Un total de diez inmuebles que sirven de residencias en San José de Guanipa han sido inspeccionados por fiscales del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) de esa localidad.
El director del ente fiscalizador en Guanipa, Nehomar Urbaneja, dijo que la inspección arrojó como resultado que se detectara que en estos lugares funcionan comercios como ciber y ventas de comida, que no están legalmente registrados en la dirección de Hacienda Municipal.
“Una vez inspeccionados estos lugares se les exhortó a los propietarios a ponerse a derecho con el ente recaudador municipal, a fin de corregir las irregularidades”.
Urbaneja recordó que las inspecciones están fundamentadas en el artículo 3 de la Ley de Arrendamiento vigente, la cual contempla que el instituto tiene facultad para revisar las condiciones y estado de estos lugares de habitación.
El funcionario dijo que seguirán evaluando otras residencias, con el objeto de verificar que se cumpla con la normativa vigente.
Asimismo recordó a los propietarios de aquellas ya visitadas, a ponerse al día con lo recomendado, de lo contrario corren el riesgo de ser sancionados con multas de tipo pecuniaria
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01-09-2011
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viernes, 2 de septiembre de 2011
Cámara de Construcción del Zulia: Ley de Arrendamiento sacará del juego a constructores privados
Presidente de la Cámara de Construcción del Zulia, Ingeniero Dietrich Truchsess Foto: Stevens Novsak
El presidente de la Cámara de Construcción del Zulia, ingeniero Dietrich Truchsess, ofreció una rueda de prensa en horas de la mañana, en la sede del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ) en la que afirmó que el artículo del proyecto de Ley de Arrendamiento que prevé destinar el 25% de las casas construidas por la empresa privada a los alquileres, hace insostenible la edificación de nuevas viviendas pues deja sin ninguna utilidad a los constructores.
Truchsess manifestó que de aprobarse esta nueva ley no habrá constructores privados que quieran invertir en el sector primario pues las utilidades serán reducidas a márgenes que no son viables para los empresarios.
“No estamos de acuerdo con la especulación, creo que se puede llegar a un acuerdo para establecer otro margen en el que ganen todos; pero que el 25% de las viviendas sean destinadas para el alquiler es una medida inconsulta que el Gobierno está tomando unilateralmente”, aclaró el ingeniero.
El constructor exhortó a la Asamblea Nacional para que revise la ley antes de aprobarla y consulte con el sector privado para que se establezcan parámetros que permitan incentivar la construcción de viviendas.
Asimismo, Truchsess reiteró que la Cámara de Construcción está a la orden de la Gran Misión Vivienda Venezuela y del Gobierno nacional para ayudarlo a cumplir con la ambiciosa meta planteada de entregar dos millones de viviendas antes de 2012; no obstante, lamentó que no hayan recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo.
“Si se saca del juego a los privados, se hará cuesta arriba cumplir con las metas planteadas”, subrayó el presidente de la Cámara, quien aseguró que el gremio que representa cumplirá a cabalidad con las leyes que se aprueben en poder legislativo, pero advirtió sobre los riesgos de promulgar leyes sin la consulta del sector empresarial: “Estamos dispuestos a conversar, pero no nos han llamado, la idea es sumar y no restar”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros, Alonso Gutiérrez, consideró que ninguna persona invierte para perder, y explicó que al tener que dar el 25% de las viviendas para alquiler, los constructores no solo no ganarían, sino que estarían perdiendo al punto de ni siquiera recuperar el monto de inversión inicial.
Abraham Corona
noticiaaldia.com
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Truchsess manifestó que de aprobarse esta nueva ley no habrá constructores privados que quieran invertir en el sector primario pues las utilidades serán reducidas a márgenes que no son viables para los empresarios.
“No estamos de acuerdo con la especulación, creo que se puede llegar a un acuerdo para establecer otro margen en el que ganen todos; pero que el 25% de las viviendas sean destinadas para el alquiler es una medida inconsulta que el Gobierno está tomando unilateralmente”, aclaró el ingeniero.
El constructor exhortó a la Asamblea Nacional para que revise la ley antes de aprobarla y consulte con el sector privado para que se establezcan parámetros que permitan incentivar la construcción de viviendas.
Asimismo, Truchsess reiteró que la Cámara de Construcción está a la orden de la Gran Misión Vivienda Venezuela y del Gobierno nacional para ayudarlo a cumplir con la ambiciosa meta planteada de entregar dos millones de viviendas antes de 2012; no obstante, lamentó que no hayan recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo.
“Si se saca del juego a los privados, se hará cuesta arriba cumplir con las metas planteadas”, subrayó el presidente de la Cámara, quien aseguró que el gremio que representa cumplirá a cabalidad con las leyes que se aprueben en poder legislativo, pero advirtió sobre los riesgos de promulgar leyes sin la consulta del sector empresarial: “Estamos dispuestos a conversar, pero no nos han llamado, la idea es sumar y no restar”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros, Alonso Gutiérrez, consideró que ninguna persona invierte para perder, y explicó que al tener que dar el 25% de las viviendas para alquiler, los constructores no solo no ganarían, sino que estarían perdiendo al punto de ni siquiera recuperar el monto de inversión inicial.
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Anauco: Hay tiempo de corregir la Ley de Arrendamiento
Roberto León Parili
Todavía no es ley, pero la normativa que regulará el negocio del arrendamiento sigue generando polémicas, sobre todo entre los propietarios. Para la Alianza Nacional Usuarios de Consumidores preocupa que se debilite aún más la oferta de viviendas para alquilar, pero cree que hay tiempo de hacer ajustes.
Roberto León Parili dijo que temas como la eliminación de los depósitos o garantías, las comisiones y el periodo mínimo para alquilar no son, en forma separada, motivo de preocupación, sino que todos ellos crean un “marco de inseguridad que trae como consecuencia el decaimiento del sector de arrendamiento”.
Reiteró que sí hacía falta una ley que regulara la actividad. “Una ley puede ser muy buena, equilibrada, que proteja al inquilino pero respetando al propietario, pero en el marco de esta ley no está siendo tomado en cuenta, por lo que lejos de hacer un favor al arrendatario, no solo el que está viviendo hoy, sino el que quiera alquilar mañana, no lo podrá hacer porque nadie va a querer” alquilar.
Explica que e el futuro será aún más difícil para una persona encontrar una vivienda para alquilar porque no avanzan las nuevas construcciones, dada la toma de algunas obras por parte del Estado, donde no se han visto avances ni negociaciones con los dueños, ni en la culminación de los proyectos.
Roberto León Parili rechaza además que el arrendador no decida con quien hacer negocio sino que “la dirección de inquilinato le va a decir a quién va a meter en el inmueble”.
“La ley vulnera los desechos constitucionales, la voluntad de las partes, porque obligan a arreglar por tres años, aunque la persona haya decidido alquilar sólo por uno porque se quiere mudar, o se quiere ir del país y vender, etc.” A ello se le sume la imposibilidad de revisar los precios en ese periodo.
Lo positivo de la ley, destaca, es que se acaben con los llamados “secuestros” o desalojos forzosos cuando aún no lo haya decidido un tribunal, y que se haya abierto un debate sobre el tema. “Todavía es posible hacer correcciones, porque todavía no es ley”.
Maryorin Méndez
Unionradio.net
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Roberto León Parili dijo que temas como la eliminación de los depósitos o garantías, las comisiones y el periodo mínimo para alquilar no son, en forma separada, motivo de preocupación, sino que todos ellos crean un “marco de inseguridad que trae como consecuencia el decaimiento del sector de arrendamiento”.
Reiteró que sí hacía falta una ley que regulara la actividad. “Una ley puede ser muy buena, equilibrada, que proteja al inquilino pero respetando al propietario, pero en el marco de esta ley no está siendo tomado en cuenta, por lo que lejos de hacer un favor al arrendatario, no solo el que está viviendo hoy, sino el que quiera alquilar mañana, no lo podrá hacer porque nadie va a querer” alquilar.
Explica que e el futuro será aún más difícil para una persona encontrar una vivienda para alquilar porque no avanzan las nuevas construcciones, dada la toma de algunas obras por parte del Estado, donde no se han visto avances ni negociaciones con los dueños, ni en la culminación de los proyectos.
Roberto León Parili rechaza además que el arrendador no decida con quien hacer negocio sino que “la dirección de inquilinato le va a decir a quién va a meter en el inmueble”.
“La ley vulnera los desechos constitucionales, la voluntad de las partes, porque obligan a arreglar por tres años, aunque la persona haya decidido alquilar sólo por uno porque se quiere mudar, o se quiere ir del país y vender, etc.” A ello se le sume la imposibilidad de revisar los precios en ese periodo.
Lo positivo de la ley, destaca, es que se acaben con los llamados “secuestros” o desalojos forzosos cuando aún no lo haya decidido un tribunal, y que se haya abierto un debate sobre el tema. “Todavía es posible hacer correcciones, porque todavía no es ley”.
Maryorin Méndez
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Esta semana esperan terminar informe de Ley de Alquileres
El diputado presentó a los inquilinos los avances del proyecto (AVN)
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que esta semana se espera terminar el informe de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios a fin de que el proyecto sea discutido en las próximos días en sesión plenaria.
El parlamentario apuntó que faltan por aprobar las sanciones, las disposiciones transitorias y la metodología del canon de arrendamiento. Sobre este último punto, expresó que en las estimaciones participarán funcionarios del Seniat y el BCV.
El diputado ayer presentó ante los inquilinos los avances de la modificación del marco legal, y apuntó en el encuentro que "el texto no afecta la propiedad privada".
El Universal
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El parlamentario apuntó que faltan por aprobar las sanciones, las disposiciones transitorias y la metodología del canon de arrendamiento. Sobre este último punto, expresó que en las estimaciones participarán funcionarios del Seniat y el BCV.
El diputado ayer presentó ante los inquilinos los avances de la modificación del marco legal, y apuntó en el encuentro que "el texto no afecta la propiedad privada".
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En Ciudad Caribia arranca la vida después del refugio
En las 28 torres que fueron entregadas el pasado sábado quedan por hacer ajustes en el servicio de agua y gas FOTOS VENANCIO ALCÁZARES
Fue el azar lo que hizo que la de María Lourdes Medina fuese una de las 17 familias que salieron del estadio Brígido Iriarte a ocupar uno de los 602 apartamentos en la Ciudad Socialista Caribia. El proyecto, prometido en 2007 por el presidente Hugo Chávez, tras cuatro años de obras recibió a los otrora damnificados de Federico Quirós, Blandín, Nueva Tacagua y del estado Vargas.
"Fue una sorpresa para nosotros. Hicieron un sorteo y nos seleccionaron", dice Medina quien ocupa un apartamento en la torre 12 y vive con sus dos hijos. "No he podido traer a mi esposo porque está enfermo".
Ainara Useche salió del Hotel Metrópoli y esta semana también recibió apartamento. Está contenta dentro del complejo, construido por el Ministerio de Vivienda y Hábitat y la empresa cubano-venezolana Alba Bolivariana, y en su casa ya instaló una bodega para vender refrescos y chucherías.
No ignora que ayer amaneció sin agua, que no tiene gas y que la lluvia se cuela por debajo de su puerta. "Poco a poco lo irán acomodando todo", dice.
Cerca de su edificio, el número 10 de un total de 28, está un parque infantil y la escuela básica; mientras que el Simoncito en el que espera inscribir a su hijo está un poco más abajo. Será el 18 de septiembre, según le dijeron, cuando arranquen las actividades escolares.
Para Mirgelis Díaz, quien salió de Sambil Candelaria y proviene de Blandín, el apartamento de 72 m2 y tres habitaciones, es "una oportunidad para vivir" con cuatro niños y su cuñada. Tampoco tiene agua ni gas, y aunque hay electricidad, en su casa ayer esperaban los bombillos.
En una esquina de su edificio se acumula la basura y la imagen se repite en todos los demás, pero Díaz no se preocupa. "Nos dijeron que la pusiéramos afuera y ellos la recogen cuando pase el aseo". No hay contenedores en los alrededores.
No ha salido desde que llegó pero no olvida que el desarrollo está ubicado a 2,4 kilómetros al oeste del viaducto N° 2 de la Autopista Caracas-La Guaira.
Si bien está proyectada la construcción de un distribuidor de acceso, en la actualidad quienes vienen de Caracas deben llegar hasta Maiquetía y retornar; mientras quienes van al Litoral deben llegar al viaducto 1 para dar la vuelta.
Para transporte público se dispusieron 11 jeeps de la ruta comunal que, por Bs. 4, llevan a los residentes hasta el metro de Gato Negro (Catia).
Los trabajos viales permitirán conectar las 20 mil viviendas que el Gobierno tiene previstas entregar en 2018, todas construidas en seis mil hectáreas de una zona, decretada en 1972, como protectora del Área Metropolitana de Caracas.
En Ciudad Caribia lo que sí dependerá exclusivamente de la gente será la convivencia ciudadana. Ayer la música de un apartamento podía escucharse en toda una torre y la Policía Nacional Bolivariana, garante del orden en la zona, solicitó en tres oportunidades a un residente que moviera su motocicleta del área peatonal. "La gente tiene que poner de su parte. Si ya tienen casas ahora cuídenlas", dijo un funcionario.
El Universal
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Fue el azar lo que hizo que la de María Lourdes Medina fuese una de las 17 familias que salieron del estadio Brígido Iriarte a ocupar uno de los 602 apartamentos en la Ciudad Socialista Caribia. El proyecto, prometido en 2007 por el presidente Hugo Chávez, tras cuatro años de obras recibió a los otrora damnificados de Federico Quirós, Blandín, Nueva Tacagua y del estado Vargas.
"Fue una sorpresa para nosotros. Hicieron un sorteo y nos seleccionaron", dice Medina quien ocupa un apartamento en la torre 12 y vive con sus dos hijos. "No he podido traer a mi esposo porque está enfermo".
Ainara Useche salió del Hotel Metrópoli y esta semana también recibió apartamento. Está contenta dentro del complejo, construido por el Ministerio de Vivienda y Hábitat y la empresa cubano-venezolana Alba Bolivariana, y en su casa ya instaló una bodega para vender refrescos y chucherías.
No ignora que ayer amaneció sin agua, que no tiene gas y que la lluvia se cuela por debajo de su puerta. "Poco a poco lo irán acomodando todo", dice.
Cerca de su edificio, el número 10 de un total de 28, está un parque infantil y la escuela básica; mientras que el Simoncito en el que espera inscribir a su hijo está un poco más abajo. Será el 18 de septiembre, según le dijeron, cuando arranquen las actividades escolares.
Para Mirgelis Díaz, quien salió de Sambil Candelaria y proviene de Blandín, el apartamento de 72 m2 y tres habitaciones, es "una oportunidad para vivir" con cuatro niños y su cuñada. Tampoco tiene agua ni gas, y aunque hay electricidad, en su casa ayer esperaban los bombillos.
En una esquina de su edificio se acumula la basura y la imagen se repite en todos los demás, pero Díaz no se preocupa. "Nos dijeron que la pusiéramos afuera y ellos la recogen cuando pase el aseo". No hay contenedores en los alrededores.
No ha salido desde que llegó pero no olvida que el desarrollo está ubicado a 2,4 kilómetros al oeste del viaducto N° 2 de la Autopista Caracas-La Guaira.
Si bien está proyectada la construcción de un distribuidor de acceso, en la actualidad quienes vienen de Caracas deben llegar hasta Maiquetía y retornar; mientras quienes van al Litoral deben llegar al viaducto 1 para dar la vuelta.
Para transporte público se dispusieron 11 jeeps de la ruta comunal que, por Bs. 4, llevan a los residentes hasta el metro de Gato Negro (Catia).
Los trabajos viales permitirán conectar las 20 mil viviendas que el Gobierno tiene previstas entregar en 2018, todas construidas en seis mil hectáreas de una zona, decretada en 1972, como protectora del Área Metropolitana de Caracas.
En Ciudad Caribia lo que sí dependerá exclusivamente de la gente será la convivencia ciudadana. Ayer la música de un apartamento podía escucharse en toda una torre y la Policía Nacional Bolivariana, garante del orden en la zona, solicitó en tres oportunidades a un residente que moviera su motocicleta del área peatonal. "La gente tiene que poner de su parte. Si ya tienen casas ahora cuídenlas", dijo un funcionario.
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Diputado Cabello: Es mentira que se viole la propiedad privada
AVN
Es mentira que se viole la propiedad privada con la Ley de Arrendamiento, sostuvo este miércoles Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cabello indicó que el proyecto de ley que actualmente desarrolla el Parlamento propone, entre otras medidas, que se cree un fondo para proteger a los inquilinos con el dinero de los depósitos que se encuentra retenido en los tribunales a la espera de que aparezcan los dueños de los inmuebles alquilados.
"Hay gente que tiene años esperando y no aparecen los dueños de los inmuebles. Hay plata que tiene 20 años allí y no se moviliza. Que ese dinero se use para los inquilinos que fueron desalojados", expresó el legislador, durante un foro que se realiza este miércoles con el Poder Popular en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, a fin de divulgar los detalles de este instrumento legal.
Cabello destacó que con esta iniciativa se busca garantizar los derechos de todas las partes involucradas, sin atropellar a nadie.
Exhortó a las organizaciones que participaron en el foro, así como a las comunidades organizadas, a difundir el contenido de esta normativa legal.
"Difundan esta ley. Aquí no hay nada escondido, está abierta por si quieren hacerle aportes", expresó.
Unionradio.net
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Es mentira que se viole la propiedad privada con la Ley de Arrendamiento, sostuvo este miércoles Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cabello indicó que el proyecto de ley que actualmente desarrolla el Parlamento propone, entre otras medidas, que se cree un fondo para proteger a los inquilinos con el dinero de los depósitos que se encuentra retenido en los tribunales a la espera de que aparezcan los dueños de los inmuebles alquilados.
"Hay gente que tiene años esperando y no aparecen los dueños de los inmuebles. Hay plata que tiene 20 años allí y no se moviliza. Que ese dinero se use para los inquilinos que fueron desalojados", expresó el legislador, durante un foro que se realiza este miércoles con el Poder Popular en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, a fin de divulgar los detalles de este instrumento legal.
Cabello destacó que con esta iniciativa se busca garantizar los derechos de todas las partes involucradas, sin atropellar a nadie.
Exhortó a las organizaciones que participaron en el foro, así como a las comunidades organizadas, a difundir el contenido de esta normativa legal.
"Difundan esta ley. Aquí no hay nada escondido, está abierta por si quieren hacerle aportes", expresó.
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Crearán fondo para proteger al inquilino y pequeño arrendador
Diosdado Cabello dijo en un foro en la Asamblea, que el fondo recibirá los pagos que hacen los inquilinos en los tribunales AVN
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional contempla incorporar nuevas disposiciones a la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y uno de los aspectos que se sumará al texto será la creación de un fondo de protección al inquilino y el pequeño arrendador.
En un foro sobre la modificación del marco legal realizado en el Parlamento, el presidente de la instancia, Diosdado Cabello, indicó que ese fondo especial se alimentará de los depósitos que han realizado los inquilinos en los tribunales y que no han sido retirados por los propietarios de los inmuebles.
"Hay recursos que tienen 15 y 20 años colocados y los dueños no los han utilizado. Esas cuentas habrá que revisarlas".
Cuando los arrendadores de los inmuebles se niegan a recibir los alquileres vencidos, los inquilinos realizan depósitos en los tribunales. Según lo evaluado por la instancia técnica que analiza la ley, la intención es que esos pagos por consignación pasen al fondo.
Cabello comentó que se dará el plazo de un año para que los dueños retiren los depósitos y de no efectuarse la medida, el dinero será transferido al nuevo fondo de protección.
Por ahora el esquema recibiría las consignaciones, aunque no se descarta que cuente con otros depósitos. El diputado apuntó que "un alcalde puede hacer aportes al fondo".
En el marco legal se indicará que ese esquema de protección se empleará para cancelar los pagos a las depositarias (aquellas que reciben los enseres de los arrendatarios).
Cuando los inquilinos son desalojados en ocasiones sus bienes son enviados a depósitos. Con las modificaciones que se están efectuando al instrumento se contemplará que los pagos que deberán efectuar los inquilinos y los pequeños arrendadores a las depositarias sean asumidos por el nuevo fondo de protección.
Diosdado Cabello aseveró que si el desalojo es por un multiarrendador, éste tendrá que realizar todos las cancelaciones ante las depositarias.
En la propuesta de ley se establece que el pequeño arrendador es aquel que tiene en alquiler hasta 2 viviendas (habitaciones o apartamentos). El multiarrendador es el que tiene rentadas más de 3 viviendas.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios apuntó que ya se han avanzado con algunos de los puntos pendientes de la ley como las causales de desalojo. Agregó que "habrá tres causales más", sin embargo, no las detalló.
El diputado indicó sobre los casos de desocupaciones que está en curso y que suman 14.000, "que por los cambios que se registran propongo que todos esos casos sean revisados".
Administradora estatal
El parlamentario aseguró que todavía se está evaluando el porcentaje de viviendas que las constructoras deberán destinar al alquiler en los nuevos desarrollos habitacionales.
"Eso está en discusión, ahora si las constructoras señalan que su negocio no es alquiler, el Gobierno puede crear administradoras y manejar esos inmuebles (...) la constructora que ponga a la orden los inmuebles, porque el Estado puede tener una administradora".
En el proyecto que fue entregado el pasado mes de marzo se indica que 25% de las viviendas nuevas tienen que ser arrendadas. Según los parlamentarios, ese porcentaje estará adecuado a los nuevos planes habitacionales.
Metodología
Respecto a la metodología de cálculo del canon de arrendamiento, que aún no se ha aprobado, el diputado expresó que "la tabla prevista en el proyecto es muy fría, le falta sustancia, por tal motivo se sigue evaluando".
La estimación de los cánones estaba a cargo de una instancia técnica y a esa comisión se incorporarán técnicos del Banco Central y el Seniat.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea espera terminar el informe de la Ley esta semana, porque la intención es llevarlo a la plenaria del Parlamento la próxima semana y así iniciar la segunda discusión.
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En un foro sobre la modificación del marco legal realizado en el Parlamento, el presidente de la instancia, Diosdado Cabello, indicó que ese fondo especial se alimentará de los depósitos que han realizado los inquilinos en los tribunales y que no han sido retirados por los propietarios de los inmuebles.
"Hay recursos que tienen 15 y 20 años colocados y los dueños no los han utilizado. Esas cuentas habrá que revisarlas".
Cuando los arrendadores de los inmuebles se niegan a recibir los alquileres vencidos, los inquilinos realizan depósitos en los tribunales. Según lo evaluado por la instancia técnica que analiza la ley, la intención es que esos pagos por consignación pasen al fondo.
Cabello comentó que se dará el plazo de un año para que los dueños retiren los depósitos y de no efectuarse la medida, el dinero será transferido al nuevo fondo de protección.
Por ahora el esquema recibiría las consignaciones, aunque no se descarta que cuente con otros depósitos. El diputado apuntó que "un alcalde puede hacer aportes al fondo".
En el marco legal se indicará que ese esquema de protección se empleará para cancelar los pagos a las depositarias (aquellas que reciben los enseres de los arrendatarios).
Cuando los inquilinos son desalojados en ocasiones sus bienes son enviados a depósitos. Con las modificaciones que se están efectuando al instrumento se contemplará que los pagos que deberán efectuar los inquilinos y los pequeños arrendadores a las depositarias sean asumidos por el nuevo fondo de protección.
Diosdado Cabello aseveró que si el desalojo es por un multiarrendador, éste tendrá que realizar todos las cancelaciones ante las depositarias.
En la propuesta de ley se establece que el pequeño arrendador es aquel que tiene en alquiler hasta 2 viviendas (habitaciones o apartamentos). El multiarrendador es el que tiene rentadas más de 3 viviendas.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios apuntó que ya se han avanzado con algunos de los puntos pendientes de la ley como las causales de desalojo. Agregó que "habrá tres causales más", sin embargo, no las detalló.
El diputado indicó sobre los casos de desocupaciones que está en curso y que suman 14.000, "que por los cambios que se registran propongo que todos esos casos sean revisados".
Administradora estatal
El parlamentario aseguró que todavía se está evaluando el porcentaje de viviendas que las constructoras deberán destinar al alquiler en los nuevos desarrollos habitacionales.
"Eso está en discusión, ahora si las constructoras señalan que su negocio no es alquiler, el Gobierno puede crear administradoras y manejar esos inmuebles (...) la constructora que ponga a la orden los inmuebles, porque el Estado puede tener una administradora".
En el proyecto que fue entregado el pasado mes de marzo se indica que 25% de las viviendas nuevas tienen que ser arrendadas. Según los parlamentarios, ese porcentaje estará adecuado a los nuevos planes habitacionales.
Metodología
Respecto a la metodología de cálculo del canon de arrendamiento, que aún no se ha aprobado, el diputado expresó que "la tabla prevista en el proyecto es muy fría, le falta sustancia, por tal motivo se sigue evaluando".
La estimación de los cánones estaba a cargo de una instancia técnica y a esa comisión se incorporarán técnicos del Banco Central y el Seniat.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea espera terminar el informe de la Ley esta semana, porque la intención es llevarlo a la plenaria del Parlamento la próxima semana y así iniciar la segunda discusión.
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Eliminarán depósito en los alquileres
(Créditos: César Palacios)
El depósito que se entrega en garantía al momento de arrendar un inmueble, será eliminado en la Ley de Arrendamientos que está reformando la AN. La idea es crear un Fondo de protección al inquilino y pequeño arrendador, y que esta fianza que se usa en caso de daños en el inmueble, sea cubierta con los recursos que este posee.
El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, quien lleva este proyecto de reforma, dijo que este Fondo se crearía con el dinero que está resguardado por los Tribunales de Consignación, en donde hay recursos que tienen 20 años sin ser reclamados por los dueños de los inmuebles.
Se estima que en los tribunales se tengan represado recursos por hasta BsF 60 mil millones, que no han sido retirados por sus dueños. El asambleísta indicó que este fondo no cubrirá gastos de los grandes arrendadores.
Sobre la obligatoriedad de las empresas constructoras a destinar, para el arrendamiento, un mínimo de 25% del total de las viviendas que construyan, Cabello recordó que la Ley ya prevé que se destine un 10%, y que se hará cumplir mientras entra en vigencia la reforma. La AN mantiene su propuesta de ampliarlo a 25%.
El asambleísta indicó que la administración de estos alquileres lo tendrá el constructor o dueño de la edificación, y que deberá hacerlo bajo las normas de la Ley, con la supervisión de la Superintendencia de inquilinato. En caso de que no desee hacerlo el dueño, puede ser administrado por la Superintendencia. Cabello señaló que esto no será estipulado en la Ley.
El texto para el debate de la reforma se presentará en los próximos días.
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01-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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El depósito que se entrega en garantía al momento de arrendar un inmueble, será eliminado en la Ley de Arrendamientos que está reformando la AN. La idea es crear un Fondo de protección al inquilino y pequeño arrendador, y que esta fianza que se usa en caso de daños en el inmueble, sea cubierta con los recursos que este posee.
El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, quien lleva este proyecto de reforma, dijo que este Fondo se crearía con el dinero que está resguardado por los Tribunales de Consignación, en donde hay recursos que tienen 20 años sin ser reclamados por los dueños de los inmuebles.
Se estima que en los tribunales se tengan represado recursos por hasta BsF 60 mil millones, que no han sido retirados por sus dueños. El asambleísta indicó que este fondo no cubrirá gastos de los grandes arrendadores.
Sobre la obligatoriedad de las empresas constructoras a destinar, para el arrendamiento, un mínimo de 25% del total de las viviendas que construyan, Cabello recordó que la Ley ya prevé que se destine un 10%, y que se hará cumplir mientras entra en vigencia la reforma. La AN mantiene su propuesta de ampliarlo a 25%.
El asambleísta indicó que la administración de estos alquileres lo tendrá el constructor o dueño de la edificación, y que deberá hacerlo bajo las normas de la Ley, con la supervisión de la Superintendencia de inquilinato. En caso de que no desee hacerlo el dueño, puede ser administrado por la Superintendencia. Cabello señaló que esto no será estipulado en la Ley.
El texto para el debate de la reforma se presentará en los próximos días.
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Asamblea pisará acelerador en debate de Ley de Alquiler
Diosdado Cabello dijo en un foro que Ley de Alquileres protege a todas las partesFoto: W. Yustis
La Ley de Arrendamientos que discute la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) contempla la creación del Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador. La nueva instancia quedará asentada en una disposición transitoria.
La fuente de recursos que dará vida al esquema financiero fue detallada por el presidente del grupo parlamentario, diputado Diosdado Cabello (Psuv), durante un foro para explicar el alcance del texto legal. En el evento confirmó lo publicado por El Tiempo: el fondo será nutrido con los pagos por consignación, es decir, los alquileres cancelados a un tribunal, cuando un propietario se niegue a recibir el dinero.
Aunque Cabello no precisó la cifra que administran los tribunales, se calcula que alrededor de Bs.F 60 millardos reposan en cuentas inmovilizadas por años, ya que los dueños o han fallecido o se niegan a retirar el alquiler depositado.
“Lo que se plantea es que se revisen las cuentas creadas para que los inquilinos paguen porque el dueño del inmueble desapareció. Hay cuentas que tienen 10 y 15 años sin tocarse y lo que se plantea es que si después de un año el dueño no aparece, esos recursos pasen al fondo”, explicó Cabello.
Aunque haya oposición al articulado, Cabello señaló que la Ley de Arrendamientos, que consta de 150 artículos, está avanzada en su aprobación, por lo que propondrá que la próxima semana sea elevada a la plenaria de la AN, de forma que se inicie la segunda y definitiva discusión.
Si bien los proyectos legales son presentados al Legislativo cuando han sido aprobados por las comisiones, Cabello dijo que 104 artículos ya pasaron el filtro, por lo que la AN puede iniciar su debate, mientras se termina de validar el resto.
Usos del fondo
La prescripción del derecho de los propietarios a retirar los alquileres depositados ante un tribunal aún no se ha aprobado en la comisión parlamentaria, pero Cabello dio por descontado que las consignaciones pasarán al fondo, el cual será manejado por la Superintendencia de Viviendas.
Al destacar que los recursos del fondo serán usados para atender necesidades de los inquilinos y de los pequeños propietarios -quienes poseen una o dos viviendas en alquiler-, Cabello agregó que también servirán para cubrir gastos por depósito de enseres cuando se produzca un desalojo.
Explicó que cuando un inquilino es obligado a desocupar un inmueble, en algunas ocasiones sus pertenencias son llevadas a una empresa depositaria. Precisó que el costo de este servicio será pagado por el fondo si es un pequeño arrendador el que logra el desalojo, pero de ser un multiarrendador -dueño de más de dos inmuebles en alquiler- éste deberá asumir el costo.
Para Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), no se podrá disponer de los recursos por consignación, porque “pertenecen a los propietarios y forman parte de un proceso judicial”.
Eltiempo.com.ve
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La Ley de Arrendamientos que discute la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) contempla la creación del Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador. La nueva instancia quedará asentada en una disposición transitoria.
La fuente de recursos que dará vida al esquema financiero fue detallada por el presidente del grupo parlamentario, diputado Diosdado Cabello (Psuv), durante un foro para explicar el alcance del texto legal. En el evento confirmó lo publicado por El Tiempo: el fondo será nutrido con los pagos por consignación, es decir, los alquileres cancelados a un tribunal, cuando un propietario se niegue a recibir el dinero.
Aunque Cabello no precisó la cifra que administran los tribunales, se calcula que alrededor de Bs.F 60 millardos reposan en cuentas inmovilizadas por años, ya que los dueños o han fallecido o se niegan a retirar el alquiler depositado.
“Lo que se plantea es que se revisen las cuentas creadas para que los inquilinos paguen porque el dueño del inmueble desapareció. Hay cuentas que tienen 10 y 15 años sin tocarse y lo que se plantea es que si después de un año el dueño no aparece, esos recursos pasen al fondo”, explicó Cabello.
Aunque haya oposición al articulado, Cabello señaló que la Ley de Arrendamientos, que consta de 150 artículos, está avanzada en su aprobación, por lo que propondrá que la próxima semana sea elevada a la plenaria de la AN, de forma que se inicie la segunda y definitiva discusión.
Si bien los proyectos legales son presentados al Legislativo cuando han sido aprobados por las comisiones, Cabello dijo que 104 artículos ya pasaron el filtro, por lo que la AN puede iniciar su debate, mientras se termina de validar el resto.
Usos del fondo
La prescripción del derecho de los propietarios a retirar los alquileres depositados ante un tribunal aún no se ha aprobado en la comisión parlamentaria, pero Cabello dio por descontado que las consignaciones pasarán al fondo, el cual será manejado por la Superintendencia de Viviendas.
Al destacar que los recursos del fondo serán usados para atender necesidades de los inquilinos y de los pequeños propietarios -quienes poseen una o dos viviendas en alquiler-, Cabello agregó que también servirán para cubrir gastos por depósito de enseres cuando se produzca un desalojo.
Explicó que cuando un inquilino es obligado a desocupar un inmueble, en algunas ocasiones sus pertenencias son llevadas a una empresa depositaria. Precisó que el costo de este servicio será pagado por el fondo si es un pequeño arrendador el que logra el desalojo, pero de ser un multiarrendador -dueño de más de dos inmuebles en alquiler- éste deberá asumir el costo.
Para Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), no se podrá disponer de los recursos por consignación, porque “pertenecen a los propietarios y forman parte de un proceso judicial”.
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