1.431. Los siguen Caballito con $ 1.503 y Villa Crespo con $ 1.573.
En tres ambientes, los alquileres inferiores se pagan en San Nicolás, $ 1.828; Balvanera, $ 1.883, y Villa Crespo, $ 1.903, seguido por Villa de Parque, $ 1.984, y Caballito, $ 1.991.
Por otra parte, los departamentos nuevos tienen un valor promedio en toda la ciudad de $ 53,3 por metro cuadrado y las unidades usadas pagan un alquiler de $ 46,6 por metro cuadrado.
cronista.com
02-02-2012
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El alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires es de $ 1.600 que sube a $ 2.200 para uno de tres ambientes.
Según un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE para septiembre-noviembre de 2011, el alquiler promedio para todos los ambientes es de $ 43,2 por metro cuadrado, lo que da un precio de $ 1.637 mensuales para un departamento de dos ambientes (38 metros cuadrados) y de $ 2.227 para tres ambientes (55 metros cuadrados).
La muestra se hizo sobre 1.500 departamentos sin amoblar y cuyos alquileres no incluyen expensas y otros gastos como el pago de impuestos y de servicios, así como tampoco cocheras. Además, se trató de unidades terminadas, en buen estado edilicio.
Los alquileres más caros para dos ambientes están en los barrios de San Nicolás, $ 1.845, seguido por Recoleta, $ 1,804, y Palermo, $ 1,761. En Belgrano, salen $ 1,741 y en Nuñez, $ 1.738 en promedio.
Para tres ambientes, los mayores valores se dieron en Recoleta, que sale en punta con $ 2.528, seguido por Palermo, con $ 2.431 y Nuñez, con $ 2.403. En Belgrano llegan a $ 2.354 y en Villa Urquiza, a $ 2.308.
Para la muestra de la UADE, los menores precios para dos ambientes son los de Villa del Parque, $ 1.429, y Balvanera,
$ 1.431. Los siguen Caballito con $ 1.503 y Villa Crespo con $ 1.573.
En tres ambientes, los alquileres inferiores se pagan en San Nicolás, $ 1.828; Balvanera, $ 1.883, y Villa Crespo, $ 1.903, seguido por Villa de Parque, $ 1.984, y Caballito, $ 1.991.
Por otra parte, los departamentos nuevos tienen un valor promedio en toda la ciudad de $ 53,3 por metro cuadrado y las unidades usadas pagan un alquiler de $ 46,6 por metro cuadrado.
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02-02-2012
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Colombia / Impuesto a la construcción subió el precio de viviendas en Medellín
El incremento en el precio de las viviendas no es un fenónemo exclusivo de Bogotá. De acuerdo con Camacol, en Medellín se está presentando una situación similar, pues el sector inmobiliario ha visto un incremento de hasta 7% en sus precios en el último año, cifra que está por encima de la inflación.
Una de las razones de esta situación, y que le ha generado dolores de cabeza a los constructores, es el alza en los impuestos de construcción que ha establecido el Plan de Ordenamiento Territorial de la administración municipal.
“Por exigencias del POT se han venido aumentando las obligaciones urbanísticas, que son unos impuestos que los constructores deben aportar de acuerdo con los metros cuadrados construidos y el tipo de obra. El porcentaje para los proyectos comerciales y de oficinas es mucho mayor, incluso en ocasiones se llega al equivalente del valor total del lote. Estos costos se le trasladan al precio de la obra urbanística”, señala Francisco Ochoa, experto inmobiliario y perito avaluador. En sectores como El Poblado, la vivienda nueva llega a tener un costo máximo por metro cuadrado de $4.550.000, mientras que en el sector de Laureles el costo máximo es de $3.250.000 el metro cuadrado.
De acuerdo con Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, la nueva norma ha establecido mayores impuestos de construcción: obras que antes pagaban por este cobro $80 millones deben pagar hasta $1.200 millones. Este impuesto en general equivale a 2% del presupuesto de la obra, pero en el caso de Medellín, se hizo una fómula única en el país, que define este cobro de acuerdo a la altura del proyecto, las áreas y los precios del inmueble.
Otra de las obligaciones urbanísticas es que cuando se desarrolla un proyecto se debe pagar un equivalente promedio a 20% del costo del terreno donde se construirá, lo que que también aumentó con la nueva normatividad por decisión de las autoridades.
“Estas normas cambiaron porque la administración consideró que la dinámica económica que ha tenido el sector de la construcción era una oportunidad para recoger más recursos y lo que hicieron fue encarecer la vivienda”, afirma Loaiza.
eluniversal.com.co
02-02-2012
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Una de las razones de esta situación, y que le ha generado dolores de cabeza a los constructores, es el alza en los impuestos de construcción que ha establecido el Plan de Ordenamiento Territorial de la administración municipal.
“Por exigencias del POT se han venido aumentando las obligaciones urbanísticas, que son unos impuestos que los constructores deben aportar de acuerdo con los metros cuadrados construidos y el tipo de obra. El porcentaje para los proyectos comerciales y de oficinas es mucho mayor, incluso en ocasiones se llega al equivalente del valor total del lote. Estos costos se le trasladan al precio de la obra urbanística”, señala Francisco Ochoa, experto inmobiliario y perito avaluador. En sectores como El Poblado, la vivienda nueva llega a tener un costo máximo por metro cuadrado de $4.550.000, mientras que en el sector de Laureles el costo máximo es de $3.250.000 el metro cuadrado.
De acuerdo con Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, la nueva norma ha establecido mayores impuestos de construcción: obras que antes pagaban por este cobro $80 millones deben pagar hasta $1.200 millones. Este impuesto en general equivale a 2% del presupuesto de la obra, pero en el caso de Medellín, se hizo una fómula única en el país, que define este cobro de acuerdo a la altura del proyecto, las áreas y los precios del inmueble.
Otra de las obligaciones urbanísticas es que cuando se desarrolla un proyecto se debe pagar un equivalente promedio a 20% del costo del terreno donde se construirá, lo que que también aumentó con la nueva normatividad por decisión de las autoridades.
“Estas normas cambiaron porque la administración consideró que la dinámica económica que ha tenido el sector de la construcción era una oportunidad para recoger más recursos y lo que hicieron fue encarecer la vivienda”, afirma Loaiza.
eluniversal.com.co
02-02-2012
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USA / Obama detalla plan de vivienda más amplio
El presidente Barack Obama exhortó el miércoles al Congreso a que facilite a millones de dueños de viviendas el refinanciar sus hipotecas a tasas de interés más bajas, incluso si deben más de lo que sus inmuebles valen en el mercado.
Obama admitió que hasta ahora los planes de vivienda de su gobierno no han satisfecho sus promesas.
Tras calificar el problema de la vivienda como "masivo en tamaño y alcance", Obama detalló una propuesta que había delineado en su discurso del informe a la nación la semana pasada, sobre un asunto vital en estados clave para su reelección.
"Esta crisis de la vivienda azotó el corazón de lo que significa la clase media en Estados Unidos: nuestras casas", dijo Obama, que habló en un centro comunitario en el norte de Virginia.
La propuesta de Obama daría a los dueños de viviendas con hipotecas privadas una oportunidad de conseguir tasas bajas sin precedentes según un nuevo programa gubernamental, que significaría ahorros anuales de aproximadamente 3.000 dólares por cada beneficiario en promedio.
El programa es la gestión más reciente de su gobierno para ayudar a los dueños de viviendas ante la enorme avalancha de embargos hipotecarios y el desplome del valor de la vivienda, que han dejado a muchos debiendo más que lo que ahora valen sus casas.
El plan del gobierno busca facilitar el refinaciamiento para los dueños de viviendas que, pese a un buen historial de crédito, no han podido aprovechar las tasas más bajas actuales porque su hipoteca es mayor que el valor de la vivienda o porque los bancos temen sufrir pérdidas.
El gobierno ha implementado previamente planes con el objetivo de ayudar a dueños de viviendas, pero no han cumplido sus objetivos.
"Para ser honesto, los programas que hemos implementado no han funcionado a la escala que esperábamos", dijo Obama. "Menos gente que la esperada ha aprovechado los planes".
El problema de la vivienda, aunque de escala nacional tiene eco especialmente en estados cruciales electoralmente, como Nevada y la Florida, donde las ejecuciones de hipotecas han llegado a niveles récord.
Univision.com
2-02-2012
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Tras calificar el problema de la vivienda como "masivo en tamaño y alcance", Obama detalló una propuesta que había delineado en su discurso del informe a la nación la semana pasada, sobre un asunto vital en estados clave para su reelección.
"Esta crisis de la vivienda azotó el corazón de lo que significa la clase media en Estados Unidos: nuestras casas", dijo Obama, que habló en un centro comunitario en el norte de Virginia.
La propuesta de Obama daría a los dueños de viviendas con hipotecas privadas una oportunidad de conseguir tasas bajas sin precedentes según un nuevo programa gubernamental, que significaría ahorros anuales de aproximadamente 3.000 dólares por cada beneficiario en promedio.
El programa es la gestión más reciente de su gobierno para ayudar a los dueños de viviendas ante la enorme avalancha de embargos hipotecarios y el desplome del valor de la vivienda, que han dejado a muchos debiendo más que lo que ahora valen sus casas.
El plan del gobierno busca facilitar el refinaciamiento para los dueños de viviendas que, pese a un buen historial de crédito, no han podido aprovechar las tasas más bajas actuales porque su hipoteca es mayor que el valor de la vivienda o porque los bancos temen sufrir pérdidas.
El gobierno ha implementado previamente planes con el objetivo de ayudar a dueños de viviendas, pero no han cumplido sus objetivos.
"Para ser honesto, los programas que hemos implementado no han funcionado a la escala que esperábamos", dijo Obama. "Menos gente que la esperada ha aprovechado los planes".
El problema de la vivienda, aunque de escala nacional tiene eco especialmente en estados cruciales electoralmente, como Nevada y la Florida, donde las ejecuciones de hipotecas han llegado a niveles récord.
Univision.com
2-02-2012
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España / La vivienda usada sufre en enero la mayor caída de precios desde que empezó la crisis
La luz al final del túnel sigue sin vislumbrarse. Tal y como llevan meses advirtiendo promotores, agencias y otros expertos del sector inmobiliario, 2012 seguirá siendo muy duro para el sector inmobiliario tanto en cuanto a la venta de viviendas como a los precios, cuya caída comenzó a acelerarse a partir del verano de 2011. El ejercicio que acabamos de despedir ha sido el peor año para el ladrillo desde que pinchó la burbuja inmobiliaria, en 2006.
Por lo pronto, los primeros datos del año no invitan al optimismo. Los precios de la vivienda de segunda mano bajaron un 9,4% respecto al mismo mes del año pasado y un 1,9% respecto a diciembre de 2011, la mayor caída desde que comenzó la crisis, según los datos ofrecidos hoy por idealista.com. Este porcentaje supera al 1,8% registrado en octubre de 2011.
Con este descenso del precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.045 euros frente a los 2.258 euros de enero de 2011.
Los precios de los pisos usados inició su tendencia a la baja a principios de 2008. Según el índice Inmo50, elaborado por idealista.com y Cotizalia, el espacio financiero de El Confidencial. Este índice marcó su máximo en septiembre de 2007 en 192,7 puntos. En enero de este año se encuentra en 152,2, lo que supone un descenso del 21%.
El Imo50 tiene en cuenta criterios como la actividad y el peso económico regional de cada una de las ciudades. Para ello, una vez obtenido el precio por capital de provincia, el dato resultante es ponderado de forma independiente en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) provincial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El segmento de la segunda mano, de las viviendas en manos de los particulares, está acusando especialmente la dura competencia que están ejerciendo las entidades financieras para colocar sus inmuebles. Un competencia que dentro del sector inmobiliario se califica como 'desleal' y que está echando para atrás numerosas operaciones tanto de promotoras, como de agencias y particulares ante la falta de financiación.
Una situación que se ha traducido en un desplome de las ventas, lo que está obligando a numerosos propietarios a realizar importantes rebajas en los precios para poder dar salida en el mercado a sus inmuebles.
Castilla La Mancha, la comunidad más castigada
Los mayores decrementos se han producido en Castilla la Mancha, donde los precios han bajado un 2,3%; mientras que en Baleares, Asturias y Andalucía el precio descendió un 2,1% en los tres casos. En el lado opuesto de la tabla, con los menores descensos, se encuentra Aragón, con una bajada del 0,1%. Por detrás están Castilla y León (0,4%) y Euskadi (0,5%).
Euskadi (3.312 euros/m2) sigue siendo la autonomía más cara y la única en superar los tres mil euros el metro cuadrado. Le sigue la Comunidad de Madrid (2.921 euros/m2), Cantabria (2.316 euros/m2) y Catalunya (2.293 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.305 euros/m2), Murcia (1.306 euros/m2) y Castilla la Mancha (1.329 euros/m2), las comunidades más económicas.
Durante el mes de enero, 8 de las 50 provincias españolas han mantenido sus precios en positivo (tres más que en el pasado mes de enero). El mayor incremento se ha producido en Palencia, con un 2,8%, seguido por León (2,3%) y Guipúzcoa (1,7%). 42 provincias han caído de precio, siendo Cuenca donde el descenso ha tenido más fuerza, un 4,4%; seguido por Castellón (-3%) y A Coruña (-3%).
El ranking de las provincias más caras se mantiene sin novedades, encabezado por las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con 3.609 euros/m2 y 3.367euros/m2 respectivamente. Tras ellas se sitúan Madrid (2.921 euros/m2) y Álava (2.579 euros/m2). Barcelona queda relegada al quinto puesto (2.562 euros/m2). Cuenca se convierte en la provincia más económica (1.187 euros/m2), seguida por Ciudad Real (1.211 euros/m2) y Ávila (1.217 euros/m2).
Valladolid, la única capital donde suben los precios
Los grandes mercados nacionales han visto descender el precio de sus inmuebles de segunda mano durante el último mes. En Sevilla los precios han bajado un 1,8%, mientras que en Barcelona y Valencia la caída ha sido del 1,6%. En el caso de madrid el decremento ha sido del 0,7%, por un 0,5% que se ha registrado en Bilbao. Zaragoza cierra las caídas con un 0,3%. de entre las grandes ciudades, sólo Valladolid ha conseguido mantener sus precios en positivo en el primer mes del año (0,8%)
Además de Valladolid, otros nueve mercados han incrementado las expectativas de sus propietarios durante el mes de enero. Los mayores incrementos se han dado en Palencia (2,1%), Pontevedra (1,6%) y León (1,4%). Huesca en cambio ha registrado la mayor bajada (-2,9%), seguido por Cádiz (-2,7%) y Lleida (-2,5%).
El índice de precios inmobiliarios de idealista.com
Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista.com se han analizado 264.322 anuncios que están o han estado anunciados en su base de datos entre el 21 de diciembre de 2011 y el 30 de enero de 2012. Para asegurar la exactitud de los datos se han eliminado de la muestra aquellos inmuebles cuyos precios estaban fuera de mercado, además de las viviendas unifamiliares porque su presencia desvirtuaba el precio en algunas zonas.
No se ofrece el precio de aquellas capitales de provincia con un número de inmuebles inferior a 50, ya que la muestra no resulta suficiente. El índice inmobiliario de idealista está elaborado con precios de oferta sobre metros cuadrados construidos.
elconfidencial.com
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Por lo pronto, los primeros datos del año no invitan al optimismo. Los precios de la vivienda de segunda mano bajaron un 9,4% respecto al mismo mes del año pasado y un 1,9% respecto a diciembre de 2011, la mayor caída desde que comenzó la crisis, según los datos ofrecidos hoy por idealista.com. Este porcentaje supera al 1,8% registrado en octubre de 2011.
Con este descenso del precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.045 euros frente a los 2.258 euros de enero de 2011.
Los precios de los pisos usados inició su tendencia a la baja a principios de 2008. Según el índice Inmo50, elaborado por idealista.com y Cotizalia, el espacio financiero de El Confidencial. Este índice marcó su máximo en septiembre de 2007 en 192,7 puntos. En enero de este año se encuentra en 152,2, lo que supone un descenso del 21%.
El Imo50 tiene en cuenta criterios como la actividad y el peso económico regional de cada una de las ciudades. Para ello, una vez obtenido el precio por capital de provincia, el dato resultante es ponderado de forma independiente en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) provincial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El segmento de la segunda mano, de las viviendas en manos de los particulares, está acusando especialmente la dura competencia que están ejerciendo las entidades financieras para colocar sus inmuebles. Un competencia que dentro del sector inmobiliario se califica como 'desleal' y que está echando para atrás numerosas operaciones tanto de promotoras, como de agencias y particulares ante la falta de financiación.
Una situación que se ha traducido en un desplome de las ventas, lo que está obligando a numerosos propietarios a realizar importantes rebajas en los precios para poder dar salida en el mercado a sus inmuebles.
Castilla La Mancha, la comunidad más castigada
Los mayores decrementos se han producido en Castilla la Mancha, donde los precios han bajado un 2,3%; mientras que en Baleares, Asturias y Andalucía el precio descendió un 2,1% en los tres casos. En el lado opuesto de la tabla, con los menores descensos, se encuentra Aragón, con una bajada del 0,1%. Por detrás están Castilla y León (0,4%) y Euskadi (0,5%).
Euskadi (3.312 euros/m2) sigue siendo la autonomía más cara y la única en superar los tres mil euros el metro cuadrado. Le sigue la Comunidad de Madrid (2.921 euros/m2), Cantabria (2.316 euros/m2) y Catalunya (2.293 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.305 euros/m2), Murcia (1.306 euros/m2) y Castilla la Mancha (1.329 euros/m2), las comunidades más económicas.
Durante el mes de enero, 8 de las 50 provincias españolas han mantenido sus precios en positivo (tres más que en el pasado mes de enero). El mayor incremento se ha producido en Palencia, con un 2,8%, seguido por León (2,3%) y Guipúzcoa (1,7%). 42 provincias han caído de precio, siendo Cuenca donde el descenso ha tenido más fuerza, un 4,4%; seguido por Castellón (-3%) y A Coruña (-3%).
El ranking de las provincias más caras se mantiene sin novedades, encabezado por las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con 3.609 euros/m2 y 3.367euros/m2 respectivamente. Tras ellas se sitúan Madrid (2.921 euros/m2) y Álava (2.579 euros/m2). Barcelona queda relegada al quinto puesto (2.562 euros/m2). Cuenca se convierte en la provincia más económica (1.187 euros/m2), seguida por Ciudad Real (1.211 euros/m2) y Ávila (1.217 euros/m2).
Valladolid, la única capital donde suben los precios
Los grandes mercados nacionales han visto descender el precio de sus inmuebles de segunda mano durante el último mes. En Sevilla los precios han bajado un 1,8%, mientras que en Barcelona y Valencia la caída ha sido del 1,6%. En el caso de madrid el decremento ha sido del 0,7%, por un 0,5% que se ha registrado en Bilbao. Zaragoza cierra las caídas con un 0,3%. de entre las grandes ciudades, sólo Valladolid ha conseguido mantener sus precios en positivo en el primer mes del año (0,8%)
Además de Valladolid, otros nueve mercados han incrementado las expectativas de sus propietarios durante el mes de enero. Los mayores incrementos se han dado en Palencia (2,1%), Pontevedra (1,6%) y León (1,4%). Huesca en cambio ha registrado la mayor bajada (-2,9%), seguido por Cádiz (-2,7%) y Lleida (-2,5%).
El índice de precios inmobiliarios de idealista.com
Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista.com se han analizado 264.322 anuncios que están o han estado anunciados en su base de datos entre el 21 de diciembre de 2011 y el 30 de enero de 2012. Para asegurar la exactitud de los datos se han eliminado de la muestra aquellos inmuebles cuyos precios estaban fuera de mercado, además de las viviendas unifamiliares porque su presencia desvirtuaba el precio en algunas zonas.
No se ofrece el precio de aquellas capitales de provincia con un número de inmuebles inferior a 50, ya que la muestra no resulta suficiente. El índice inmobiliario de idealista está elaborado con precios de oferta sobre metros cuadrados construidos.
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Argentina / Cómo está el mercado inmobiliario en la primera etapa del año
El mercado inmobiliario locativo sufre tantos cambios como otros sectores dinámicos. En Rosario, el segmento de locación de unidades de vivienda acomodó en los últimos años una nueva oferta ligada a la concreción de nuevos edificios en altura, como inversión. Además de la vivienda, las oficinas y los alquileres comerciales han empezado a consolidarse como demanda en la ciudad. Juan José Quevedo, gerente general en alquileres Dunod, dialogó con ON24 y recalcó que la curva inmobiliaria sigue creciendo.
Quevedo aseguró que la temporada comenzó con una gran demanda – “Ya no existe el monoambiente de $900, se tiene que hablar de una suma superior a los $1100” agregó: “El producto más buscado es el departamento de un dormitorio (de 40 a 45m2), que oscila desde los $1500 en adelante”.
La vivienda de dos dormitorios, tiene un costo de $2000 hacía arriba mensual. Las características del espacio son estándares. En la sección Premium local, por ejemplo Condominios del Alto, un dormitorio con cochera de 89m2 ronda los $3200, dos dormitorios $4500. “En 45 días estaremos entregando a los propietarios la segunda etapa de Condominios y muchos de ellos decidieron re direccionarlo para el alquiler”.
Las zonas más elegidas en esta primera etapa del año, según la inmobiliaria, son las zonas cercanas a la Facultad de Ciencias Médicas, que a su vez tiene a los alrededores otras Universidades privadas. El gerente destacó que la demanda no solo está sostenida por los estudiantes, sino también, por el mercado local y el crecimiento de las empresas y la atracción que hoy genera Rosario como lugar para instalar su negocio. Con respecto a las cocheras expresó: “Las plazas entre bulevares – Francia, el río y Pellegrini – rondan los $400 y en las zonas de calle Oroño o Wheelwright a partir de $500”.
Negocios: ligados a 36 meses de contrato
Quevedo hizo hincapié en los alquileres comerciales, aseguró que hay una gran demanda difícil de disolver. “Los contratos comerciales son de un mínimo de 36 meses, son muchísimas las consultas sobre las zonas de peatonales y alrededores. En calle Córdoba - del 1000 al 2000 - es muy difícil encontrar”.
La inmobiliaria realizó un informe del corredor de calle Santa Fe (entre Oroño y Entre Ríos), algunos de los datos que obtuvieron fueron que hay 248 unidades entre comercios y viviendas, de esa totalidad el 63.3% (157 comercios) pertenece a locales comerciales, el 31.9% a viviendas (edificios y casas) y solo un 4.8% a instituciones. Es importante destacar que el 31.7% de los locales tienen cinco años de antigüedad, el 18.8% supera los 20 años y un 70% los 10 años. Desde el área de comunicación de la empresa recalcaron que la brecha no ha cambiado mucho en los últimos años y que la situación de calle Santa Fe es muy diferente a la de Córdoba y Rioja. Por el momento, solo hay un 10% de bacantes, que equivalen a 10 salones.
En cuanto a los valores, el gerente declaró que: “Por Peatonal Córdoba una tienda (de 80 a 100m2) fluctúa los $25mil con un aumento del 20% anual” añadió: “Hoy se paga un precio porque no hay opciones de elección en los puntos de excelencia como Córdoba del 1000 al 2000, San Luis, Peatonal San Martín, Rioja, Santa Fe y sus transversales. Los espacios para negocios gastronómicos en la zona de Pichincha y Oroño hacía el río son muy demandados”. También destacó que los outlets están apostando a la zona y que muchos porteños están interesados ya que ven a Rosario como una gran inversión inmobiliaria y para instalar sus franquicias.
Items para estar informados sobre el rubro
- El aumento en los alquileres para que el negocio sea redituable.
- Los valores de las viviendas se van actualizando en dólares. Lo cual implica una suba en los valores locativos para conservar la rentabilidad.
- El mercado de oficina decayó. Juan José Quevedo recalcó que hay una gran oferta en la ciudad para los pocos interesados.
- Los aumentos provocados en los alquileres son consecuencias de la inflación. Existe un 30%, aproximadamente, de incremento en el transcurso de un año.
- La rentabilidad está sostenida en un 5 y 10% anual como mínimo.
- La vedette es el departamento de uno y dos dormitorio.
- Alta demanda en locales comerciales. “Fundamentalmente en la zona de peatonal, arterias como calle San Luis y Rioja. Centros comerciales – Echesortu y San Martin Sur” concluyó Juan José Quevedo, gerente general en alquileres de Dunod.
on24
01-02-2012
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Quevedo aseguró que la temporada comenzó con una gran demanda – “Ya no existe el monoambiente de $900, se tiene que hablar de una suma superior a los $1100” agregó: “El producto más buscado es el departamento de un dormitorio (de 40 a 45m2), que oscila desde los $1500 en adelante”.
La vivienda de dos dormitorios, tiene un costo de $2000 hacía arriba mensual. Las características del espacio son estándares. En la sección Premium local, por ejemplo Condominios del Alto, un dormitorio con cochera de 89m2 ronda los $3200, dos dormitorios $4500. “En 45 días estaremos entregando a los propietarios la segunda etapa de Condominios y muchos de ellos decidieron re direccionarlo para el alquiler”.
Las zonas más elegidas en esta primera etapa del año, según la inmobiliaria, son las zonas cercanas a la Facultad de Ciencias Médicas, que a su vez tiene a los alrededores otras Universidades privadas. El gerente destacó que la demanda no solo está sostenida por los estudiantes, sino también, por el mercado local y el crecimiento de las empresas y la atracción que hoy genera Rosario como lugar para instalar su negocio. Con respecto a las cocheras expresó: “Las plazas entre bulevares – Francia, el río y Pellegrini – rondan los $400 y en las zonas de calle Oroño o Wheelwright a partir de $500”.
Negocios: ligados a 36 meses de contrato
Quevedo hizo hincapié en los alquileres comerciales, aseguró que hay una gran demanda difícil de disolver. “Los contratos comerciales son de un mínimo de 36 meses, son muchísimas las consultas sobre las zonas de peatonales y alrededores. En calle Córdoba - del 1000 al 2000 - es muy difícil encontrar”.
La inmobiliaria realizó un informe del corredor de calle Santa Fe (entre Oroño y Entre Ríos), algunos de los datos que obtuvieron fueron que hay 248 unidades entre comercios y viviendas, de esa totalidad el 63.3% (157 comercios) pertenece a locales comerciales, el 31.9% a viviendas (edificios y casas) y solo un 4.8% a instituciones. Es importante destacar que el 31.7% de los locales tienen cinco años de antigüedad, el 18.8% supera los 20 años y un 70% los 10 años. Desde el área de comunicación de la empresa recalcaron que la brecha no ha cambiado mucho en los últimos años y que la situación de calle Santa Fe es muy diferente a la de Córdoba y Rioja. Por el momento, solo hay un 10% de bacantes, que equivalen a 10 salones.
En cuanto a los valores, el gerente declaró que: “Por Peatonal Córdoba una tienda (de 80 a 100m2) fluctúa los $25mil con un aumento del 20% anual” añadió: “Hoy se paga un precio porque no hay opciones de elección en los puntos de excelencia como Córdoba del 1000 al 2000, San Luis, Peatonal San Martín, Rioja, Santa Fe y sus transversales. Los espacios para negocios gastronómicos en la zona de Pichincha y Oroño hacía el río son muy demandados”. También destacó que los outlets están apostando a la zona y que muchos porteños están interesados ya que ven a Rosario como una gran inversión inmobiliaria y para instalar sus franquicias.
Items para estar informados sobre el rubro
- El aumento en los alquileres para que el negocio sea redituable.
- Los valores de las viviendas se van actualizando en dólares. Lo cual implica una suba en los valores locativos para conservar la rentabilidad.
- El mercado de oficina decayó. Juan José Quevedo recalcó que hay una gran oferta en la ciudad para los pocos interesados.
- Los aumentos provocados en los alquileres son consecuencias de la inflación. Existe un 30%, aproximadamente, de incremento en el transcurso de un año.
- La rentabilidad está sostenida en un 5 y 10% anual como mínimo.
- La vedette es el departamento de uno y dos dormitorio.
- Alta demanda en locales comerciales. “Fundamentalmente en la zona de peatonal, arterias como calle San Luis y Rioja. Centros comerciales – Echesortu y San Martin Sur” concluyó Juan José Quevedo, gerente general en alquileres de Dunod.
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USA / El precio de la vivienda en Estados Unidos se redujo el 1,3 % en noviembre
El precio de las viviendas unifamiliares en las veinte mayores ciudades de Estados Unidos se redujo en noviembre del año pasado el 1,3 % comparado con el mes anterior, informó hoy Standard & Poor's (S&P).
La firma destacó que todas menos una de esas urbes vieron descensos en el importe de sus casas.
El indicador Case-Shiller, que elabora S&P para estudiar la evolución de los precios de la vivienda en las diez y en las veinte mayores ciudades estadounidenses, registró en noviembre un descenso del 1,3 % en ambos casos y en relación con octubre.
En términos interanuales, el índice que mide el precio de la vivienda en las veinte mayores ciudades es un 3,7 % menor que en noviembre de 2010, en tanto que en el caso de las diez urbes más grandes el indicador se encuentra un 3,6 % por debajo del mismo mes del año pasado.
Los datos ofrecidos por S&P revelan que este es el segundo mes consecutivo en el que diecinueve de las veinte ciudades estudiadas registran retrocesos en el importe de sus casas en comparación con el mes precedente.
La única ciudad en que subió, el 0,6 % fue Phoenix, una de las más golpeadas por la crisis en los últimos años, mientras que la que registró peores cifras en términos interanuales fue de nuevo Atlanta, donde el precio de las viviendas es un 11,8 % menor al de noviembre de 2010.
"A pesar de las continuas tasas de interés bajas y del mejor crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) en el último trimestre del año, los precios de las viviendas siguen cayendo", dijo al conocerse esos datos el presidente del Comité de Índices de S&P, David Blitzer.
El experto añadió que "la tendencia es a la baja y hay pocas, si es que hay, señales en estos números de que nos encontramos cerca un punto de inflexión".
Desde que tocaron sus máximos en junio y julio de 2006, los precios de la vivienda acumulan una caída del 32,9 % en ambos casos.
ABC.es
01-02-2012
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El indicador Case-Shiller, que elabora S&P para estudiar la evolución de los precios de la vivienda en las diez y en las veinte mayores ciudades estadounidenses, registró en noviembre un descenso del 1,3 % en ambos casos y en relación con octubre.
En términos interanuales, el índice que mide el precio de la vivienda en las veinte mayores ciudades es un 3,7 % menor que en noviembre de 2010, en tanto que en el caso de las diez urbes más grandes el indicador se encuentra un 3,6 % por debajo del mismo mes del año pasado.
Los datos ofrecidos por S&P revelan que este es el segundo mes consecutivo en el que diecinueve de las veinte ciudades estudiadas registran retrocesos en el importe de sus casas en comparación con el mes precedente.
La única ciudad en que subió, el 0,6 % fue Phoenix, una de las más golpeadas por la crisis en los últimos años, mientras que la que registró peores cifras en términos interanuales fue de nuevo Atlanta, donde el precio de las viviendas es un 11,8 % menor al de noviembre de 2010.
"A pesar de las continuas tasas de interés bajas y del mejor crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) en el último trimestre del año, los precios de las viviendas siguen cayendo", dijo al conocerse esos datos el presidente del Comité de Índices de S&P, David Blitzer.
El experto añadió que "la tendencia es a la baja y hay pocas, si es que hay, señales en estos números de que nos encontramos cerca un punto de inflexión".
Desde que tocaron sus máximos en junio y julio de 2006, los precios de la vivienda acumulan una caída del 32,9 % en ambos casos.
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China / China pide más regulaciones sobre el mercado inmobiliario
China está considerando hacer una nueva ronda de esfuerzos para regular el bullente mercado inmobiliario después de que las medidas tomadas hace un año para limitar las compras de apartamentos residenciales llevara a una caída efectiva de precios, dijeron hoy martes analistas locales e informa Xinhua. El ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, Jiang Weixin, reveló que su cartera completará un proyecto para conectar las bases de datos con la información de las viviendas particulares de 40 de las principales ciudades a finales de junio, una medida diseñada para frenar aún más la especulación inmobiliaria, indicaron los analistas.
Desde 2010, China ha adoptado una serie de medidas para enfriar el mercado inmobiliario, entre las que se incluyen una concesión más estricta de préstamos, el aumento de pagos iniciales, y la limitación del número de viviendas que una persona puede poseer. Aunque la mayoría de las ciudades restringen o prohíben a sus residentes comprar una segunda o tercera vivienda, no existe una restricción sobre el número de apartamentos residenciales que una persona puede comprar en diferentes ciudades.
Esta última acción del Gobierno chino podría permitirle recoger información sobre personas que adquieren viviendas en diferentes ciudades, y asentar la base para recaudar impuestos inmobiliarios a escala nacional, dijo Zhang Dong, jefe del Instituto de Investigación Inmobiliaria de la Universidad del Centrosur de China. Por su parte, Zhang Dawei, un ejecutivo de la agencia inmobiliaria Centaline, sostuvo que el gobierno desea imponer elevados impuestos sobre aquellas personas que posean múltiples viviendas en diferentes ciudades, a fin de luchar contra la especulación inmobiliaria.
El mercado inmobiliario de China comenzó a despegar después de que el Gobierno del país asiático implementara reformas en su regulación en 1998. Sin embargo, los precios han subido fuera de control en los últimos años, especialmente después de la crisis financiera de 2008, cuando el Gobierno chino aplicó un paquete de estímulos y pidió a los bancos que apoyaran al mercado con créditos.
Para poner freno a la subida incontrolada del precio de la vivienda, el Gobierno central de China empezó a restringir en abril de 2011, en 43 de las principales ciudades, la compra de segunda o tercera vivienda, lo que condujo a una caída del volumen de las transacciones inmobiliarias en muchas ciudades. Desde entonces, el mercado inmobiliario de China ha mostrado señales de enfriamiento a medida que más ciudades han ido registrando reducciones en el precio de los apartamentos residenciales a finales del año pasado.
En diciembre pasado, 52 de las 70 principales ciudades mostraron caídas en el precio de la nueva vivienda, en comparación con noviembre, mes en que fueron 49 las ciudades que lo hicieron, informó recientemente el Buró Nacional de Estadísticas. Sobre una base anual, nueve ciudades de las 70 informaron de bajadas en el precio de la vivienda en diciembre, frente a las cuatro que lo hicieron en noviembre. El crecimiento del precio de la nueva vivienda se desaceleró en 55 ciudades, añadió el propio buró.
globalasia.com
01-02-2012
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Desde 2010, China ha adoptado una serie de medidas para enfriar el mercado inmobiliario, entre las que se incluyen una concesión más estricta de préstamos, el aumento de pagos iniciales, y la limitación del número de viviendas que una persona puede poseer. Aunque la mayoría de las ciudades restringen o prohíben a sus residentes comprar una segunda o tercera vivienda, no existe una restricción sobre el número de apartamentos residenciales que una persona puede comprar en diferentes ciudades.
Esta última acción del Gobierno chino podría permitirle recoger información sobre personas que adquieren viviendas en diferentes ciudades, y asentar la base para recaudar impuestos inmobiliarios a escala nacional, dijo Zhang Dong, jefe del Instituto de Investigación Inmobiliaria de la Universidad del Centrosur de China. Por su parte, Zhang Dawei, un ejecutivo de la agencia inmobiliaria Centaline, sostuvo que el gobierno desea imponer elevados impuestos sobre aquellas personas que posean múltiples viviendas en diferentes ciudades, a fin de luchar contra la especulación inmobiliaria.
El mercado inmobiliario de China comenzó a despegar después de que el Gobierno del país asiático implementara reformas en su regulación en 1998. Sin embargo, los precios han subido fuera de control en los últimos años, especialmente después de la crisis financiera de 2008, cuando el Gobierno chino aplicó un paquete de estímulos y pidió a los bancos que apoyaran al mercado con créditos.
Para poner freno a la subida incontrolada del precio de la vivienda, el Gobierno central de China empezó a restringir en abril de 2011, en 43 de las principales ciudades, la compra de segunda o tercera vivienda, lo que condujo a una caída del volumen de las transacciones inmobiliarias en muchas ciudades. Desde entonces, el mercado inmobiliario de China ha mostrado señales de enfriamiento a medida que más ciudades han ido registrando reducciones en el precio de los apartamentos residenciales a finales del año pasado.
En diciembre pasado, 52 de las 70 principales ciudades mostraron caídas en el precio de la nueva vivienda, en comparación con noviembre, mes en que fueron 49 las ciudades que lo hicieron, informó recientemente el Buró Nacional de Estadísticas. Sobre una base anual, nueve ciudades de las 70 informaron de bajadas en el precio de la vivienda en diciembre, frente a las cuatro que lo hicieron en noviembre. El crecimiento del precio de la nueva vivienda se desaceleró en 55 ciudades, añadió el propio buró.
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Cuba / Subsidios apoyan construcciones de los menos solventes en Cuba
Los cubanos menos solventes económicamente podrán beneficiarse con el otorgamiento de subsidios para adquirir materiales de construcción y pagar mano de obra para la ejecución y conservación de viviendas por esfuerzo propio.
La medida, aprobada el 13 de diciembre de 2011 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dispone esas ayudas para familias afectadas por catástrofes y casos sociales críticos.
Consiste en una donación monetaria del Gobierno, libre de costo o devolución, por lo que solo se hará efectiva para los ciudadanos y ciudadanas sin solvencia económica, que vivan en condiciones habitacionales vulnerables.
También beneficia a quienes carezcan de vivienda o estén necesitados de construir, ampliar, reparar o conservar ésta, siempre y cuando sea por esfuerzo propio.
La decisión gubernamental fue puesta en marcha el pasado15 de enero. Solo en el primer día de vigencia más de cuatro mil personas se interesaron por la posibilidad de recibir tal ayuda.
En la primera jornada del total de solicitudes se les aceptó el trámite a mil 339 ciudadanos, según informó la directora Económica del Instituto Nacional de la Vivienda, Loyda Obregón González.
Algunas personas, precisó, acudieron a las oficinas habilitadas para dichas gestiones sin la documentación requerida, otras basaron su petición en una situación socioeconómica que no responde a la agudeza de la que presentan aquellos que sí necesitan la ayuda del Estado.
Al respecto la directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Yusimí Campo, explicó que quienes reciban este subsidio podrán o no ser beneficiarios de la asistencia social, pues el procedimiento para otorgarlo es diferente. Quienes reciban la ayuda podrán adquirir los materiales de construcción y pagar mano de obra para ejecutar, reparar o conservar sus viviendas.
Un máximo de 80 mil pesos cubanos será la cifra asignada, con lo que se calcula pueda financiarse una célula básica habitacional de 25 metros cuadrados, con baño y cocina.
En ello estará incluido el pago de la mano de obra, que puede requerir de hasta el 30 por ciento del total.
Esta constituye la primera medida de subsidio a personas naturales y no a productos, afirmó recientemente el miembro del Grupo de otros asuntos globales de la Economía de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Miguel Lima.
Enfatizó que "es un financiamiento otorgado para acciones constructivas de un objeto de obra específico y que implica un alto nivel de responsabilidad".
Se regula -subrayó- por medio de una relación contractual, donde hay obligaciones para el Estado y para el ciudadano beneficiado.
Por tanto, "la persona que se acoja al subsidio tiene la obligación de cumplir con lo pactado y participar de manera activa como individuo o grupo familiar en la solución de los problemas de su vivienda", apuntó Lima.
La fuente de esos subsidios son los impuestos sobre las ventas de materiales de construcción a precios no subsidiados, cuyo 40 por ciento será entregado a los gobiernos provinciales y otro 8,5 a la reserva central del Estado, que tendrá la facultad de decidir casos puntuales.
La decisión, enfatizó el funcionario, "habla del carácter socialista del Estado cubano y manifiesta que nuestro gobierno, en el proceso de perfeccionamiento económico y social en que está inmerso el país, mantiene el principio de que nadie quedará desamparado".
Lima dejó claro que este es un paso más para contribuir a la solución del déficit habitacional, apoyando a las personas de menos ingresos a enfrentar la solución a sus problemas de vivienda.
Obedece, además, a la implementación de dos de los lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Uno de ellos va dirigido a "eliminar gratuidades indebidas y subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos de manera general".
El otro dispone que "los materiales de la construcción con destino a la conservación, rehabilitación y construcción de viviendas se venderán a precios no subsidiados".
En los casos que se requiera, apunta, se aplicará el subsidio a las personas, parcial o totalmente, dentro de los límites planificados.
No se trata de una medida aislada. Forma parte de una estrategia que comenzó con la venta liberada de materiales de construcción a precios no subsidiados, seguida por la incorporación de otros productos, como el cemento y el acero.
Luego se anunció la rebaja de precios a más de 120 de esos surtidos, y más tarde la posibilidad de acceder a créditos bancarios para construcciones y reparaciones de inmuebles.
Tales medidas impulsarán las acciones constructivas, las cuales en las últimas décadas han tenido un comportamiento desigual ante la situación económica del país, agudizada por el impacto de la crisis mundial y el bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos.
Según el Anuario Estadístico de Cuba del 2010, en ese año se construyeron en total 33 mil 901 viviendas, la mayoría estatales (21 mil 687), mientras que 11 mil 433 correspondieron a la población y el resto a unidades básicas y cooperativas de producción agropecuaria o de servicios.
El informe, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas en el 2011, refleja que, de los últimos 15 años, el 2006 fue el que registró mayor número de viviendas fabricadas por la población, con 77 mil 840, mientras que el 2004 mostró la cifra menor, apenas seis mil 761.
Las medidas en práctica plantean un reto a la industria de materiales de construcción nacional y localmente, la que deberá asumir con eficiencia e iniciativas la creciente demanda de la población.
Por Lourdes Pérez Navarro
prensa-latina.cu
31-01-2012
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La medida, aprobada el 13 de diciembre de 2011 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dispone esas ayudas para familias afectadas por catástrofes y casos sociales críticos.
Consiste en una donación monetaria del Gobierno, libre de costo o devolución, por lo que solo se hará efectiva para los ciudadanos y ciudadanas sin solvencia económica, que vivan en condiciones habitacionales vulnerables.
También beneficia a quienes carezcan de vivienda o estén necesitados de construir, ampliar, reparar o conservar ésta, siempre y cuando sea por esfuerzo propio.
La decisión gubernamental fue puesta en marcha el pasado15 de enero. Solo en el primer día de vigencia más de cuatro mil personas se interesaron por la posibilidad de recibir tal ayuda.
En la primera jornada del total de solicitudes se les aceptó el trámite a mil 339 ciudadanos, según informó la directora Económica del Instituto Nacional de la Vivienda, Loyda Obregón González.
Algunas personas, precisó, acudieron a las oficinas habilitadas para dichas gestiones sin la documentación requerida, otras basaron su petición en una situación socioeconómica que no responde a la agudeza de la que presentan aquellos que sí necesitan la ayuda del Estado.
Al respecto la directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Yusimí Campo, explicó que quienes reciban este subsidio podrán o no ser beneficiarios de la asistencia social, pues el procedimiento para otorgarlo es diferente. Quienes reciban la ayuda podrán adquirir los materiales de construcción y pagar mano de obra para ejecutar, reparar o conservar sus viviendas.
Un máximo de 80 mil pesos cubanos será la cifra asignada, con lo que se calcula pueda financiarse una célula básica habitacional de 25 metros cuadrados, con baño y cocina.
En ello estará incluido el pago de la mano de obra, que puede requerir de hasta el 30 por ciento del total.
Esta constituye la primera medida de subsidio a personas naturales y no a productos, afirmó recientemente el miembro del Grupo de otros asuntos globales de la Economía de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Miguel Lima.
Enfatizó que "es un financiamiento otorgado para acciones constructivas de un objeto de obra específico y que implica un alto nivel de responsabilidad".
Se regula -subrayó- por medio de una relación contractual, donde hay obligaciones para el Estado y para el ciudadano beneficiado.
Por tanto, "la persona que se acoja al subsidio tiene la obligación de cumplir con lo pactado y participar de manera activa como individuo o grupo familiar en la solución de los problemas de su vivienda", apuntó Lima.
La fuente de esos subsidios son los impuestos sobre las ventas de materiales de construcción a precios no subsidiados, cuyo 40 por ciento será entregado a los gobiernos provinciales y otro 8,5 a la reserva central del Estado, que tendrá la facultad de decidir casos puntuales.
La decisión, enfatizó el funcionario, "habla del carácter socialista del Estado cubano y manifiesta que nuestro gobierno, en el proceso de perfeccionamiento económico y social en que está inmerso el país, mantiene el principio de que nadie quedará desamparado".
Lima dejó claro que este es un paso más para contribuir a la solución del déficit habitacional, apoyando a las personas de menos ingresos a enfrentar la solución a sus problemas de vivienda.
Obedece, además, a la implementación de dos de los lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Uno de ellos va dirigido a "eliminar gratuidades indebidas y subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos de manera general".
El otro dispone que "los materiales de la construcción con destino a la conservación, rehabilitación y construcción de viviendas se venderán a precios no subsidiados".
En los casos que se requiera, apunta, se aplicará el subsidio a las personas, parcial o totalmente, dentro de los límites planificados.
No se trata de una medida aislada. Forma parte de una estrategia que comenzó con la venta liberada de materiales de construcción a precios no subsidiados, seguida por la incorporación de otros productos, como el cemento y el acero.
Luego se anunció la rebaja de precios a más de 120 de esos surtidos, y más tarde la posibilidad de acceder a créditos bancarios para construcciones y reparaciones de inmuebles.
Tales medidas impulsarán las acciones constructivas, las cuales en las últimas décadas han tenido un comportamiento desigual ante la situación económica del país, agudizada por el impacto de la crisis mundial y el bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos.
Según el Anuario Estadístico de Cuba del 2010, en ese año se construyeron en total 33 mil 901 viviendas, la mayoría estatales (21 mil 687), mientras que 11 mil 433 correspondieron a la población y el resto a unidades básicas y cooperativas de producción agropecuaria o de servicios.
El informe, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas en el 2011, refleja que, de los últimos 15 años, el 2006 fue el que registró mayor número de viviendas fabricadas por la población, con 77 mil 840, mientras que el 2004 mostró la cifra menor, apenas seis mil 761.
Las medidas en práctica plantean un reto a la industria de materiales de construcción nacional y localmente, la que deberá asumir con eficiencia e iniciativas la creciente demanda de la población.
Por Lourdes Pérez Navarro
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España / Cementerios de viviendas: la ruina que no cesa
Abril de 2008: «Esto no ha hecho más que empezar y la crisis inmobiliaria va a hacer que los pisos sigan bajando. Llegaremos a ver bajadas en los precios del 20, del 30 y del 50% en algunos lugares. Aunque en otros sitios no va a haber demanda y entonces surgirán ciudades fantasma como creo que es el caso de Seseña», aseguraba a ABC el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.
Y no se equivocó. Más allá de la gigantesca urbanización construida por Francisco Hernando, popularmente conocido como «El Pocero», han aparecido en España otras «ciudades fantasma» que se han convertido en la pesadilla de constructores y propietarios. Sueños rotos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, miles de casas vacías en medio de la nada: Ciudad Valdeluz, Costa Miño Golf, Ciudad Zaragoza Golf, El Toyo, Costa Esuri, Palafrugell, Señorío de Illescas, La Torre Golf resort… ¿Quiere usted comprar una vivienda? Aquí tiene de sobra.
«El Pocero», la ciudad que no pudo ser
Hace cinco años, «El Pocero» estaba decidido a levantar 13.500 viviendas en un secarral de Seseña que debían ser ocupadas por unas 50.000 personas. Pero la crisis inmobiliaria estalló cuando sólo había construido unas 5.000. La venta de pisos caía en picado y Hernando y su empresa, Onde 2000, acumularon pronto una deuda de más de 88 millones de euros. Los bancos se hicieron con 2030 de las viviendas de la megaurbanización a cambio de la deuda, mientras que la Agencia Tributaria, entre septiembre de 2009 y febrero de 2011, procedió a dictar embargos a Onde 2000 por un valor total de 202,5 millones de euros.
¿El resultado? Viviendas terminadas y deshabitadas, sin luz, con las persianas bajadas y que, hasta hace unos meses, carecían de licencia de ocupación, dando al complejo un aspecto fantasmagórico. Un cementerio de casas vacías a las que rodean ocho bares, cuatro tiendas de ultramarinos y un colegio de primaria. Ni rastro del centro comercial, del hospital y de las escuelas que «El Pocero» había prometido su constructor.
La reciente licencia obtenida por los bancos para vender los más de 2.000 pisos embargados a la promotora podría dar un impulso a este icono de la crisis inmobiliaria. Y además, «El Pocero» ha prometido construir las cerca de 8.500 viviendas que quedan de su proyecto inicial, después de que el Ayuntamiento de Seseña haya archivado el expediente que tenía abierto contra él. Pero, ¿es conveniente construir semejante cantidad de viviendas con la actual caída en la venta de pisos? Eso aún está por ver.
Valdeluz: 1.200 personas de 30.000
La Ciudad de Valdeluz fue proyectada por la inmobiliaria Reyal a pocos kilómetros del centro de Guadalajara. Se querían construir 10.000 casas y sólo se terminaron 2.000. A su entrada, hasta hace poco, un cartel anunciaba la apertura de un centro comercial: «¡Pero cómo se va a abrir si no hay gente!», clamaban sus vecinos. Reyal, presidida por Rafael Santamaría, invirtió 1.123 millones de euros en en proyecto y seis meses después ya había perdido 331. En 2009 negociaba las condiciones del pago de la deuda contraída, que superaba ya los 5.000 millones de euros.
El paisaje de esta nueva ciudad lo forman carreteras, caminos, tierras de labranza y las casas construidas cerca del recorrido del AVE Madrid-Barcelona, ocupadas por 1.200 personas, un 4% de las 30.000 que se había previsto inicialmente. Lo tenía todo a favor: una estación de AVE, la proximidad con Madrid, los precios competitivos. «Pensada para crecer», decía el vídeo promocional, pero se quedó como uno de los grandes ejemplos de «ciudades fantasma», llegando a tener cabida en los análisis de diarios de referencia como «The New York Times» o «The Guardian».
Costa Miño Golf
Costa miño Golf es una descomunal urbanización levantada por Fadesa en la autopista que une La Coruña con Ferrol. Un total de 1.268 viviendas que se desploman hacia el mar en una superficie de 1.586 millones de metros cuadrados con zonas verdes, hotel, área comercial, gasolinera, campo de golf y otras instalaciones deportivas propias que, hasta ahora, no han llamado la atención de los compradores. Más del 50% de las casas se encuentran vacías desde 2007.
La historia empezó mal, con 400 compradores expropiados, múltiples denuncias del Ayuntamiento y la promotora cayendo en el concurso de acreedores, lo que terminó convirtiendo a esta megaurbanización en la fachada más visible de la crisis del sector inmobiliario en Galicia.
Ciudad Zaragoza Golf
En el municipio de La Muela, una enorme valla publicitaria da la bienvenida a Ciudad Zaragoza Golf, que iba a ser una macrourbanizadión de lujo con más de 2.500 viviendas que, gracias a este complejo, se iba a convertir en la tercera ciudad aragonesa.
«La verdad es que deberían cambiar el eslogan publicitario y en lugar de anunciarla como “toda una ciudad, cerca de todo”, tendrían que decir “todo un edificio”», comentaba al Heraldo.es uno de los apenas 20 vecinos que vivían allí hace apenas un año, uno de los pocos a los que atrajo las miles de viviendas con piscina, parques infantiles y zonas comerciales… pero que no pasaron de ser un simple folleto comercial.
¿Las consecuencias? Denuncias por parte de los vecinos que allí se aventuraron, como que el cartero no llegaba, que sólo se recogía la basura una vez por semana, que sólo funcionaban las farolas de un lado de la calle, que el comercio más cercano se encontraba a varios kilómetros y que el teléfono y el suministro de gas no funcionaban.
«Ciudades fantasma», «magaurbanizaciones vacias» o «cementerios de viviendas», llámenlas como quieran, pero están repartidas por las cuatro esquinas de España: Quer, menos de 500 habitantes en una ciudad pensada para miles; Yuncos, 6.000 habitantes cuando debían vivir allí más de 18.000; la Serena Golf Resort, con 20 kilómetros de radio, pero el complejo está casi vacío, incluso en temporada alta. Y Palafrugell (Girona), El Toyo (Alamería), etc. ¿Quiere usted comprar una vivienda? Tiene donde elegir…
ABC.es
31-01-2012
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Y no se equivocó. Más allá de la gigantesca urbanización construida por Francisco Hernando, popularmente conocido como «El Pocero», han aparecido en España otras «ciudades fantasma» que se han convertido en la pesadilla de constructores y propietarios. Sueños rotos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, miles de casas vacías en medio de la nada: Ciudad Valdeluz, Costa Miño Golf, Ciudad Zaragoza Golf, El Toyo, Costa Esuri, Palafrugell, Señorío de Illescas, La Torre Golf resort… ¿Quiere usted comprar una vivienda? Aquí tiene de sobra.
«El Pocero», la ciudad que no pudo ser
Hace cinco años, «El Pocero» estaba decidido a levantar 13.500 viviendas en un secarral de Seseña que debían ser ocupadas por unas 50.000 personas. Pero la crisis inmobiliaria estalló cuando sólo había construido unas 5.000. La venta de pisos caía en picado y Hernando y su empresa, Onde 2000, acumularon pronto una deuda de más de 88 millones de euros. Los bancos se hicieron con 2030 de las viviendas de la megaurbanización a cambio de la deuda, mientras que la Agencia Tributaria, entre septiembre de 2009 y febrero de 2011, procedió a dictar embargos a Onde 2000 por un valor total de 202,5 millones de euros.
¿El resultado? Viviendas terminadas y deshabitadas, sin luz, con las persianas bajadas y que, hasta hace unos meses, carecían de licencia de ocupación, dando al complejo un aspecto fantasmagórico. Un cementerio de casas vacías a las que rodean ocho bares, cuatro tiendas de ultramarinos y un colegio de primaria. Ni rastro del centro comercial, del hospital y de las escuelas que «El Pocero» había prometido su constructor.
La reciente licencia obtenida por los bancos para vender los más de 2.000 pisos embargados a la promotora podría dar un impulso a este icono de la crisis inmobiliaria. Y además, «El Pocero» ha prometido construir las cerca de 8.500 viviendas que quedan de su proyecto inicial, después de que el Ayuntamiento de Seseña haya archivado el expediente que tenía abierto contra él. Pero, ¿es conveniente construir semejante cantidad de viviendas con la actual caída en la venta de pisos? Eso aún está por ver.
Valdeluz: 1.200 personas de 30.000
La Ciudad de Valdeluz fue proyectada por la inmobiliaria Reyal a pocos kilómetros del centro de Guadalajara. Se querían construir 10.000 casas y sólo se terminaron 2.000. A su entrada, hasta hace poco, un cartel anunciaba la apertura de un centro comercial: «¡Pero cómo se va a abrir si no hay gente!», clamaban sus vecinos. Reyal, presidida por Rafael Santamaría, invirtió 1.123 millones de euros en en proyecto y seis meses después ya había perdido 331. En 2009 negociaba las condiciones del pago de la deuda contraída, que superaba ya los 5.000 millones de euros.
El paisaje de esta nueva ciudad lo forman carreteras, caminos, tierras de labranza y las casas construidas cerca del recorrido del AVE Madrid-Barcelona, ocupadas por 1.200 personas, un 4% de las 30.000 que se había previsto inicialmente. Lo tenía todo a favor: una estación de AVE, la proximidad con Madrid, los precios competitivos. «Pensada para crecer», decía el vídeo promocional, pero se quedó como uno de los grandes ejemplos de «ciudades fantasma», llegando a tener cabida en los análisis de diarios de referencia como «The New York Times» o «The Guardian».
Costa Miño Golf
Costa miño Golf es una descomunal urbanización levantada por Fadesa en la autopista que une La Coruña con Ferrol. Un total de 1.268 viviendas que se desploman hacia el mar en una superficie de 1.586 millones de metros cuadrados con zonas verdes, hotel, área comercial, gasolinera, campo de golf y otras instalaciones deportivas propias que, hasta ahora, no han llamado la atención de los compradores. Más del 50% de las casas se encuentran vacías desde 2007.
La historia empezó mal, con 400 compradores expropiados, múltiples denuncias del Ayuntamiento y la promotora cayendo en el concurso de acreedores, lo que terminó convirtiendo a esta megaurbanización en la fachada más visible de la crisis del sector inmobiliario en Galicia.
Ciudad Zaragoza Golf
En el municipio de La Muela, una enorme valla publicitaria da la bienvenida a Ciudad Zaragoza Golf, que iba a ser una macrourbanizadión de lujo con más de 2.500 viviendas que, gracias a este complejo, se iba a convertir en la tercera ciudad aragonesa.
«La verdad es que deberían cambiar el eslogan publicitario y en lugar de anunciarla como “toda una ciudad, cerca de todo”, tendrían que decir “todo un edificio”», comentaba al Heraldo.es uno de los apenas 20 vecinos que vivían allí hace apenas un año, uno de los pocos a los que atrajo las miles de viviendas con piscina, parques infantiles y zonas comerciales… pero que no pasaron de ser un simple folleto comercial.
¿Las consecuencias? Denuncias por parte de los vecinos que allí se aventuraron, como que el cartero no llegaba, que sólo se recogía la basura una vez por semana, que sólo funcionaban las farolas de un lado de la calle, que el comercio más cercano se encontraba a varios kilómetros y que el teléfono y el suministro de gas no funcionaban.
«Ciudades fantasma», «magaurbanizaciones vacias» o «cementerios de viviendas», llámenlas como quieran, pero están repartidas por las cuatro esquinas de España: Quer, menos de 500 habitantes en una ciudad pensada para miles; Yuncos, 6.000 habitantes cuando debían vivir allí más de 18.000; la Serena Golf Resort, con 20 kilómetros de radio, pero el complejo está casi vacío, incluso en temporada alta. Y Palafrugell (Girona), El Toyo (Alamería), etc. ¿Quiere usted comprar una vivienda? Tiene donde elegir…
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España / El sector inmobiliario tampoco se recuperará a lo largo de 2012, según Vía Célere
La recuperación del sector inmobiliario esté aún lejos de llegar y, desde luego, no se producirá a lo largo de 2012, según las previsiones de la multinacional especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios en las áreas de vivienda y oficinas Vía Célere.
En su opinión, el mercado del 'ladrillo' seguirá estando "poco activo", con lo que administraciones públicas y entidades financieras jugarán "un papel fundamental". "Si no acortamos los procesos legales y facilitamos el crédito, España seguirá teniendo un mercado en continua atonía", añade.
"En Madrid, las construcciones en el centro siguen siendo las de mayor éxito y son las que demandarán los compradores a corto plazo", indica por otro lado la compañía.
Por su parte, Vía Célere, que apuesta por viviendas de clase media y alta en el mercado brasileño, estima alcanzar en 2012 una facturación de más de 160 millones de euros en España y 61,5 millones de reales en Brasil. En total, la promotora sumará más de 2.000 viviendas durante este ejercicio.
europapress
30-01-2012
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"En Madrid, las construcciones en el centro siguen siendo las de mayor éxito y son las que demandarán los compradores a corto plazo", indica por otro lado la compañía.
Por su parte, Vía Célere, que apuesta por viviendas de clase media y alta en el mercado brasileño, estima alcanzar en 2012 una facturación de más de 160 millones de euros en España y 61,5 millones de reales en Brasil. En total, la promotora sumará más de 2.000 viviendas durante este ejercicio.
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Venezolanos miran el mercado inmobiliario de Aruba
La isla propone atractivos también inmobiliarios (Créditos: Archivo)
Ingrid Rojas R..- Los venezolanos, que representan 14% de los turistas que recibe Aruba anualmente, están invirtiendo en el sector inmobiliario de la isla.
De acuerdo con datos de la Oficina de Turismo, en 2011 cerca de 6.000 viajeros se hospedaron en viviendas que han adquirido o que decidieron arrendar en territorio insular. Se trata especialmente de caraqueños y marabinos.
Como otros destinos del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos, Aruba capta la atención de los venezolanos como compradores o inversionistas en proyectos habitacionales.
Para incrementar la presencia de viajeros venezolanos, la isla está apostando al turismo de grupos y convenciones, una categoría que está creciendo año a año.
Bien sea para conferencias, lanzamientos o para disfrutar algún incentivo otorgado por determinada empresa, la Oficina de Turismo de Aruba espera con los brazos abiertos a grupos de venezolanos este 2012.
La entidad ofrece una bonificación de $1.500 en efectivo para ser consumidos allá, bien por 200 personas que pernocten dos noches o 150 que se alojen tres noches en el destino, combinando trabajo y disfrute, en los meses de mayo y septiembre.
Jarusha Rasmijn, gerente del Buró de Convenciones de la isla, explicó que la bonificación puede cubrir la fiesta de bienvenida o parte de ella.
Miriam Dabian, directora de la Oficina de Turismo de Aruba para América Latina, proyecta un crecimiento de 5% en el número de visitantes venezolanos.
Después del norteamericano, este mercado es el que más turistas aporta.
De los 1,2 millones de visitantes registrados en 2011, 118.305 provinieron de Venezuela, lo que representa un crecimiento de 30,4%, respecto a 2010.
La cantidad de visitantes provenientes de la región latinoamericana creció 21%, tres puntos más que el año anterior.
En el caso de Venezuela, el repunte ha sido posible gracias a una mayor oferta de asientos en vuelos operados por líneas aéreas nacionales e internacionales.
Varig-Gol, Insel Air, Laser, Venezolana, Aserca, Avior vuelan hoy desde Maiquetía, Las Piedras o Maracaibo hasta la isla, y Tiara Air se incorporará próximamente. A ello se suman el crucero nacional Ola Cruises y Pullmantur, que recorre algunos puntos del Caribe, incluyendo el puerto de La Guaira.
La mayor cantidad de turistas (65%) proviene de América del Norte (EEUU y Canadá), y Venezuela aporta 14% de los visitantes.
"Este es el primer mercado latinoamericano y el segundo en general para nosotros", comentó Johanna Santiago, gerente de comunicaciones de la Oficina de Turismo de Aruba en Caracas.
Por aire llegan a la isla 871.000 turistas, en tanto que el resto arriba en cruceros.
Con el eslogan One happy island (una isla feliz), Aruba se promueve en los escenarios internacionales para captar más visitantes. Pero al mismo tiempo, prepara a su población para brindar el mejor trato al visitante, de modo que retorne.
Se calcula que 90% de las personas que viven en la isla están relacionadas directa e indirectamente con la actividad turística.
También se estima que el incremento de 1% en el número de turistas se traduce en el aumento de 0,53 % de su Producto Interno Bruto.
En 2009 las autoridades de la isla decidieron hacer un cambio de imagen y en 2010 la Oficina de Turismo pasó a ser un organismo de carácter privado.
El Mundo&Negocios
01/02/2012
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De acuerdo con datos de la Oficina de Turismo, en 2011 cerca de 6.000 viajeros se hospedaron en viviendas que han adquirido o que decidieron arrendar en territorio insular. Se trata especialmente de caraqueños y marabinos.
Como otros destinos del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos, Aruba capta la atención de los venezolanos como compradores o inversionistas en proyectos habitacionales.
Para incrementar la presencia de viajeros venezolanos, la isla está apostando al turismo de grupos y convenciones, una categoría que está creciendo año a año.
Bien sea para conferencias, lanzamientos o para disfrutar algún incentivo otorgado por determinada empresa, la Oficina de Turismo de Aruba espera con los brazos abiertos a grupos de venezolanos este 2012.
La entidad ofrece una bonificación de $1.500 en efectivo para ser consumidos allá, bien por 200 personas que pernocten dos noches o 150 que se alojen tres noches en el destino, combinando trabajo y disfrute, en los meses de mayo y septiembre.
Jarusha Rasmijn, gerente del Buró de Convenciones de la isla, explicó que la bonificación puede cubrir la fiesta de bienvenida o parte de ella.
Miriam Dabian, directora de la Oficina de Turismo de Aruba para América Latina, proyecta un crecimiento de 5% en el número de visitantes venezolanos.
Después del norteamericano, este mercado es el que más turistas aporta.
De los 1,2 millones de visitantes registrados en 2011, 118.305 provinieron de Venezuela, lo que representa un crecimiento de 30,4%, respecto a 2010.
La cantidad de visitantes provenientes de la región latinoamericana creció 21%, tres puntos más que el año anterior.
En el caso de Venezuela, el repunte ha sido posible gracias a una mayor oferta de asientos en vuelos operados por líneas aéreas nacionales e internacionales.
Varig-Gol, Insel Air, Laser, Venezolana, Aserca, Avior vuelan hoy desde Maiquetía, Las Piedras o Maracaibo hasta la isla, y Tiara Air se incorporará próximamente. A ello se suman el crucero nacional Ola Cruises y Pullmantur, que recorre algunos puntos del Caribe, incluyendo el puerto de La Guaira.
La mayor cantidad de turistas (65%) proviene de América del Norte (EEUU y Canadá), y Venezuela aporta 14% de los visitantes.
"Este es el primer mercado latinoamericano y el segundo en general para nosotros", comentó Johanna Santiago, gerente de comunicaciones de la Oficina de Turismo de Aruba en Caracas.
Por aire llegan a la isla 871.000 turistas, en tanto que el resto arriba en cruceros.
Con el eslogan One happy island (una isla feliz), Aruba se promueve en los escenarios internacionales para captar más visitantes. Pero al mismo tiempo, prepara a su población para brindar el mejor trato al visitante, de modo que retorne.
Se calcula que 90% de las personas que viven en la isla están relacionadas directa e indirectamente con la actividad turística.
También se estima que el incremento de 1% en el número de turistas se traduce en el aumento de 0,53 % de su Producto Interno Bruto.
En 2009 las autoridades de la isla decidieron hacer un cambio de imagen y en 2010 la Oficina de Turismo pasó a ser un organismo de carácter privado.
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