José Correia, encargado del estacionamiento Longaray, en El Valle, asegura que su propiedad está siendo invadida. Los responsables no son personas sin casa, como ha sucedido en varios puntos de Caracas en los últimos días, sino el Gobierno del Distrito Capital.
Correia sostiene que el organismo gubernamental pretende construir viviendas en el terreno, aunque no existe un decreto de expropiación que avale esa obra. No sólo se oponen los propietarios del estacionamiento, sino más de 400 vecinos que se quedarán sin sitio para estacionar los vehículos.
Para protestar por la situación, un grupo de residentes impidió el tránsito por la avenida Intercomunal de El Valle en el sector Longaray desde las 5:00 am, aproximadamente por cinco horas.
"Si dejamos el carro en la calle, amanece con los vidrios rotos o desvalijado, si es que los malandros no se lo llevan", dijo Jony Inojosa. "Este es el único estacionamiento en el sector.
No pueden construir viviendas sin pensar en nosotros", opinó Ana Velásquez.
La paciencia de los vecinos se desbordó la semana pasada, cuando una parte del estacionamiento fue cercada por funcionarios del Distrito Capital. En el lugar guardaron materiales y maquinarias de construcción, pese a la oposición de la comunidad al proyecto de viviendas.
Según Correia, desde agosto funcionarios de la Fundación Vivienda del Distrito Capital le informaron que el lugar sería utilizado para la construcción de unidades habitacionales. A finales del año pasado, la comunidad se reunió con representantes de esa institución y llegaron a acuerdos que según los vecinos fueron incumplidos.
"Nos dijeron que no tomarían el terreno hasta que revisaran nuestra propuesta, que incluye la construcción de un edificio de estacionamiento junto a las viviendas y la creación de un distribuidor para tener una entrada a El Valle. Sin embargo, días después ocuparon parte del lote arbitrariamente", explicó Johana Agüero, vecina de Longaray.
Andamiaje contra la propiedad.
El caso de Longaray no es único. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, afirmó que el derecho a la propiedad está amenazado desde tres frentes, como son las invasiones, las expropiaciones y las leyes que regulan los alquileres de viviendas.
Apiur ha recibido denuncias por invasiones en Caracas, Barquisimeto, Margarita, Maracaibo y Puerto Ordaz. Esas acciones perjudican no sólo la propiedad privada y pública, sino que también atentan contra la actividad productiva y los parques nacionales.
"En muchos casos se utiliza la necesidad de las personas con fines económicos o políticos. Sin embargo, las ocupaciones ilegales no solucionan el problema de la vivienda; por el contrario, evidencian la falta de una política coherente del Gobierno nacional en esta materia", señaló Alejandro Vivas, presidente del Cabildo Metropolitano.
Apiur indica que en 95% de los casos de expropiación los propietarios no han sido indemnizados.
Orta apuntó que cuando se decreta en Gaceta Oficial o Municipal el embargo de un inmueble, se ordena la toma inmediata de la propiedad: "Pero no existe un presupuesto previo para indemnizar a los propietarios ni una política de negociación con los dueños. La Procuraduría tampoco cumple con los procedimientos de conciliación, y deja a los dueños en un vacío legal, con la propiedad despojada y sin ningún tipo de pago; eso se traduce en confiscación".
El presidente de Apiur explicó que si el Estado no paga las expropiaciones, nunca será dueño del inmueble ni tampoco los habitantes de las viviendas que se construyan en ese terreno. "Por eso crearon la Ley de Propiedad de Vivienda, para fijar un esquema paralelo en el que entregan certificados de adjudicación de propiedad familiar o social con una prohibición previa de vender o alquilar".
Alquileres en la mira. Apiur calcula que hay entre 750.000 y 1,5 millones de propietarios afectados por la aplicación de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas y del decreto con fuerza de ley que prohíbe los desalojos arbitrarios. Refiere que hay más de 44.000 juicios relacionados con viviendas que no han podido avanzar, pues la Superintendencia de Arrendamientos de Viviendas no está en capacidad de dar respuesta a todos los actos conciliatorios necesarios para continuar con los litigios.
Raimundo Orta, coordinador nacional de Apiur, explica que la Ley de Alquileres ordena que la Superintendencia fije todos los cánones de arrendamiento.
"El organismo no cuenta con esa capacidad; en consecuencia, ningún alquiler actual es legal porque no está sometido a la regulación".
GEORGELY MORÍN EMILY AVENDAÑO
gmorin@el−nacional.com eavendano@el−nacional.com
El Nacional
01-03-2012
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Lic. Henry Medina
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