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lunes, 30 de abril de 2012
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Libertador solo dio siete días para desalojar parqueadero en Altavista
En el lugar se construirán viviendas para los damnificados
JORGE HERNÁNDEZ
La directora de Fiscalización de la Alcaldía de Libertador, Menfhis Fernández Cabrera, ordenó la salida de tres comerciantes, 60 transportistas, dos familias y de 36 trabajadores del estacionamiento y autolavado El Helicóptero de Altavista. Para ello dio plazo solo de siete días continuos para el desalojo de los terrenos expropiados para hacer viviendas.
Será hasta el próximo primero de mayo cuando trabajadores y transportistas podrán usar el parqueadero a pesar de que ambos gremios solicitaban entre 15 y 30 días para ubicar un terreno para trabajar y evitar dejar unidades del transporte público en la calle por la "alta inseguridad en Catia".
César Pizarro, comerciante, afirmó que comisarios de la Policía de Libertador les entregaron la misiva de Fernández, donde de indicaba que por instrucciones del alcalde Jorge Rodríguez y del sindico, Carlos Alexis Castillo, deben entregar el terreno de la empresa Comercial Industrial Caribe.
"Harán casas multifamiliares de Misión Vivienda. La entrega es inmediata. Esa sindicatura no ayudó a los transportistas a ubicar un terreno. Se meten con el pueblo y ahora quieren mandar a las familias a un refugio, pero ellos no aceptan esa orden obligada de Rodríguez", señala Pizarro.
El Universal
27-04-2012
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Será hasta el próximo primero de mayo cuando trabajadores y transportistas podrán usar el parqueadero a pesar de que ambos gremios solicitaban entre 15 y 30 días para ubicar un terreno para trabajar y evitar dejar unidades del transporte público en la calle por la "alta inseguridad en Catia".
César Pizarro, comerciante, afirmó que comisarios de la Policía de Libertador les entregaron la misiva de Fernández, donde de indicaba que por instrucciones del alcalde Jorge Rodríguez y del sindico, Carlos Alexis Castillo, deben entregar el terreno de la empresa Comercial Industrial Caribe.
"Harán casas multifamiliares de Misión Vivienda. La entrega es inmediata. Esa sindicatura no ayudó a los transportistas a ubicar un terreno. Se meten con el pueblo y ahora quieren mandar a las familias a un refugio, pero ellos no aceptan esa orden obligada de Rodríguez", señala Pizarro.
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Vecinos se organizan contra plantas de cemento
En cuatro zonas se han instalado concreteras que operan 24 horas
Decenas de camiones se llenan a diario en la planta de concreto instalada por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales en Santa Mónica OSWER DÍAZ
BEATRIZ CRUZ SALAZAR
La emergencia de viviendas ha dado paso a la instalación de una serie de plantas de concreto a lo largo de toda la ciudad. Las consecuencias ya las están sintiendo los vecinos. Contaminación ambiental y sónica las 24 horas del día, además del paso constante de carga pesada, afectan la calidad de vida de varias comunidades.
En La Carlota, Santa Eduvigis, Juan Pablo II y Santa Mónica los habitantes se han organizado para demostrar su rechazo a la colocación de estas estructuras. La lucha no es fácil, tomando en cuenta que los vecinos de Santa Eduvigis tienen tres años intentando reubicar la concretera que instaló Odebrecht en el Parque Miranda. Sin embargo, no piensan quedarse de brazos cruzados.
En la avenida Intervecinal Santa Mónica-Cumbres de Curumo se están levantando 840 apartamentos para damnificados. Wilter Ochoa, vecino del sector, asegura que no está en contra de la construcción de viviendas, sin embargo reclama que las obras se están realizando sin medir los efectos colaterales que generan a los residentes del sector.
"Aquí trabajan los siete días de la semana, las 24 horas del día. En la madrugada no paran y el ruido de los camiones no deja dormir a la gente. Además esta vía es muy limitada, tiene apenas dos canales, y tememos que en cualquier momento ocurra un accidente con las unidades de carga pesada", señala Ochoa.
Italia Bevilacqua tiene en su teléfono la demostración de los efectos de la concretera. Con la cámara ha captado imágenes de las nubes de polvo que emanan de la planta. Además, posee videos que demuestran el ruido generado a altas horas de la noche. "En algún momento alguien nos escuchará, lo que sucede aquí es ilegal", dice.
Daniela Sardi, arquitecta y vecina de Santa Mónica, apunta que el cemento que se está produciendo en el lugar no se está utilizando para construir los edificios que van en ese lote de terreno. "Uno ve los camiones que entran y salen, pero salen con dirección a Fuerte Tiuna, ese cemento es para usarlo en otra obra", advierte.
Sardi, quien ha apoyado a los vecinos de Santa Eduvigis en la lucha contra la concretera, explica que antes de instalar este tipo de estructuras las empresas deben realizar un estudio de impacto ambiental.
Detalla que en la Constitución y Ley Orgánica de Ambiente se establece la necesidad de realizar ese estudio para así aprobar su instalación.
La especialista agrega que en el caso de Santa Eduvigis y Santa Mónica se irrespetan las ordenanzas que establecen los usos de acuerdo con la zonificación. La concretera de Santa Eduvigis se instaló en un parque, violando lo establecido en los reglamentos, mientras que en Santa Mónica, la zona intervenida está clasificada como área residencial y verde.
De acuerdo con ese argumento, el uso que le está dando al terreno la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales, encargada del proyecto y de la planta, no es conforme con lo establecido en la normativa.
Los vecinos de Juan Pablo II también cuestionan el establecimiento de una planta de concreto en esa urbanización. "No es solo la concretera, es el abuso de la contratista que no para en todo el día de trabajar, son los cierres de calles y los ruidos molestos, es una situación insostenible", dice Armando Arratia, vecino del sector.
Ante la proliferación de plantas de este tipo, los vecinos de Chuao decidieron extender sus acciones a otras urbanizaciones de Caracas. Sandra Carrillo, representante de Asochuao, explica que crearon en la red (Yahoo) el grupo Comité de Defensa Vecinal Salud y Vida. También tienen una página en Facebook y un blog: http://fueraconcretera.blogspot.com.
"La intención es orientar a los vecinos sobre los efectos que generan en la salud las concreteras. Más allá de la protesta queremos hacer una labor informativa, porque son muchas comunidades las que se están viendo amenazadas por esta situación", comenta Carrillo.
bcruz@eluniversal.com
VECINOS AMENAZADOS POR EL CONCRETO
LA CARLOTA. En el terreno que estaba destinado a la creación de un parque se instaló una concretera. Desde finales de febrero los vecinos notaron la presencia de obreros en la zona y la llegada de una serie de contenedores. Con el paso de los días la cementera fue tomando forma. Según los vecinos, la planta es manejada por la empresa XCMG, de origen chino. VENANCIO ALCÁZARES
EXPOSICIÓN QUE GENERA RIESGOS
La salud de los vecinos que están cerca de las concreteras corre riesgo. El doctor Nelson Carrillo preparó una presentación que ha sido difundida por los vecinos de Chuao en las asambleas de ciudadanos.
Carrillo detalla que ciertos componentes del cemento pueden generar lesiones en la piel como urticaria y dermatitis aguda y crónica. Las personas expuestas también pueden desarrollar conjuntivitis aguda y crónica, además de daños en la córnea, cristalino, humor vítreo y acuoso que puede generar a largo plazo ceguera.
El sílice emanado de las plantas de concreto se puede fijar en el tejido respiratorio y generar silicosis. Además, las personas que sufren de asma y enfisema suelen complicarse ante la contaminación ambiental.
Carrillo agrega que basta que una persona esté expuesta dos años a los componentes del cemento (cromo hexavalente, sílice y asbesto) para desarrollar a mediano plazo (10 a 15 años) tumores cancerígenos.
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27-04-2012
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Decenas de camiones se llenan a diario en la planta de concreto instalada por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales en Santa Mónica OSWER DÍAZ
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La emergencia de viviendas ha dado paso a la instalación de una serie de plantas de concreto a lo largo de toda la ciudad. Las consecuencias ya las están sintiendo los vecinos. Contaminación ambiental y sónica las 24 horas del día, además del paso constante de carga pesada, afectan la calidad de vida de varias comunidades.
En La Carlota, Santa Eduvigis, Juan Pablo II y Santa Mónica los habitantes se han organizado para demostrar su rechazo a la colocación de estas estructuras. La lucha no es fácil, tomando en cuenta que los vecinos de Santa Eduvigis tienen tres años intentando reubicar la concretera que instaló Odebrecht en el Parque Miranda. Sin embargo, no piensan quedarse de brazos cruzados.
En la avenida Intervecinal Santa Mónica-Cumbres de Curumo se están levantando 840 apartamentos para damnificados. Wilter Ochoa, vecino del sector, asegura que no está en contra de la construcción de viviendas, sin embargo reclama que las obras se están realizando sin medir los efectos colaterales que generan a los residentes del sector.
"Aquí trabajan los siete días de la semana, las 24 horas del día. En la madrugada no paran y el ruido de los camiones no deja dormir a la gente. Además esta vía es muy limitada, tiene apenas dos canales, y tememos que en cualquier momento ocurra un accidente con las unidades de carga pesada", señala Ochoa.
Italia Bevilacqua tiene en su teléfono la demostración de los efectos de la concretera. Con la cámara ha captado imágenes de las nubes de polvo que emanan de la planta. Además, posee videos que demuestran el ruido generado a altas horas de la noche. "En algún momento alguien nos escuchará, lo que sucede aquí es ilegal", dice.
Daniela Sardi, arquitecta y vecina de Santa Mónica, apunta que el cemento que se está produciendo en el lugar no se está utilizando para construir los edificios que van en ese lote de terreno. "Uno ve los camiones que entran y salen, pero salen con dirección a Fuerte Tiuna, ese cemento es para usarlo en otra obra", advierte.
Sardi, quien ha apoyado a los vecinos de Santa Eduvigis en la lucha contra la concretera, explica que antes de instalar este tipo de estructuras las empresas deben realizar un estudio de impacto ambiental.
Detalla que en la Constitución y Ley Orgánica de Ambiente se establece la necesidad de realizar ese estudio para así aprobar su instalación.
La especialista agrega que en el caso de Santa Eduvigis y Santa Mónica se irrespetan las ordenanzas que establecen los usos de acuerdo con la zonificación. La concretera de Santa Eduvigis se instaló en un parque, violando lo establecido en los reglamentos, mientras que en Santa Mónica, la zona intervenida está clasificada como área residencial y verde.
De acuerdo con ese argumento, el uso que le está dando al terreno la Oficina Presidencial de Proyectos Especiales, encargada del proyecto y de la planta, no es conforme con lo establecido en la normativa.
Los vecinos de Juan Pablo II también cuestionan el establecimiento de una planta de concreto en esa urbanización. "No es solo la concretera, es el abuso de la contratista que no para en todo el día de trabajar, son los cierres de calles y los ruidos molestos, es una situación insostenible", dice Armando Arratia, vecino del sector.
Ante la proliferación de plantas de este tipo, los vecinos de Chuao decidieron extender sus acciones a otras urbanizaciones de Caracas. Sandra Carrillo, representante de Asochuao, explica que crearon en la red (Yahoo) el grupo Comité de Defensa Vecinal Salud y Vida. También tienen una página en Facebook y un blog: http://fueraconcretera.blogspot.com.
"La intención es orientar a los vecinos sobre los efectos que generan en la salud las concreteras. Más allá de la protesta queremos hacer una labor informativa, porque son muchas comunidades las que se están viendo amenazadas por esta situación", comenta Carrillo.
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VECINOS AMENAZADOS POR EL CONCRETO
LA CARLOTA. En el terreno que estaba destinado a la creación de un parque se instaló una concretera. Desde finales de febrero los vecinos notaron la presencia de obreros en la zona y la llegada de una serie de contenedores. Con el paso de los días la cementera fue tomando forma. Según los vecinos, la planta es manejada por la empresa XCMG, de origen chino. VENANCIO ALCÁZARES
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La salud de los vecinos que están cerca de las concreteras corre riesgo. El doctor Nelson Carrillo preparó una presentación que ha sido difundida por los vecinos de Chuao en las asambleas de ciudadanos.
Carrillo detalla que ciertos componentes del cemento pueden generar lesiones en la piel como urticaria y dermatitis aguda y crónica. Las personas expuestas también pueden desarrollar conjuntivitis aguda y crónica, además de daños en la córnea, cristalino, humor vítreo y acuoso que puede generar a largo plazo ceguera.
El sílice emanado de las plantas de concreto se puede fijar en el tejido respiratorio y generar silicosis. Además, las personas que sufren de asma y enfisema suelen complicarse ante la contaminación ambiental.
Carrillo agrega que basta que una persona esté expuesta dos años a los componentes del cemento (cromo hexavalente, sílice y asbesto) para desarrollar a mediano plazo (10 a 15 años) tumores cancerígenos.
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Barvialsa controla 60% de fondos y no concluye obras
Denuncian que la empresa beneficia al entorno del gobernador Chávez
Aún la empresa pública no ha entregado las casas que prometió WALTER OBREGÓN
WALTER OBREGÓN
Barinas.-El diputado del Consejo Legislativo de Barinas, Lorenzo Saturno, informó que en la plenaria del martes pasado se aprobaron Bs. 9.986.517,69 para la empresa mixta socialista Barinesa de Vialidad y Construcciones (Barvialsa) pese a que está cuestionada por incumplimiento en las obras.
La denuncia fue avalada por el ingeniero Jesús Macabeo y el dirigente político Pablo Oquendo, quienes indicaron que esta empresa donde la Gobernación posee participación de 99%, es responsable de la ejecución de 60% del presupuesto de inversión de la entidad, pero "no tiene capacidad técnica para asumirlo y está obligada a subcontratar servicios".
"Esto viola la ley por la que fue creada, debido a que Barvialsa es constituida por la gobernación, Intravial y Pdvsa, para dar celeridad a las obras que quedaron sin terminar de la gestión del maestro Hugo de los Reyes Chávez, y para lograrlo, una de las reglas era que no podía subcontratar para ejecutar la obras ", dijo Oquendo.
Macabeo indicó que los fondos son para evaluaciones de ocho obras sin culminar.
Obras inconclusas
Barvialsa tiene asignadas 50 proyectos en todo el estado pero ha sido denunciada por trabajos paralizados, obras que no se ejecutan pero que cobran y por trabajos de mala calidad, afirman los denunciantes.
Sobresale el caso de la asociación civil El Remanso, expropiada por el Gobierno aduciendo estafa inmobiliaria, y tras adquirir el compromiso de entregar 74 viviendas sólo han echado las bases del piso. Macabeo aseguró que, por denuncias de la comunidad, inspeccionó el asfalto de la urbanización Prados de Barinas, colocado hace ocho meses, pero ya presenta baches.
Saturno refirió que en el legislativo los traslados de partidas y las solicitudes de recursos ordinarios y extraordinarios para Barvialsa, "nunca han tenido objeción, pero tampoco se han inspeccionado sus obras" y desatienden denuncias de las comunidades. Alertó que la empresa no cuenta con maquinarias, y pese que tiene asignada la mayoría de obras, su nómina no es de obreros sino de 28 empleados.
Recientemente fue designada una directiva que, dijeron, está vinculada a la Gobernación, como el general Enrique Henríquez, director de Infraestructura, y el expresidente del Instituto de Viviendas, Giovanni Benaventa. "No dudo que estos recursos son para beneficiar a funcionarios del entorno del gobernador Chávez, como Antonio Albarrán y Ramón Castillo, y desde afuera la empresa es manejada por Enzo Chávez (hijo del Gobernador), eso lo sabe toda Barinas".
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La denuncia fue avalada por el ingeniero Jesús Macabeo y el dirigente político Pablo Oquendo, quienes indicaron que esta empresa donde la Gobernación posee participación de 99%, es responsable de la ejecución de 60% del presupuesto de inversión de la entidad, pero "no tiene capacidad técnica para asumirlo y está obligada a subcontratar servicios".
"Esto viola la ley por la que fue creada, debido a que Barvialsa es constituida por la gobernación, Intravial y Pdvsa, para dar celeridad a las obras que quedaron sin terminar de la gestión del maestro Hugo de los Reyes Chávez, y para lograrlo, una de las reglas era que no podía subcontratar para ejecutar la obras ", dijo Oquendo.
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Barvialsa tiene asignadas 50 proyectos en todo el estado pero ha sido denunciada por trabajos paralizados, obras que no se ejecutan pero que cobran y por trabajos de mala calidad, afirman los denunciantes.
Sobresale el caso de la asociación civil El Remanso, expropiada por el Gobierno aduciendo estafa inmobiliaria, y tras adquirir el compromiso de entregar 74 viviendas sólo han echado las bases del piso. Macabeo aseguró que, por denuncias de la comunidad, inspeccionó el asfalto de la urbanización Prados de Barinas, colocado hace ocho meses, pero ya presenta baches.
Saturno refirió que en el legislativo los traslados de partidas y las solicitudes de recursos ordinarios y extraordinarios para Barvialsa, "nunca han tenido objeción, pero tampoco se han inspeccionado sus obras" y desatienden denuncias de las comunidades. Alertó que la empresa no cuenta con maquinarias, y pese que tiene asignada la mayoría de obras, su nómina no es de obreros sino de 28 empleados.
Recientemente fue designada una directiva que, dijeron, está vinculada a la Gobernación, como el general Enrique Henríquez, director de Infraestructura, y el expresidente del Instituto de Viviendas, Giovanni Benaventa. "No dudo que estos recursos son para beneficiar a funcionarios del entorno del gobernador Chávez, como Antonio Albarrán y Ramón Castillo, y desde afuera la empresa es manejada por Enzo Chávez (hijo del Gobernador), eso lo sabe toda Barinas".
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Desisten de construir viviendas en la Simón Rodríguez de Caricuao
La organización y perseverancia del Comité pro Defensa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) de Caricuao logró que el Ejecutivo ordenara la disolución del contrato que la Constructora Roangi C.A mantenía con la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) para levantar cuatro edificios en los terrenos de la institución educativa en la UD−5.
Celina Valenzuela, miembro del Comité pro Defensa de la Unesr, afirmó que la suspensión de las obras fue informada por el presidente Hugo Chávez en una cadena nacional casi a medianoche que muchos vecinos no vieron. Pero luego de varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat conocieron la medida presidencial.
"El presidente anunció que ya estaba cansado de la perorata con los terrenos universitarios de Caricuao y que se tenían que devolver a la comunidad. Los decretó zona cultural, deportiva y educativa", dijo Valenzuela.
El arquitecto Luis Roselli, vocero de la Constructora Roangi C.A, aseguró que el proyectó "no se ejecutó". "La Opppe disolvió el contrato y no nos permitieron construir 224 viviendas para damnificados en ningún otro sitio".
Milagros Perera, vocera del Comité Pro Defensa, dijo que el Presidente prorrogó el comodato de Unesr por cinco años y pidió a la ministra de Educación Superior, Yadira Córdova, gestionar los recursos para hacer la universidad en Caricuao, donde se forman cada año 5 mil bachilleres.
La Unesr de Caricuao se construye desde 1992. En 2008 el presidente Chávez aprobó Bs 108 millones para parte de las obras, pero "los recursos nunca llegaron". Mientras, 4.200 estudiantes están hacinados en el edificio Escálamo de Sabana Grande, donde se pagan Bs 70 mil mensual por alquiler en áreas que deben repararse", relató Fernando Canelón, líder vecinal de la parroquia Caricuao.
A pesar de la medida, parte de los terrenos (19 mil m2) se usan como taller mecánico, oficinas improvisadas para levantar censo de damnificados y para poner carpas de vecinos que aún exigen vivienda.
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27-04-2012
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"El presidente anunció que ya estaba cansado de la perorata con los terrenos universitarios de Caricuao y que se tenían que devolver a la comunidad. Los decretó zona cultural, deportiva y educativa", dijo Valenzuela.
El arquitecto Luis Roselli, vocero de la Constructora Roangi C.A, aseguró que el proyectó "no se ejecutó". "La Opppe disolvió el contrato y no nos permitieron construir 224 viviendas para damnificados en ningún otro sitio".
Milagros Perera, vocera del Comité Pro Defensa, dijo que el Presidente prorrogó el comodato de Unesr por cinco años y pidió a la ministra de Educación Superior, Yadira Córdova, gestionar los recursos para hacer la universidad en Caricuao, donde se forman cada año 5 mil bachilleres.
La Unesr de Caricuao se construye desde 1992. En 2008 el presidente Chávez aprobó Bs 108 millones para parte de las obras, pero "los recursos nunca llegaron". Mientras, 4.200 estudiantes están hacinados en el edificio Escálamo de Sabana Grande, donde se pagan Bs 70 mil mensual por alquiler en áreas que deben repararse", relató Fernando Canelón, líder vecinal de la parroquia Caricuao.
A pesar de la medida, parte de los terrenos (19 mil m2) se usan como taller mecánico, oficinas improvisadas para levantar censo de damnificados y para poner carpas de vecinos que aún exigen vivienda.
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27-04-2012
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Zonas populares perjudicadas por Ley de Arrendamiento
En un Taller Virtual dictado por la Cámara Inmobiliaria Metropolitana este jueves en la mañana, las abogadas Cora Farías y Teresa Borges, aseguraron que la Ley de Arrendamiento no está llegando a las comunidades populares, donde los conflictos entre inquilinos y propietarios se resuelven de forma irregular, muchas veces con violencia.
"Por el desconocimiento de la Ley misma, también porque a pesar de todos los esfuerzos del Estado de facilitar una defensa apropiada, la misma no llega y es limitada", explicó Borges.
"Muchos inquilinos, amparándose en algo que no dice la Ley están dejando de pagar los cánones, lo que conlleva a que los propietarios, por vía de hecho, intenten desalojar ilegalmente a los inquilinos", añadió.
Lo que sucede con la nueva legislación es que a pesar de que se incluyeron a algunos sectores de la población en su análisis, no fue suficiente para trascender a todas las comunidades que mantienen una relación arrendaticia, y fueron afectadas por el desconocimiento de la Ley, que es de estricto cumplimiento, dijo Cora Farías.
Farías recomendó que se retome la discusión de la Ley en todos los sectores para procurar nuevas propuestas que logren una reforma en beneficio tanto de propietarios e inquilinos.
"Si la Ley se mantiene en los términos concebidos continuará contrayéndose el mercado arrendaticio, como en efecto está sucediendo, lo que llevará a la desaparición del arrendamiento como solución habitacional del venezolano", sentenció.
Entorno Inteligente
26-04-2012
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"Muchos inquilinos, amparándose en algo que no dice la Ley están dejando de pagar los cánones, lo que conlleva a que los propietarios, por vía de hecho, intenten desalojar ilegalmente a los inquilinos", añadió.
Lo que sucede con la nueva legislación es que a pesar de que se incluyeron a algunos sectores de la población en su análisis, no fue suficiente para trascender a todas las comunidades que mantienen una relación arrendaticia, y fueron afectadas por el desconocimiento de la Ley, que es de estricto cumplimiento, dijo Cora Farías.
Farías recomendó que se retome la discusión de la Ley en todos los sectores para procurar nuevas propuestas que logren una reforma en beneficio tanto de propietarios e inquilinos.
"Si la Ley se mantiene en los términos concebidos continuará contrayéndose el mercado arrendaticio, como en efecto está sucediendo, lo que llevará a la desaparición del arrendamiento como solución habitacional del venezolano", sentenció.
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Banavih impulsa programas pilotos para adquirir viviendas
Estima lograr la meta de 60 mil unidades en 5 años
El presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, Mario Isea, informó que están aprobados dos programas especiales a través de un convenio de cooperación entre Brasil y Venezuela. El primero se refiere a la vivienda digna para el medio rural y, el segundo a la adquisición de viviendas por la vía del arrendamiento con opción a compra al quinto año.
Explicó que el proyecto de la vivienda digna para el medio rural se iniciará con un piloto en una comunidad del estado Miranda. “Luego se seguirá progresivamente en sectores campesinos para evitar que migren a las grandes ciudades y lograr que se mantenga en producción para que con ella pueda pagar su vivienda”, dijo.
Por otra parte, destacó que el programa de adquisición de viviendas por la vía del arrendamiento estará destinado a profesionales jóvenes, parejas con ingresos fijos, pero sin ahorro para una inicial fuerte.
“Este programa piloto también lo ha diseñado el Banavih con la autorización del Ministerio y del Órgano superior de la Vivienda en cooperación con Brasil, se va a hacer capitales de estado, se va a emplear en Maracaibo y Caracas y posiblemente se extienda luego a Carabobo y a otros estados dependiendo de la oferta de terrenos que tengamos disponibles”, puntualizó.
Subrayó que esta iniciativa intenta cubrir un porcentaje importante del registro de la Misión Vivienda Venezuela con esas características. “Se está planteando una meta de unas 60 mil unidades en total y que arrancaría este año con unas 500 unidades”, acotó.
Unionradio.net
26-04-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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El presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, Mario Isea, informó que están aprobados dos programas especiales a través de un convenio de cooperación entre Brasil y Venezuela. El primero se refiere a la vivienda digna para el medio rural y, el segundo a la adquisición de viviendas por la vía del arrendamiento con opción a compra al quinto año.
Explicó que el proyecto de la vivienda digna para el medio rural se iniciará con un piloto en una comunidad del estado Miranda. “Luego se seguirá progresivamente en sectores campesinos para evitar que migren a las grandes ciudades y lograr que se mantenga en producción para que con ella pueda pagar su vivienda”, dijo.
Por otra parte, destacó que el programa de adquisición de viviendas por la vía del arrendamiento estará destinado a profesionales jóvenes, parejas con ingresos fijos, pero sin ahorro para una inicial fuerte.
“Este programa piloto también lo ha diseñado el Banavih con la autorización del Ministerio y del Órgano superior de la Vivienda en cooperación con Brasil, se va a hacer capitales de estado, se va a emplear en Maracaibo y Caracas y posiblemente se extienda luego a Carabobo y a otros estados dependiendo de la oferta de terrenos que tengamos disponibles”, puntualizó.
Subrayó que esta iniciativa intenta cubrir un porcentaje importante del registro de la Misión Vivienda Venezuela con esas características. “Se está planteando una meta de unas 60 mil unidades en total y que arrancaría este año con unas 500 unidades”, acotó.
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La Carlota: Promesa incumplida
Hace once años el Presidente prometió transformar a La Carlota en un parque. En ese lapso la base militar ha sido utilizada como sede de festivales, bonches y circos, le colocaron una costosa y ya desvaída reja de metal, destruyeron edificaciones y hangares, para luego construir otros. Se hicieron movimientos de tierra para construir viviendas, se manejó la idea de un parque tecnológico, ha sido empleada para exponer carpas para damnificados, distribuir electrodomésticos, almacenar autobuses y quien sabe qué cosas más. Ahora tenemos una concretera y en lugar del parque acuático de Fruto Vivas -para citar uno de los proyectistas- ruido y polvo, el insoportable rugir de aviones y helicópteros, y el creciente tráfico en los alrededores.
Vecinos, arquitectos y urbanistas, al margen de preferencias políticas o escuelas de pensamiento coinciden en la necesidad de un "parque verde", también en el manejo flexible de la pista de aterrizaje en una ciudad vulnerable como es Caracas. No menos importante han sido los planteamientos para mejorar la vialidad Norte-Sur, reubicar indigentes, limpiar el Guaire y entregar a los ciudadanos 105 hectáreas de áreas para deporte y sana recreación, que podrían estar integradas al ya saturado Parque del Este.
Foros, declaraciones a la prensa, artículos de opinión y algunas, admito que tenues y muy civiles protestas de calle, se han realizado en estos 11 años. En este momento se efectúa un concurso de proyectos con participación internacional y ya han llegado más de 50. No se trata de simples ideas, sino de proyectos desarrollados por profesionales de alto nivel, equipos integrados por gente que domina el tema, como informa el Dr. Marco Negrón. Una proporción de los mismos proceden del exterior, ya que el tema ha trascendido las fronteras. El Presidente guarda silencio, como lo hace con la inconclusa reparación de Parque Central, el deterioro de los planteles educativos, los problemas de la calidad del agua en Aragua, Carabobo y Monagas, el pésimo estado de la vialidad, el hacinamiento en las cárceles y la inseguridad.
Eso sí, emplea buena parte de su tiempo en insultar, destruir y prometer, tres de sus verbos favoritos hasta que incluyó el de vivir por razones que todos conocen.
¿Suplicar?
No puedo suplicarle al Presidente que cumpla su promesa. Vivimos en una república y no en un reino. El Presidente es un empleado, el de máximo nivel, de los ciudadanos y está allí para satisfacer las demandas de los mismos.
Así, que como otros miles de ciudadanos y vecinos de La Carlota, exigimos que cumpla lo prometido porque ese es su trabajo y existen otros venezolanos que también quieren vivir. Porque el estamento militar necesita, con urgencia, mostrarle al país una mejor imagen que circos y espectáculos con un vociferante y desgañitado animador gritando desde una base militar "no volverán" como escuchamos hace unos días. Mejorar las condiciones ambientales no es un lujo, es una necesidad imperiosa.
Carlos Machado Allison
analitica.com
26-04-2012
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Vecinos, arquitectos y urbanistas, al margen de preferencias políticas o escuelas de pensamiento coinciden en la necesidad de un "parque verde", también en el manejo flexible de la pista de aterrizaje en una ciudad vulnerable como es Caracas. No menos importante han sido los planteamientos para mejorar la vialidad Norte-Sur, reubicar indigentes, limpiar el Guaire y entregar a los ciudadanos 105 hectáreas de áreas para deporte y sana recreación, que podrían estar integradas al ya saturado Parque del Este.
Foros, declaraciones a la prensa, artículos de opinión y algunas, admito que tenues y muy civiles protestas de calle, se han realizado en estos 11 años. En este momento se efectúa un concurso de proyectos con participación internacional y ya han llegado más de 50. No se trata de simples ideas, sino de proyectos desarrollados por profesionales de alto nivel, equipos integrados por gente que domina el tema, como informa el Dr. Marco Negrón. Una proporción de los mismos proceden del exterior, ya que el tema ha trascendido las fronteras. El Presidente guarda silencio, como lo hace con la inconclusa reparación de Parque Central, el deterioro de los planteles educativos, los problemas de la calidad del agua en Aragua, Carabobo y Monagas, el pésimo estado de la vialidad, el hacinamiento en las cárceles y la inseguridad.
Eso sí, emplea buena parte de su tiempo en insultar, destruir y prometer, tres de sus verbos favoritos hasta que incluyó el de vivir por razones que todos conocen.
¿Suplicar?
No puedo suplicarle al Presidente que cumpla su promesa. Vivimos en una república y no en un reino. El Presidente es un empleado, el de máximo nivel, de los ciudadanos y está allí para satisfacer las demandas de los mismos.
Así, que como otros miles de ciudadanos y vecinos de La Carlota, exigimos que cumpla lo prometido porque ese es su trabajo y existen otros venezolanos que también quieren vivir. Porque el estamento militar necesita, con urgencia, mostrarle al país una mejor imagen que circos y espectáculos con un vociferante y desgañitado animador gritando desde una base militar "no volverán" como escuchamos hace unos días. Mejorar las condiciones ambientales no es un lujo, es una necesidad imperiosa.
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Para viviendas se necesita urbanizar 2.500 hectáreas
Los empresarios de la construcción insisten en su llamado al Gobierno para que juntos diseñen políticas públicas que permitan impulsar el sector de las viviendas en el país, que actualmente sigue presentando problemas deficitarios.
Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, reiteró que se debe maximizar la participación del sector privado para pasar de ese 2% de crecimiento en que se encuentra Venezuela actualmente al 7% que crecen los países del mismo continente con economías en expansión.
Para estar a la altura de esos países, se necesita promover la participación de las empresas, fomentar su trabajo con las estadales y brindarle seguridad jurídica. “Estamos dispuestos a fomentar ese desarrollo, y señalamos que hay obras prioritarias en materia de cárceles, hospitalarias, autopistas y por supuesto de viviendas, que le dará un valor agregado a este país”.
“Para solucionar el problema de vivienda se tienen que urbanizar en 15 años 2.500 hectáreas; eso implica generar expansiones de ciudades, nuevos pueblos, nuevas vías, nuevos servicios, todo eso implica que tengas una planificación un desarrollo de lo que son las ciudades”, apunta.
Union Radio
26-04-2012
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Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, reiteró que se debe maximizar la participación del sector privado para pasar de ese 2% de crecimiento en que se encuentra Venezuela actualmente al 7% que crecen los países del mismo continente con economías en expansión.
Para estar a la altura de esos países, se necesita promover la participación de las empresas, fomentar su trabajo con las estadales y brindarle seguridad jurídica. “Estamos dispuestos a fomentar ese desarrollo, y señalamos que hay obras prioritarias en materia de cárceles, hospitalarias, autopistas y por supuesto de viviendas, que le dará un valor agregado a este país”.
“Para solucionar el problema de vivienda se tienen que urbanizar en 15 años 2.500 hectáreas; eso implica generar expansiones de ciudades, nuevos pueblos, nuevas vías, nuevos servicios, todo eso implica que tengas una planificación un desarrollo de lo que son las ciudades”, apunta.
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"Moriré siendo propietaria"
El 21 de septiembre de 2011 se le cayó el mundo a Reina Núñez. Luego de ahorrar durante una década, dejar de comprarse zapatos y ropa, y hacer sacrificios extremos como ella lo relata para poder adquirir un terreno y construir su vivienda las autoridades del Instituto Nacional de Tierras ejecutaron una medida que le impide edificar su casa.
Ella es una de las personas que integran las 376 familias que lograron adquirir su porción de tierra en el sector Corralito, antigua hacienda Caicaguana en El Hatillo. Dice que no es ni oligarca ni latifundista, es sólo un ama de casa, esposa de un plomero, que antes de comprar ese pequeño lote en el sector vivía en el barrio San José de Petare y que, cansada de la violencia y las vicisitudes del lugar, decidió mudarse con su marido y su hijo de 10 años para cambiar de vida.
"Mi esposo estaba trabajando y ese día vino a ver el terreno. Se encontró a unos militares, funcionarios del INTI y supuestos milicianos. Eran como 100 personas. Le dijeron que no se preocupara, pero lo cierto es que desde hace 7 meses no podemos pasar materiales para construir nuestro hogar".
Los ojos de Reina no pueden ser más expresivos. Están cargados de rabia y de mucho dolor. Para ella, la medida de rescate, ejecutada sobre 185 hectáreas de terreno, supuestamente para favorecer a 20 familias campesinas, se traduce simplemente en 2 palabras: incertidumbre y temor.
Y ahora, cuando no puede pasar ni un saco de cemento hacia su terreno, luego de que unos milicianos montaran una carpa a la entrada del lugar con banderas alegóricas a las consignas zamoranas de "tierras y hombres libres", sólo le queda pagar 3.000 bolívares de alquiler mensual en una vivienda humilde cercana a la zona, "para vigilar esto y no terminar de perderlo todo".
La carpa es amplia y de un verde grisáceo. Sus ventanas están cerradas y los vecinos aseguran que hay personas adentro, sólo que están más tranquilas que hace siete meses cuando según denuncian fungían como guardias de alcabala, revisaban hasta las maletas de los carros, decidían quién entraba o no a la zona luego de chequear si sus nombres aparecían en una lista de habitantes del lugar. Inventario realizado arbitrariamente el día de la ocupación.
Yerkis Zapata no quiso aceptar la voz de alto que le impedía entrar hacia el terreno de su propiedad y asegura que por poco no vive para contarlo. Según ella, uno de estos milicianos la habría apuntado a través del vidrio de su vehículo, y si no la mató fue porque el arma se encasquilló.
La señora no se amedrentó. Bajó del carro y enfrentó al hombre, retándolo a que le disparara pero de frente y de una vez. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía y en esta semana le corresponde ir a declarar.
Los vecinos quieren hablar
En Corralito necesitan desahogarse. Sienten que han sido respetuosos de las instituciones durante todo este tiempo, pero también admiten estar cansados de peregrinar por la Vicepresidencia Ejecutiva, el INTI y hasta la Asamblea Nacional para reclamar el derecho a la propiedad privada. Además, argumentan que en el sector no puede proceder una medida de rescate de tierras, pues los terrenos no cumplen con las características que así lo permitiría: no son agrícolas, no pertenecen al Estado (están debidamente registrados y sus dueños han logrado demostrar la cadena de titularidad desde antes de 1811, como lo solicitó el INTI), son residenciales y se encuentran fuera de la zona protectora del área metropolitana de Caracas.
María Rávago es abogada. Explica todo lo que, junto con sus vecinos, ha hecho para demostrarle al INTI que es dueña de su vivienda; pero hasta los momentos ha arado en el mar. A pesar de esto no pierde la fe, aunque comenta que lo primero que les dicen al llegar a las oficinas de este instituto es: "Esa tierra no es de ustedes". Y ante las dos opciones que le presentan de otorgarle una carta agraria o nombrarla poseedora precaria, ella simplemente contesta: "Moriré siendo propietaria". A su juicio es inconcebible que tenga que negociar su propia casa.
El Nacional
25-04-2012
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Ella es una de las personas que integran las 376 familias que lograron adquirir su porción de tierra en el sector Corralito, antigua hacienda Caicaguana en El Hatillo. Dice que no es ni oligarca ni latifundista, es sólo un ama de casa, esposa de un plomero, que antes de comprar ese pequeño lote en el sector vivía en el barrio San José de Petare y que, cansada de la violencia y las vicisitudes del lugar, decidió mudarse con su marido y su hijo de 10 años para cambiar de vida.
"Mi esposo estaba trabajando y ese día vino a ver el terreno. Se encontró a unos militares, funcionarios del INTI y supuestos milicianos. Eran como 100 personas. Le dijeron que no se preocupara, pero lo cierto es que desde hace 7 meses no podemos pasar materiales para construir nuestro hogar".
Los ojos de Reina no pueden ser más expresivos. Están cargados de rabia y de mucho dolor. Para ella, la medida de rescate, ejecutada sobre 185 hectáreas de terreno, supuestamente para favorecer a 20 familias campesinas, se traduce simplemente en 2 palabras: incertidumbre y temor.
Y ahora, cuando no puede pasar ni un saco de cemento hacia su terreno, luego de que unos milicianos montaran una carpa a la entrada del lugar con banderas alegóricas a las consignas zamoranas de "tierras y hombres libres", sólo le queda pagar 3.000 bolívares de alquiler mensual en una vivienda humilde cercana a la zona, "para vigilar esto y no terminar de perderlo todo".
La carpa es amplia y de un verde grisáceo. Sus ventanas están cerradas y los vecinos aseguran que hay personas adentro, sólo que están más tranquilas que hace siete meses cuando según denuncian fungían como guardias de alcabala, revisaban hasta las maletas de los carros, decidían quién entraba o no a la zona luego de chequear si sus nombres aparecían en una lista de habitantes del lugar. Inventario realizado arbitrariamente el día de la ocupación.
Yerkis Zapata no quiso aceptar la voz de alto que le impedía entrar hacia el terreno de su propiedad y asegura que por poco no vive para contarlo. Según ella, uno de estos milicianos la habría apuntado a través del vidrio de su vehículo, y si no la mató fue porque el arma se encasquilló.
La señora no se amedrentó. Bajó del carro y enfrentó al hombre, retándolo a que le disparara pero de frente y de una vez. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía y en esta semana le corresponde ir a declarar.
Los vecinos quieren hablar
En Corralito necesitan desahogarse. Sienten que han sido respetuosos de las instituciones durante todo este tiempo, pero también admiten estar cansados de peregrinar por la Vicepresidencia Ejecutiva, el INTI y hasta la Asamblea Nacional para reclamar el derecho a la propiedad privada. Además, argumentan que en el sector no puede proceder una medida de rescate de tierras, pues los terrenos no cumplen con las características que así lo permitiría: no son agrícolas, no pertenecen al Estado (están debidamente registrados y sus dueños han logrado demostrar la cadena de titularidad desde antes de 1811, como lo solicitó el INTI), son residenciales y se encuentran fuera de la zona protectora del área metropolitana de Caracas.
María Rávago es abogada. Explica todo lo que, junto con sus vecinos, ha hecho para demostrarle al INTI que es dueña de su vivienda; pero hasta los momentos ha arado en el mar. A pesar de esto no pierde la fe, aunque comenta que lo primero que les dicen al llegar a las oficinas de este instituto es: "Esa tierra no es de ustedes". Y ante las dos opciones que le presentan de otorgarle una carta agraria o nombrarla poseedora precaria, ella simplemente contesta: "Moriré siendo propietaria". A su juicio es inconcebible que tenga que negociar su propia casa.
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"Públicos contratan pero privados ejecutan las obras"
A sus 69 años de fundada, la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) tiene algo claro: la época es una de las más dramáticas por la que hayan pasado.
Ayer, en el foro realizado junto a la Asociación Venezolana de Ejecutivos, los representantes expusieron en detalle las razones de la escasez, el índice inflacionario de los insumos y la caída en unidades habitaciones construidas por el sector privado.
En primer lugar, la escasez de cemento y cabillas registró un alza de 60% y en un rango menor a 40% el de arena y piedras.
"El problema hoy por hoy no es siquiera un problema de negociación o comunicación, sino de real escasez en el mercado. Los insumos que logran distribuirse van directo a las construcciones del Gobierno", explicó Gilbert Dao, el presidente entrante de la Cámara Venezolana de la Construcción.
Por otro lado, ha sido incontrolable que dada la escasez se hayan disparado los precios de los insumos, incluso los materiales que están regulados.
El último informe del Banco Central de Venezuela, indica que la inflación anualizada del insumo de la construcción a marzo de este año fue de 16,2%.
Entre los materiales con mayor variación está el cemento (29,1%), los productos asfálticos y la pintura (21,6%).
Pese a todo, Dao admite que las construcciones siguen estando en manos de inmobiliarias y constructoras privadas, pero trabajan sobre todo para los desarrollos habitacionales del sector públicos. "Es cierto que el contrato es ahora con el sector público, sin duda la gran mayoría de las construcciones las ejecutan los constructores privados", dijo el nuevo presidente de la CVC.
En ello lo acompañó el vicepresidente de la Cámara, Jaime Gómez Torres, quien dijo en el foro que son las contratistas venezolanas privadas las que están levantando las casas. "No son los chinos, ni los iraníes, ni los bielorrusos, somos nosotros", aseveró.
Entorno Inteligente
25-04-2012
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En primer lugar, la escasez de cemento y cabillas registró un alza de 60% y en un rango menor a 40% el de arena y piedras.
"El problema hoy por hoy no es siquiera un problema de negociación o comunicación, sino de real escasez en el mercado. Los insumos que logran distribuirse van directo a las construcciones del Gobierno", explicó Gilbert Dao, el presidente entrante de la Cámara Venezolana de la Construcción.
Por otro lado, ha sido incontrolable que dada la escasez se hayan disparado los precios de los insumos, incluso los materiales que están regulados.
El último informe del Banco Central de Venezuela, indica que la inflación anualizada del insumo de la construcción a marzo de este año fue de 16,2%.
Entre los materiales con mayor variación está el cemento (29,1%), los productos asfálticos y la pintura (21,6%).
Pese a todo, Dao admite que las construcciones siguen estando en manos de inmobiliarias y constructoras privadas, pero trabajan sobre todo para los desarrollos habitacionales del sector públicos. "Es cierto que el contrato es ahora con el sector público, sin duda la gran mayoría de las construcciones las ejecutan los constructores privados", dijo el nuevo presidente de la CVC.
En ello lo acompañó el vicepresidente de la Cámara, Jaime Gómez Torres, quien dijo en el foro que son las contratistas venezolanas privadas las que están levantando las casas. "No son los chinos, ni los iraníes, ni los bielorrusos, somos nosotros", aseveró.
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Viviendas propias son la obra más grande de trabajadores de la construcción
Félix Vinicio Flores, con 43 años de edad y 26 de experiencia como albañil en la capital zuliana, ha participado en la construcción de más de 300 viviendas. Sin embargo, durante 2011 logró construir una de las casas que ha sido su mayor mérito: su hogar.
Tan sólida como las más de 185 mil casas construidas en el país por la Gran Misión Vivienda Venezuela en 2012, Flores asegura que la de él tiene un factor especial. Con sus manos y empeño logró levantar cada una de las paredes de su nueva casa, ubicada en la parroquia Idelfonso Vásquez de Maracaibo.
"Yo llevaba en mis espaldas una cruz bien grande con ese refrán que dice 'En casa de herrero cuchillo de palo'. Construyo viviendas desde los 17 años y aún así no había podido edificar la mía. Obviamente el problema nunca fue la mano de obra sino cómo compraba los materiales", relató.
Los recursos llegaron finalmente a él. "Cuando me aprobaron el crédito con la misión y me dijeron que además tendría empleo para trabajar en mi propia casa fue algo indescriptible. Conté con cinco personas más para levantar mi casita", recuerda el también padre de 4 niños, todos menores de 15 años.
La vía del aprendizaje
Miguel Mujica, joven de la Costa Oriental del Lago, vivió momentos duros al perder su hogar por las fuertes inundaciones que se registraron en el estado Zulia a mediados de 2009. Sin embargo, su experiencia en el área de construcción lo ayudó a tener una nueva vivienda.
"Aprendí el trabajo de albañilería por mi padre, quien nos ponía desde pequeños a ayudarlo a hacer las mezclas y a separar algunos bloques o cabillas. Cuando perdimos la casa, mis hermanos y yo nos pusimos a trabajar en cuanta construcción saliera, mientras mis padres eran los que gestionaban el crédito de la vivienda", refirió.
Cuando les aprobaron el crédito que requerían "sobraron las manos para hacer la obra. Somos 3 hermanos y mi papá, aunque está ya mayor y con problemas de salud, iba hasta el terreno a vernos y supervisar que no quedara la pared con ningún detalle ni imperfección", comentó Mujica.
Esta experiencia le abrió el camino a Mujica, quien también resultó seleccionado entre los primeros llamados para la Misión Saber y Trabajo en el área de construcción de viviendas.
Las mujeres también construyen
En los sectores más desfavorecidos de la ciudad es donde se esconde esta mano de obra trabajadora, imprescindible para la construcción de cualquier edificación. Los planos de ingenieros y arquitectos no se consolidarían sin la presencia activa de estos conocedores en materia de construcción.
"Nunca antes un gobierno había establecido otorgar viviendas a bajos precios y, además, ofrecerle trabajo a quienes sabemos construir una casa. Logramos tener, por varios meses, un empleo digno y una casa que cuenta con toda la seguridad que nos merecíamos, con materiales de primera mano y con el cariño que se requiere para hacer un hogar", refiere también Ninfa Reyes, quien trabajó como auxiliar de construcción.
Las mujeres también se ponen sus cascos protectores, guantes y botas para ayudar a construir sus viviendas. Reyes, residenciada en el municipio San Francisco Reyes, relata que las damas socialistas demuestran que también tienen la habilidad para levantar paredes.
"Aquí no hay uñas frágiles. Si un albañil falta, nosotras nos armamos para salir también a pegar bloques o a frisar una pared. Además, ¿cómo no hacerlo si estás formando parte de la construcción de tu hogar?", refirió.
Agencia Venezolana de Noticias
25-04-2012
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Tan sólida como las más de 185 mil casas construidas en el país por la Gran Misión Vivienda Venezuela en 2012, Flores asegura que la de él tiene un factor especial. Con sus manos y empeño logró levantar cada una de las paredes de su nueva casa, ubicada en la parroquia Idelfonso Vásquez de Maracaibo.
"Yo llevaba en mis espaldas una cruz bien grande con ese refrán que dice 'En casa de herrero cuchillo de palo'. Construyo viviendas desde los 17 años y aún así no había podido edificar la mía. Obviamente el problema nunca fue la mano de obra sino cómo compraba los materiales", relató.
Los recursos llegaron finalmente a él. "Cuando me aprobaron el crédito con la misión y me dijeron que además tendría empleo para trabajar en mi propia casa fue algo indescriptible. Conté con cinco personas más para levantar mi casita", recuerda el también padre de 4 niños, todos menores de 15 años.
La vía del aprendizaje
Miguel Mujica, joven de la Costa Oriental del Lago, vivió momentos duros al perder su hogar por las fuertes inundaciones que se registraron en el estado Zulia a mediados de 2009. Sin embargo, su experiencia en el área de construcción lo ayudó a tener una nueva vivienda.
"Aprendí el trabajo de albañilería por mi padre, quien nos ponía desde pequeños a ayudarlo a hacer las mezclas y a separar algunos bloques o cabillas. Cuando perdimos la casa, mis hermanos y yo nos pusimos a trabajar en cuanta construcción saliera, mientras mis padres eran los que gestionaban el crédito de la vivienda", refirió.
Cuando les aprobaron el crédito que requerían "sobraron las manos para hacer la obra. Somos 3 hermanos y mi papá, aunque está ya mayor y con problemas de salud, iba hasta el terreno a vernos y supervisar que no quedara la pared con ningún detalle ni imperfección", comentó Mujica.
Esta experiencia le abrió el camino a Mujica, quien también resultó seleccionado entre los primeros llamados para la Misión Saber y Trabajo en el área de construcción de viviendas.
Las mujeres también construyen
En los sectores más desfavorecidos de la ciudad es donde se esconde esta mano de obra trabajadora, imprescindible para la construcción de cualquier edificación. Los planos de ingenieros y arquitectos no se consolidarían sin la presencia activa de estos conocedores en materia de construcción.
"Nunca antes un gobierno había establecido otorgar viviendas a bajos precios y, además, ofrecerle trabajo a quienes sabemos construir una casa. Logramos tener, por varios meses, un empleo digno y una casa que cuenta con toda la seguridad que nos merecíamos, con materiales de primera mano y con el cariño que se requiere para hacer un hogar", refiere también Ninfa Reyes, quien trabajó como auxiliar de construcción.
Las mujeres también se ponen sus cascos protectores, guantes y botas para ayudar a construir sus viviendas. Reyes, residenciada en el municipio San Francisco Reyes, relata que las damas socialistas demuestran que también tienen la habilidad para levantar paredes.
"Aquí no hay uñas frágiles. Si un albañil falta, nosotras nos armamos para salir también a pegar bloques o a frisar una pared. Además, ¿cómo no hacerlo si estás formando parte de la construcción de tu hogar?", refirió.
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25-04-2012
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En Trujillo consejos comunales reciben insumos para 436 viviendas
Unos 20 consejos comunales de todo el estado Trujillo recibieron los insumos necesarios para la construcción de 436 viviendas a ejecutar a través del programa de Transformación Integral del Hábitat de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Entre los insumos entregados al poder popular figuran 33.572 cabillas de diferentes tipos y 8.322 tubos estructurales, informó a través de un boletín Ricardo Rivas, integrante del Órgano Superior de la Vivienda.
También señaló que se están implementando medidas para que los materiales de construcción lleguen de manera directa a todas las comunidades que así lo requieran.
Rivas indicó que para este año la Misión Vivienda contempla la construcción de 8.186 casas en Trujillo.
Correo del Orinoco
25-04-2012
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Entre los insumos entregados al poder popular figuran 33.572 cabillas de diferentes tipos y 8.322 tubos estructurales, informó a través de un boletín Ricardo Rivas, integrante del Órgano Superior de la Vivienda.
También señaló que se están implementando medidas para que los materiales de construcción lleguen de manera directa a todas las comunidades que así lo requieran.
Rivas indicó que para este año la Misión Vivienda contempla la construcción de 8.186 casas en Trujillo.
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Del timbo al tambo
Obreros de la construcción de la zona norte que hacían vida en el proyecto habitacional de la Gran Misión Vivienda en Yucatán, en la ciudad de Barquisimeto se encuentran del timbo al tambo ante la falta de seriedad por parte de la constructora matriz para ser reincorporados en sus trabajos. Desde el mes de noviembre que se le dio inicio a la construcción de las 5 mil viviendas, los profesionales de la construcción mantienen una constante zozobra, pues sus contratos no han sido consecutivos y al parecer las semanas laboradas y cestatickets no son canceladas en su totalidad, lo que los obligó a tomar la decisión de trancar el paso vehicular con barricadas que causaron el colapso en el sector. Ramas secas, troncos, botellas rotas, piedras atravesadas y hasta cauchos se encontraban colocados a lo largo y ancho de la avenida, donde los obreros señalaban que las acciones de calle iban a continuar si no les hablan claro y los toman en cuenta para la incorporación del nuevo personal. "Estamos cansados de esta situación, somos padres de familia y somos quienes tenemos la responsabilidad de llevar el ingreso a nuestras casas, estamos desde noviembre del timbo al tambo sin saber qué va a pasar con
nuestros empleos, nos mandan a hacer exámenes laborales y no nos dan el empleo", explicó de manera efusiva Ángel Montes mientras hacía señas a las busetas y a los camiones que se desplazaban por la zona que el paso estaba cerrado. Se conoció que Caison de Venezuela, empresa matriz encargada de realizar las subcontrataciones, tiene la potestad de ingresar el 25% de los trabajadores y del resto son seleccionados por los frentes de trabajadores y sindicatos, pero con personas de la zona esto no se está llevando a cabo, pues a los obreros que seleccionan duran un mes trabajando y luego son retirados. "Están tomando en cuenta a personas de otros estados, esto se ha vuelto una guachafa y dan trabajo por pura rosca a la gente, tiene que tener en cuenta a la comunidad a las personas del norte que venimos a diario y estamos en pie de lucha de dar la cara para que la construcción de estas casas se lleven a cabo", resalta Rafael Hernández, quien era obrero de la construcción y ahora está desempleado esperando respuestas. Otro de los reclamos en el cual hacen énfasis los protestantes, es la exclusión de personas con alguna discapacidad, al parecer estos son tratados de la misma manera y no fueron tomados en cuenta para la incorporación. Con exactitud se está hablando de un total de 180 trabajadores que exigen sus reenganches en el proyecto habitacional que tiene capacidad de trabajo para más de 5 mil personas y solo se encuentran trabajando 186. "Reyes Reyes tiene engañado a Chávez le dijo que 5 mil empleados se encuentran en la obra y no es así, esto está parado", asegura Hernández.
Entorno Inteligente
25-04-2012
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Lic. Henry Medina
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nuestros empleos, nos mandan a hacer exámenes laborales y no nos dan el empleo", explicó de manera efusiva Ángel Montes mientras hacía señas a las busetas y a los camiones que se desplazaban por la zona que el paso estaba cerrado. Se conoció que Caison de Venezuela, empresa matriz encargada de realizar las subcontrataciones, tiene la potestad de ingresar el 25% de los trabajadores y del resto son seleccionados por los frentes de trabajadores y sindicatos, pero con personas de la zona esto no se está llevando a cabo, pues a los obreros que seleccionan duran un mes trabajando y luego son retirados. "Están tomando en cuenta a personas de otros estados, esto se ha vuelto una guachafa y dan trabajo por pura rosca a la gente, tiene que tener en cuenta a la comunidad a las personas del norte que venimos a diario y estamos en pie de lucha de dar la cara para que la construcción de estas casas se lleven a cabo", resalta Rafael Hernández, quien era obrero de la construcción y ahora está desempleado esperando respuestas. Otro de los reclamos en el cual hacen énfasis los protestantes, es la exclusión de personas con alguna discapacidad, al parecer estos son tratados de la misma manera y no fueron tomados en cuenta para la incorporación. Con exactitud se está hablando de un total de 180 trabajadores que exigen sus reenganches en el proyecto habitacional que tiene capacidad de trabajo para más de 5 mil personas y solo se encuentran trabajando 186. "Reyes Reyes tiene engañado a Chávez le dijo que 5 mil empleados se encuentran en la obra y no es así, esto está parado", asegura Hernández.
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CVG entrega 273 títulos de tierra
El auditorio de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) casa matriz, en Alta Vista, fue el escenario para la entrega de titularidad de tierras a diversas asociaciones sociales proviviendas.
El acto, que inició a las 10:00 de la mañana, agrupó a cinco asociaciones civiles, conformadas por 189 familias, y 27 comités de tierras urbanas, a través de los cuales se benefician 84 familias. En total, se concedieron 273 títulos de propiedad.
“Cumplimos con todo”
Aunque la actividad fue tildada por los voceros de las 300 asociaciones proviviendas que marcharon el martes hasta la CVG como “un engaño al pueblo”; los beneficiados en el acto de ayer legitimaron la entrega.
“Lo que pasa es que nosotros entregamos todos los documentos”, explica Elsy Viloria, integrante de la asociación civil Asoavihogar, del sector Río Sipapo, UD-298.
Los trámites han sido difíciles, resalta, pero la perseverancia fue el elemento responsable de conseguir la titularidad. Desde 2002 los integrantes de esta organización social iniciaron la compra de las parcelas. En 2007 la CVG realizó un reajuste de los precios y, luego de discutirlo, cumplieron con el pago.
“Por eso es que digo que no es que salgas a protestar o no. Hoy (miércoles) reciben titularidad de las tierras las personas que cumplieron con toda la documentación ante la CVG. Nosotros hemos cumplido, a diferencia de otras asociaciones que les faltan papeles o han incurrido en estafa”, asegura.
Con esfuerzo
Para la entrega de los títulos de tierra el tiempo en espera fue indispensable. Jazmín Álvarez, de la Asociación Civil Simón Rodríguez, UD-146, es ejemplo de ello. Las cinco familias que ayer recibieron el documento de propiedad, iniciaron el proceso desde hace 13 años; aunque, confiesa, han habitado las parcelas desde hace 21 años.
Al igual que Álvarez, Luis Rodríguez, integrante de la Asociación Civil Caratica, le llevó más de una década hacerse con el título de su terreno.
En este tiempo, cuenta, las 49 familias que integran la agrupación realizaron todos los trámites exigidos por la CVG. Desde conformación del proyecto de urbanismo y maqueta de la obra, hasta la gestión para lograr la zonificación del área.
Y aunque ayer recibió la titularidad de su parcela, no reprocha las acciones ejecutadas por las otras asociaciones. “Nuestra constitución nos da la oportunidad de representación participativa y protagónica, si ellos pensaron que así se harían escuchar, están en su derecho. Nosotros no tuvimos que llegar a eso”.
Correo del Caroní
26-04-2012
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“Cumplimos con todo”
Aunque la actividad fue tildada por los voceros de las 300 asociaciones proviviendas que marcharon el martes hasta la CVG como “un engaño al pueblo”; los beneficiados en el acto de ayer legitimaron la entrega.
“Lo que pasa es que nosotros entregamos todos los documentos”, explica Elsy Viloria, integrante de la asociación civil Asoavihogar, del sector Río Sipapo, UD-298.
Los trámites han sido difíciles, resalta, pero la perseverancia fue el elemento responsable de conseguir la titularidad. Desde 2002 los integrantes de esta organización social iniciaron la compra de las parcelas. En 2007 la CVG realizó un reajuste de los precios y, luego de discutirlo, cumplieron con el pago.
“Por eso es que digo que no es que salgas a protestar o no. Hoy (miércoles) reciben titularidad de las tierras las personas que cumplieron con toda la documentación ante la CVG. Nosotros hemos cumplido, a diferencia de otras asociaciones que les faltan papeles o han incurrido en estafa”, asegura.
Con esfuerzo
Para la entrega de los títulos de tierra el tiempo en espera fue indispensable. Jazmín Álvarez, de la Asociación Civil Simón Rodríguez, UD-146, es ejemplo de ello. Las cinco familias que ayer recibieron el documento de propiedad, iniciaron el proceso desde hace 13 años; aunque, confiesa, han habitado las parcelas desde hace 21 años.
Al igual que Álvarez, Luis Rodríguez, integrante de la Asociación Civil Caratica, le llevó más de una década hacerse con el título de su terreno.
En este tiempo, cuenta, las 49 familias que integran la agrupación realizaron todos los trámites exigidos por la CVG. Desde conformación del proyecto de urbanismo y maqueta de la obra, hasta la gestión para lograr la zonificación del área.
Y aunque ayer recibió la titularidad de su parcela, no reprocha las acciones ejecutadas por las otras asociaciones. “Nuestra constitución nos da la oportunidad de representación participativa y protagónica, si ellos pensaron que así se harían escuchar, están en su derecho. Nosotros no tuvimos que llegar a eso”.
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viernes, 27 de abril de 2012
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Mudanza de concretera en Santa Eduvigis no tiene fecha
El año pasado Odebrecht firmó un compromiso de reubicación
Vecinos se encuentran afectados por la contaminación sónica y ambiental VENANCIO ALCÁZARES
BEATRIZ CRUZ SALAZAR
Los vecinos de Santa Eduvigis se quedaron esperando una respuesta concreta por parte de Odebrecht sobre la mudanza de la planta concretera que ya tiene tres años funcionando en la urbanización. En la reunión realizada el martes con habitantes del sector solo se habló de una "posible" reubicación y no se presentó el cronograma que tanto han exigido.
"Cuando la empresa habló de una posible mudanza se generó una molestia entre los asistentes de la asamblea. Ya a estas alturas ellos deberían tener un plan", comentó Mariela Álvarez, representante vecinal, quien recuerda que en julio del 2011, Odebrecht firmó un convenio en el que se comprometía a mudarse en un plazo máximo de dos años.
En la reunión también se hablaron de otros temas referentes a la permanencia de la planta en el lugar y sobre las obras de construcción del foso de la estación Miranda.
Odebrecht presentó los resultados de un estudio realizado para medir los niveles de ruido en el lugar. De acuerdo con el informe, en algunos de los edificios, en horas nocturnas, se reportó un nivel de ruido más elevado de lo permitido en las ordenanzas municipales.
Sin embargo, Álvarez no se mostró convencida de los resultados presentados. Acotó que en el informe la urbanización fue clasificada como zona 3, que según la ordenanza es una zona residencial, cercana a autopistas, con comercios e industrias. "En realidad nosotros somos zona dos, porque no tenemos industrias ni autopista. Al contrario, ante de que ellos llegaran nos rodeaban parques", comenta esta vecina.
Álvarez agregó que la medición del sonido se hizo cerca de las 10:30 de la noche, a pesar que los trabajos y los ruidos más fuertes se realizan durante la madrugada.
Odebrecht también presentó a los vecinos durante la asamblea una lista de las obras de mitigación de la contaminación ambiental y sónica. Se han adquirido nuevas maquinarias, se ha dado mantenimiento a las existentes y se han colocado nuevos filtros y barreras anti ruido. Según la empresa aún quedan algunas medidas por aplicar.
La Alcaldía de Sucre también estuvo presente en el encuentro. Los funcionarios se comprometieron a colaborar con la realización de un estudio detallado de las partículas que están en el aire debido a los trabajos de la concretera.
Nuevamente los vecinos mostraron su preocupación por los efectos para la salud de la concretera. Se expuso el caso de un niño que presenta síntomas similares a la silicosis. También se expuso la situación del preescolar que funciona a pocos metros de la planta de concreto. Los vecinos aseguran que varios niños han sido retirados del centro de estudio por presentar problemas respiratorios. La Alcaldía se comprometió a realizar seguimiento.
El Universal
26-04-2012
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Vecinos se encuentran afectados por la contaminación sónica y ambiental VENANCIO ALCÁZARES
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Los vecinos de Santa Eduvigis se quedaron esperando una respuesta concreta por parte de Odebrecht sobre la mudanza de la planta concretera que ya tiene tres años funcionando en la urbanización. En la reunión realizada el martes con habitantes del sector solo se habló de una "posible" reubicación y no se presentó el cronograma que tanto han exigido.
"Cuando la empresa habló de una posible mudanza se generó una molestia entre los asistentes de la asamblea. Ya a estas alturas ellos deberían tener un plan", comentó Mariela Álvarez, representante vecinal, quien recuerda que en julio del 2011, Odebrecht firmó un convenio en el que se comprometía a mudarse en un plazo máximo de dos años.
En la reunión también se hablaron de otros temas referentes a la permanencia de la planta en el lugar y sobre las obras de construcción del foso de la estación Miranda.
Odebrecht presentó los resultados de un estudio realizado para medir los niveles de ruido en el lugar. De acuerdo con el informe, en algunos de los edificios, en horas nocturnas, se reportó un nivel de ruido más elevado de lo permitido en las ordenanzas municipales.
Sin embargo, Álvarez no se mostró convencida de los resultados presentados. Acotó que en el informe la urbanización fue clasificada como zona 3, que según la ordenanza es una zona residencial, cercana a autopistas, con comercios e industrias. "En realidad nosotros somos zona dos, porque no tenemos industrias ni autopista. Al contrario, ante de que ellos llegaran nos rodeaban parques", comenta esta vecina.
Álvarez agregó que la medición del sonido se hizo cerca de las 10:30 de la noche, a pesar que los trabajos y los ruidos más fuertes se realizan durante la madrugada.
Odebrecht también presentó a los vecinos durante la asamblea una lista de las obras de mitigación de la contaminación ambiental y sónica. Se han adquirido nuevas maquinarias, se ha dado mantenimiento a las existentes y se han colocado nuevos filtros y barreras anti ruido. Según la empresa aún quedan algunas medidas por aplicar.
La Alcaldía de Sucre también estuvo presente en el encuentro. Los funcionarios se comprometieron a colaborar con la realización de un estudio detallado de las partículas que están en el aire debido a los trabajos de la concretera.
Nuevamente los vecinos mostraron su preocupación por los efectos para la salud de la concretera. Se expuso el caso de un niño que presenta síntomas similares a la silicosis. También se expuso la situación del preescolar que funciona a pocos metros de la planta de concreto. Los vecinos aseguran que varios niños han sido retirados del centro de estudio por presentar problemas respiratorios. La Alcaldía se comprometió a realizar seguimiento.
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"Estación embuste" en Las Mercedes
No hay nada claro en el Metro. Ante la posibilidad de que se elimine la estación Las Mercedes de la construcción de la línea 5, extrabajadores y usuarios emplazan a las autoridades a que reconsideren conservar el proyecto original, con su respectiva parada. Entretanto, el Ministerio de Transporte Terrestre ayer no confirmó ni rechazó el destino de este punto, que ya no se registra en la ficha técnica del sistema. Así consta en la página web del ferroviario.
De acuerdo con el titular de área, Juan García, faltarían 2.9 kilómetros de trabajos de excavación para llegar a la estación Miranda II, otrora Parque del Este. Asimismo, reveló que la obra presenta un avance físico de 37%, con un trayecto de 12.5 kilómetros.
Por su parte, el presidente del Metro, Haiman El Troudi, resaltó que esta ruta será paralela a línea principal.
"Con ésta se otorgarán mayores opciones de desplazamiento ya que se contará con una línea ininterrumpida desde Bello Monte, luego a Las Mercedes, seguirá a Chuao, donde estará el futuro parque Simón Bolívar, luego Bello Campo con una estación en cada una de ellas para, llegar a Parque Miranda donde habrá una interconexión con la Línea 1", señaló el ingeniero mientras recibía a la topa Juana que completó el túnel hasta la estación Zona Rental.
También informó que el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de continuación de la línea desde la estación Miranda II hasta la Waraira Repano. Por eso, "40 kilómetros de recorrido desde Las Adjuntas hasta la Waraira Repano nos permitirá conectar toda Caracas de punta a punta, a través de un sistema metroviario como este, ya que desde allí se hará un trasbordo al tren que lo conducirá a Guarenas−Guatire", resaltó.
SUPRIMIDA EN FICHA TÉCNICA Para Ricardo Sansone, extrabajador del Metro, la supresión de la estación Las Mercedes es una mutilación. "Está equivocado quien piense que esta parada no es prioritaria, porque está situada en un municipio de clase media alta.
Lo que no todos saben es que dicha estación está diseñada para recibir a unos 35 mil usuarios al día. Sabemos que Baruta es un municipio de crecimiento comercial, pero con un potencial empleador para personas de estratos C, D y E. Es decir, trabajadores de comercios e industrias", profundiza Sansone.
Asimismo, agrega que la supresión de Las Mercedes migraría sus 35 mil usuarios a otras estaciones, congestionando de forma innecesaria, por ejemplo, la parada Tamanaco.
Ismael García, líder comunitario de Caracas, explica que no se trata de un asunto de ricos o pobres.
"Eliminar una estación perjudica a estudiantes y padres de familia que necesitan de su transporte. Por eso solicitamos se considere dejar la parada de Las Mercedes, tal como estaba previsto", exhorta.
Tal Cual
26-04-2012
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Por su parte, el presidente del Metro, Haiman El Troudi, resaltó que esta ruta será paralela a línea principal.
"Con ésta se otorgarán mayores opciones de desplazamiento ya que se contará con una línea ininterrumpida desde Bello Monte, luego a Las Mercedes, seguirá a Chuao, donde estará el futuro parque Simón Bolívar, luego Bello Campo con una estación en cada una de ellas para, llegar a Parque Miranda donde habrá una interconexión con la Línea 1", señaló el ingeniero mientras recibía a la topa Juana que completó el túnel hasta la estación Zona Rental.
También informó que el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de continuación de la línea desde la estación Miranda II hasta la Waraira Repano. Por eso, "40 kilómetros de recorrido desde Las Adjuntas hasta la Waraira Repano nos permitirá conectar toda Caracas de punta a punta, a través de un sistema metroviario como este, ya que desde allí se hará un trasbordo al tren que lo conducirá a Guarenas−Guatire", resaltó.
SUPRIMIDA EN FICHA TÉCNICA Para Ricardo Sansone, extrabajador del Metro, la supresión de la estación Las Mercedes es una mutilación. "Está equivocado quien piense que esta parada no es prioritaria, porque está situada en un municipio de clase media alta.
Lo que no todos saben es que dicha estación está diseñada para recibir a unos 35 mil usuarios al día. Sabemos que Baruta es un municipio de crecimiento comercial, pero con un potencial empleador para personas de estratos C, D y E. Es decir, trabajadores de comercios e industrias", profundiza Sansone.
Asimismo, agrega que la supresión de Las Mercedes migraría sus 35 mil usuarios a otras estaciones, congestionando de forma innecesaria, por ejemplo, la parada Tamanaco.
Ismael García, líder comunitario de Caracas, explica que no se trata de un asunto de ricos o pobres.
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Tres mil sidoristas vuelven a la protesta
Durante dos días consecutivos cerca de tres mil trabajadores de "conducción" de Sidor paralizaron del todo sus labores e incluso trancaron accesos a la planta y sobre todo al comedor industrial en protesta por los reiterados incumplimientos de anteriores convenios de mejoras salariales. Ayer suspendieron la paralización y las trancas pero dejaron abierto el conflicto para dar un margen de espera a respuestas concretas y dieron plazo hasta el 30 de abril para que se cumpla lo convenido y en los términos correctos debido a rumores acerca de bonificaciones y aumentos muy por debajo de lo convenido.
Bajo el poco común nombre de "nómina de conducción", en Sidor se agrupan unos 3 mil trabajadores que no están amparados por el contrato colectivo pero con tareas de responsabilidad y supervisión de personal tanto en áreas de producción como en oficina.
Un alto porcentaje son profesionales universitarios, sobre todo ingenieros, pero también están otros trabajadores calificados de larga experiencia.
Sus cargos son supervisores, jefes de grupo, jefes de oficina y coordinadores entre otros, pero no son gerentes.
Se trata de personal de confianza que debe ser capaz de garantizar las operaciones mínimas e incluso parte de la producción de la empresa, incluso durante conflictos huelgarios, que no cobra horas extras ni recibe algunos beneficios usuales como el resto de los trabajadores.
De hecho, en no pocos casos, ocurre que sus ingresos terminan siendo menores que muchos de sus supervisados, lo que crea las naturales contradicciones.
OTROS TIEMPOS Durante la administración de Ternium esas responsabilidades eran exigidas al máximo, mas, sin embargo, lo usual era que la administración les reconociera aumentos salariales y algunos beneficios cada vez que lo recibían también los trabajadores de nómina de contrato colectivo.
Cuando se realizó la estatización de Sidor y de inmediato se firmó el contrato colectivo, estos trabajadores quedaron fuera de los beneficios obtenidos por lo que a los pocos meses realizaron algunas protestas y constituyeron un sindicato.
El entonces ministro del Mibam y presidente de Sidor, Rodolfo Sanz, prometió pagar el bono retroactivo de 35 mil bolívares que recibieron los trabajadores de convenio, cosa que jamás se cumplió. Sí obtuvieron, en cambio, algunos ajustes.
En los últimos dos años no han percibido ninguna mejora salarial, de acuerdo a lo explicado por la directora laboral Migdalia Louis, quien señaló que los nuevos ingresos de profesionales parten de una base salarial de apenas 1.800 bolívares.
En los meses de enero y febrero, tras nuevas protestas, se firmaron actas con la directiva de Sidor colocando un tope del 30 de abril para recibir un ajuste salarial que elevaría el "piso" salarial a 4 mil 900, cosa que no se ha cumplido y ahora la empresa emitió un comunicado en el que parece no reconocer el acta sino que habla de un aporte de "justicia social" como una dádiva, lo que hizo estallar la protesta pues temen una violación de lo acordado Además reclaman por el total abandono e indiferencia de los actuales directivos de Sutiss mientras algunos delegados sindicales de gerencias sí los están apoyando. A la hora de cierre de la redacción los dirigentes del sindicato Susprotas que los agrupa y la alta gerencia de Sidor estaban en reunión.
Revista Eme (El Nacional)
26-04-2012
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Bajo el poco común nombre de "nómina de conducción", en Sidor se agrupan unos 3 mil trabajadores que no están amparados por el contrato colectivo pero con tareas de responsabilidad y supervisión de personal tanto en áreas de producción como en oficina.
Un alto porcentaje son profesionales universitarios, sobre todo ingenieros, pero también están otros trabajadores calificados de larga experiencia.
Sus cargos son supervisores, jefes de grupo, jefes de oficina y coordinadores entre otros, pero no son gerentes.
Se trata de personal de confianza que debe ser capaz de garantizar las operaciones mínimas e incluso parte de la producción de la empresa, incluso durante conflictos huelgarios, que no cobra horas extras ni recibe algunos beneficios usuales como el resto de los trabajadores.
De hecho, en no pocos casos, ocurre que sus ingresos terminan siendo menores que muchos de sus supervisados, lo que crea las naturales contradicciones.
OTROS TIEMPOS Durante la administración de Ternium esas responsabilidades eran exigidas al máximo, mas, sin embargo, lo usual era que la administración les reconociera aumentos salariales y algunos beneficios cada vez que lo recibían también los trabajadores de nómina de contrato colectivo.
Cuando se realizó la estatización de Sidor y de inmediato se firmó el contrato colectivo, estos trabajadores quedaron fuera de los beneficios obtenidos por lo que a los pocos meses realizaron algunas protestas y constituyeron un sindicato.
El entonces ministro del Mibam y presidente de Sidor, Rodolfo Sanz, prometió pagar el bono retroactivo de 35 mil bolívares que recibieron los trabajadores de convenio, cosa que jamás se cumplió. Sí obtuvieron, en cambio, algunos ajustes.
En los últimos dos años no han percibido ninguna mejora salarial, de acuerdo a lo explicado por la directora laboral Migdalia Louis, quien señaló que los nuevos ingresos de profesionales parten de una base salarial de apenas 1.800 bolívares.
En los meses de enero y febrero, tras nuevas protestas, se firmaron actas con la directiva de Sidor colocando un tope del 30 de abril para recibir un ajuste salarial que elevaría el "piso" salarial a 4 mil 900, cosa que no se ha cumplido y ahora la empresa emitió un comunicado en el que parece no reconocer el acta sino que habla de un aporte de "justicia social" como una dádiva, lo que hizo estallar la protesta pues temen una violación de lo acordado Además reclaman por el total abandono e indiferencia de los actuales directivos de Sutiss mientras algunos delegados sindicales de gerencias sí los están apoyando. A la hora de cierre de la redacción los dirigentes del sindicato Susprotas que los agrupa y la alta gerencia de Sidor estaban en reunión.
Revista Eme (El Nacional)
26-04-2012
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Rezagada industria de la construcción
Mientras en la mayoría de los países de América Latina, la construcción está creciendo y se ha convertido en un factor que impulsa la economía, en Venezuela nos estamos quedando rezagados por falta de inversiones, asegura el presidente dela Cámara Venezolanadela Construcción, Gilbert Dao, quien agrega que a esto se suma el "cuello de botella" de la falta de insumos.
En efecto, el pronunciamiento del dirigente empresarial se produjo en el marco dela XIII ConvenciónNacional de Vivienda y Hábitat, en los salones del Tamanaco Intercontinental, encuentro en el cual intervinieron como oradores, los economistas José Manuel Puente, coordinador de políticas públicas del IESA y Ángel Alayón.
Señaló que en el primer trimestre de este año, se ha mantenido en el sector, la tendencia declinante que se registró en el año 2011, asegurando que se requieren tanto para la construcción de viviendas como para la infraestructura, cerca de US$ 30.000 millones por año, si es que se quiere resolver el problema del déficit habitacional y la recuperación de la infraestructura.
Escasez de insumos afectan al sector
-La situación que hemos vivido en este primer trimestre, no está cambiando y es igual a la del cierre del último trimestre, mientras que en los contactos con los agremiados hemos ratificado la información de que persiste la escasez de insumos en todo el territorio nacional-, afirma.
Destaca asimismo, que el crecimiento del sector en América Latina viene siendo una referencia mundial, mientras que en Venezuela en materia de construcción, estamos decreciendo, se está desinvirtiendo.
-Cuando nos comparamos con países como Colombia y Chile, las inversiones de ellos en materia de viviendas e infraestructura están en el orden de 7% del Producto Interno Bruto, mientras que en el país, de acuerdo con los datos del presupuesto y del BCV, solo se está invirtiendo en esta área solo un 2% del PIB, además los estudios que tenemos en nuestra propuesta infraestructura, nos están diciendo que necesitamos invertir Bs.F. 60.000 millones solo para recuperar la infraestructura del país, cuando nos damos cuenta que tenemos 5% por debajo en materia de inversión, donde cada punto porcentual del PIB equivale a US$ 1.500 millones, eso indica que tendríamos que estar invirtiendo US$ 7.500 millones adicionales en vivienda-, asegura Dao.
Asegura que por el lado de la infraestructura, la situación es aún más grave porque en esta área también se requiere de una inversión del 7% del PIB, es decir que se está hablando de US$ 10.000 millones.
-Cuando se revisa tanto el sector vivienda como el de infraestructura, nos damos cuenta que se requiere una inversión anual de US$ 30.000 millones, y por muy boyante que sea un presupuesto nacional, esto lo que implica es que para acelerar las inversiones necesitas, cada vez más del sector privado, que participe para que invierta parte de esos 30.000 millones de dólares globales anuales entre vivienda y recuperación de infraestructura, para poder equiparar nuestro nivel de crecimiento con nuestros pares de la región-, asegura Dao.
Ratifica que la escasez de insumos, es más crítico en el sector de infraestructura que en el sector de construcción de viviendas, ya que en esta última la escasez pesa cerca de un 30%, mientras que en la infraestructura representa un 80%.
Gasto público y vivienda
Por su parte, el economista José Manuel Puente, asegura que el presupuesto de este año es un 45% superior al del año pasado, indicando que el gobierno implementará una política fiscal expansiva tratando de mantener el crecimiento que tuvo en el 2011, indicando que uno los sectores que podría dinamizar al sector construcción demandada por el sector público, más que la demandada por el sector privado que seguirá manteniendo comportamiento erráticos y de bajo crecimiento o contracción.
Admite que uno de los grandes "cuellos de botella" que tiene el sector, es el de los insumos, pero tienen los petrodólares con un barril de crudo con precio de 112 $/Bl, que generará unos US$ 91.000 millones en ingresos brutos por exportaciones, por lo que el gobierno va a tener los recursos para generar el impulso y la demanda de bienes, pero el problema va a estar en las restricciones de insumos que generará un techo a la producción de bienes inmuebles.
-Yo creo que el gobierno no va a poder cumplir con las metas de viviendas que ha proyectado, sin embargo creo que en el 2012 va a construir más viviendas de las que construyó en el 2010 y 2011, esto con la finalidad de generar la ilusión de armonía en un año electoral, tratando de moldear la posición en positivo de los votantes en un año electoral-, aseguró Puente.
Advierte que el déficit habitacional, estimado en 2,5 millones de viviendas, no se podrá solucionar a menos que haya una coalición sector público/sector privado, donde haya participación activa del gasto público por parte del Estado, pero a la vez del sector privado que permitan generar la sobreproducción de inmuebles que logre reducir en cinco, diez o quince años, este déficit, indicando que en este momento esta unificación de esfuerzos no existe.
Ejemplos a seguir
El economista Ángel Alayón, expuso durante su presentación, el impulso que ha tenido la industria de la construcción en algunos países de la región, siendo el caso más emblemático el de Chile, donde este sector se ha convertido en uno de los que ha impulsado el crecimiento de su economía.
Afirmó que en esa Nación no han hecho ningún descubrimiento extraordinario, sino que se han implementado unas reglas claras del juego entre las partes, ha habido una apertura a la participación de la inversión privada, se ha flexibilizado todo lo relativo a la permisería y no existen problemas en cuanto a la dotación de materias primas e insumos, indicando que todos estos objetivos perfectamente se pueden aplicar en Venezuela.
EL IMPULSO
25-04-2012
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En efecto, el pronunciamiento del dirigente empresarial se produjo en el marco dela XIII ConvenciónNacional de Vivienda y Hábitat, en los salones del Tamanaco Intercontinental, encuentro en el cual intervinieron como oradores, los economistas José Manuel Puente, coordinador de políticas públicas del IESA y Ángel Alayón.
Señaló que en el primer trimestre de este año, se ha mantenido en el sector, la tendencia declinante que se registró en el año 2011, asegurando que se requieren tanto para la construcción de viviendas como para la infraestructura, cerca de US$ 30.000 millones por año, si es que se quiere resolver el problema del déficit habitacional y la recuperación de la infraestructura.
Escasez de insumos afectan al sector
-La situación que hemos vivido en este primer trimestre, no está cambiando y es igual a la del cierre del último trimestre, mientras que en los contactos con los agremiados hemos ratificado la información de que persiste la escasez de insumos en todo el territorio nacional-, afirma.
Destaca asimismo, que el crecimiento del sector en América Latina viene siendo una referencia mundial, mientras que en Venezuela en materia de construcción, estamos decreciendo, se está desinvirtiendo.
-Cuando nos comparamos con países como Colombia y Chile, las inversiones de ellos en materia de viviendas e infraestructura están en el orden de 7% del Producto Interno Bruto, mientras que en el país, de acuerdo con los datos del presupuesto y del BCV, solo se está invirtiendo en esta área solo un 2% del PIB, además los estudios que tenemos en nuestra propuesta infraestructura, nos están diciendo que necesitamos invertir Bs.F. 60.000 millones solo para recuperar la infraestructura del país, cuando nos damos cuenta que tenemos 5% por debajo en materia de inversión, donde cada punto porcentual del PIB equivale a US$ 1.500 millones, eso indica que tendríamos que estar invirtiendo US$ 7.500 millones adicionales en vivienda-, asegura Dao.
Asegura que por el lado de la infraestructura, la situación es aún más grave porque en esta área también se requiere de una inversión del 7% del PIB, es decir que se está hablando de US$ 10.000 millones.
-Cuando se revisa tanto el sector vivienda como el de infraestructura, nos damos cuenta que se requiere una inversión anual de US$ 30.000 millones, y por muy boyante que sea un presupuesto nacional, esto lo que implica es que para acelerar las inversiones necesitas, cada vez más del sector privado, que participe para que invierta parte de esos 30.000 millones de dólares globales anuales entre vivienda y recuperación de infraestructura, para poder equiparar nuestro nivel de crecimiento con nuestros pares de la región-, asegura Dao.
Ratifica que la escasez de insumos, es más crítico en el sector de infraestructura que en el sector de construcción de viviendas, ya que en esta última la escasez pesa cerca de un 30%, mientras que en la infraestructura representa un 80%.
Gasto público y vivienda
Por su parte, el economista José Manuel Puente, asegura que el presupuesto de este año es un 45% superior al del año pasado, indicando que el gobierno implementará una política fiscal expansiva tratando de mantener el crecimiento que tuvo en el 2011, indicando que uno los sectores que podría dinamizar al sector construcción demandada por el sector público, más que la demandada por el sector privado que seguirá manteniendo comportamiento erráticos y de bajo crecimiento o contracción.
Admite que uno de los grandes "cuellos de botella" que tiene el sector, es el de los insumos, pero tienen los petrodólares con un barril de crudo con precio de 112 $/Bl, que generará unos US$ 91.000 millones en ingresos brutos por exportaciones, por lo que el gobierno va a tener los recursos para generar el impulso y la demanda de bienes, pero el problema va a estar en las restricciones de insumos que generará un techo a la producción de bienes inmuebles.
-Yo creo que el gobierno no va a poder cumplir con las metas de viviendas que ha proyectado, sin embargo creo que en el 2012 va a construir más viviendas de las que construyó en el 2010 y 2011, esto con la finalidad de generar la ilusión de armonía en un año electoral, tratando de moldear la posición en positivo de los votantes en un año electoral-, aseguró Puente.
Advierte que el déficit habitacional, estimado en 2,5 millones de viviendas, no se podrá solucionar a menos que haya una coalición sector público/sector privado, donde haya participación activa del gasto público por parte del Estado, pero a la vez del sector privado que permitan generar la sobreproducción de inmuebles que logre reducir en cinco, diez o quince años, este déficit, indicando que en este momento esta unificación de esfuerzos no existe.
Ejemplos a seguir
El economista Ángel Alayón, expuso durante su presentación, el impulso que ha tenido la industria de la construcción en algunos países de la región, siendo el caso más emblemático el de Chile, donde este sector se ha convertido en uno de los que ha impulsado el crecimiento de su economía.
Afirmó que en esa Nación no han hecho ningún descubrimiento extraordinario, sino que se han implementado unas reglas claras del juego entre las partes, ha habido una apertura a la participación de la inversión privada, se ha flexibilizado todo lo relativo a la permisería y no existen problemas en cuanto a la dotación de materias primas e insumos, indicando que todos estos objetivos perfectamente se pueden aplicar en Venezuela.
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Cámara Inmobiliaria de Venezuela: "La Ley de Arrendamiento ha acabado con el mercado"
VIDEO: Cámara Inmobiliaria de Venezuela: "La Ley de Arrendamiento ha acabado con el mercado"
Este miércoles, en el programa “Entre Periodistas” transmitido por Televen se abordó el tema de la situación habitacional en el país.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini afirmó que “a cinco meses de la Ley de Arrendamiento, nadie en Venezuela está cumpliendo con la ley porque no pueden. Este reglamento ha acabado con el mercado inmobiliario“.
Martini aseguró que “no hay oferta de alquileres” publicadas.
“Hoy en día todos los venezolanos están a merced de ser multados porque nadie está cumpliendo con la ley”, agregó.
Por su parte, la vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, Ana Marina Rodríguez considera que las medidas asumidas por el Gobierno nacional han sido positivas. “El decreto de congelación de alquileres tiene bastante tiempo en vigencia, en virtud de la necesidad que tuvo el Estado de controlar la especulación inmobiliaria del mercado del alquiler”.
“El Estado ha tenido que mantener la congelación de alquileres para frenar la especulación de precios, indicó”.
Asimismo, señaló que el reglamento de Ley de Arrendamiento establece una metodología que determina el justo valor del inmueble y se aplica para la fijación del canon de arrendamiento. “Actualmente se están haciendo las inspecciones para poder hacer la aplicación de la fórmula”.
Rodríguez resaltó que “el único Gobierno que se ha preocupado por resolver el problema de la viviendas es el de Hugo Chávez”.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Rimundo Orta Martínez sostuvo que “el balance para nosotros es sumamente negativo. No hay alquileres en el país y eso perjudica a las personas que no tienen vivienda”.
Orta explicó que “cuando sale de la oferta publica una vivienda en alquiler, hay una familia que no va a tener un techo provisional y que el Estado se tiene que hacer responsable porque la construcción privada está deprimida por la cantidad de regulaciones, invasiones y expropiaciones que se han ejecutado en país”.
El presidente de Apiur acotó que “el gran defecto de esta ley es que todas las funciones, desde la revisión de un contrato hasta la parte del desalojo, se le dieron a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y este organismo apenas está empezando a constituirse en el interior del país”.
“Esta Superintendencia no está preparada para aplicar la ley”, aseveró.
Por otra parte, destacó que “no se ha hecho ningún avalúo a nivel nacional para determinar el precio de un inmueble o el canon de arrendamiento. Tampoco se ha fijado el porcentaje que se le fijo a las constructoras de arrendamiento obligatorio.”
Finalmente, expresó que “cuando en este país vuelva el respeto a a propiedad privada, volverán a construirse viviendas y existirán ofertas en alquiler”.
Noticias24
25-04-2012
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El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini afirmó que “a cinco meses de la Ley de Arrendamiento, nadie en Venezuela está cumpliendo con la ley porque no pueden. Este reglamento ha acabado con el mercado inmobiliario“.
Martini aseguró que “no hay oferta de alquileres” publicadas.
“Hoy en día todos los venezolanos están a merced de ser multados porque nadie está cumpliendo con la ley”, agregó.
Por su parte, la vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, Ana Marina Rodríguez considera que las medidas asumidas por el Gobierno nacional han sido positivas. “El decreto de congelación de alquileres tiene bastante tiempo en vigencia, en virtud de la necesidad que tuvo el Estado de controlar la especulación inmobiliaria del mercado del alquiler”.
“El Estado ha tenido que mantener la congelación de alquileres para frenar la especulación de precios, indicó”.
Asimismo, señaló que el reglamento de Ley de Arrendamiento establece una metodología que determina el justo valor del inmueble y se aplica para la fijación del canon de arrendamiento. “Actualmente se están haciendo las inspecciones para poder hacer la aplicación de la fórmula”.
Rodríguez resaltó que “el único Gobierno que se ha preocupado por resolver el problema de la viviendas es el de Hugo Chávez”.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Rimundo Orta Martínez sostuvo que “el balance para nosotros es sumamente negativo. No hay alquileres en el país y eso perjudica a las personas que no tienen vivienda”.
Orta explicó que “cuando sale de la oferta publica una vivienda en alquiler, hay una familia que no va a tener un techo provisional y que el Estado se tiene que hacer responsable porque la construcción privada está deprimida por la cantidad de regulaciones, invasiones y expropiaciones que se han ejecutado en país”.
El presidente de Apiur acotó que “el gran defecto de esta ley es que todas las funciones, desde la revisión de un contrato hasta la parte del desalojo, se le dieron a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y este organismo apenas está empezando a constituirse en el interior del país”.
“Esta Superintendencia no está preparada para aplicar la ley”, aseveró.
Por otra parte, destacó que “no se ha hecho ningún avalúo a nivel nacional para determinar el precio de un inmueble o el canon de arrendamiento. Tampoco se ha fijado el porcentaje que se le fijo a las constructoras de arrendamiento obligatorio.”
Finalmente, expresó que “cuando en este país vuelva el respeto a a propiedad privada, volverán a construirse viviendas y existirán ofertas en alquiler”.
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Sólo en 4 de los últimos 50 años se hicieron viviendas suficientes
Un estudio de la Asociación Venezolana de Ejecutivos compara la situación del país con la de Chile | Omar Véliz
El objetivo de edificar viviendas suficientes para cubrir el crecimiento de la población sólo se ha logrado en 4 de los últimos 50 años, según un estudio presentado por la Asociación Venezolana de Ejecutivos en la inauguración de la Semana de la Construcción 2012.
El trabajo compara el caso venezolano con el chileno, país que lleva 20 años construyendo más viviendas de las que necesita y cuya tasa anual de unidades edificadas por cada 1.000 habitantes cuadruplica a la registrada en el segundo período presidencial de Hugo Chávez.
Ángel Alayón, integrante de la junta directiva de la AVE, destacó que la clave del éxito en Chile que hasta hace dos décadas tenía el mismo problema que Venezuela ha sido la complementación entre el sector público y el privado para alcanzar los objetivos trazados.
El Estado chileno concentra sus esfuerzos en construir para los más pobres y subsidiar a la clase trabajadora, mientras que el sector privado edifica para el sector que recibe subsidio y para quienes pueden comprar una vivienda con recursos propios, agregó.
Otro factor importante es la estabilidad de precios. El economista José Manuel Puente advirtió que esto no se logrará en Venezuela mientras no haya un cambio en las políticas públicas.
Puente dijo que medidas como la Ley de Costos y Precios Justos no sirven porque atacan el elemento especulativo sin atender las causas del problema inflacionario, como el déficit fiscal y la caída de la producción.
Inversión millonaria
Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, aseguró que el país necesita invertir 30 millardos de dólares en las áreas de infraestructura y vivienda.
Dao aseguró que el Estado, por más ingresos petroleros que tenga, no puede asumir la carga sólo porque descuidaría otras áreas. Por eso, considera que se deben crear las condiciones para que el sector privado participe.
Alayón y Puente coincidieron en que una alianza públicoprivada es la fórmula idónea para resolver el déficit de vivienda y las carencias en materia de infraestructura.
El Nacional
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El trabajo compara el caso venezolano con el chileno, país que lleva 20 años construyendo más viviendas de las que necesita y cuya tasa anual de unidades edificadas por cada 1.000 habitantes cuadruplica a la registrada en el segundo período presidencial de Hugo Chávez.
Ángel Alayón, integrante de la junta directiva de la AVE, destacó que la clave del éxito en Chile que hasta hace dos décadas tenía el mismo problema que Venezuela ha sido la complementación entre el sector público y el privado para alcanzar los objetivos trazados.
El Estado chileno concentra sus esfuerzos en construir para los más pobres y subsidiar a la clase trabajadora, mientras que el sector privado edifica para el sector que recibe subsidio y para quienes pueden comprar una vivienda con recursos propios, agregó.
Otro factor importante es la estabilidad de precios. El economista José Manuel Puente advirtió que esto no se logrará en Venezuela mientras no haya un cambio en las políticas públicas.
Puente dijo que medidas como la Ley de Costos y Precios Justos no sirven porque atacan el elemento especulativo sin atender las causas del problema inflacionario, como el déficit fiscal y la caída de la producción.
Inversión millonaria
Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, aseguró que el país necesita invertir 30 millardos de dólares en las áreas de infraestructura y vivienda.
Dao aseguró que el Estado, por más ingresos petroleros que tenga, no puede asumir la carga sólo porque descuidaría otras áreas. Por eso, considera que se deben crear las condiciones para que el sector privado participe.
Alayón y Puente coincidieron en que una alianza públicoprivada es la fórmula idónea para resolver el déficit de vivienda y las carencias en materia de infraestructura.
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Seniat retuvo más de 2 toneladas de cemento en la Guajira venezolana
Funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscritos a la Aduana Subalterna de Paraguachón, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, retuvieron 90 sacos de cemento gris durante un operativo realizado en el Puente sobre el río Limón, en el municipio Guajira del estado Zulia.
El Gerente de la Aduana Subalterna de Paraguachón, Solide Chávez Matos, explicó que el procedimiento se llevó a cabo al realizar la inspección de la mercancía y el transportista no presentó la documentación establecida en la Ley Orgánica de Aduanas e incumplió con las restricciones de importación que este tipo de materiales de construcción tiene en las fronteras venezolanas.
Destacó que los 90 sacos de cemento gris equivalen a más de 2 toneladas de este producto y como parte del trabajo en conjunto con la Guardia Nacional se vienen efectuando operativos constantes de control sobre las mercancías en resguardo de los materiales que se utilizan en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“El SENIAT, como organismo del Gobierno Bolivariano, contribuye a garantizar la soberanía de su territorio y que los materiales que se utilizan en la construcción de viviendas dignas para el pueblo venezolano, a través de la Gran Misión Vivienda que promueve el Comandante-Presidente Hugo Chávez Frías, no sean desviados a otros destinos, en este caso hacia la hermana República de Colombia”, acotó Chávez Matos.
Con esta acción se da cumplimiento a los lineamientos del Superintendente del SENIAT, José David Cabello Rondón, quien promueve el Sistema Aduanero y Tributario Socialista que contribuye a llevar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano.
Globovisión
25-04-2012
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Destacó que los 90 sacos de cemento gris equivalen a más de 2 toneladas de este producto y como parte del trabajo en conjunto con la Guardia Nacional se vienen efectuando operativos constantes de control sobre las mercancías en resguardo de los materiales que se utilizan en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“El SENIAT, como organismo del Gobierno Bolivariano, contribuye a garantizar la soberanía de su territorio y que los materiales que se utilizan en la construcción de viviendas dignas para el pueblo venezolano, a través de la Gran Misión Vivienda que promueve el Comandante-Presidente Hugo Chávez Frías, no sean desviados a otros destinos, en este caso hacia la hermana República de Colombia”, acotó Chávez Matos.
Con esta acción se da cumplimiento a los lineamientos del Superintendente del SENIAT, José David Cabello Rondón, quien promueve el Sistema Aduanero y Tributario Socialista que contribuye a llevar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano.
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Gobierno venezolano entregó más de 188 mil viviendas en un año
Un total de 188 mil 581 viviendas fueron construidas y entregadas a igual número de familias venezolanas desde que comenzó el ambicioso programa social del Gobierno, en abril del pasado año, afirmó hoy el ministro pertinente Ricardo Molina.
El titular de Viviendas y Habitat señaló además que hasta la fecha se asignaron 41 mil 863 apartamentos, de los 200 mil previstos para este año en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Mediante este programa el Gobierno prevé que en 2019 todos las familias venezolanas dispongan de una vivienda digna, aseguró Molina en declaraciones a Radio Nacional de Venezuela.
Recordó que como parte del Plan de Emergencia ejecutado para resolver el problema habitacional de los damnificados por las lluvias de 2010 y 2011, se construyen 28 mil hogares en el Distrito Capital y 51 mil en el vecino estado Miranda.
En su intervención Molina hizo un breve balance del programa de construcción de viviendas emprendido por el Gobierno del presidente Hugo Chávez y recordó que ocho ministerios participan en su ejecución.
Todos los jueves estamos desplegados en la entrega de viviendas por todo el país, enfatizó el ministro.
Prensa Latina
25-04-2012
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Mediante este programa el Gobierno prevé que en 2019 todos las familias venezolanas dispongan de una vivienda digna, aseguró Molina en declaraciones a Radio Nacional de Venezuela.
Recordó que como parte del Plan de Emergencia ejecutado para resolver el problema habitacional de los damnificados por las lluvias de 2010 y 2011, se construyen 28 mil hogares en el Distrito Capital y 51 mil en el vecino estado Miranda.
En su intervención Molina hizo un breve balance del programa de construcción de viviendas emprendido por el Gobierno del presidente Hugo Chávez y recordó que ocho ministerios participan en su ejecución.
Todos los jueves estamos desplegados en la entrega de viviendas por todo el país, enfatizó el ministro.
Prensa Latina
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Dueños de galpones expropiados exigen materiales
Aires acondicionados, tuberías para la construcción, cabillas, losas para pisos y puertas, son los materiales que reposan dentro del galpón, desde enero.
Según Sebastian García, uno de los propietarios, el viernes mantuvieron una reunión, durante cinco horas, donde acordaron que los materiales serían entregados ayer a las 8:00 de la mañana, pero al llegar al lugar les restringieron el acceso por órdenes del ministro Carlos Osorio, quien estableció no entregar nada.
También precisó que se han llevado tres gandolas de cabillas de la cartonera, las cuales estaban destinadas para una construcción. “Nos están saqueando nuestros materiales. Eso nos pertenece, nosotros tenemos factura”.
Consideró que la zona no ha sido expropiada porque la Ley confisca bienhechurías donde existen negocios “Ahí no habían negocios, los galpones estaban alquilados a particulares”.
Asimismo, comentó que seguirán haciendo las gestiones hasta conseguir lo que les pertenece. “No vamos a renunciar a nuestros derechos. Los accionistas luchan para recuperar lo que les corresponde por trabajo. Tuvimos que hacer muchos viajes a Maracaibo para repartir pollo y distribuirlos en San Félix y en todo el estado Bolívar. Nosotros nos dedicamos únicamente a trabajar “
Exhortó a los organismos competentes a abocarse al problema, a nombrar comisiones para que, a través de negociaciones se haga justicia y les cancelen lo que les quitaron.
“Sólo queremos que nos entreguen lo que dejamos ahí. Nosotros le damos el galpón, pero que nos entreguen los materiales porque nosotros tenemos la factura. Cuando el paro no nos paramos porque no somos políticos, somos trabajadores, hacemos patria de la buena, no le quitamos nada a nadie”
No hay bodegas
La distribuidora de alimentos, expropiada en el 2010, surtía a 22 mil bodegas del estado, que eran atendidas por amas de casas y trabajadoras jubiladas que conseguían un sustento a través del negocio.
Según García, en la actualidad las instalaciones de Friosa están desoladas y sin producciones. “Luego de haber sido expropiada nadie trabaja, no sabes donde vienen los recursos para pagarle a 1600 trabajadores que laboran ahí”.
El Diario de Guayana
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También precisó que se han llevado tres gandolas de cabillas de la cartonera, las cuales estaban destinadas para una construcción. “Nos están saqueando nuestros materiales. Eso nos pertenece, nosotros tenemos factura”.
Consideró que la zona no ha sido expropiada porque la Ley confisca bienhechurías donde existen negocios “Ahí no habían negocios, los galpones estaban alquilados a particulares”.
Asimismo, comentó que seguirán haciendo las gestiones hasta conseguir lo que les pertenece. “No vamos a renunciar a nuestros derechos. Los accionistas luchan para recuperar lo que les corresponde por trabajo. Tuvimos que hacer muchos viajes a Maracaibo para repartir pollo y distribuirlos en San Félix y en todo el estado Bolívar. Nosotros nos dedicamos únicamente a trabajar “
Exhortó a los organismos competentes a abocarse al problema, a nombrar comisiones para que, a través de negociaciones se haga justicia y les cancelen lo que les quitaron.
“Sólo queremos que nos entreguen lo que dejamos ahí. Nosotros le damos el galpón, pero que nos entreguen los materiales porque nosotros tenemos la factura. Cuando el paro no nos paramos porque no somos políticos, somos trabajadores, hacemos patria de la buena, no le quitamos nada a nadie”
No hay bodegas
La distribuidora de alimentos, expropiada en el 2010, surtía a 22 mil bodegas del estado, que eran atendidas por amas de casas y trabajadoras jubiladas que conseguían un sustento a través del negocio.
Según García, en la actualidad las instalaciones de Friosa están desoladas y sin producciones. “Luego de haber sido expropiada nadie trabaja, no sabes donde vienen los recursos para pagarle a 1600 trabajadores que laboran ahí”.
El Diario de Guayana
25-04-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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En Cumaná los ranchos le abrieron el camino a un urbanismo
Norys Vargas culminó su lucha por tener techo propio, tras vivir en un rancho y luego residenciarse en una casa ajena. Cuatro meses atrás recibió un apartamento del urbanismo Luis Mariano Rivera en Cumaná, estado Sucre, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Esta madre de dos adolescentes y pilar de la familia recordó que el lugar era parte de un cerro que ocuparon varias familias, quienes construyeron ranchos sin abandonar la idea de organización para la elaboración de un proyecto de vivienda con apoyo del Gobierno.
El plan fue tomado en cuenta por el Ejecutivo sucrense, hace 16 años. Desde entonces habitaban arrimados en casas de familia, algunos hacinados y otros alquilados en condiciones precarias, pues debieron abandonar el terreno para movimientos de tierra y posterior edificación de viviendas.
Vargas comentó que protagonizaron manifestaciones de calle y cierres de vía por retrasos en la ejecución de la obra durante la gestión del ex gobernador del estado Ramón Martínez (dirigente de Podemos). No obstante, con el impulso de la Misión Vivienda vieron pronto los resultados con la construcción de los primeros 40 apartamentos, en un tiempo aproximado de un año.
"Cuando recibí mi apartamento me sentí emocionada y agradecida con el presidente Hugo Chávez, porque es un hogar digno con las mejores condiciones para habitar. Es un apartamento con su piso de cerámica, de tres habitaciones, dos baños, sala y comedor", manifestó.
Consideró que la organización y la unión de las familias que conforman la OCV Luis Mariano Rivera, así como la creencia en un proyecto del Gobierno, fueron elementos fundamentales para materializar el sueño de un hogar digno en el marco de la Misión Vivienda Venezuela.
Comunidad participó en la obra
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Fundación Regional para la Vivienda (Funrevi), como organismos miembros de la Misión Vivienda, asumieron el compromiso para la edificación de la primera fase del proyecto, que comprende tres edificios con 40 apartamentos.
Miembros de la comunidad, por ser albañiles y maestros de obras, fueron incluidos en la construcción de sus propios hogares y la de sus vecinos. Tal experiencia la tuvo Oliver Muñoz, quien estaba desempleado y obtuvo una contratación por Funrevi para la edificación de las viviendas.
Manifestó orgullo porque con sus propias manos ayudó en el levantamiento de la obra para beneficio de su familia y de vecinos que, por 16 años, habitaron en ranchos.
Señaló que antes vivían apretados en un rancho, junto a su esposa y cinco hijos; ahora, la alegría reina en el hogar porque ahora conviven en un espacio amplio.
Beneficiarán a otras 108 familias
El urbanismo Luis Mariano Rivera continuará su ampliación para beneficiar a más familias. Otras siete torres serán edificadas en el mismo terreno, además de un centro de educación inicial, cancha deportiva, áreas verdes entre otros espacios para el sano esparcimiento.
Norys Vargas, también vicepresidenta de la OCV Luis Mariano Rivera, dijo que no deja de transmitir optimismo a otras 108 familias que serán vecinas en el urbanismo. Para ello esperan que miembros del Órgano Estadal de Vivienda anuncien el inicio de la segunda fase del proyecto.
Refirió que la Gran Misión Vivienda Venezuela "es uno de los mejores programas creados en el país, pues son muchas las familias que desean un hogar digno y no tienen los recursos para adquirirla a través del mercado privado".
Añadió que las familias creen en la Misión, pues antes en una asamblea de vecinos que agrupaba hasta 30 personas ahora reúne a más de 100, como resultado por el cumplimiento de las expectativas del programa social con la entrega de hogares a los venezolanos.
Agencia Venezolana de Noticias
24-04-2012
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El plan fue tomado en cuenta por el Ejecutivo sucrense, hace 16 años. Desde entonces habitaban arrimados en casas de familia, algunos hacinados y otros alquilados en condiciones precarias, pues debieron abandonar el terreno para movimientos de tierra y posterior edificación de viviendas.
Vargas comentó que protagonizaron manifestaciones de calle y cierres de vía por retrasos en la ejecución de la obra durante la gestión del ex gobernador del estado Ramón Martínez (dirigente de Podemos). No obstante, con el impulso de la Misión Vivienda vieron pronto los resultados con la construcción de los primeros 40 apartamentos, en un tiempo aproximado de un año.
"Cuando recibí mi apartamento me sentí emocionada y agradecida con el presidente Hugo Chávez, porque es un hogar digno con las mejores condiciones para habitar. Es un apartamento con su piso de cerámica, de tres habitaciones, dos baños, sala y comedor", manifestó.
Consideró que la organización y la unión de las familias que conforman la OCV Luis Mariano Rivera, así como la creencia en un proyecto del Gobierno, fueron elementos fundamentales para materializar el sueño de un hogar digno en el marco de la Misión Vivienda Venezuela.
Comunidad participó en la obra
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Fundación Regional para la Vivienda (Funrevi), como organismos miembros de la Misión Vivienda, asumieron el compromiso para la edificación de la primera fase del proyecto, que comprende tres edificios con 40 apartamentos.
Miembros de la comunidad, por ser albañiles y maestros de obras, fueron incluidos en la construcción de sus propios hogares y la de sus vecinos. Tal experiencia la tuvo Oliver Muñoz, quien estaba desempleado y obtuvo una contratación por Funrevi para la edificación de las viviendas.
Manifestó orgullo porque con sus propias manos ayudó en el levantamiento de la obra para beneficio de su familia y de vecinos que, por 16 años, habitaron en ranchos.
Señaló que antes vivían apretados en un rancho, junto a su esposa y cinco hijos; ahora, la alegría reina en el hogar porque ahora conviven en un espacio amplio.
Beneficiarán a otras 108 familias
El urbanismo Luis Mariano Rivera continuará su ampliación para beneficiar a más familias. Otras siete torres serán edificadas en el mismo terreno, además de un centro de educación inicial, cancha deportiva, áreas verdes entre otros espacios para el sano esparcimiento.
Norys Vargas, también vicepresidenta de la OCV Luis Mariano Rivera, dijo que no deja de transmitir optimismo a otras 108 familias que serán vecinas en el urbanismo. Para ello esperan que miembros del Órgano Estadal de Vivienda anuncien el inicio de la segunda fase del proyecto.
Refirió que la Gran Misión Vivienda Venezuela "es uno de los mejores programas creados en el país, pues son muchas las familias que desean un hogar digno y no tienen los recursos para adquirirla a través del mercado privado".
Añadió que las familias creen en la Misión, pues antes en una asamblea de vecinos que agrupaba hasta 30 personas ahora reúne a más de 100, como resultado por el cumplimiento de las expectativas del programa social con la entrega de hogares a los venezolanos.
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24-04-2012
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La pelea por un techo es imperecedera
La historia siempre es la misma: “El reclamo se hace, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) promete entregar la titularidad de las tierras una vez que la municipalidad zonifique el área y, luego, cuando se logra la zonificación incumple lo acordado”.
Así resumió la situación de su comunidad María Contreras, vocera de Lomas de Santa Rosa, UD-298, consciente de que la síntesis es la misma que engloba a más de 300 asociaciones civiles provivienda y consejos comunales de Ciudad Guayana que, decepcionados de la gestión de la empresa matriz, decidieron tomar ayer las calles, con una marcha, para manifestar su descontento.
Otros intereses
El recorrido partió desde Villa Orinokia, un conjunto residencial aún en desarrollo, ubicado en el espacio adyacente al Hospital Uyapar, Alta Vista, UD-245. En ellos, la historia es igual: “Después de seis años luchando para construir la casa, el 5 de agosto del año pasado la CVG hizo un compromiso de venta, en el cual nos darían la titularidad si lográbamos la zonificación”, contó la representante de la asociación civil Villa Orinokia, Lourdes Mata.
Agregó que, después de que el 14 de diciembre del 2011 lograron la zonificación e iniciaron la edificación de las viviendas, el 29 de marzo una comisión encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana regional, Julio César Fuentes Manzulli, se presentó en los terrenos para detener la obra, alegando que la CVG es la dueña de las parcelas.
“Lo que pasa es que hay intereses de por medio. Ellos quieren vender esto al mejor postor, a quien le dé más dinero, pero no. Señor gobernador, usted no es el único que tiene derecho de vivir en el centro de la ciudad, nosotros también. Y el pueblo está cansado. Si nos tenemos que alzar en contra de usted, lo haremos”, sentenció la vocera comunal encabezando la caminata con destino al edificio casa matriz de la CVG, en Alta Vista.
“No más engaños”
Los marchantes contaron con el apoyo de los efectivos de la Policía del estado Bolívar (PEB), quienes despejaron la ruta y contuvieron el tráfico a lo largo de la avenida Paseo Caroní, por donde los manifestantes corearon consignas como: “No más engaños”, “exigimos a la CVG la venta de los terrenos”, y exhibieron pancartas con frases de rechazo a la gestión de la Corporación, tales como: “El pueblo desarrollando y la CVG limitando”.
Una vez en la sede de la CVG, los manifestantes tomaron las instalaciones para exigir una reunión con su presidente, Rafael Gil Barrios.
“Aquí estamos todos los representantes de las asociaciones civiles provivienda. Estamos más unidos que nunca y queremos que nos entreguen la titularidad de las tierras. Que se termine la mafia de los terrenos en donde nos quieren vender el metro cuadrado a 266 bolívares y la parcela nos termina costando más de 90 millones. Si pagamos eso, ¿cómo construimos nuestra casa?”, resaltó la representante de Isla Cubagua, UD-297, Mónica Andújar.
Ejidos bajo control municipal
Según la vocera comunal, en estas 300 asociaciones provivienda y consejos comunales se concentran más de 10 mil familias de las unidades de desarrollo (UD) 131, 236, 245, 247, 297, 298, 299, 305, 330, 338 y 339, “todas bajo la misma situación y con las mismas respuestas de parte de la CVG: que a nosotros lo que nos gusta es lomito”.
Algunos representantes de asociaciones civiles exigieron la venta, a precio moderado, de las tierras y la titularidad de las parcelas; otros, en cambio, se mostraron firmes en su posición de revocarle la administración de los ejidos municipales a la CVG.
“Queremos que se cumpla la ley. Constitucionalmente, las tierras deben ser administradas por la municipalidad y no por la CVG, que lo que ha hecho es negociar con ellas”, aseguró Julia Fermín, vocera de la organización Villa Ensueño, UD-298, quien además rechazó el acto de entrega de títulos a asociaciones civiles provivienda que se efectuará hoy con los representantes de la empresa matriz.
“No creemos en nada de eso por una simple razón: lo único que están entregando es una adjudicación de venta en la cual nos imponen la construcción de la vivienda en 24 meses, con opción de un plazo de 24 meses más. Las asociaciones que van a ese acto se están prestando para esa ilegalidad”, aseveró.
Convenio
Los manifestantes estuvieron en el edificio casa matriz de la CVG, desde las 9:30 de la mañana, exigiendo reunirse con los representantes de la empresa.
A las 10:00 de la mañana, Erika Villera, presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal Socialista de Caroní, entró en una reunión, a puertas cerradas con la vicepresidenta ejecutiva de la CVG, Haydée Valenzuela, y la gerente de Bienes Inmuebles, Nelkys Páez.
Seis horas después, a las 4:00 de la tarde, ante la negativa de los representantes de las organizaciones de abandonar las instalaciones hasta ser atendidos, se accedió la entrada de una comisión de ocho personas para conversar con las autoridades de la empresa.
De la reunión, informó Lourdes Mata, representante de la asociación Civil Villa Orinokia, se firmó un acta en la que se acordó la realización de una mesa de trabajo entre las instituciones gubernamentales, en la cual se evaluará la factibilidad de la construcción en cada caso y, dependiendo de ésta, se realizaría la venta.
Además, agregó, se plantearía cada situación de forma individual. La mesa de trabajo se llevará a cabo el 3 de mayo, y agrupará a los representantes de la CVG, la Cámara Municipal, el Ministerio para el Ambiente, Regulación Urbana municipal y Planificación Urbana Municipal.
Correo del Caroní
25-04-2012
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Otros intereses
El recorrido partió desde Villa Orinokia, un conjunto residencial aún en desarrollo, ubicado en el espacio adyacente al Hospital Uyapar, Alta Vista, UD-245. En ellos, la historia es igual: “Después de seis años luchando para construir la casa, el 5 de agosto del año pasado la CVG hizo un compromiso de venta, en el cual nos darían la titularidad si lográbamos la zonificación”, contó la representante de la asociación civil Villa Orinokia, Lourdes Mata.
Agregó que, después de que el 14 de diciembre del 2011 lograron la zonificación e iniciaron la edificación de las viviendas, el 29 de marzo una comisión encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana regional, Julio César Fuentes Manzulli, se presentó en los terrenos para detener la obra, alegando que la CVG es la dueña de las parcelas.
“Lo que pasa es que hay intereses de por medio. Ellos quieren vender esto al mejor postor, a quien le dé más dinero, pero no. Señor gobernador, usted no es el único que tiene derecho de vivir en el centro de la ciudad, nosotros también. Y el pueblo está cansado. Si nos tenemos que alzar en contra de usted, lo haremos”, sentenció la vocera comunal encabezando la caminata con destino al edificio casa matriz de la CVG, en Alta Vista.
“No más engaños”
Los marchantes contaron con el apoyo de los efectivos de la Policía del estado Bolívar (PEB), quienes despejaron la ruta y contuvieron el tráfico a lo largo de la avenida Paseo Caroní, por donde los manifestantes corearon consignas como: “No más engaños”, “exigimos a la CVG la venta de los terrenos”, y exhibieron pancartas con frases de rechazo a la gestión de la Corporación, tales como: “El pueblo desarrollando y la CVG limitando”.
Una vez en la sede de la CVG, los manifestantes tomaron las instalaciones para exigir una reunión con su presidente, Rafael Gil Barrios.
“Aquí estamos todos los representantes de las asociaciones civiles provivienda. Estamos más unidos que nunca y queremos que nos entreguen la titularidad de las tierras. Que se termine la mafia de los terrenos en donde nos quieren vender el metro cuadrado a 266 bolívares y la parcela nos termina costando más de 90 millones. Si pagamos eso, ¿cómo construimos nuestra casa?”, resaltó la representante de Isla Cubagua, UD-297, Mónica Andújar.
Ejidos bajo control municipal
Según la vocera comunal, en estas 300 asociaciones provivienda y consejos comunales se concentran más de 10 mil familias de las unidades de desarrollo (UD) 131, 236, 245, 247, 297, 298, 299, 305, 330, 338 y 339, “todas bajo la misma situación y con las mismas respuestas de parte de la CVG: que a nosotros lo que nos gusta es lomito”.
Algunos representantes de asociaciones civiles exigieron la venta, a precio moderado, de las tierras y la titularidad de las parcelas; otros, en cambio, se mostraron firmes en su posición de revocarle la administración de los ejidos municipales a la CVG.
“Queremos que se cumpla la ley. Constitucionalmente, las tierras deben ser administradas por la municipalidad y no por la CVG, que lo que ha hecho es negociar con ellas”, aseguró Julia Fermín, vocera de la organización Villa Ensueño, UD-298, quien además rechazó el acto de entrega de títulos a asociaciones civiles provivienda que se efectuará hoy con los representantes de la empresa matriz.
“No creemos en nada de eso por una simple razón: lo único que están entregando es una adjudicación de venta en la cual nos imponen la construcción de la vivienda en 24 meses, con opción de un plazo de 24 meses más. Las asociaciones que van a ese acto se están prestando para esa ilegalidad”, aseveró.
Convenio
Los manifestantes estuvieron en el edificio casa matriz de la CVG, desde las 9:30 de la mañana, exigiendo reunirse con los representantes de la empresa.
A las 10:00 de la mañana, Erika Villera, presidenta de la Comisión de Urbanismo del Concejo Municipal Socialista de Caroní, entró en una reunión, a puertas cerradas con la vicepresidenta ejecutiva de la CVG, Haydée Valenzuela, y la gerente de Bienes Inmuebles, Nelkys Páez.
Seis horas después, a las 4:00 de la tarde, ante la negativa de los representantes de las organizaciones de abandonar las instalaciones hasta ser atendidos, se accedió la entrada de una comisión de ocho personas para conversar con las autoridades de la empresa.
De la reunión, informó Lourdes Mata, representante de la asociación Civil Villa Orinokia, se firmó un acta en la que se acordó la realización de una mesa de trabajo entre las instituciones gubernamentales, en la cual se evaluará la factibilidad de la construcción en cada caso y, dependiendo de ésta, se realizaría la venta.
Además, agregó, se plantearía cada situación de forma individual. La mesa de trabajo se llevará a cabo el 3 de mayo, y agrupará a los representantes de la CVG, la Cámara Municipal, el Ministerio para el Ambiente, Regulación Urbana municipal y Planificación Urbana Municipal.
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Sidor deja grandes vacíos en el mercado nacional
Al igual que la producción de acero líquido, los despachos de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) retrocedieron en el primer trimestre de 2012.
La estatal informó que en los primeros tres meses de 2012 se logró un suministro de 291 mil 528 toneladas de productos, una caída de 37% si se compara con los despachos al mercado nacional experimentados en el primer trimestre del 2011 que alcanzaron a 465 mil toneladas.
Con respecto a 2007, un año antes de la nacionalización de la industria, el retroceso es de 53%. En ese año, aún en manos de la trasnacional Ternium, los despachos al mercado nacional alcanzaron 620 mil toneladas.
El director de la acería, en representación de los accionistas clase “B”, Pedro Acuña, manifestó que hasta el 2007 el mercado nacional demandaba un mínimo de 200 mil toneladas de productos de acero de Sidor por mes.
El nivel de requerimiento nacional para un trimestre se ubicaba en un mínimo de 600 mil toneladas de productos de Sidor, “lo que significa que en este primer trimestre se tuvo que haber generado en las empresas transformadoras nacionales una demanda insatisfecha de por lo menos 300 mil toneladas de acero”.
Acuña considera que la demanda insatisfecha debió ser importada, “a menos que se esté registrando una disminución de 50% en el aparato productivo industrial”.
Las exportaciones también descendieron al pasar de 251 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 91 mil toneladas aproximadamente en los primeros tres meses de este año.
Importación sin respuestas
La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM) solicitó en noviembre de 2011 aprobar importaciones de productos siderúrgicos para atender la demanda insatisfecha. En principio, el Ejecutivo autorizó la importación de 80 mil toneladas de productos de acero.
El presidente del gremio, Jorge Roig, explicó que en marzo fue instalada una mesa técnica con representantes de Sidor y el Ministerio de Industrias para atender la situación. El grupo se ha reunido en tres oportunidades.
“Sidor reconoció que durante seis meses no iba a poder satisfacer la demanda porque habían pedidos retrasados”, dijo, al señalar que con cartas de insuficiencia nacional, dos de las empresas más grandes del sector metalmecánico han podido importar productos de acero.
“Todavía vamos a tener un mes de desabastecimiento, esperamos que a partir de mayo y junio mejore la situación”.
Roig afirmó que las reuniones con Sidor y el Ministerio de Industrias han tenido un clima productivo para solucionar el problema.
Criticó, sin embargo, el poco apoyo prestado para la nacionalización de la mercancía. “Los puertos han sido ineficientes, tardan de tres a cuatro semanas para nacionalizar la mercancía”, principalmente laminados en caliente.
Repliegue general
La fabricación de otros rubros asociados a la producción siderúrgica también mermó. La producción de pellas retrocedió 29,3% al pasar de 1 millón 289 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 911 mil toneladas.
La producción de hierro de reducción directa (HRD) se contrajo 27,5% al pasar de 716 mil toneladas en los primeros tres meses de 2011 a 519 mil toneladas este año; mientras que la producción de cabillas mermó con mayor intensidad en 48,1%.
En el área de laminación en caliente, la producción retrocedió 34%; y en cuanto a hojalata la producción fue 50% menor a la del primer trimestre de 2011.
El Correo del Caroní
25-04-2012
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Con respecto a 2007, un año antes de la nacionalización de la industria, el retroceso es de 53%. En ese año, aún en manos de la trasnacional Ternium, los despachos al mercado nacional alcanzaron 620 mil toneladas.
El director de la acería, en representación de los accionistas clase “B”, Pedro Acuña, manifestó que hasta el 2007 el mercado nacional demandaba un mínimo de 200 mil toneladas de productos de acero de Sidor por mes.
El nivel de requerimiento nacional para un trimestre se ubicaba en un mínimo de 600 mil toneladas de productos de Sidor, “lo que significa que en este primer trimestre se tuvo que haber generado en las empresas transformadoras nacionales una demanda insatisfecha de por lo menos 300 mil toneladas de acero”.
Acuña considera que la demanda insatisfecha debió ser importada, “a menos que se esté registrando una disminución de 50% en el aparato productivo industrial”.
Las exportaciones también descendieron al pasar de 251 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 91 mil toneladas aproximadamente en los primeros tres meses de este año.
Importación sin respuestas
La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM) solicitó en noviembre de 2011 aprobar importaciones de productos siderúrgicos para atender la demanda insatisfecha. En principio, el Ejecutivo autorizó la importación de 80 mil toneladas de productos de acero.
El presidente del gremio, Jorge Roig, explicó que en marzo fue instalada una mesa técnica con representantes de Sidor y el Ministerio de Industrias para atender la situación. El grupo se ha reunido en tres oportunidades.
“Sidor reconoció que durante seis meses no iba a poder satisfacer la demanda porque habían pedidos retrasados”, dijo, al señalar que con cartas de insuficiencia nacional, dos de las empresas más grandes del sector metalmecánico han podido importar productos de acero.
“Todavía vamos a tener un mes de desabastecimiento, esperamos que a partir de mayo y junio mejore la situación”.
Roig afirmó que las reuniones con Sidor y el Ministerio de Industrias han tenido un clima productivo para solucionar el problema.
Criticó, sin embargo, el poco apoyo prestado para la nacionalización de la mercancía. “Los puertos han sido ineficientes, tardan de tres a cuatro semanas para nacionalizar la mercancía”, principalmente laminados en caliente.
Repliegue general
La fabricación de otros rubros asociados a la producción siderúrgica también mermó. La producción de pellas retrocedió 29,3% al pasar de 1 millón 289 mil toneladas en el primer trimestre de 2011 a 911 mil toneladas.
La producción de hierro de reducción directa (HRD) se contrajo 27,5% al pasar de 716 mil toneladas en los primeros tres meses de 2011 a 519 mil toneladas este año; mientras que la producción de cabillas mermó con mayor intensidad en 48,1%.
En el área de laminación en caliente, la producción retrocedió 34%; y en cuanto a hojalata la producción fue 50% menor a la del primer trimestre de 2011.
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Familia invade su propia vivienda porque inquilino se niega a salir
Desde el lunes 23 de abril, dos integrantes de la familia Ramírez Galán, dueños de la vivienda ubicada en el sector Campo Deportivo, en Cordero, municipio Andrés Bello, invadieron su propia vivienda, como medida de presión, en vista de que el actual inquilino se niega a desalojarla.
Jorge Ramírez, hijo del matrimonio propietario de la casa, manifestó que Frank Molina, quien arrendó el inmueble desde septiembre de 2011, no quiere irse, alegando que la Ley de Inquilinato lo ampara, aunque la familia Ramírez Galán no cuenta con otro techo y esta es su vivienda principal.
Explicó Ramírez que su madre, Sonia Galán, decidió arrendar la vivienda porque necesitaba trasladarse a la ciudad de Mérida para efectuarse un tratamiento de yodo radioactivo para un cáncer tiroideo; y utilizaban el dinero del alquiler para cancelar otra vivienda provisional en el sitio, mientras concluía el tratamiento.
—Desde hace 3 noches, mi madre y mi hermana, junto a mi sobrina de 3 años, están durmiendo en colchonetas, en el piso del patio de nuestra casa— aseguró.
Según Ramírez, se han dirigido a los organismos competentes para encontrar una pronta solución a la situación; sin embargo, no han recibido ninguna respuesta.
—Como consecuencia de los constantes retrasos en los pagos, mis padres le hicieron firmar al inquilino una orden de desalojo, apenas dos meses después de haber alquilado, pero luego de regresar de Mérida nos dimos cuenta de que Molina cambió las cerraduras de la casa, tumbó parte del techo del frente e hizo remodelaciones sin autorización— dijo.
Por último, expresó que a pesar de que quisieron acordar con Molina para que les habilitara una de las tres habitaciones que tiene la casa, el inquilino no accedió. “No se le nota ni la más mínima intención de desalojar el inmueble”.
Mariajosé Niño
La Nacion
26-04-2012
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Jorge Ramírez, hijo del matrimonio propietario de la casa, manifestó que Frank Molina, quien arrendó el inmueble desde septiembre de 2011, no quiere irse, alegando que la Ley de Inquilinato lo ampara, aunque la familia Ramírez Galán no cuenta con otro techo y esta es su vivienda principal.
Explicó Ramírez que su madre, Sonia Galán, decidió arrendar la vivienda porque necesitaba trasladarse a la ciudad de Mérida para efectuarse un tratamiento de yodo radioactivo para un cáncer tiroideo; y utilizaban el dinero del alquiler para cancelar otra vivienda provisional en el sitio, mientras concluía el tratamiento.
—Desde hace 3 noches, mi madre y mi hermana, junto a mi sobrina de 3 años, están durmiendo en colchonetas, en el piso del patio de nuestra casa— aseguró.
Según Ramírez, se han dirigido a los organismos competentes para encontrar una pronta solución a la situación; sin embargo, no han recibido ninguna respuesta.
—Como consecuencia de los constantes retrasos en los pagos, mis padres le hicieron firmar al inquilino una orden de desalojo, apenas dos meses después de haber alquilado, pero luego de regresar de Mérida nos dimos cuenta de que Molina cambió las cerraduras de la casa, tumbó parte del techo del frente e hizo remodelaciones sin autorización— dijo.
Por último, expresó que a pesar de que quisieron acordar con Molina para que les habilitara una de las tres habitaciones que tiene la casa, el inquilino no accedió. “No se le nota ni la más mínima intención de desalojar el inmueble”.
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jueves, 26 de abril de 2012
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Construcción inconsulta avanza rápido en Vista Alegre
La comunidad insiste en que el terreno no está apto para hacer viviendas
Ciudad La Yaguara sumará más habitantes a una zona cuyos servicios ya están colapsados ENIO PERDOMO
MAYE ALBORNOZ
Los edificios que el Gobierno adelanta a espaldas de la comunidad de Colinas de Vista Alegre ya van por el tercer piso. Y es que a pesar de los esfuerzos de los vecinos por comunicarse con el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez y el vicepresidente de la República, Elías Jaua, para que detengan la obra de la Misión Vivienda, no han obtenido resultados.
La preocupación de los vecinos es que cuentan con estudios que indican que justo los terrenos sobre los que están construyendo, carecen de capacidad para soportar ese peso. Además reclaman que no se les haya consultado el proyecto ni mostrado los estudios de impacto ambiental y de servicios, por lo que presumen que nunca los hicieron.
"Dicen que Ciudad La Yaguara se construye con apoyo del poder popular, pero ninguno de los consejos comunales ha sido consultado. Allí van a instalar a damnificados de otras zonas, cuando los vecinos de San Rafael (cerca de Colinas de Vista Alegre) están en riesgo", explicó la representante de Contraloría Social del Consejo Comunal Colinas de Vista Alegre, Alma Clara Mederico.
La vocera de la comunidad asegura que ellos no están en desacuerdo con la construcción de viviendas, pero no pueden hacerse allí. Tampoco sin tomar en cuenta nuevos proyectos de vialidad, una escuela y centros de recreación, para que los nuevos vecinos también tengan calidad de vida.
La lucha de los vecinos de Vista Alegre por la reparación de la vialidad en sus calles principales data de años atrás. Luego de numerosas protestas y visitas a entes públicos, lograron que la alcaldía de Libertador pavimentara las calles, pero un año y medio después, los huecos han vuelto a aparecer.
Los consejos comunales de Vista Alegre, Colinas de Vista Alegre y otros afectados por amenazas de construcciones arbitrarias de edificios, como Montalbán, El Junquito, La Yaguara, La Vega, se reunirán esta semana para acordar acciones legales en contra de las obras que, sostienen, agudizarán la crisis de servicios y abandono que enfrentan. Advierten sobre acciones de calle.
El Universal
25-04-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Ciudad La Yaguara sumará más habitantes a una zona cuyos servicios ya están colapsados ENIO PERDOMO
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La preocupación de los vecinos es que cuentan con estudios que indican que justo los terrenos sobre los que están construyendo, carecen de capacidad para soportar ese peso. Además reclaman que no se les haya consultado el proyecto ni mostrado los estudios de impacto ambiental y de servicios, por lo que presumen que nunca los hicieron.
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