Para la ejecución de la segunda etapa de un proyecto habitacional en terrenos de Playa Grande, que incluye la construcción de 880 viviendas, procederán esta semana al desalojo definitivo de 60 familias, 280 gandoleros y más de 10 talleres y comercios.
El procedimiento comenzará en las próximas horas, por solicitud del Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, organismo que pidió la desocupación del área mediante un oficio emitido el 24 de febrero, informó el procurador del estado, Pedro Rodríguez.
De acuerdo con datos oficiales, el proyecto prevé la construcción de un total de 2.328 viviendas, para lo que se invertirán 87,8 millones de dólares, como parte de un convenio firmado con la empresa Summa, de Turquía. El plan es que los apartamentos estén terminados en agosto.
Explicó Rodríguez que 26 hectáreas de terreno serán ocupadas por viviendas. Además, en la zona levantarán un preescolar Simoncito, una cancha, un módulo de salud, entre otros servicios, acotó.
Futuro incierto. Yelitza Mohedano, comerciante con 20 años en el lugar, afirmó que no saldrá del terreno porque no le garantizan indemnización por la inversión que ha hecho en su pequeño negocio. "Esta venta de comida es la única fuente de ingresos de nuestra familia", aseveró.
Para Pieriza Acuña, vocera del Consejo Comunal Montemar, las 60 familias que aún permanecen en los terrenos de Playa Grande merecen que se les ubique en los apartamentos Brisas del Aeropuerto. "Las casas están levantadas con años de esfuerzo; no se justifica que nos envíen a cualquier refugio porque no lo vamos a aceptar. No somos damnificados porque aquí tenemos nuestras casas", expuso.
Añadió que esperan que las familias afectadas por el desalojo sean reubicadas en el proyecto de viviendas, aunque añadió que hasta ahora el consejo comunal no ha sido tomado en cuenta.
Juan Bonasi, conductor de gandola, rechazó los cobros ilegales que le han hecho por estacionar en un lugar que fue expropiado. "Con un número de cuenta y un toldito no pueden pretender cobrar un dinero ilegalmente", denunció.
Según informó el procurador, en 2010 recaudaron 812.851 bolívares y en 2011, 762.410 bolívares por concepto de pago de comerciantes y gandoleros que usan terrenos de la nación. Afirmó que los fondos son destinados a la Fundación Vargas Salud. "Esos recursos son usados por la fundación para ayudas médicas", aseguró.
El desalojo de terrenos de Playa Grande comenzó el 30 de julio del año pasado, cuando gandoleros, caucheros y propietarios de talleres mecánicos y de latonería fueron notificados de la decisión y se destacó un contingente militar para la custodia del sitio. En aquel momento señalaron que más de 5.000 empleos corrían peligro de desaparecer.
LUIS LÓPEZ LA GUAIRA
El Nacional
29-02-2012
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