Invasores y violentos

MIGUEL BAHACHILLE M.
El empleado de una empresa privada envió un mensaje al jefe para dejar constancia que su ausencia por dos días consecutivos era justificada porque estaba invadiendo. Ciertamente el término invadir, concretado con la posesión de bienes ajenos, ya forma parte no sólo del glosario informativo de los medios sino de la acción normal de grupos que actúan a sus anchas obviando toda disposición legal. No se conoce país alguno, del signo político que sea, en el que la autoridad auspicie actos ilegítimos que acarreen confrontación entre defensores de sus derechos fidedignos y quienes los infringen. La impunidad, libremente fulgurada por los trasgresores, devela la connivencia tramoyista del Gobierno y sus patronatos que persisten en excusar los graves descarríos de estos actos vandálicos.

Las leyes orgánicas y especiales, además del Código Civil, dejaron de ser dominios relevantes para oficiar la transferencia de la propiedad inmobiliaria. Ahora se impone el imperio de un código instituido por quien tenga más fuerza bruta; aquel que se escuda en la cooperación comunal para infringir la ley. Ciertamente grupos armados, bajo el eufemismo de colectivos prototipo La Piedrita, se arrogan la potestad de determinar no sólo el destino de cada propiedad sino de su uso y el tránsito a través de ella.

El hecho de que el país ocupe buena parte del tiempo discutiendo la equidad o no de las invasiones, implica que nuestra sociedad está seriamente aquejada por el síndrome de desgobierno que amenaza con disgregarla aún más. La expansión de grupos violentos se hace más oscura cuando están persuadidos de poder actuar fuera del alcance de la autoridad y la ley. Bajo ese esquema es imposible frenar el incremento de resbaladizos prejuicios sociales.

La incursión de bienes ajenos es recurrida porque se percibe como una política de Estado; legitimada por el mismísimo presidente de la República. El Gobierno invalida la práctica legal tradicional sin inquietarse por sus efectos desintegradores. La ocupación forzada, no forzosa, de industrias e inmuebles, custodiada por la fuerza pública bajo el subterfugio de expropiación, dejó de ser un acto de excepción para convertirse en vulgar decomiso de bienes ajenos. En otras palabras: legalidad relegada ante la fuerza bruta. El ciudadano se siente forzado a quebrar el orden urbano para convivir entre el conflicto y la adaptación. El régimen tiene especial interés en instituir un ambiente perturbador y disforme que viabilice un proyecto cobijado en el disfraz de sociedad igualitaria.

Ciertamente la democracia presupone conflictos de intereses; de allí la necesidad de fortalecer instituciones idóneas para regir y ponderar el equilibrio necesario. La armonía cívica ha sido devastada por el régimen porque colide con sus intereses; de allí que persista en afianzar a grupos vehementes. Los que exhorten a respetar la ley quedarán fuera de juego. El Gobierno está consciente que la expresión política es eficaz sólo si es suscitada a través de partidos políticos y no por arrojo autoritario de una persona. De allí el agravio permanente contra el estatus liberal.

La invasión del Gobierno no se ciñe a aspectos materiales; también a los espirituales que se dejan ver con la manipulación del inmenso espectro comunicacional que controla. El monopolio gubernamental que invade nuestras casas con recalcadas y atosigantes cadenas, no soporta la existencia de otros medios con opinión propia como Globovisión. Más del 65% de emisoras de radio y televisión están bajo la égida de una tendencia históricamente naufragada. Ese esquema confiscatorio ha sido extrapolado a otros ámbitos ostensibles como centros comerciales, terrenos urbanos y suburbanos, edificios arraigados y en construcción, hoteles, empresas, entre otros.

Así pues el prototipo invasor viene suscrito por los detentadores del poder sin reparar que cuando la rapacería se sobrepone a la razón desaparece el Estado de derecho. El primer paso para redimirlo es estimulando la inscripción de jóvenes en el CNE y el voto en octubre.

miguelbm@movistar.net.ve

El Universal
19-03-2012

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Lic. Henry Medina
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