Las distintas versiones del anteproyecto que circulan en Internet, incluyen condiciones muy favorables al inquilino, pero que afectan al propietario. Esto podría repercutir negativamente en la oferta de inmuebles y habitaciones en alquiler, ante el temor de los propietarios a salir perjudicados
La Ley de Arrendamiento que espera discusión en la Asamblea Nacional, ha generado un debate sobre los derechos y deberes tanto de arrendadores como arrendatarios. Alquilar un inmueble o una habitación, tendrá una serie de implicaciones que probablemente no beneficien a los inquilinos, ante los temores a alquilar de los propietarios. Uno de los puntos que crean mayor controversia es la creación de la Dirección Nacional de Inquilinato, organismo que será el encargado de fijar los cánones de arrendamiento.
El instrumento legal, que consta de 150 artículos, se encuentra en discusión por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, antes de ser elevada a la plenaria para su aprobación. Por los momentos se han aprobado 104 artículos. Entre estos se encuentran los contratos mínimos de tres años y la eliminación del depósito. Por otra parte hay apartados polémicos, como la metodología para determinar el canon, las causas para solicitar desalojo y las sanciones.
Fijación de alquiler
En principio, la ley en discusión fija como competencia de este nuevo organismo, la Dirección Nacional de Inquilinato, el determinar los cánones de arrendamiento. Es decir, si una persona tiene la intención de arrendar un inmueble o una habitación, debe primeramente remitirse a esta dirección para que evalúe el inmueble y determinar así el costo del alquiler. No obstante, la ley no estipula circunstancias como la ubicación de la casa o apartamento.
Es decir, que en el caso de Valera, dos viviendas cuya construcción, condiciones y prestaciones sean las mismas, tendrá un mismo canon de arrendamiento sin importar si está en Las Acacias o en San Luis. En este momento la fórmula que se discute considera para determinar la renta la condición del inmueble, propiedad particular o pública del mismo, índice de depreciación y restauraciones realizadas. Sin embargo, el mayor temor que manifiestan los arrendadores, es que la ley parece favorecer en demasía al inquilino, ignorando los derechos del arrendador.
Exigencias complicadas
Algunos puntos del proyecto de ley han generado quejas por parte de representantes del sector inmobiliario. Uno de ellos es la exigencia de destinar el 25% de los inmuebles en un complejo urbanístico al alquiler. Tal exigencia podría resultar inviable para los constructores. También resulta complicado el nuevo capítulo agregado referente a los inmuebles destinados a ser residencias estudiantiles, donde ahora se exige espacios para estudiar, conexión a internet, entre otros. Aquiles Martini de la Cámara Inmobiliaria recordó que no todos los que alquilan a estudiantes disponen de las condiciones para dotarlas de internet y áreas de estudio.
Diario de Los Andes
13-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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