Protestarán contra expropiaciones

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Táchira, Luis Hernández, señaló que durante la celebración de la Exposición Agropecuaria en la Feria de San Sebastián, los productores protestarán mientras se realizan las labores de ordeño de los animales. Indicó que en la feria de 2011 quedaron vacíos los espacios de las vaqueras, que por muchos años habían participado en este evento agropecuario y que por medidas de intervención y expropiación del Gobierno no pudieron asistir. "Aquí tenemos el problema de la inseguridad jurídica expresada a través de la política de robo de tierras, de confiscación, que ha generado más de 4 millones de hectáreas expropiadas en el país. La producción nacional no se ha incrementado como dicen las cifras oficiales sino que ha disminuido. El tamaño del rebaño nacional no es de 14 millones como dicen las cifras oficiales sino de 11 millones, como lo reportan las cifras de la campaña antiaftosa", afirmó. Evaluarán precios. Hernández añadió que en los próximos días el comité ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos se reunirá para revisar los problemas del sector y luego celebrará un directorio ampliado de la federación al que asistirán representantes de las ganaderías expositoras en la feria así como de las diferentes asociaciones agropecuarias del país. "Se hará una exposición sobre el precio de la leche. Hemos actualizado las variables y los insumos que intervienen en la elaboración de un precio de la lecha para poder decirle al Gobierno, desde San Cristóbal, que insistimos en que el precio está en niveles que lo que producen es pérdidas a los productores", dijo Hernández. "Es un acto de heroísmo tener estos niveles de producción y al mismo tiempo es una manifestación para el Gobierno de la voluntad de los ganaderos venezolanos. A pesar de las erráticas políticas, los ganaderos seguimos produciendo y en la lucha", dijo Hernández sobre las ganaderías que participan en la Feria Exposición Agropecuaria. ELEONORA DELGADO SAN CRISTÓBAL

El Nacional
25-01-2012

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Familias refugiadas en Puerto La Cruz piden celeridad en entrega de viviendas

Varias familias albergadas en nueve refugios ubicados en el municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui, realizaron una protesta ayer para exigir celeridad en la edificación y entrega de viviendas. La manifestación tuvo lugar en la avenida municipal de Puerto La Cruz, a la altura de la Redoma de Guaraguao. Esteban Martínez, uno de los ciudadanos que quedó damnificado por las lluvias de noviembre de 2010, indicó que el Órgano Superior de la Vivienda y Hábitat prometió una casa digna a cada familia afectada, "pero hasta ahora todo ha quedado en palabras". "Nosotros no queremos alborotar el país, solo queremos un techo propio para dejar los refugios", afirmó Martínez. Puntualizó que desean sus viviendas en la zona norte del estado Anzoátegui y no en otras poblaciones: "Nos quieren mudar para el municipio Anaco, pero de ninguna manera nos iremos para allá. Nosotros tenemos nuestra vida aquí en Puerto La Cruz, nuestros puestos de empleo, y no queremos irnos a otra ciudad a pasar trabajo con nuestros hijos". Detalló que tienen un año y dos meses esperando por sus viviendas, y hasta la fecha la única respuesta ha sido la reubicación en Anaco: "Las 73 familias refugiadas podemos seguir esperando un tiempo más en los refugios. Sin embargo queremos conocer los planes habitacionales con los que se nos piensa dar respuesta. Confiamos en el Gobierno Nacional". CONDICIONES PRECARIAS Yenny Machado, otra de las refugiadas, aseguró que la mayoría de los albergues ubicados en Puerto La Cruz no están en óptimas condiciones, y esto ha ocasionado que muchas niñas y niños presenten enfermedades respiratorias: "Al principio la atención era de primera, pero en los últimos meses todo decayó. Hay insalubridad", dijo. También expresó que representantes de las 73 familias refugiadas han viajado tres veces a Caracas a exponer sus demandas: "Nosotros creemos plenamente en las políticas revolucionarias del Comandante. Sin embargo, no hemos podido hablar con él. Nos gustaría que él mismo nos ayude con esto". POSIBLES SOLUCIONES José Tache, también refugiado de Puerto La Cruz, informó que en el municipio Sotillo hay varios edificios vacíos, pertenecientes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), donde se podría reubicar a gran parte de las familias refugiadas: "Esos espacios también servirían para impulsar la Gran Misión Vivienda Venezuela". "Si el presidente Hugo Chávez lo autoriza, el Órgano Superior de la Vivienda tendría la potestad para reubicarnos en estos edificios que están prácticamente abandonados. Inclusive, estas grandes estructuras podrían satisfacer, en parte, la demanda habitacional que existe actualmente en Anzoátegui. Dios quiera que nuestro Comandante nos escuche", indicó. Tache expresó que otra solución está en manos de la alcaldía de Puerto La Cruz: asumir la construcción de un conjunto residencial en el sector Country Club: "La Cámara Municipal de Sotillo aprobó estos terrenos durante 2011. Sin embargo hoy es fecha en que allí no se ha colocado un solo bloque. ¿Qué esperan para arrancar el proyecto?". RESPUESTA INMEDIATA El general Alejandro Keleris Bucarito, jefe del Comando Regional Nº 7 (CORE 7), acudió al lugar para atender a las familias refugiadas. "Tuvimos una mesa de trabajo en la sede del CORE 7 y allí me comprometí a propiciar un encuentro con el Órgano Superior de la Vivienda y Hábitat", puntualizó.

Correo del Orinoco
25-01-2012

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Esperan por viviendas hace más de 20 años

En el refugio Bazar Caracas, en la avenida Sucre de Catia, son pacientes. Las personas alojadas en ese antiguo comercio tienen 22 años aguardando por viviendas. "Somos 44 familias sin hogar. Los más antiguos provienen de los derrumbes de Roca Tarpeya en 1989, otros están en el lugar debido a la tormenta Bret registrada en 1993 y algunos se incorporaron después. Remodelamos el sitio mientras esperamos por una casa", dijo Zuly Mora. Los anhelados apartamentos se construyen a la vista de los vecinos de Bazar Caracas. En antiguos terrenos de la Cantv, al lado de la comunidad, levantan dos torres desde 2010. "Tenemos esperanzas. Hemos enviado cartas a varios organismos, pues queremos dejar claro que somos damnificados y no invasores", señaló Mora. El Ministerio de Vivienda y Hábitat está a cargo de la construcción. Aunque prometieron concluir las obras el 22 de diciembre de 2011, la estructura parece una bandera a media asta. Riesgo. Douglas Alviárez, aloja− do en Bazar Caracas, está obligado a ver desde su casa el movimiento diario de los trenes en la estación del Metro Agua Salud. "Es una vista bonita, pero eso cambia cuando se mira debajo de las viviendas. El terreno que sostiene nuestras casas está socavado y ha cedido. Una persona puede entrar con facilidad en los huecos que se han formado. Las aguas negras son el problema", dijo. Una docena de viviendas de esa comunidad colinda con las vías del subterráneo. El lugar, originalmente, contaba con escaleras que permitían descender a las adyacencias de las vías del Metro; sin embargo, funcionarios del sistema de transporte decidieron eliminarlas y los vecinos del Bazar Caracas deben chequear ahora la magnitud del hundimiento desde la estación Agua Salud. "Esperamos por los apartamentos. Somos damnificados de Macayapa desde 1992. Necesitamos ayuda urgente", exhortó Alviárez. Las filtraciones también representan una amenaza en Bazar Caracas. Los techos, escaleras y paredes están deteriorados por la penetración de las aguas. MAOLIS CASTRO

El Nacional
25-01-2012

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"Los inquilinos no estaban desprotegidos con la ley de 1999"

La abogada Cora Farías asegura que la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999 acabó con la arbitrariedad que caracterizó las relaciones de inquilinato durante décadas y armonizó los intereses de ambas partes. "Basta con ver las estadísticas de los tribunales, los casos resueltos, muchos positivamente porque las partes se sentaron y llegaron a un acuerdo", señala. Advierte que la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, promulgada el 12 de noviembre de 2011, tendrá el efecto contrario. "Los actos de efectos generales tienen que ser completamente equilibrados porque se aplican a toda la población. Aquí la desigualdad es la regla y la igualdad es la excepción", afirma. Espera que la actuación de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas y los tribunales restituyan el equilibrio necesario. "Esta es una ley que sólo sirve al arrendatario. Conozco inquilinos, no en barrios sino en urbanizaciones de clase media del este de Caracas, que me han dicho que no piensan pagar más porque nadie los sacará del inmueble". −−¿Cuál es la situación del mercado de alquiler? −−Desde que se promulgó la ley evidentemente se contrajo el mercado. Porque ante una normativa que rescata legislaciones anacrónicas ­como las de 1947, 1960 y 1972­ la gran mayoría de los inmuebles susceptibles de ser arrendados ya no lo será. Los arrendadores se abstendrán de cederlos en alquiler porque no tienen la certeza, no la hay, de recuperar la posesión del bien. −−¿Por qué será tan difícil recuperar una vivienda arrendada? −−En principio hay un procedimiento en la superintendencia que no comienza mientras el inquilino no asista o no tenga un abogado de confianza. Este procedimiento, que demorará por lo menos un año, genera un acto administrativo recurrible en nulidad. Luego hay que esperar seis meses (lapso de caducidad) para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, que tiene dos instancias que pueden tardar un año cada una. Con esa sentencia en mano se debe introducir una demanda inquilinaria en la jurisdicción civil ordinaria, que también tiene dos instancias y que puede ser recurrida en casación, cuya resolución puede demorar hasta tres años y medio. −−¿El proceso durará siete años? −−Aproximadamente. Pero lo peor es que, después de agotar todas esas instancias, el propietario debe volver a la superintendencia y pedirle que le consiga al inquilino un refugio temporal o una vivienda digna. Eso se traduce en la respuesta que di al inicio. ¿Cómo no va a contraerse el mercado de alquiler en estas condiciones? −−¿Qué pasa con quienes ya tienen un inmueble arrendado? −−No tienen otra opción que cumplir con la ley, inscribirse en el registro y adaptar los contratos a los nuevos parámetros. Creo que lo harán, no porque estén de acuerdo, sino para evitar las multas. Esta ley no sanciona al inquilino jamás, sólo al propietario. A la segunda vez le duplican la multa y a la tercera le expropian el inmueble. Lo que hizo el Estado fue trasladar su obligación de proporcionar viviendas a los dueños de inmuebles alquilados. −−Hay propietarios que alquilan a personas de confianza y prefieren no registrarse. ¿Qué opina al respecto? −−El riesgo es que el día en que haya un roce, el inquilino lo denunciará en la superintendencia y el propietario tendrá que enfrentar las sanciones. La opción es registrarse porque la parte más vulnerable es el arrendador. −−Aunque implique que le regulen el canon y le impidan aumentarlo. −−Los cánones de alquiler están congelados desde el 30 de noviembre de 2002 por una resolución conjunta del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Infraestructura. Es decir que si el arrendador cobraba 500 bolívares en ese momento, tiene que seguir cobrando lo mismo hoy en día, así deba pagar 3.000 bolívares de condominio. −−¿Los inmuebles con cánones congelados no son los construidos antes de 1987? −−La congelación de alquileres es para todos los inmuebles residenciales, incluidos los que estaban exentos de regulación según la ley de 1999. Lo que pasa es que hay propietarios que lo han evadido, ya sea porque desconocen la norma o porque consideran que es injusto seguir cobrando lo mismo. −−¿Hubo incumplimiento por parte de los propietarios? −−Hay arrendadores buenos y malos. Lo que creo es que quizás una serie de desmanes que se produjeron dieron lugar a que la situación se moviera en la forma como lo ha hecho, que no ha sido la mejor. Porque la nueva legislación lo que hace es crear una gran desigualdad y violar principios constitucionales. La ley tenía que ser más equilibrada, como lo era la de 1999. −−¿Si esa ley era tan equilibrada, por qué las redes de inquilinos tienen tantos reclamos? −−La legislación de 1999 fue producto de todos los problemas que generaron las normas previas. Desde la fijación de cláusulas leoninas por parte de los arrendadores hasta los traspasos ilegales hechos por los inquilinos. Y creó figuras como la prórroga legal, que garantizaba un lapso posterior al vencimiento del contrato para entregar el inmueble, y muchas de las cosas que se presentan como novedades de la nueva ley. Claro que era perfectible. Se podía modificar para incorporar, por ejemplo, los juicios orales. −−¿Los inquilinos estaban desprotegidos? −−Los inquilinos no estaban desprotegidos con la ley de 1999. Claro que hubo arrendadores que cometieron abusos. Pero el Estado venezolano, a través de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, se involucraba cada vez que ocurría una situación irregular. Me consta que cualquier arrendatario podía denunciar y era atendido. −−¿Por qué criticaron tanto la ley? −−Quizás porque comenzaron a proliferar las medidas cautelares de secuestro, que están previstas en el artículo 599 del Código Civil para los casos de falta de pago, mejoras no autorizadas y deterioro del inmueble. Pero nunca se decretó una medida que no cumpliera con esas condiciones. Y obtenerla no significaba ganar el juicio. Yo puedo decir, como abogada litigante que ejecutó muchas medidas de secuestro, que más de una vez el arrendatario logró seguir en el inmueble porque lo único que el propietario quería era que pagara. −−¿Qué se puede rescatar de la norma vigente? ­Muy poco. Porque es una ley que vino a crear un choque entre las partes en lugar de distender la relación. Creo que lo único bueno es que, como es una ley nueva, la jurisprudencia de los tribunales podrá mejorarla poco a poco. −−¿Y si eso no pasa? −−Nadie podrá volver a arrendar un inmueble. El alquiler como alternativa de vida del venezolano desaparecerá. Porque la ley, como está concebida, no tendrá los efectos positivos que se esperaban cuando se comenzó a discutir la reforma. Me apena muchísimo que, después de tanto tiempo, tenga que ver una ley que no protege los derechos de ambas partes. ALEJANDRO HINDS AHINDS@EL­NACIONAL.COM

El Nacional
25-01-2012

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Refugiados cerraron vía en Anzoátegui para pedir casas

73 familias que viven en refugios se apostaron ayer desde las 7:00 am en la redoma Guaraguao de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, para exigir la asignación de viviendas. La protesta generó el colapso de las principales avenidas del municipio Sotillo y afectó el paso de vehículos hacia y desde el municipio Guanta y el estado Sucre. Luego de más de tres horas de tranca, Alejandro Keleris, jefe del CORE 7 de la Guardia Nacional, logró que los damnificados se dirigieran al comando para reunirse con representantes de los organismos de vivienda. A los afectados se les adjudicó un terreno en la avenida Universidad de Puerto La Cruz, pero no se han realizado los trabajos de construcción, dijo José Figuera, quien vive en uno de los 9 refugios que hay en la entidad. Afirman que tienen 14 meses esperando por sus casas. En nómina. Trabajadores tercerizados de Corpoelec protestaron ayer en Valencia, estado Carabobo, frente a la sede de la empresa en la avenida Cedeño. Durante dos horas cerraron un canal de la vía para pedir ser incluidos en la nómina fija de la estatal eléctrica. Freddy González, vocero de los manifestantes, dijo que los empleados presentes habían constituido la cooperativa FW Servicios y Mantenimiento Técnico para trabajar directamente con Corpoelec, pues las contratistas los estaban explotando. Pero luego de un mes de fundar la cooperativa aún no los incluyen en nómina.
EQUIPO DE CORRESPONSALES

El Nacional
25-01-2012

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Otorgan viviendas cuyas obras llevaban años paralizadas

NADESKA NORIEGA ÁVILA
La Guaira.- 72 apartamentos pertenecientes al complejo Iberia, desarrollado durante el gobierno regional de Antonio Rodríguez San Juan, fueron entregados tras ser culminados con recursos de la Misión Vivienda Venezuela.

La entrega fue realizada por el Instituto de la Vivienda de Vargas (Ivivar) y el Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Los apartamentos son estructuras de aproximadamente 73 metros cuadrados, cuya construcción tenía cuatro años de paralización y a la espera de recursos.

"Son unos 300 varguenses, aglomerados en estas 72 familias las que hoy reciben un techo", indicó la primera dama de la entidad, María del Valle de García, quien representó al gobernador Jorge García Carneiro en el acto de adjudicación y entrega de llaves.

Recalcó García que las soluciones habitacionales fueron dotadas de mobiliario y línea blanca. Los beneficiarios son en su mayoría damnificados que se encontraban en el refugio de la sede de Protección Civil Regional, ubicado en el mismo sector Iberia.

Este es el tercer desarrollo habitacional de Vargas que se encontraba paralizado y que es concluido en el marco de la Misión Vivienda Venezuela, igual que Solidaridad Litoral y Playa Grande, que tienen varios años de retraso.

El Universal
24-01-2012

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Este mes vence plazo para solvencia del Fondo de Ahorro para la Vivienda

El presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), Mario Isea, dijo que este mes vence el plazo para que todas las empresas tanto públicas como privadas se pongan al día con el Fondo de Ahorro para la Vivienda. “Ya ninguna empresa (…) se puede hacer la loca porque los podemos multar con 200 Unidades Tributarias”, advirtió.

Recordó que lo que se llamaba Ley de Política Habitacional ahora es el Fondo de Ahorro para la Vivienda, uno que es obligatorio donde se afilian todos los trabajadores que están en nómina, pero también pueden afiliarse como voluntarios los trabajadores independientes como taxistas, plomeros, entre otros.

Explicó que si se le retiene a un trabajador de su salario o hay un aporte voluntario esto pasa a formar parte de una cuenta de ahorro individual. “Cuando el trabajador se jubila se le regresa el dinero y también puede aplicarlo a vivienda”, dijo.

En entrevista, indicó que entre otras ventajas de estar al día con el fondo es que tiene un programa de autoconstrucción, con préstamos de hasta 202 mil 500 Bs.; para los que quieren ampliar en la casa se le pueden prestar hasta 135 mil Bs.; y para quienes quieren hacer mejoras se le pueden prestar hasta 80 mil Bs., “a una tasa mínima y a un plazo considerablemente largo”.

Informó que al momento que una persona requiera activar esos derechos se debe realizar a través de cualquier entidad bancaria pública o privada. “Los bancos están obligados porque tienen en su cartera hipotecaria obligatoria una gaveta destinada a ese rubro”, aseguró.

Unión Radio
23-01-2012

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