Por: Norma Josefina Morán Ortíz
En fecha, 28 de enero de 2013, me entrevisté con una abogada, que se identifico como MARISOL FERMIN, en la Asesoría Legal del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, en Barcelona, Estado Anzoátegui, quien, a regañadientes e interesada en marcharse, me informó que en dicha oficina se encuentran, solo dos (2) funcionarias, para dar asesoría legal en materia inquilinaria. Asesoría que no prestan porque no están autorizadas para ello. Señaló:
Que en el Estado no funciona ninguna oficina o Dirección Regional de Inquilinato, ni existe Superintendencia Regional de la Vivienda.
Que no hay lugar a donde puedan dirigirse ni los ARRENDADORES ni LOS ARRENDATARIOS o Inquilinos, para canalizar sus problemas contractuales en materia de arrendamientos inmobiliarios de viviendas.
Que desde el año pasado están esperando lineamientos de la Superintendencia Nacional de la Vivienda ubicada en Caracas.
Que sólo reciben denuncias, las cuales almacenan, esperando lineamientos de Caracas.
Recientemente (Domingo 13 de enero de 2013) en mi comunidad, se presenció, cómo la propietaria de un inmueble (casa) ingresó acompañada de un grupo de cinco (5) personas más, entre hombres y mujeres e invadieron y violaron el domicilio de sus INQUILINOS, conformado por un señor de aproximadamente 70 años, su esposa y dos menores de edad, entre 16 y 10 años de edad aproximadamente. Procedieron a sacar desde las habitaciones, una gran cantidad de bienes y enseres de estos y a introducir en la vivienda una mudanza de bienes propiedad de la ARRENDADORA. Esto causó alarma en la comunidad. Llegó la policía municipal y regional, varios abogados y funcionarios de todo tipo. Y NINGUNO PUDO IMPEDIR EL DESALOJO. NADA SE HIZO, ni siquiera se siguió el procedimiento por violación de domicilio. La INQUILINA pasó una semana de viacrucis buscando ayuda y protección. Y NO ENCONTRO ORGANISMO ALGUNO QUE LA PROTEGIERA, ni regional ni municipal, ni nacional. LA FISCALÍA NI SIQUIERA SE MOVIO A PEDIR LA INVESTIGACIÓN DEL ASUNTO.
Mientras, los invasores, atacaron por todos los medios a la familia afectada, impidiéndoles incluso usar los baños de la vivienda, preparar comida, moviendo y alterando sus bienes muebles y enseres en general. Los cuartos fueron totalmente desordenados. El pobre anciano, debía ser atendido constantemente por los vecinos, por problemas de tención. El niño perdió su escuela. Al no haber conseguido protección, la señora optó en aras de la salud de su grupo familiar, buscar la ayuda de una de sus hermanas, domiciliada en Maturín, y proceder a mudarse a esa ciudad a vivir arrimada, donde deja a su esposo anciano y a su menor hijo, mientras ella, habita una habitación con su hija, en Barcelona, donde laboran.
Posteriormente me enteré que estos inquilinos o arrendatarios, llevaban más de un (1) año sin pagar el canon de arrendamiento, quienes aseguraron que ello era porque la arrendadora había eliminado a la Inmobiliaria a través de la cual se cancelaban los arrendamientos y posteriormente había cerrado la cuenta bancaria por medio de la cual se depositaban. Y que les había pedido que desocuparan y que no le pagaran nada para poder utilizar la suma en los gastos de transporte y mudanza a otra vivienda, la cual nunca habían podido conseguir, porque nadie quería arrendar.
Expulsados así los inquilinos, la arrendadora introdujo a otros, quienes supuestamente son familiares de la misma.
El asunto es: ¿Hasta cuándo se va a mantener a este Estado en esa situación?
¿Hasta cuándo van a estar los inquilinos sufriendo esos acosos? Sobre todo porque, ya no pueden consignar los montos correspondientes por pensión de arrendamiento en los Tribunales, desde el año pasado, ya que estos, según la Ley, solo pueden ser consignados ante la Superintendencia de la Vivienda (la cual no existe)
Pero por otro lado ¿hasta cuando estarán los arrendadores sometidos a los antojos y oportunismos de los inquilinos?
Creo que mientras esta situación permanezca, no habrá justicia para nadie.
Estoy convencida que la materia inquilinaria debe ser tomada como un hecho social, y no mercantilista, como lo ha pretendido hacer la gran mayoría de las personas propietarias de inmuebles, los cuales arriendan para mantenerse así mismos y a su familia. También estoy convencida de que los montos de los cánones de arrendamiento tienen que ser regulados, para impedir los atropellos de los propietarios, cuando pretenden cobrar sumas indecentemente exageradas. Y estoy convencida de que debemos llegar a un momento en que todos tengan sus viviendas en propiedad y se acabe definitivamente esta situación.
Pero parece que hay ciertas personas interesadas no se en qué, o quizás si: sabotear al gobierno desde el gobierno, y ya sabemos que el propósito de nuestra revolución es buscar justicia social.
Vamos a ver quien le pone el cascabel al gato.
Por eso cuando gritamos: “No volverán” siempre me digo: ¿Cómo? Si nunca se fueron.
Norma J. Morán Ortíz
*Abogada socialista, antiimperialista y sobre todo chavista.
normajmorano@gmail.com
Aporrea
15-08-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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