La polémica no abandona la discusión de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. Este martes, cuando la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) retomó el debate de la norma, el oficialismo aprobó la incorporación de dos nuevos capítulos (residencias estudiantiles y defensoría), y la eliminación de la fórmula para determinar el precio de los inmuebles, del cual se desprenderá el alquiler. El diputado del Psuv, Elio Serrano, propuso fusionar los apartados 61 y 62 −método de cálculo para valorar los inmuebles−, y delegar en la Superintendencia de Viviendas, la fijación del precio de las unidades según los siguientes parámetros: valor de reposición (costo de construir la casa en los actuales momentos), dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica, región geográfica y "cualquier otro elemento que considere el funcionario". Para los legisladores opositores Juan Carlos Caldera (Primero Justicia) y Leomagno Flores (AD), el artículo otorga discrecionalidad a la Superintendencia para determinar los costos. "Esa redacción deja en manos del funcionario, a su real saber y entender, desechar los cinco criterios de la ley y recurrir a otros que, en su opinión, sean mejores", dijo Flores; al tiempo que el dirigente aurinegro agregó "la fórmula debe estar expresa en la ley. Pedimos que el artículo sea diferido". En esta misma línea, la independiente María Corina Machado agregó que la propuesta destruye la propiedad privada. El primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, insistió en que con el instrumento, compuesto de 142 artículos, no está en juego la propiedad privada, y la nueva redacción fue aprobada. Nuevos capítulos Previo a la discusión de los apartados 61 y 62, la AN además aprobó modificar el margen de ganancia de los alquileres (artículo 66). De ser una utilidad única de 3%, quedó entre este porcentaje y 5%, rango que retoma la propuesta inicial. La Ley vigente la establece entre 6% y 9%. También los legisladores incorporaron dos nuevos capítulos a la ley. En la sección tercera se creó el Sistema Nacional de Defensa del Derecho a la Vivienda, el cual será coordinado por la Defensa Pública de alquiler, en aras de proteger al débil jurídico, es decir, al inquilino. El diputado Leomagno Flores acusó que se crea una especie de híbrido entre la "fiscalía inmobiliaria" y una defensoría que atiende a una sola de las partes, el arrendatario, cuando la ley garantiza la igualdad. En contraparte, el pesuvista Algencio Monasterios, indicó que la Defensa Pública en materia inquilinaria ya existe, y que la ley refuerza la figura. En el texto también se incorporó un capítulo denominado "De las viviendas estudiantiles", el cual establece en su artículo 54, que los arrendadores de vivienda estudiantil deben registrarse en la Superintendencia. Quedó establecido que la duración de estos contratos deberán ser por el tiempo de estudios.
ElTiempo.com.ve
26-10-2011
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