miércoles, 14 de noviembre de 2012

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"Ni un caso de inquilinato ha resuelto el Estado en un año"


Dueñas de inmuebles en Catia (Marisa Fariña) y Candelaria (Yoleida Moreno) necesitan sus casas ENIO PERDOMO
"Ya basta de tanta injusticia con los dueños de inmuebles privados en Caracas. Nos cansamos de la falta de respuesta de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos a un año de promulgada la ley. Ni un caso de inquilinato ha resuelto el Estado en un año", relató Marisa Fariña, afectada y coordinadora del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler (Codevivial), quien decidió encadenarse en la sede de la institución en Las Mercedes.

A la sede de la Superintendencia de Arrendamientos también acudió Yoleida Moreno, quien se encadenó junto a Fariña pues lleva más de seis años tratando de recuperar su vivienda en Candelaria.

Fariña indicó que además de acompañar a tantos propietarios en sus reclamos tiene un problema con la casa de su madre. "He pedido una inspección al inmueble en la calle Real de Catia ya que ahora viven otros inquilinos. Eleusis Borrego, jefe de Decreto de la Superintendencia, me indicó que no tienen competencia y que busque a un policía para desalojarlos. Eso no es lo correcto", alertó.

Aseguró que en la Superintendencia los maltratan y por eso se encadenó en su sede en Las Mercedes. "Mi petición es al presidente Hugo Chávez, él dijo eficiencia y justicia y eso es lo que queremos. El trabajo y el patrimonio de otra persona no son reconocidos. Hacemos un llamado a la almirante Carmen Meléndez, ministra de Seguimiento, para que actúe en la Superintendencia. Queremos justicia oportuna. Mi mamá tiene 84 años, cuándo le van a dar justicia, cuando la tenga enterrada en el Cementerio?".

Mientras que Moreno compró su casa de Bucare a Puente Junín en Candelaria, tras pasar años limpiando oficinas. "Necesito mi casa en el piso 7 del edificio Los Médanos (Apto 72-A). El inquilino no tiene contrato, le he dicho que me lo desocupe y no quiere. Hoy tengo a mi cargo tres nietas porque su madre tiene problemas de alcohol. Ahora vivo en el patio de la casa de mi suegra en Lara. Él (el inquilino) solo paga Bs 200 de alquiler. Se burla de mí, como lo hacen en la Defensoría, a mis 59 años", señaló.

El Universal
13-11-2012

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Propietarias se encadenaron a Sunavi para exigir la devolución de inmuebles


Marisa Fariña y Yoleima Medara Moreno esperan respuesta a sus casos / Antonio Rodríguez
Ley de Arrendamientos aumentó conflictividad entre arrendadores y arrendatarios y el déficit de viviendas. Las medidas de desalojo están prohibidas por el Gobierno

Marisa Fariña, afectada por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas y coordinadora del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler, se encadenó ayer en la sede de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos en Las Mercedes, para exigir celeridad en los procesos en los que han sido perjudicados miles de propietarios por sus inquilinos, que se niegan a devolverles los inmuebles. Fariña no ha podido recuperar su casa en la Calle Real de Catia.

Yoleima Medara Moreno, también se encadenó. Es dueña de una casa en la Candelaria y lleva más de cinco años pidiéndole a su inquilino que le devuelva la propiedad porque la requiere para vivir con sus tres nietas, a quienes está criando.

Varios afectados por esta ley compartieron sus experiencias en el encuentro realizado por la Asociación de Propietarios de Inmuebles para presentar una evaluación a un año de promulgada la ley. Celia Hernández, ama de casa de 53 años de edad y madre de 2 hijos con retardo mental, decidió hace 3 años alquilar parte de su casa en Charallave para completar sus ingresos y poder costear los medicamentos de sus hijos.

El inquilino sólo le pagó los primeros 6 meses  y desde hace 2 años y medio vive gratis. “Lo demandé pero no lo he podido sacar porque están prohibido los desalojos. He acudido a la Superintendencia varias veces, pero siempre me dicen que no hay defensores para atender casos en Charallave y yo, mientras, sin dinero y sin poder pagar el tratamiento de mis hijos enfermos”.

Neil Contreras, de 42 años, construyó 4 anexos en su casa situada en Los Rosales y tras vencerse el contrato de los inquilinos, trató de negociar con ellos su salida de la vivienda, pero no aceptaron alegando que la nueva ley los amparaba. “Hace un año y cuatro meses consigné documentos y recaudos ante la Sunavi para solicitar la desocupación, pero pasó el tiempo y la respuesta que obtuve fue que los habían extraviado y que debería volverlos a llevar. La vivienda se ha  dañado con las lluvias y podría caerse, he llevado a los bomberos y a Protección Civil para que la inspeccionen y certifiquen que está en riesgo y hay que proceder a desalojarla para poder remodelarla, pero ni así he podido sacarlos”, afirmó.

Raúl Delgado, de 42 años, alquiló su casa en Charallave hace 6 años en 900 bolívares la mensualidad. “Yo me divorcié y necesito mi inmueble para vivir porque no tengo a donde ir. El inquilino me dice que no me devolverá mi casa porque Chávez se la regaló. La Sunavi no hace nada, es definitivamente un atropello”.

Nubia Durán tampoco la ha tenido fácil. Heredó de sus padres una casa en Catia que ya estaba alquilada. Uno de los inquilinos les dejó a su cónyuge y a sus 3 hijas el inmueble y desde hace 8 años no le pagan. “Me agredió físicamente. La denuncié en la Fiscalía y la Sunavi, pero los procesos administrativos son muy largos. La ley está enfrentando a pobres contra pobres. Los pequeños arrendadores somos los más afectados”.

Pliego de solicitudes. Ayer se cumplió un año de la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, sobre la cual Apiur hace una evaluación negativa. Roberto Orta, su presidente, señaló que entregaron en la Superintendencia un documento con los resultados. “No se ha hecho ninguna regulación de alquileres y ningún contrato ha sido revisado. No se renovó el congelamiento de alquileres, pero tampoco se liberó. Los propietarios prefieren vender antes que alquilar. Aumentaron los conflictos entre propietarios e inquilinos.Incrementó el déficit de viviendas y los pequeños propietarios han quedado severamente perjudicados.

El Dato
70 millones de bolívares en alquileres consignados en los tribunales a escala nacional y que los arrendadores no han podido retirar porque los tribunales están cerrados desde el 15 de abril, pasaron ayer a manos del Estado, dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

Los arrendatarios que pagaban sus alquileres en tribunales de consignación, deberán hacerlo a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea.

El Nacional
13-11-2012

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Afectados por la Ley de Arrendamientos se encadenan en la Superintendencia


En Caracas hay 620 casos registrados de propietarios afectados por sus inquilinos, precisó Marisa Fariña, coordinadora del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler (Codevivial).

Fariña necesita su casa en Catia. (Venancio Alcázares, Archivo)
JORGE HERNÁNDEZ
Caracas.- A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamientos de Viviendas Marisa Fariña, afectada y coordinadora del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler (Codevivial) y Yoleida Moreno, propietaria de un inmueble en Candelaria, decidieron encadenarse en la sede de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos en Las Mercedes para exigir celeridad en los procesos donde se han visto afectados miles de propietarios por sus inquilinos, quienes se niegan a devolverles sus inmuebles privados.

En un contacto telefónico con El Universal Fariña relató que aún no ha podido recuperar su casa en la calle Real de Catia. "En Caracas hay 620 casos de propietarios afectados por sus inquilinos y viceversa", recordó.

Mientras que Moreno contó que lleva más de cinco años pidiéndole a su inquilino que le devuelva su casa en Candelaria porque allí quiere vivir con sus tres nietas, a quienes tuvo que criar por los problemas de alcoholismo de su madre.


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Apiur alerta sobre la inoperancia de la Ley de Alquileres


La norma cumple un año de vigencia

Desde la asociación recuerdan que todavía no sé han fijado los cánones de arrendamiento y permanece cerrado desde hace siete meses el tribunal dónde los inquilinos pueden cancelar su alquiler, lo cual ha aumentado la insolvencia.

Según Apiur, la ley ha limitado la oferta de viviendas en alquiler (ARCHIVO)
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Afectados por la Ley de Arrendamientos se encadenan en la SuperintendenciaA un año de su vigencia Ley de Alquiler se aplica a medias

Caracas.- A un año de la promulgación de la Ley de Arrendamientos para Viviendas, Roberto Otra Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Muebles Urbanos (Apiur), catalogó la medida como una generadora del colapso total en el mercado de alquileres.

El representante de la Asociación recordó qué todavía no sé han fijado los cánones de arrendamiento, no sé han nombrado los delegados regionales de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos y permanece cerrado desde hace siete meses el tribunal dónde los inquilinos pueden cancelar su alquiler, lo cual ha aumentado la insolvencia.

Según Martínez, estos aspectos son una muestra de la inoperancia y fracaso de está ley, qué de acuerdo al vocero de Apiur no ha sido beneficiosa ni para propietarios, ni para personas sin vivienda, pues en el mercado prácticamente ha desaparecido la oferta de alquileres.

Con información de Ender Marcano

El Universal
12-11-2012

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Ley traspasaría al Estado dinero "congelado" de arrendadores


Según Apiur en los tribunales hay Bs 70 millones consignados en pago de alquileres

El 12 de noviembre del año pasado entró en vigencia la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios C.PACHECO
ENDER MARCANO
Ayer se cumplió un año desde la promulgación de la Ley de Arrendamientos con más deudas que logros por parte de las autoridades. Entre esas deudas está la paralización del tribunal de consignaciones de los cánones de arrendamientos, que se encuentra clausurado desde el 15 de abril. Este cierre ha impedido que los propietarios retiren el dinero que tienen depositado en esta instancia.

A esta situación se suma la complejidad que, de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria novena de la Ley, al transcurrir un año desde su entrada en vigencia los recursos que no hubiesen sido retirados pasarían a un fondo del Estado para la protección de los inquilinos y pequeños arrendadores. Debido al cierre del tribunal desde hace siete meses los propietarios que deseen disponer de su dinero no han podido hacerlo.

Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), considera que con esta medida se estaría confiscando el dinero de los alquileres que estén activos y se han depositado en el tribunal de consignaciones. "Se está arrebatando dinero que es propiedad privada", dijo el vocero en el 4to Encuentro de Propietarios de Inmuebles.

Según cálculos de Apiur, en tribunales por procedimientos judiciales de consignación de alquileres los depósitos alcanzan los 70 millones de bolívares, que pertenecen a los arrendadores.

Orta Martínez explicó que en aquellos casos en los que el propietario no desea aceptar el dinero del inquilino, éste último cancela en los tribunales. No obstante, de acuerdo al mandato legal ese dinero ya no podría ser retirado por los arrendadores.

"El tribunal de consignaciones tiene siete meses cerrado, del plazo que se dio en la Ley sólo cinco meses estuvo en funcionamiento. Algunos pidieron su dinero y lo tienen, pero otros no lo tienen porque el tribunal está cerrado", comentó Martínez.

Esta instancia fue cerrada porque la Ley ordenaba a la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi) organizar los contratos de alquiler para su posterior evaluación.

Martínez agregó que sólo en Caracas hay más de 35 mil expedientes abiertos, "así que se podría hablar de 35 mil alquileres" en esa condición.

Asimismo, dijo que solicitarán a la Sunavi una prórroga de un año para aplicar esta disposición legal.

El presidente de Apiur también señaló que en general la Ley de Arrendamientos ha afectado a aproximadamente a un millón 500 mil personas. Dentro de este grupo se cuentan quienes no han podido desalojar a sus inquilinos y los que se mantienen con el canon de arrendamiento congelado.

Uno de estos casos es el de Raúl Delgado, quien hace cinco años alquiló su casa en Charallave. El inquilino no sólo cancela 900 bolívares mensuales desde aquel entonces por una casa de 4 habitaciones, sino que a raíz de la Ley de Arrendamientos dijo a Delgado que no entregaría el inmueble "porque Chávez se lo regaló".

El propietario además denuncia que las autoridades no piden al arrendatario que desaloje, por el contrario "le dicen que eso es suyo", declaró el afectado, quien ahora vive "arrimado".

PUNTOS PENDIENTES
EL UNIVERSAL
martes 13 de noviembre de 2012  12:00 AM
• A un año de haberse promulgado la Ley de Arrendamientos el Ministerio de Vivienda y Hábitat aún no ha definido el canon de arrendamiento que se cobrará a inquilinos.

• La Ley también eliminó las 355 oficinas regionales que había para procesar los alquileres. En su lugar se nombraría un delegado de la Sunavi por estado, aspecto que tampoco se ha cumplido.

• No se ha culminado con la revisión de los contratos de alquiler pendientes.

El Universal
13-11-2012

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"Chacao ya no puede seguir proclamándose municipio modelo"

Daniel Lombana, dirigente vecinal, cree que todo el sector está en crisis

Lombana tiene 47 años viviendo en la urbanización ADOLFO ACOSTA

Con la autoridad que le da haber vivido casi medio siglo en Los Palos Grandes, Daniel Lombana dice que la desidia, tanto oficial como vecinal, es hoy la principal enemiga de esta urbanización.

-¿Cómo era Los Palos Grandes en tu infancia?

-Ya era una urbanización con casas y edificios, con zonas populares consolidadas. Más tranquila, igual que Caracas era más tranquila. Las cosas cambian. Pero hoy está en franca decadencia.

-¿Cuándo crees que comenzó esa decadencia?

-Cuando Irene Sáez fuimos un municipio modelo. Creo que Leopoldo lo hizo bien en su primer mandato, pero después estuvo muy preocupado en lanzarse como candidato a la alcaldía Metropolitana y descuidó el municipio. Ahí comenzó la decadencia, que se ha mantenido en la gestión de Emilio Graterón. Por eso los votantes le dieron un revocatorio en las Primarias.

-¿Ya no es un municipio modelo?

-No, hoy Chacao es un municipio en crisis.

-¿Y cómo se expresa esta en Los Palos Grandes?

-En problemas de inseguridad, sobre todo. Antes era raro ver arrebatones o robos en la vía pública, y hoy ya se van convirtiendo en algo común. Pero también en el descuido de la plaza, en la multiplicación de indigentes, el caos que generan negocios que nadie controla... La lista es larga.

LUGAR DE ENCUENTRO

Plaza. La plaza de Los Palos Grandes, inaugurada en abril de 2010, ha sido la única que se ha inaugurado en Caracas este siglo, y surgió de una asamblea de ciudadanos, que la solicitó al Concejo Municipal en 2006. Tiene 3 mil metros cuadrados, un estacionamiento y una biblioteca. Ahí se hacen clases de yoga todos los lunes y también es lugar de encuentro de clubes de corredores y de ciclistas.

Paseo. Dos veces al año, la urbanización alberga el llamado "Paseo Los Palos Grandes", un evento que mezcla actividades al aire libre con aquellas que se llevan a cabo dentro de los restaurantes y en donde lo gastronómico se alterna con lo artístico. Conciertos, charlas, catas de vino, foros de discusión, tertulias de literatura, degustación, exposiciones de arte e iniciativas ciudadanas convergen aquí.

El Universal
13-11-2012

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El deterioro también alcanzó a Los Palos Grandes

Inseguridad y proliferación de comercios alarman a algunos vecinos

Vecinos sienten que la reparación de vías se emprende demasiado tarde ADOLFO ACOSTA
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JAVIER BRASSESCO |  EL UNIVERSAL
martes 13 de noviembre de 2012  12:00 AM
Aunque todavía conserva su estatus como una de las mejores zonas de la ciudad, algunos vecinos de Los Palos Grandes advierten que el deterioro está ganando espacios desde hace ya varios años.

La crítica principal tiene que ver con que cada vez observan una menor presencia policial, lo que ha provocado que aparezcan no solo los robos y arrebatones en plena vía pública, sino también los secuestros exprés, que se van haciendo peligrosamente comunes.

El dirigente vecinal Daniel Lombana dice que esta desidia oficial también abarca otras áreas, como el mantenimiento de las aceras y la recolección de basura, pero alcanza incluso a los propios residentes: "Las agrupaciones comunitarias, sean consejos comunales o asociaciones de vecinos, tienen vencido su período".

Para él un emblema del deterioro progresivo que signa a la urbanización es la propia plaza de Los Palos Grandes, pues la falta de seguridad ha hecho que de noche sea utilizada para la ingesta de licor y como lugar de pernocta para indigentes, cuya presencia, asegura, también se ha multiplicado en todo el municipio.

Eduardo Barrios, vecino de la zona, cree que Los Palos Grandes no podía escapar al deterioro progresivo que viene sufriendo toda la ciudad, y también cree que se expresa sobre todo en materia de seguridad pública: "Creo que no se tomaron a tiempo los correctivos en cuanto a la sustitución de patrullas, por ejemplo. Aunque Chacao sigue siendo mucho más seguro que casi cualquier otra zona de la ciudad".

Siente que esa misma dejadez, esa tardanza a la hora de actuar, se ha notado también en otros aspectos como las vías, que se reparan solo cuando ya no queda más remedio. Y que ha habido mucha permisividad para la instalación de nuevos comercios: "Las calles de Los Palos Grandes no están hechas para aguantar tantos locales comerciales, por eso es que hay tanto tráfico".

Sin embargo, también cree que hay cosas positivas que destacar de la actual gestión municipal, como el hecho de que el alcalde Emilio Graterón esté en contacto permanente con las comunidades, y cree que hay preocupación de su parte en solucionar los problemas.

Luis Guerra, también vecino de la urbanización, cree que la falta de policías se explica en parte porque 130 efectivos están realizando cursos en la Policía Nacional: "En una fuerza de menos de 900 efectivos, esa es una ausencia importante".

Sobre la recolección de desecho, cree que se presta un buen servicio, y que en la plaza se acabará la ingesta de licor cuando coloquen cámaras.

"En Chacao solo viven 80 mil personas, pero 350 mil hacen vida aquí, no somos, nunca hemos sido, ninguna burbuja", destaca Guerra.

El Universal
13-11-2012

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Verdor y casas patrimoniales son tesoros de Los Chorros


La urbanización cuenta con 22 casas patrimoniales de inicios del siglo XX

La Soledad es una de las casas patrimoniales que sigue en pie. Actualmente está invadida KISAÍ MENDOZA
ANYIMAR COVA LUGO
Los altos muros y enrejados que hoy abundan en la urbanización Los Chorros (municipio Sucre) harán difícil la tarea pero, si se mira con detenimiento, algunas de las 22 casas patrimoniales que existen en el sector pueden observarse hoy.

Se trata de estructuras levantadas a principios del siglo XX, durante la época de Juan Vicente Gómez, que fueron ocupadas por las familias más acaudaladas de la época. Con ellas cambiaron las casas del centro de Caracas para refugiarse en las afueras de la capital en viviendas que mezclaron el estilo decorativo francés con el concepto británico de ciudad jardín.

"Eran de influencia europea y muestran el desarrollo de las quintas, que son las casas rodeadas de verde", dice Carlos Sierra, miembro de la junta directiva del Colegio de Arquitectos y residente de Los Chorros.

Según explica, en buen estado se conserva la actual sede del colegio Elena de Bueno (Av. Principal de Los Chorros) que fue residencia de Adolfo Plaza y Elena Plaza de Bueno . También Villa Regina (Av. Corao) donde vivió una de las hermanas de Gómez, y hoy pertenece al Ministerio de Salud como sede del Instituto Nacional de Psiquiatría Infantil (Inapsi).

Con menos suerte corrió La Soledad (Av. Principal de Los Chorros), que fue diseñada por Manuel Mujica Millán, la cual se encuentra invadida y con visibles señales de deterioro.

Hubo otras que no sobrevivieron como la Quinta Amarilla (calle Ávila), propiedad del dueño del extinto Hotel Majestic, que fue demolida para la construcción de viviendas. Además desapareció la Quinta Campoamor (Av. Arístides Calvani) en cuyo lugar no queda más que un terreno baldío.

"Hay un gran dilema porque son casas montadas en terrenos mínimos de 3 mil m2 que el Instituto de Patrimonio Cultural ha decretado patrimoniales y es un delito demolerlas. Por otra parte, en muchos casos es el único bien que tienen las familias y no se les da facilidad de financiamiento para arreglos o alternativas de uso para que puedan ser rehabilitadas. Ocurre entonces que se les condena al abandono o a las invasiones", puntualiza.

Aunque Sierra considera que el IPC y la Alcaldía de Sucre deben promover la revitalización de las casas, resalta otro aspecto que depende en buena parte de la ciudadanía: conservar las bondades ambientales que caracterizan a la zona.

No ignora que, por ejemplo, la avenida Cachimbo es un pequeño bosque urbano y que en las calles abundan ceibas, mijaos y cedros. O mejor aún, que es la única urbanización que se conecta con el Ávila a través del parque Los Chorros.

"La gente no se muda aquí por los valores patrimoniales sino por sus virtudes naturales. Vivir aquí es estar en un bosque dentro de la ciudad y eso hay que mantenerlo", dice.

El Universal
12-11-2012

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Constructores presentan propuestas de viviendas


Rafael Guédez, presidente de la Cámara de la Construcción del Zulia (CCZ), presentó a los candidatos "más fuertes" a la Gobernación del Zulia propuestas de construcción de viviendas, con mira a integrar la experiencia y capacidad del sector privado a la gestión de quien gobernara la entidad a partir de próximo año.

El material se centra en la creación de un banco de tierras urbanizadas que permita a constructores particulares desarrollar unidades de viviendas en zonas que cuenten con todos los servicios básicos.

La unión de esfuerzos y lel aprovechamiento máximo de las condiciones para el financiamiento hipotecario son los otros dos ingredientes de la propuesta.

"Podemos crear obras con alta calidad urbana, copiando modelos exitosos como el colombiano, mexicano y canadiense. Podemos hacer desarrollos que distinguen la ciudadanía aquí es donde queremos participar como Cámara", sostuvo Guédez en entrevista.

Actualmente la necesidad de vivienda en el Zulia tiene un peso de 14,5 porciento dentro de déficit habitacional de Venezuela. "Nuestra sugerencia", entregadas a Pablo Pérez, candidato a la relección y Francisco Arias Cárdenas, aspirante del PSUV, "son para que se planifique mejorar el acondicionamiento de las áreas con una cisión de calidad y allí el sector privado tiene mucho que aportar".

El presidente de la CCZ exhortó a los candidatos a visitar el gremio.
"Queremos escuchar sus propuestas de gobierno y humildemente presentar las nuestras y que puedan incorporarlas en sus programa" acotó.

Cámara Venezolana de la Construcción
12-11-2012

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Misión Vivienda debería haber construido 172 mil casas


Hasta este lunes deberían haber 172 mil 678 casas construidas, según el coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges. No se ha llegado ni siquiera a la mitad.

El dirigente de PJ, en nombre de los más de 100 mil damnificados que están todavía en los refugios, se comprometió a seguir trabajando para que el Gobierno Nacional concrete soluciones efectivas en materia habitacional. Trabajar con el sector privado para poder ejecutar la mayor cantidad de obras es, a juicio del diputado a la Asamblea Nacional, una buena alternativa para acabar con el déficit habitacional en el país.

Borges destacó que según los anuncios públicos se han entregado aproximadamente 80 mil viviendas. Durante un recorrido por el estado Miranda, en las localidades de Guarenas y Guatire, aseguró que después del 7 de octubre la Misión Vivienda se frenó en toda Venezuela. Fue una especie de "show electorero" para los comicios presidenciales. "Se observa la disminución en el tiempo de duración de los trabajos de construcción que se llevaba antes de las elecciones y se ha detenido la ejecución de algunos desarrollos habitacionales".

Borges explicó que en todo el país y a diario se registran protestas por la crisis habitacional, las cuales se relacionan directamente con la efectividad del Gobierno a la hora de las entregas. "Hace poco fue invadido un hospital, como forma de protesta de personas sin vivienda. En otro hecho, varios damnificados que llevan años esperando tomaron la sede del Ministerio de Educación Superior".

Fallas de infraestructura son las denuncias más comunes de los beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela. "En El Paraíso, a 4 meses de la entrega, las casas presentan problemas como grietas y otras fallas de construcción, porque están realizadas con materiales de dudosa calidad".

Borges aseguró que, además, muchos aún están a la espera de que se les otorgue el título de propiedad

El Carabobeño
13-11-2012

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La vivienda es una materia pendiente en Anzoátegui


Voceros empresariales advirtieron que el déficit habitacional y las invasiones adquieren proporciones explosivas en Anzoátegui. En contrapartida, desde el ámbito gubernamental la óptica es de optimismo. "En lo que va de año hemos entregado 9.800 soluciones habitacionales y esperamos otorgar otras 5.900 antes de diciembre", dijo a ÚN Marisol Pérez, directora regional de la Misión Vivienda.
Eso incluye los planes que adelantan, en conjunto, Inavi, Gobernación, Pdvsa, alcaldías, Ministerio de las Comunas y Misión Ribas, explicó.
En lo que se refiere a la inversión privada, la incertidumbre prevalece. "En 2012, no hemos desarrollado un solo proyecto habitacional de magnitud", afirmó Nelson Blanco, presidente de la Cámara de la Construcción.
Oreste Rosin, presidente de la Cámara Inmobiliaria, indicó que, en la entidad, el déficit de viviendas es de 140 mil. No fue posible conocer la cifra que maneja el sector oficial acerca del mismo tópico.
El año pasado en Lechería y Nueva Barcelona, el sector privado desarrolló 10 proyectos habitacionales y negoció aproximadamente 200 apartamentos nuevos. En relación con 2011 el descenso en la actividad puede calcularse en aproximamente 90 %", refirió el vocero.
El intervencionismo del Estado, la inseguridad jurídica y la escasez de cemento y de cabillas, espantaron las nuevas inversiones", manifestó el presidente de la Cámara de la Construcción.
Meta. La Misión Vivienda se fijó para este año una meta de 15.183 mil viviendas. "No son latas de zinc, son casas ", dijo el ministro para la Vivienda y Habitat, Ricardo Molina, al entregar 50 soluciones habitacionales en San José de Guanipa. La directora regional de la Misión Vivienda estima que la meta se cumplirá.
EM
Barcelona. El general Alejandro Kerelis, jefe del comando regional 7 de la Guardia Nacional, aseguró que enfrentarán "cualquier intento ilegal de toma de terrenos o edificaciones". En Barcelona, el edificio "El Polígono" (aún inconcluso y asumido por Fogade, por deuda bancaria) ha sido invadido cinco veces en lo que va de año en las cercanías de la comandancia policial del Estado. Razones sanitarias y de seguridad, han obligado al desalojo.
Tras detener a tres de los líderes de un intento de invasión de terrenos y apartamentos de los condominios Pascal y Mochima (frente al Polideportivo, en Puerto La Cruz), la GN puso a los presuntos responsables a la orden de la Fiscalía el pasado 14 de octubre. Los vecinos, con la custodia de efectivos militares, reconstruyeron un paredón de bloques de concreto derribado por un grupo de familias, avecindadas en la laguna de El Maguey.
En Puerto La Cruz, durante el mismo mes, 40 familias fueron desalojadas de igual número de apartamentos en proceso de adjudicación en Parque Vidoño. El proyecto fue desarrollado por Pdvsa para reubicar a quienes se establecieron en áreas de seguridad, próximas a la refinería.
Consejos comunales de Puerto La Cruz, Barcelona y Guanta se han propuesto para frenar las invasiones. "Se debe respetar el derecho de los terceros", dijo Alí Bello, del Consejo Comunal de la Cruz y del Mar.
Veinticinco familias damnificadas por las lluvias, desde el 2010 y refugiadas en el viejo edificio de una clínica, esperan casa propia para este diciembre.
"Pasamos una Navidad aquí; esa experiencia no la vamos a repetir", dijo Liz Zapata, una de las afectadas.

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13-11-2012

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450 familias de los "Sin techo" demandan adjudicación en El Valle



Custodian terreno en Las Malvinas donde GMV hace viviendas
ANYIMAR COVA LUGO
"Quieren tener un techo propio, caminen por su casa" era lo que le decía José Luis Schultz Chirinos, pastor de la iglesia anglicana de Las Malvinas (El Valle), a las 450 familias que, viviendo alquiladas o arrimadas, comenzaron a buscar opciones para tener casa propia en el 2003. El lema ha cambiado ahora: "Si quieren techo, luchen".

Y es que desde que arrancaron en 2011 las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la zona, 256 familias pertenecientes al Bloque Nacional de Líderes Comunitarios y Contraloría Social de El Valle pernoctan en los terrenos para garantizar que no se les deje fuera del proyecto habitacional que hoy día el Ministerio de Vivienda promete a damnificados.

La lucha empezó en 2003 cuando exigieron el cese de funciones de la planta cementera Lafarge-Concretos Premex, C.A. debido a que las emisiones de polvo de sílice. En noviembre de 2006 se publicó en Gaceta Municipal -decretos 130 y 131- la expropiación de los terrenos y la construcción inmediata del complejo "Shafik Handal" para beneficiar a los "sin techo". Salió de allí la transnacional y se activó la Fábrica Nacional de Cementos que, según acordaron, se iría una vez culminado el proyecto. Las obras se paralizaron hasta 2011 cuando las tomó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMV) para edificar un complejo, ahora llamado San Antonio, que tendrá en su primera etapa 336 viviendas y en la segunda 536.

Angélica Bello es una de las que, en una carpa, vive junto a sus dos hijos y su esposo en el terreno para garantizar que no les dejen fuera del proyecto. "¿Los arrimados y alquilados, dónde quedamos entonces?, ¿ nuestra lucha de tantos años no vale?", cuestionó.

Por su parte, Schultz aprovechó para desmentir información publicada en un diario oficialista en el que se le acusaba de "estafar a 160 familias sin techo". "Yo no he pedido dinero a nadie y que lo investigue quien quiera. He ayudado a las familias para que tengan fe porque el derecho de unos no vale más que el de otros", acotó.

El Universal
13-11-2012

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Presidente de Fedenaga denuncia invasión en el Sur del Lago


Presidente de Fedenagas Manuel Cipriano Heredia / Henry Delgado
Hizo un llamado al Gobierno y la Instituto Nacional de Tierras para que se ocupen de la situación

Manuel Cipriano Heredia, presidente de Fedenaga, aseguró que invasores tomaron dos fincas en el Sur del Lago, en Santa Bárbara del Zulia y El Vigía.

Hizo un llamado al Gobierno y la Instituto Nacional de Tierras para que se ocupen de la situación. Además, aseveró que Fedenaga está abierto al diálogo para le bienestar del pueblo.

Indicó que los productores de la zona dicen que han sido "extorsionados" por la coordinadora del INTI de la zona para que entreguen de manera pacífica sus tierras.

El Nacional
12-11-2012

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Cuba / vive su boom inmobiliario con agentes ilegales


Cuba vive su boom inmobiliario con altos precios (Créditos: Google)

EFE.- El "boom" del sector arrancó en noviembre de 2011, tras medio siglo de prohibiciones, en un país donde no existen agencias inmobiliarias, los "corredores" (agentes) de compraventa operan sin marco legal.

Un año después de que el Gobierno legalizara la compraventa de casas entre particulares, ha surgido en Cuba un nuevo y particular mercado inmobiliario que se cuece entre internet, intermediarios ilegales y precios disparados.

El "boom" del sector arrancó en noviembre de 2011, tras medio siglo de prohibiciones, en un país donde no existen agencias inmobiliarias, los "corredores" (agentes) de compraventa operan sin marco legal y la mayoría de los propietarios no tiene una idea clara del valor real de su inmueble.

En La Habana, capital y mayor ciudad de la isla con más de dos millones de habitantes, las ofertas suelen correr "boca a boca" y comienzan a proliferar los carteles de "se vende". Pero basta con entrar a internet para saber cómo se está moviendo el negocio en la urbe.

"Revolico", el mayor sitio digital de anuncios clasificados de Cuba, tiene cientos de anuncios vendiendo desde "casas de lujo" en barrios elegantes como Miramar y El Vedado, hasta modestas viviendas de la periferia con precios que pueden ir de 5.000 a más de 100.000 pesos cubanos convertibles (CUC, equivalente al dólar).

Otros sitios, por ejemplo, promocionan casas con "vista al mar" en La Habana y Matanzas, facilitan información sobre los trámites legales y hasta promueven la formación de "agentes" para sus equipos.

El informático cubano Alexis Aguilar, residente en España, cree que "el mercado inmobiliario efectivamente se está organizando desde internet" y es una de las razones que dio impulso al portal "DetrásDeLaFachada.com" que gestiona con un amigo que vive en Cuba.

Aguilar, cuya web permite a los vendedores colgar anuncios detallados y gratuitos, considera que a pesar de las restricciones de conexión que hay en la isla, internet "es un puente entre los cubanos de dentro y los de fuera".

"Las casas y la familia están en Cuba, pero el dinero está fuera (...) para la mayoría de los cubanos de dentro de la isla es impensable comprar una casa con sus salarios, mucha gente tiene familiares fuera que están dispuestos a ayudarles", indicó Aguilar a Efe.

Es el caso de Rodniel, un cubano de 34 años que en agosto pagó 14.000 pesos convertibles por una casa de la que es formalmente propietario, aunque en verdad la han comprado sus tíos residentes en EE.UU. con el objetivo de pasar futuras temporadas en La Habana.

De acuerdo con la ley, los cubanos que viven en la isla y los extranjeros que cuentan con residencia permanente son los únicos autorizados para comprar y vender y sólo es legítimo tener una propiedad de residencia y otra en zonas de descanso o veraneo.

Rodniel dijo a Efe que compró la casa por un precio casi 60 veces superior al que apareció en los papeles legales de la transacción, que fue muy similar al valor del inmueble determinado por el Estado, que maneja la tasación oficial de las viviendas.

El hecho de que en el país convivan dos monedas hace más complejo el asunto: el Estado tasa en pesos cubanos (en el que la mayor parte de la población cobra sus salarios y paga servicios básicos) pero las ventas entre privados se están realizando en CUC (con un valor 24 veces superior y convertible en divisas).

La brecha entre la tasación oficial y los valores del mercado se amplió a partir de 2011 porque "en las primeras ventas legales intervino capital extranjero", según dijo a Efe un "corredor" que pidió mantener el anonimato.

"Esos precios eran altos y dispararon el mercado. Después quedaron establecidos, pero son exagerados para Cuba y actualmente están trabando muchas ventas", opinó este agente.

El negocio de los "corredores", un rol de intermediario en asuntos inmobiliarios que ha existido de forma ilegal en Cuba durante décadas, no está regulado en las autorizaciones aprobadas por el Gobierno hace un año.

El agente consultado por EFE explicó que antes de la legalización de la compraventa los "corredores" cobraban una comisión fija del 10% por su trabajo, pero esa cifra ha descendido al 5% o incluso menos en algunos casos porque ya su gestión no es tan demandada.

Según este agente, a la mayoría de sus clientes los encuentra actualmente en el Paseo del Prado de La Habana, donde desde hace años existe una especie de "foro" espontáneo para el negocio inmobiliario, y al que siguen acudiendo personas interesadas en permutar, vender o comprar casas.

"La mayoría de la gente llega sin el dinero en la mano. Buscan vender su casa primero y después automáticamente comprar lo que le interesa para no quedarse en la calle", añadió.

Salvador Brito, un jubilado de 66 años, dijo a EFE en la "bolsa" del Prado que pretende vender su casa para comprar un apartamento "más discreto" y un vehículo que pueda alquilar como taxi.

"Mi casa ahora vale 70.000 CUC. Un apartamento pequeño para vivir con mi mujer saldría en 15.000. El resto será el dinero de mi vejez", resumió Brito.

El Mundo
12-11-2012

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Insuficiente producción de aluminio ahoga a empresas transformadoras


El despacho de CVG Venalum a Suramericana de Aleaciones Laminadas (Sural) no llega ni a 30% de lo que requiere la planta para operar en condiciones óptimas. La ínfima capacidad de reducción de aluminio, aunado al retraso en las licencias de importación, asfixia a las compañías transformadoras del metal asentadas en Guayana.


El sindicato de Sural desestima los argumentos de la factoría y reclama el pago de salarios y la entrega de los implementos de seguridad. FOTO WILMER GONZÁLEZ

“Esta situación no favorece a nadie. Ni a nosotros, ni al gobierno ni a los trabajadores”, señaló el gerente general de planta de Sural.

Otras compañías como Cabel, Rialca, Cabelum, Pianmeca, Westalca y CTA presentan una situación similar a causa del bajo rendimiento de las estatales CVG Venalum y CVG Alcasa.

Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com


Isaic López, secretario general de Unisinemplesur: “Aparentemente los trabajadores tienen que quemarse, tienen que poner en riesgo su vida para poder ver una decisión favorable a los trabajadores”. Foto Wilmer González

Tras 117 días de conflicto en Suramericana de Aleaciones Laminadas (Sural), el Ministerio del Trabajo declaró improcedente el pago de salarios caídos para 72 trabajadores del área de Fase 2 y Fase 5, quienes el 1 de agosto paralizaron las actividades en reclamo de la dotación de implementos de seguridad.

El pronunciamiento se dio en El Tigre (estado Anzoátegui) pues la inspectora del Trabajo en Puerto Ordaz decidió inhibirse sobre el pliego solicitado por la Unión Sindical de Empleados y Técnicos de la Empresa Sural (Unisinemplesur).

Trabajadores y dirigentes sindicales calificaron de patronal y manipulada la decisión del inspector de El Tigre, Juan López, quien rechazó el pago de salarios caídos, la entrega de listines durante el período en conflicto y pidió a la empresa, que alega no tener suficiente materia prima para producir a toda su capacidad instalada, entregar los implementos de seguridad.

El secretario general, Isaic López, cuestionó que luego de dos inspecciones del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel), en la que se constató el “peligro inminente”, el director de la Diresat-Bolívar, José Tancredo, haya rechazado los alegados del sindicato.

“Si tú dices que los trabajadores no están apegados al derecho de la suspensión de labores debido a las condiciones inseguras, pero exiges que se entreguen los implementos, evidentemente se está reconociendo que se coloca en riesgo a los trabajadores”, argumentó.

El personal de laminación en caliente se mantendrá en sus puestos de trabajo como lo han hecho durante estos tres meses, aseguró.


Sural advierte que si las fallas en el despacho de aluminio persisten y no recibe autorización para importar, el pago de la nómina estaría en riesgo

Manipulación
Entre tanto, el sindicato niega que la empresa atraviese dificultades operativas por el bajo despacho de materia prima (aluminio primario) por parte de CVG Venalum. Creen firmemente que la gerencia propicia un cierre patronal con el fin de despedir a los trabajadores.

“Todo eso es una farsa. Aquí la única realidad es que ellos no han entregado la dotación ni pagado salarios (…) Aquí no hay problema de materia prima porque no es de extrañar que para estas fechas siempre digan lo mismo, para no pagar utilidades”, fustigó.

En su opinión estas “irregularidades” en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro y en Inpsasel deberían ser revisadas por la ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno, Carmen Meléndez.

En rojo
Pese a la aseveración del sindicato, la gerencia de la transformadora de aluminio sostiene que la compañía atraviesa serias dificultades operativas no sólo por las protestas sino por insuficiencia de materia prima.


La empresa dice tener las dotaciones de implementos de seguridad en almacén. Foto cortesía

El gerente general de planta, Juan Carlos Pareles, aseguró que los últimos 15 meses siete han sido completamente improductivos por diversos conflictos laborales.

Sin embargo, sostiene que más que la inconformidad del sindicato el principal problema que afronta Sural es la incapacidad de obtener aluminio primario.

CVG Venalum, su único proveedor, sólo está suministrando 1.400 toneladas métrica de aluminio, el 28 por ciento de lo que requiere Sural para cumplir con la contratación colectiva.

La empresa, que está en capacidad de procesar 10 mil toneladas de aluminio primario para la producción de conductores eléctricos como alambrón, alertó que desde octubre no han recibido ni un kilogramo de aluminio de parte de Venalum.

Además, la estatal incrementó la prima de 50 a 500 dólares adicional al precio de la Bolsa de Metales de Londres (1.888 US$), lo que ha triplicado los costos de producción.

La única opción es importar aluminio pero no han obtenido las licencias. El mercado disponible es adquirir el aluminio que CVG Alcasa ha importado y revende a 3 mil dólares la tonelada, 58 por ciento más del precio en el mercado.

Debido a las últimas paralizaciones, el material que se recibió hasta septiembre se mantiene en los patios (4.700 toneladas) sin ser procesado. De reanudarse las actividades en planta, mejoraría el flujo de caja y las posibilidades de cancelar utilidades en diciembre.

 “Si los trabajadores se incorporan mañana inmediatamente se le restablecerían todos sus beneficios salariales”, aseguró el gerente.

Otras empresas afectadas

El gerente general de planta, Juan Carlos Pareles, exhortó al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Rafael Gil Barrios, a atender la contingencia por la que están atravesando transformadoras como Sural, Cabel, Rialca, Cabelum, Pianmeca, Westalca, CTA, entre otras.

“Esta situación no favorece a nadie. Ni a nosotros, ni al gobierno ni a los trabajadores”, indicó.

A título personal no descarta que detrás de la asfixia a Sural haya intereses transnacionales, “empresas de maletín” que según Pareles no emplean a nadie y sacan provecho del aluminio primario en el mercado internacional.

Correo del Caroní
13-11-2012

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Cuba / y el mercado inmobiliario


Un hombre ofrece varias casas en venta sentado en un parque hoy, lunes 12 de noviembre de 2012, en La Habana (Cuba).
Un año después de que el Gobierno legalizara la compraventa de casas entre particulares, ha surgido en Cuba un nuevo y particular mercado inmobiliario que se cuece entre internet, intermediarios ilegales y precios disparados, señala la agencia Efe.

El "boom" del sector arrancó en noviembre de 2011, tras medio siglo de prohibiciones, en un país donde no existen agencias inmobiliarias, los "corredores" (agentes) de compraventa operan sin marco legal y la mayoría de los propietarios no tiene una idea clara del valor real de su inmueble.

En La Habana, capital y mayor ciudad de la isla con más de dos millones de habitantes, las ofertas suelen correr "boca a boca" y comienzan a proliferar los carteles de "se vende". Pero basta con entrar a internet para saber cómo se está moviendo el negocio en la urbe.

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"Las casas y la familia están en Cuba, pero el dinero está fuera (...) para la mayoría de los cubanos de dentro de la isla es impensable comprar una casa con sus salarios, mucha gente tiene familiares fuera que están dispuestos a ayudarles", indicó Aguilar a Efe.

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El hecho de que en el país convivan dos monedas hace más complejo el asunto: el Estado tasa en pesos cubanos (en el que la mayor parte de la población cobra sus salarios y paga servicios básicos) pero las ventas entre privados se están realizando en CUC (con un valor 24 veces superior y convertible en divisas).

La brecha entre la tasación oficial y los valores del mercado se amplió a partir de 2011 porque "en las primeras ventas legales intervino capital extranjero", según dijo a Efe un "corredor" que pidió mantener el anonimato.

"Esos precios eran altos y dispararon el mercado. Después quedaron establecidos, pero son exagerados para Cuba y actualmente están trabando muchas ventas", opinó este agente.

El negocio de los "corredores", un rol de intermediario en asuntos inmobiliarios que ha existido de forma ilegal en Cuba durante décadas, no está regulado en las autorizaciones aprobadas por el Gobierno hace un año.

El agente consultado por Efe explicó que antes de la legalización de la compraventa los "corredores" cobraban una comisión fija del 10 por ciento por su trabajo, pero esa cifra ha descendido al cinco por ciento o incluso menos en algunos casos porque ya su gestión no es tan demandada.

Según este agente, a la mayoría de sus clientes los encuentra actualmente en el Paseo del Prado de La Habana, donde desde hace años existe una especie de "foro" espontáneo para el negocio inmobiliario, y al que siguen acudiendo personas interesadas en permutar, vender o comprar casas.

"La mayoría de la gente llega sin el dinero en la mano. Buscan vender su casa primero y después automáticamente comprar lo que le interesa para no quedarse en la calle", añadió.

Salvador Brito, un jubilado de 66 años, dijo a Efe en la "bolsa" del Prado que pretende vender su casa para comprar un apartamento "más discreto" y un vehículo que pueda alquilar como taxi.

"Mi casa ahora vale 70.000 CUC. Un apartamento pequeño para vivir con mi mujer saldría en 15.000. El resto será el dinero de mi vejez", resumió Brito.

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