ENTREVISTA ROBERTO ORTA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS
"En esta nueva ola de invasiones hay una motivación política, por ser época electoral" "La Policía y la GN deben actuar ante las invasiones. Siguen estando tipificadas como delitos"
Orta advierte que solo en Caracas, hay 156 edificios y 800 galpones y terrenos invadidos VENANCIO ALCAZARES
MAYE ALBORNOZ , ROBERTO ORTA , PRESIDENTE DE APIUR
La proliferación de invasiones y grupos "custodiando" espacios en donde pretenden que el Gobierno les construya viviendas, encendieron las alarmas en el municipio Sucre. Allí los vecinos hicieron su "guía" sobre cómo actuar ante invasiones yen otras comunidades intentan buscar mecanismos que les permitan protegerse de los abusos. Para Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), el panorama no es alentador, pues la crisis de vivienda potencia las tomas ilegales: "Los invasores actúan porque después tienen a una cantidad de gente solicitando comprar esos inmuebles".
-¿Cómo pueden blindarse las comunidades contra las invasiones?
-Si existen terrenos de áreas comunes, deben buscarles un uso y evitar que estén desocupados. Es recomendable colocar vigilancia; además de tener al día las solvencias y fichas catastrales. También se pueden hacer inspecciones judiciales, que se solicitan en las notarías.
-Apiur ha destacado que solo entre el 22 y el 26 de febrero, se registraron en el municipio Sucre 14 invasiones, ¿qué pasó allí?
-Hubo una cuarta ola de invasiones y evidentemente eso tiene una coordinación de los grupos que las fomentan, no son casuales. La primera ola ocurrió en 2003, la segunda en el 2006, ambas en el municipio Libertador. Luego vino Chacao y ahora Sucre.
-¿Y cuáles son los grupos que las fomentan?
-No sabemos, pero siempre hay un trasfondo que tiene varias aristas. El primero es la motivación política, en donde jefes civiles, concejales, alcaldes y funcionarios policiales las promueven. En esta no sabemos precisamente de dónde vienen, pero hay una motivación política por ser época electoral. Luego está el negocio detrás de las invasiones. Si se trata de lotes de terreno, se venden entre 5 y 20 mil bolívares por cada parcela, mientras que en las invasiones de inmuebles construidos, un apartamento puede costar 150 mil.
-¿Cómo se explica la aparición de figuras como la de los "custodios", que hacen vigilias en los terrenos y aseguran que no son invasores?
-El Gobierno mantiene un discurso que motiva este tipo de prácticas. El otro tema son las leyes. En la ley de Tierras Urbanas está establecida la figura de la custodia de terrenos por parte de grupos organizados, el problema es que, en materia de propiedad, la línea entre un custodio y un invasor es muy fina. Éstos grupos se instalan afuera de los terrenos, pero no dejan pasar a nadie. En el caso de las invasiones, la competencia la tiene la Policía Nacional y la Guardia Nacional, pero no actúan. El otro problema es que la Fiscalía tampoco, hay miles de expedientes y no pasa nada, pero el delito de invasión sigue tipificado en el Código Penal. Se crea un estado de impunidad y de despojo de la propiedad.
-¿Han detectado nuevos modus operandi en las últimas invasiones?
-Por lo general llegan los grupos armados a los inmuebles. Más adelante introducen a mujeres y niños para consolidar la invasión y darle matiz social, y después comienza el traspaso. En Caracas hay 156 edificios invadidos y 800 terrenos y galpones tomados. Esto desde 2003.
-¿Cuáles son los factores que han profundizado el déficit de vivienda?
-Primero las intervenciones de los proyectos en construcción que se hicieron en 2010. Eso creó una gran inseguridad jurídica para los promotores. Muchos de ellos fueron acusados de estafa inmobiliaria sin ser juzgados, les tomaron las propiedades y eso generó una gran abstención por parte de los constructores privados. Luego la eliminación del IPC, la ley de Tierras Urbanas, la ley de Preventa, que ya está aprobada en la Asamblea Nacional, con la que se quita la potestad de vender en preventa y sin eso es difícil construir. Luego está la escasez de materiales y todas las leyes y decretos inquilinarios, que al exterminar la oferta de vivienda en alquiler, dejaron a muchas más personas sin vivienda.
-¿Cuál es el panorama?
-Hasta que no haya un cambio de política de respeto a la propiedad, no se va a solventar el problema. La solución es sencilla: si no existe una política contundente, los grupos irregulares se sienten en libertad de cometer el delito.
El Universal
19-03-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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