viernes, 22 de junio de 2012

Ley de justiprecios amenaza la propiedad privada

Los poderes conferidos al presidente de la República a través de la Ley Habilitante responden a la necesidad de actuar con velocidad ante las contingencias generadas por las lluvias en materia habitacional.

Sin embargo, especialistas en la materia consideran que la legislación elaborada desde marzo del año pasado, enfocada en temas arrendatarios y expropiaciones, no resuelve el problema.

El Decreto Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Poblamiento o Habitabilidad es lesivo al derecho de propiedad, de acuerdo con la abogada en el área inmobiliaria, Cora Farías.

A la especialista le parece grave que no se reconozcan las mejoras y bienhechurías que el dueño haga al inmueble al momento de calcular el justiprecio. Según la ley, se tomará como base el último valor de compra de bien, indicado en el documento de propiedad.

Este monto se actualizará con el promedio aritmético de la variación del índice de precios al consumidor, establecido en el Banco Central de Venezuela, la tasa de interés pasiva nominal de los depósitos a plazos superiores a los 90 días capitalizables mensual, y la tasa de interés activa promedio.

"Se excluye del cálculo cualquier impacto generado por inversiones y las expectativas de rentabilidad", expresó Farías.

El resultado es una cifra muy por debajo del precio de mercado. Una fuente ligada al sector reveló que esto ha empezado a causar alarma entre los propietarios y da pie a que se cometan más expropiaciones.

Teresa Borges, abogada inmobiliaria, explica que con la reforma de la Ley de Expropiaciones ya se había establecido un sistema de avalúo y de cálculo del justiprecio. Para ella, es evidente que este nuevo esquema se crea para beneficiar al Gobierno.

Explica que las expropiaciones se hacen con interés público y viene acompañada de decretos de emergencia que se han venido promulgando en todo el territorio. "El Ejecutivo ha asumido el control y la rectoría de esta área quitándosela incluso a los municipios", .

Farías opina que estos decretos nada resuelven el problema de la vivienda. "Va a ser muy difícil crear entes organizados e independientes que tengan el suficiente poder o autonomía para aplicar soluciones", indica la abogada.

El Nacional
20-06-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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