La última huelga de hambre de Brito fue de 182 días. Foto William Urdaneta/Archivo
Hace dos años y poco menos de 24 horas, el cuerpo desgastado de Franklin Brito comenzó a ser sólo eso: un cuerpo. Un resto mortuorio de huesos asomados y vísceras marchitas que aguantaron hasta el último respiro en una protesta cuya única exigencia era el reconocimiento de su derecho a la propiedad.
Dos años han pasado y el recuerdo de Franklin permanece como ejemplo de protesta pacífica, pero también como forma de lucha extrema ante un Estado que cada día reconoce menos los derechos constitucionales.
Eso es lo que piensa Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental promotora y defensora de los derechos humanos, quien ve este caso como el punto de partida de una ola de huelgas de hambre que pusieron al Estado a elegir en una dicotomía que planteaba: o el derecho o la vida.
Recordó los casos de los estudiantes de la Universidad de Los Andes, que se apostaron en las afueras de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, exigiendo un mayor presupuesto para su casa de estudios.
También rememoró las acciones del grupo Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), quienes exigieron la liberación de varios presos políticos con una huelga de hambre en la sede venezolana de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para Correa, el hecho de que se haya incrementado esta forma de protesta no sólo evidencia a una sociedad mucho más contestataria, sino un Estado cada vez más reñido con el reconocimiento de derechos fundamentales.
“Lo ideal es que no ocurra este tipo de protestas, y que más bien haya un Estado de justicia que garantice el derecho a todas las personas para que no haya la necesidad de llegar a situaciones como estas”, consideró Correa.
A dos años de la muerte de Brito, su caso queda como un emblema. Su familia aún no goza de la restitución del derecho a la propiedad de su finca, Iguaraya (municipio Sucre), por la que empezó todo. Aún no hay responsables por este caso. Aún el Estado no responde. La justicia aún espera en su balanza.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
31-08-2012
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Lic. Henry Medina
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