Los interesados consulta la sección de avisos clasificados de los periódicos venezolanos todas las mañanas, con la esperanza de encontrar un hogar digno para su familia.
El alquiler de una habitación, ubicada en la zona oeste de Caracas, asciende a 2.500 bolívares ($582) mensuales, lo mismo que se pagaba por un apartamento.
“Eso o quedarse en la calle con su familia", "La gente no quiere saber nada de alquiler, tiene miedo de perder su propiedad, prefieren tenerlos vacíos”.
Este problema es bastante común en Venezuela.
Desde su promulgación, en noviembre de 2011, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda ha frenado el mercado de alquileres de inmuebles en Venezuela, de 30 millones de habitantes.
La ley permite que los inquilinos continúen viviendo en las unidades aun si dejan de pagar el alquiler. También les permite comprar la propiedad (incluso si registran atrasos en el alquiler) luego de haber sido inquilinos por 20 años.
La ley también fija los precios de los alquileres entre 3% y 5% del valor del inmueble, ya que solo toma en cuenta el tamaño y antigüedad de la unidad, no su ubicación.
Como resultado, el precio de un alquiler en la zona más lujosa de Caracas es el mismo que el de una unidad del mismo tamaño y antigüedad en un barrio de bajos ingresos.
Los dueños de unidades alquiladas afirman que lejos de solucionar la crisis de vivienda del país, la nueva ley ha empeorado el enorme déficit de viviendas que atraviesa Venezuela que, según cifras del gobierno, asciende a dos millones. Ha afectado severamente el mercado de alquileres y aumentado los precios de los inmuebles.
"Los derechos del propietario han quedado totalmente vulnerados", dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR). "La posibilidad de obtener una renta justa acorde con la inversión que uno hizo está muy por debajo de rendir una cuenta de ahorros. La gente no quiere alquilar y con toda razón. Al haber una oferta tan mínima y una demanda de vivienda tan inmensa, ha habido una elevación de los precios".
Como resultado de la ley, ha surgido un creciente "mercado negro" de alquileres, resultado de la desesperación de los más de ocho millones de venezolanos que no son propietarios de su hogar, y que consiste en cientos de miles de agentes inmobiliarios irregulares, contratos verbales y ocupaciones ilegales.
“A meses de la Ley de Arrendamiento, nadie en Venezuela está cumpliendo con ella", dijo Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. "Este reglamento ha acabado con el mercado inmobiliario”.
Los propietarios de bienes inmuebles también han criticado la creación de la Superintendencia de Alquileres, una dependencia del gobierno que supervisa todos los contratos de alquiler, las negociaciones y las relaciones entre inquilinos y propietarios. "Con eso se generan más trámites y se retrasan así las gestiones necesarias para que se establezca la sociedad entre propietario e inquilino", explica Zayda Hernández, consultora jurídica especializada en el sector inmobiliario
El gobierno respondió a la situación lanzando un programa nacional de vivienda denominado "Gran Misión Vivienda Venezuela en 2011", para eliminar el déficit de vivienda.
El gobierno afirma que financiará la construcción de unas 200.000 viviendas en todo el país durante los próximos 13 meses, pero el legislador opositor Julio Borges tiene sus dudas al respecto.
"Al gobierno no le cuadran las cifras", dijo el diputado. "Hay proyectos de vivienda en construcción, pero solo una pequeña proporción de lo prometido. Y los que se venden, tienen problemas estructurales, grietas en pisos y paredes, y en muchos casos no tienen servicios básicos, como agua o electricidad".
Mientras tanto, venezolanos que ahorraron por años para tener viviendas para alquilar se están viendo obligados a desalojar a inquilinos que han incumplido en el pago del alquiler.
Eloísa Álvarez, de 51 años, dio su apartamento en alquiler a una familia cuando tuvo que mudarse a la casa de sus padres para cuidarlos, en 2002. Pero cuando en 2010 Álvarez y su hija de 24 años, Macarena, regresaron al apartamento, los inquilinos se negaron a abandonar la unidad, a pesar de que su contrato era anual. Los inquilinos se negaron a pagar el alquiler y luego afirmaron que estaban amparados por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, una vez que la misma entró en vigencia, al año siguiente.
Álvarez y su hija pasaron "seis meses viviendo en casa de un amigo o familiar, y tres meses en la de otro", antes de comenzar a vivir en el corredor frente a su apartamento con su hija.
"Estuvimos 23 días durmiendo en el pasillo en una colchoneta", cuenta Álvarez, gerente de logística de una firma de abogados.
Su sacrificio, aunado a la cobertura mediática que recibió su caso, valió la pena cuando la familia desocupó el apartamento, hace un año.
Carlos Salazar, abogado de Caracas, está analizando la posibilidad de seguir el mismo camino para recuperar la propiedad de su familia.
“Hace más de diez años, mi mamá alquiló el apartamento a una de sus mejores amigas por 700 bolívares ($162) al mes", dice. "Sin embargo, en 2008 dejó de pagar”.
Según Salazar, las negociaciones con la inquilina han sido infructuosas.
"Yo he tratado de negociar con ellos, incluso les expliqué que necesito vender el apartamento porque mis padres están muy enfermos", dijo. "Hasta les ofrecí el 10 por ciento de la venta, pero su respuesta fue que con la nueva ley no hay nada que discutir ni negociar”.
ilustrelaradio.com
31-08-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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