El sector inmobiliario no ha escondido su oposición al marco legal aprobado en los últimos años, al considerar que se ha violentado el derecho a la propiedad privada, y se ha expuesto a ciudadanos y empresarios a la pérdida de su patrimonio.
Atendiendo a esta realidad, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) realizó un foro sobre los alcances y efectos de las 83 normativas (19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones) dictadas desde 2005 en el ámbito habitacional.
En el encuentro, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, denunció que una de las consecuencias del paquete legal es que actualmente existen cuatro métodos diferentes para fijar el justiprecio de los bienes expropiados.
Fórmulas en debate
Alertó que esto genera una especie de “limbo”, ya que no puede anticiparse cuál de los métodos será aplicado.
Sobre las cuatro fórmulas, detalló que el procedimiento más antiguo es el de la Ley de Expropiaciones por Utilidad Pública (artículo 36), el cual considera aspectos como el valor fiscal y de compra mayor a seis meses.
Añadió que la Ley de Tierras Urbanas (artículo 20) estipula incluir el valor de los terrenos urbanos similares, así como la clase, calidad, dimensiones y su probable producción. A su vez, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (artículo 73) establece que el método se hará con base en un valor de reposición que tiene que emitir el Ministerio de la Vivienda.
Completa el grupo la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia (artículo tres), donde se señala que el importe de compra será ajustado al Índice Nacional de Precios.
Eltiempo.com.ve
02-08-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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