Un nuevo ministerio de la vivienda

GUILLERMO GARCÍA
No cabe duda que el problema de la vivienda es uno de los mayores problemas que enfrentan la mayoría de los venezolanos actualmente, de igual manera el Estado, que a través del gobierno debe establecer las políticas, lineamientos, organismos y estructuras adecuadas para desarrollar y promover una política de Estado eficiente que dé respuestas y soluciones efectivas a este importante problema. La problemática de la vivienda en el país es un asunto complejo, en el que convergen muchos factores (políticos, sociales, económicos, financieros) y donde las políticas sectoriales del gobierno y su visión de cómo encarar el problema han sido hasta ahora muy poco efectivas en la solución.

La importancia de un nuevo ministerio de vivienda y hábitat

El establecimiento de un nuevo ministerio no puede verse como solución efectista; ni como un ministerio más, donde la burocracia, las cuotas de poder, la corrupción y vicios invadan un organismo tan importante, y que llene el vacío que hoy existe; permitiendo además unificar y ordenar a los diferentes organismos involucrados en la planificación y ejecución de los planes de vivienda (Fondur, Fundabarrios, Inavi, Misión Vivienda Venezuela) para que sea un organismo eficiente y rector único de las políticas de gobierno en materia de promoción, regulación, supervisión y trámite.

El nuevo ministerio de la vivienda debe convertirse en un organismo de excelencia y altamente profesional, que como en el caso de Colombia y Chile poseen unas legislaciones bien concebidas y profesionales de primer orden que permiten el establecimiento de políticas y desempeño de funciones que resultan en un desarrollo del sector privado de la construcción, con su efecto positivo sobre la economía, el empleo y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En la puesta en marcha nuevamente de este importante ministerio, deben evaluarse en mi opinión los siguientes elementos: Aplicación amplia de la Ley de Vivienda y Hábitat y de sus normas de competencia, relativas a planificación urbana, urbanización y construcción, y las de la Ordenanza que sobre la materia dicte el ministerio de la vivienda y hábitat. Esta legislación de carácter general tendría tres niveles de acción: La Ley General, que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación urbana, urbanización, financiamiento y construcción. La Ordenanza General, que debe contener las disposiciones reglamentarias de esta ley y que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización y construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos últimos. Las Normas Técnicas, que contengan y definen las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, para el cumplimiento de los estándares exigidos en la Ordenanza General.

Al ministerio de vivienda y hábitat corresponderá proponer al Presidente de la República las modificaciones que esta ley requiera para adecuarla al desarrollo nacional. Le corresponderá, igualmente, estudiar las modificaciones que requiera la Ordenanza General de esta ley, para mantenerla al día con el avance tecnológico y desarrollo socio-económico y financiero. Para los efectos indicados, podrá oír a los respectivos Colegios Profesionales, Cámaras de la Construcción e Inmobiliaria y asesorarse por los técnicos que estime conveniente. A las municipalidades corresponderá aplicar esta ley, la Ordenanza General, las Normas Técnicas y demás Reglamentos, en sus acciones administrativas relacionadas con la planificación urbana, urbanización y construcción en sus regiones.

Si realmente se quiere reducir significativamente en el tiempo el déficit habitacional, el nuevo gobierno debe trabajar al lado del sector privado de la construcción. El sector privado debe convertirse en el gran aliado, y el gobierno prestándole todo el apoyo e incentivos, sin menoscabo para el Estado de la importante función fiscalizadora y de supervisión que le otorga la Ley, reglamentos y ordenanzas, para que se construya de acuerdo a las normas establecidas, así como en la entrega a tiempo y con la calidad debida; y garantizar que las empresas de insumos y materiales en manos del Estado, cumplan fielmente al sector privado su disponibilidad a tiempo y en suficiencia de los insumos requeridos para las obras, para que las empresas de construcción puedan cumplir con los requerimientos de tiempos de entrega y de calidad exigidos.

Como podemos ver, el establecimiento y buen funcionamiento de un nuevo ministerio de la vivienda y hábitat, significará un gran reto y compromiso para un nuevo gobierno y su ministro. La actual "misión Vivienda Venezuela" y la Ley de Emergencia de Vivienda no pueden sustituir a un ministerio de vivienda y hábitat institucionalizado, profesional y eficiente, como debe ser y como exige el desarrollo del país y sus ciudadanos.

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El Universal
10-06-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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