Unos 200 abuelos sufren atropellos de sus inquilinos

Superintendencia de Arrendamientos se tarda meses en dar respuestas

El Comité asesora a unos 400 propietarios VENANCIO ALCÁZAREZ
MAYE ALBORNOZ
Santina Sirizzotti, de 83 años, vive como en una caverna. No tiene electricidad y usa el agua que le dan sus vecinos o lo que logra recoger de la lluvia, pues sus inquilinos le quitaron los servicios como medida presión para que abandone su casa. Santina administró durante 35 años una residencia de 22 habitaciones en Catia, pero de aquello le queda la nostalgia y eso sí, muchos problemas.

Viuda y con sus tres hijos fallecidos también, la residencia se convirtió en su razón de vida y sustento. Pero dos inquilinas armaron una componenda en su contra desde 2008, y ahora el resto de los huéspedes les pagan a ellas y no a la dueña. Santina sufre acoso e insultos de los ocupantes de su casa, pero no tiene otro sitio a donde ir. "Vivo con mis enemigos", cuenta.

Acudió a la Fiscalía y a la Defensoría en donde le dijeron que no los podía desalojar. Fue a Miraflores y de allí la enviaron a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Le dijeron que la visitarían, pero pasaron dos meses y no ocurrió nada. Hace un par de semanas Santina volvió a las oficinas y le dijeron que su caso había sido archivado, porque no había suficientes funcionarios.

Ella es una de los 175 propietarios de la tercera edad, en Caracas, que han acudido al Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler buscando asesoría, pues sufren abusos de sus inquilinos.

Marisa Fariña, presidenta del Comité, afirmó que los casos que involucran abuelos representan casi la mitad del total de las denuncias que maneja el Comité, pues se trata de una población vulnerable.

Inés Sánchez, de 90 años, quien lleva una residencia en San Agustín del Norte, fue golpeada por uno de sus inquilinos cuando le solicitó que retirara una cocina eléctrica de su habitación. Ella llevó la denuncia en la Fiscalía y en la Superintendencia, pero allí le dijeron que no podían desalojar al hombre: "¿En dónde están los derechos humanos?", se pregunta Inés. Además del peligro, el constante encendido de las hornillas genera facturas de electricidad de 500 bolívares, cuando el costo del cuarto es de 200.

"Aquí les invitamos a ir por los canales regulares, pero es frustrante. La ley se promulgó para beneficiar a un solo sector y ese es el drama", afirmó Fariña. En los próximos días llevarán de nuevo una carta a la Superintendencia para exponer los casos de los afectados.

El Comité ofrece asesoría legal gratuita. Se les puede llamar al 0212-317.1098 y al 0412-013.6452.

El Universal
20-05-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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