La superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda hará una revisión previa de todos los contratos de alquiler, según el artículo 21 del proyecto de ley para regularización y control de los arrendamientos, aprobado por la Asamblea Nacional en la segunda discusión de la norma.
El organismo gubernamental que se creará después de la entrada en vigencia del marco legal verificará que los contratos cumplan con los parámetros establecidos, especialmente con las condiciones del inmueble y el canon mensual.
El proyecto de ley propone un método de cálculo de los cánones que ha sido cuestionado por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Sociedad de Ingenieros de Tasación porque arrojará precios que no corresponden con la realidad.
El Parlamento también aprobó los artículos relacionados con la obligación del arrendador de inscribirse en el registro nacional de viviendas en alquiler y el derecho del arrendatario de solicitar la inclusión en este mecanismo en el caso de que el propietario del inmueble no lo haga.
Los artículos 28 y 29, relacionados con la defensa pública especial en materia inquilinaria y del derecho a la vivienda, fueron diferidos porque la Defensoría del Pueblo presentó observaciones que serán evaluadas por los diputados. También los artículos 31 y 33, sobre las condiciones del inmueble y el mantenimiento de los servicios, ante la solicitud de la oposición de diferenciar entre edificios para alquilar y en propiedad horizontal.
Más objeciones. El Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler rechazó la satanización que hace el oficialismo de los arrendadores, pues aseguró que la mayoría renta una parte o la totalidad de sus inmuebles para completar el ingreso familiar.
"Para muchas personas de la tercera edad el alquiler es su único sustento", dijo Maritza Fariñas, miembro del Comité, cuya creación fue oficializada ayer en una asamblea de propietarios e inquilinos que objetan el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional.
"El plan perverso del Gobierno es expropiar la vivienda a los propietarios ancianos para ubicarlos en geriátricos", denunció Ismael García, dirigente del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.
García agregó que estos propietarios participarán en la marcha de pensionados y jubilados que se realizará el 25 de octubre para exigir que se respete el derecho de propiedad.
Inquilinos presentes en la reunión, que solicitaron no mencionar sus nombres, manifestaron su desacuerdo con el proyecto de ley porque causará enfrentamientos violentos y despojos de propiedad por unos cuantos arrendatarios aprovechados.
Fariñas criticó la mala fe oficial al establecer un impuesto a los inmuebles vacíos para obligar a los propietarios a cederlos. Agregó que las parejas jóvenes serán las más perjudicadas por la contracción de la oferta de alquiler.
El Nacional
05-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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