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El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, indicó que la oferta de alquileres de inmuebles ha registrado un decrecimiento adicional de 45% en el primer trimestre del año, según un estudio en el área metropolitana.
Considera que el problema de fondo no es regular ni hacer leyes punitivas, si no buscar el consenso para cubrir el déficit de dos millones de viviendas, a propósito de la discusión del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas que lleva a cabo la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Ve inconcebible que se determine un lapso mínimo de tres años de los contratos de alquiler, porque no se ajusta a las necesidades de quienes deciden alquilar su vivienda. Criticó además el desequilibrio que existe cuando se establece que el inquilino no está obligado a cancelar ningún tipo de indemnización, si decide desalojar el inmueble antes de cumplir el contrato de tres años.
Martini también ve con preocupación la eliminación de la figura de los depósitos. "Cómo ahora el dueño de un inmueble es el responsable de los gastos que incurre el inquilino", dijo en entrevista a Unión Radio.
El Universal
28-07-2011
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Lic. Henry Medina
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viernes, 29 de julio de 2011
Contratos de alquiler por tres años afecta la oferta de bienes
Apiur advierte que si se aprueba la Ley caerá la oferta de alquileres.
"Los propietarios tienen derecho a recuperar las viviendas, según sus necesidades", señaló Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur.
YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
Caracas.- La Asociación de Propietarios de Bienes Urbanos advirtió una reducción de la oferta de alquileres, si se aprueba en plenaria el artículo del proyecto de Ley de Arrendamientos que fija un plazo mínimo de tres años de duración del contrato de alquiler.
Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur, señaló que alquilar un bien por tres años, más las prorrogas que se establezcan, significa que se estaría comprometiendo de entrada un inmueble prácticamente por cinco años.
Aseguró que los propietarios no están dispuestos a alquilar por ese plazo, si no que por lo general es costumbre en Venezuela arrendar por
un año, renovable por 12 meses más.
"Los propietarios tienen derecho a recuperar las viviendas, según sus necesidades", apuntó.
Teresa Borges, especialista en materia inmobiliaria, también coincide en una reducción de la oferta porque a algunos propietarios no están dispuestos a amarrarse a un contrato de tres años mínimos, porque le conviene solo uno o dos años.
Agregó que en todo caso, una medida de este tipo, sería aplicable en aquellos inmuebles destinados al alquiler únicamente.
Manifestó además que debe establecerse algún tipo de sanción para aquellos inquilinos que decidan irse del inmueble, sin haber cumplido el período de tres años de arrendamiento.
Sin garantías
Orta Poleo también expresó su preocupación por la eventual eliminación de los depósitos como garantía de alquiler, aprobado ayer en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento que discute el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
El presidente de Apiur manifestó que un propietario en cualquier parte del mundo exige una garantía de su patrimonio.
Señaló que el proyecto de ley no piensa en el inquilino de mañana, porque si bien actualmente van a estar sobreprotegidos, la realidad es que en el futuro no van a existir ofertas en alquiler con estas condiciones.
Orta Poleo expresó sus esperanzas de que se reconsidere varios aspectos del proyecto de ley cuando sea elevado a plenaria. El instrumento jurídico consta de 150 artículos, de los cuales ya han sido aprobados más de 50 en la Comisión de Administración y Servicios, para luego someterlos a debate con todos los diputados.
El Universal
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"Los propietarios tienen derecho a recuperar las viviendas, según sus necesidades", señaló Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur.
YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
Caracas.- La Asociación de Propietarios de Bienes Urbanos advirtió una reducción de la oferta de alquileres, si se aprueba en plenaria el artículo del proyecto de Ley de Arrendamientos que fija un plazo mínimo de tres años de duración del contrato de alquiler.
Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur, señaló que alquilar un bien por tres años, más las prorrogas que se establezcan, significa que se estaría comprometiendo de entrada un inmueble prácticamente por cinco años.
Aseguró que los propietarios no están dispuestos a alquilar por ese plazo, si no que por lo general es costumbre en Venezuela arrendar por
un año, renovable por 12 meses más.
"Los propietarios tienen derecho a recuperar las viviendas, según sus necesidades", apuntó.
Teresa Borges, especialista en materia inmobiliaria, también coincide en una reducción de la oferta porque a algunos propietarios no están dispuestos a amarrarse a un contrato de tres años mínimos, porque le conviene solo uno o dos años.
Agregó que en todo caso, una medida de este tipo, sería aplicable en aquellos inmuebles destinados al alquiler únicamente.
Manifestó además que debe establecerse algún tipo de sanción para aquellos inquilinos que decidan irse del inmueble, sin haber cumplido el período de tres años de arrendamiento.
Sin garantías
Orta Poleo también expresó su preocupación por la eventual eliminación de los depósitos como garantía de alquiler, aprobado ayer en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento que discute el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
El presidente de Apiur manifestó que un propietario en cualquier parte del mundo exige una garantía de su patrimonio.
Señaló que el proyecto de ley no piensa en el inquilino de mañana, porque si bien actualmente van a estar sobreprotegidos, la realidad es que en el futuro no van a existir ofertas en alquiler con estas condiciones.
Orta Poleo expresó sus esperanzas de que se reconsidere varios aspectos del proyecto de ley cuando sea elevado a plenaria. El instrumento jurídico consta de 150 artículos, de los cuales ya han sido aprobados más de 50 en la Comisión de Administración y Servicios, para luego someterlos a debate con todos los diputados.
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Firman convenio con España para construir 3 mil 264 casas
noticias24.com
Un convenio con la empresa española Essetium, firmó el ejecutivo nacional para la construcción de de 3.264 viviendas en el Municipio Independencia. Así lo informó el alcalde de esta entidad Ramón Malavé, quien destacó que el acto se llevó a cabo en las inmediaciones del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, con la participación de Ricardo Molina, titular del ente, representantes de la empresa Essetium y su persona. “La construcción de este urbanismo se cristalizará en un terreno de 47 hectáreas que fue declarado Área Vital de Vivienda y de Residencia (Avivir). El mismo está ubicado en el sector “La Triple” de Santa Teresa del Tuy”, indicó Malavé, añadiendo que estas residencias se realizarán con un sistema novedoso, ya que se trata de paneles de concreto reforzados con acero, que normalmente se vacían en una planta y luego se trasladan al sitio para proceder a instalarlas con una grúa. Malavé, quien agradeció al Ministro Molina y al Presidente Hugo Chávez haber aprobado los recursos para este proyecto, indicó que de acuerdo a los cálculos establecidos, se tiene estipulado que la construcción culmine en 18 meses, lo que significa que en siete meses se deberían ver las primeras edificaciones ya levantadas. Este urbanismo contará con escuelas y espacios con áreas verdes.
Dólares y bolívares
Entre tanto el ministro Ricardo Molina detalló que el proyecto habitacional ha requerido una inversión general de más de 102 millones de dólares y 270 millones de bolívares (cerca de 63 millones de dólares). En ese sentido, apuntó que la importación de componentes, tecnologías y equipos se cancelará en dólares, mientras que todo lo relacionado con los materiales y el personal de provisión nacional, se pagará en bolívares. Asimismo, adelantó que se espera la firma de otros convenios con los gobiernos de Rusia, Turquía y Cuba para seguir fortaleciendo la Gran Misión Vivienda. Por su parte Diego Monje, representante de la constructora internacional, informó que ejecutarán más de 3 mil domicilios al año. El complejo urbanístico tendrá apartamentos de 2 habitaciones y otros de 3. Esta metodología de construcción está avalada con el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) nº 557/10 otorgado por el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja.
DIARIO LA VOZ
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Dólares y bolívares
Entre tanto el ministro Ricardo Molina detalló que el proyecto habitacional ha requerido una inversión general de más de 102 millones de dólares y 270 millones de bolívares (cerca de 63 millones de dólares). En ese sentido, apuntó que la importación de componentes, tecnologías y equipos se cancelará en dólares, mientras que todo lo relacionado con los materiales y el personal de provisión nacional, se pagará en bolívares. Asimismo, adelantó que se espera la firma de otros convenios con los gobiernos de Rusia, Turquía y Cuba para seguir fortaleciendo la Gran Misión Vivienda. Por su parte Diego Monje, representante de la constructora internacional, informó que ejecutarán más de 3 mil domicilios al año. El complejo urbanístico tendrá apartamentos de 2 habitaciones y otros de 3. Esta metodología de construcción está avalada con el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) nº 557/10 otorgado por el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja.
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Hay que hacer barrios estables y seguros
jonathanbenitez.blogspot.com
Las barriadas venezolanas han sido la bandera favorita de todas las campañas electorales, pero su eterno fracaso es claro y evidente. Allí donde ni el Estado ni la empresa privada han podido solventar el déficit habitacional, los mismos ciudadanos han constituido asentamientos populares sin ayuda financiera y técnica, pero con mucho sacrificio de tiempo, vida y dinero.
Frente a esto, las autoridades deben aplicar un urbanismo de urgencia porque se siguen formando barrios nuevos con los mismos problemas de los viejos. Teolinda Bolívar, coordinadora del Centro Ciudades de la Gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y con una larga trayectoria en investigaciones de la dinámica popular latinoamericana, cuenta que en el año 1959 el número de barrios era escaso. Recuerda que Pérez Jiménez hizo un intento fallido de acabar con los barrios y metió a los pobladores en esos bloques que conocemos como 23 de Enero.
Cayó Pérez Jiménez, vino la democracia y tampoco resolvió el problema. "Entonces esos pequeños barrios pasaron a ser, con el tiempo, y sin que nadie lo previera, conjuntos de barrios".
Hoy en día, más de 4 mil hectáreas del área metropolitana de Caracas han sido pobladas por barrios. "Desde el punto de vista estadístico sabemos que alrededor de 70% de lo producido estos años ha sido hecho por las propias personas del barrio. Lo llamamos autoproducción de viviendas", afirma la investigadora.
LA GENTE ES MÁS EFICAZ QUE EL ESTADO
El periodista Jesús "Chúo" Torrealba, sostiene que la demagogia y los fracasos de los gobiernos de la cuarta y actual quinta república han convertido a la gente en el actor más eficaz en el levantamiento de viviendas. No obstante, un porcentaje muy alto de estas construcciones presentan serios problemas a nivel de estructura y ubicación. La gran mayoría de los habitantes de barrios no son maestros de obras, arquitectos e ingenieros. Por ello, no es extraño que las fuertes lluvias que se han generado en los últimos años hayan acabado con miles de viviendas y dejado un saldo enorme de damnificados que aún permanecen en hoteles y refugios indignos esperando la asignación de un nuevo hogar.
APOYO TÉCNICO
El conductor del programa Radar de los Barrios confiesa ser consecuente con el planteamiento de Aquiles Nazoa. "Yo no creo que el barrio sea un problema, el barrio es la solución que la gente fue capaz de construir. Lo que le queda al resto de la sociedad es poner a su servicio los recursos tanto financieros como técnicos y profesionales para que ese drama de la vivienda termine de ser resuelto", agrega Torrealba.
Precisamente, esta reflexión es la que promueve el segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Hábitat Popular e Inclusión Social, Hacedores de Ciudades, que actualmente se está desarrollando en la UCV. En esta plataforma de encuentro, investigadores y académicos de Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia, Panamá, Colombia y Costa Rica realizan exposiciones, discusiones y mesas de trabajo sobre temas vinculados con el hábitat popular, inclusión social y justicia urbana. Nabil Bonduki es el urbanista brasilero que gestó el plan maestro de la ciudad de Sao Paulo (Brasil), y ahora trabaja para el plan nacional de vivienda en ese país.
El también integrante de la comunidad académica en la Universidad de São Pau reconoce la importancia del liderazgo popular, pero defiende su indispensable complementariedad con el saber profesional y técnico, que debe necesariamente ser facilitado por el Estado.
LEVANTAR RANCHOS SALE CARO
"Lo que sucede mayormente es que se gasta mucho en una pequeña parte de la construcción y la gran mayoría de la población se queda sin ningún tipo de asistencia. En consecuencia, resultan viviendas mal construidas y en riesgo", indica Bonduki. El aspecto económico es otro factor fundamental en estos procesos de autoproducción de viviendas. En ocasiones levantar ranchos es más costoso que construir una casa o un apartamento. "No hay procesos colectivos de construcción, no hay una compra efectiva de material, cada uno compra poco a poco, y muchas veces esto significa pagar mucho", agrega el especialista brasilero en urbanismo.
Según lo que explica "Chúo" Torrealba, el mercado negro camina en contra de los esfuerzos populares. El cemento, la arena, los bloques y las cabillas duplican su valor en los barrios. "Tienes que pagar fletes, y además corres el riesgo de que quien te los venda también te los robe", manifiesta. La investigadora Teolinda Bolívar se ha topado con estos casos en varias barriadas populares. Tal como lo explica, en el traslado de los materiales, que implica un trayecto de más de 100 escalones, se puede perder hasta la mitad de los mismos.
En los barrios también se han creado mafias. Para solventar el grave problema de viviendas que vive el país no bastan las buenas intenciones. En muchas ocasiones personeros del gobierno otorgan a los habitantes certificados de materiales sin deudas, para que ellos acudan a una ferretería a retirarlos. "Pero subir los materiales te cuesta tanto o más de eso que te han donado", puntualiza Bolívar.
TODA UNA VIDA PARA TENER CASA
También ocurre que el tiempo de la gente de los barrios no es el mismo que se tiene en otras partes de la ciudad. Los pobladores a veces se pasan la vida haciendo una casa. Si deciden autoconstruir, los resultados se ven luego de muchos años, y si se acelera la edificación es porque contratan a alguien para que les haga la vivienda. Lo cual se traduce en un cuantioso gasto. La violencia también interviene en esta batalla campal por obtener una casa. "Si te matan al hijo o al sobrino que es quien te hace la casa, se quedan los bloques allí o comienzas a venderlos para poder comer y vivir. Lo mismo sucede si en la familia se les enferma alguien, ese dinero lo desvían para otra cosa porque ellos se manejan con condiciones de sobrevivencia", acota la investigadora de la UCV, quien afirma que para que el barrio tenga una cara buena hacen falta 15 o 20 años.
Entorno Inteligente
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Las barriadas venezolanas han sido la bandera favorita de todas las campañas electorales, pero su eterno fracaso es claro y evidente. Allí donde ni el Estado ni la empresa privada han podido solventar el déficit habitacional, los mismos ciudadanos han constituido asentamientos populares sin ayuda financiera y técnica, pero con mucho sacrificio de tiempo, vida y dinero.
Frente a esto, las autoridades deben aplicar un urbanismo de urgencia porque se siguen formando barrios nuevos con los mismos problemas de los viejos. Teolinda Bolívar, coordinadora del Centro Ciudades de la Gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y con una larga trayectoria en investigaciones de la dinámica popular latinoamericana, cuenta que en el año 1959 el número de barrios era escaso. Recuerda que Pérez Jiménez hizo un intento fallido de acabar con los barrios y metió a los pobladores en esos bloques que conocemos como 23 de Enero.
Cayó Pérez Jiménez, vino la democracia y tampoco resolvió el problema. "Entonces esos pequeños barrios pasaron a ser, con el tiempo, y sin que nadie lo previera, conjuntos de barrios".
Hoy en día, más de 4 mil hectáreas del área metropolitana de Caracas han sido pobladas por barrios. "Desde el punto de vista estadístico sabemos que alrededor de 70% de lo producido estos años ha sido hecho por las propias personas del barrio. Lo llamamos autoproducción de viviendas", afirma la investigadora.
LA GENTE ES MÁS EFICAZ QUE EL ESTADO
El periodista Jesús "Chúo" Torrealba, sostiene que la demagogia y los fracasos de los gobiernos de la cuarta y actual quinta república han convertido a la gente en el actor más eficaz en el levantamiento de viviendas. No obstante, un porcentaje muy alto de estas construcciones presentan serios problemas a nivel de estructura y ubicación. La gran mayoría de los habitantes de barrios no son maestros de obras, arquitectos e ingenieros. Por ello, no es extraño que las fuertes lluvias que se han generado en los últimos años hayan acabado con miles de viviendas y dejado un saldo enorme de damnificados que aún permanecen en hoteles y refugios indignos esperando la asignación de un nuevo hogar.
APOYO TÉCNICO
El conductor del programa Radar de los Barrios confiesa ser consecuente con el planteamiento de Aquiles Nazoa. "Yo no creo que el barrio sea un problema, el barrio es la solución que la gente fue capaz de construir. Lo que le queda al resto de la sociedad es poner a su servicio los recursos tanto financieros como técnicos y profesionales para que ese drama de la vivienda termine de ser resuelto", agrega Torrealba.
Precisamente, esta reflexión es la que promueve el segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Hábitat Popular e Inclusión Social, Hacedores de Ciudades, que actualmente se está desarrollando en la UCV. En esta plataforma de encuentro, investigadores y académicos de Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia, Panamá, Colombia y Costa Rica realizan exposiciones, discusiones y mesas de trabajo sobre temas vinculados con el hábitat popular, inclusión social y justicia urbana. Nabil Bonduki es el urbanista brasilero que gestó el plan maestro de la ciudad de Sao Paulo (Brasil), y ahora trabaja para el plan nacional de vivienda en ese país.
El también integrante de la comunidad académica en la Universidad de São Pau reconoce la importancia del liderazgo popular, pero defiende su indispensable complementariedad con el saber profesional y técnico, que debe necesariamente ser facilitado por el Estado.
LEVANTAR RANCHOS SALE CARO
"Lo que sucede mayormente es que se gasta mucho en una pequeña parte de la construcción y la gran mayoría de la población se queda sin ningún tipo de asistencia. En consecuencia, resultan viviendas mal construidas y en riesgo", indica Bonduki. El aspecto económico es otro factor fundamental en estos procesos de autoproducción de viviendas. En ocasiones levantar ranchos es más costoso que construir una casa o un apartamento. "No hay procesos colectivos de construcción, no hay una compra efectiva de material, cada uno compra poco a poco, y muchas veces esto significa pagar mucho", agrega el especialista brasilero en urbanismo.
Según lo que explica "Chúo" Torrealba, el mercado negro camina en contra de los esfuerzos populares. El cemento, la arena, los bloques y las cabillas duplican su valor en los barrios. "Tienes que pagar fletes, y además corres el riesgo de que quien te los venda también te los robe", manifiesta. La investigadora Teolinda Bolívar se ha topado con estos casos en varias barriadas populares. Tal como lo explica, en el traslado de los materiales, que implica un trayecto de más de 100 escalones, se puede perder hasta la mitad de los mismos.
En los barrios también se han creado mafias. Para solventar el grave problema de viviendas que vive el país no bastan las buenas intenciones. En muchas ocasiones personeros del gobierno otorgan a los habitantes certificados de materiales sin deudas, para que ellos acudan a una ferretería a retirarlos. "Pero subir los materiales te cuesta tanto o más de eso que te han donado", puntualiza Bolívar.
TODA UNA VIDA PARA TENER CASA
También ocurre que el tiempo de la gente de los barrios no es el mismo que se tiene en otras partes de la ciudad. Los pobladores a veces se pasan la vida haciendo una casa. Si deciden autoconstruir, los resultados se ven luego de muchos años, y si se acelera la edificación es porque contratan a alguien para que les haga la vivienda. Lo cual se traduce en un cuantioso gasto. La violencia también interviene en esta batalla campal por obtener una casa. "Si te matan al hijo o al sobrino que es quien te hace la casa, se quedan los bloques allí o comienzas a venderlos para poder comer y vivir. Lo mismo sucede si en la familia se les enferma alguien, ese dinero lo desvían para otra cosa porque ellos se manejan con condiciones de sobrevivencia", acota la investigadora de la UCV, quien afirma que para que el barrio tenga una cara buena hacen falta 15 o 20 años.
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Chávez invita a desarrollar la "propiedad conjunta"
El vicepresidente Elías Jaua señaló que la ley de Costos y Precios Justos busca proteger al consumidor y combatir la especulación AVN
El presidente Hugo Chávez invitó a representantes del sector productivo nacional "a construir y sumarse a un modelo económico socialista, constructivo y equilibrado".
A través de un contacto telefónico, el mandatario nacional intervino en un encuentro efectuado en Parque Central entre el Gobierno y los productores agrícolas y agroindustriales del país, para debatir la Ley de Costos y Precios Justos. Señaló que lo ideal es asumir un "proceso de producción, que satisfaga las necesidades de la población, con variables planificadas. No se dejen envenenar".
El jefe de Estado indicó que está elaborando el proyecto de Gobierno 2013-19, bajo un modelo socialista, participativo, constructivo. "No hemos podido articularnos con el sector productivo, y yo quiero hacerlo. Nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes a nosotros".
En la amplia reunión estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo Elías Jaua y los ministros de Alimentación, Carlos Osorio y de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, así como representantes de los organismos gremiales de ese sector, entre ellos, Feporcina, Fedeagro, Confagan.
Propuso el Presidente la necesidad de "crear nuevas cadenas productivas e intermediarias en el sistema económico del país, limpias de los viejos vicios del capitalismo especulativo y al servicio del desarrollo nacional. Vamos a crear lo que llamo las cadenas Simón Rodríguez en honor a ese gran sabio. Cadenas no contaminadas".
En el esquema "pueden participar el sector privado con un porcentaje de acción a través de empresas mixtas". También dijo que pueden aliarse con el Estado pequeños y medianos empresarios mediante " la propiedad social o propiedad conjunta, se me ocurrió ponerles ese nombre, allí participarían sectores populares, productores".
El mandatario manifestó además que en los próximos días anunciará el alza en los precios del cemento porque están congelados desde hace cuatro años.
Combatir la especulación
Jaua descartó que esa Ley pretenda destruir o atacar al sector privado. Refirió que la idea de ese instrumento legal es proteger a los consumidores y combatir la especulación.
El funcionario dijo además que el interés del Gobierno es tener una población cada vez con mayor poder adquisitivo y un sector empresarial que se mueva al ritmo de las necesidades de la población.
Comentó Jaua que "no vamos a poner a producir a nadie a pérdida", pero pidió "honestidad y transparencia" a los empresarios a la hora de mostrar sus estructuras de costos.
El ministro Osorio sostuvo que una de las ventajas de la Ley de Costos y Precios justos es que permitirá establecer bandas de precios para distintos bienes y servicios. "Tenemos que regular, poner bandas, que exista justicia porque si no el sistema se desequilibra. Habrá productos que tenemos que ajustar hacia arriba y otros hacia abajo".
El funcionario reiteró que en el sector privado es "increíble" la especulación que existe y que el texto legal permitirá regular sectores que no estaban controlados por legislaciones previas.
"Quién deja de decir que un jabón, una pasta de dientes no es un producto de primera necesidad?", planteó Osorio.
El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, que en materia de estructura de costos tienen pendiente una reunión con los representantes del sector azucarero.
Controles derivan en escasez
El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybar, señaló que el sector no está de acuerdo con más controles, pues estos irremediablemente derivan en escasez. Pidió al Gobierno que apruebe normas para promover la producción.
Aseguró que los precios actuales de la harina de maíz, el aceite, la leche y la pasta mantienen al sector en una situación crítica.
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A través de un contacto telefónico, el mandatario nacional intervino en un encuentro efectuado en Parque Central entre el Gobierno y los productores agrícolas y agroindustriales del país, para debatir la Ley de Costos y Precios Justos. Señaló que lo ideal es asumir un "proceso de producción, que satisfaga las necesidades de la población, con variables planificadas. No se dejen envenenar".
El jefe de Estado indicó que está elaborando el proyecto de Gobierno 2013-19, bajo un modelo socialista, participativo, constructivo. "No hemos podido articularnos con el sector productivo, y yo quiero hacerlo. Nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes a nosotros".
En la amplia reunión estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo Elías Jaua y los ministros de Alimentación, Carlos Osorio y de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, así como representantes de los organismos gremiales de ese sector, entre ellos, Feporcina, Fedeagro, Confagan.
Propuso el Presidente la necesidad de "crear nuevas cadenas productivas e intermediarias en el sistema económico del país, limpias de los viejos vicios del capitalismo especulativo y al servicio del desarrollo nacional. Vamos a crear lo que llamo las cadenas Simón Rodríguez en honor a ese gran sabio. Cadenas no contaminadas".
En el esquema "pueden participar el sector privado con un porcentaje de acción a través de empresas mixtas". También dijo que pueden aliarse con el Estado pequeños y medianos empresarios mediante " la propiedad social o propiedad conjunta, se me ocurrió ponerles ese nombre, allí participarían sectores populares, productores".
El mandatario manifestó además que en los próximos días anunciará el alza en los precios del cemento porque están congelados desde hace cuatro años.
Combatir la especulación
Jaua descartó que esa Ley pretenda destruir o atacar al sector privado. Refirió que la idea de ese instrumento legal es proteger a los consumidores y combatir la especulación.
El funcionario dijo además que el interés del Gobierno es tener una población cada vez con mayor poder adquisitivo y un sector empresarial que se mueva al ritmo de las necesidades de la población.
Comentó Jaua que "no vamos a poner a producir a nadie a pérdida", pero pidió "honestidad y transparencia" a los empresarios a la hora de mostrar sus estructuras de costos.
El ministro Osorio sostuvo que una de las ventajas de la Ley de Costos y Precios justos es que permitirá establecer bandas de precios para distintos bienes y servicios. "Tenemos que regular, poner bandas, que exista justicia porque si no el sistema se desequilibra. Habrá productos que tenemos que ajustar hacia arriba y otros hacia abajo".
El funcionario reiteró que en el sector privado es "increíble" la especulación que existe y que el texto legal permitirá regular sectores que no estaban controlados por legislaciones previas.
"Quién deja de decir que un jabón, una pasta de dientes no es un producto de primera necesidad?", planteó Osorio.
El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, que en materia de estructura de costos tienen pendiente una reunión con los representantes del sector azucarero.
Controles derivan en escasez
El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybar, señaló que el sector no está de acuerdo con más controles, pues estos irremediablemente derivan en escasez. Pidió al Gobierno que apruebe normas para promover la producción.
Aseguró que los precios actuales de la harina de maíz, el aceite, la leche y la pasta mantienen al sector en una situación crítica.
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Hábitat de baja calidad impera en Venezuela
runrun.es
Un reciente Informe sobre la Pobreza en América Latina, elaborado por la Fundación Ethos y que ha sido ya comentado en las páginas de Tal Cual aporta una serie de antecedentes interesantes sobre la situación que impera en Venezuela en materia social.
Como el informe no está destinado a alabar ni a desacreditar lo que se hace en ese campo en nuestro país, sino a exponer en la forma lo más objetiva posible la situación imperante, se convierte en un buen instrumento para conocer la realidad y a partir de ella, sin ocultarla ni edulcorarla, tratar de introducir las mejoras que correspondan.
En Venezuela la esperanza de vida se sitúa, según el informe mencionado, en los 73.8 años, en circunstancias que en el promedio de América Latina este indicador se sitúa en los 73.5 años. Es decir, Venezuela está casi justo en la situación promedio de la región.
Por debajo de nuestro país se sitúan Bolivia que es el peor país en esta materia, pues sus habitantes sólo tienen una esperanza de vida de 65.5 años además de Perú, Brasil y Colombia. Con una situación mejor que Venezuela se ubican Ecuador, México y Chile, este último con la mejor situación regional, al tener sus habitantes una esperanza de vida de 78.5 años.
En materia de mortalidad de los niños menores de un año, Venezuela tiene una tasa de 17 por mil, bastante más baja que el promedio de la América Latina, que tiene en este trágico indicador una marca de 21,6 por mil. En este campo el país peor ubicado es nuevamente Bolivia, que tiene una tasa de 45,6 por mil, mientras que el que tiene la mejor situación es Chile, que exhibe una tasa de 7.2 por mil. Además de Chile, sólo México está en mejor situación que Venezuela.
LAS VIVIENDAS
El problema de la calidad de la vivienda es también una variable que se mide en el informe. El porcentaje de viviendas con paredes de material no sólido es de un 6.22% en Venezuela, porcentaje muy parecido al de Perú, que es de 6.20%. El porcentaje más alto de entre los 8 países analizados corresponde a Ecuador, con 9.56% de las viviendas con paredes de materiales no sólidos. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México tienen en este indicador una mejor situación que Venezuela.
El porcentaje de viviendas sin acceso a agua potable conectada a red pública o acueducto, es en Venezuela uno de los más bajos de la región. Sólo el 7.57% de los hogares está en esa situación, cifra que únicamente es superada por Chile, que tiene un porcentaje de 6.82%. Todos los demás países tienen una situación peor que la que exhibe Venezuela, siendo Perú el país donde las condiciones son peores, pues el 33,83% de los hogares carece de ese servicio.
En materia de hacinamiento, definido como una situación en la cual duermen tres o más personas por habitación, Venezuela presenta un índice de 24,17% de las viviendas en esas condiciones, superada por Bolivia (49,42%), Perú (43,28%) y Ecuador (37,38%). Países en mejores condiciones que Venezuela en esta materia son Brasil, Chile, Colombia y México. Otro aspecto relacionado con la vivienda en la cual la situación de Venezuela aparece como buena en comparación con los otros países de la región es en lo relativo al porcentaje de hogares sin acceso a electricidad.
En ese aspecto sólo el 1.37% de los hogares venezolanos carece de ese servicio, situación que solamente es mejor en México y en Chile. Bolivia, en cambio presenta una situación en que el 31,71% de los hogares carece de electricidad, porcentaje que baja a 18.84% en Perú, a 4.40% en Ecuador, a 2.89% en Colombia y a 1.78% en Brasil.
La cantidad de homicidios por cada cien mil habitantes es también un aspecto que se mide en el informe, y que forma parte de la mayor o menor pobreza existente en cada país, en la medida que es un elemento constitutivo de la calidad de vida de la cual goza cada habitante.
En este ámbito, Venezuela tiene la peor situación de entre todos los 8 países analizados, pues exhibe una tasa de 52, en circunstancias que la media latinoamericana es de 22,3 y el país que tiene la tasa más baja en este campo es Perú, con una tasa de 3.2 homicidios por cada cien mil habitantes. Otro campo en el cual Venezuela aparece en la peor situación de entre los países analizados es en lo relativo a las emisiones de CO2 por habitante. Junto con México y con Chile constituyen el núcleo de los tres países más contaminantes de la región. El que menos contamina es Bolivia.
Entorno Inteligente
28-07-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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Un reciente Informe sobre la Pobreza en América Latina, elaborado por la Fundación Ethos y que ha sido ya comentado en las páginas de Tal Cual aporta una serie de antecedentes interesantes sobre la situación que impera en Venezuela en materia social.
Como el informe no está destinado a alabar ni a desacreditar lo que se hace en ese campo en nuestro país, sino a exponer en la forma lo más objetiva posible la situación imperante, se convierte en un buen instrumento para conocer la realidad y a partir de ella, sin ocultarla ni edulcorarla, tratar de introducir las mejoras que correspondan.
En Venezuela la esperanza de vida se sitúa, según el informe mencionado, en los 73.8 años, en circunstancias que en el promedio de América Latina este indicador se sitúa en los 73.5 años. Es decir, Venezuela está casi justo en la situación promedio de la región.
Por debajo de nuestro país se sitúan Bolivia que es el peor país en esta materia, pues sus habitantes sólo tienen una esperanza de vida de 65.5 años además de Perú, Brasil y Colombia. Con una situación mejor que Venezuela se ubican Ecuador, México y Chile, este último con la mejor situación regional, al tener sus habitantes una esperanza de vida de 78.5 años.
En materia de mortalidad de los niños menores de un año, Venezuela tiene una tasa de 17 por mil, bastante más baja que el promedio de la América Latina, que tiene en este trágico indicador una marca de 21,6 por mil. En este campo el país peor ubicado es nuevamente Bolivia, que tiene una tasa de 45,6 por mil, mientras que el que tiene la mejor situación es Chile, que exhibe una tasa de 7.2 por mil. Además de Chile, sólo México está en mejor situación que Venezuela.
LAS VIVIENDAS
El problema de la calidad de la vivienda es también una variable que se mide en el informe. El porcentaje de viviendas con paredes de material no sólido es de un 6.22% en Venezuela, porcentaje muy parecido al de Perú, que es de 6.20%. El porcentaje más alto de entre los 8 países analizados corresponde a Ecuador, con 9.56% de las viviendas con paredes de materiales no sólidos. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México tienen en este indicador una mejor situación que Venezuela.
El porcentaje de viviendas sin acceso a agua potable conectada a red pública o acueducto, es en Venezuela uno de los más bajos de la región. Sólo el 7.57% de los hogares está en esa situación, cifra que únicamente es superada por Chile, que tiene un porcentaje de 6.82%. Todos los demás países tienen una situación peor que la que exhibe Venezuela, siendo Perú el país donde las condiciones son peores, pues el 33,83% de los hogares carece de ese servicio.
En materia de hacinamiento, definido como una situación en la cual duermen tres o más personas por habitación, Venezuela presenta un índice de 24,17% de las viviendas en esas condiciones, superada por Bolivia (49,42%), Perú (43,28%) y Ecuador (37,38%). Países en mejores condiciones que Venezuela en esta materia son Brasil, Chile, Colombia y México. Otro aspecto relacionado con la vivienda en la cual la situación de Venezuela aparece como buena en comparación con los otros países de la región es en lo relativo al porcentaje de hogares sin acceso a electricidad.
En ese aspecto sólo el 1.37% de los hogares venezolanos carece de ese servicio, situación que solamente es mejor en México y en Chile. Bolivia, en cambio presenta una situación en que el 31,71% de los hogares carece de electricidad, porcentaje que baja a 18.84% en Perú, a 4.40% en Ecuador, a 2.89% en Colombia y a 1.78% en Brasil.
La cantidad de homicidios por cada cien mil habitantes es también un aspecto que se mide en el informe, y que forma parte de la mayor o menor pobreza existente en cada país, en la medida que es un elemento constitutivo de la calidad de vida de la cual goza cada habitante.
En este ámbito, Venezuela tiene la peor situación de entre todos los 8 países analizados, pues exhibe una tasa de 52, en circunstancias que la media latinoamericana es de 22,3 y el país que tiene la tasa más baja en este campo es Perú, con una tasa de 3.2 homicidios por cada cien mil habitantes. Otro campo en el cual Venezuela aparece en la peor situación de entre los países analizados es en lo relativo a las emisiones de CO2 por habitante. Junto con México y con Chile constituyen el núcleo de los tres países más contaminantes de la región. El que menos contamina es Bolivia.
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Gobierno expropió terrenos de un complejo habitacional en Barlovento
prensadesolidaridad.blogspot.com
En la Plaza Brión de Chacaíto manifestaron en contra del Instituto Nacional de Tierras, que los despojó de un terreno destinado a la construcción de viviendas para darle un uso distinto alegando, "Somos gobierno y tenemos el poder". Habitantes de San José de Barlovento, ubicado en el municipio Andrés Bello del estado Miranda, salieron muy temprano de sus casas, con destino a la plaza Brión de Chacaito en Caracas.
La finalidad era protestar y ser escuchados por el Gobierno Nacional, a través de los medios de comunicación. Y es 134 familias temen quedar sin viviendas, luego de que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), avalados por la Vicepresidencia de la República, tomaran la decisión de expropiar los terrenos donde sería construido un complejo habitacional.
Ello ha generado malestar en la población y en la Organización Comunitaria de Vivienda OCV, Las Josefinas, quienes tomaron la decisión de salir a la calle a protestar por sus derechos. Rita Prisca, afectada, explicó que, "nos formamos como OCV Las Josefinas hace seis años, desde entonces hemos luchado, conseguimos el título del terreno, lo acondicionamos de luz y agua y ahora viene el Gobierno y nos lo expropia" Destacó que es ilegal lo que se pretende hacer. "Ellos se excusan diciendo que eran terrenos baldíos y que el vicepresidente Elías Jaua, aprobó que se utilizaran, para la construcción de una Base Agraria Socialista" Nancy González, asesora de la OCV las Josefinas, destacó que "tenemos todos los argumentos para que nos devuelvan nuestros terrenos, ellos tienen el apoyo del Gobierno, pero nosotros tenemos la zonificación, la titularidad y las solvencias de esos terrenos".
Proyecto a realizar
Los afectados explicaron que esos terrenos pertenecen a una empresa llamada Bienes Norte H-TE CA, que realizó un compromiso con la OCV hace dos años para que la utilización del terreno, sea la construcción del complejo habitacional.
La Fundación Digna Nacional para la Vivienda Social Fundinavis, es el organismo que le está tramitando el financiamiento para la construcción de las viviendas. Como lo pide el Gobierno, las tres partes estaban completas, la OCV, Fundinavis, como ente financiador y el propietario del terreno.
Protestantes aseguraron que ya está aprobado el proyecto, ahora deben conseguir el desalojo de los terrenos, si este problema no se resuelve, podrían quedar sin viviendas. Gobierno local no se pronuncia La OCV dirigió varios comunicados a la Cámara Municipal, exigiendo sean intermediarios en la situación, porque el alcalde Albaro Ramón Hidalgo no se ha pronunciado.
José Rodríguez informó que "el Concejo Municipal está a favor de la OCV, ellos fueron los que nos dieron la zonificación de esos terrenos y saben cuánto hemos luchado durante años, pero el alcalde no se pronuncia".
Destacó que después de "tanta presión", el alcalde Hidalgo firmó la paralización de la maquinaria, sin embargo aseguraron, que continúan los movimientos de tierra. "El dice que no quiere interferir en las obras del Gobierno Nacional, pero entonces, ¿quién nos defiende?". Indignados, gritaban consignas, exigiendo que el Gobierno Nacional se pronuncie y paralice las máquinas que el Inti puso a trabajar en los terrenos. González aseguró que no descansarán. "El presidente Hugo Chávez dijo que la prioridad eran las viviendas, entonces, que nos respeten nuestros terrenos".
Derecho de palabra Los manifestantes consiguieron un derecho de palabra en el Consejo Legislativo del estado Miranda, luego que el diputado regional José Báez se apersonara a la protesta. Báez destacó que "ellos tienen un derecho de palabra en el Consejo y ojala se logre conseguir lleguen sus voces a la Asamblea Nacional, me parece un atropello lo que está sucediendo en San José" Resaltó que la vivienda es lo que el Gobierno ha priorizado. "Es un abuso legal y jurídico si se produce el cambio de uso de los terrenos, no es posible que pase esto con organizaciones que son modelos a seguir, porque han luchado por sus viviendas"
Doralis Ramírez
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En la Plaza Brión de Chacaíto manifestaron en contra del Instituto Nacional de Tierras, que los despojó de un terreno destinado a la construcción de viviendas para darle un uso distinto alegando, "Somos gobierno y tenemos el poder". Habitantes de San José de Barlovento, ubicado en el municipio Andrés Bello del estado Miranda, salieron muy temprano de sus casas, con destino a la plaza Brión de Chacaito en Caracas.
La finalidad era protestar y ser escuchados por el Gobierno Nacional, a través de los medios de comunicación. Y es 134 familias temen quedar sin viviendas, luego de que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), avalados por la Vicepresidencia de la República, tomaran la decisión de expropiar los terrenos donde sería construido un complejo habitacional.
Ello ha generado malestar en la población y en la Organización Comunitaria de Vivienda OCV, Las Josefinas, quienes tomaron la decisión de salir a la calle a protestar por sus derechos. Rita Prisca, afectada, explicó que, "nos formamos como OCV Las Josefinas hace seis años, desde entonces hemos luchado, conseguimos el título del terreno, lo acondicionamos de luz y agua y ahora viene el Gobierno y nos lo expropia" Destacó que es ilegal lo que se pretende hacer. "Ellos se excusan diciendo que eran terrenos baldíos y que el vicepresidente Elías Jaua, aprobó que se utilizaran, para la construcción de una Base Agraria Socialista" Nancy González, asesora de la OCV las Josefinas, destacó que "tenemos todos los argumentos para que nos devuelvan nuestros terrenos, ellos tienen el apoyo del Gobierno, pero nosotros tenemos la zonificación, la titularidad y las solvencias de esos terrenos".
Proyecto a realizar
Los afectados explicaron que esos terrenos pertenecen a una empresa llamada Bienes Norte H-TE CA, que realizó un compromiso con la OCV hace dos años para que la utilización del terreno, sea la construcción del complejo habitacional.
La Fundación Digna Nacional para la Vivienda Social Fundinavis, es el organismo que le está tramitando el financiamiento para la construcción de las viviendas. Como lo pide el Gobierno, las tres partes estaban completas, la OCV, Fundinavis, como ente financiador y el propietario del terreno.
Protestantes aseguraron que ya está aprobado el proyecto, ahora deben conseguir el desalojo de los terrenos, si este problema no se resuelve, podrían quedar sin viviendas. Gobierno local no se pronuncia La OCV dirigió varios comunicados a la Cámara Municipal, exigiendo sean intermediarios en la situación, porque el alcalde Albaro Ramón Hidalgo no se ha pronunciado.
José Rodríguez informó que "el Concejo Municipal está a favor de la OCV, ellos fueron los que nos dieron la zonificación de esos terrenos y saben cuánto hemos luchado durante años, pero el alcalde no se pronuncia".
Destacó que después de "tanta presión", el alcalde Hidalgo firmó la paralización de la maquinaria, sin embargo aseguraron, que continúan los movimientos de tierra. "El dice que no quiere interferir en las obras del Gobierno Nacional, pero entonces, ¿quién nos defiende?". Indignados, gritaban consignas, exigiendo que el Gobierno Nacional se pronuncie y paralice las máquinas que el Inti puso a trabajar en los terrenos. González aseguró que no descansarán. "El presidente Hugo Chávez dijo que la prioridad eran las viviendas, entonces, que nos respeten nuestros terrenos".
Derecho de palabra Los manifestantes consiguieron un derecho de palabra en el Consejo Legislativo del estado Miranda, luego que el diputado regional José Báez se apersonara a la protesta. Báez destacó que "ellos tienen un derecho de palabra en el Consejo y ojala se logre conseguir lleguen sus voces a la Asamblea Nacional, me parece un atropello lo que está sucediendo en San José" Resaltó que la vivienda es lo que el Gobierno ha priorizado. "Es un abuso legal y jurídico si se produce el cambio de uso de los terrenos, no es posible que pase esto con organizaciones que son modelos a seguir, porque han luchado por sus viviendas"
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Habilitación de barrios debate congreso de expertos
Discusiones sobre las zonas populares tendrán lugar en la Facultad de Arquitectura hasta el 29 GUSTAVO BANDRES
Desde 2008, la mitad de la población del mundo es urbana, debido a la gran migración del campo a la ciudad en los últimos años; por esta razón la vivienda se ha convertido en un problema para la población, lo que ha llevado a la construcción informal.
Favelas en Brasil, pueblos jóvenes en Perú, villas miseria en Argentina y barrios en Venezuela, esa es la realidad de la mayoría de las ciudades latinoamericanas, y es una realidad que está siendo estudiada en este momento por el grupo Hábitat Popular e Inclusión Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), cuyo II Congreso Hacedores de Ciudades empezó ayer en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV.
"Buscamos trabajar toda el área concerniente a las zonas populares", expresó Teolinda Bolívar profesora y organizadora del evento. "Haremos talleres, conferencias y conversatorios para dar importancia al tema, buscar la habilitación de los barrios y dotarlos de toda la infraestructura".
La conferencia de apertura "Del hábitat a la ciudad" fue abordada por uno de los invitados internacionales, Fernando Carrión, quién habló sobre la diferencia entre hábitat y ciudad, comparando los barrios con la urbe formal, destacando que las ciudades latinoamericanas excluyen a los ranchos.
"Producir ciudad es producir espacio público, en los barrios no hay ciudad porque no se produce espacio público", comentó Carrión, quién significó la importancia de esta reunión, a fin de poder reconocer el problema y plantear políticas de incorporación de este enorme conglomerado de población a la ciudad formal".
El congreso tendrá lugar hasta el día viernes 29, con un acto de clausura donde los invitados serán llevados al Barrio Julián Blanco para hablar con sus habitantes.
El Universal
28-07-2011
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Desde 2008, la mitad de la población del mundo es urbana, debido a la gran migración del campo a la ciudad en los últimos años; por esta razón la vivienda se ha convertido en un problema para la población, lo que ha llevado a la construcción informal.
Favelas en Brasil, pueblos jóvenes en Perú, villas miseria en Argentina y barrios en Venezuela, esa es la realidad de la mayoría de las ciudades latinoamericanas, y es una realidad que está siendo estudiada en este momento por el grupo Hábitat Popular e Inclusión Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), cuyo II Congreso Hacedores de Ciudades empezó ayer en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV.
"Buscamos trabajar toda el área concerniente a las zonas populares", expresó Teolinda Bolívar profesora y organizadora del evento. "Haremos talleres, conferencias y conversatorios para dar importancia al tema, buscar la habilitación de los barrios y dotarlos de toda la infraestructura".
La conferencia de apertura "Del hábitat a la ciudad" fue abordada por uno de los invitados internacionales, Fernando Carrión, quién habló sobre la diferencia entre hábitat y ciudad, comparando los barrios con la urbe formal, destacando que las ciudades latinoamericanas excluyen a los ranchos.
"Producir ciudad es producir espacio público, en los barrios no hay ciudad porque no se produce espacio público", comentó Carrión, quién significó la importancia de esta reunión, a fin de poder reconocer el problema y plantear políticas de incorporación de este enorme conglomerado de población a la ciudad formal".
El congreso tendrá lugar hasta el día viernes 29, con un acto de clausura donde los invitados serán llevados al Barrio Julián Blanco para hablar con sus habitantes.
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Proyecto de Ley de Arrendamientos prevé eliminar la garantía de depósitos
El Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, Diosdado Cabello, reveló este miércoles que el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas prevé eliminar la garantía de depósitos para quienes deseen alquilar.
“Nosotros hemos considerado que no es justo para nada (…), porque no hay una garantía que exija a los dueños de apartamentos de que no se vaya la luz, el agua, que no se dañen los ascensores. Esa garantía no existe, y estamos tratando de aplicar la justicia”, dijo entrevistado por la televisora estatal.
Cabello añadió además que los depósitos no son devueltos en la mayoría de las ocasiones, y que los dueños de viviendas suelen exigir hasta un año de depósitos.
El proyecto es discutido por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, y más temprano fue aprobado el artículo 46, que coloca un plazo mínimo de tres años para los contratos de arrendamiento.
También establece la posibilidad preferencial de renovar el contrato para el arrendatario. Además, el inquilino puede manifestar su voluntad de no continuar el contrato antes del lapso, sin perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes.
Cabello resaltó durante la discusión que el objetivo de la ley es poner orden en el sector y recordó que incluso países como España tienen cinco años como tiempo mínimo de duración del contrato.
Este proyecto de Ley fue presentado en marzo por el movimiento de pobladores, una red que agrupa a diferentes organizaciones, incluyendo los inquilinos, que luchan por el derecho a la vivienda. Es la primera normativa por iniciativa del pueblo legislador.
Noticias24
27-07-2011
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Cabello añadió además que los depósitos no son devueltos en la mayoría de las ocasiones, y que los dueños de viviendas suelen exigir hasta un año de depósitos.
El proyecto es discutido por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, y más temprano fue aprobado el artículo 46, que coloca un plazo mínimo de tres años para los contratos de arrendamiento.
También establece la posibilidad preferencial de renovar el contrato para el arrendatario. Además, el inquilino puede manifestar su voluntad de no continuar el contrato antes del lapso, sin perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes.
Cabello resaltó durante la discusión que el objetivo de la ley es poner orden en el sector y recordó que incluso países como España tienen cinco años como tiempo mínimo de duración del contrato.
Este proyecto de Ley fue presentado en marzo por el movimiento de pobladores, una red que agrupa a diferentes organizaciones, incluyendo los inquilinos, que luchan por el derecho a la vivienda. Es la primera normativa por iniciativa del pueblo legislador.
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