En los últimos 10 meses, muchas piedras han rodado, particularmente en los sectores construcción e inmobiliario.
La industria privada no se repone de la intervención y, en algunos casos expropiación, de una treintena de urbanismos a escala nacional, por parte del Gobierno. Los hechos que llevaron a que el presidente Hugo Chávez anunciara el 31 de octubre de 2010 la medida no han variado mucho, en el sentido de que buena parte de las demoras en las entregas de inmuebles -uno de los cuestionamientos que hizo el Gobierno- estaba relacionada con las dificultades para conseguir insumos.
En vista de que el problema persiste, la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) decidió hacer un estudio que le permitió determinar los niveles de escasez de cada uno de los rubros indispensables para construir, especialmente cabilla, donde encontró que de los establecimientos consultados a mediados de julio pasado, 76% no tenía el producto. La dificultad es menor en el caso del cemento, pero no deja de preocupar.
Al desabastecimiento se suma la inflación y la especulación en los precios, pues llegan a pagar hasta tres y cuatro veces el valor regulado del insumo. Juan Francisco Jiménez, presidente de la CVC, expresó que, contrario a estimular la inversión privada, normativas como la Ley de costos y precios justos y la Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, así como la intención de sancionar el proyecto de ley de para la regulación y control de los arrendamientos de viviendas, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, la desalientan.
Señaló que leyes y proyectos como éstos van en dirección contraria a la deseada para enrumbar la actividad privada en el área de construcción, que acumula cinco trimestres consecutivos de decrecimiento, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV). Jiménez señala que no solo se desincentiva al capital privado, sino que también se ahuyenta. La actividad está en una encrucijada, en buena medida producto de la criminalización de la que fue víctima tras la intervención estatal de desarrollos urbanos. Cree que se actuó de manera injusta contra grupos, aun cuando no niega que haya podido haber algunas irregularidades en obras.
Asegura que la mayoría de los retrasos en la entrega de inmuebles tuvo que ver con la falta de insumos, inflación y especulación en el costo de materiales, y con el financiamiento, en algunos casos, proveniente de entidades bancarias intervenidas Seguir o probar suerte Jiménez dijo que los protagonistas del sector se debaten entre continuar en el negocio, a pesar de las restricciones; pensar en diversificarse hacia otras ramas, o emigrar. De hecho, empresas del área de construcción e inmobiliaria se han venido internacionalizando en una especie de plan B. No se trata de una novedad. Jiménez estima que este se viene dando desde hace un par de años, "cuando comenzó a bajar la actividad en Venezuela".
La inversión se ha ido hacia Latinoamérica, Norteamérica, Caribe y parte de Europa, asegura el presidente de la CVC. La emigración tiende a acentuarse, de acuerdo a promotores. Y ello viene dado especialmente por un tema de seguridad jurídica que ofrecen otras plazas, de acuerdo a Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV).
Comentó que muchos promotores que han sido execrados a raíz de las intervenciones de obras en octubre pasado, tienen que buscar dónde trabajar, más allá de que la inversión se refugia donde se le brinda seguridad jurídica. En Colombia, Panamá, algunas islas del Caribe y Miami se erigen edificaciones hechas por empresarios venezolanos. "Qué lástima no poder invertir en Venezuela, sino en otras partes del mundo", expresó Martini Pietri, quien acaba de llegar de una convención inmobiliaria que se realizó en la ciudad de Rosario, Argentina, donde estuvo viendo oportunidades para el sector.
En febrero pasado, la CIV realizó un foro para analizar las perspectivas de la actividad en 2011. Entonces, analistas como José Manuel Puente, economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), recomendaban al sector refugiarse en nichos; ya no en el mercado de viviendas de interés social, esto como producto de la ola de persecuciones y acusaciones que generó la intervención y expropiación de urbanismos. Incluso, actores del sector, como Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CIM), veían en espacios para oficinas, viviendas de lujo y hoteles de cuatro estrellas, nichos para hacer negocios con menor riesgo, aunque sin dejar del todo de lado a los segmentos bajo y medio.
Pero medio año después el panorama ha cambiado. Grullón dice que desde entonces se ha acentuado el déficit de insumos. "Eso hace mella a la hora de querer iniciar cualquier tipo de obra", comentó. El asunto va más allá, pues el presidente de la CIM ve un riesgo latente en otras "situaciones particulares". Una de ellas es el proyecto de ley de arrendamientos, el cual establece que las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de cinco inmuebles deberán destinar un mínimo del 25 por ciento de esas viviendas al arrendamiento.
No duda de que tal obligación, en los términos y condiciones que determine el Estado, ahuyentará la inversión en el área. Otros mercados, más allá de nuestras fronteras, como Panamá, Costa Rica, Uruguay, Argentina y República Dominicana son favorecidos con la inversión que algunas empresas dejan de colocar aquí, bien porque no consiguen seguridad o porque el entorno económico no la favorece. Dolores de cabeza Martini Pietri asegura que el sector ha sido atacado y coartado por una cantidad de leyes, además del proyecto de arrendamiento. Resaltó la de desalojos, la cual -en su opinión- confisca la propiedad, pues la medida de desalojo no procederá hasta tanto la Dirección Nacional de Inquilinato reubique al inquilino, lo cual -en su opinión- luce cuesta arriba en vista del alto déficit habitacional (2.000.000 de unidades).
Señaló que más allá de definir la utilidad del promotor, la normativa no contempla el valor del terreno como parte de los factores a considerar a la hora de fijar el canon de arrendamiento. De allí que el presidente de la CIV no duda que el proyecto "acabará con el arrendamiento y la construcción de viviendas en el país". A este instrumento se suma la Ley de Costos y Precios Justos, recientemente promulgada en el marco de la Habilitante, la cual fijará los márgenes de ganancia. "No pueden imponerse las cosas", expresó Martini Pietri.
Desde la misma acera, Grullón señala que da pena que muchos constructores no estén haciendo lo que saben hacer, bien por las expropiaciones, por las invasiones o por la falta de materiales. "No hay promotores, los clásicos siguen insistiendo, pero muchos han desaparecido", comentó. No niega que pudieron cometerse errores y hasta "fechorías", pero está seguro de que el inmobiliario es un sector "bien noble". No obstante, es optimista, como Juan Francisco Jiménez, quien representa al gremio de los constructores. "Queremos y tenemos interés en seguir construyendo en el país; queremos invertir en Venezuela", expresó al tiempo de hacer un llamado al Gobierno nacional para que se creen condiciones que favorezcan la inversión privada.
A pesar de que desde hace algún tiempo se habla de la emigración de empresas venezolanas a Panamá, la inversión local en el istmo es aún pequeña. Wilson Ruiz, presidente de la asociación de corredores y promotores de bienes raíces de ese país, dijo -vía telefónica- que el área inmobiliaria mueve alrededor de 2.000 millones de dólares. Estima que promotores venezolanos tienen una participación de entre 40 millones y $50 millones. Comentó que entre tres y cuatro empresas venezolanas hacen vida en la industria; otras están asociadas a grupos panameños. "Aquí no son los reyes del mambo, aquí no son los protagonistas del tema. Como compradores sí son importantes", dijo tras asegurar que el mercado lo mueven los panameños y el mayor peso de las empresas extranjeras lo tiene Colombia, seguida de España y Venezuela, que se disputan el tercer puesto.
No sucede lo mismo cuando se trata de empresas del área de seguros, que han entrado al top five del sector, o de la banca, que figuran en el top ten, de acuerdo a Ruiz. Es distinto cuando se trata de compradores de inmuebles: Nacionales de los estratos medio - alto, residentes o no, han mostrado y muestran interés en ese mercado y es posible -según el presidente de la Asociación de corredores y promotores de bienes raíces de Panamá- conseguir a al menos a un venezolano en los edificios nuevos. En Panamá hay barrios completos de venezolanos, de acuerdo a lo que comentó Ruiz. Precisó que una década atrás las estadísticas daban cuenta de 6.000 nacionales residentes en el istmo. La cifra era de 90.000 hace un año.
Entorno Inteligente
19-08-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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