La Vicepresidencia Ejecutiva de la República comenzará en los próximos días los avalúos de los 100 edificios para alquiler del área metropolitana de Caracas, que serán comprados por los inquilinos con la ayuda del Gobierno, según fuentes vinculadas con las negociaciones.
La Red Metropolitana de Inquilinos, que impulsa la compra de los inmuebles, admitió que el procedimiento va más lento de lo deseado porque el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, ha tenido que atender otros asuntos por el reposo del mandatario Hugo Chávez.
Algunos de los 70 propietarios que atendieron la convocatoria realizada por el Gobierno hace varias semanas reiteraron que no ha habido ningún avance en las negociaciones desde que presentaron los documentos requeridos en la sede de la Vicepresidencia.
Uno de los dueños que prefirió mantener su nombre en reserva aseguró que está dispuesto a vender, pero tiene dudas sobre el procedimiento.
"¿Cuál será el precio? ¿Cuándo me pagarán? Ojalá que la transacción sea en términos justos para ambas partes".
Agregó que valdría la pena que el Gobierno hiciera un estudio de quiénes son los inquilinos, porque en muchos casos son personas que poseen otros inmuebles o que tienen la capacidad de comprar los apartamentos a precio de mercado.
"Los inquilinos de mi edificio tienen 15 años pagando un alquiler regulado en 100 bolívares. Deberían tener ahorros suficientes para comprar una vivienda. ¿Por qué tengo que vender los apartamentos a precios regalados? ¿Cuál fue el delito que cometí?", dijo.
Trabas legales. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, corroboró que las negociaciones marchan con lentitud y advirtió que el proceso de venta no será tan sencillo como afirman los que promueven la iniciativa.
Recordó que la mayoría de los inmuebles que se negocian con la intermediación de la Vicepresidencia no están bajo régimen de propiedad horizontal ni tiene documento de condominio, un requisito indispensable para que cada inquilino pueda comprar el apartamento en que se reside.
Orta agregó que una compra conjunta de todos los residentes de un edificio se enfrentaría con el obstáculo del financiamiento, porque la banca no suele otorgar créditos hipotecarios de manera colectiva.
Dijo, además, que entre los 100 inmuebles hay algunos que forman parte del grupo expropiado por la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre 2006 y 2007, por lo cual no puede efectuarse ninguna transacción con ellos.
El Nacional
30-06-2011
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Lic. Henry Medina
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jueves, 30 de junio de 2011
Extienden consulta sobre proyecto de arrendamientos
Cortesia YVKE Mundial Radio
El próximo sábado 2 de julio debería concluir el proceso de consulta pública que inició el pasado 2 de junio la Asamblea Nacional en relación con el anteproyecto de ley de la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Sin embargo, diversas actividades han impedido cumplir al pie de la letra el cronograma, por lo que está siendo reajustado.
Fuentes ligadas al sector que representa a los inquilinos han señalado que el proyecto legal, en manos del Legislativo desde marzo pasado, será sancionado el próximo 5 de julio.
Sin embargo, el diputado oficialista Claudio Farías, quien es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, instancia que tiene a su cargo el proyecto, descartó tal posibilidad.
El 5 de julio son los actos conmemorativos del Bicentenario y la próxima reunión de la plenaria del Parlamento está prevista para el 8 de julio. Resaltó que el pasado martes se realizó la última jornada, por lo que no es cierto el señalamiento.
El parlamentario dijo que las consultas públicas continuarán en los estados Miranda (municipios Plaza y Zamora, altos mirandinos y Valles del Tuy), Anzoátegui, Vargas y las entidades llaneras. En estas últimas, la consulta se había programado para la semana comprendida entre el 23 y el 26 de junio.
De allí que -estima- la agenda se extenderá más allá del 15 de julio.
Una vez que culmine la jornada de consulta, la comisión realizará un informe que será sometido a discusión de la plenaria.
La meta es agosto
El proyecto de ley fue presentado por organizaciones populares en marzo pasado y recibió urgencia reglamentaria.
A pesar de los ajustes en el cronograma, la Comisión de Administración y Servicios no abandona la idea de que el instrumento sea sancionado antes del receso legislativo, que se inicia a mediados de agosto.
El proceso de consulta pública del anteproyecto de ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda comenzó a principios de junio en el Distrito Capital y parte del estado Miranda (Chacao, Baruta y El Hatillo).
El acto de inicio de la jornada se hizo en la plaza Altamira, en Caracas, y fue encabezado por el diputado Diosdado Cabello, quien preside la Comisión de Administración y Servicios Públicos.
El proyecto legal incluye todos los espacios destinados al arrendamiento de viviendas, entre ellos habitaciones y pensiones.
A pesar de que ha trascendido a la opinión pública que el proyecto sufrió modificaciones, particularmente en lo referente a la obligación de destinar 25% de los nuevos desarrollos inmobiliarios al arrendamiento, parlamentarios han negado tal versión.
El documento da pie para la transferencia de la propiedad a los inquilinos especialmente en aquellos edificios "de vieja data" destinados al alquiler.
De hecho, conmina a los propietarios a negociar y establece que, en caso contrario, procederá la expropiación.
Si bien este procedimiento es parte de un instrumento en discusión, está siendo puesto en práctica con un primer lote de 100 inmuebles ubicados en el Distrito Capital.
Agrupaciones de inquilinos esperan que esta iniciativa, que fue propuesta por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) al ex ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, en el año 2005, se extienda a otros estados del país.
La CIV y organizaciones de propietarios, incluida Apiur, han cuestionado que la fórmula que determina el valor de los inmuebles no contemple el terreno como parte del precio.
Entorno Inteligente
30-06-2011
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El próximo sábado 2 de julio debería concluir el proceso de consulta pública que inició el pasado 2 de junio la Asamblea Nacional en relación con el anteproyecto de ley de la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Sin embargo, diversas actividades han impedido cumplir al pie de la letra el cronograma, por lo que está siendo reajustado.
Fuentes ligadas al sector que representa a los inquilinos han señalado que el proyecto legal, en manos del Legislativo desde marzo pasado, será sancionado el próximo 5 de julio.
Sin embargo, el diputado oficialista Claudio Farías, quien es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, instancia que tiene a su cargo el proyecto, descartó tal posibilidad.
El 5 de julio son los actos conmemorativos del Bicentenario y la próxima reunión de la plenaria del Parlamento está prevista para el 8 de julio. Resaltó que el pasado martes se realizó la última jornada, por lo que no es cierto el señalamiento.
El parlamentario dijo que las consultas públicas continuarán en los estados Miranda (municipios Plaza y Zamora, altos mirandinos y Valles del Tuy), Anzoátegui, Vargas y las entidades llaneras. En estas últimas, la consulta se había programado para la semana comprendida entre el 23 y el 26 de junio.
De allí que -estima- la agenda se extenderá más allá del 15 de julio.
Una vez que culmine la jornada de consulta, la comisión realizará un informe que será sometido a discusión de la plenaria.
La meta es agosto
El proyecto de ley fue presentado por organizaciones populares en marzo pasado y recibió urgencia reglamentaria.
A pesar de los ajustes en el cronograma, la Comisión de Administración y Servicios no abandona la idea de que el instrumento sea sancionado antes del receso legislativo, que se inicia a mediados de agosto.
El proceso de consulta pública del anteproyecto de ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda comenzó a principios de junio en el Distrito Capital y parte del estado Miranda (Chacao, Baruta y El Hatillo).
El acto de inicio de la jornada se hizo en la plaza Altamira, en Caracas, y fue encabezado por el diputado Diosdado Cabello, quien preside la Comisión de Administración y Servicios Públicos.
El proyecto legal incluye todos los espacios destinados al arrendamiento de viviendas, entre ellos habitaciones y pensiones.
A pesar de que ha trascendido a la opinión pública que el proyecto sufrió modificaciones, particularmente en lo referente a la obligación de destinar 25% de los nuevos desarrollos inmobiliarios al arrendamiento, parlamentarios han negado tal versión.
El documento da pie para la transferencia de la propiedad a los inquilinos especialmente en aquellos edificios "de vieja data" destinados al alquiler.
De hecho, conmina a los propietarios a negociar y establece que, en caso contrario, procederá la expropiación.
Si bien este procedimiento es parte de un instrumento en discusión, está siendo puesto en práctica con un primer lote de 100 inmuebles ubicados en el Distrito Capital.
Agrupaciones de inquilinos esperan que esta iniciativa, que fue propuesta por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) al ex ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, en el año 2005, se extienda a otros estados del país.
La CIV y organizaciones de propietarios, incluida Apiur, han cuestionado que la fórmula que determina el valor de los inmuebles no contemple el terreno como parte del precio.
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Vecinos piden al TSJ que proteja terrenos
Ayer en la mañana, un grupo de vecinos de la parroquia Caricuao introdujo un amparo en el Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar que se aplique una medida cautelar que impida la construcción de edificios en los terrenos donde está planificada una sede de la Universidad Simón Rodríguez.
"El documento fue recibido por el juez superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien lo entregó al Tribunal Superior Segundo para que dé respuesta en 10 días hábiles", informó Milagros Perera, vocera de la UD-6 de Caricuao.
La abogada de Venezuela Alternativa Andrea Celis expresó, en nota de prensa, su preocupación por la construcción de las viviendas en el sector. Aseguró que la acción está tipificada como delito penal ambiental por la Ley Penal del Ambiente en su artículo 43, "debido a que es una actividad urbanística que deteriora y afecta la zona, así como también el paisaje de la parroquia ecológica".
"La construcción de un complejo habitacional supone un inminente colapso del sistema de servicios públicos de las zonas UD-5 y UD-6 de Caricuao, que es el mismo de hace 40 años, cuando en el lugar no había la densidad poblacional que se proyecta actualmente", subrayó Celis.
Los vecinos aspiran a que el Tribunal Supermo de Justicia dicte la medida cautelar y proteja el terreno, pues esperan que se construya la sede de la universidad.
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30-06-2011
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La abogada de Venezuela Alternativa Andrea Celis expresó, en nota de prensa, su preocupación por la construcción de las viviendas en el sector. Aseguró que la acción está tipificada como delito penal ambiental por la Ley Penal del Ambiente en su artículo 43, "debido a que es una actividad urbanística que deteriora y afecta la zona, así como también el paisaje de la parroquia ecológica".
"La construcción de un complejo habitacional supone un inminente colapso del sistema de servicios públicos de las zonas UD-5 y UD-6 de Caricuao, que es el mismo de hace 40 años, cuando en el lugar no había la densidad poblacional que se proyecta actualmente", subrayó Celis.
Los vecinos aspiran a que el Tribunal Supermo de Justicia dicte la medida cautelar y proteja el terreno, pues esperan que se construya la sede de la universidad.
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Una misión que no convence
TalCualDigital.com
Por: Eduardo Lugo
Hasta los momentos la Gran Misión Vivienda Venezuela no ha logrado convencer a las asociaciones privadas. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señaló que en la actualidad no se logran visualizar los grandes avances en cuanto a la creación de nuevas estructuras.
Aseguró que el Ejecutivo no ha inaugurado las urbanizaciones prometidas y por ello no cree que al finalizar el presente año se puedan llegar a los 150.000 mil inmuebles.
"Se habla mucho pero nada que se ven los grandes movimientos de construcción. No hay proyectos concretos, sólo existen promesas", dijo.
El miembro del gremio inmobiliario agregó que unos de los principales inconvenientes que desprestigia a la Gran Misión Vivienda Venezuela es la falta de materiales indispensables en la elaboración de una casa.
Manifestó que el levantamiento de viviendas "no se puede hacer de la noche a la mañana".
En referencia a la ola de expropiaciones que se viene acentuando en el país, expresó que el Gobierno no puede estar quitándoles la propiedad a unos para dárselos a otros. Insistió en la exhortación al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo que permita laborar conjuntamente en la construcción de urbanismos en todo el territorio nacional.
SHOW ELECTORAL
Un informe de la Mesa de Unidad en materia de construcciones señala que la nueva iniciativa del Gobierno es el 13er programa en esa materia.
"Según lo que hemos podido apreciar es más una oferta política electoral que un verdadero plan. En las sucesivas cadenas televisivas en las que se usa una puesta en escena mediática, digna de los programas de variedades, lo que se pretende es vender ilusiones".
El texto menciona que hace falta convocar al sector privado y al extranjero con la finalidad de acabar con el déficit de unidades habitacionales, que ya ronda por las 2 millones 200 mil.
"El fracaso anticipado de la Gran Misión Vivienda Venezuela está cantado. La improvisación, la falta de planes, la toma de galpones, estacionamientos, y terreno, así como las invasiones, no están entre los valores que configuran el diseño de una política para atacar el problema eficientemente".
DE MAL EN PEOR
Un informe de la firma Ecoanalítica, destaca que en doce años de gestión del Gobierno actual se han construido cerca de 296.047 viviendas.
También añade que para cubrir la falta de unidades habitacionales se requerirá la construcción y culminación de unos 300.000 desarrollos anuales, "cifra que para algunos es un terrible síntoma de la realidad inmobiliaria, pero que para otros representaría una muestra de la credibilidad del primer mandatario nacional de cara a los comicios de 2012".
Respecto al estado de la Gran Caracas, el trabajo de Ecoanalítica señala que el gobierno nacional ha prometido la creación de 75.000 mil viviendas en los últimos cinco años pero sólo se han levantado 2.550 estructuras inmobiliarias, la cual representa 3,4% de la meta planteada.
Tal Cual
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Aseguró que el Ejecutivo no ha inaugurado las urbanizaciones prometidas y por ello no cree que al finalizar el presente año se puedan llegar a los 150.000 mil inmuebles.
"Se habla mucho pero nada que se ven los grandes movimientos de construcción. No hay proyectos concretos, sólo existen promesas", dijo.
El miembro del gremio inmobiliario agregó que unos de los principales inconvenientes que desprestigia a la Gran Misión Vivienda Venezuela es la falta de materiales indispensables en la elaboración de una casa.
Manifestó que el levantamiento de viviendas "no se puede hacer de la noche a la mañana".
En referencia a la ola de expropiaciones que se viene acentuando en el país, expresó que el Gobierno no puede estar quitándoles la propiedad a unos para dárselos a otros. Insistió en la exhortación al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo que permita laborar conjuntamente en la construcción de urbanismos en todo el territorio nacional.
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Un informe de la Mesa de Unidad en materia de construcciones señala que la nueva iniciativa del Gobierno es el 13er programa en esa materia.
"Según lo que hemos podido apreciar es más una oferta política electoral que un verdadero plan. En las sucesivas cadenas televisivas en las que se usa una puesta en escena mediática, digna de los programas de variedades, lo que se pretende es vender ilusiones".
El texto menciona que hace falta convocar al sector privado y al extranjero con la finalidad de acabar con el déficit de unidades habitacionales, que ya ronda por las 2 millones 200 mil.
"El fracaso anticipado de la Gran Misión Vivienda Venezuela está cantado. La improvisación, la falta de planes, la toma de galpones, estacionamientos, y terreno, así como las invasiones, no están entre los valores que configuran el diseño de una política para atacar el problema eficientemente".
DE MAL EN PEOR
Un informe de la firma Ecoanalítica, destaca que en doce años de gestión del Gobierno actual se han construido cerca de 296.047 viviendas.
También añade que para cubrir la falta de unidades habitacionales se requerirá la construcción y culminación de unos 300.000 desarrollos anuales, "cifra que para algunos es un terrible síntoma de la realidad inmobiliaria, pero que para otros representaría una muestra de la credibilidad del primer mandatario nacional de cara a los comicios de 2012".
Respecto al estado de la Gran Caracas, el trabajo de Ecoanalítica señala que el gobierno nacional ha prometido la creación de 75.000 mil viviendas en los últimos cinco años pero sólo se han levantado 2.550 estructuras inmobiliarias, la cual representa 3,4% de la meta planteada.
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Indepabis reclama a constructora del Grupo Eiffel por incumplimiento en la entrega de viviendas
Funcionario del Indepabis | Angel DeJesús
El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) afirmó que la constructora del Grupo Eiffel, responsable de la culminación de las obras en la urbanización Terrazas de Guaicoco, mantiene paralizada sus labores para no cumplir con la entrega de viviendas.
En un documento entregado recientemente al Indepabis, firmado por Juan Andrés Azpúrua, -implicado en casos de estafas inmobiliarias- condiciona la culminación de la obra con pretensiones que perjudican a las cientos de familias.
El organismo protector se mantiene firme en su objetivo de entregar las viviendas a las familias víctimas de estafas inmobiliarias. Al respecto, el Instituto mantiene una posición ajustada a derecho fundamentándose en la facultad que le otorga la Providencia Administrativa número 108, del 02 de mayo del presente año, para ejecutar conjuntamente con los afectados y afectadas, todas las acciones necesarias con el objeto de lograr la continuidad y culminación de la obra.
La entidad bancaria Banesco debe exhortar a la constructora del Grupo Eiffel a culminar inmediatamente la construcción o tendrá que reemplazarla para cumplir en corto plazo el compromiso asumido por el banco ante el Gobierno Bolivariano.
Tal medida se debe a que la entidad financiera es la responsable de la contratación de la mencionada empresa, por tal motivo esta sujeta a obligarla a reiniciar los trabajo de culminación de la obra, en los próximos días; hecho que será supervisado por el Indepabis para hacer cumplir el derecho de las familias que habían firmado sus contratos para obtener su vivienda.
El Nacional
30-06-2011
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En un documento entregado recientemente al Indepabis, firmado por Juan Andrés Azpúrua, -implicado en casos de estafas inmobiliarias- condiciona la culminación de la obra con pretensiones que perjudican a las cientos de familias.
El organismo protector se mantiene firme en su objetivo de entregar las viviendas a las familias víctimas de estafas inmobiliarias. Al respecto, el Instituto mantiene una posición ajustada a derecho fundamentándose en la facultad que le otorga la Providencia Administrativa número 108, del 02 de mayo del presente año, para ejecutar conjuntamente con los afectados y afectadas, todas las acciones necesarias con el objeto de lograr la continuidad y culminación de la obra.
La entidad bancaria Banesco debe exhortar a la constructora del Grupo Eiffel a culminar inmediatamente la construcción o tendrá que reemplazarla para cumplir en corto plazo el compromiso asumido por el banco ante el Gobierno Bolivariano.
Tal medida se debe a que la entidad financiera es la responsable de la contratación de la mencionada empresa, por tal motivo esta sujeta a obligarla a reiniciar los trabajo de culminación de la obra, en los próximos días; hecho que será supervisado por el Indepabis para hacer cumplir el derecho de las familias que habían firmado sus contratos para obtener su vivienda.
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Gobierno estima que en diciembre cumplirá meta de vivienda
El ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, señaló que antes del 10 de diciembre se cumplirán con la meta de construcción de 153.000 soluciones habitacionales.
El funcionario señaló desde el estado Monagas que se cuentan con suficientes materiales y que están garantizados los financiamientos, y reiteró que las familias con ingresos hasta 4 salarios mínimos tendrán subsidios.
Apuntó que para los planes están disponibles los ingresos petroleros y el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
El Universal
30-06-2011
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Apuntó que para los planes están disponibles los ingresos petroleros y el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
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Trabajadores denuncian que tras nacionalización producción de cemento cayó en 80%
Globovision.com
Giselle Almarza
Trabajadores de Cementos de Venezuela se declararon en "emergencia" ante las múltiples necesidades que atraviesa la industria. En primer lugar explicaron que la producción de cemento ha decrecido en 80% desde la nacionalización debido a la falta de equipos.
Exigieron también que se respeten todas las cláusulas de la contratación colectiva, entre ellas, el servicio médico, el cual, se encuentra suspendido desde hace varios meses.
Jhonny Sifontes, trabajador de la cementera, aseguró que hace 3 meses tanto la junta directiva de la empresa como el Ministerio Público acordaron, en una reunión, cancelar las deudas por concepto de pasivos laborales, y sustitución de materiales para llevar la producción a niveles óptimos, sin embargo, hasta la fecha no han cumplido, por lo que decidieron paralizar las actividades.
Auguran un mal futuro para la Misión Vivienda debido a esta situación, y dijeron que el Presidente de la República atender este problema, ya que no es la oposición quien está haciendo daño para perjudicarlo, sino su misma gente quien está destrozando las industrias.
Permanecerán de brazos caídos, hasta tener respuestas concretas.
Globovisión
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Trabajadores de Cementos de Venezuela se declararon en "emergencia" ante las múltiples necesidades que atraviesa la industria. En primer lugar explicaron que la producción de cemento ha decrecido en 80% desde la nacionalización debido a la falta de equipos.
Exigieron también que se respeten todas las cláusulas de la contratación colectiva, entre ellas, el servicio médico, el cual, se encuentra suspendido desde hace varios meses.
Jhonny Sifontes, trabajador de la cementera, aseguró que hace 3 meses tanto la junta directiva de la empresa como el Ministerio Público acordaron, en una reunión, cancelar las deudas por concepto de pasivos laborales, y sustitución de materiales para llevar la producción a niveles óptimos, sin embargo, hasta la fecha no han cumplido, por lo que decidieron paralizar las actividades.
Auguran un mal futuro para la Misión Vivienda debido a esta situación, y dijeron que el Presidente de la República atender este problema, ya que no es la oposición quien está haciendo daño para perjudicarlo, sino su misma gente quien está destrozando las industrias.
Permanecerán de brazos caídos, hasta tener respuestas concretas.
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Cabillas, socialismo y fallas de Gobierno
Analitica.com
Toda la prensa se ha hecho eco de los eventuales casos de corrupción relacionados con la producción y comercialización de cabillas, entre otros productos de material ferroso. Por otra parte, un estudio realizado por profesores del IESA revelaría que hay empresas públicas o estatizadas, laborando a 4% de su capacidad e incluso algunas que no han podido iniciar actividades tras ser expropiadas –según lo reseña El Mundo del 22 de junio de 2011-. Desde el año 2005 se habrían ejecutado más de 1.300 intervenciones, expropiaciones, confiscaciones e invasiones, según el Observatorio de la Propiedad Privada.
Estos eventuales actos de corrupción, peculado y desviación de productos ferrosos hacia mercados paralelos constituyen un claro ejemplo de fallas de Gobierno; como de igual manera lo representa el rotundo fracaso de sustituir a la actividad económica privada por la pública. Aun así debe tenerse cuidado que con un par de chivos expiatorios se pretenda tapar el tamaño del problema que enfrentamos los venezolanos con las acciones del Gobierno, ni se pretenda en adelante achacar a un funcionario de mediano rango el fracaso de la ineficiente política de viviendas en Venezuela.
La sociedad en su conjunto, más allá de los casos particulares, debe evaluar si el modelo económico y la desinstitucionalización de la nación llevada a cabo por la actual gestión de Gobierno constituyen la explicación del fracaso, la corrupción, la burocratización improductiva que resta recursos a la generación de bienes públicos tan clamados por la sociedad en su conjunto.
El socialismo y la propiedad pública sobre los medios de producción, así se pretenda en una primera etapa dosificar circunscribiéndola a los sectores “estratégicos”, constituye esquemas de desincentivo que explican la destrucción de valor de las sociedades que lo asumen como modelo.
Más allá, el intervencionismo económico, la planificación centralizada, la vulneración de los derechos de propiedad, la eliminación del mercado y sus mecanismos de información y asignación de recursos, y el constreñimiento de las libertades económicas, como modelo económico, encuentran mayor justificación en la teoría del public choice y la economía positiva, que explican como grupos limitados de espalda a la sociedad, buscan administrar mayor cantidad de recursos, empresas y poder, menoscaban las libertades y concentrando y centralizando poderes y recursos. Desde el punto de vista normativo –el deber ser- la intervención del Estado en la economía debe estar justificada y limitada. La intervención pública debe estar justificada porque el despliegue y uso de instituciones y fondos públicos posee altísimos costos de oportunidad en actividades que la sociedad clama y que solo el Estado puede coordinar, como los bienes públicos. Luego, porque la intervención del Estado en la economía se justificaría solo en aquellos casos de fallas de mercado y donde una intervención del Estado garantizaría una situación de eficiencia económica y de bienestar social superior. Es así como la intervención pública de forma intrusiva, excluyente y sustituta de la actividad económica privada y de los derechos de propiedad no encuentran asidero en las buenas prácticas de políticas públicas y regulatorias.
Cuando las empresas son propiedad pública tanto los propietarios como los objetivos de las mismas resultan tremendamente difusos en comparación a las empresas privadas, en las cuales se encuentran estrictamente establecidos quienes son las personas naturales propietarias de las mismas. Así las cosas, la propiedad pública suele estar atomizada –al menos teóricamente- a lo largo de todos los nacionales, mientras que son unos pocos los que manejan los recursos públicos. Una vez que los objetivos de las empresas públicas no suelen estar claros ya que no suele estar claro cuáles son los propietarios beneficiados (los votantes, la sociedad en su conjunto, los suscriptores actuales, nuevos suscriptores o clientes, el Gobierno, los sindicatos), resulta complejo monitorear el desempeño y el esfuerzo desplegado por las empresas públicas y más específicamente por parte de sus administradores. Concretamente, la gestión de Gobierno de turno podría tener intereses políticos-electorales que ponen de espalda la gestión de las empresas públicas con los intereses de la sociedad, por ejemplo, sobre-contratándose adeptos políticos, se les hace favores a sindicatos adeptos, se ofrecen bienes y servicios a pérdida para ganar votantes aunque esto implique despilfarro de recursos públicos, etc. Por definición el accountability o el seguimiento y administración de las empresas públicas resulta imperfecto. Incluso en países como Venezuela donde existe una enorme renta petrolera existe la tremenda tentación por parte del administrador de la cosa pública en “justificar” el despilfarro y uso discrecional de la petro-renta administrándola, estatizando, expropiando, etc.
Adicionalmente, los administradores de las empresas públicas -dado lo difuso de los verdaderos propietarios (cada uno de los ciudadanos), dado su atomización, lo que explica la falta de dolencia sobre los recursos mal usados y sus limitaciones para hacer contraloría- se aprovechan, satisfaciendo sus propios intereses. Dentro de los intereses de los administradores de empresas públicas como las ubicadas en Guayana puede estar ser candidato a la gobernación, por lo que posee todos los incentivos para hacer uso de los recursos de las empresas públicas para comprar o ganar adeptos o votantes futuros. Podrían tener intereses en desviar recursos para el partido al cual representan. Podrían sencillamente utilizar los recursos públicos y el poder que el cargo de administrador les ofrece para lucrarse, malversando o incurriendo en actos de corrupción. Estas situaciones constituyen fallas de Gobierno y notables problemas de agente-principal.
Por otra parte, las empresas y monopolios públicos constituyen estructuras organizacionales en los cuales los incentivos implícitos a favor de la eficiencia económica no existen o son poco creíbles. Lo anterior resulta preocupante porque la eficiencia económica constituye un bien social en la medida que garantiza una utilización óptima de recursos para la producción de bienes y servicios y posibilitaría estructuras de costos más planas al momento de la formación de precios en el mercado. En contraste con las empresas públicas, en las empresas privadas los objetivos de los propietarios, generar beneficios a través de una gestión eficiente y competitiva, permite aplanar las estructuras de costos, reduciendo los recursos comprometidos, porque de lo contrario los administradores serían echados de la compañía y perderían reputación en el mercado laboral. Más allá, de ser un desastre la gestión de la empresa privada, quienes habrían perdido su capital son los privados y no el país que despilfarraría recursos públicos.
analitica.com
30-06-2011
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Lic. Henry Medina
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Toda la prensa se ha hecho eco de los eventuales casos de corrupción relacionados con la producción y comercialización de cabillas, entre otros productos de material ferroso. Por otra parte, un estudio realizado por profesores del IESA revelaría que hay empresas públicas o estatizadas, laborando a 4% de su capacidad e incluso algunas que no han podido iniciar actividades tras ser expropiadas –según lo reseña El Mundo del 22 de junio de 2011-. Desde el año 2005 se habrían ejecutado más de 1.300 intervenciones, expropiaciones, confiscaciones e invasiones, según el Observatorio de la Propiedad Privada.
Estos eventuales actos de corrupción, peculado y desviación de productos ferrosos hacia mercados paralelos constituyen un claro ejemplo de fallas de Gobierno; como de igual manera lo representa el rotundo fracaso de sustituir a la actividad económica privada por la pública. Aun así debe tenerse cuidado que con un par de chivos expiatorios se pretenda tapar el tamaño del problema que enfrentamos los venezolanos con las acciones del Gobierno, ni se pretenda en adelante achacar a un funcionario de mediano rango el fracaso de la ineficiente política de viviendas en Venezuela.
La sociedad en su conjunto, más allá de los casos particulares, debe evaluar si el modelo económico y la desinstitucionalización de la nación llevada a cabo por la actual gestión de Gobierno constituyen la explicación del fracaso, la corrupción, la burocratización improductiva que resta recursos a la generación de bienes públicos tan clamados por la sociedad en su conjunto.
El socialismo y la propiedad pública sobre los medios de producción, así se pretenda en una primera etapa dosificar circunscribiéndola a los sectores “estratégicos”, constituye esquemas de desincentivo que explican la destrucción de valor de las sociedades que lo asumen como modelo.
Más allá, el intervencionismo económico, la planificación centralizada, la vulneración de los derechos de propiedad, la eliminación del mercado y sus mecanismos de información y asignación de recursos, y el constreñimiento de las libertades económicas, como modelo económico, encuentran mayor justificación en la teoría del public choice y la economía positiva, que explican como grupos limitados de espalda a la sociedad, buscan administrar mayor cantidad de recursos, empresas y poder, menoscaban las libertades y concentrando y centralizando poderes y recursos. Desde el punto de vista normativo –el deber ser- la intervención del Estado en la economía debe estar justificada y limitada. La intervención pública debe estar justificada porque el despliegue y uso de instituciones y fondos públicos posee altísimos costos de oportunidad en actividades que la sociedad clama y que solo el Estado puede coordinar, como los bienes públicos. Luego, porque la intervención del Estado en la economía se justificaría solo en aquellos casos de fallas de mercado y donde una intervención del Estado garantizaría una situación de eficiencia económica y de bienestar social superior. Es así como la intervención pública de forma intrusiva, excluyente y sustituta de la actividad económica privada y de los derechos de propiedad no encuentran asidero en las buenas prácticas de políticas públicas y regulatorias.
Cuando las empresas son propiedad pública tanto los propietarios como los objetivos de las mismas resultan tremendamente difusos en comparación a las empresas privadas, en las cuales se encuentran estrictamente establecidos quienes son las personas naturales propietarias de las mismas. Así las cosas, la propiedad pública suele estar atomizada –al menos teóricamente- a lo largo de todos los nacionales, mientras que son unos pocos los que manejan los recursos públicos. Una vez que los objetivos de las empresas públicas no suelen estar claros ya que no suele estar claro cuáles son los propietarios beneficiados (los votantes, la sociedad en su conjunto, los suscriptores actuales, nuevos suscriptores o clientes, el Gobierno, los sindicatos), resulta complejo monitorear el desempeño y el esfuerzo desplegado por las empresas públicas y más específicamente por parte de sus administradores. Concretamente, la gestión de Gobierno de turno podría tener intereses políticos-electorales que ponen de espalda la gestión de las empresas públicas con los intereses de la sociedad, por ejemplo, sobre-contratándose adeptos políticos, se les hace favores a sindicatos adeptos, se ofrecen bienes y servicios a pérdida para ganar votantes aunque esto implique despilfarro de recursos públicos, etc. Por definición el accountability o el seguimiento y administración de las empresas públicas resulta imperfecto. Incluso en países como Venezuela donde existe una enorme renta petrolera existe la tremenda tentación por parte del administrador de la cosa pública en “justificar” el despilfarro y uso discrecional de la petro-renta administrándola, estatizando, expropiando, etc.
Adicionalmente, los administradores de las empresas públicas -dado lo difuso de los verdaderos propietarios (cada uno de los ciudadanos), dado su atomización, lo que explica la falta de dolencia sobre los recursos mal usados y sus limitaciones para hacer contraloría- se aprovechan, satisfaciendo sus propios intereses. Dentro de los intereses de los administradores de empresas públicas como las ubicadas en Guayana puede estar ser candidato a la gobernación, por lo que posee todos los incentivos para hacer uso de los recursos de las empresas públicas para comprar o ganar adeptos o votantes futuros. Podrían tener intereses en desviar recursos para el partido al cual representan. Podrían sencillamente utilizar los recursos públicos y el poder que el cargo de administrador les ofrece para lucrarse, malversando o incurriendo en actos de corrupción. Estas situaciones constituyen fallas de Gobierno y notables problemas de agente-principal.
Por otra parte, las empresas y monopolios públicos constituyen estructuras organizacionales en los cuales los incentivos implícitos a favor de la eficiencia económica no existen o son poco creíbles. Lo anterior resulta preocupante porque la eficiencia económica constituye un bien social en la medida que garantiza una utilización óptima de recursos para la producción de bienes y servicios y posibilitaría estructuras de costos más planas al momento de la formación de precios en el mercado. En contraste con las empresas públicas, en las empresas privadas los objetivos de los propietarios, generar beneficios a través de una gestión eficiente y competitiva, permite aplanar las estructuras de costos, reduciendo los recursos comprometidos, porque de lo contrario los administradores serían echados de la compañía y perderían reputación en el mercado laboral. Más allá, de ser un desastre la gestión de la empresa privada, quienes habrían perdido su capital son los privados y no el país que despilfarraría recursos públicos.
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Definen vías para el aporte de la banca a la Misión Vivienda
El Gobierno ya definió el esquema por medio del cual los bancos aportarán recursos a la misión vivienda y sólo se espera porque Pdvsa abra esta semana un fideicomiso en el Bandes para que el dinero comience a fluir.
Gracias a la rebaja de las reserva que obligatoriamente las entidades financieras deben tener en el Banco Central, conocida técnicamente como encaje legal, surgen 10 mil millones de bolívares que llegarán a manos del Gobierno a través de la compra de certificados.
Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos certificados con plazos entre tres y cinco años y un rendimiento de 3,75% que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco Central.
Luego, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar donde se depositan los bolívares destinados para la construcción de las viviendas.
Está contemplado que los bancos adquieran otro lote de certificados por 6 mil millones de bolívares pero con dinero que no provendrá de la liberación del encaje.
Además comprarán unas cédulas hipotecarias que emitirá el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) respaldadas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda por un monto de 6 mil millones de bolívares.
De esta manera las entidades financieras aportarán 22 mil millones de bolívares a la misión vivienda durante lo que resta de año.
El Universal
30-06-2011
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Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos certificados con plazos entre tres y cinco años y un rendimiento de 3,75% que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco Central.
Luego, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar donde se depositan los bolívares destinados para la construcción de las viviendas.
Está contemplado que los bancos adquieran otro lote de certificados por 6 mil millones de bolívares pero con dinero que no provendrá de la liberación del encaje.
Además comprarán unas cédulas hipotecarias que emitirá el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) respaldadas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda por un monto de 6 mil millones de bolívares.
De esta manera las entidades financieras aportarán 22 mil millones de bolívares a la misión vivienda durante lo que resta de año.
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Corrupción en Sidor dejó sin cabillas a Carabobo
el-carabobeno.com
Alejandro Villalobos
El efecto de la llamada mafia de las cabillas había llegado a Carabobo desde hacía tiempo. En varias ocasiones, el presidente de la Cámara de la Construcción, Antonio Bejarano Baquero, denunció la reventa con sobreprecio del producto a causa de las dificultades puestas a los distribuidores para obtener el cupo de comercialización, e incluso el desvío de cargas, lo no sólo afecta a la Misión Vivienda, sino a todo el sector de la construcción.
Este mes fue detenido el director de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, por el supuesto desvío de cabillas al mercado paralelo, donde ya no es imposible comprar el insumo, pero sí mucho más costoso.
Días después la bautizada como "reina de las cabillas", Tatiana Orozco, fue apresada durante un allanamiento en la zona industrial Matanzas, en el estado Bolívar, desde donde los cargamentos eran sacados clandestinamente hacia Colombia, de acuerdo a la investigación penal que se ha colado a los medios de la zona.
El recorrido hasta Colombia iba desde Puerto Ordaz hasta el estado Táchira, donde el cargamento cruzaba la frontera, destino a Cúcuta. Se habla de sobornos a guardias nacionales y funcionarios del Seniat.
A Velásquez lo denunciaron desde hace algunos años, sobre varias irregularidades. Pero en 2010 dirigentes de Sutiss documentaron la pérdida de 12 gandolas cargadas de cabillas que nunca llegaron a su destino.
De acuerdo a reportes de prensa, basados en las investigaciones preliminares, el material se vendía a determinadas personas a precio regulado y posteriormente lo negocian en el mercado paralelo, mucho más caro.
El Carabobeño
30-06-2011
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Este mes fue detenido el director de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, por el supuesto desvío de cabillas al mercado paralelo, donde ya no es imposible comprar el insumo, pero sí mucho más costoso.
Días después la bautizada como "reina de las cabillas", Tatiana Orozco, fue apresada durante un allanamiento en la zona industrial Matanzas, en el estado Bolívar, desde donde los cargamentos eran sacados clandestinamente hacia Colombia, de acuerdo a la investigación penal que se ha colado a los medios de la zona.
El recorrido hasta Colombia iba desde Puerto Ordaz hasta el estado Táchira, donde el cargamento cruzaba la frontera, destino a Cúcuta. Se habla de sobornos a guardias nacionales y funcionarios del Seniat.
A Velásquez lo denunciaron desde hace algunos años, sobre varias irregularidades. Pero en 2010 dirigentes de Sutiss documentaron la pérdida de 12 gandolas cargadas de cabillas que nunca llegaron a su destino.
De acuerdo a reportes de prensa, basados en las investigaciones preliminares, el material se vendía a determinadas personas a precio regulado y posteriormente lo negocian en el mercado paralelo, mucho más caro.
El Carabobeño
30-06-2011
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Campamentos de Pioneros construirán 1.148 casas
Las comunidades construirán 30% de las casas de este año KISAÍ MENDOZA
El Gobierno en el marco del nuevo plan de vivienda decidió dejar en manos de las comunidades 30% de la producción de soluciones habitacionales.
En marzo la Asamblea Nacional autorizó un crédito adicional por 3,1 millardos de bolívares para permitir que los consejos comunales este año realicen 40.000 viviendas (lo que abarca la sustitución de ranchos por nuevas casas), y este miércoles los diputados aprobaron otro crédito por 210,4 millones de bolívares, que serán transferidos a los Campamentos de Pioneros para el desarrollo de 1.148 unidades.
El informe aprobado por la Comisión de Finanzas del Parlamento indica que esas soluciones habitacionales serán desarrolladas en 11 comunidades socialistas que están ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas y en los estados Anzoátegui, Lara y Miranda.
Los Campamentos de Pioneros, es una de las organizaciones que pertenece al Movimiento Pobladores y está conformado por comunidades. El pasado mes de mayo el primer mandatario nacional delegó en esas instancias la producción de casas como parte de la Misión Vivienda Venezuela.
Los recursos serán traspasados al Fondo de Compensación Interterritorial, el cual luego realizará los desembolsos a los consejos comunales.
Esas viviendas que efectuarán los Campamentos de Pioneros serán financiadas con el diferencial cambiario de 2011 (que está depositado en el Fondo Independencia).
Otras operaciones
Esos ingresos extraordinarios por devaluación también cubrieron otros dos créditos adicionales. Una de las operaciones por 74,9 millones de bolívares fue para el Ministerio del Ambiente. Los fondos se emplearán en la reubicación de la planta de transferencia de residuos sólidos de Las Mayas. Ese espacio de la planta, según el diputado Ricardo Sanguino, se usará para la construcción de más viviendas.
Los diputados también dieron el visto bueno a un crédito por 502,1 millones de bolívares para el Ministerio de Educación y los recursos serán para efectuar el aporte patronal del plan de autogestión de salud de ese despacho así como para la cobertura de insuficiencias presupuestarias.
En el primer semestre del año, la Asamblea Nacional ya aprobó 26,1 millardos de bolívares en créditos adicionales.
Durante la reunión de la Comisión, los diputados de la oposición decidieron salvar sus votos en los créditos, debido a los pocos detalles que se están ofreciendo sobre las fuentes de financiamiento. En reiteradas oportunidades los diputados Alfonso Marquina y Vestalia Sampedro solicitaron a los miembros del oficialismo información sobre los ingresos.
Los créditos actualmente sólo notifican que se financian con ingresos extraordinarios o con disponibilidades de la Oficina Nacional del Tesoro. Hasta el pasado mes de marzo las operaciones precisaban sus fuentes, es decir, si eran ingresos petroleros, tributarios o si los recursos surgían de algún fondo paralelo.
El Universal
30-06-2011
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En marzo la Asamblea Nacional autorizó un crédito adicional por 3,1 millardos de bolívares para permitir que los consejos comunales este año realicen 40.000 viviendas (lo que abarca la sustitución de ranchos por nuevas casas), y este miércoles los diputados aprobaron otro crédito por 210,4 millones de bolívares, que serán transferidos a los Campamentos de Pioneros para el desarrollo de 1.148 unidades.
El informe aprobado por la Comisión de Finanzas del Parlamento indica que esas soluciones habitacionales serán desarrolladas en 11 comunidades socialistas que están ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas y en los estados Anzoátegui, Lara y Miranda.
Los Campamentos de Pioneros, es una de las organizaciones que pertenece al Movimiento Pobladores y está conformado por comunidades. El pasado mes de mayo el primer mandatario nacional delegó en esas instancias la producción de casas como parte de la Misión Vivienda Venezuela.
Los recursos serán traspasados al Fondo de Compensación Interterritorial, el cual luego realizará los desembolsos a los consejos comunales.
Esas viviendas que efectuarán los Campamentos de Pioneros serán financiadas con el diferencial cambiario de 2011 (que está depositado en el Fondo Independencia).
Otras operaciones
Esos ingresos extraordinarios por devaluación también cubrieron otros dos créditos adicionales. Una de las operaciones por 74,9 millones de bolívares fue para el Ministerio del Ambiente. Los fondos se emplearán en la reubicación de la planta de transferencia de residuos sólidos de Las Mayas. Ese espacio de la planta, según el diputado Ricardo Sanguino, se usará para la construcción de más viviendas.
Los diputados también dieron el visto bueno a un crédito por 502,1 millones de bolívares para el Ministerio de Educación y los recursos serán para efectuar el aporte patronal del plan de autogestión de salud de ese despacho así como para la cobertura de insuficiencias presupuestarias.
En el primer semestre del año, la Asamblea Nacional ya aprobó 26,1 millardos de bolívares en créditos adicionales.
Durante la reunión de la Comisión, los diputados de la oposición decidieron salvar sus votos en los créditos, debido a los pocos detalles que se están ofreciendo sobre las fuentes de financiamiento. En reiteradas oportunidades los diputados Alfonso Marquina y Vestalia Sampedro solicitaron a los miembros del oficialismo información sobre los ingresos.
Los créditos actualmente sólo notifican que se financian con ingresos extraordinarios o con disponibilidades de la Oficina Nacional del Tesoro. Hasta el pasado mes de marzo las operaciones precisaban sus fuentes, es decir, si eran ingresos petroleros, tributarios o si los recursos surgían de algún fondo paralelo.
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La inversión pública en vivienda de 2010 fue la menor en 19 años
Los datos del Sisov señalan que de la inversión social prevista en 2010, 8,9% fue lo que se destinó al área de vivienda CRUZ SOJO
En este 2011 el Presidente Hugo Chávez señaló que es necesario acelerar la construcción de soluciones habitacionales para lo cual lanzó la Misión Vivienda Venezuela, pero desde 2010 el primer mandatario nacional ya había manifestado que era prioridad avanzar en los proyectos habitacionales.
Pese a que en los últimos meses del ejercicio pasado se anunció que los entes oficiales darían más recursos al sector, la información del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), revela que la inversión pública en vivienda en 2010 fue la más baja en 19 años.
De los recursos asignados por el Gobierno el pasado año a inversión social, 8,9% fue lo destinado a vivienda, mientras que en el año 1991 fue 23,5%, esas cifras indican, además, que ese fue el período de mayor inyección de recursos a la actividad.
Según los datos del Sisov, durante los años de administración de Hugo Chávez, el período de 2005 y 2006 fue en el que se erogaron más fondos a vivienda y ese dinero representó en la inversión social 17,1% y 17,4%, respectivamente.
En 2007 y 2008, pese a que fueron años de boom de ingresos petroleros, la inversión para el sector habitacional bajó y en 2009 la merma de recursos petroleros limitó los desembolsos para los planes de vivienda.
Y si bien en 2010 se recuperaron los aportes por la vía petrolera y tributaria, los recursos desembolsados al sector registraron una reducción.
En términos del PIB, los fondos erogados por los entes públicos para vivienda llegaron a representar 0,3% en 2010, mientras que en el año 1991 fue 2,1%. En los 12 años de gestión de este Gobierno, el 2006 fue el ejercicio en el que dicha inversión representó 1,6%.
Incidencia
La caída en la inversión del Gobierno central se reflejó en las unidades terminadas. El pasado año, de acuerdo a las cifras de los entes adscritos al Ministerio de la Vivienda, se terminaron 16.000 soluciones habitacionales, registrando un descenso de 47%, respecto a 2009 cuando se hicieron 30.000 casas.
Los organismos ejecutores de vivienda realizaron la mayor cantidad de edificaciones en el año 2006, en ese período se culminaron en total 58.000 soluciones habitacionales.
Entre 1999 y 2010 el sector público efectuó 284.000 unidades, a pesar de que se contemplaron dos misiones.
Objetivos
Para este año el Gobierno tiene previsto realizar 153.000 soluciones habitacionales y para ello estima una inversión de 40 millardos de bolívares.
Este miércoles el ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina indicó a VTV que antes del 10 de diciembre se cumplirá con el objetivo de 2011
El funcionario señaló durante una entrega de casas en el estado Monagas, que ya se cuentan con los recursos y los insumos esenciales para poder terminar las unidades y apuntó que se están afinando los financiamientos para las nuevas soluciones.
Las autoridades aseguran que para garantizar los objetivos la industria petrolera destinará 13 millardos de bolívares que están en el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 2,9 millardos de bolívares erogará el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y 12,7 millardos de bolívares serán de la gaveta hipotecaria. A ello se añaden 10 millardos de bolívares por medio del endeudamiento complementario.
El titular de la Vivienda y Hábitat, indicó que aquellas familias que serán beneficiadas de las casas y que perciben ingresos hasta 4 salarios mínimos (5.600 bolívares) tendrán subsidios. Quienes ganen más de ese tope recibirán créditos con tasas preferenciales.
Los voceros gubernamentales reiteran que las viviendas están marcha, aunque en el primer trimestre del año se culminaron 3.000 casas.
El Universal
30-06-2011
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Pese a que en los últimos meses del ejercicio pasado se anunció que los entes oficiales darían más recursos al sector, la información del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), revela que la inversión pública en vivienda en 2010 fue la más baja en 19 años.
De los recursos asignados por el Gobierno el pasado año a inversión social, 8,9% fue lo destinado a vivienda, mientras que en el año 1991 fue 23,5%, esas cifras indican, además, que ese fue el período de mayor inyección de recursos a la actividad.
Según los datos del Sisov, durante los años de administración de Hugo Chávez, el período de 2005 y 2006 fue en el que se erogaron más fondos a vivienda y ese dinero representó en la inversión social 17,1% y 17,4%, respectivamente.
En 2007 y 2008, pese a que fueron años de boom de ingresos petroleros, la inversión para el sector habitacional bajó y en 2009 la merma de recursos petroleros limitó los desembolsos para los planes de vivienda.
Y si bien en 2010 se recuperaron los aportes por la vía petrolera y tributaria, los recursos desembolsados al sector registraron una reducción.
En términos del PIB, los fondos erogados por los entes públicos para vivienda llegaron a representar 0,3% en 2010, mientras que en el año 1991 fue 2,1%. En los 12 años de gestión de este Gobierno, el 2006 fue el ejercicio en el que dicha inversión representó 1,6%.
Incidencia
La caída en la inversión del Gobierno central se reflejó en las unidades terminadas. El pasado año, de acuerdo a las cifras de los entes adscritos al Ministerio de la Vivienda, se terminaron 16.000 soluciones habitacionales, registrando un descenso de 47%, respecto a 2009 cuando se hicieron 30.000 casas.
Los organismos ejecutores de vivienda realizaron la mayor cantidad de edificaciones en el año 2006, en ese período se culminaron en total 58.000 soluciones habitacionales.
Entre 1999 y 2010 el sector público efectuó 284.000 unidades, a pesar de que se contemplaron dos misiones.
Objetivos
Para este año el Gobierno tiene previsto realizar 153.000 soluciones habitacionales y para ello estima una inversión de 40 millardos de bolívares.
Este miércoles el ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina indicó a VTV que antes del 10 de diciembre se cumplirá con el objetivo de 2011
El funcionario señaló durante una entrega de casas en el estado Monagas, que ya se cuentan con los recursos y los insumos esenciales para poder terminar las unidades y apuntó que se están afinando los financiamientos para las nuevas soluciones.
Las autoridades aseguran que para garantizar los objetivos la industria petrolera destinará 13 millardos de bolívares que están en el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 2,9 millardos de bolívares erogará el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y 12,7 millardos de bolívares serán de la gaveta hipotecaria. A ello se añaden 10 millardos de bolívares por medio del endeudamiento complementario.
El titular de la Vivienda y Hábitat, indicó que aquellas familias que serán beneficiadas de las casas y que perciben ingresos hasta 4 salarios mínimos (5.600 bolívares) tendrán subsidios. Quienes ganen más de ese tope recibirán créditos con tasas preferenciales.
Los voceros gubernamentales reiteran que las viviendas están marcha, aunque en el primer trimestre del año se culminaron 3.000 casas.
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miércoles, 29 de junio de 2011
Paralizada la construcción de viviendas en Parque Vargas
La avenida Bolívar ilustró por años las postales de Caracas, por su concepción de paseo peatonal y vehicular que sentó precedente en el proceso de urbanización de la ciudad. Sin embargo, hoy en día, muestra un paisaje que dista mucho de lo que alguna vez fue.
El hermetismo dentro y fuera de las cercas que rodean el antiguo Paseo Parque Vargas hacen de la avenida Bolívar escenario de la incertidumbre, pues vecinos y trabajadores de la obra desconocen cuándo comenzará la construcción de las torres residenciales.
Una valla anuncia que 776 familias damnificadas tendrán pronto un techo en Parque Vargas, pero por las rendijas de la cerca, sólo se ve maleza y algunas construcciones muy básicas con techo de zinc.
"Esos son los comedores de los obreros. Y aquellas son las casas rodantes de los ingenieros", explica el personal de mantenimiento de los jardines de la avenida Bolívar. Aparte de eso y un tractor, no hay más nada en el futuro desarrollo de viviendas. "Ahí no ha habido movimiento de gente. Aunque, gracias a Dios, no han adelantado nada porque así puedo seguir pidiendo un milagro que detenga la locura de destruir la vegetación para construir apartamentos", afirma Ruth Palao, dueña de un kiosco localizado frente al lote cercado, en la acera sur de la avenida.
Algunos vecinos advierten que en los terrenos han hecho zanjas, presuntamente para garantizar el paso de una tubería de agua. Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, afirma que la estructura corresponde a un pozo séptico: "Eso trae más problemas ambientales. Como si no fuera suficiente con la tala de los árboles del parque".
Infracciones ambientales. Las construcciones en el parque han sido motivo de protestadas desde que se anunciaron.
Vecinos de las parroquias San Agustín, Santa Rosalía y Candelaria han calificado el proyecto como un ecocidio, pues supone la desaparición de los árboles que delinean la avenida para construir las torres. A pesar de la oposición de la comunidad, algunos árboles ya fueron talados y las palmeras fueron trasplantadas a otras áreas de la avenida. Ahora lucen mustias, apenas sujetas a la tierra por unos mecates tensos.
"Es difícil que esas palmas sobrevivan al traslado. Están ya desarrolladas y eso complica que puedan echar raíz en otro lugar", sentenció uno de los jardineros que no quiso revelar su nombre. Agregó que el cambio en la dinámica de la avenida Bolívar lo han sentido hasta ellos, los jardineros: "Antes éramos 16 personas que limpiábamos semanalmente la maleza de los árboles que rodean la calle, inclusive los del Parque Vargas. Pero después de que talaron algunos ya no somos necesarios aquí. Ahora sólo quedamos 8; a los compañeros los reubicaron en otras labores de mantenimiento. No sabemos qué podrá pasar".
El desconocimiento se hace extensivo a los lapsos de entrega fijados para los edificios residenciales. Ayer, obreros instalaban alambre de púas en la cúspide de las cercas de concreto, para proteger el terreno de posibles invasiones. "Ya han intentado meterse, sobre todo los indigentes", indicó un trabajador, que sostiene que sólo esperan la llegada de los materiales, lo que debería ocurrir esta semana.
Los encargados de la jardinería aseguran que la obra comenzará en un mes, de acuerdo con lo que han escuchado.
Los vecinos, simplemente, ignoran cuándo comenzarán los trabajos, pues no han recibido notificación oficial.
Rojas infiere que la lentitud de la obra se debe a que pretenden edificar sobre un relleno: "El terreno es inestable, pues pasa encima de cauces de agua, eso se sabe. Es simple: construir ahí es riesgoso, el Gobierno lo sabe y por eso no arranca la obra".
Más obras en la Bolívar
Del Museo Nacional de Arquitectura, la otra obra que destaca en la avenida Bolívar, es poco lo que se sabe. Los trabajos comenzaron hace año y medio, pero hasta ahora sólo es visible un armazón de concreto y algunos vidrios que cierran la estructura, mientras obreros trabajan a toda marcha sobre andamios para avanzar en la edificación, localizada junto al Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez.
El ministro para la Transformación Revolucionaria de Caracas, Francisco Sesto, aseguró recientemente que el museo abrirá sus puertas en noviembre, aunque la construcción fue anunciada en 2006.
Entorno Inteligente
29-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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El hermetismo dentro y fuera de las cercas que rodean el antiguo Paseo Parque Vargas hacen de la avenida Bolívar escenario de la incertidumbre, pues vecinos y trabajadores de la obra desconocen cuándo comenzará la construcción de las torres residenciales.
Una valla anuncia que 776 familias damnificadas tendrán pronto un techo en Parque Vargas, pero por las rendijas de la cerca, sólo se ve maleza y algunas construcciones muy básicas con techo de zinc.
"Esos son los comedores de los obreros. Y aquellas son las casas rodantes de los ingenieros", explica el personal de mantenimiento de los jardines de la avenida Bolívar. Aparte de eso y un tractor, no hay más nada en el futuro desarrollo de viviendas. "Ahí no ha habido movimiento de gente. Aunque, gracias a Dios, no han adelantado nada porque así puedo seguir pidiendo un milagro que detenga la locura de destruir la vegetación para construir apartamentos", afirma Ruth Palao, dueña de un kiosco localizado frente al lote cercado, en la acera sur de la avenida.
Algunos vecinos advierten que en los terrenos han hecho zanjas, presuntamente para garantizar el paso de una tubería de agua. Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, afirma que la estructura corresponde a un pozo séptico: "Eso trae más problemas ambientales. Como si no fuera suficiente con la tala de los árboles del parque".
Infracciones ambientales. Las construcciones en el parque han sido motivo de protestadas desde que se anunciaron.
Vecinos de las parroquias San Agustín, Santa Rosalía y Candelaria han calificado el proyecto como un ecocidio, pues supone la desaparición de los árboles que delinean la avenida para construir las torres. A pesar de la oposición de la comunidad, algunos árboles ya fueron talados y las palmeras fueron trasplantadas a otras áreas de la avenida. Ahora lucen mustias, apenas sujetas a la tierra por unos mecates tensos.
"Es difícil que esas palmas sobrevivan al traslado. Están ya desarrolladas y eso complica que puedan echar raíz en otro lugar", sentenció uno de los jardineros que no quiso revelar su nombre. Agregó que el cambio en la dinámica de la avenida Bolívar lo han sentido hasta ellos, los jardineros: "Antes éramos 16 personas que limpiábamos semanalmente la maleza de los árboles que rodean la calle, inclusive los del Parque Vargas. Pero después de que talaron algunos ya no somos necesarios aquí. Ahora sólo quedamos 8; a los compañeros los reubicaron en otras labores de mantenimiento. No sabemos qué podrá pasar".
El desconocimiento se hace extensivo a los lapsos de entrega fijados para los edificios residenciales. Ayer, obreros instalaban alambre de púas en la cúspide de las cercas de concreto, para proteger el terreno de posibles invasiones. "Ya han intentado meterse, sobre todo los indigentes", indicó un trabajador, que sostiene que sólo esperan la llegada de los materiales, lo que debería ocurrir esta semana.
Los encargados de la jardinería aseguran que la obra comenzará en un mes, de acuerdo con lo que han escuchado.
Los vecinos, simplemente, ignoran cuándo comenzarán los trabajos, pues no han recibido notificación oficial.
Rojas infiere que la lentitud de la obra se debe a que pretenden edificar sobre un relleno: "El terreno es inestable, pues pasa encima de cauces de agua, eso se sabe. Es simple: construir ahí es riesgoso, el Gobierno lo sabe y por eso no arranca la obra".
Más obras en la Bolívar
Del Museo Nacional de Arquitectura, la otra obra que destaca en la avenida Bolívar, es poco lo que se sabe. Los trabajos comenzaron hace año y medio, pero hasta ahora sólo es visible un armazón de concreto y algunos vidrios que cierran la estructura, mientras obreros trabajan a toda marcha sobre andamios para avanzar en la edificación, localizada junto al Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez.
El ministro para la Transformación Revolucionaria de Caracas, Francisco Sesto, aseguró recientemente que el museo abrirá sus puertas en noviembre, aunque la construcción fue anunciada en 2006.
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Profesionales toman terrenos para construir viviendas
El grupo de personas instalado desde el pasado martes con carpas en las afueras de un terreno, supuestamente ocioso, en la calle Capanaparo de Valle Abajo, en la parroquia San Pedro, no son tomistas habituales. Se trata de familias, integradas por profesionales y amas de casas, agrupadas en la Organización Integral Comunitaria de Vivienda y Hábitat de San Pedro.
"Sólo custodiamos este espacio porque deseamos que nos construyan apartamentos acá.
Vivimos arrimados, alquilados y hacinados en el sector. Hace cuatro años logramos la adjudicación de los terrenos que están detrás del parque de diversiones Bimbolandia, en El Valle", afirmó Nevelyn Otazo, miembro del colectivo.
Otazo, estudiante universitaria, reside en San Pedro, pero no tiene vivienda propia. Ella conoce a la casi totalidad de las 127 familias que forman parte de la organización, pues viven en San Pedro. "El plan de construcción de viviendas se está diseñando, lo hace un arquitecto que pertenece a nuestro grupo. Pero no tengo mayores detalles al respecto", señala.
La propuesta de edificar apartamentos en el terreno que tiene alrededor de 2.000 metros cuadrados ha estado en manos de Francisco Sesto, ministro del Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas, y de otras autoridades en materia de vivienda.
Ana Espinoza, que también custodia el lote, alterna su horario como enfermera de Barrio Adentro para acercarse, eventualmente, a las carpas en las afueras del terreno. "No somos invasores, sólo queremos marcar la zona y que nos den viviendas", asevera. El grupo asegura que mantienen limpia el área e, inclusive, han pintado los muros que cercan la tierra.
Gloria Ojeda, empleada de una zapatería, relata que ante la falta de respuesta para adquirir una vivienda decidió unirse al grupo: "He hecho gestiones para comprar casa y nada. Tengo 7 años viviendo alquilada en Catia, pago 700 bolívares mensuales y eso se lleva, prácticamente, mi sueldo".
"Queremos recursos para la construcción. Tenemos planteado pagar con la Ley de Política Habitacional, todos cotizamos. Mantenemos limpio este espacio", afirma.
En terrenos con proyectos.
Los vecinos de Valle Abajo rechazan las propuestas de la agrupación tomista. "En esos terrenos se planificó construir un modulo policial. Tenemos mucha inseguridad en el sector. Tampoco creemos que esas áreas estén aptas para la construcción de dos torres, como exponen esas familias", dice Ada Méndez, quien reside en la urbanización.
El terreno, que está desocupado desde hace 25 años, aproximadamente, pertenecería al Gobierno, según los ocupantes. Sin embargo, los vecinos de Valle Abajo no creen en ese argumento.
"Un señor, en una garita, cuida ese terreno. Alguien debe pagarle. No estamos contra la entrega de apartamentos a familias, sólo que esta urbanización no puede alojar más edificios porque colapsarían los servicios. En mi edificio también hay personas alquiladas, que viven con sus familiares, pero no creo que ocupar un terreno sea la solución", dice Méndez.
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Otazo, estudiante universitaria, reside en San Pedro, pero no tiene vivienda propia. Ella conoce a la casi totalidad de las 127 familias que forman parte de la organización, pues viven en San Pedro. "El plan de construcción de viviendas se está diseñando, lo hace un arquitecto que pertenece a nuestro grupo. Pero no tengo mayores detalles al respecto", señala.
La propuesta de edificar apartamentos en el terreno que tiene alrededor de 2.000 metros cuadrados ha estado en manos de Francisco Sesto, ministro del Estado para la Transformación Revolucionaria de Caracas, y de otras autoridades en materia de vivienda.
Ana Espinoza, que también custodia el lote, alterna su horario como enfermera de Barrio Adentro para acercarse, eventualmente, a las carpas en las afueras del terreno. "No somos invasores, sólo queremos marcar la zona y que nos den viviendas", asevera. El grupo asegura que mantienen limpia el área e, inclusive, han pintado los muros que cercan la tierra.
Gloria Ojeda, empleada de una zapatería, relata que ante la falta de respuesta para adquirir una vivienda decidió unirse al grupo: "He hecho gestiones para comprar casa y nada. Tengo 7 años viviendo alquilada en Catia, pago 700 bolívares mensuales y eso se lleva, prácticamente, mi sueldo".
"Queremos recursos para la construcción. Tenemos planteado pagar con la Ley de Política Habitacional, todos cotizamos. Mantenemos limpio este espacio", afirma.
En terrenos con proyectos.
Los vecinos de Valle Abajo rechazan las propuestas de la agrupación tomista. "En esos terrenos se planificó construir un modulo policial. Tenemos mucha inseguridad en el sector. Tampoco creemos que esas áreas estén aptas para la construcción de dos torres, como exponen esas familias", dice Ada Méndez, quien reside en la urbanización.
El terreno, que está desocupado desde hace 25 años, aproximadamente, pertenecería al Gobierno, según los ocupantes. Sin embargo, los vecinos de Valle Abajo no creen en ese argumento.
"Un señor, en una garita, cuida ese terreno. Alguien debe pagarle. No estamos contra la entrega de apartamentos a familias, sólo que esta urbanización no puede alojar más edificios porque colapsarían los servicios. En mi edificio también hay personas alquiladas, que viven con sus familiares, pero no creo que ocupar un terreno sea la solución", dice Méndez.
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Red Metropolitana de Inquilinos realizará censo a administradoras de edificos
La Red Metropolitana de Inquilinos desde la Dirección de Inquilinato del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat realiza un censo a las administradoras que manejan edificios de vieja data en el área metropolitana.
Así lo señaló este martes Elizabeth Santos, vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, en declaraciones a YVKE Mundial, donde aseguró que se busca que las administradoras entreguen la fe de vida de esos edificios.
Asimismo, indicó que la medida busca frenar la venta de propiedades de personas que han fallecido, ya que muchas de las administradoras "han hecho un negocio siniestro con los recursos de esos alquileres".
Agregó que con la aprobación de la Ley de Inquilinatos por la Asamblea Nacional el próximo 5 de julio, los edificios enteros de vieja data serán dados a la venta de sus inquilinos, de acuerdo a los precios justos que coloque el Gobierno Nacional.
En ese sentido, señaló que el reglamento señala que luego de 180 días de aprobación de la ley las administradoras deben poner a la orden dichas viviendas.
"El mercado inmobilirario ha sido una estafa, por lo que esperamos que con la entrada en vigencia de la ley la situación de inquilinato en el país pueda mejorar", puntualizó.
correodelorinoco.gob.ve
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Asimismo, indicó que la medida busca frenar la venta de propiedades de personas que han fallecido, ya que muchas de las administradoras "han hecho un negocio siniestro con los recursos de esos alquileres".
Agregó que con la aprobación de la Ley de Inquilinatos por la Asamblea Nacional el próximo 5 de julio, los edificios enteros de vieja data serán dados a la venta de sus inquilinos, de acuerdo a los precios justos que coloque el Gobierno Nacional.
En ese sentido, señaló que el reglamento señala que luego de 180 días de aprobación de la ley las administradoras deben poner a la orden dichas viviendas.
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Presentan ideas para una Caracas posible y sostenible
Sostenible, planificada, con buenos sistemas de transporte masivo, con planes a largo plazo para el tratamiento de los desechos sólidos y con proyectos urbanísticos acordes con los servicios públicos. Esas podrían ser las características de la ciudad soñada y que hoy en día los caraqueños ven muy lejano a disfrutar.
No obstante, hay quienes, desde la academia y desde la gerencia de algunas industrias, piensan todo lo contrario y más allá de seguir reforzando el caos en el que vivimos, sostienen que sí podemos ver una "Caracas Posible".
De hecho, esa fue la frase con la que se inauguró un evento desarrollado en el Conjunto de Auditorios de la Universidad Simón Bolívar, el cual contó con la participación de aproximadamente 130 personas entre estudiantes universitarios y profesionales, especialmente de los campos de ingeniería, urbanismo, arquitectura y biomedicina.
Durante dos días los asistentes presentaron y discutieron ideas sobre sostenibilidad, eficiencia energética y urbanismo. Se destacaron conferencias relativas la movilidad y al manejo de la gestión ambiental y energética de la ciudad.
En este último campo la profesora Mónica Kräuter, dedicada a la Química pura, pero con experiencia en gestión ambiental, habló de la necesidad de las ciudades de usar el reciclaje como política de Estado.
Es decir, que no sólo se deben colocar papeleras rojas, amarillas y verdes para el depósito de los desechos sólidos, sino que es imperioso educar desde el hogar a la población para darle un reuso a la basura doméstica, la cual puede convertirse además en una actividad rentable, tal como lo hace en estos momentos la USB, ente que vende por ejemplo los residuos del comedor a los viveros, el vidrio a una de empresa fabricantes de envases y el papel a una recicladora de cartón.
Kräuter sostiene que en la ciudad sólo se recicla 25% de cartón y papel, ocho % de vidrio y dos % de plástico. Y si se cuenta que sólo cuenta con un relleno sanitario (la Bonanza), es obvio que la calidad ambiental desmejora.
Citó cifras del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2001, cuando se manejó que un venezolano generaba medio kilo de basura al día. "En 10 años produce 1,2 kilogramos por día. Por tanto considero que el Estado debe convertirse en motivador para que las empresas desarrollen el reciclaje, debe facilitar los créditos y las legislaciones para el manejo y disposición final de la basura (para que se convierta en un negocio) y al final generar conciencia en la población, la cual debe empezar por racionalizar sus consumos.
La profesora puso como ejemplo que en una bolsa de basura de 20 kilos, 30 por ciento es puro plástico y que estos ocupan 70 por ciento del espacio. "De allí la importancia de tomar en cuenta la gestión ambiental en los manejos de producción y del uso consciente de las materias primas, y más ahora que se habla de hacer crecer la ciudad".
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De hecho, esa fue la frase con la que se inauguró un evento desarrollado en el Conjunto de Auditorios de la Universidad Simón Bolívar, el cual contó con la participación de aproximadamente 130 personas entre estudiantes universitarios y profesionales, especialmente de los campos de ingeniería, urbanismo, arquitectura y biomedicina.
Durante dos días los asistentes presentaron y discutieron ideas sobre sostenibilidad, eficiencia energética y urbanismo. Se destacaron conferencias relativas la movilidad y al manejo de la gestión ambiental y energética de la ciudad.
En este último campo la profesora Mónica Kräuter, dedicada a la Química pura, pero con experiencia en gestión ambiental, habló de la necesidad de las ciudades de usar el reciclaje como política de Estado.
Es decir, que no sólo se deben colocar papeleras rojas, amarillas y verdes para el depósito de los desechos sólidos, sino que es imperioso educar desde el hogar a la población para darle un reuso a la basura doméstica, la cual puede convertirse además en una actividad rentable, tal como lo hace en estos momentos la USB, ente que vende por ejemplo los residuos del comedor a los viveros, el vidrio a una de empresa fabricantes de envases y el papel a una recicladora de cartón.
Kräuter sostiene que en la ciudad sólo se recicla 25% de cartón y papel, ocho % de vidrio y dos % de plástico. Y si se cuenta que sólo cuenta con un relleno sanitario (la Bonanza), es obvio que la calidad ambiental desmejora.
Citó cifras del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2001, cuando se manejó que un venezolano generaba medio kilo de basura al día. "En 10 años produce 1,2 kilogramos por día. Por tanto considero que el Estado debe convertirse en motivador para que las empresas desarrollen el reciclaje, debe facilitar los créditos y las legislaciones para el manejo y disposición final de la basura (para que se convierta en un negocio) y al final generar conciencia en la población, la cual debe empezar por racionalizar sus consumos.
La profesora puso como ejemplo que en una bolsa de basura de 20 kilos, 30 por ciento es puro plástico y que estos ocupan 70 por ciento del espacio. "De allí la importancia de tomar en cuenta la gestión ambiental en los manejos de producción y del uso consciente de las materias primas, y más ahora que se habla de hacer crecer la ciudad".
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Industria asegura que están paralizados despachos de cabilla
Jorge Roig, presidente de la Asociación de Industriales de la Metalurgia y Metalmecánica (Aimm), manifestó que actualmente hay una escasez de cabillas, hojalata, planchas metálicas y acero en el mercado nacional.
"En este momento no se está despachando cabilla ni se está despachando acero y hay una escasez no sólo para la Misión Vivienda, sino para todos los planes productivos que tiene la industria nacional".
En el marco del Congreso Anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Roig explicó que la investigación de las autoridades a la "mafia de las cabillas" ha detenido los despachos de insumos. Aseveró que sólo la mitad de los pedidos realizados por las compañías agrupadas en Aimm han sido atendidos por las empresas básicas.
Debido a esta situación, Roig cuestionó la meta oficial para la construcción de viviendas. "Dificulto que esas expectativas que tenía el Gobierno nacional de tener 150.000 viviendas este año se logre completar ni siquiera en un tercio".
El Universal
29-06-2011
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Debido a esta situación, Roig cuestionó la meta oficial para la construcción de viviendas. "Dificulto que esas expectativas que tenía el Gobierno nacional de tener 150.000 viviendas este año se logre completar ni siquiera en un tercio".
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Venezuela y Brasil concretan suministro de materiales de construcción
prensa-latina.cu
Venezuela y Brasil concretarán hoy aquí los mecanismos que facilitarán el suministro de materiales de construcción, materia prima para mobiliario, piezas sanitarias y eléctricas necesarios en el plan encaminado a cubrir el déficit habitacional de este país.
El vicepresidente del Áerea Económica Productiva, Ricardo Menéndez, y el embajador de Brasilia aquí, Antonio Marcondes, instalaron la comisiones que definirán las estrategias del intercambio comercial y también examinarán la posible instalación de empresas mixtas.
Las mesas de trabajo analizarán, asimismo, vías para la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica en la elaboración de los productos que se emplearán en la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la cual el Estado prevé levantar dos millones de casas en el período 2011-17.
Menéndez dijo que este contacto con los empresarios brasileros es fruto de los acuerdos firmados entre ambas naciones en el área de la construcción.
Para el funcionario venezolano, la participación del capital privado brasileño en este programa "es una expresión clara de las relaciones internacionales que ha venido planteando el presidente Hugo Chávez y que nos muestran un nuevo mapa de la productividad en el país".
En tanto, el embajador Marcondes consideró a la cita como una oportunidad "para ver de qué manera nuestros empresarios pueden contribuir al éxito de la misión".
"Esta reunión demuestra que tenemos una relación de iguales positiva para ambos Estados", precisó el diplomático.
Además de Brasil, Caracas también cuenta con el apoyo de Belarús, China, Irán y Rusia para levantar los inmuebles previstos.
Durante la primera fase de la Misión, el Ejecutivo censó a más de un millón 100 mil familias que están sin hogar, viven en domicilios insalubres o hacinados en los estados de Miranda, Vargas, Zulia, Falcón y el Distrito Capital.
Trabajadores voluntarios verifican esos datos por estos días.
El próximo 7 de julio, la inscripción debe comenzar en los estados de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira, donde se extenderá durante un mes, y luego continuarán en las 12 entidades federales restantes.
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Las mesas de trabajo analizarán, asimismo, vías para la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica en la elaboración de los productos que se emplearán en la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la cual el Estado prevé levantar dos millones de casas en el período 2011-17.
Menéndez dijo que este contacto con los empresarios brasileros es fruto de los acuerdos firmados entre ambas naciones en el área de la construcción.
Para el funcionario venezolano, la participación del capital privado brasileño en este programa "es una expresión clara de las relaciones internacionales que ha venido planteando el presidente Hugo Chávez y que nos muestran un nuevo mapa de la productividad en el país".
En tanto, el embajador Marcondes consideró a la cita como una oportunidad "para ver de qué manera nuestros empresarios pueden contribuir al éxito de la misión".
"Esta reunión demuestra que tenemos una relación de iguales positiva para ambos Estados", precisó el diplomático.
Además de Brasil, Caracas también cuenta con el apoyo de Belarús, China, Irán y Rusia para levantar los inmuebles previstos.
Durante la primera fase de la Misión, el Ejecutivo censó a más de un millón 100 mil familias que están sin hogar, viven en domicilios insalubres o hacinados en los estados de Miranda, Vargas, Zulia, Falcón y el Distrito Capital.
Trabajadores voluntarios verifican esos datos por estos días.
El próximo 7 de julio, la inscripción debe comenzar en los estados de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira, donde se extenderá durante un mes, y luego continuarán en las 12 entidades federales restantes.
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Petrocasas a medias
TalCualDigital.com
Por: Eduardo Lugo
La comunidad Casique de Guacara, estado Carabobo, aún no está contenta. Más de 30 familias esperan que el Gobierno termine de construir las petrocasas prometidas desde hace casi cuatro años.
A pesar de que el Ejecutivo actualmente construye en la entidad central desarrollos como las 120 "tetracasas" (cuatro viviendas levantadas en una estructura de dos pisos) en el sector Dios Todopoderoso, las políticas no logran satisfacer a toda la población carabobeña.
Más de treinta urbanismos aún faltan por levantarse en Casique de Guacara, según comentó una habitante que pidió no ser identificada. Y es que la comunidad está alarmada y no denuncia públicamente la tardanza del gobierno nacional por temor a represalias. La fuente bajo reserva explicó que a las viviendas les hace falta colocar el revestimiento de cerámica, machimbrado y los servicios de agua y electricidad.
Agregó que las casas sin culminar no tienen techo y por lo tanto se origina un total caos cuando caen las fuertes precipitaciones. La declarante aseguró que la irregularidad se presenta porque los encargados de desarrollar los urbanismos alegan falta de materiales de construcción. "Ya vamos a cumplir cuatro años con esto. Queremos ya nuestras casas. Nuestros hijos necesitan un techo en donde vivir. Queremos que el presidente Chávez averigüe lo que está pasando aquí", dijo.
Específicamente en su caso, detalló que a su futura casa le hace falta colocar el techo, las puertas, las ventanas y los servicios básicos (luz, agua y electricidad). Aunado a la tardía terminación de unidades habitacionales el miedo a las invasiones está presente. La afectada resaltó que en ocasiones las personas tienen que pasar la noche en las viviendas a medio construir con el propósito de montar guardia y evitar tomas forzosas porque el sector carece de seguridad.
Por otra parte, según vecinos de Guacara algunas urbanizaciones construidas por el Gobierno tienen serios problemas con el agua.
Aseguran que el vital líquido sólo llega a las casas mediante la instalación de una bomba en cada casa y no de manera directa.
SILENCIO
Se intentó buscar por todos los medios información oficial pero fue imposible. Tanto el Gobierno como las organizaciones privadas en materia de construcción no poseen suficientes datos acerca del estado actual de las viviendas.
En la página web de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) sólo hay un escrito que da garantías a las mezclas utilizadas en la elaboración de la petrocasas. El formato de vivienda "no contiene ni emana sustancias tóxicas ni cancerígenas".
Personas ligadas al sector aseguran que el componente químico cuando se caliente puede producir cáncer.
Una nota del Gobierno explica que durante la elaboración de las petrocasas es utilizado el policloruro de vinilo (PVC), que es una resina de plástico no combustible que fabrica Pequiven.
Igualmente, destaca que el inmueble es una casa de concreto revestida de PCV con vigas de acero, cerámica y sin bloque en la estructura.
Tal Cual
29-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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Por: Eduardo Lugo
La comunidad Casique de Guacara, estado Carabobo, aún no está contenta. Más de 30 familias esperan que el Gobierno termine de construir las petrocasas prometidas desde hace casi cuatro años.
A pesar de que el Ejecutivo actualmente construye en la entidad central desarrollos como las 120 "tetracasas" (cuatro viviendas levantadas en una estructura de dos pisos) en el sector Dios Todopoderoso, las políticas no logran satisfacer a toda la población carabobeña.
Más de treinta urbanismos aún faltan por levantarse en Casique de Guacara, según comentó una habitante que pidió no ser identificada. Y es que la comunidad está alarmada y no denuncia públicamente la tardanza del gobierno nacional por temor a represalias. La fuente bajo reserva explicó que a las viviendas les hace falta colocar el revestimiento de cerámica, machimbrado y los servicios de agua y electricidad.
Agregó que las casas sin culminar no tienen techo y por lo tanto se origina un total caos cuando caen las fuertes precipitaciones. La declarante aseguró que la irregularidad se presenta porque los encargados de desarrollar los urbanismos alegan falta de materiales de construcción. "Ya vamos a cumplir cuatro años con esto. Queremos ya nuestras casas. Nuestros hijos necesitan un techo en donde vivir. Queremos que el presidente Chávez averigüe lo que está pasando aquí", dijo.
Específicamente en su caso, detalló que a su futura casa le hace falta colocar el techo, las puertas, las ventanas y los servicios básicos (luz, agua y electricidad). Aunado a la tardía terminación de unidades habitacionales el miedo a las invasiones está presente. La afectada resaltó que en ocasiones las personas tienen que pasar la noche en las viviendas a medio construir con el propósito de montar guardia y evitar tomas forzosas porque el sector carece de seguridad.
Por otra parte, según vecinos de Guacara algunas urbanizaciones construidas por el Gobierno tienen serios problemas con el agua.
Aseguran que el vital líquido sólo llega a las casas mediante la instalación de una bomba en cada casa y no de manera directa.
SILENCIO
Se intentó buscar por todos los medios información oficial pero fue imposible. Tanto el Gobierno como las organizaciones privadas en materia de construcción no poseen suficientes datos acerca del estado actual de las viviendas.
En la página web de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) sólo hay un escrito que da garantías a las mezclas utilizadas en la elaboración de la petrocasas. El formato de vivienda "no contiene ni emana sustancias tóxicas ni cancerígenas".
Personas ligadas al sector aseguran que el componente químico cuando se caliente puede producir cáncer.
Una nota del Gobierno explica que durante la elaboración de las petrocasas es utilizado el policloruro de vinilo (PVC), que es una resina de plástico no combustible que fabrica Pequiven.
Igualmente, destaca que el inmueble es una casa de concreto revestida de PCV con vigas de acero, cerámica y sin bloque en la estructura.
Tal Cual
29-06-2011
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En 2011 se expropiaron más empresas que en todo 2010
Carlos Larrazabal aseguró que en la mayoría de los casos no se ha producido la debida compensación por las expropiaciones VICENTE CORREALE/ARCHIVO
El ritmo de las expropiaciones no se detiene. De acuerdo a la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en lo que va de año el Estado ha intervenido 384 empresas.
"Es preocupante observar cómo ya para esta fecha, el Gobierno nacional ha expoliado o estatizado 384 empresas privadas, cifra superior a todas las tomadas durante el 2010", dijo Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
En efecto, las cifras del gremio indican un incremento de 64,10% de las expropiaciones si se compara con las 234 empresas tomadas el año pasado y contabilizadas por Conindustria. En ese cálculo no están incluidas las fincas que son intervenidas "cotidianamente por la mal llamada recuperación de tierras", apuntó Larrazábal.
Durante el discurso de cierre del congreso anual de Conindustria, el directivo destacó que en la "mayoría de los casos" no se ha producido la "debida compensación", tal y como establecen las leyes.
Asimismo, el representante de los industriales locales reiteró el fracaso de esa política, reflejado en una menor oferta de bienes en el mercado y de una escasa producción de insumos por parte de las compañías estatizadas.
"Hemos denunciado en forma reiterada el impacto negativo de las políticas de control del Estado sobre la economía; la intervención y estatización sobre el aparato productivo nacional. Estas no han demostrado su efectividad para resolver los graves problemas de abastecimiento que sufre el país. Por el contrario, los han agravado".
Larrazábal aseguró que sin la participación de la empresa privada será difícil encontrar un crecimiento económico sostenido, disminuir la persistente inflación o resolver el problema del desabastecimiento.
"La empresa privada ha contribuido de forma sostenida con el desarrollo de nuestra sociedad; con nuestra producción satisfacemos las múltiples necesidades de la población; generando más del 80% del empleo del país y aportamos aproximadamente el 50% de los ingresos fiscales de la nación".
El camino equivocado
A juicio del presidente de Conindustria la conducción económica del país está mal encaminada y requiere un cambio. "Padecemos un discurso oficial cuyo objetivo es criminalizar la propiedad y la iniciativa privada".
Esas "erradas políticas económicas de los últimos años", resaltó el directivo, han provocado una disminución de la actividad manufacturera al nivel que tenía hace 14 años y han hecho a la economía nacional más dependiente del ingreso petrolero.
"Casi todos los sectores producen menos que en 1997 con una población que se ha incrementado en dicho período en más de 5.800.000 habitantes".
El Universal
29-06-2011
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El ritmo de las expropiaciones no se detiene. De acuerdo a la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en lo que va de año el Estado ha intervenido 384 empresas.
"Es preocupante observar cómo ya para esta fecha, el Gobierno nacional ha expoliado o estatizado 384 empresas privadas, cifra superior a todas las tomadas durante el 2010", dijo Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
En efecto, las cifras del gremio indican un incremento de 64,10% de las expropiaciones si se compara con las 234 empresas tomadas el año pasado y contabilizadas por Conindustria. En ese cálculo no están incluidas las fincas que son intervenidas "cotidianamente por la mal llamada recuperación de tierras", apuntó Larrazábal.
Durante el discurso de cierre del congreso anual de Conindustria, el directivo destacó que en la "mayoría de los casos" no se ha producido la "debida compensación", tal y como establecen las leyes.
Asimismo, el representante de los industriales locales reiteró el fracaso de esa política, reflejado en una menor oferta de bienes en el mercado y de una escasa producción de insumos por parte de las compañías estatizadas.
"Hemos denunciado en forma reiterada el impacto negativo de las políticas de control del Estado sobre la economía; la intervención y estatización sobre el aparato productivo nacional. Estas no han demostrado su efectividad para resolver los graves problemas de abastecimiento que sufre el país. Por el contrario, los han agravado".
Larrazábal aseguró que sin la participación de la empresa privada será difícil encontrar un crecimiento económico sostenido, disminuir la persistente inflación o resolver el problema del desabastecimiento.
"La empresa privada ha contribuido de forma sostenida con el desarrollo de nuestra sociedad; con nuestra producción satisfacemos las múltiples necesidades de la población; generando más del 80% del empleo del país y aportamos aproximadamente el 50% de los ingresos fiscales de la nación".
El camino equivocado
A juicio del presidente de Conindustria la conducción económica del país está mal encaminada y requiere un cambio. "Padecemos un discurso oficial cuyo objetivo es criminalizar la propiedad y la iniciativa privada".
Esas "erradas políticas económicas de los últimos años", resaltó el directivo, han provocado una disminución de la actividad manufacturera al nivel que tenía hace 14 años y han hecho a la economía nacional más dependiente del ingreso petrolero.
"Casi todos los sectores producen menos que en 1997 con una población que se ha incrementado en dicho período en más de 5.800.000 habitantes".
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No hay materiales para las viviendas prometidas por Chávez
Obreros terminan construcción | Omar Véliz
ESTRATEGIA
Edificar 2 millones de casas entre 2011 y 2017 supone un esfuerzo que el aparato productivo difícilmente podrá asumir en las condiciones actuales. Para el primer año se requieren, entre otros insumos, 750.000 toneladas de cabillas, 1,2 millardos de bloques, 4,4 millones de metros de marcos para puertas y 3 millones de metros para ventanas, 12 millones de metros de tuberías para cableado, 8 millones de metros de tubos, 2,4 millones de puntos de aguas blancas y 600.000 tanquillas para aguas negras
El suministro de materiales necesarios para construir las 300.000 viviendas anuales que se requieren para lograr el objetivo planteado por el Gobierno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela edificar 2 millones de unidades entre 2011 y 2017 supone un esfuerzo que el aparato productivo nacional difícilmente podrá asumir en las condiciones actuales.
Las autoridades han emprendido acciones como la firma de compromisos con empresas productoras, la exoneración de impuestos y la propuesta de crear 48 centros de acopio en todo el país para garantizar la provisión de materiales, maquinarias e insumos, definida como uno de los "cinco vértices estratégicos" de la misión.
El deterioro experimentado por las compañías proveedoras en los últimos años la mayoría en manos del Gobierno sugiere, sin embargo, que se necesitan más esfuerzos.
Por eso, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, hizo un llamado el mes pasado para que se invierta en el aumento de la capacidad de producción.
En materia de cabillas y cemento, que son los principales insumos y también los que han presentado más fallas desde hace 2 años, Jiménez señaló que es ineludible incrementar las cantidades fabricadas en 50% y en 14% con respecto a 2010 sólo para cumplir la meta de levantar 150.000 viviendas en 2011.
Para construir 300.000 viviendas se requieren cerca de 3 millones de toneladas de cemento y 750.000 de cabillas. La producción de cemento (7 millones de toneladas el año pasado) supera la cantidad necesaria pero es insuficiente para satisfacer la demanda total. La de cabillas (500.000 toneladas) es deficitaria.
Jorge Roig, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería, indicó que en el caso de las cabillas hay un problema adicional: Sidor responsable de 60% de la producción se ha concentrado en las de diámetros gruesos, que no sirven para viviendas sino para puentes, represas y sistemas de transporte masivo.
Sin materia prima Las necesidades de acero van más allá de las cabillas. Para construir 300.000 viviendas se precisan casi 4 millones de metros de marco de tubo de hierro para puertas y ventanas. Roig dijo que la capacidad instalada de la industria metalúrgica es lo suficientemente grande, pero los problemas con el suministro de la materia prima limitan las operaciones, agregó.
"Sidor produjo 1 millón de toneladas de acero en el primer cuatrimestre, con lo cual pudiera llegar a 3 millones en 2011. Eso es una mejoría con respecto al año pasado, pero está por debajo de la capacidad instalada de 4,3 millones de toneladas y de los niveles de producción alcanzados cuando todavía estaba en manos de la argentina Techint", apuntó.
La fabricación de estructuras metálicas, una opción para la construcción de unidades multifamiliares que propuso la Asociación de Industriales Metalúrgicos y que permite reducir el consumo de cabillas, también está limitada por la falta de insumos. "La industria tiene capacidad para producir 90.000 toneladas, que servirían para 20.000 viviendas, pero trabaja a 60% porque no hay materia prima".
La producción de materiales hechos con aluminio cables, cajetines y otros igualmente está restringida por la situación de las empresas de Guayana. Alcasa y Venalum utilizaron 60% de la capacidad instalada en 2010, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
El índice Laspeyres del volumen de producción de la industria manufacturera privada correspondiente al primer trimestre de 2011, publicado por el Banco Central de Venezuela, muestra que la fabricación de metales comunes ha retrocedido 52,8% desde 2007 y la de productos de metal ha descendido 23,9% en igual período.
La encuesta de coyuntura de Conindustria, también correspondiente al período inicial de 2011, refleja que la falta de proveedores se ha convertido en el principal obstáculo que afrontan los empresarios del sector manufacturero, por delante de la incertidumbre política y social, la falta de divisas y el racionamiento eléctrico.
Problemas adicionales
En otros insumos la situación quizás no es tan crítica como en el cemento, el acero y el aluminio, pero igualmente hay dificultades que el Gobierno deberá superar para conseguir el objetivo de construir 300.000 viviendas anuales, advirtieron especialistas.
En materia de electricidad, el Gobierno deberá incorporar 750 megavatios cada año (adicionales a los requeridos para cubrir el déficit actual) para brindar servicio a las nuevas residencias, según Ecoanalítica. En total se necesitan 5.000 megavatios para atender 2 millones de viviendas.
Otro requisito indispensable es la actualización de las maquinarias y equipos, deteriorados por los problemas para obtener divisas para importar repuestos y hacerles mantenimiento, indicó Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
Izaguirre agregó que también es importante incrementar la producción de las grandes empresas de cerámica, porque se requerirán como mínimo 300.000 juegos de piezas sanitarias. "Ni siquiera están produciendo para abastecer la demanda actual".
Los fabricantes de bloque de arcilla y concreto se necesitan 1,2 millardos para la cantidad de viviendas deseada trabajan sólo contra pedido porque no tienen capacidad de almacenamiento, señaló Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción.
La lista de materiales es interminable, expresó la arquitecta Fina Weitz, porque también deben incluirse los que se necesitan para dotar de servicios públicos (agua, electricidad, cloacas) y equipamiento (canchas, escuelas, hospitales, parques, vialidad) a las viviendas construidas.
Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, dijo que el cálculo de los insumos necesarios depende de la ubicación de cada uno de los proyectos que formarán parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la distancia con las redes de servicios y los equipamientos existentes.
Recordó que existen normativas, como la Resolución 151 del extinto Ministerio de Desarrollo Urbano, que establecen los metros cuadrados requeridos para las instalaciones no residenciales (desde áreas verdes hasta plantas de agua) en función del número de habitantes.
Importación difícil Roig consideró que una alternativa para que la industria metalúrgica pueda aumentar su capacidad de producción de insumos para viviendas es que el Gobierno permita la importación de materia prima y especialmente que facilite los trámites necesarios, que actualmente pueden llevarse un año.
"El primer paso para comprar en el extranjero es obtener el certificado de no producción, que tarda 6 o 7 meses. Luego hay que solicitar divisas a Cadivi, lo que puede tomar 30 días o más. Y finalmente debes esperar 3 meses para que cualquier fabricante te haga llegar el pedido", enumeró.
Cilento coincidió en que la importación puede servir para conseguir algunos insumos, pero advirtió que tampoco puede recurrirse a ella de manera masiva porque hay materiales que son difíciles de trasladar y los principales puertos del país están congestionados.
Compañías con experiencia
La Gran Misión Vivien-da Venezuela prevé la incorporación como ejecutores de los proyectos de organismos de la administración central, compañías de países con los que se han firmado convenios bilaterales, gobiernos regionales, comunidades y empresas privadas.
Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, dijo que lo más importante es contar con constructores capacitados para el trabajo. "Personas sin experiencia pueden edificar viviendas, pero no al ritmo necesario para llegar a 300.000 anuales".
Izaguirre precisó que el objetivo trazado por el Gobierno requiere que cada semana del año (incluidas Carnaval y Semana Santa) se terminen alrededor de 5.800 unidades. Es decir, casi 1.200 diarias. "Es factible, pero trabajando con gente experimentada".
Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la UCV, concuerda con Izaguirre en la necesidad de que los proyectos sean ejecutados por empresas con capacidad para manejar todos los procesos que implica la construcción de viviendas.
"La colocación de los pedidos de manera oportuna es vital para que todo llegue a tiempo y no haya retrasos en la obra. Si los encofrados no están listos, el electricista no puede montar las tuberías para cableado y el encargado de vaciar el concreto tampoco podrá realizar su labor", ilustró Cilento.
Ambos creen que será difícil alcanzar la meta dejando la mayor parte de la responsabilidad en las comunidades. "La autoconstrucción es importante, pero no es la solución", señaló Izaguirre.
"Es un proceso complicado y no se puede improvisar", agregó Cilento.
El Nacional
29-06-2011
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ESTRATEGIA
Edificar 2 millones de casas entre 2011 y 2017 supone un esfuerzo que el aparato productivo difícilmente podrá asumir en las condiciones actuales. Para el primer año se requieren, entre otros insumos, 750.000 toneladas de cabillas, 1,2 millardos de bloques, 4,4 millones de metros de marcos para puertas y 3 millones de metros para ventanas, 12 millones de metros de tuberías para cableado, 8 millones de metros de tubos, 2,4 millones de puntos de aguas blancas y 600.000 tanquillas para aguas negras
El suministro de materiales necesarios para construir las 300.000 viviendas anuales que se requieren para lograr el objetivo planteado por el Gobierno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela edificar 2 millones de unidades entre 2011 y 2017 supone un esfuerzo que el aparato productivo nacional difícilmente podrá asumir en las condiciones actuales.
Las autoridades han emprendido acciones como la firma de compromisos con empresas productoras, la exoneración de impuestos y la propuesta de crear 48 centros de acopio en todo el país para garantizar la provisión de materiales, maquinarias e insumos, definida como uno de los "cinco vértices estratégicos" de la misión.
El deterioro experimentado por las compañías proveedoras en los últimos años la mayoría en manos del Gobierno sugiere, sin embargo, que se necesitan más esfuerzos.
Por eso, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, hizo un llamado el mes pasado para que se invierta en el aumento de la capacidad de producción.
En materia de cabillas y cemento, que son los principales insumos y también los que han presentado más fallas desde hace 2 años, Jiménez señaló que es ineludible incrementar las cantidades fabricadas en 50% y en 14% con respecto a 2010 sólo para cumplir la meta de levantar 150.000 viviendas en 2011.
Para construir 300.000 viviendas se requieren cerca de 3 millones de toneladas de cemento y 750.000 de cabillas. La producción de cemento (7 millones de toneladas el año pasado) supera la cantidad necesaria pero es insuficiente para satisfacer la demanda total. La de cabillas (500.000 toneladas) es deficitaria.
Jorge Roig, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería, indicó que en el caso de las cabillas hay un problema adicional: Sidor responsable de 60% de la producción se ha concentrado en las de diámetros gruesos, que no sirven para viviendas sino para puentes, represas y sistemas de transporte masivo.
Sin materia prima Las necesidades de acero van más allá de las cabillas. Para construir 300.000 viviendas se precisan casi 4 millones de metros de marco de tubo de hierro para puertas y ventanas. Roig dijo que la capacidad instalada de la industria metalúrgica es lo suficientemente grande, pero los problemas con el suministro de la materia prima limitan las operaciones, agregó.
"Sidor produjo 1 millón de toneladas de acero en el primer cuatrimestre, con lo cual pudiera llegar a 3 millones en 2011. Eso es una mejoría con respecto al año pasado, pero está por debajo de la capacidad instalada de 4,3 millones de toneladas y de los niveles de producción alcanzados cuando todavía estaba en manos de la argentina Techint", apuntó.
La fabricación de estructuras metálicas, una opción para la construcción de unidades multifamiliares que propuso la Asociación de Industriales Metalúrgicos y que permite reducir el consumo de cabillas, también está limitada por la falta de insumos. "La industria tiene capacidad para producir 90.000 toneladas, que servirían para 20.000 viviendas, pero trabaja a 60% porque no hay materia prima".
La producción de materiales hechos con aluminio cables, cajetines y otros igualmente está restringida por la situación de las empresas de Guayana. Alcasa y Venalum utilizaron 60% de la capacidad instalada en 2010, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
El índice Laspeyres del volumen de producción de la industria manufacturera privada correspondiente al primer trimestre de 2011, publicado por el Banco Central de Venezuela, muestra que la fabricación de metales comunes ha retrocedido 52,8% desde 2007 y la de productos de metal ha descendido 23,9% en igual período.
La encuesta de coyuntura de Conindustria, también correspondiente al período inicial de 2011, refleja que la falta de proveedores se ha convertido en el principal obstáculo que afrontan los empresarios del sector manufacturero, por delante de la incertidumbre política y social, la falta de divisas y el racionamiento eléctrico.
Problemas adicionales
En otros insumos la situación quizás no es tan crítica como en el cemento, el acero y el aluminio, pero igualmente hay dificultades que el Gobierno deberá superar para conseguir el objetivo de construir 300.000 viviendas anuales, advirtieron especialistas.
En materia de electricidad, el Gobierno deberá incorporar 750 megavatios cada año (adicionales a los requeridos para cubrir el déficit actual) para brindar servicio a las nuevas residencias, según Ecoanalítica. En total se necesitan 5.000 megavatios para atender 2 millones de viviendas.
Otro requisito indispensable es la actualización de las maquinarias y equipos, deteriorados por los problemas para obtener divisas para importar repuestos y hacerles mantenimiento, indicó Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
Izaguirre agregó que también es importante incrementar la producción de las grandes empresas de cerámica, porque se requerirán como mínimo 300.000 juegos de piezas sanitarias. "Ni siquiera están produciendo para abastecer la demanda actual".
Los fabricantes de bloque de arcilla y concreto se necesitan 1,2 millardos para la cantidad de viviendas deseada trabajan sólo contra pedido porque no tienen capacidad de almacenamiento, señaló Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción.
La lista de materiales es interminable, expresó la arquitecta Fina Weitz, porque también deben incluirse los que se necesitan para dotar de servicios públicos (agua, electricidad, cloacas) y equipamiento (canchas, escuelas, hospitales, parques, vialidad) a las viviendas construidas.
Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, dijo que el cálculo de los insumos necesarios depende de la ubicación de cada uno de los proyectos que formarán parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la distancia con las redes de servicios y los equipamientos existentes.
Recordó que existen normativas, como la Resolución 151 del extinto Ministerio de Desarrollo Urbano, que establecen los metros cuadrados requeridos para las instalaciones no residenciales (desde áreas verdes hasta plantas de agua) en función del número de habitantes.
Importación difícil Roig consideró que una alternativa para que la industria metalúrgica pueda aumentar su capacidad de producción de insumos para viviendas es que el Gobierno permita la importación de materia prima y especialmente que facilite los trámites necesarios, que actualmente pueden llevarse un año.
"El primer paso para comprar en el extranjero es obtener el certificado de no producción, que tarda 6 o 7 meses. Luego hay que solicitar divisas a Cadivi, lo que puede tomar 30 días o más. Y finalmente debes esperar 3 meses para que cualquier fabricante te haga llegar el pedido", enumeró.
Cilento coincidió en que la importación puede servir para conseguir algunos insumos, pero advirtió que tampoco puede recurrirse a ella de manera masiva porque hay materiales que son difíciles de trasladar y los principales puertos del país están congestionados.
Compañías con experiencia
La Gran Misión Vivien-da Venezuela prevé la incorporación como ejecutores de los proyectos de organismos de la administración central, compañías de países con los que se han firmado convenios bilaterales, gobiernos regionales, comunidades y empresas privadas.
Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, dijo que lo más importante es contar con constructores capacitados para el trabajo. "Personas sin experiencia pueden edificar viviendas, pero no al ritmo necesario para llegar a 300.000 anuales".
Izaguirre precisó que el objetivo trazado por el Gobierno requiere que cada semana del año (incluidas Carnaval y Semana Santa) se terminen alrededor de 5.800 unidades. Es decir, casi 1.200 diarias. "Es factible, pero trabajando con gente experimentada".
Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la UCV, concuerda con Izaguirre en la necesidad de que los proyectos sean ejecutados por empresas con capacidad para manejar todos los procesos que implica la construcción de viviendas.
"La colocación de los pedidos de manera oportuna es vital para que todo llegue a tiempo y no haya retrasos en la obra. Si los encofrados no están listos, el electricista no puede montar las tuberías para cableado y el encargado de vaciar el concreto tampoco podrá realizar su labor", ilustró Cilento.
Ambos creen que será difícil alcanzar la meta dejando la mayor parte de la responsabilidad en las comunidades. "La autoconstrucción es importante, pero no es la solución", señaló Izaguirre.
"Es un proceso complicado y no se puede improvisar", agregó Cilento.
El Nacional
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martes, 28 de junio de 2011
Edificios viejos y alquilados a un paso de ser vendidos
De los 100 propietarios de edificios de vieja data que fueron citados por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para llegar a acuerdos de venta con los inquilinos, 70 de ellos han asistido a los encuentros con el vicepresidente Elías Jaua y han mostrado "muy buena disposición a negociar", de acuerdo con la información que maneja la Red Metropolitana de Inquilinos (RMI).
Aunque las mesas de diálogo están temporalmente suspendidas por los múltiples compromisos que asumió Jaua, tras el reposo médico en el que se mantiene el presidente Hugo Chávez, "las conversaciones van en muy tono, esperamos recuperar la continuidad de estas reuniones pronto", dijo Rigel Sergent de la Red de Inquilinos.
Hace un par de meses la Vicepresidencia envió comunicaciones a propietarios de edificaciones construidas entre los años 40, 50, 60 y 70, que tienen un solo dueño y que están íntegramente alquiladas.
Los encuentros tienen el propósito establecer parámetros de venta " a precio justo", bajo una metodología propuesta por la Red de Inquilinos, basada en el valor real del terreno y los años de antigüedad y depreciación del inmueble, a fin de que los arrendatarios tengan la oportunidad de adquirir el apartamento que llevan años habitando.
Entre los primeros pasos legales que se deben efectuar para vender los inmuebles, es que el edificio debe ser pasado a propiedad horizontal para luego proceder a hacer contratos individuales de venta.
Esta propuesta de convertir unos 300 edificios en Caracas a propiedad horizontal para venderle a inquilinos, fue expuesta hace cuatro años por la Cámara Inmobiliaria, pero con base al precio del metro cuadrado vigente.
Beatriz Caripa
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Aunque las mesas de diálogo están temporalmente suspendidas por los múltiples compromisos que asumió Jaua, tras el reposo médico en el que se mantiene el presidente Hugo Chávez, "las conversaciones van en muy tono, esperamos recuperar la continuidad de estas reuniones pronto", dijo Rigel Sergent de la Red de Inquilinos.
Hace un par de meses la Vicepresidencia envió comunicaciones a propietarios de edificaciones construidas entre los años 40, 50, 60 y 70, que tienen un solo dueño y que están íntegramente alquiladas.
Los encuentros tienen el propósito establecer parámetros de venta " a precio justo", bajo una metodología propuesta por la Red de Inquilinos, basada en el valor real del terreno y los años de antigüedad y depreciación del inmueble, a fin de que los arrendatarios tengan la oportunidad de adquirir el apartamento que llevan años habitando.
Entre los primeros pasos legales que se deben efectuar para vender los inmuebles, es que el edificio debe ser pasado a propiedad horizontal para luego proceder a hacer contratos individuales de venta.
Esta propuesta de convertir unos 300 edificios en Caracas a propiedad horizontal para venderle a inquilinos, fue expuesta hace cuatro años por la Cámara Inmobiliaria, pero con base al precio del metro cuadrado vigente.
Beatriz Caripa
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Caminaragua enlace entre gobierno y promotoras de vivienda
Con miras a buscar solución al problema de vivienda en el estado Aragua, la Cámara Inmobiliaria de esta entidad (Caminaragua) anunció que asesora las negociaciones entre el Gobierno regional y las compañías promotoras de vivienda en la entidad mediante la compra de urbanismos tanto ejecutados como por terminar en 180 días.
Así lo informó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua, Héctor Gómez, al indicar que como enlace, conjuntamente con el Secretario del Despacho de la Gobernación, Jesús Alberto García, ya han solicitado a la Vicepresidencia de la República los recursos necesarios, posterior al inventario y revisión de las propuestas de vivienda presentadas por las diferentes empresas promotoras de la zona.
Aunque no detalló monto del presupuesto destinado al sector vivienda en la entidad, Gómez fue enfático al señalar que "nos han informado que esta partida presupuestaria está destinada a solventar el problema de La Punta, Mata Redonda y parte Brisas del Lago". Acotó que el Estado acudió a la Cámara Inmobiliaria por conocer a profundidad el tema de la vivienda.
El Carabobeño
28-06-2011
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Lic. Henry Medina
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Así lo informó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua, Héctor Gómez, al indicar que como enlace, conjuntamente con el Secretario del Despacho de la Gobernación, Jesús Alberto García, ya han solicitado a la Vicepresidencia de la República los recursos necesarios, posterior al inventario y revisión de las propuestas de vivienda presentadas por las diferentes empresas promotoras de la zona.
Aunque no detalló monto del presupuesto destinado al sector vivienda en la entidad, Gómez fue enfático al señalar que "nos han informado que esta partida presupuestaria está destinada a solventar el problema de La Punta, Mata Redonda y parte Brisas del Lago". Acotó que el Estado acudió a la Cámara Inmobiliaria por conocer a profundidad el tema de la vivienda.
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Aseguran que empresariado privado tiene cabida en el socialismo
Estiman que se puede trabajar en la construcción de un país mejor
El primer vicepresidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Jherson Hernández, señaló que es posible que el empresariado privado trabaje en “socialismo” a pesar de tener diferencias con el Gobierno, y aseguró que al dar ese paso se lograrían consolidar los proyectos necesarios para la población.
Hernández asegura que el empresariado privado tiene cabida en el modelo socialista. “El llamado es a que depongamos la actitud de ese sentimiento política de rechazo a los lineamientos del Presidente, aunque cada quien tiene derecho disentir, pero el llamado sigue siendo a participar en las políticas de Estado”.
Recalcó en Unión Radio, que son empresariado probado que está de acuerdo con los lineamientos del presidente, y asegura que el Ejecutivo desea trabajar en consono. “Es cuesta arriba que nosotros los empresarios privados no interactuemos con el gobierno”.
Afirmó que su creación fue a raíz del paro empresarial del 2002 con el proposito de fortalecer las políticas gubernamentales sin crear falsas expectativas,
Pide conciencia al empresariado y el entendimiento que la utilidad y la ganancia debe estar acorde a la necesidad del pueblo.
Unionradio.net
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Hernández asegura que el empresariado privado tiene cabida en el modelo socialista. “El llamado es a que depongamos la actitud de ese sentimiento política de rechazo a los lineamientos del Presidente, aunque cada quien tiene derecho disentir, pero el llamado sigue siendo a participar en las políticas de Estado”.
Recalcó en Unión Radio, que son empresariado probado que está de acuerdo con los lineamientos del presidente, y asegura que el Ejecutivo desea trabajar en consono. “Es cuesta arriba que nosotros los empresarios privados no interactuemos con el gobierno”.
Afirmó que su creación fue a raíz del paro empresarial del 2002 con el proposito de fortalecer las políticas gubernamentales sin crear falsas expectativas,
Pide conciencia al empresariado y el entendimiento que la utilidad y la ganancia debe estar acorde a la necesidad del pueblo.
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"No queremos perder el sentido de residencial para comercial"
Vitolo, Guerra y Suárez, vecinos de Los Palos Grandes, solicitaran un derecho de palabras ante el concejo municipal OSWER DÍAZ
Los vecinos de Los Palos Grandes retomaron la lucha para evitar que esta urbanización se convierta otra zona como Las Mercedes a muy corto plazo, por la proliferación de los comercios que ahora no solo ocupan el área mixta que establece la ordenanza municipal, desde la cuarta transversal, hacia la avenida Francisco Miranda, sino que se están extendido hacia el norte de la urbanización.
Eduardo Suárez, Blas Vatio y Rafael Guerra de la Asociación de Vecinos de Los Palos Grandes recuerdan que esta lucha comenzó desde la época de Leopoldo López, cuando hasta se designó una comisión vecinal ad hoc.
"Nosotros sabemos que Los Palos Grandes es una zona muy deseada, porque es el núcleo de la ciudad moderna y de alguna manera se mantienen bajo cierta seguridad. Esto hace que en los últimos tiempos se ha venido incrementando el uso comercial, si bien es cierto que lo permite la ordenanza, ha aumentado demasiado, es decir hay un sobreuso del espacio y a partir de la cuarta transversal hacia arriba, en la zona norte, han surgido lo que llamamos los comercios clandestinos", denunció Suárez.
Los Palos Grandes es un urbanización con más 18 mil habitantes y es considerada la segunda zona de Chacao de mayor densidad poblacional, luego del casco central. Tiene siete avenidas principales y 11 calles transversales.
Vitolo explica que la última reforma de ordenanza sobre áreas comerciales del municipio Chacao es del 2005, y en esta se establecen limitaciones sobre el área mixta que es desde la cuarta transversal hacia abajo, pero "el comercio de la cual habla la ordenanza es prácticamente vecinal que le sirva a los residentes de la urbanizaciones, como abastos, farmacias, etc., pero el problema es que en su mayoría los comercios que han proliferado son restaurantes, que pasan de vecinal a ser metropolitano, porque viene gente de otras partes de Caracas". Aclaran los vecinos: "aquí no estamos limitando el derecho al libre establecimiento de comercios, estamos en desacuerdo con que eso sea anárquico, porque se da el caso de que en un mismo edificio hay hasta tres locales comerciales, donde funcionan restaurantes. Entonces se llega a un grado tal de abuso, que a la hora pico es todo un caos de vehículos, además de los desechos orgánicos".
Admiten que la alcaldía ha levantado cerca de 120 expedientes administrativos, "pero hace falta una acción mucho más fuerte y para eso tenemos que trabajar juntos, la alcaldía, vecinos y concejo municipal para reformar la ordenanza porque de lo contrario en los próximos años la situación será caótica".
Informaron que en los próximos días solicitarán un derecho de palabra ante el Concejo Municipal donde plantearán con urgencia una reforma de la ordenanza. Reconocen que a veces la alcaldía esta de manos atadas porque no tienen un instrumento legal que los ayude a aplicar ciertos controles y en su mayoría, los comerciantes, aplican los llamados amparos.
Gestiones vecinales
Recuerdan que ya en el 2007 se hablaba de que era urgente la reforma de las ordenanzas vigentes con particular referencia a los usos permitidos en la zona comercial, ya que esto es la principal causa de la proliferación de comercios que funcionen como restaurantes y las implicaciones que generan.
El Universal
28-06-2011
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Eduardo Suárez, Blas Vatio y Rafael Guerra de la Asociación de Vecinos de Los Palos Grandes recuerdan que esta lucha comenzó desde la época de Leopoldo López, cuando hasta se designó una comisión vecinal ad hoc.
"Nosotros sabemos que Los Palos Grandes es una zona muy deseada, porque es el núcleo de la ciudad moderna y de alguna manera se mantienen bajo cierta seguridad. Esto hace que en los últimos tiempos se ha venido incrementando el uso comercial, si bien es cierto que lo permite la ordenanza, ha aumentado demasiado, es decir hay un sobreuso del espacio y a partir de la cuarta transversal hacia arriba, en la zona norte, han surgido lo que llamamos los comercios clandestinos", denunció Suárez.
Los Palos Grandes es un urbanización con más 18 mil habitantes y es considerada la segunda zona de Chacao de mayor densidad poblacional, luego del casco central. Tiene siete avenidas principales y 11 calles transversales.
Vitolo explica que la última reforma de ordenanza sobre áreas comerciales del municipio Chacao es del 2005, y en esta se establecen limitaciones sobre el área mixta que es desde la cuarta transversal hacia abajo, pero "el comercio de la cual habla la ordenanza es prácticamente vecinal que le sirva a los residentes de la urbanizaciones, como abastos, farmacias, etc., pero el problema es que en su mayoría los comercios que han proliferado son restaurantes, que pasan de vecinal a ser metropolitano, porque viene gente de otras partes de Caracas". Aclaran los vecinos: "aquí no estamos limitando el derecho al libre establecimiento de comercios, estamos en desacuerdo con que eso sea anárquico, porque se da el caso de que en un mismo edificio hay hasta tres locales comerciales, donde funcionan restaurantes. Entonces se llega a un grado tal de abuso, que a la hora pico es todo un caos de vehículos, además de los desechos orgánicos".
Admiten que la alcaldía ha levantado cerca de 120 expedientes administrativos, "pero hace falta una acción mucho más fuerte y para eso tenemos que trabajar juntos, la alcaldía, vecinos y concejo municipal para reformar la ordenanza porque de lo contrario en los próximos años la situación será caótica".
Informaron que en los próximos días solicitarán un derecho de palabra ante el Concejo Municipal donde plantearán con urgencia una reforma de la ordenanza. Reconocen que a veces la alcaldía esta de manos atadas porque no tienen un instrumento legal que los ayude a aplicar ciertos controles y en su mayoría, los comerciantes, aplican los llamados amparos.
Gestiones vecinales
Recuerdan que ya en el 2007 se hablaba de que era urgente la reforma de las ordenanzas vigentes con particular referencia a los usos permitidos en la zona comercial, ya que esto es la principal causa de la proliferación de comercios que funcionen como restaurantes y las implicaciones que generan.
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Misión Vivienda impulsará sector construcción
Asegura que en el trimestre en curso ya se observa una reanimación significativa del sector construcción
El diputado Jesús Farías, miembro del Psuv y vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional indicó que las expectativas en materia económica y de construcción de viviendas son “altamente positivas”.
“Ya la economía dio un salto importante en el primer trimestre, registró un crecimiento que supera cualquier pronóstico hasta los más optimistas de 4.5% y que, con toda seguridad, se tuvo que haber mantenido en el segundo semestre que está a punto de cerrar”, apuntó.
A su juicio, se activaron todos los motores de la economía, a razón de que “el consumo creció, la inversión comenzó un proceso de reactivación y el gasto público se ha mantenido como un mecanismo de inyección de dinamismo y de recurso a la economía que garantiza un largo aliento a la recuperación”.
En relación a la vivienda, destacó que el sector construcción fue uno de los pocos sectores que no creció durante el primer trimestre, pues la Misión Vivienda no había arrancado.
Sin embargo, explicó que en el trimestre en curso ya se observa una reanimación significativa del sector construcción. “Esto le dará un mayor impulso al crecimiento de la economía, es decir que podemos mantener el optimismo una vez reactivado el sector”, dijo.
Reconoció que el gobierno no ha tenido la mejor gestión en doce años en materia de construcción, “pero ya hay importantes proyectos para avanzar”.
Considera que la Misión Vivienda es un reto debido a las 150 mil personas que todavía permanecen en situación de damnificados en diferentes refugios. “Son decenas de miles de familias y por lo tanto de viviendas que tenemos que construir, pero ya se están construyendo los urbanismos y estarán listos en el segundo semestre de este año y durante el primer trimestre del 2012”, dijo.
En este sentido, aclaró que el endeudamiento aprobado recientemente por la Asamblea Nacional es un instrumento “ni negativo, ni positivo”.
“Con esta decisión de endeudarse no se puede magnificar esta deuda porque representa menos del 3% de la producción anual del país, el país no se pone en contra de la pared a la hora de realizar sus pagos porque Venezuela tiene uno de los índices de endeudamiento más bajos del mundo”, aseveró.
Agregó que con el endeudamiento el gobierno central no está poniendo en tela de juicio la viabilidad financiera y fiscal del proceso. “Estos recursos se van a contraer para la inversión social y no es para pagar deudas o cancelar salarios o gastos operativos del gobierno”, enfatizó.
Recordó que otro sector que no creció fue el petrolero, pero en las últimas semanas se ha registrado un repunte por encima de las estimaciones. “Estimamos que el crecimiento será del 4% y esto permitirá mejorar sustancialmente los diferentes indicadores sociales del país”, acotó.
Sector eléctrico
Por otra parte, el diputado Farías argumentó que obviamente sin suministro de energía eléctrica no se puede crecer. “Ahora bien las medidas que ha aplicado el gobierno son ineludibles, en un solo mes se incrementó el consumo de energía en más de 1500 megavatios y este crecimiento no lo puede soportar ninguna economía”, resaltó.
Al respecto, el diputado explicó que el crecimiento excesivo del consumo eléctrico obedeció a condiciones climatológicas y al desarrollo inesperado de la economía.
“Ante esa situación se ha tenido que tomar un conjunto de medidas para racionalizar el consumo, pero que no busca limitar el crecimiento sino estabilizar las condiciones de suministro para que el crecimiento no se vea afectado; se trata sencillamente de evitar situaciones en las cuales pueda colapsar el fluido eléctrico en el país”, indicó.
Estima que la situación eléctrica se superará para el último trimestre del año y garantizó que las interrupciones no son severas, permanentes ni sistemáticas, sino más bien “son ocasionales y programadas y no debe perturbar en términos muy significativos los niveles de crecimiento de la economía”.
Para el año que viene, aspira que el país logre tener una capacidad instalada de energía eléctrica que permita un margen de maniobra de 2 mil megavatios y la garantía de que la economía pueda desenvolverse de manera fluida.
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28-06-2011
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“Ya la economía dio un salto importante en el primer trimestre, registró un crecimiento que supera cualquier pronóstico hasta los más optimistas de 4.5% y que, con toda seguridad, se tuvo que haber mantenido en el segundo semestre que está a punto de cerrar”, apuntó.
A su juicio, se activaron todos los motores de la economía, a razón de que “el consumo creció, la inversión comenzó un proceso de reactivación y el gasto público se ha mantenido como un mecanismo de inyección de dinamismo y de recurso a la economía que garantiza un largo aliento a la recuperación”.
En relación a la vivienda, destacó que el sector construcción fue uno de los pocos sectores que no creció durante el primer trimestre, pues la Misión Vivienda no había arrancado.
Sin embargo, explicó que en el trimestre en curso ya se observa una reanimación significativa del sector construcción. “Esto le dará un mayor impulso al crecimiento de la economía, es decir que podemos mantener el optimismo una vez reactivado el sector”, dijo.
Reconoció que el gobierno no ha tenido la mejor gestión en doce años en materia de construcción, “pero ya hay importantes proyectos para avanzar”.
Considera que la Misión Vivienda es un reto debido a las 150 mil personas que todavía permanecen en situación de damnificados en diferentes refugios. “Son decenas de miles de familias y por lo tanto de viviendas que tenemos que construir, pero ya se están construyendo los urbanismos y estarán listos en el segundo semestre de este año y durante el primer trimestre del 2012”, dijo.
En este sentido, aclaró que el endeudamiento aprobado recientemente por la Asamblea Nacional es un instrumento “ni negativo, ni positivo”.
“Con esta decisión de endeudarse no se puede magnificar esta deuda porque representa menos del 3% de la producción anual del país, el país no se pone en contra de la pared a la hora de realizar sus pagos porque Venezuela tiene uno de los índices de endeudamiento más bajos del mundo”, aseveró.
Agregó que con el endeudamiento el gobierno central no está poniendo en tela de juicio la viabilidad financiera y fiscal del proceso. “Estos recursos se van a contraer para la inversión social y no es para pagar deudas o cancelar salarios o gastos operativos del gobierno”, enfatizó.
Recordó que otro sector que no creció fue el petrolero, pero en las últimas semanas se ha registrado un repunte por encima de las estimaciones. “Estimamos que el crecimiento será del 4% y esto permitirá mejorar sustancialmente los diferentes indicadores sociales del país”, acotó.
Sector eléctrico
Por otra parte, el diputado Farías argumentó que obviamente sin suministro de energía eléctrica no se puede crecer. “Ahora bien las medidas que ha aplicado el gobierno son ineludibles, en un solo mes se incrementó el consumo de energía en más de 1500 megavatios y este crecimiento no lo puede soportar ninguna economía”, resaltó.
Al respecto, el diputado explicó que el crecimiento excesivo del consumo eléctrico obedeció a condiciones climatológicas y al desarrollo inesperado de la economía.
“Ante esa situación se ha tenido que tomar un conjunto de medidas para racionalizar el consumo, pero que no busca limitar el crecimiento sino estabilizar las condiciones de suministro para que el crecimiento no se vea afectado; se trata sencillamente de evitar situaciones en las cuales pueda colapsar el fluido eléctrico en el país”, indicó.
Estima que la situación eléctrica se superará para el último trimestre del año y garantizó que las interrupciones no son severas, permanentes ni sistemáticas, sino más bien “son ocasionales y programadas y no debe perturbar en términos muy significativos los niveles de crecimiento de la economía”.
Para el año que viene, aspira que el país logre tener una capacidad instalada de energía eléctrica que permita un margen de maniobra de 2 mil megavatios y la garantía de que la economía pueda desenvolverse de manera fluida.
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Ausencia de garantías legales debilita oferta en mercado mobiliario
nuevaprensa.com.ve
“No hay garantía de nada, pero si uno alquila es porque necesita el dinero”, cuenta una madre de familia que aunque cuenta con un empleo fijo debe ofrecer un anexo de su hogar a un extraño para poder tener un ingreso extra.
María Cristina Fernández, contó que las reglas legales deben existir, pero no deben hacerse para favorecer a un sólo sector -en referencia al arrendatario- y que las medidas del Gobierno deben enfocarse en otro sentido.
El planteamiento de Fernández, es respaldado por la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Bolívar, Aurelis Farfán, para quien las medidas políticas establecidas por el Estado “son las más erradas”.
La representante máxima del gremio en la región apuntó que medidas como la reforma de la Ley de Arrendamientos que aún se debate en la Asamblea Nacional (AN), y que propone entre otras cosas la venta del inmueble; genera mayor incertidumbre entre quienes quieren ofertar su vivienda.
Farfán recordó además que para este año se retrajo más por la paralización de los juicios inmobiliarios y la aprobación vía Habilitante de ley que condiciona los desalojos.
Entre las modificación planteadas a la ley que rige la materia está la estandarización de las tarifas a cobrar. Actualmente, propietarios optan por hacer un convenio por una mensualidad fija durante seis meses y una vez termina, comienzan otro por un mayor monto, y otros como Fernández optan por no hacer ningún compromiso más allá “del trato de palabra”.
“Hasta ahora no se ve una propuesta clara del Gobierno de dónde se ubicarían a las personas desalojadas, como lo ha venido promocionando. Por eso, el arrendador no se puede arriesgar a meter a alguien a su casa que después no puede sacar”, manifestó la vocera.
En este sentido, Farfán destacó que existen varias obras en la ciudad que son manejadas por el sector público, pero que se mantienen paralizadas. Citó que los edificios que fueron expropiados por el Estado no han sido pagados aún a las constructoras y tampoco se han avanzado en su desarrollo.
La baja
Las medidas legales referidas por la presidenta de la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Bolívar, Aurelis Farfán, afirmó dibujan “una situación nada alentadora”, al tiempo que agrega que “si continuamos así, el mercado secundario tiene la tendencia a desaparecer, y con ello una opción para quienes no pueden adquirir una vivienda nueva”.
El descenso en la oferta de alquileres, es respaldado por Hildemaro Rojas quien labora en una pequeña inmobiliaria de la ciudad y que aseguró que en lo que va de año muchos clientes solicitaron retirar sus inmuebles; aunque afirmó no dan argumentos del por qué.
La cifra presentada por Farfán es que el negocio se redujo de un 30% a 5% del total de transacciones de inmuebles entre 2000 y 2010. Y de no darse un cambio en las políticas la contracción sería mayor.
Además citó que la incertidumbre entre los propietarios se profundizará tras el registro de inmuebles arrendados que lleva a cabo la Dirección General de Inquilinato y que para el municipio Caroní se ubica en la sede de la Alcaldía de Caroní.
El registro
La percepción de la representante del gremio inmobiliario es que el censo oficial aumenta el temor de los propietarios, sobre todo en lo que refiere a los documentos requeridos que incluyen la fe de vida de los propietarios.
"Este documento, junto a la cédula de identidad, se solicita para verificar si los dueños están vivos. Pero debe estar claro, que en el caso de que el propietario haya fallecido, la ley estipula que se debe transferir la propiedad a los herederos o al fisco cuando no hay herederos", explicó Farfán.
Ante esta situación, los arrendamientos se están dirigiendo a las personas jurídicas -indicó la vocera- y a las familias jóvenes se les hace más cuesta arriba poder adquirir una vivienda por el déficit salarial para cubrir el alto costo de los servicios que limitan su capacidad de ahorro y endeudamiento.
“El Gobierno no puede venir a regular las tarifas cuando uno hace el esfuerzo de invertir en el acondicionamiento de las habitaciones”, reclamó María Cristina Fernández para quien hay una gran brecha entre lo que plantean regular las leyes y la realidad en el país.
El perfil
Las personas consultadas del sector inmobiliario concordaron en que cada vez es más difícil encontrar a una persona para darle la confianza de entrar en su vivienda. “Cada cliente varia el perfil de quien alquilar, muchos optan por una persona soltera y que sean ejecutivos, para tener la seguridad de que van a pagar”, dijo Hildemaro Rojas quien labora en una pequeña inmobiliaria de la ciudad.
Nueva Prensa de Guayana
28-06-2011
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María Cristina Fernández, contó que las reglas legales deben existir, pero no deben hacerse para favorecer a un sólo sector -en referencia al arrendatario- y que las medidas del Gobierno deben enfocarse en otro sentido.
El planteamiento de Fernández, es respaldado por la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Bolívar, Aurelis Farfán, para quien las medidas políticas establecidas por el Estado “son las más erradas”.
La representante máxima del gremio en la región apuntó que medidas como la reforma de la Ley de Arrendamientos que aún se debate en la Asamblea Nacional (AN), y que propone entre otras cosas la venta del inmueble; genera mayor incertidumbre entre quienes quieren ofertar su vivienda.
Farfán recordó además que para este año se retrajo más por la paralización de los juicios inmobiliarios y la aprobación vía Habilitante de ley que condiciona los desalojos.
Entre las modificación planteadas a la ley que rige la materia está la estandarización de las tarifas a cobrar. Actualmente, propietarios optan por hacer un convenio por una mensualidad fija durante seis meses y una vez termina, comienzan otro por un mayor monto, y otros como Fernández optan por no hacer ningún compromiso más allá “del trato de palabra”.
“Hasta ahora no se ve una propuesta clara del Gobierno de dónde se ubicarían a las personas desalojadas, como lo ha venido promocionando. Por eso, el arrendador no se puede arriesgar a meter a alguien a su casa que después no puede sacar”, manifestó la vocera.
En este sentido, Farfán destacó que existen varias obras en la ciudad que son manejadas por el sector público, pero que se mantienen paralizadas. Citó que los edificios que fueron expropiados por el Estado no han sido pagados aún a las constructoras y tampoco se han avanzado en su desarrollo.
La baja
Las medidas legales referidas por la presidenta de la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Bolívar, Aurelis Farfán, afirmó dibujan “una situación nada alentadora”, al tiempo que agrega que “si continuamos así, el mercado secundario tiene la tendencia a desaparecer, y con ello una opción para quienes no pueden adquirir una vivienda nueva”.
El descenso en la oferta de alquileres, es respaldado por Hildemaro Rojas quien labora en una pequeña inmobiliaria de la ciudad y que aseguró que en lo que va de año muchos clientes solicitaron retirar sus inmuebles; aunque afirmó no dan argumentos del por qué.
La cifra presentada por Farfán es que el negocio se redujo de un 30% a 5% del total de transacciones de inmuebles entre 2000 y 2010. Y de no darse un cambio en las políticas la contracción sería mayor.
Además citó que la incertidumbre entre los propietarios se profundizará tras el registro de inmuebles arrendados que lleva a cabo la Dirección General de Inquilinato y que para el municipio Caroní se ubica en la sede de la Alcaldía de Caroní.
El registro
La percepción de la representante del gremio inmobiliario es que el censo oficial aumenta el temor de los propietarios, sobre todo en lo que refiere a los documentos requeridos que incluyen la fe de vida de los propietarios.
"Este documento, junto a la cédula de identidad, se solicita para verificar si los dueños están vivos. Pero debe estar claro, que en el caso de que el propietario haya fallecido, la ley estipula que se debe transferir la propiedad a los herederos o al fisco cuando no hay herederos", explicó Farfán.
Ante esta situación, los arrendamientos se están dirigiendo a las personas jurídicas -indicó la vocera- y a las familias jóvenes se les hace más cuesta arriba poder adquirir una vivienda por el déficit salarial para cubrir el alto costo de los servicios que limitan su capacidad de ahorro y endeudamiento.
“El Gobierno no puede venir a regular las tarifas cuando uno hace el esfuerzo de invertir en el acondicionamiento de las habitaciones”, reclamó María Cristina Fernández para quien hay una gran brecha entre lo que plantean regular las leyes y la realidad en el país.
El perfil
Las personas consultadas del sector inmobiliario concordaron en que cada vez es más difícil encontrar a una persona para darle la confianza de entrar en su vivienda. “Cada cliente varia el perfil de quien alquilar, muchos optan por una persona soltera y que sean ejecutivos, para tener la seguridad de que van a pagar”, dijo Hildemaro Rojas quien labora en una pequeña inmobiliaria de la ciudad.
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lunes, 27 de junio de 2011
Se pierde un aparcadero semanal
En siete parroquias del Área Metropolitana se han expropiado 45 estacionamientos; unos han sido desalojados, otros mantienen sus operaciones "hasta que puedan" (VENANCIO ALCÁZARES)
Para los dueños se estacionamientos, los daños han sido progresivos: una regulación de tarifas; luego la merma de ingresos acompañada de recortes de personal. Ahora, lo que les asusta es la posibilidad de que se expropien sus instalaciones para la construcción de viviendas. Del otro lado, usuarios temporales hacen malabares para aparcar sin que les cueste dos horas de espera o, quienes necesitan puestos fijos, intentan reubicar sus vehículos en nuevos establecimientos tras el desalojo de sus antiguos espacios.
"Nosotros estamos cerrando estacionamientos todas las semanas", dice Benigno Marcos, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage). La organización determinó que en 2010 fueron 706 mil 497 los carros que requirieron puesto en los 900 estacionamientos del Área Metropolitana. Para este año proyectan que la demanda se eleve a 741 mil mientras que el número de aparcaderos disponibles ya ha descendido a 800. En promedio, se cierra un estacionamiento a la semana, tomando en cuenta que eran 1.100 los locales abiertos en 2005.
Entre diciembre de 2010 y junio de este año, 25 estacionamientos se expropiaron en Santa Rosalía, Santa Teresa, San José y Altagracia; cuatro en La Vega; 10 en la parroquia El Recreo y seis en La Urbina. En total, suman 45, de los cuales unos ya fueron tomados por efectivos de la Milicia Bolivariana; otros se mantienen operativos "hasta que puedan". Aunque la razón para tomar estos espacios fue la construcción de viviendas, en marzo pasado, el vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, concejal Alejandro Vivas, denunció la paralización de las obras.
Pero no son solo las expropiaciones. En diciembre de 2005, el Ejecutivo ordenó la regulación de las tarifas de estacionamientos a Bs. 1,140 por hora, monto que, según Anpage, corresponde a lo que se cobraba en 2002. Tras cinco años, la medida es el principal motivo de que se pierdan unos 13.000 puestos en el Área Metropolitana de Caracas.
El uso del servicio está asociado a la demanda de seguridad que tienen los conductores; resalta un estudio de Anpage.
Los estacionamientos han cerrado porque no pueden cumplir con sus compromisos laborales, tomando en consideración que entre el 40 y 60% de los ingresos se va en el pago de alquileres. "Lo ideal sería que se dieran las condiciones para seguir operando pero justo ahora no las hay", agrega Marcos.
Un estudio de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) señala que, para diciembre de 2010, 37,90% (1.490.008 unidades) del parque automotor venezolano se encuentra en Caracas. Por su parte, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) asegura que 1,3 millones de carros particulares circulan en la capital.
Para Carlos Ayala, ex directivo de la organización, liberar los precios de los estacionamientos es el primer paso para solventar la crisis. De hacerlo, las nuevas tarifas podrían ubicarse entre los 6 o 7 bolívares, para adaptarse a las exigencias del mercado.
El problema de los estacionamientos se circunscribe en una ciudad cuyos sistemas de transporte público están lejos de trabajar de manera segura, coordinada y eficiente, y que además están condicionados a circular en corredores viales que no han ampliado su capacidad en los últimos 40 años. Leopoldo Provenzali, ex secretario de Planificación Urbana de la Alcaldía Metropolitana asegura que lo prioritario para la reorganización de la ciudad y sus servicios públicos es la planificación y coordinación de los distintos entes encargados de proporcionar calidad de vida a los ciudadanos.
Unos 35 mil carros proyecta Anpage que se sumen al parque automotor caraqueño este año, mientras que no vislumbran, a corto plazo, que cese el cierre de estacionamientos.
El Universal
27-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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Para los dueños se estacionamientos, los daños han sido progresivos: una regulación de tarifas; luego la merma de ingresos acompañada de recortes de personal. Ahora, lo que les asusta es la posibilidad de que se expropien sus instalaciones para la construcción de viviendas. Del otro lado, usuarios temporales hacen malabares para aparcar sin que les cueste dos horas de espera o, quienes necesitan puestos fijos, intentan reubicar sus vehículos en nuevos establecimientos tras el desalojo de sus antiguos espacios.
"Nosotros estamos cerrando estacionamientos todas las semanas", dice Benigno Marcos, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage). La organización determinó que en 2010 fueron 706 mil 497 los carros que requirieron puesto en los 900 estacionamientos del Área Metropolitana. Para este año proyectan que la demanda se eleve a 741 mil mientras que el número de aparcaderos disponibles ya ha descendido a 800. En promedio, se cierra un estacionamiento a la semana, tomando en cuenta que eran 1.100 los locales abiertos en 2005.
Entre diciembre de 2010 y junio de este año, 25 estacionamientos se expropiaron en Santa Rosalía, Santa Teresa, San José y Altagracia; cuatro en La Vega; 10 en la parroquia El Recreo y seis en La Urbina. En total, suman 45, de los cuales unos ya fueron tomados por efectivos de la Milicia Bolivariana; otros se mantienen operativos "hasta que puedan". Aunque la razón para tomar estos espacios fue la construcción de viviendas, en marzo pasado, el vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, concejal Alejandro Vivas, denunció la paralización de las obras.
Pero no son solo las expropiaciones. En diciembre de 2005, el Ejecutivo ordenó la regulación de las tarifas de estacionamientos a Bs. 1,140 por hora, monto que, según Anpage, corresponde a lo que se cobraba en 2002. Tras cinco años, la medida es el principal motivo de que se pierdan unos 13.000 puestos en el Área Metropolitana de Caracas.
El uso del servicio está asociado a la demanda de seguridad que tienen los conductores; resalta un estudio de Anpage.
Los estacionamientos han cerrado porque no pueden cumplir con sus compromisos laborales, tomando en consideración que entre el 40 y 60% de los ingresos se va en el pago de alquileres. "Lo ideal sería que se dieran las condiciones para seguir operando pero justo ahora no las hay", agrega Marcos.
Un estudio de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) señala que, para diciembre de 2010, 37,90% (1.490.008 unidades) del parque automotor venezolano se encuentra en Caracas. Por su parte, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) asegura que 1,3 millones de carros particulares circulan en la capital.
Para Carlos Ayala, ex directivo de la organización, liberar los precios de los estacionamientos es el primer paso para solventar la crisis. De hacerlo, las nuevas tarifas podrían ubicarse entre los 6 o 7 bolívares, para adaptarse a las exigencias del mercado.
El problema de los estacionamientos se circunscribe en una ciudad cuyos sistemas de transporte público están lejos de trabajar de manera segura, coordinada y eficiente, y que además están condicionados a circular en corredores viales que no han ampliado su capacidad en los últimos 40 años. Leopoldo Provenzali, ex secretario de Planificación Urbana de la Alcaldía Metropolitana asegura que lo prioritario para la reorganización de la ciudad y sus servicios públicos es la planificación y coordinación de los distintos entes encargados de proporcionar calidad de vida a los ciudadanos.
Unos 35 mil carros proyecta Anpage que se sumen al parque automotor caraqueño este año, mientras que no vislumbran, a corto plazo, que cese el cierre de estacionamientos.
El Universal
27-06-2011
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Arrendamiento de inmuebles: una moneda de dos caras
“La nueva Ley de Protección al Arrendamiento Inmobiliario distorsiona lo que es el proceso de arrendamiento inmobiliario en el país”
* La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ha generado entre los venezolanos diversos mitos sobre la pérdida de la propiedad privada.
* Según la diputada Roselys Salazar, la merma de los inmuebles en alquiler no se debe al temor de perder la propiedad; sino a la acción del Estado revolucionario en la regulación del servicio.
“Todo fue muy rápido”, es lo único que acierta a decir Meivys Mirabal al recordar su desalojo. Regresaba de un viaje que, por trabajo, realizó a Puerto La Cruz. Al llegar al anexo que alquilaba en la casa número 29 de la avenida principal de Caujaro, no pudo abrir la puerta. Las cerraduras las habían cambiado y sus pertenencias las habían aglutinado en uno de los baños de la propiedad. Ese día su hijo de 13 años no durmió en su cama, ni siquiera pudo llegar a su hogar.
“Ella (la propietaria) aprovechó mi ausencia. Yo fui a Puerto La Cruz y recibí un mensaje en un tono amenazante.
Yo estaba en camino con mis pasajeros y ella mandó un mensaje que decía: ‘Necesito hablar contigo, que no pase de hoy’, pero esto yo lo sentí en un tono amenazante. Cuando regresé me conseguí con la sorpresa de que mis corotos, la cocina, lavadora y todo, estaban arrumados en el baño”.
No pudo hacer más. Después de casi dos años alquilando el inmueble, aquella noche Mirabal, junto a su hijo, durmió en la casa de un familiar. “Yo muy poco me la paso en la casa. La alquilé para el resguardo de mi hijo; prácticamente sólo dormimos ahí, aun así nos quisieron desalojar”.
Red de Inquilinos
Casos como estos se repiten a diario en diversas partes de Venezuela. Tener una legislación que arropa a cabalidad la protección del inquilino, no es suficiente para garantizar los procedimientos ilegales de desalojo. Por esto, Raúl Blanchard, enlace por el Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la Red de Inquilinos del estado, asegura que la organización se encarga de diseñar las estrategias para que las personas que pasan por dicho flagelo tengan apoyo y asesoría en el conflicto.
“Estamos tratando de diseñar un ente especial que coadyuve realmente con ellos y lograr los objetivos, en el sentido de que mañana ellos concluyan en una solución habitacional, pero que en la actualidad, puedan ser protegidos por la ley. Es simplemente cumplir con la ley y que se respete sus deberes y derechos”.
De estos aspectos, Meivys Mirabal tenía conocimiento. Por esto, aunque no reconocía a profundidad las legislaciones en la materia, el mismo día del desalojo denunció el caso ante las autoridades gubernamentales.
“Después del desalojo, inmediatamente yo procedí a ir a la instancia correspondiente, como lo debe hacer todo ciudadano, porque no estamos en un país sin leyes, no. Estamos en un país con leyes vigentes que nos protege. En este caso procedí a poner la denuncia en la Policía, luego recurrí a la Lopna (Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente) y por medio de ella a los cinco días me abrieron de nuevo el espacio para yo poder entrar”.
Según explica Mirabal, luego de presentada la denuncia fueron citadas ambas partes ante la Alcaldía, la propietaria llegó con abogado mientras que ella, por desconocimiento, sólo asistió con su versión de la historia al encuentro con las autoridades. El alegato de la dueña del inmueble fue el incumplimiento y actitud agresiva por parte de la inquilina. Conducta que suele ser recurrente en la actualidad en diversos inquilinos.
Miedo a la ley
Apoyados en las legislaciones vigentes en la materia, y en las diversas declaraciones del Presidente venezolano, los arrendatarios de las viviendas han logrado, en ocasiones, transgredir los derechos de sus caseros. Por esto, Blanchard asegura que la Red de Inquilinos es una organización que apoya a propietarios y arrendatarios.
“Se busca resarcir los derechos de los afectados. Estamos del lado de la conciencia; si lo estás haciendo bien estamos apoyándote, pero si lo estás haciendo mal tenemos el deber de ir en contra de ti con las herramientas que nos da la ley. En esta, se protege al inquilino, pero también se le resarce el daño a los propietarios”.
En la actualidad, según el enlace de la organización de inquilinos, se ha creado un mito sobre la normativa y procedimientos legales en el área inmobiliaria.
Esto, sin duda, ha generado un estado de desconfianza en los propietarios que, ante el miedo de perder sus bienes, prefieren no alquilar. Sin embargo, para Roselys Salazar, enlace nacional del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la región, esto se da sólo por desconocimiento de la normativa.
“Una de las principales garantías que el gobierno bolivariano ha venido estableciendo es, en principio, el derecho a la propiedad privada que es un derecho constitucional establecido en el artículo 115. Por esto, se garantiza a todo propietario, que haya puesto en alquiler su inmueble, que su propiedad no se perderá”.
Afirmó que existen diversos instrumentos legales que aseguran los derechos de los arrendatarios y dueños de viviendas; por ello, tratar de asegurar lo contrario es una irresponsabilidad que colisiona con la realidad actual.
“Decir eso es falso, y más en este momento que uno sabe que el déficit de vivienda está en vía de resolverse con la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
La situación, según la diputada para el Consejo Legislativo Regional, no es la expectativa sobre la propiedad privada, sino la molestia del propietario por la aplicación de la norma por parte del Estado. “No es que el propietario tenga temor de arrendar el inmueble; es que por primera vez siente la acción del Estado revolucionario para que ese servicio público pueda ser regulado y controlado”.
Otra versión
Sin embargo, Gerardo Contreras, dueño de dos apartamentos que ofrece en alquiler en la ciudad, no piensa igual. La experiencia le ha enseñado que, en la actualidad, alquilar es sinónimo de amarrarse a los caprichos de los inquilinos.
Hace más de un año se venció el contrato de los arrendatarios de una de sus viviendas, ubicada en Alta Vista Sur, Puerto Ordaz. Debido a que en los 6 meses que duró el contrato, el canon era pagado de forma inestable, decidió ya no seguir alquilando.
Aunque avisó que el trato no sería renovado, y dio los 6 meses de prórroga estipulados; hoy los inquilinos aún están en la propiedad. El caso está en tribunales, pero por haber menores implicados no pueden ser desalojados.
“Yo entiendo su situación, pero quién entiende la mía. Nunca me cancelaron una mensualidad a tiempo. El apartamento lo tienen en mal estado y aún no se ve esperanza de que salgan. Supuestamente, esperan que la misión vivienda les entregue la casa, si eso no pasa ¿Yo no tendré mi casa? No me parece justo”.
Según Iván Ibarra, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar y ex director de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, este tipo de situación ha generado la reducción de los inmuebles en alquiler en el país. Problema que empeorará si se aprueba la nueva legislación en la materia.
“La nueva Ley de Protección al Arrendamiento Inmobiliario distorsiona lo que es el proceso de arrendamiento inmobiliario en el país. Si en los actuales momentos hay una crisis habitacional en materia arrendaticia, porque no se consiguen inmuebles para arrendar, esta nueva ley no sólo acabará con la propiedad privada, sino también con el mercado arrendaticio; habría que estar bien loco para alquilar tu propiedad con esta ley”.
Destacó que la actual crisis de alquiler por la que pasa el país es motivada a factores gubernamentales, tales como el congelamiento de cánones de arrendamientos desde el 2003, a pesar que Venezuela es uno de los países más inflacionarios de América Latina.
“Esa regulación del canon de arrendamiento ha generado y mermado el interés e incentivo del propietario en alquilar su inmueble. A esto debemos sumarle que en diciembre del año pasado el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una resolución, prohibió desalojar al inquilino moroso independientemente que incumpla con las condiciones de arrendamientos”.
El proceso legal que entabló Meivys Mirabal, en contra del propietario del inmueble que ocupaba, aún está en ejecución desde abril de este año; pero aún no se da respuesta. En la misma situación, pero del otro lado de la moneda, se encuentra Gerardo Contreras. Sin embargo, su proceso duplica el tiempo en espera.
Procesos engorrosos
Según la directora de Inquilinato de la Alcaldía, Roselena Ramírez, la actual Ley de Arrendamiento, aprobada en el 2009, le ofrece una prórroga a los inquilinos para desocupar el inmueble. Esta depende del tiempo estipulado en el contrato. Sin embargo, para lograr la desocupación completa del inmueble se debe agotar el mecanismo de conciliación que, en algunos casos, puede extenderse por meses.
“Esta ley es justa. Aunque considero que es un tanto engorroso y desagradable el proceso de desocupación. Hay casos de personas que han introducido su demanda de desalojo, porque tienen un inquilino que tiene 6 meses que no cancelan, y no lo pueden sacar. Aunque le salga la demanda no la pueden ejecutar; se debe agotar el proceso previo de conciliación”.
Prórrogas
1 año o menos, se prorrogará por un lapso máximo de seis (6) meses.
13 meses o menos de 5 años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año.
5 años o más, pero menor de diez (10) años, se prorrogará por un lapso máximo de dos (2) años.
10 años o más, se prorrogará, por un lapso máximo de tres (3) años.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
27-06-2011
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* La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ha generado entre los venezolanos diversos mitos sobre la pérdida de la propiedad privada.
* Según la diputada Roselys Salazar, la merma de los inmuebles en alquiler no se debe al temor de perder la propiedad; sino a la acción del Estado revolucionario en la regulación del servicio.
“Todo fue muy rápido”, es lo único que acierta a decir Meivys Mirabal al recordar su desalojo. Regresaba de un viaje que, por trabajo, realizó a Puerto La Cruz. Al llegar al anexo que alquilaba en la casa número 29 de la avenida principal de Caujaro, no pudo abrir la puerta. Las cerraduras las habían cambiado y sus pertenencias las habían aglutinado en uno de los baños de la propiedad. Ese día su hijo de 13 años no durmió en su cama, ni siquiera pudo llegar a su hogar.
“Ella (la propietaria) aprovechó mi ausencia. Yo fui a Puerto La Cruz y recibí un mensaje en un tono amenazante.
Yo estaba en camino con mis pasajeros y ella mandó un mensaje que decía: ‘Necesito hablar contigo, que no pase de hoy’, pero esto yo lo sentí en un tono amenazante. Cuando regresé me conseguí con la sorpresa de que mis corotos, la cocina, lavadora y todo, estaban arrumados en el baño”.
No pudo hacer más. Después de casi dos años alquilando el inmueble, aquella noche Mirabal, junto a su hijo, durmió en la casa de un familiar. “Yo muy poco me la paso en la casa. La alquilé para el resguardo de mi hijo; prácticamente sólo dormimos ahí, aun así nos quisieron desalojar”.
Red de Inquilinos
Casos como estos se repiten a diario en diversas partes de Venezuela. Tener una legislación que arropa a cabalidad la protección del inquilino, no es suficiente para garantizar los procedimientos ilegales de desalojo. Por esto, Raúl Blanchard, enlace por el Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la Red de Inquilinos del estado, asegura que la organización se encarga de diseñar las estrategias para que las personas que pasan por dicho flagelo tengan apoyo y asesoría en el conflicto.
“Estamos tratando de diseñar un ente especial que coadyuve realmente con ellos y lograr los objetivos, en el sentido de que mañana ellos concluyan en una solución habitacional, pero que en la actualidad, puedan ser protegidos por la ley. Es simplemente cumplir con la ley y que se respete sus deberes y derechos”.
De estos aspectos, Meivys Mirabal tenía conocimiento. Por esto, aunque no reconocía a profundidad las legislaciones en la materia, el mismo día del desalojo denunció el caso ante las autoridades gubernamentales.
“Después del desalojo, inmediatamente yo procedí a ir a la instancia correspondiente, como lo debe hacer todo ciudadano, porque no estamos en un país sin leyes, no. Estamos en un país con leyes vigentes que nos protege. En este caso procedí a poner la denuncia en la Policía, luego recurrí a la Lopna (Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente) y por medio de ella a los cinco días me abrieron de nuevo el espacio para yo poder entrar”.
Según explica Mirabal, luego de presentada la denuncia fueron citadas ambas partes ante la Alcaldía, la propietaria llegó con abogado mientras que ella, por desconocimiento, sólo asistió con su versión de la historia al encuentro con las autoridades. El alegato de la dueña del inmueble fue el incumplimiento y actitud agresiva por parte de la inquilina. Conducta que suele ser recurrente en la actualidad en diversos inquilinos.
Miedo a la ley
Apoyados en las legislaciones vigentes en la materia, y en las diversas declaraciones del Presidente venezolano, los arrendatarios de las viviendas han logrado, en ocasiones, transgredir los derechos de sus caseros. Por esto, Blanchard asegura que la Red de Inquilinos es una organización que apoya a propietarios y arrendatarios.
“Se busca resarcir los derechos de los afectados. Estamos del lado de la conciencia; si lo estás haciendo bien estamos apoyándote, pero si lo estás haciendo mal tenemos el deber de ir en contra de ti con las herramientas que nos da la ley. En esta, se protege al inquilino, pero también se le resarce el daño a los propietarios”.
En la actualidad, según el enlace de la organización de inquilinos, se ha creado un mito sobre la normativa y procedimientos legales en el área inmobiliaria.
Esto, sin duda, ha generado un estado de desconfianza en los propietarios que, ante el miedo de perder sus bienes, prefieren no alquilar. Sin embargo, para Roselys Salazar, enlace nacional del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la región, esto se da sólo por desconocimiento de la normativa.
“Una de las principales garantías que el gobierno bolivariano ha venido estableciendo es, en principio, el derecho a la propiedad privada que es un derecho constitucional establecido en el artículo 115. Por esto, se garantiza a todo propietario, que haya puesto en alquiler su inmueble, que su propiedad no se perderá”.
Afirmó que existen diversos instrumentos legales que aseguran los derechos de los arrendatarios y dueños de viviendas; por ello, tratar de asegurar lo contrario es una irresponsabilidad que colisiona con la realidad actual.
“Decir eso es falso, y más en este momento que uno sabe que el déficit de vivienda está en vía de resolverse con la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
La situación, según la diputada para el Consejo Legislativo Regional, no es la expectativa sobre la propiedad privada, sino la molestia del propietario por la aplicación de la norma por parte del Estado. “No es que el propietario tenga temor de arrendar el inmueble; es que por primera vez siente la acción del Estado revolucionario para que ese servicio público pueda ser regulado y controlado”.
Otra versión
Sin embargo, Gerardo Contreras, dueño de dos apartamentos que ofrece en alquiler en la ciudad, no piensa igual. La experiencia le ha enseñado que, en la actualidad, alquilar es sinónimo de amarrarse a los caprichos de los inquilinos.
Hace más de un año se venció el contrato de los arrendatarios de una de sus viviendas, ubicada en Alta Vista Sur, Puerto Ordaz. Debido a que en los 6 meses que duró el contrato, el canon era pagado de forma inestable, decidió ya no seguir alquilando.
Aunque avisó que el trato no sería renovado, y dio los 6 meses de prórroga estipulados; hoy los inquilinos aún están en la propiedad. El caso está en tribunales, pero por haber menores implicados no pueden ser desalojados.
“Yo entiendo su situación, pero quién entiende la mía. Nunca me cancelaron una mensualidad a tiempo. El apartamento lo tienen en mal estado y aún no se ve esperanza de que salgan. Supuestamente, esperan que la misión vivienda les entregue la casa, si eso no pasa ¿Yo no tendré mi casa? No me parece justo”.
Según Iván Ibarra, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar y ex director de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, este tipo de situación ha generado la reducción de los inmuebles en alquiler en el país. Problema que empeorará si se aprueba la nueva legislación en la materia.
“La nueva Ley de Protección al Arrendamiento Inmobiliario distorsiona lo que es el proceso de arrendamiento inmobiliario en el país. Si en los actuales momentos hay una crisis habitacional en materia arrendaticia, porque no se consiguen inmuebles para arrendar, esta nueva ley no sólo acabará con la propiedad privada, sino también con el mercado arrendaticio; habría que estar bien loco para alquilar tu propiedad con esta ley”.
Destacó que la actual crisis de alquiler por la que pasa el país es motivada a factores gubernamentales, tales como el congelamiento de cánones de arrendamientos desde el 2003, a pesar que Venezuela es uno de los países más inflacionarios de América Latina.
“Esa regulación del canon de arrendamiento ha generado y mermado el interés e incentivo del propietario en alquilar su inmueble. A esto debemos sumarle que en diciembre del año pasado el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una resolución, prohibió desalojar al inquilino moroso independientemente que incumpla con las condiciones de arrendamientos”.
El proceso legal que entabló Meivys Mirabal, en contra del propietario del inmueble que ocupaba, aún está en ejecución desde abril de este año; pero aún no se da respuesta. En la misma situación, pero del otro lado de la moneda, se encuentra Gerardo Contreras. Sin embargo, su proceso duplica el tiempo en espera.
Procesos engorrosos
Según la directora de Inquilinato de la Alcaldía, Roselena Ramírez, la actual Ley de Arrendamiento, aprobada en el 2009, le ofrece una prórroga a los inquilinos para desocupar el inmueble. Esta depende del tiempo estipulado en el contrato. Sin embargo, para lograr la desocupación completa del inmueble se debe agotar el mecanismo de conciliación que, en algunos casos, puede extenderse por meses.
“Esta ley es justa. Aunque considero que es un tanto engorroso y desagradable el proceso de desocupación. Hay casos de personas que han introducido su demanda de desalojo, porque tienen un inquilino que tiene 6 meses que no cancelan, y no lo pueden sacar. Aunque le salga la demanda no la pueden ejecutar; se debe agotar el proceso previo de conciliación”.
Prórrogas
1 año o menos, se prorrogará por un lapso máximo de seis (6) meses.
13 meses o menos de 5 años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año.
5 años o más, pero menor de diez (10) años, se prorrogará por un lapso máximo de dos (2) años.
10 años o más, se prorrogará, por un lapso máximo de tres (3) años.
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