Martini enfatizó que a la tercera multa, el gobierno puede expropiar el inmueble. Foto José Leal
El primer impulso de empresarios y de gremios es señalar que serán los afectados. Tras analizar la nueva normativa concluyen que los inquilinos también se verán afectados al reducirse la oferta de arrendamiento.
Javier dice estar “más o menos enterado” sobre el proyecto de ley de arrendamiento. Dice tener miedo. Las canas que luce y los ocho apartamentos que abarca el patrimonio familiar -entre hijos, sobrinos y una hermana- son producto de “sangre, sudor, sacrificio y lágrimas. Son legítimos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino?”.
Si bien el presidente nacional de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, reconoce que los propietarios tienen razones para temer, también afirma que los inquilinos también. Sin embargo, una de las primeras reflexiones que hace es no perder la calma.
“No es para que ahora salgan a correr todos a la calle. Para eso estamos aquí: para ver qué haremos nosotros”, expresa Martini en un foro organizado por la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, realizado este viernes en la sede de la Cámara de la Construcción en Ciudad Guayana.
Sostiene que la vivienda, que sea un derecho no es una obligación que recae sobre los ciudadanos, sino en el gobierno.
Las multas contra los propietarios por incumplir la ley oscilan entre 50 y mil unidades tributarias. Pero al tercer incurrimiento, destaca Martini, el inmueble será expropiado. A ello agrega en su disertación que con la Defensoría Pública del Inquilinato sólo se protege al alquilador, en menoscabo de los derechos del dueño. “Ya la ley asume que el propietario es oligarca”.
Además de otros aspectos como que el valor de la propiedad lo establecerá la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Como consecuencia afirma que la oferta de alquiler ya está reduciéndose considerablemente.
Oferta escasa
La presidenta regional de la Cámara Inmobiliaria, Aurelis Farfán, que la posibilidad de encontrar una vivienda para alquilar es prácticamente inexistente. La causa está en el temor de los propietarios que no puedan disponer de su propiedad.
Comenta a manera de ejemplo que el descenso de la oferta es tal que hay notarías que ya no tramitan los 20 contratos de arrendamiento en promedio mensualmente, sino uno solo.
Igual que Martini, Farfán advierte que al final los perjudicados serán ambas partes, tanto inquilinos como dueños. Señala que si bien existe una ley que prohíbe el desalojo, el propietario luego de acudir a todas las instancias podría recuperar la disponibilidad del inmueble y optaría por no arrendar.
Soraya Díaz, trabajadora en una empresa inmobiliaria, considera que el nuevo instrumento legislativo carece de equilibrio, pues afirma que favorece y atenta contra el proceso de negociación entre un inquilino y un propietario, “quien al final se inhibirá. Habrá que esperar a que salga la ley a ver cómo reacciona el mercado”.
Discusión sin escucha
El presidente nacional de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, aclara que si bien han participado en las discusiones del proyecto de ley, el articulado de la misma no obedece al consenso sino a un texto legislativo preestablecido.
Recuerda que hace tres días, en la Asamblea Nacional, uno de los diputados cuestionó por qué había tantos sectores que hacían “tantas preguntas”, sino ya la ley estaba hecha. “Hemos participado, pero no nos escuchan”.
Martini plantea que es antes de la sanción de la ley que la comunidad organizada –e insiste: inquilinos, propietarios y agentes inmobiliarios- que debe pronunciarse. “Una vez aprobada la ley, hay que acatarla. Por eso tenemos que informarnos”.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
23-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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