(Créditos: Orlando Alviárez)
En medio de la conversación, Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, aclara que las cifras que cita corresponden a los informes que, periódicamente, publica el Banco Central de Venezuela. Se trata, pues, de cifras oficiales. Hay una escasez persistente de insumos como cabillas y cemento, indispensables para la construcción de viviendas, y no hay una respuesta creíble de por qué ocurre algo así, ante la decisión del Gobierno de nacionalizar las empresas cementeras y la industria del acero en 2008. "Cuando la consigas, me avisas", advierte Martini Pietri.
Para finales de agosto, se había construido 44 mil viviendas, 12 mil de ellas corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. "¿Dime tú como vamos a llegar a las 130 mil (que ofreció el presidente Chávez) para este año?". Hay muchas interrogantes, pero pocas respuestas. La meta de cubrir el déficit en cinco años supone una idea volumétrica tan asombrosa como increíble: ocho y media veces Caracas. "Por Dios, eso no se puede hacer de la noche a la mañana (…) y menos sin una política de Estado".
De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela, la construcción del sector público aumentó en 1,9%, mientras que la del sector privado retrocedió 8,4%. ¿Qué hay detrás de ese dato?
Esa cifra registra un crecimiento de la infraestructura en el sector petrolero y también en el sector eléctrico, aunque en menor medida. Pero en el sector privado, que básicamente tiene que ver con vivienda, hubo una caída de más de 8%. De hecho, el de la vivienda fue el único sector que cayó en el informe semestral del BCV. Uno de los grandes factores que explica esa caída fue la poca disponibilidad de insumos.
El Gobierno estatizó las empresas cementeras y del acero para disponer, justamente, de insumos que le permitieran abastecer el mercado interno. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, cuando consigas la respuesta, me avisas. Ciertamente, en 2008, el Gobierno nacionalizó o expropió la industria del cemento y del acero, bajo el argumento de que esos sectores son estratégicos para el desarrollo nacional. La realidad es que la industria del cemento cayó un poco más de 14% en 2010 y la industria del acero en más de 27%. Si bien influyó el problema eléctrico, el informe del BCV también habla de problemas de producción, de la falta de inversión en el sector. La regulación de precios de estos insumos significa que cuesta más venderlos que producirlos y eso lleva a lo que hemos visto en los últimos meses: mafias que trafican con cabillas, porque el diferencial entre lo que se comercializa en Venezuela y en otras partes es muy alto.
¿El Gobierno está atrapado en su propia política de congelación de precios?
Creo que eso aplica a todo; cuando tienes un bien con el precio congelado y una inflación anual que fluctúa entre 25% y 30%, y además pretendes que las cosas no aumenten, lo que va a ocurrir, en la práctica, es que se genera una escasez. La gran información de primera página de los periódicos es que la inflación de lo que está regulado alcanzó entre 15% y 16%.
Otro dato relevante refiere al número de viviendas paralizadas (135%). Un indicador muy grueso, ¿qué hay detrás de esa cifra?
Lo que hay es una incomprensión de la realidad. ¿Qué pasó en el sector vivienda? En Venezuela se construyeron alrededor de 8 mil viviendas en 2005, entre el sector privado y el sector público. Hago la diferenciación porque históricamente el sector privado aporta el 75% de las viviendas. No ahora, sino en todos los gobiernos. El otro 25% corresponde también, en su gran mayoría, a empresas privadas contratadas por gobernaciones y alcaldías. Ante esa crisis se promulgó la Ley de Política Habitacional, los subsidios y el fondo de ahorro. Incentivos que estimularon la construcción hasta el punto de que en 2009 llegamos a más de 90 mil viviendas.
¿Qué pasó en el camino?
Lo primero fue que en 2008 nacionalizaron la industria del cemento y de la cabilla. En noviembre de ese año se regula el cobro del ÍPC. ¿Qué era el ÍPC? Según cifras del BCV, entre el momento en que comienza y concluye una vivienda media un plazo de cinco años. En algún lado se percibió que estas construcciones se estaban atrasando y, lamentablemente, no se advirtió la realidad, que el problema obedecía a la escasez de insumos. En 2009 se elimina el ÍPC, lo que genera una gran distorsión económica, porque en el saldo deudor -lo que me debían a mí los compradores- no puedo ajustar la vivienda, aunque los insumos siguen subiendo. La distorsión es de tal magnitud que, en octubre de 2010, se comienza a hablar de la gran estafa inmobiliaria. Se vende la idea de que los productores son unos pillos que atrasan la entrega de viviendas para cobrar el ÍPC; que su cobro era ilegal, cuando hay una resolución que lo regula y otra que lo elimina y de hecho se sigue peleando en el TSJ; finalmente, se crea la expectativa de que el Gobierno va a resolver el problema.
Hubo casos, algunos visibles, no sólo de equivocaciones, sino de un manejo irresponsable en este tema. ¿Pagaron justos por pecadores?
Sin duda, sin duda. Pero ¿cómo ha debido resolverse este asunto? Tú no puedes agarrar a los viviendistas tradicionales del país y porque alguien haya cometido un hecho doloso, vamos a llevarlo hasta ese extremo, bueno, los metes en un mismo saco y los conviertes en unos hampones.
¿Y qué es lo que está pasando? Que a muchos los expusieron al escarnio público y no se advirtió la verdadera dimensión del problema.
¿El balance de todo esto son las 18 mil viviendas que se construyeron en 2010?
No, el balance es más profundo. A muchos, repito, los sometieron al escarnio público y no ha habido un tribunal que haya sentenciado como estafadores a esta gente, que está huyendo o está presa. El balance es que 10 meses después estos edificios, que deberían estar listos, hoy están paralizados. ¡No es así! Lo que debió hacerse es agarrar al que infligió la ley y castigarlo. Y sentarse con los otros para ver lo que está pasando.
Recientemente, el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, advirtió que trabajar con el Gobierno no era viable en medio de la diatriba política. ¿Qué diría de la interlocución con el Gobierno?
Lamentablemente, en el Gobierno afirman que si no estás con ellos, estás en contra de ellos. Eso no lo está inventando Aquiles Martini, son palabras de nuestro propio presidente Chávez. La realidad es que el sector privado ha sido execrado de una manera importante, bueno, por las razones que tenga haber el Gobierno. Eso ha conducido a los resultados donde nos encontramos actualmente. La Gran Misión Vivienda, de acuerdo con cifras del Presidente, ha producido 44 mil viviendas, de las cuales 12 mil corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. Se trata de un programa que ya tiene tiempo y que es muy loable, porque dignifica a las personas que viven en condiciones muy precarias. Pero no tiene nada que ver con los supuestos iniciales de esa misión, de lograr viviendas nuevas para superar el déficit. Si al cierre de agosto llegamos a 30 mil viviendas, ¿dime tú cómo vamos a llegar a 130 mil a fin de año?
¿Cómo queda el sector privado en la Gran Misión Vivienda?
El sector privado está execrado, perdóname. Vuelvo a lo mismo, el Gobierno ha dicho que todas las cabillas son para esa misión, para el sector privado, no. Y algo similar puede decirse del cemento. Actualmente, muchos de los recursos que hay en los fondos de ahorros y en las carteras hipotecarias de los bancos son para la Misión Vivienda.
Paradójicamente, no estamos tan mal como en 2005.
No, no estamos tan mal. Pero vamos para allá, lamentablemente. Este es el Gobierno que produce menos vivienda por cada mil habitantes en la historia de Venezuela. El promedio anual era de 60 mil viviendas anuales desde la época de Betancourt hasta el segundo gobierno de Caldera. En la gestión del presidente Chávez, el promedio es de 29 mil viviendas, sector público y privado. Antes éramos entre 18 y 20 millones de habitantes; ahora somos entre 28 y 30 millones.
El Gobierno se ha trazado la meta de construir 2 millones de viviendas en cinco años. ¿Eso es posible?
Para que tengas una idea volumétrica de lo que significa eso: son 108 mil hectáreas de terrenos que hay que urbanizar. Caracas tiene 12 mil hectáreas. Entonces, hay que hacer, en ese lapso, ocho Caracas y media. Eso no es viable. No hay electricidad, no hay vialidades, no hay agua potable. Por Dios, eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Tenemos que definir dónde vamos a meter esas viviendas, hacia dónde va a crecer el país y para necesitas una política de Estado.
¿Qué hace falta para definir esa política?
Primero, que el Gobierno entienda que tenemos que estar todos involucrados; el Gobierno no es de un grupo de venezolanos, sino de todos los venezolanos y el presidente Chávez es mi presidente, así me guste o no lo que haga. Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, así como puedo estar de acuerdo en otras, ojo, pero es mi Presidente y tengo que convencerlo a él de que no es excluyendo que vamos a construir la Venezuela del futuro.
¿Se han reunido con el ministro de Vivienda y Hábitat?
No, no hay forma ni manera de que nos reunamos con algún ente del Gobierno, porque no nos quieren hablar. Yo me empeño, mira que me he empeñado. Ahora estoy en la Asamblea Nacional, discutiendo la Ley de Arrendamiento. Por fin me saludo con el diputado (Diosdado) Cabello; hay esa cortesía en la Comisión de Administración y Servicios de la AN. Pero realmente no hay comunicación. No de Aquiles Martini, porque finalmente, Aquiles Martini es un fulano que preside temporalmente un gremio. No, es con la institución y con lo que significa los gremios empresariales.
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11-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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