El gobierno no lo atiende, pero el papa Francisco le respondió en un mes la carta en la que explicaba el problema
ANA DÍAZ
El 15 de diciembre de 2010 es una fecha trágica para Calógeno Alotto. Ese día le expropiaron el terreno donde tenía un estacionamiento. “A las 10:00 de la mañana se presentaron miembros armados de la milicia ordenándome desalojar en 24 horas porque si no iba preso, por instrucción del comandante Hugo Chávez”, contó.
Mejor conocido por los amigos y vecinos como Lilo, este ciudadano de origen italiano llegó a Venezuela en 1961 con sus padres a los cinco años de edad. “Me obligaron a desalojar sin la notificación establecida en la ley sobre expropiación por causa de utilidad pública. De hecho, el decreto 6981 publicado en la Gaceta Oficial 39588 con la notificación salió el 6 de enero de 2011”.
Alotto recordó que comenzó a trabajar muy joven, fundamentalmente como conductor de grúas, y que estuvo ahorrando para instalar un negocio propio: el estacionamiento. El terreno, ubicado en la esquina de Candilito, parroquia Santa Rosalía, al lado de la iglesia con el mismo nombre, lo compró en 1986. “Invertí todo el dinero que tenía”.
Un edificio de 12 pisos de la Misión Vivienda sustituyó el estacionamiento. “Me llevo bien con sus habitantes porque vivo enfrente. Sin embargo, la justicia que le hicieron a ellos no me la han hecho a mí. He acudido a todas las instancias gubernamentales y todavía nada, situación que ha afectado mi salud”.
A la fecha no ha recibido de las autoridades la indemnización correspondiente por el terreno y las bienhechurías. “Me dejaron sin trabajo cuando me quitaron el estacionamiento con el que mantenía a mi familia”.
El calvario
Una vez que salió en el decreto en la Gaceta, Alotto fue a la Procuraduría General de la República, organismo al cual debían acudir los expropiados para suscribir actas amigables y recibir la compensación económica correspondiente al avalúo, según el artículo 6. También ordena el artículo 2 la adquisición forzosa de terrenos ubicados en las parroquias de Santa Teresa, Santa Rosalía y Altagracia para la construcción de viviendas.
No fue sino hasta el 30 de mayo de 2011 cuando afectados por el decreto fueron llamados por la Procuraduría a un acto con funcionarios de la consultoría jurídica del organismo: el procurador encargado para la fecha, Joel Vergara, y el coordinador de expropiaciones, Carlos Flores.
“Para firmar el acuerdo amigable se hizo el avalúo que fue entregado a la Procuraduría”, dijo Alotto. Los meses pasaban y no había respuesta y en septiembre de 2012 le propusieron un nuevo arreglo amigable en el que, según otro decreto (el 9050) las autoridades pusieron el precio: 76% por debajo del avalúo original.
“No firmé el documento porque la ley no puede ser retroactiva”, sostuvo. Desde entonces, Alotto ha hecho diligencias, sin éxito, para resolver el problema en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional.
La última gestión ante el gobierno fue el 23 de enero pasado con Cristóbal Francis y Lourdes Gámez, de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos, encargada ahora de las expropiaciones. “Les manifesté que no tengo trabajo y no puedo insertarme en la vida laboral y dependo además del pago del terreno que compré con mucho sacrificio. Hasta ahora no he tenido respuesta”.
Alotto ha llevado su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le contestó el 28 de febrero de 2012, dos meses después de enviar la comunicación. “Le escribí al papa Francisco el 16 de agosto de 2013, el 17 de septiembre me contestó con palabras de aliento y que ora por mí, a diferencia del gobierno venezolano que a más de tres años no ha respondido”.
“No soy burgués para nada, ni tampoco soy rico. Por eso, molesta que representantes del oficialismo te satanicen”, concluyó Alotto.
Movimiento 115
Debido a la tardanza de las autoridades de pagar la indemnización, un grupo de propietarios de los estacionamientos expropiados en Caracas y Vargas fundó en febrero de 2013 el Movimiento 115, referido al artículo del mismo número de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad, contó Calógeno Alotto.
Añadió que el texto constitucional dice que solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de bienes.
Solicitaron una audiencia al presidente Nicolás Maduro pero aún no tienen respuesta. Al Movimiento se han incorporado también propietarios de inmuebles arrendados que no han podido recuperar.
El Nacional
06-08-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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